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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00106-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00106-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en ambas instancias. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00106-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: JUAN DAVID MORALES HERRERA
Demandados: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SUCRÉDITO - FINANCIERA SUCRÉDITO C.A.C. Y OTROS
Vinculados: MUNICIPIO DE AGUADAS Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve los recursos de apelación presentados por la parte demandante y
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito - Financiera Sucrédito C.A.C., contra
la sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Juan David Morales Herrera en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito - Financiera Sucrédito C.A.C. y el
Ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de obtener la protección de
los derechos colectivos establecidos en los literales d), h), l) y m) del artículo 4.°1 de
la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones en la demanda y su
reforma3:

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
3
Índice 2 expediente digital de segunda instancia, documentos denominados: “6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”,
“016MemorialReformaAccionPopular.pdf”.

2

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

“[…] Pido aplicar art 14 ley 472 de 1998, pues desconozco nombre del propietario del
establecimiento decomercio (sic) donde ocurre la vulneración y desconozco su correo
electrónico de notificación.

Se ORDENE al accionado, que construya unidad sanitaria pública, CON SU
RESPECTIVO ORINAL YBARRAS FIJAS, aptapara (sic) ciudadanos con movilidad
reducida que se desplacen en silla deruedas (sic), en un sitio de seguro y fácil acceso
para la población que se desplaza en silla de ruedas, sinexponerse (sic) al daño
contingente art 2359 código civil Colombiano, cumpliendo normas ntc en sitio defácil
(sic) y seguro acceso tal como lo ordena la ley 361 de 1997 y su decreto
reglamentario- a fin que no secrea (sic) que por ejemplo una bodega es sitio seguro
y de facil y autónomo acceso -, en un término detiempo (sic) que ordenara el juez-a
Constitucional.

Me amparo tuteladictada (sic) H CSJ SCC,10 nov de 2010, exp 110010203000
20100187600, mpWilliam (sic) Name Vargas. Esto es solo un precedente y por ello
no aporto elfallo (sic).

2 se ordene en sentencia el día, mes y año en que la accionada debe pagar las
agencias en derechoa (sic) fin de evitar acciones ejecutivas que congestionan más y
más al despacho.

3. tener como prueba la contestación de la acción y las de oficio que decrete eljuez
(sic) Constitucional, requerir al accionado que aporten copia del certificado
deexistencia (sic) y representación legal 4 solicitar al juez por favor, se informe de
esta acción a la comunidad a través de la página web deldespacho (sic) tal como lo
ha ordenado la H CSJ SCC en acciones populares5 SOLICITO QUE EL JUZGADOR
SE PRONUNCIE POR SEPARADO DE CADA LEY EN LA QUE MEAMPARO EN LA
ACCION Constitucional a fin de que se de el amparo pedido.

6 No se vincule al ente territorial, a la acción (sic), para que responda o pida pruebas,
pues el municipio noes DEMANDADO, NI CONTRA ESTE RECAE PRETENSIÓN
ALGUNA, maxime (sic) que el art 21 ley 472 de1998, reza... ADEMAS SE LE
comunicara A LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE PROTEGER EL
DERECHO O EL INTERÉS COLECTIVO AFECTADO- en ningún lado dice se notifica
o se vinculara...

De ser necesario se vincule al propietario-a del inmueble,de (sic)no ser de propiedad
del demandado, AUNQUE QUIEN DEBE RESPONDER EN ESTA ACCION ES LA
ENTIDAD DEMANDADA QUE ES QUIEN SEBENEFICIA DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, PUES ÉL O L A PROPIETARIA SOLO RENTAN Y QUIEN DEBE NO
VULNERAR DERECHOS COLECTIVOS ES LA DEMANDADA Y LA PROPIETARIA
O DEL INMUEBLE NO ES DEMANDADA EN ESTA ACCION […]” (negrilla del texto).

3.Señaló que el inmueble donde funciona la entidad demandada no cuenta con una
unidad sanitaria adecuada para las personas con movilidad reducida que se
desplazan en silla de ruedas.

4. Manifestó que el establecimiento presenta barreras físicas y arquitectónicas que
dificultan el ingreso y el desplazamiento autónomo y seguro de las personas con
discapacidad, movilidad reducida o limitaciones temporales, así como de los adultos
mayores.

3

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

5. Indicó que las condiciones actuales del inmueble impiden que las personas que
utilizan silla de ruedas accedan de manera segura y autónoma a un baño público
adaptado a sus necesidades.

6.Afirmó que las autoridades demandadas no han adoptado las medidas
necesarias para adecuar el inmueble y eliminar las barreras arquitectónicas
denunciadas.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas por auto de 28 de febrero de 2025 4
admitió la acción popular, ordenó la notificación de los sujetos procesales, la
vinculación del municipio de Aguadas y de la Secretaría de Planeación, y dispuso
comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

8. Mediante auto de 9 de abril de 20255 el juzgado admitió la reforma de la demanda
para incluir como parte demandada al Ministerio de Salud y Protección Social. En
consecuencia, declaró la falta de jurisdicción para conocer de la acción y remitió el
proceso a la Oficina de Reparto Judicial de Manizales.

9.El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Caldas por auto de 17 de
septiembre de 20256 avocó el conocimiento de la acción popular7 y ordenó la
notificación de los sujetos procesales.

10. En auto de 2 de octubre de 20258 se resolvió no decretar la medida cautelar
solicitada en la reforma de la demanda y se ordenó vincular a la señora Catalina
López Arias.

11. Mediante auto de 27 de octubre de 20259 se resolvió confirmar el auto de 2 de
octubre de 2025.

12. El 3 de diciembre de 202510 se declaró fallida la audiencia especial de pacto de
cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

13. En auto de 10 de diciembre de 202511, el tribunal decretó las pruebas del proceso.

14. Por auto de 14 de enero de 202612, se ordenó a las partes la presentación de los
alegatos de conclusión.

4
Índice 114 del expediente de primera instancia, en el enlace de OneDrive, documento denominado
“004AutoAdmisorioAccionPopular20510009.pdf”.
5
Índice 114 del expediente de primera instancia, en el enlace de OneDrive, documento denominado
“020AutoAceptaReformaDeclaraFaltaDeJurisdiccion 202510009”.
6
Índice 21 expediente digital de primera instancia.
7
Mediante auto 1083 de 23 de julio de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones
entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Aguadas y el Tribunal Administrativo de Caldas, declarando como competente
a este último.
8
Índice 35 expediente digital de primera instancia.
9
Índice 46 expediente digital de primera instancia.
10
Índice 65 expediente digital de primera instancia.
11
Índice 68 expediente digital de primera instancia.
12
Índice 74 expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

15. La parte actora13, la cooperativa14 y el Ministerio de Salud y Protección Social15,
presentaron sus alegatos de conclusión.

