Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01179-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01179-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-01179-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-01179-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: JOSÉ ELIDIER LARGO
TESIS: SE CONFIGURA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, CUYOS
EFECTOS SE EXTIENDEN A TODAS LAS ENTIDADES ACCIONADAS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS
URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor,
contra la sentencia de 14 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia1.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
1
En adelante El Tribunal.
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Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
El señor JOSÉ ELIDIER LARGO, en ejercicio de la acción popular
prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por
la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó demanda contra el
BANCO AGRARIO3 y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL4, tendiente a obtener la protección del derecho colectivo al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, y a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes.
I.2. Hechos
Sostuvo que el BANCO ubicado en la calle 51 núm. 53-59 de la
ciudad de Medellín, el cual presta un servicio público, desarrolla su
actividad en instalaciones abiertas al público general que no cuentan
con baños aptos para personas en situación de discapacidad o
2
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
3
En adelante el BANCO
4
En adelante el MINISTERIO
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Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
movilidad reducida, según los estándares previstos en las normas
NTC e ICONTEC.
Aseguró que el MINISTERIO ha omitido sus deberes de velar por el
cumplimiento de la Resolución núm. 14861 de 1985, la cual prevé
los requerimientos que deben cumplir los baños de las instalaciones
en las que se prestan servicios abiertos al público en general.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
«[…] Se ordene al representante legal de la entidad bancaria,
accionada en esta acción CONSTITUCIONAL, LEY 472 DE 1998, a que
construya una unidad sanitaria pública y apta para ciudadanos con
movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, en la agencia
abierta al público, donde ofrece sus servicios públicos a la ciudadanía
en general, cumpliendo normas ntc y normas icontec, en un término
NO MAYOR A 60 DÍAS a fin que no se continúe con la discriminación
y evitar que se tipifique ley 1752 de 2015.
Se ordene por parte del Juez Constitucional hacer responsable de la
omisión al MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, o al ministerio
pertinente, por su omisión en el cumplimiento de su deber funcional
y permitir la vulneración y el agravio a nivel país afectando con su
inactividad legal y Constitucional a la población con limitación en la
movilidad que se desplazan en silla de ruedas, entre otras, y sea
condenado a mi favor en costas y agencias en derecho y se le ordene
en derecho a quien corresponda se haga cumplir la resolución 14861
de 1985 inmediatamente.
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Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
Se utilice el FUERO DE ATRACCIÓN por parte del JUEZ
CONSTITUCIONAL DE SER NECESARIO PARA VINCULAR A ESTA
ACCIÓN CONSTITUCIONAL A QUIEN ESTIME NECESARIO PARA
PROFERIR SENTENCIA DE MÉRITO EN ELLA.
Aplicar art 34 ley 472 de 1998, inciso final, referente al incentivo
económico a mi favor y Se concedan COSTAS- AGENCIAS EN
DERECHO a mi bien condenando a los accionados o vinculados en mi
acción popular.
Se ordene por parte del H Juez Constitucional en esta acción popular
que se de aplicación a los arts. 86 y 96 CGP, además, aplicar art 199
CPC y art 145 CPACA por remisión expresa art 44 ley 472 de 1998
Requiero que la información a la comunidad de que reza el art 21 ley
472 de 1998 a través de la página web de la rama judicial que maneje
el despacho
Se ordene aplicar la ley 1801 de 2016 art 88, complementada
sentencia C 329 de 2019 en el inmueble de la entidad bancaria
accionada […]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1.- El BANCO puso de manifiesto que en la dirección indicada en
la demanda no existe ninguna de sus oficinas, ni entidad financiera
alguna conforme se advierte en Google Maps, lo que, a su juicio,
constituye un abuso del derecho y atenta contra los principios de
buena fe procesal, e impide el fuero de atracción en caso de que
existan otros procesos, dada la inexistencia de una relación causal
entre su actuación y los hechos expuestos en el libelo.
