Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01982-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01982-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01982-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 3
de junio de 20251 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
José Largo interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia con ocasión de los
autos de 30 de enero de 2025, 7 de marzo de 2025 y 28 de marzo de 2025, mediante
los cuales se rechazaron una solicitud de desistimiento y la subsanación de la
demanda, así como por la mora judicial en que se incurrió en el trámite No. 05001-
23-33-000-2024-01179-00.
2. Hechos
2.1. José Largo interpuso demanda de acción popular3 contra el Banco Agrario y el
Ministerio de Salud y Protección Social, en procura de la protección de los derechos
colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de
uso público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a
la adecuada realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.
1 Obra en el certificado F10119995C6C5BE6 202A97C8E5FF3245 1D8BE81A70ABC0D9
2EA8262F03C544AF, índice 24.
2 Obra en el certificado D239CDDC5946CF49 4832C883A620B75B 345BA3B0F837163A E5A42806929723A5,
índice 2 y en el certificado 2008EACAB6021BD3 124CA91389AC3178 258F9FE5209FBEA1
1CC9E03B14D1D79C, índice 9.
3 Obra en el archivo 001_001DEMANYACTAREPARTO del certificado 574FF50549672B3F
523775AB30F5E97A 0269D6CAC7C40FD5 C8A89CCAD4BE123A, índice 16.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
2.2. El 3 de octubre de 20244 el asunto fue admitido por la autoridad judicial y,
posteriormente, el 30 de enero de 20255, el Tribunal Administrativo de Antioquia
rechazó la reforma a la demanda propuesta por el actor.
2.3. En contra de la providencia que rechazó la reforma a la demanda, el tutelante
ejerció el recurso de reposición6, el cual, a través del proveído del 7 de marzo de
20257, se declaró infructuoso para los intereses del actor.
2.4. Seguidamente, ante varias solicitudes elevadas por la parte demandante, la
autoridad judicial profirió el auto del 28 de marzo de 20258, dentro del cual, entre
otras decisiones, estableció que no era procedente el desistimiento expreso de la
demanda de acción popular, por su naturaleza jurídica.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que, ante la mora en que incurrió la autoridad judicial
durante el trámite de la acción popular, manifestó su deseo de desistir del
mecanismo procesal; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia le informó
que no podía hacerlo, por lo que consideró que se le obligó a continuar, en contra
de su voluntad, con el medio de control. Adicionalmente, el actor señaló que fue
acusado de dar un trato irrespetuoso a los empleados judiciales y, por ello, también
ejerció el presente mecanismo constitucional.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“se ordene aceptar mi desistimiento de la accion popular ante la mora y la renuencia
judicial del tutelado, quien no cumple terminos perentorios de tiempo que le ordene la
ley 472 de 1998
se ordene bajo tutela se acepte mi desistimiento, mi renuencia a mi accion popular y
de denegarlo exijo en derecho se consigne la ley que me obliga, impone a actuar contra
mi voluntad y a seguir perdiendo mi tiempo contra mi voluntad en la renuente y
moratoria accion popular
se ordene al procurador delegado en acciones populares frente al tribunal tutelado que
sea este quien siga con mi accion popular pues yo estoy mamao emocionalmente de
perder mi tiempo en la accion popular renuente y moratoria.
4 Obra en el archivo 015AutoAdmisorio, ibid.
5 Obra en el archivo 033AutoRechazaReformaDemanda, ibid.
6 Obra en el archivo 035MemorialRecurso, ibid.
7 Obra en el archivo 042AutoQueNoRepone, ibid.
8 Obra en el archivo 048AutoQueResuelveSolicitud, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-01
Accionante: José Largo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
se ordene bajo tutela a fin que el tutelado demuestre mi irrespeto, pues siempre he sido
respetuoso y actuo y actuare de buena fe como Ciudadano lego en derecho se ordene
bajo tutela aceptar la reforma a mi accion popular.