16. El Ministerio Público16 presentó concepto en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito - Financiera Sucrédito
C.A.C.17

17. La
cooperativa presentó las excepciones de “[…] INEXISTENCIA DE LA
VULNERACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS […]”, y “[…] DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL […]”.

18. Aclaró que la acción no debe recaer sobre el establecimiento de comercio sino
sobre el local comercial, el cual no es de propiedad de la cooperativa. La relación
corresponde a un contrato de arrendamiento con la arrendadora Catalina López
Arias.

19. Señaló que la unidad sanitaria es de uso interno y no cuenta con un espacio
suficiente para dar cumplimiento a las medidas técnicas.

20. Manifestó que es una entidad financiera, lo que implica que los servicios que
presta son receptores y proveedores de capitales. Ello exige una obligación de
brindar seguridad en la infraestructura y control absoluto de las instalaciones físicas,
lo cual no sería posible si existieran baños públicos en un lugar que requiere
intimidad y seguridad.

I.3.2. Municipio de Aguadas18

21. El ente territorial presentó las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MUNICIPIO […]”, y “[…] GENÉRICA […]”.

22. Señaló que no es responsable de las medidas solicitadas por el actor popular
frente a una entidad de carácter privado que funciona en un inmueble de naturaleza
particular para el acceso de personas con limitación en silla de ruedas o para que
tengan un “[…] baño especial para ellas, en los términos de la Ley 361 de 1997 […]”.

13
Índice 79 expediente digital de primera instancia.
14
Índice 78 expediente digital de primera instancia.
15
Índice 81 expediente digital de primera instancia.
16
Índice 82 expediente digital de primera instancia.
17
Índice 114 del expediente de primera instancia, en el enlace de OneDrive, documento denominado
“012ContestacionFinancieraSuCredito.pdf”.
18
Ibidem, documento denominado “013ContestacionMunicipioAguadas.pdf”.

5

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

I.3.3. Ministerio de Salud y Protección Social19

23. Laentidad se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las
excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA […]”,
“[…] INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS […]” e “[…] INNOMINADA […]”.

24. Sostuvo que no es la autoridad competente para ejercer la inspección, vigilancia
y control sobre el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los
establecimientos abiertos al público, pues sus funciones se concentran en la
dirección, formulación, coordinación y definición de las políticas públicas en materia
de salud.

25. Aclaróque la vigilancia de las condiciones sanitarias y de accesibilidad del
establecimiento objeto de la acción corresponde al ente territorial respectivo,
mientras que el control sobre el diseño, construcción y adecuación del inmueble
recae en las autoridades encargadas de otorgar las licencias o permisos
correspondientes.

26. Señaló que la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad dejó de estar a
cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y fue trasladada inicialmente al
Ministerio del Interior y, posteriormente, a la Consejería Presidencial para la
Participación de las Personas con Discapacidad.

27. Reconoció que los establecimientos y edificaciones abiertos al público deben
eliminar las barreras arquitectónicas y garantizar condiciones de acceso y
desplazamiento seguro para las personas con discapacidad. En todo caso, cuando
sea obligatorio disponer de unidades sanitarias, estas deben cumplir las
condiciones de accesibilidad aplicables.

28. Manifestó que, en el ámbito de sus atribuciones, ha adelantado actuaciones
orientadas a formular políticas públicas para proteger los derechos, promover la
inclusión social y favorecer la participación de las personas con discapacidad.

I.3.4. La señora Catalina López Arias no contestó la demanda.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

29. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas resolvió en la
sentencia de 5 de febrero de 202620, lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN denominada “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, propuesta tanto por el municipio de Aguadas
como por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, y la de “inexistencia de
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del ministerio de Salud y

19
Ibidem, documento denominado “03CPppal3.pdf”, página 148 y siguientes.
20
Cfr. Índice 84 expediente digital de primera instancia.

6

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

Protección Social” propuesta por dicho ministerio, dentro del medio de control de
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS instaurado por
JUAN DAVID MORALES HERRERA, según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SUCRÉDITO – FINANCIERA SUCRÉDITO vulneró el derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, establecido en el literal m) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998, según lo expuesto en las consideraciones.

TERCERO: ORDENAR a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SUCRÉDITO - FINANCIERA SUCRÉDITO que, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, adecúe la unidad sanitaria que
tiene en las oficinas de la sucursal del municipio de Aguadas - Caldas, para que pueda
ser utilizada por los ciudadanos discapacitados (movilidad reducida) que utilicen sus
servicios, para lo cual deberá tener en cuenta las normas técnicas vigentes que
regulan la materia.

CUARTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia,
el cual estará integrado por el Magistrado ponente, el demandante, el representante
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, y un delegado del Ministerio Público,
quienes presentarán informe al Magistrado ponente sobre el cumplimiento de esta
sentencia.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia, según lo indicado en la parte motiva.

SEXTO: EXPÍDASE copia de la sentencia con destino a la Defensoría del Pueblo
para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. […]” (negrilla del
texto).

30. El tribunal verificó la vulneración del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, ya que la cooperativa demandada no tiene en sus
instalaciones una unidad sanitaria apta para personas en condición de
discapacidad.

31. Consideró que esa omisión vulnera la Ley 361 de 7 de febrero de 1997 21, el
Decreto reglamentario 1538 de 17 de mayo de 200522, la Ley 1752 de 3 de junio de
201523 y la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud y Protección Social24.

32. Destacó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito C.A.C. es una entidad
sin ánimo de lucro y de la economía solidaria, vigilada por la Superintendencia de
Economía Solidaria. Dicha entidad tiene como objeto adelantar actividad financiera
y social, mediante la prestación de servicios de ahorro, operaciones, actividades de

21
“[…] Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la (sic) personas con limitación y se dictan otras
disposiciones […]”.
22
“[…] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
23
“[…] Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas
con discapacidad […]”.
24
“[…] Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos […]”.

7

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

crédito y libranza, entre otros. En consecuencia, presta servicios al público
especialmente a sus asociados.

33. Afirmó que la cooperativa opera en un inmueble de propiedad privada de uso
comercial y, por lo tanto, es un edificio abierto al público según lo dispuesto en el
Decreto 1538 de 17 de mayo de 200525.

34. Agregó que la cooperativa presta sus servicios en el referido inmueble en calidad
de arrendataria, figurando como arrendadora la señora Catalina López Arias. El
mencionado contrato tiene como objeto conceder a título de arrendamiento el goce
de un espacio del inmueble para adelantar la actividad financiera y social mediante
la prestación de sus servicios.

35. Explicó
que vinculó a la señora Catalina López Arias quien no intervino en
ninguna etapa procesal, puesto que dicha vinculación era necesaria para realizar
las adecuaciones.