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Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
Argumentó que no le consta si el MINISTERIO ha incumplido sus
deberes en relación con la Resolución núm. 14861 de 1985, ni que
su presunto incumplimiento hubiese dado origen a la presente
acción.
Manifestó que, con ocasión de las órdenes impartidas en la acción
popular radicada bajo el núm. 17001-33-31-002-2009-01834-00, ha
llevado a cabo la construcción o adaptación de los baños para
personas en situación de discapacidad en sus oficinas a nivel
nacional, lo que evidencia su compromiso con la inclusión y la no
discriminación de las personas en situación de discapacidad.
Aseguró que el actor ha presentado diversas acciones populares que
persiguen el mismo objeto que en el presente asunto, tales como las
radicadas con los números: i) 05001233300020240086000, en la
que se admitió por el Tribunal de Antioquia frente a la sede ubicada
en la Calle 44 núm. 84-11 de Medellín, pero, con posterioridad, se
amplió su alcance a las oficinas ubicadas en las calles 41 núm. 53-
59 y 63 núm. 129A-80 de la misma ciudad; ii)
05001233300020240086000; iii) 05001233300020240117900 y iv)
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17001333100220090183400, en la que ya se profirió sentencia que
está en firme.
A su juicio, la presentación reiterada de acciones populares, sin
aportar ningún elemento fáctico o jurídico nuevo que justifique su
presentación, repitiendo los mismos argumentos y pretensiones de
las demandas anteriores, demuestra una clara intención de
perjudicarle, pues lo somete a un desgaste judicial injustificado, le
genera una carga procesal que carece de fundamento legal y
contribuye a la congestión judicial.
Señaló que no hay lugar al reconocimiento del incentivo, por cuanto
el mismo fue eliminado por la Ley 1425 de 2010 y, además, tampoco
es procedente que se le condene en costas, dado que las
pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico y
fáctico, lo cual, antes bien, da lugar a que la condena en costas
recaiga en el actor.
Precisó que, en lo que le respecta, no se agotó el requerimiento
previo que exige el artículo 144 del CPACA, y, además, tampoco
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allegó ninguna prueba que acreditara la vulneración de los derechos
colectivos invocados.
Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que
denominó “carencia actual de objeto”, “temeridad”, “agotamiento de
la jurisdicción por haber operado el fenómeno de cosa juzgada”
respecto de la acción popular radicada con el núm.
17001333100220090183400, cuyo amparo se extendió a todas sus
sedes a nivel nacional, “ausencia de vulneración de derechos
colectivos”, “falta de legitimación en la causa o falta de causa para
pedir”, “falta de reclamación” y “falta de pruebas”.
I.4.2.- El MINISTERIO, de manera extemporánea, puso de
manifiesto que el actor ya había interpuesto otra demanda con
fundamento en los mismos hechos y pretensiones, cuyo
conocimiento le correspondió al Tribunal y el expediente fue radicado
bajo el núm. 05001233300020240085000, por lo que solicitó que se
decrete la “prejudicialidad o en su defecto la acumulación de
procesos”, dado que en aquel se admitió la demanda el 19 de julio
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de 2024 y se notificó a las accionadas en el mes de agosto de ese
año.
Aseguró que no está obligado a ordenar a las entidades bancarias la
adecuación de los servicios sanitarios para las personas en situación
de discapacidad o con movilidad reducida.
Argumentó que realiza su actividad como órgano rector de las
políticas, planes generales, programas y proyectos en el sector salud
y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que lo
pretendido en el asunto sub examine corresponde a la Secretaría de
Salud Departamental, Distrital o Municipal y en las autoridades
encargadas de otorgar los permisos para los proyectos de
construcción.
Adujo que no advierte ningún derecho colectivo vulnerado, pues, de
conformidad con la Resolución núm. 14861 de 1985, la vigilancia y
control del cumplimiento de sus disposiciones recae en el funcionario
del Sistema Nacional de Salud que tenga a su cargo esa función
según la estructura y los programas que establezca y ejecutados por
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la Dirección del Medio Ambiente y por los Servicios Seccionales de
Salud.
