República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03691-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03691-00 (5783)
Accionante: Juan David Morales Herrera
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de derechos
e intereses colectivos. Subtema 2: mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Juan David Morales Herrera contra
la Sección Primera del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Juan David Morales Herrera presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de su derecho fundamental al debido proceso que consideró vulnerado por
la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos identificado con radicado núm. 17001-23-33-
000-2025-00106-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Juan David Morales Herrera presentó demanda en ejercicio del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos (acción popular)
1 Samai, índice 2.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03691-00 (5783)
Accionante: Juan David Morales Herrera
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, el Ministerio de Salud y
Protección Social, Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de
Colombia SAS, con las siguientes pretensiones:
(i) Se protejan los derechos colectivos al goce del espacio público; a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida; y el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad y seguridad
pública.
(ii) Se ordene al accionado que construya una unidad sanitaria pública, en
sitio fácil y de acceso seguro con su respectivo orinal y barras fijas apta
para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de
ruedas, cumpliendo las normas NTC, y como lo ordena la Ley 361 de
1997 y su decreto reglamentario.
(iii) Que se ordene al ministerio demandado hacer vigilancia, control y
seguimiento de la Resolución 14861 de 1985, Ley 1752 de 2015, Ley 361
de 1997, Decreto 1538 de 2005; y sean sancionados los accionados en
costas y agencias en derecho.
(iv) Se ordene en la sentencia el día, mes y año en que la accionada debe
pagar las agencias en derecho a fin de evitar acciones ejecutivas que
congestionan los despachos judiciales.
3. El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Primera de Decisión, que, mediante sentencia del 5 de febrero de
2026, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Ministerio de Salud y Protección Social y declaró que la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Sucrédito vulneró el derecho colectivo a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de
manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
4. En consecuencia, el Tribunal ordenó a dicha entidad que, dentro de los tres
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, adecuara la unidad sanitaria
ubicada en las oficinas de la sucursal del municipio de Aguadas (Caldas) para que
pudiera ser utilizada por los ciudadanos discapacitados que acudieran a sus
servicios.
5. El actor y la Financiera Sucrédito interpusieron recursos de apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron concedidos mediante auto del 9 de marzo de
2026.
6. El 16 de marzo de 2026, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para
que se surtiera el trámite de segunda instancia.
2
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Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. El señor Juan David Morales Herrera solicitó en el escrito de tutela al juez
constitucional que ampare su derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, pidió lo siguiente:
SE ORDENE EN DERECHO A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE DÉ
APLICACIÓN INMEDIATA A LO QUE LE ORDENE EL ARTÍCULO 37 LEY
ESPECIAL Y AUTÓNOMA 472 DE 1998.
SE ME INFORME CUANTO MÁS PERDERÉ MI TIEMPO COO CIUDADANO EN
ESTA ACCIÓN POPULAR.
SE DETERMINE BAJO TUTELA SI EXISTE MORA Y RENUENCIA JUDICIAL EN MI
ACCIÓN CONSTITUCIONAL – ACCIÓN POPULAR.
SE DETERMINE EN DERECHO SI EL ART 37 LEY 472 DE 1998 SÓLO TIENE
EFECTO SIMBÓLICO PARA EL TUTELADO.2
8. Como fundamento de sus pretensiones, el señor Juan David Morales Herrera
sostuvo que han transcurrido dos meses desde que fueron concedidos los recursos
de apelación sin que la Sección Primera del Consejo de Estado decida de manera
definitiva el asunto, lo cual, en su criterio, desconoce el artículo 37 de la Ley 472 de
1998.
2.3. Trámite procesal
9. El despacho ponente, mediante auto del 15 de mayo de 2026, admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionada, esto es, a la Sección
Primera del Consejo de Estado; vinculó al trámite como terceros con interés a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, a la Nación, Ministerio de Salud y
Protección Social, al municipio de Aguadas (Caldas), a la señora Catalina López
Arias y al Tribunal Administrativo de Caldas; requirió los expedientes ordinario y de
tutela objetos de controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda; y ordenó las notificaciones de rigor3.
2.4. Intervenciones
10. El magistrado sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado4, a
cargo del proceso, informó que este le fue asignado por reparto el 17 de marzo de
2026, por lo cual considera que no ha transcurrido un plazo irrazonable para la
resolución del recurso de apelación. Agregó que el tiempo empleado para adoptar
la decisión se encontraba justificado por la carga de trabajo asignada y por el orden
de prelación y turno en el que debe observarse para la adopción de las providencias
judiciales. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.
11. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito 5 solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que no era el mecanismo
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02259-00, índice 4, certificado 16D55EEE26F2B44D
B99A86EE62A7DC11 91CCDDC962C17267 161DE01789AF1400.
4 Samai, índice 13.
5 Samai, índice 12
3
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para sustituir la competencia de los jueces naturales a fin de obtener una decisión
favorable a sus intereses.
12. El Tribunal Administrativo de Caldas remitió el enlace del expediente
electrónico del medio de control de protección de los derechos de intereses
colectivos que dio lugar a la presunta omisión objeto de tutela, sin embargo, no se
pronunció sobre los hechos y pretensiones que motivaron la interposición de la
presente acción de tutela.
13. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el señor Juan David Morales Herrera contra la
Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
15. La legitimación en la causa por activa del señor Juan David Morales Herrera
se encuentra acreditada, por cuanto es el demandante en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con radicado núm.