36. Advirtióque la cláusula sexta del contrato de arrendamiento autoriza al
arrendatario para que realice “[…] la totalidad de las mejoras y/o adecuaciones que
requiera el espacio arrendado a fin de ajustarlo a su imagen corporativa las cuales
podrán ser retiradas al finalizar el presente contrato, siempre y cuando se devuelva
el espacio en el mismo estado en que fue recibido. b) Mantener en buen estado de
presentación, higiene y aseo los equipos, muebles y demás enseres situados en el
espacio arrendado. c) Dar la destinación pactada al espacio arrendado. d) Pagar el
canon y los servicios públicos (si aplica) referidos en la parte inicial del presente
contrato […]”.

37. Anotó que dicha cláusula permite ordenar a la cooperativa que adopte las
medidas necesarias para garantizar el acceso a personas discapacitadas que
utilicen sus servicios al baño ubicado en sus instalaciones. Sin embargo, aclaró que
la orden no estaba encaminada a la construcción de un baño público porque sería
una carga desproporcional pues la demandada no es la propietaria del bien
inmueble y no se acreditó que el servicio se requiera de manera constante.

38. Manifestó que el demandante no demostró la afectación de los derechos
colectivos al goce del espacio público, al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, a la utilización y defensa de los bienes de uso
público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente porque:
i) el servicio se presta en las instalaciones de una entidad de carácter privado que
no encaja en la definición de espacio público; y ii) no se acreditó la vulneración del
derecho a la salud ni un riesgo de desastre.

39. Complementó que el actor popular no probó la responsabilidad del municipio de
Aguadas y del Ministerio de Salud y Protección Social en la vulneración del derecho

25
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.

8

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

colectivo amparado, toda vez que la cooperativa demandada es la entidad obligada
a brindar el acceso a la población discapacitada en sus instalaciones.

40. Mediante auto de 26 de febrero de 202626 el tribunal resolvió no acceder a la
solicitud de aclaración y adición. En dicha providencia el tribunal precisó que “[…]
se ordenó la adecuación del baño que hay en el inmueble donde funciona la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, para que el mismo pudiera ser usado
por las personas con movilidad reducida que utilizaran los servicios de la financiera,
pues se dejó claro que no se trataba de un baño público; y que la adecuación debía
tener en cuenta las normas técnicas vigentes que regulaban la materia […]”.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El actor popular27

41. Solicitó en su escrito que
“[…] EL BAÑO SEA PÚBLICO A TODO TIPO DE
POBLACIÓN, Y SEA APTO A CIUDADANOS QUE SE MOVILIZAN EN SILLA DE
RUEDAS CUMPLIENDO NORMAS NTC ACLARE SI PARA EL JUZGADOR EL
MUNICIPIO, ALCALDE NO ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR SEGÚN ART
315 CN, QUE NO EXISTA DISCRIMINACIÓN NI QUE SE VIOLEN DERECHOS
COLECTIVOS EN SU TERRITORIO […]”.

42. Añadió que “[…] si debe conceder agencias en derecho ante la prosperidad de
mi acción, indistintamente a que ud crea que los demandantes no son responsables
según ud. […] certifique y haga constar cada etapa procesal realizada, consignando
día, mes y año de todas y cada una de ellas a fin de probar mi carga de vigilancia
constante y por ello exijo conceda agencias en derecho, pues estan (sic) son de
carácter procesal y no sustancial, art 38 ley 472 de 1998 y cgp […]”.

III.2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito - Financiera Sucrédito
C.A.C.28

43. Sostuvoque las actividades financieras que desarrolla implican riesgos que
exigen adoptar estrictas medidas de seguridad y restringir el acceso del público a
determinadas áreas de sus instalaciones.

44. Afirmó que su objeto social no comprende la prestación de servicios sanitarios al
público y, por ello, los baños existentes en la agencia de Aguadas son para uso
interno del personal y no para los asociados, clientes o ciudadanos en general.

45. Alegó que no existe una disposición que obligue a las entidades financieras a
ofrecer el servicio de sanitarios al público en sus sucursales, incluso cuando se trate
de personas con discapacidad o movilidad reducida. Las operaciones realizadas por

26
Índice 92 expediente digital de segunda instancia.
27
Índice 89 expediente digital de segunda instancia.
28
Índice 90 expediente digital de segunda instancia.

9

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

los usuarios son breves y, por tanto, no requieren ordinariamente el uso de esos
servicios.

46. Manifestó que permitir el acceso del público a los servicios sanitarios podría
comprometer la seguridad de la cooperativa, de sus asociados y de los recursos
económicos administrados, debido a la cercanía de áreas destinadas al manejo de
efectivo, documentos reservados y operaciones electrónicas.

47. Agregóque las reglas propias de las entidades financieras son aplicables
independientemente del hecho consistente en que la cooperativa se encuentre
vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria y no por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

48. Advirtió “[…] que la Superintendencia encargada del control y vigilancia es la de
Economía Solidaria, la realización de actividades económicas permite la injerencia
y acogida a conceptos expedidos por la Superintendencia Financiera, así como las
operaciones de riesgo sistémico que las cooperativas representan. Conforme al
Decreto 663 de 1993 y la ley 510 de 1999. Establece que la Superintendencia
Financiera es la autoridad encargada de la supervisión de las entidades que
desarrollen actividades financieras, dentro de las cuales se incluyen aquellas que
captan dinero público y privado […]”.

49. Señaló que la Ley 454 de 1998 reconoce que las cooperativas que ejercen
actividad financiera se someten al régimen especial de control financiero, dada la
sensibilidad de los recursos captados del público.

50. Explicó que desarrolla actividades de ahorro y crédito, capta recursos y realiza
intermediación financiera, por lo cual consideró aplicables los criterios de seguridad
establecidos para el este sector.

51. Indicó que el inmueble donde funciona la agencia no es de su propiedad, sino
que lo ocupa en calidad de arrendataria. En consecuencia, afirmó que tiene
limitaciones para efectuar directamente obras o adecuaciones físicas en el
establecimiento.

52. Adujo que el tribunal de primera instancia vulneró su derecho a la igualdad, al
imponerle una carga individual que no se exige a otras entidades públicas o privadas
que se encuentran en condiciones similares. Además, el demandante no acreditó
que sea necesaria la construcción de un baño público en el establecimiento, ni la
vulneración de los derechos de las personas con movilidad reducida.

53. Finalmente, argumentó que la acción popular no puede utilizarse para imponer al
particular obligaciones que no se encuentren previstas en el ordenamiento jurídico.
La pretensión de exigir la habilitación o construcción de una unidad sanitaria pública
desnaturaliza la finalidad de ese mecanismo judicial y desconoce el principio de
legalidad.