Aclaró que la Rectoría del Sistema de Discapacidad ya no se
encuentra a su cargo, sino que dicha competencia fue asignada,
inicialmente, al Ministerio del Interior 5 y, posteriormente, a la
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con
Discapacidad6.
Señaló que, en cumplimiento de sus funciones, ha venido
adelantando un proceso de construcción de una nueva Política Pública
Nacional en materia de Discapacidad, en la que han tenido cabida y
participación personas con discapacidad dentro del marco de las
leyes 361 de 1997, 1147 de 2007, 1346 de 2009, lo que da cuenta
del cumplimiento de sus funciones.
Precisó que las entidades bancarias tienen protocolos y estándares
de seguridad elevados, debido a que manejan altas cantidades de
dinero y por ello están expuestas a múltiples riesgos, lo que las
5
Decreto 2107 de 2016.
6
Decreto 1784 de 2019.
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imposibilita a instalar baños, pues podrían ser empleados para
ejecutar ideas criminales, máxime si en estos no pueden instalarse
cámaras de seguridad ni personal de vigilancia.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, “inexistencia de vulneración de derechos e intereses
colectivos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social” y
“Falta de nexo causal y daño contingente respecto del actuar del
Ministerio de Salud y Protección Social”.
I.5.- Audiencia de pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 11 de
febrero de 2025, la cual se declaró fallida por la inasistencia del actor.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, mediante sentencia de 14 de agosto de 2025: i) declaró
probadas las excepciones de cosa juzgada frente al BANCO y la falta
de legitimación en la causa por pasiva del MINISTERIO; ii) negó
las pretensiones de la demanda en lo no cobijado por la cosa juzgada
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debido a que no se demostró la vulneración de los derechos
colectivos invocados; y iii) no condenó en costas en esa instancia.
Para el efecto, en lo que respecta a la excepción de cosa juzgada, se
refirió a la acción popular radicada bajo el núm.
17001333100220090183402 y la de la referencia, y concluyó que
se configuraba la triple identidad, pues: i) ambos procesos fueron
tramitados contra el BANCO, a quien se le exigió la garantía de los
derechos invocados; no obstante, aclaró que en aquel proceso no se
demandó al MINISTERIO por lo que frente a este no opera la cosa
juzgada y, por tanto, era del caso efectuar el estudio de fondo; ii) la
causa que originó las demandas fue el amparo del derecho colectivo
a la realización de construcciones con prevalencia de la calidad de
vida de las personas en situación de discapacidad que requieran
acceder al servicio sanitario en las “sucursales del Banco Agrario” y,
aunque difieran las sedes de la entidad financiera en ambas
demandas, lo cierto es que en el numeral 4o. de la parte resolutiva
de la sentencia proferida en el expediente 2009-01834 se hizo
extensiva la orden de construcción de las unidades sanitarias
requeridas a todas las oficinas de atención al público del BANCO; y
iii) ambos procesos tienen por objeto la construcción y/o adecuación
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de las instalaciones sanitarias de manera que permitan el acceso a
las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida,
cuyas pretensiones fueron acogidas en el proceso que antecede.
Consideró, frente a los derechos colectivos al goce del espacio público
y la utilización y defensa de los bienes de uso público y el derecho a
la seguridad y prevención de desastres, que no se indicó de qué
manera fueron vulnerados ni se aportaron pruebas que respalden su
presunta transgresión.
Manifestó, en lo que respecta al MINISTERIO y a la vulneración del
derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas por la omisión de sus
deberes frente a las unidades sanitarias para las personas en
situación de discapacidad en las oficinas del BANCO, que, de
conformidad con el Decreto 2107 de 2016, la Dirección y Secretaría
Técnica del Sistema Nacional de Discapacidad está a cargo del
Ministerio del Interior, lo que indica que a la cartera accionada no le
asiste legitimación en la causa en el presente asunto.