se ordene cumplir los terminos perentorios de tiempo que le ordene a la ley 472 de 198
al tutelado
se ordene al tutelado sancionar al alcalde de Medellín por su insistencia al pacto, art
27 ley 472 de 1998 se ordene bajo tutela al procurador delegado en acciones populares
ante el tribunal que me garantice art 29 cn, actúe en esta tutela y en mi accion popular
pues nada hace en derecho en mi popular”9.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 5 de mayo de 202510 se admitió la acción de tutela, se negó
el amparo de pobreza solicitado por el actor y se ordenó notificar, en calidad de
demandado, al Tribunal Administrativo de Antioquia y, en calidad de terceros con
interés, al Banco Agrario de Colombia, al Ministerio de Salud y Protección Social y
a la Procuraduría General de la Nación11.
5.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia12, luego de rendir informe sobre las
actuaciones adelantadas en la acción popular cuestionada, señaló que, ante la falta
de claridad en los argumentos del tutelante, interpretó que este imputó la supuesta
vulneración de derechos a la configuración de una mora judicial. En consecuencia,
orientó su defensa a sostener que ha realizado todas las actuaciones procesales
previstas en la Ley 472 de 1998 para dicho medio de control.
5.3. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia13 solicitó ser
desvinculada, toda vez que no incurrió en la vulneración de ningún derecho
fundamental y manifestó su disposición de atender a cualquier requerimiento.
5.4. El Procurador Delegado de Intervención 9: Cuarto Delegado ante el Consejo de
Estado14, conceptuó que la demanda tuitiva es improcedente, ya que sus
pretensiones carecen de fundamento jurídico y jurisprudencial y el asunto ordinario
9 Folios 1 – 2 del certificado D239CDDC5946CF49 4832C883A620B75B 345BA3B0F837163A
E5A42806929723A5, índice 2.
10 Obra en el certificado 9A71211AB9601537 3E88F1240B58CD92 7044C83A1B269720
C25DB17BEC313A7B, índice 11.
11 Los soportes de notificación obran en el índice 14.
12 Obra en el certificado 3BCF31F55F6AA982 A6F89908EC360D2C E44AC6CF55AA528A
4AD820CB94341C18, índice 17.
13 Obra en el certificado 316023A503FA2529 CE053F70705D224A 21D6115A2570DB83 7D1CEB341710AAF,
índice 18.
14 Obra en el certificado 30D8716B4669F4C8 BDCEA98DC6B7218A 24F32AC3652A432E
80D20F3BB5A70DFE, índice 19.
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Accionante: José Largo
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ha surtido debidamente todas sus etapas ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
5.5. El Banco Agrario de Colombia15 propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no se observó que hubiera vulnerado ningún
derecho fundamental ni que las pretensiones o los hechos que fundamentaron la
demanda tuitiva hubieran estado encaminados a ello. Además, resaltó que hizo
parte del proceso judicial cuestionado, contestó la demanda y participó activamente
en su desarrollo.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 3 de junio de 202516 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por un lado, declaró la improcedencia de la acción de tutela en lo referente
a los cuestionamientos elevados contra los autos censurados; por el otro, negó el
amparo solicitado frente a la configuración de una supuesta mora judicial y,
finalmente, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Banco Agrario
de Colombia y la Procuraduría General de la Nación.
6.1. El a quo constitucional consideró que los reproches planteados contra las
providencias judiciales no lograron superar el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida por dicho
requisito, pues no formuló ningún argumento encaminado a acreditar la
configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales ni controvirtió los fundamentos que llevaron a la autoridad
judicial demandada a adoptar las decisiones censuradas.
6.2. Por otro lado, luego de examinar cada una de las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario, estimó que no se configuró una mora judicial, pues no se
acreditaron los elementos señalados por la Corte Constitucional para tal efecto, en
razón de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ha realizado las actuaciones
procesales necesarias para proferir el fallo correspondiente.
15 Obra en el certificado E252AEAF1ACB226D C88F7268B4325489 9F5E615FF8BF3160 62F973E67449B960,
índice 21.