10

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

54. Por medio de auto de 9 de marzo de 202629 el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de
apelación presentados por el actor popular y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Sucrédito - Financiera Sucrédito C.A.C., contra la sentencia de primera instancia.

55. Mediante auto interlocutorio de 12 de agosto de 202630, se admitieron los
recursos de apelación, se informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse
en relación con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y se advirtió que no
había lugar a dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se informó al
Ministerio Público que podía emitir concepto en la presente causa hasta que el
proceso ingresara al despacho para emitir sentencia.

56. La Cooperativa presentó pronunciamiento al recurso de apelación en el que
reiteró los argumentos encaminados a confirmar la exoneración de responsabilidad
de la cooperativa31.

57. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

58. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201933, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Análisis del caso concreto

59. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201234, aplicables por remisión expresa de los artículos 44 de la Ley 472 y 306 de
la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual amparó el derecho
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes vulnerado por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Sucrédito - Financiera Sucrédito C.A.C.

29
Índice 97 expediente digital de primera instancia.
30
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia.
31
Cfr. Índice 23 expediente digital de segunda instancia.
32
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
33
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
34
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

11

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

60. El actor popular solicitó la modificación de la sentencia de primera instancia
porque: i) la unidad sanitaria debe habilitarse para toda la población y ser accesible
para las personas que se movilizan en silla de ruedas, con observancia de las
normas técnicas aplicables; ii) debía determinarse la responsabilidad del municipio
en la garantía de los derechos colectivos; y iii) procedía reconocer agencias en
derecho debido a la prosperidad de la acción.

61. La cooperativa solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia al
considerar que: i) la actividad financiera que desarrolla exige adoptar estrictas
medidas de seguridad y restringir el acceso del público a determinadas áreas de
sus instalaciones; ii) su objeto social no comprende la prestación de servicios
sanitarios; iii) ninguna norma exige a las entidades financieras a ofrecer el servicio
sanitario al público; iv) los trámites realizados por los usuarios son breves; v) ocupa
el inmueble en calidad de arrendataria; y vi) la acción popular no puede utilizarse
para imponer a un particular obligaciones que no estén previstas en el ordenamiento
jurídico.

62. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará: i) las
obligaciones de accesibilidad en materia de infraestructura exigibles a las entidades
financieras; ii) la actividad desarrollada por la cooperativa y lo acreditado en el
plenario sobre la vulneración del derecho colectivo previsto en el literal m) del
artículo 4.º de la Ley 472; y iii) si es procedente el estudio de los demás cargos de
las apelaciones cuando no se acredita la vulneración del derecho amparado.

V.2.1. Las obligaciones de accesibilidad en materia de infraestructura
exigibles a las entidades financieras

63. La cooperativa afirmó en el recurso de apelación que la sentencia de primera
instancia desconoció la naturaleza de la actividad que desarrolla porque ninguna
norma prevé que las entidades financieras deban disponer de baños públicos.

64. Complementó que las obligaciones de accesibilidad se deben armonizar con las
condiciones propias de funcionamiento de las oficinas que prestan servicios
financieros, en donde la adopción de medidas especiales de seguridad resulta
necesaria por los riesgos particulares asociados a la administración de recursos.

65.En contraposición, el actor popular consideró en la alzada que la cooperativa
debía habilitar en sus instalaciones un baño para toda la población que garantice el
acceso a las personas en condición de discapacidad, como medida idónea de
restablecimiento del derecho colectivo amparado.

66. Para resolver ambos argumentos, la Sala pone de presente que el derecho
colectivo previsto en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 implica la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

12

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

67. Dentro del contenido de este derecho se encuentra el deber de eliminar las
barreras físicas y arquitectónicas que impidan o dificulten la participación plena de
las personas con discapacidad, en desarrollo de los mandatos constitucionales de
igualdad material y protección especial previstos en los artículos 13 y 47 de la
Constitución Política.

68. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de
unificación de 8 de octubre de 201335, precisó que la protección judicial de las
personas con discapacidad debe orientarse a garantizar su efectiva inclusión social
y desarrollo integral.

69. Sin embargo, también señaló que el juez popular debe actuar como garante de
los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, verificando las condiciones
materiales necesarias para su ejercicio, sin que ello implique la creación de
obligaciones materiales no previstas por el ordenamiento jurídico36.

70. Bajo este marco jurisprudencial, se advierte que el régimen jurídico sobre
accesibilidad progresivamente ha incorporado un conjunto de normas dirigidas a
garantizar la igualdad material y la eliminación de las barreras físicas y
arquitectónicas que afectan a este grupo poblacional vulnerable, desde un modelo
de corresponsabilidad en el que los particulares desempeñan un rol importante.

71. La Ley 12 de 27 de enero de 198737 señaló que el diseño y construcción de los
edificios públicos y privados abiertos al público deben facilitar el ingreso y tránsito
de las personas cuya capacidad motora o de orientación se encuentre disminuida.

72. El parágrafo del artículo 1.º de la Ley 12 incluyó de manera expresa a “[…] los
bancos y demás establecimientos del sector financiero […]” entre los edificios
abiertos al público que deben acatar ese deber.

73. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 14861
de 4 de octubre de 198538 estableció las normas de accesibilidad dirigidas a
proteger la seguridad, salud y bienestar de las personas con movilidad reducida.

74. El
artículo 2 de esa resolución incluyó en su ámbito de aplicación los “[…]
Establecimientos de servicios públicos y comerciales tales como: […] Instituciones
bancarias, corporaciones financieras y afines […]” y su artículo 50 reguló las

35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de octubre de 2013. Radicación número:
08001-33-31-003-2007-00073-01, C.P. Enrique Gil Botero.
36
Allí se precisó que el juez debe “[…] dirigir cualquier decisión concreta que proteja a este grupo de personas. Si la pretensión
que formulan atiende a ese fin, entonces -en principio- el juez tiene el deber de contribuir a que se haga efectiva la posibilidad
del desarrollo humano integral del individuo […]”.
Tales garantías “[…] se encuentran definidas de manera específica, así que el juez, en estos casos funge más de verificador
de la existencia de las condiciones materiales del derecho que de creador de las garantías. Se alude, en este lugar, a la
vigencia de muchas normas que ya establecen condiciones mínimas y máximas de inclusión social, laboral y de acceso a la
infraestructura pública y privada de uso público […]”.
37
"[…] Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones […]".
38
“[…] Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos […]”.

13

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
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condiciones que deben reunir los servicios sanitarios en las edificaciones para que
sean accesibles.

75. Más adelante la Ley 361 de 1997 estableció las normas que permitirían “[…]
suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías
y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o
reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. […]”.

76. El artículo 47 ibidem indicó que la construcción, ampliación y reforma de los
edificios abiertos al público debe buscar que sean accesibles, y su artículo 52,
concedió a las instalaciones particulares abiertas al público un plazo de 4 años para
adecuarse.