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Precisó que el Ministerio del Interior no fue demandado y, aunque
ello fuese así, no obran pruebas que den cuenta de la vulneración de
los derechos en lo que le respecta de cara al cumplimiento de sus
funciones.
Se abstuvo de condenar en costas porque, a su juicio, la misma es
procedente según la Ley 472 si se prueba la temeridad o mala fe, lo
que no se demostró en esa instancia.
En consecuencia, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA frente al accionado Banco Agrario de Colombia S.A.S.,
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de este
proveído.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA
respecto del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a las
razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda en lo no cobijado
por la cosa juzgada y al no haberse demostrado que, por acción u
omisión imputable al extremo pasivo, se amenazaron o vulneraron
los derechos colectivos invocados en la demanda, esto es, los
consagrados en los literales d y l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: NO SE CONDENA en costas en esta instancia”.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor argumentó lo siguiente:
“[…] apelo. Amparado (sic) art 357 cpc y pido se ampare mi acción
en los sitios que pedí en mi demanda. Pido sentencia de mérito,
manifiesto que no existe cosa juzgada pues en la acción del ciudadano
Javier Arias, se pidió baño y VENTANILLA PREFERENTE Y NUNCA SE
DEMANDÓ A MINISTERIO ALGUNO.
APELO AMPARADO ART 357 CPC, PUES PARA MI EL FALLO ES
INHIBITORIO.
PEDÍ TENER COMO DEMANDADAS A OTRAS SEDES BANCARIAS Y EL
JUEZ LO NEGÓ, PESE A QUE PUEDE VARIAR MIS PRETENSIONES Y
ESTE PUEDE FALLAR ULTRA Y EXTRAPETITA AMPARANDO LA
RENUENTE ACCIÓN.
SOLCITO CERTIFIQUE Y HAGA CONSTAR CADA ETAPA PROCESAL,
CONSIGNANDO DÍA, MES Y AÑO A FIN DE PROBAR LA RENUENCIA Y
MORA JUDICIAL DEL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.
LE PIDO AL MAGISTRADO APORTE COPIAS DIGITALES DE TODAS LAS
ACCIONES POPULARES QUE EN TIEMPO ALGUNO SE HAYAN
PRESENTADO CONTRA EL BANCO AGRARIO ANTE SU DESPACHO A
FIN DE DEMOSTRAR QUE ESTE TRIBUNAL NO AMPARA BAÑOS EN
BANCOS Y DEMOSTRAR LA VULNERACIÓN DEL ART 13 CN, ART 29
CN.
SOLICITO SE DECRETE NULIDAD DEL FALLO AL NO TENER COMO
DEMANDADAS LAS AGENCIAS QUE PEDÍ EN MI DEMANDA.
Solicito adición del fallo, manifestando si en derecho es procedente
ordenar a entidades bancarias que cuenten con unidad sanitaria apta
a ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas o no...
PIDO SE ORDENE AL GERENTE GENERAL DEL BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, DEMUESTRA (sic) EN QUÉ SEDES, AGENCIAS HA
CONSTRUIDO EL BAÑO ORDENADO EN FALLO A NOMBRE DEL SR
JAVIER ARIAS, Y DE NO HABER CUMPLIDO EL FALLO SE REMITA DE
OFICIO INVESTIGACIÓN AL GERENTE GRAL DEL REFERIDO BANCO.
NUNCA SE DEMOSTRÓ QUE EL FALLO DE ACCIÓN POPULAR radicado
17001-33-31-002-2009-01834-01 CONFIRMADO TRIBUNAL ADTIVO
MANIZALES CDS (sic), SE CUMPLIÓ.
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SOLO SE AMPARAN EN EL PARA NEGAR LA ACCIÓN, PERO NUNCA
DEMUESTRAN SU CUMPLIMIENTO.