16 Obra en el certificado F10119995C6C5BE6 202A97C8E5FF3245 1D8BE81A70ABC0D9
2EA8262F03C544AF, índice 24.
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6.3. Finalmente, respecto de la solicitud relacionada con la práctica de
investigaciones disciplinarias, se recordó al accionante que la acción de tutela no es
el mecanismo previsto para promover investigaciones penales o disciplinarias, pues
para ello existen conductos procesales y canales específicos.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación17,
en el cual únicamente argumentó:
“SOLICITO VERIFIQUEN Y HAGA CONSTAR SI PEDI AMPARO DE POBREZA EN
ESTA TUTELA Y SI FUE NEGADO...
APELO”18.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
8.1. Mediante auto del 20 de junio de 202519 el a quo concedió la impugnación.
8.2. Luego de que el impedimento manifestado por el Consejero ponente surtiera su
debido trámite20, el asunto pasó al Despacho para sentencia de segunda instancia
el 19 de noviembre de 202521.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 3 de junio de 2025 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
17 El 17 de junio de 2025. Obra en el certificado 5332F040B5654150 3DE224AE2271496A
BD2D703DE8076EAA 266B4EB93EF1EC20, índice 28.
18 Ibid.
19 Obra en el certificado 213CEAC0A74673CB 6282570CB5EADFDB 63A7F76F1D9A47AE
71032C8A7C1E2534, índice 30.
20 Obra en los índices 4 y 11 de segunda instancia.
21 Según el índice 16 de segunda instancia.
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Sentencia de segunda instancia
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2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
3.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.22
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber23: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202224, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
3.2. Para la Sala resulta evidente que la solicitud de amparo, frente a los reproches
expuestos contra los autos del 30 de enero de 2025, del 7 de marzo de 2025 y del
28 de marzo de 2025, no satisface el requisito de relevancia constitucional, dado
que la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa exigida, pues, más
22 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
23 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
24 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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allá de manifestar su desacuerdo con las mencionadas decisiones, no hizo
referencia a la configuración de alguna de las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, sino que se limitó a manifestar
lo siguiente:
“actuo como Ciudadano lego en derecho en la renuente y moratoria accion popular
radicada 0500123330002024001179 00
le pedí al tutelado que sancionara la inasistencia al pacto de cumplimiento por parte del
alcalde de Medellín, pues el art 27 ley 472 de 1998 lo ita al pacto de cumplimiento ,
el tutelado dijo que no era necesaria la asistencia del alcalde de Medellín
le dije al magistrado que estaba mamao emocionalmente de perder mi tiempo en la
renuente y moratoria accion popular y que mi deceo, voluntad era desistir de la accion,
pue sno existe ley alguna que me imponga como ciudadano seguir perdiendo mi tiempo
en esta renuente y moratoria acción constitucional donde el tutelado incumple todos los
terminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998
y dijo que no podía resistir- es decir me OBLIGA CONTRA MI VOLUNTAD a seguir
perdiendo mi tiempo
termina diciendo que mi trato es irrespetuoso y por ello le tuteló, pues no demuestra
cuale s mi respeto como Ciudadano en la renuente accion popular”25.
Relatado lo anterior, se advierte una falencia argumentativa atribuible a la parte
actora, la cual no fue debidamente subsanada en el escrito presentado para tal
efecto26 y que, en todo caso, no puede ser suplida por el juez constitucional.
3.3. En este orden de ideas, y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, se debe precisar que no basta con
manifestar inconformidades frente a las decisiones judiciales objeto de censura ni
con alegar, de manera genérica, la configuración de los requisitos especiales de
procedencia, pues, de ese modo, la discusión queda circunscrita a asuntos de mera
legalidad que no trascienden al plano constitucional.
Así, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada27, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario28.
25 Folio 1 del certificado D239CDDC5946CF49 4832C883A620B75B 345BA3B0F837163A
E5A42806929723A5, índice 2.
26 Obra en el certificado 2008EACAB6021BD3 124CA91389AC3178 258F9FE5209FBEA1
1CC9E03B14D1D79C, índice 9.