77. A su vez, el Decreto 1538 de 17 de mayo de 200539, compilado en el Decreto
1077 de 26 de mayo de 201540 reglamentó parcialmente la Ley 361 de 1997
respecto de las condiciones de accesibilidad aplicables a los edificios abiertos al
público y estableció los criterios técnicos relacionados con la eliminación de barreras
arquitectónicas.

78. El artículo 2.2.3.4.2 del Decreto 1077 de 2015 determinó que todo espacio público
debe concebirse y mantenerse bajo criterios de accesibilidad universal, de forma
que pueda ser utilizado de manera autónoma, segura y digna por las personas con
movilidad reducida o con limitaciones de orientación.

79. El artículo 2.2.1.1 ibidem definió el “[…] edificio abierto al público […]” como el
“[…] inmueble de propiedad pública o privada de uso institucional, comercial o de
servicios donde se brinda atención al público […]”, exigiendo en el numeral 3.7 del
artículo 2.2.3.4.2.1 que uno de los servicios sanitarios existentes en las
edificaciones sea accesible.

80. La misma norma señaló que las barreras físicas son “[…] aquellas trabas,
irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento
de las personas […]”.

81. Igualmente,definió la movilidad reducida como aquella “[…] restricción para
desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin
ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de
relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del
mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales […]”.

39
“[…] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
40
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

14

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Demandante: Juan David Morales Herrera

82. El artículo 641 de la Ley Estatutaria 1618 de 201342 también impuso a las
entidades públicas y privadas el deber de evitar y eliminar barreras que impidan la
participación efectiva de las personas con discapacidad.

83. Como puede apreciarse, las entidades privadas tienen el deber de eliminar las
barreras físicas y arquitectónicas que impidan o dificulten el acceso y
desplazamiento de las personas en condición de discapacidad en las edificaciones
abiertas al público.

84. No obstante, el alcance de este deber se determina atendiendo a la normativa
especial de cada subsector, pues allí se regulan los requisitos mínimos exigibles en
materia de infraestructura conforme a las características y particularidades de la
actividad o servicio.

85. Respecto de las entidades financieras, la Ley 1328 de 15 de julio de 200943
estableció en su título I el régimen de protección al consumidor financiero.

86. El artículo 8 ibidem impuso a las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia el deber de implementar un Sistema de Atención al
Consumidor Financiero (SAC).

87. En desarrollo del anterior régimen, la Superintendencia Financiera de Colombia
en el título II de la parte I del capítulo I de la Circular Básica Jurídica44 puntualizó
que tales entidades deben adoptar las siguientes acciones afirmativas en favor de
los usuarios en condición de discapacidad:

“[…] 2.3.3.1.20. Considerar en sus políticas y procedimientos relativos a los
canales de distribución, la atención a personas con discapacidades físicas, con
el fin de que no se vea menoscabada la seguridad de su información.

[…] 3.1.3.2. Las entidades vigiladas deben divulgar las medidas, canales e
instrumentos que implementen para la atención a personas con cualquier tipo
de discapacidad y adultos mayores.

[…] 6.2. Prácticas abusivas
Se consideran abusivas por parte de las entidades vigiladas, entre otras, las
siguientes prácticas:

[…] 6.2.61. Las que restrinjan el acceso a un producto o servicio financiero
aduciendo la discapacidad del consumidor financiero; o las que exijan
documentos diferentes a los contemplados en la ley para acreditar los apoyos

41
“[…] Artículo 6°. Deberes de la sociedad. Son deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones no
gubernamentales, los gremios y la sociedad en general:
[…] 3. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad.
4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales, culturales, físicas,
arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas con
discapacidad y sus familias.
5. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad.
6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. […]” (negrilla fuera del texto).
42
“[…] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad […]”".
43
“[…] Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones […]”.
44
Circular Externa 006 de 2025.

15

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elegidos para las personas en condición de discapacidad. […]” (negrilla fuera del
texto).

88. El capítulo II sobre Instancias de atención al consumidor en las entidades
vigiladas prevé las siguientes obligaciones:

“[…] 1.2.4. Establecer medidas específicas relativas a la debida atención, trato justo,
protección, respeto y servicio de los consumidores financieros que se encuentren en
situación de discapacidad. Dichas medidas deben incluir políticas,
procedimientos y aspectos relacionados con la atención adecuada que
considere las condiciones de dichos consumidores financieros.

1.4. Elementos mínimos que componen el SAC

1.4.1. Políticas
iv. Establecer aspectos relativos a la atención de personas en situación de
discapacidad.

1.4.2. Procedimientos
e. La atención de los consumidores financieros que se encuentren en situación de
discapacidad. […]” (negrilla fuera del texto).

89. El anexo 3 de la Circular Externa 023 de 21 de octubre de 2021 incorporó al SAC
instrucciones de atención para los consumidores en situación de discapacidad45 y
los siguientes lineamientos generales en materia infraestructura:

“[…] La infraestructura física, técnica y el personal necesario para garantizar el
adecuado funcionamiento del SAC deben reconocer el tamaño de las entidades, sus
actividades y volumen de sus negocios. […]”.

90. Sin embargo, la Circular Básica Jurídica también establece que las entidades
vigiladas deben cumplir unos requerimientos de seguridad mínimos que impactan
el diseño de sus oficinas, veamos:

“[…] 2.3.4.1. En oficinas
La realización de operaciones monetarias a través de oficinas conlleva el
cumplimiento, como mínimo, de los siguientes requerimientos de seguridad

45
1.3. Debida atención y protección al consumidor financiero
[…] 1.3.5. Establecer medidas específicas relativas a la debida atención, trato justo, protección, respeto y servicio de los
consumidores financieros que se encuentren en situación de discapacidad. Dichas medidas deben incluir políticas,
procedimientos y aspectos relacionados con la atención adecuada que considere las condiciones de dichos consumidores
financieros.
[…] 1.4. Alcance del SAC
[…] 1.4.1.3 Ser accesibles teniendo en cuenta las necesidades y el perfil de los consumidores financieros a los que se dirigen,
incluyendo a las personas en situación de discapacidad.
[…] 1.4.2.8. La demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido
y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio.
En la implementación de campañas y programas de educación financiera y de mecanismos para suministrar información a
los consumidores financieros en situación de discapacidad se pueden utilizar herramientas como la simbología, señalización,
lenguaje de señas, braile y subtitulación de videos institucionales.
[…] 1.5. Elementos mínimos que componen el SAC
1.5.1. Políticas
[…] 1.5.1.1.6. Establecer aspectos relativos a la atención de personas en situación de discapacidad.
[…] 1.5.7.1. (…) Tales programas deben, entre otros, ser de fácil entendimiento para los consumidores financieros,
independientes y adicionales a la publicidad propia de la entidad, contribuir al conocimiento y prevención de los riesgos que
se deriven de la utilización de productos y servicios, familiarizar al consumidor financiero con el uso de la tecnología en forma
segura y ser accesibles para los consumidores financieros en situación de discapacidad”.