PIDO SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO, NO SOLO DE
LOS BAÑOS, SINO DE LAS VENTANILLAS PREFERENTES,
solicitó al magistrado del tribunal magistrados CARLOS CRISTOPHER
VIVEROS ECHEVERRI
MAGISTRADO
MARTHA NURY VELASQUEZ BEDOYA
MAGISTRADA
GONZALO JAVIER ZAMBRANO VELANDIA
MAGISTRADO y a la, sala plena consignar si en derecho procede
que los bancos construyan baño publico apto a ciudadanos con
movilidad reducida o no consignen todos los radicados de las
populares donde en tiempo alguno hayan negado la construcción de
baños públicos en entidades bancarias, financieras cooperativas ...
amparado art 23 CN, ley 1755 de 2015, pido la intervención en
derecho a mi favor del procurador delegado en acciones populares
ante el despacho, personero de Medellín, procurador regional y
procurador provincial a fin de que consignen por separado cada uno,
si la ley ordena que en los inmuebles bancarios se cuente con unidad
sanitaria pública apta a ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas
cumpliendo normas ntc (sic) dichas respuestas o conceptos en
derecho obrarán en la acción popular y serán remitidos al correo que
aparece en la demanda a fin de que obren en acción legal.
De la misma manera les pido al personero y procurador que
demuestren en derecho como me garantizaron art 29 cn en la
renuente acción popular, aportando documentación que demuestren
sus actuares en derecho en la moratoria acción popular.
De la misma manera les pido al personero de Medellín, procurador
delegado en acciones populares ante el tribunal, procurador regional,
procurador provincial, oficiar al gerente general banco agrario de
Colombia en Bogotá para que demuestre en derecho que ya
cumplieron el fallo de acción popular...ACCIÓN POPULAR radicado
17001-33-31-002-2009-01834-01 confirmado tribunal adtivo en
Manizales Cds (sic) y les requerirán (sic) al gerente del banco agrario
de Colombia en Bgta dc (sic), como hizo en derecho para invertir
recursos públicos en inmuebles que no son propiedad del banco,
manifestando si dicha conducta es una aparente inmoralidad
administrativa
Le pedirán copias digitales al gerente del banco agrario de Colombia
en Bgta dc (sic) de todos los contratos de obra civil donde hayan
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construido el baño para ciudadanos en silla de ruedas y la ventanilla
preferente...
esta información obrará en el expediente y me será remitida
digitalmente por favor al correo electrónico.
no se puede negar baños en entidades bancarias aptos a ciudadanos
q se movilizan en silla de ruedas, sin violar derechos fundamentales
y colectivos.
Solicito al consejo de estado, terminar mi acción como lo
manda art 37 ley 472 de 1998, pues tienen 20 días, después
de llegar mi apelación a la secretaria del tribunal.... […]”
(resaltado y subrayas del texto).
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El BANCO solicitó que se confirme la sentencia apelada, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
referentes a: i) la declaratoria de cosa juzgada respecto de la acción
popular radicada bajo el núm. 17001333100220090183402, en la
que se adoptaron las medidas de amparo pertinentes; y la ii)
inexistencia del inmueble enunciado en la demanda.
Argumentó que ninguna disposición normativa le obliga a construir
baños de uso público dentro de sus sucursales, máxime si éstos
podrían facilitar la comisión de conductas delictivas y comprometer
gravemente los protocolos de seguridad y poner en riesgo la vida y
el patrimonio de clientes y empleados, pero que, no obstante, desde
el año 2015, en cumplimiento a la Ley 1618 de 2013, ha construido
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y adaptado a nivel nacional unidades sanitarias a disposición de los
usuarios, las cuales cumplen con la norma técnica NTC 6047 para
garantizar el acceso a personas en silla de ruedas.