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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3.4. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente en lo relativo a los reproches formulados en contra de las providencias
judiciales cuestionadas.
4. Verificación el requisito lógico – jurídico frente a los cargos por mora
judicial
4.1. La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue instituida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, en los términos del artículo 86 de
la Constitución Política y del artículo 1.º del Decreto 2591 de 199129. Esta protección
“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el
“amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe
una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”30. Lo
anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”31, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”32.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
29 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
30 Sentencia T-130 de 2014.
31 Ibid.
32 Ibid.
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4.2. En el asunto sub examine, pese a la escasa argumentación de la demanda
tuitiva, de ella se puede inferir que el ciudadano también pretendió denunciar la
supuesta mora judicial en la que habría incurrido la autoridad judicial demandada
durante el trámite de la acción popular. Sin embargo, esta Sala encuentra que dicha
situación fue la que motivó al actor a desistir del medio de control presentado, lo
cual, a su vez, generó la expedición de los autos mediante los cuales se rechazó su
desistimiento.
Entonces, resulta palmario que, para el 3 de abril de 202533, calenda en la que la
demanda tuitiva fue interpuesta, la autoridad judicial ya había proferido los autos del
30 de enero de 2025, del 7 de marzo de 2025 y del 28 de marzo de 2025, mediante
los cuales se rechazó una solicitud de desistimiento, la cual, como se expresó,
estuvo motivada por la mora judicial denunciada por el actor. En ese sentido, no
existe una acción u omisión imputable al demandado que vulnere el derecho
fundamental del accionante, por lo que no es posible dar por superado el requisito
lógico-jurídico.
4.3. Adicionalmente, en el escrito introductorio solo se aludió de manera genérica a
la posible configuración de una mora judicial, sin que se hubiera solicitado ordenar
la expedición de una providencia judicial concreta, ya fuera una sentencia de
primera instancia o algún auto destinado a resolver una cuestión propia del litigio
ordinario.
En todo caso, esta Subsección advierte que dentro del proceso de acción popular
identificado con el radicado 05001-23-33-000-2024-01179-00 se profirió sentencia
el 14 de agosto de 202534; posteriormente, el 30 de septiembre de 202535, se
concedió el correspondiente recurso de apelación y, el 10 de octubre de 2025 36, el
asunto fue repartido a la Sección Primera del Consejo de Estado.
Así las cosas, podría considerarse la eventual configuración de una carencia actual
de objeto; sin embargo, dado que el actor no precisó en sus pretensiones cuál era
33 Según el certificado D239CDDC5946CF49 4832C883A620B75B 345BA3B0F837163A E5A42806929723A5,
índice 2.
34 Obra en el certificado 73EF64147D60CC7B 56CE5E9D5B3BE561 4BD81C1D5A5F1C2A
353B287CED8DA928, índice 85 del expediente 05001-23-33-000-2024-01179-00 del Tribunal Administrativo
de Antioquia.
35 Obra en el certificado 64CAFA16565BEAF1 826A9C1514B3204E 96EAF38B7B401DC0
EE3245790BD46B5C, índice 92, ibid.
36 Según el índice 3 del expediente 05001-23-33-000-2024-01179-01 de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
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la actuación concreta cuya expedición solicitaba para imprimir la celeridad procesal
necesaria a fin de salvaguardar sus intereses, no existe mérito suficiente para
examinar si en el caso se configuró un hecho superado o una situación
sobreviniente.
4.4. Finalmente, en relación con las solicitudes encaminadas a que se adelanten
investigaciones disciplinarias con ocasión del trámite surtido en la acción popular y
a que se conceda el amparo de pobreza a su favor, por un lado, se confirmará lo
decidido por el juez constitucional de primera instancia, en cuanto precisó que la
acción de tutela no constituye la vía idónea para formular este tipo de
requerimientos; y, por otro, se indicará que el amparo de pobreza en el presente
asunto no resulta procedente, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional
se realizó de manera gratuita y fue promovido directamente por el ciudadano.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 3 de junio de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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