16

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
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[…] 2.3.4.1.3. Contar con cámaras de video, las cuales deben cubrir al menos el
acceso principal y las áreas de atención al público. Las imágenes deben ser con-
servadas por lo menos 6 meses o en el caso en que la imagen respectiva sea objeto
o soporte de una reclamación, queja, o cualquier proceso de tipo judicial, hasta el
momento en que sea resuelto.

2.3.4.1.4. Disponer de los mecanismos necesarios para evitar que personas no
autorizadas atiendan a los clientes o usuarios en nombre de la entidad.

2.3.4.1.6. Establecer procedimientos necesarios para atender de manera segura y
eficiente a sus clientes en todo momento, en particular cuando se presenten
situaciones especiales tales como: fallas en los sistemas, restricciones en los
servicios, fechas y horas de mayor congestión, posible alteración del orden público,
entre otras, así como para el retorno a la normalidad. Las medidas adoptadas deben
ser informadas oportunamente a los clientes y usuarios.

2.3.4.1.7. Contar con los elementos necesarios para la debida atención del
público, tales como: lectores de código de barras, contadores de billetes y monedas,
PIN Pad, entre otros, que cumplan con las condiciones de seguridad y calidad, de
acuerdo con los productos y servicios ofrecidos en cada oficina. […]” (negrilla
fuera del texto).

91. Como puede apreciarse, la actividad financiera está sujeta a un régimen especial
en materia de protección a la población en condiciones de discapacidad, en cuyo
marco las entidades financieras deben armonizar dos deberes.

92. En primer lugar, tienen la obligación de garantizar la atención de las personas
con discapacidad en condiciones de igualdad, mediante ajustes en sus canales de
atención y en el acceso a sus productos y servicios. En segundo lugar, deben
adoptar medidas de seguridad en sus instalaciones que impactan el diseño
arquitectónico de las oficinas presenciales.

93. Para armonizar estos mandatos, las entidades financieras deben realizar ajustes
que garanticen el acceso a los canales, productos y servicios que ofrecen, pero ello
no significa que deban crear nueva infraestructura o prestar servicios no previstos
en la regulación especial.

94. Elartículo 88 de la Ley 1801 de 29 de julio de 201646 impone a los
establecimientos de comercio abiertos al público el deber de “[…] prestar el servicio
de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera
edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no
[…]” (negrilla fuera del texto).

95. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-329 de 201947 que esa
obligación cobija a las personas en situación de discapacidad o con movilidad
reducida, en aplicación del mandato constitucional de igualdad material previsto en
el artículo 13 de la Constitución Política.

46
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
47
Corte Constitucional, expediente D-13003, M.P. Carlos Bernal Pulido.

17

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
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96. Sin embargo, la norma se dirige a permitir el uso del baño existente en los
establecimientos de comercio a los sujetos de especial protección que así lo
soliciten, y no a imponer la obligación de construir una unidad sanitaria de acceso
público.

97. Sobre este punto la Corte Constitucional precisó en la sentencia C-329 lo
siguiente:

“[…] Este artículo simplemente estipula la obligación de “prestar el servicio de baño”,
la cual, al extenderse a las personas en situación de discapacidad o con movilidad
reducida, no implica necesariamente, según el tenor de esta disposición, la obligación
de adecuación de las instalaciones sanitarias. Por último, de dicho artículo, así como
de la inclusión de tales sujetos en su supuesto de hecho, no se derivaría
responsabilidad alguna u obligación de aseguramiento a cargo de los
establecimientos de comercio abiertos al público y relativa a los daños que pudieran
derivarse de la prestación del servicio de baño. […]”.

98. Igualconclusión se desprende del deber previsto en el artículo 5048 de la
Resolución 14861 de 4 de octubre de 198549 y en el numeral 3.750 del artículo
2.2.3.4.2.1 del Decreto 1077 de 2015, relativo a la accesibilidad.

99. La definición legal de accesibilidad contenida en el artículo 4451 de la Ley 361 de
1997 hace referencia a la posibilidad de acceder, desplazarse y utilizar los servicios
previamente instalados en los espacios correspondientes.

100. Dichas normas parten de la existencia de un servicio que debe garantizarse
en condiciones adecuadas de acceso, pero no impone la obligación de crear nuevos

48
“[…] Artículo 50º- Requisitos para servicios sanitarios. Los servicios sanitarios en toda edificación cumplirán entre otros,
con los siguientes requisitos:
• Estarán ubicados cerca de espacios de circulación para permitir fácil acceso a la población en general.
• Se colocarán señales para indicar su ubicación.
• Los cuartos de servicios sanitarios para minusválidos se identificarán en la puerta con el símbolo internacional de acceso.
Las puertas de entrada tendrán como mínimo 0.80 metros y cuando sean de batiente abrirán hacia fuera. La apertura de
puertas no podrá impedir la libre circulación interior o exterior a los servicios sanitarios.
• Cuando exista pasillo o vestíbulo, como antesala para entrar a una unidad sanitaria, sus dimensiones mínimas serán de
1.20 metros de ancho por 1.50 metros de largo.
• No se permitirán cambios abruptos de nivel entre el piso de la unidad sanitaria y del espacio exterior o en cualquier parte de
su interior.
• El acabado del piso será en material antideslizante.
• El dispensador para papel higiénico, el toallero y las barras o agarraderas se colocarán a 0.70 metros desde el piso acabado.
• Los lavamanos para minusválidos serán colocados de manera que su altura máxima no exceda de 0.80 metros y haya
espacio libre debajo del artefacto de 0.35 metros a cada lado a partir del centro de este.
• La altura de la taza de inodoro estará entre 0.40 metros y 0.50 metros desde el piso acabado.
• Cuando las exigencias mínimas de una edificación sean de una unidad sanitaria por sexo, ésta reunirá las condiciones de
acceso para minusválidos. Cuando en una edificación se instalen baterías de unidades sanitarias, cada una de éstas tendrán
una unidad por sexo, por cada 15 personas, con facilidades de acceso para minusválidos: En los cuartos sanitarios para
minusválidos deberá instalarse alarma.
• Cuando se coloquen espejos en cuartos sanitarios para minusválidos, estarán a 1.10 metros de altura en su parte inferior y
con inclinación hacia debajo de 10º. […]”.
49
“[…] Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos […]”.
50
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.4.2.1 Características de los edificios abiertos al público. Para el diseño, construcción o adecuación
de los edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los siguientes parámetros de accesibilidad:
[…] 3.7 Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible. […]”.
51
“[…] Artículo 44º.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en
cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma
confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas,
irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones,
toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza,
por hijo (sic), radio y otros sistemas ópticos o electromagnéticos. […]”.