V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado adujo que
el planteamiento del apelante, según el cual el Tribunal profirió un
fallo inhibitorio, no es acertado, pues sí se realizó un estudio de fondo
y se encontró configurada de la excepción de cosa juzgada, cuya
decisión no se desvirtúa por el hecho de que se solicite la vinculación
de otras sedes del BANCO, pues, con la decisión anterior, el amparo
se extendió a todas las oficinas de la entidad financiera.
Estimó que en el asunto sub examine se plantea sustancialmente la
misma controversia ya analizada en el proceso anterior, esto es, la
obligación del BANCO de garantizar condiciones de accesibilidad
para las personas con movilidad reducida en sus instalaciones, razón
por la cual la decisión judicial previa produce efectos de cosa juzgada
y, por ende, debe confirmarse la sentencia apelada.
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
VI.2.- Problema jurídico
La Sala considera que el problema jurídico a resolver, conforme a los
planteamientos expuestos por el recurrente en su recurso de
apelación, consiste en determinar si se configuró la excepción de cosa
juzgada respecto de la acción popular radicada bajo número
17001333100220090183402.
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De la cosa juzgada
Esta institución procesal fue definida en el artículo 303 del Código
General del Proceso –CGP -, en los siguientes términos:
«[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión
[…]».
De lo anterior, se advierte que su declaratoria está supeditada a que
i) exista identidad de objeto entre el proceso ya dirimido y el nuevo
litigio; ii) ambos procesos estén fundados en la misma causa; y iii)
se advierta identidad jurídica respecto de las partes procesales.
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Ahora, respecto de la identidad de partes, conforme se precisó en
precedencia, la Sala reitera que esta sólo se exige frente a la parte
demandada en el sentido de que basta con que coincidan los
responsables de la vulneración de los derechos, pues frente a la parte
demandante dicha exigencia no resulta aplicable dado que la
titularidad de la acción popular recae en cualquier persona.
Así entonces, en el presente caso, en cuanto a la causa petendi, la
Sala advierte que ambas acciones fueron promovidas con ocasión de
la ausencia de instalaciones sanitarias aptas para personas en
situación de discapacidad o con movilidad reducida en las oficinas
abiertas al público del BANCO.
En este punto, la Sala aclara que, en la acción popular inicial, la
demanda fue presentada porque la sede del BANCO ubicada en el
Municipio de Aranzazú, Caldas, carece de las instalaciones en
comento; y en el asunto de la referencia, dicha omisión se predicó
de la oficina ubicada en la calle 51 núm. 53-59 de la ciudad de
Medellín. Sin embargo, en la sentencia de 26 de octubre de 2010,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
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Manizales en la acción popular núm. 2009-01834-027, el amparo se
extendió a todas las sedes de la entidad financiera, conforme se
advierte del numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo, en el que
se dispuso:
4. Hacer extensivo el fallo a todos y cada uno de los inmuebles
donde funciones oficinas de atención al público del Banco
Agrario de Colombia, en el sentido de ordenar la construcción de
un servicio sanitario para el uso de la población discapacitada, según
las especificaciones técnicas de los servicios sanitarios para este tipo
de población especial. Así como la adecuación de una ventanilla de
atención preferencial para las personas mayores de 62 años […]”
(negrilla fuera de texto)8.
En consecuencia, la causa petendi es la misma, pues, aunque
aparentemente exista una diferencia en el inmueble objeto de la
solicitud de amparo, lo cierto es que con la extensión de los efectos
de la sentencia a todas las sedes del BANCO debe entenderse que
la enunciada en la demanda del asunto de la referencia también se
encuentra cobijada en aquel fallo.
Ahora, frente a la identidad de objeto, la Sala destaca que en la
acción popular núm. 2009-01834-02 el actor solicitó, entre otras
7
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas en fallo de 22 de septiembre de
2011.
8
Índice 15 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI del Tribunal.
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pretensiones, el amparo de los derechos colectivos a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia a
la calidad de vida de los habitantes y a “la seguridad de todas las
personas” y, en consecuencia, que se ordene la construcción de “las
baterías sanitarias para discapacitados y permitiendo el ingreso para
el público en general”.