18

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

servicios o instalaciones que no existan o que no hagan parte de la oferta destinada
al público.

101. Por lo tanto, si por razones de seguridad inherentes a la actividad financiera
no se presta el servicio de baño público, no puede imponérsele a la entidad
financiera el deber de habilitar o construir esa infraestructura.

102. Solo cuando la entidad en el marco de su autonomía previó dicho servicio
abierto al público, a tales instalaciones les son exigibles las normas de accesibilidad
previstas en la Ley 361 de 1997, en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y en el Decreto
1077 de 2015.

103. En otras palabras, el deber de accesibilidad recae sobre las zonas y los
servicios que la entidad efectivamente pone a disposición de sus usuarios, así como
sobre los productos y servicios que ofrece a través de sus distintos canales, y no
sobre aquellas dependencias en las que se limita el acceso al público por
condiciones de seguridad.

104. Lo anterior no significa que la Sala desconozca la importancia de adoptar
medidas de accesibilidad en el sector financiero. Por el contrario, en el marco de la
acción popular esta Sección ha protegido el acceso autónomo y seguro de las
personas con discapacidad a los servicios financieros, cuando se demuestra una
omisión que impide acceder a algún canal de atención, producto o servicio ofrecido
por la entidad.

En sentencia de 12 de junio de 200852, se ordenó realizar las adecuaciones
105.
necesarias para garantizar la accesibilidad de un cajero automático del Banco
Cafetero S.A. que presentaba barreras físicas que impedían su uso autónomo y
seguro por personas con movilidad reducida.

106. Para esta Sección la protección judicial en materia de accesibilidad en la
infraestructura financiera, de conformidad con el precedente de la Sala Plena de 8
de octubre de 2013, se ha dirigido a remover barreras que afectan el uso efectivo
de servicios financieros puestos a disposición de los usuarios, sin que se haya
considerado que las entidades financieras tienen un deber general de disponer de
servicios sanitarios accesibles para el público53, dado que el juez popular debe

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 25000-23-25-000-2004-
92201-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
53
Se pone de presente que en las sentencias de 31 de julio de 2025 y 14 de mayo de 2026 la Sección Primera conoció de
casos relacionados con la adecuación de unidades sanitarias en oficinas del Banco Agrario de Colombia S.A. Sin embargo,
en ambos casos declaró configurada la cosa juzgada. Por lo tanto, esas providencias no contienen un pronunciamiento de
fondo de la Sección sobre la existencia de un deber jurídico general que obligue a las entidades financieras a disponer de
servicios sanitarios accesibles para el público.
Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 05001-23-
33-000-2024-00860-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2026, radicación número: 05001-23-33-000-2024-01179-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
En el primer caso, se mantuvo la declaratoria de cosa juzgada respecto del Banco Agrario de Colombia S. A., en relación con
la pretensión dirigida a obtener la construcción o adecuación de unidades sanitarias accesibles en sus oficinas, por considerar
que esa controversia ya había sido resuelta en la sentencia de 26 de octubre de 2010, confirmada el 22 de septiembre de
2011, cuya orden se hizo extensiva a todos los inmuebles en los que funcionaran oficinas de atención al público de esa

19

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valorar las condiciones particulares del caso y no puede imponer obligaciones
materiales no previstas por el legislador.

107. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón a la
cooperativa apelante al señalar que el deber de accesibilidad exigible a las
entidades financieras no puede interpretarse como una obligación general de crear
infraestructura o servicios adicionales no previstos como habilitantes en la normativa
especial que las regula.

108.Aunque las entidades financieras deben adoptar medidas orientadas a
garantizar la atención adecuada de las personas con discapacidad no existe
vulneración del derecho colectivo previsto en el literal m) del artículo 4.º de la Ley
472 de 1998 cuando, por razones de seguridad asociadas a su operación, el servicio
de baño público no se encuentra disponible para ningún usuario, pues la medida
afirmativa solo resulta procedente cuando se acredita una barrera que impide a las
personas con discapacidad acceder, en condiciones de igualdad, a espacios
efectivamente ofrecidos a otros ciudadanos.

109.En este contexto, corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto la
cooperativa demandada presta un servicio que se rija por la normativa especial
precitada y si tenía habilitado un baño destinado a sus usuarios cuya falta de
accesibilidad constituyera una barrera física.

V.2.2. La actividad desarrollada por la cooperativa y lo acreditado en el
plenario sobre la presunta vulneración del derecho colectivo previsto en el
literal m) del artículo 4.º de la Ley 472

110. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Sucrédito C.A.C. sostuvo en la
apelación que la actividad financiera que desarrolla conlleva riesgos relacionados
con la captación y colocación de recursos, lo que exige adoptar estrictas medidas
de seguridad para proteger a sus asociados.

111.Añadió que, aunque está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, la naturaleza financiera de sus operaciones permite acudir,
como criterio orientador, a las directrices de seguridad expedidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

112. Explicó que su objeto social comprende la prestación de servicios financieros
y sociales, pero no la provisión de servicios sanitarios, razón por la cual no había
vulnerado el derecho colectivo previsto en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472.

entidad financiera. Frente al Ministerio de Salud y Protección Social, el juez de primera instancia declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva y, respecto del Ministerio del Interior, así como de los restantes derechos y pretensiones no
comprendidas por la cosa juzgada, negó el amparo porque no se acreditó una acción u omisión imputable ni una amenaza o
vulneración de los derechos colectivos invocados.
En el segundo caso se consideró que la controversia ya había sido resuelta mediante la sentencia de 26 de octubre de 2010
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, confirmada el 22 de septiembre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, cuya orden se hizo extensiva a todos los inmuebles en los que funcionaran oficinas de atención al
público de esa entidad financiera.

20

Radicación núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01
Demandante: Juan David Morales Herrera

113. Finalmente, alegó la vulneración del derecho a la igualdad, porque la sentencia
de primera instancia le impuso una carga individual que no se exige a otras
entidades públicas o privadas que se encuentran en condiciones similares.

114. Frente a esos reparos, la Sala pone de presente que la actividad financiera
desarrollada por las organizaciones cooperativas se encuentra regulada,
principalmente, por la Ley 454 de 4 de agosto de 199854. Su artículo 39 determina
que la actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma
especializada por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las
cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito.

115. La mencionada ley define como actividad financiera “[…] la captación de
depósitos a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos
nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos, u otras operaciones
activas de crédito, y en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos
captados de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas financieras
podrán prestar sus servicios a terceros no asociados […]”.

116. El artículo 34 de la Ley 454 de 1998 atribuyó a la Superintendencia de la
Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las
organizaciones de la Economía Solidaria. A su vez, el numeral 22 del artículo 36 de
la Ley 454 la facultó para instruir a las entidades vigiladas sobre la manera de
cumplir las disposiciones que rigen su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos y
señalar los procedimientos para su aplicación.

117. En ejercicio de esas atribuciones, la Superintendencia de la Economía
Solidaria expidió la Circular Básica Contable y Financiera55. El título IV estableció el
Sistema Integrado de Administración de Riesgos y desarrolló, entre otros, el
Sistema de Administración del Riesgo Operativo, aplicable a las cooperativas que
ejercen actividad financiera.

118. Este régimen exige identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos
derivados de la operación, de acuerdo con la naturaleza, tamaño, volumen y
complejidad de las actividades desarrolladas. Concretamente, el numeral 3.6.
señala que es un factor de riesgo operativo la “[…] Infraestructura Física […]”.

119. Cabe mencionar que la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-188 de
15 de marzo de 200656 que la realización de actividades de intermediación
financiera por las organizaciones cooperativas no desvirtúa su naturaleza solidaria.
Sin embargo, advirtió que el ejercicio de esa actividad comporta un riesgo social y
económico que justifica la intervención del Estado mediante la imposición de
requisitos, márgenes de solvencia y mecanismos especializados de inspección,

54
“[…] Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia
de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones […]”.
55
Circular Externa 22 de 2020.
56
Corte Constitucional, Sala Plena, M. P. Rodrigo Escobar Gil, expediente D-5931.

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Demandante: Juan David Morales Herrera

vigilancia y control, dirigidos a preservar la estabilidad económica y la confianza de
los asociados y del público.

120. En particular, sostuvo que “[…] el ejercicio de la actividad financiera comporta
un riesgo social y económico frente al cual el Estado debe exigir determinados
requisitos y márgenes de solvencia económica en quien la desarrolla a efectos de
mantener una economía estable y la credibilidad y confianza por parte del público y
asociados […]”.

121. De este marco se desprende que las cooperativas de ahorro y crédito deben
adoptar medidas de seguridad compatibles con la naturaleza financiera de sus
operaciones.

122. En el caso concreto, se acreditó que la entidad demandada desarrolla en la
sede de Aguadas actividades de ahorro, crédito, libranza y beneficios sociales y uso
de plataformas tecnológicas, principalmente en favor de sus asociados.

123. Según el certificado de existencia y representación legal57 la cooperativa es
una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al sector de la economía solidaria,
cuyo objeto comprende el desarrollo de las actividades precitadas.

124. En el certificado de existencia y representación legal se precisó que en
desarrollo de su objeto social:

“[…] como cooperativa especializada en ahorro y crédito, sucredito adelantará las
operaciones previstas en el artículo 49 de la ley 454 de 1998, a saber: A. Captar
ahorro a través de depósitos a la vista, ahorro ordinario, ahorro programado y a
término, mediante la expedición de cdat o contractual. B. Otorgar créditos
exclusivamente a sus asociados conforme su capacidad de pago y solvencia, según
se determine en el reglamento correspondiente. C. Negociar títulos emitidos por
terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados. D. Celebrar contratos de
apertura de crédito e. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones
emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden. F. Las
correspondientes como entidad operadora de libranzas. G. Emitir bonos. H. Prestar
servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en
desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición de la ley
cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras
entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios las cooperativas no
pueden utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos
captados en la actividad financiera. I. Celebrar convenios dentro de las disposiciones
legales para la prestación de otros servicios, especialmente aquellos celebrados con
los establecimientos bancarios para el uso de cuentas corrientes. J. Las demás, que
de acuerdo con la ley y los principios cooperativos correspondan a su naturaleza,
cooperativa especializada de ahorro y crédito […]”.

125.A partir de lo anterior, la Sala considera que la función que ejerce la apelante
en la sede de Aguadas no se limita a una actividad asociativa, sino que desarrolla

57
Cfr. Índice 114 expediente de primera instancia, en el enlace de OneDrive, documento denominado
“012ContestacionFinancieraSuCredito.pdf”, página 9.

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actividades financieras que implican que deba proteger los recursos captados y las
zonas operativas restringidas.

126.En este contexto la atención presencial a los asociados permite calificar como
abiertas al público únicamente las áreas destinadas a esa atención, sin que esa
condición se extienda a los servicios sanitarios reservados al personal.

En el marco del principio de igualdad esta autoridad judicial considera que a las
127.
cooperativas que desarrollan actividades financieras le resultan extensibles las
consideraciones expuestas en el anterior acápite sobre el alcance del deber de
accesibilidad en materia de infraestructura.

128.La naturaleza solidaria de la entidad no constituye una razón suficiente para
imponerle una obligación de infraestructura que no se exige con carácter general a
las entidades que realizan operaciones financieras comparables, especialmente
cuando las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria
reconocen que esas cooperativas deben gestionar los riesgos y adoptar medidas
de seguridad y calidad acordes con la actividad financiera que desarrollan.

129. En efecto, debe distinguirse entre la edificación considerada en su conjunto y
la destinación específica de cada uno de sus espacios. Las exigencias de
accesibilidad recaen, en principio, sobre las zonas destinadas a la atención y
utilización por parte de asociados y usuarios, así como sobre los productos y
servicios que la entidad pone a su disposición.

130. Esta distinción resulta relevante respecto de la unidad sanitaria objeto del
proceso.

131.En consecuencia, como correspondía a la parte actora demostrar la amenaza o
vulneración del derecho colectivo58 y en el expediente no obran fotografías, planos,
mediciones, conceptos técnicos ni informes de visita que permitan establecer que
las medidas preventivas de limitación de las áreas de uso público son innecesarias,
se revocará el amparo concedido en primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda al no estar acreditada la vulneración del derecho
colectivo previsto en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472.

V.2.3. El análisis de los demás cargos de las apelaciones

132.La Sala advierte que, al no configurarse la vulneración del derecho colectivo
amparado por el tribunal de primera instancia, no resulta procedente emitir un
pronunciamiento sobre la eventual responsabilidad del municipio de Aguadas, la
procedencia y alcance de la medida de protección ordenada por el Tribunal
Administrativo de Caldas o los aspectos accesorios derivados de la prosperidad de
la acción popular relacionados con las costas procesales.

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 76001-23-33-000-2022-
00789-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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133. Finalmente, la Sala negará la condena en costas en ambas instancias, de
conformidad con lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201259 y en la sentencia de 6 de agosto de 201960, proferida por la
Sala Especial de Decisión núm. 27, por cuanto se revocará la sentencia de primera
instancia, pero en el plenario no se acreditó la mala fe del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, para en su lugar NEGAR
las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en
esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en ambas instancias.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

59
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
60
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019. Radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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