Por su parte, en el presente asunto, el actor también persigue,
además de los derechos enunciados en precedencia, el amparo del
derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, y que se ordene la construcción de “una unidad
sanitaria pública y apta para ciudadanos con movilidad reducida que
se desplacen en silla de ruedas, en la agencia abierta al público
…cumpliendo normas ntc y normas Icontec…”.
Al respecto, la Sala advierte que pese a que en el asunto de la
referencia se invocó el amparo del derecho al goce del espacio
público, el cual no fue enunciado en la demanda inicial, lo cierto es
que la causa que motivó ambas acciones sigue siendo la misma,
amén de que tampoco se advierten argumentos y pretensiones
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distintas que soporten la necesidad de amparo del derecho en
comento.
Finalmente, en lo referente a la identidad de partes, la Sala advierte
que en la acción popular 2009-01834-02 se demandó al BANCO y
en la presente, además de la entidad financiera, también se demandó
al MINISTERIO, frente al cual se cuestionó la omisión de sus
funciones de velar por el cumplimiento de la Resolución núm. 14861
de 1985, que prevé los requerimientos que deben cumplir los baños
de las instalaciones en las que se prestan servicios abiertos al público
en general.
Sobre el particular, se advierte que, en un asunto similar, la Sala se
pronunció sobre la configuración de la identidad de parte demandada
y la extensión de los efectos del fallo inicial respecto de las entidades
adicionales demandadas en la acción popular posterior, cuya postura
se prohíja en esta oportunidad. Así, en sentencia de 31 de julio de
20259, se precisó que:
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, magistrado ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sentencia de 31 de julio de 2025, expediente núm. 05001-23-33-
000-2024-00860-01.
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“[…] 82. Esta Sección en sentencia de 3 de julio de 2025 determinó
respecto de la cosa juzgada y la identidad de la parte demandada en
acciones populares que, aunque estas no sean idénticas, lo relevante
es que tanto los responsables de la vulneración como la comunidad
titular del derecho o el grupo determinado o determinable sean los
mismos; es decir, que a pesar de la participación de autoridades
adicionales, este requisito se entiende cumplido para la configuración
de la cosa juzgada en aquellos eventos en que se ampara el derecho
e interés colectivo en relación con los mismos presupuestos facticos
y de objeto y se determina el responsable.
83. En consecuencia, si bien, en el escrito de demanda se
mencionaron a los ministerios de Salud y Protección Social y del
Interior, en atención a que la sentencia que genera la cosa juzgada
determinó la responsabilidad, dicho pronunciamiento tiene efectos de
cosa juzgada en relación con estas últimas entidades.
84. Esta Corporación ha considerado que los fallos ejecutoriados
están dotados de un triple carácter: imperatividad, coercibilidad e
inmutabilidad, en orden a garantizar la seguridad jurídica propia de
toda decisión judicial. Por esa razón, se impide que se plantee un
nuevo proceso que podría comportar un grave riesgo de una decisión
contradictoria.
85. Adicionalmente, el juez popular también está llamado a reconocer
y acatar la decisión previamente adoptada por otro fallador y por ello
le está prohibido decidir de fondo sobre una materia que ha sido
objeto de cosa juzgada […]”.
Visto lo anterior, comoquiera que, en efecto, ambas acciones
populares guardan identidad de causa petendi, objeto y parte
demandada, era del caso declarar la cosa juzgada, cuya decisión no
debe ser entendida como un fallo inhibitorio, pues la judicatura ya
adoptó las medidas necesarias para amparar los derechos colectivos
vulnerados y, en ese sentido, no hay lugar a iniciar una nueva acción
que persiga la misma finalidad.
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Ahora, la Sala advierte que el a quo declaró probada dicha excepción
únicamente respecto del BANCO y no del MINISTERIO, por lo que,
frente a este, efectuó el estudio de fondo que dio lugar a declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva y denegar las
pretensiones de la demanda, cuya postura contradice lo expuesto en
precedencia, pues la declaratoria de cosa juzgada debió cobijar
también a dicha cartera.
En consecuencia, la Sala modificará el numeral PRIMERO de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de extender sus
efectos al MINISTERIO y, en consecuencia, revocará los numerales
SEGUNDO y TERCERO, en los que se declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de dicha cartera y denegó las pretensiones de
la demanda en lo no cobijado por la cosa juzgada.
Ahora, en relación con los demás reparos expuestos por el apelante,
la Sala considera lo siguiente:
-. El actor manifiesta que “PEDÍ TENER COMO DEMANDADAS A
OTRAS SEDES BANCARIAS Y EL JUEZ LO NEGÓ, PESE A QUE PUEDE
VARIAR MIS PRETENSIONES Y ESTE PUEDE FALLAR ULTRA Y
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EXTRAPETITA AMPARANDO LA RENUENTE ACCIÓN” […] “Solicito
adición del fallo, manifestando si en derecho es procedente ordenar
a entidades bancarias que cuenten con unidad sanitaria apta a
ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas o no […]”.
Para resolver se advierte que, con posterioridad al auto que fija fecha
para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento 10, el actor
presentó un memorial en el que solicitó la reforma de la demanda,
en el sentido de que se tuviera como parte demandada las sedes del
BANCO en los municipios de Pueblo Rico, Jericó, La Ceja, La Estrella,
Itagüí, Caramanta, Amaga, Tadó -Chocó, San Jerónimo y Valdivia11.
El Tribunal, mediante auto de 30 de enero de 2025, rechazó la solicitud
en comento por extemporánea, razón por la que el actor debe estarse a
lo resuelto en dicha providencia, sin que ello pueda ser considerado como
un vicio en el procedimiento que afecte los derechos a la igualdad y al
debido proceso de la parte actora. Ahora, si, en gracia de discusión, se
admitiere que procedía la reforma de la demanda, lo cierto es que ello no
cambiaría la decisión que adoptó el Tribunal frente a la configuración de
10
De conformidad con el numeral 1 del artículo 173 del CPACA, norma aplicable en virtud de la cláusula
remisoria del artículo 44 de la Ley 472, la demanda puede ser reformada hasta el vencimiento de los
diez (10) días siguientes al traslado de la demanda.
11
Visible en el índice 21 del aplicativo SAMAI del Tribunal.
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la cosa juzgada, pues el fallo que dio lugar a ello cobijó a todas las sedes
del BANCO del país, conforme se explicó en precedencia.
Asimismo, tampoco es procedente efectuar un pronunciamiento respecto
de “entidades bancarias”, pues las mismas no fueron individualizadas
desde la presentación de la demanda.
-. El actor cuestionó el tiempo en que tardó el Tribunal en decidir la acción
popular, frente a lo cual no se realizará pronunciamiento alguno, pues ello
no controvierte la sentencia y, por tanto, no es competencia del juez de
segunda instancia.
-. El actor efectúa distintas manifestaciones frente al cumplimiento del
fallo proferido en el marco de la acción popular 2009-01834-02, cuyas
observaciones, a juicio de la Sala, deben efectuarse en el marco del
comité de verificación del cumplimiento de la sentencia allí proferida y no
en este proceso.
Con fundamento en lo expuesto, ninguno de los cargos de apelación
propuestos por la parte actora prospera y, en consecuencia, se fallará en
los términos expuestos con anterioridad.
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Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación el 6 de agosto de 201912, en la que se precisó el alcance
del artículo 38 de la Ley 472, no se condenará en costas, pues dentro del
plenario no obra prueba alguna de actuaciones procesales para su
causación durante el trámite de esta instancia.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva
de la sentencia de 14 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia. […]”.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la
parte resolutiva de la sentencia apelada
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, magistrada ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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CUARTO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las
consideraciones.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo
para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDO MANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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