17001-23-33-000-2025-00106-01, en el que aduce que se produjo la mora que
vulnera su derecho fundamental al debido proceso.
16. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Primera del Consejo de Estado, porque es la autoridad que tramita en sede de
segunda instancia el proceso con radicado núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez6.
18. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable7; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»8.
6 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
7 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
8 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
19. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración del derecho fundamental al debido proceso ante
la presunta inactividad por parte de la autoridad accionada.
20. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la
medida en que la parte accionada no ha proferido la sentencia de fondo dentro del
proceso con radicado núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01 y la mora judicial
alegada es una vulneración que continúa en el tiempo9.
3.5. Problema jurídico
21. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada incurrió en mora
judicial injustificada y vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor,
dentro del trámite del medio de control para la protección de los derechos e intereses
colectivos?
3.5.1. La acción de tutela en casos de mora judicial
22. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la
Ley 1957 de 2019 que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal en las actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los
siguientes escenarios:
4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad) 10.
23. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
9 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta».
10 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
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cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
24. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a
la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:
[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”11.
3.6. Caso concreto
25. En el asunto bajo estudio, el accionante manifestó que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en una mora judicial injustificada en el trámite del
proceso de protección de derechos e intereses colectivos identificado con radicado
núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01, al no dictar sentencia de segunda instancia.
Omisión que, a su juicio, desconoce el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.
26. Revisadas las actuaciones realizadas en sede de primera instancia del
proceso de protección de derechos e intereses colectivos identificado con radicado
núm. 17001-23-33-000-2025-00106-01, la Sala observa que el señor Juan David
Morales Herrera radicó el medio de control contra la Financiera Sucrédito, el 26 de
febrero de 2025.
27. Inicialmente, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Civil del
Circuito de Caldas, que, mediante auto del 28 de febrero de 2025, la admitió, vinculó
al municipio de Aguadas (Caldas) y ordenó las notificaciones de rigor.
28. El actor, el 27 de marzo de 2025, presentó reforma de la demanda en la que
solicitó la inclusión de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, como parte
demandada, la cual fue aceptada por el Juzgado Civil del Circuito de Caldas en auto
del 9 de abril de 2025, en el que, además, declaró la falta de jurisdicción para
conocer de la acción y remitió a la Oficina Judicial de Manizales para que fuera
repartida entre los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.
29. El Tribunal Administrativo de Caldas, por auto del 21 de abril de 2025, no avocó
conocimiento y planteó el conflicto negativo de jurisdicciones. En consecuencia, el
expediente se remitió a la Corte Constitucional, que, mediante providencia del 23
de julio de 2025 dirimió el conflicto y declaró que la autoridad competente para
conocer la acción popular promovida por Juan David Morales Herrera contra
Financiera Sucrédito y el Ministerio de Salud y Protección Social, era el Tribunal
Administrativo de Caldas.
11 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
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30. En consecuencia, mediante auto del 17 de septiembre de 2025, el Tribunal
avocó conocimiento del asunto.
31. Posteriormente, en sentencia del 5 de febrero de 2026, el Tribunal declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Salud y Protección Social y que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito
vulneró el derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada,
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. En
consecuencia, ordenó a dicha entidad que, dentro de los tres meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, adecuara la unidad sanitaria ubicada en las oficinas de
la sucursal del municipio de Aguadas (Caldas) para que pudiera ser utilizada por los
ciudadanos discapacitados que acudieran a solicitar sus servicios.
32. El señor Juan David Morales Herrera y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Sucrédito presentaron, el 10 y 12 de febrero de 2026, respectivamente, recursos de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Dichos recursos fueron
concedidos por el Tribunal Administrativo de Caldas, a través del auto del 9 de
marzo de 2026.
33. El 17 de marzo de 2026 el expediente fue asignado por reparto al magistrado
ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado y el 18 de marzo siguiente
ingresó al despacho para lo pertinente.
34. A partir de lo anterior, la Sala no advierte una mora judicial injustificada.
Aunque es cierto que se superó el término de 20 días que dispone el artículo 3712
de la Ley 472 de 1998 para resolver los recursos de apelación interpuestos contras
las sentencias dictadas en acciones populares, lo cierto es que dicho plazo no
puede analizarse de manera aislada ni conducir automáticamente a la conclusión
de que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
35. Como se vio, en el presente caso el expediente fue asignado al magistrado
ponente el 17 de marzo de 2026 y, según informó la autoridad judicial, se encuentra
sometido al orden de prelación y turnos que rige la adopción de las decisiones
judiciales. Igualmente, debe tenerse en cuenta la carga laboral que afronta el
despacho.
36. En esas condiciones, no se evidencia una conducta negligente o la inactividad
injustificada que permita concluir que la demora en la resolución de los recursos de
apelación obedece al incumplimiento de los deberes funcionales del juez. Por el
contrario, las actuaciones acreditadas en el expediente permiten advertir que el
proceso ha seguido su curso ordinario y que el tiempo transcurrido desde su
asignación al despacho en sede de segunda instancia no resulta desproporcionado.
12 Artículo 37.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en
primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto
dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del
Tribunal competente.
La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de
Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en
ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para resolver
el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03691-00 (5783)
Accionante: Juan David Morales Herrera
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
37. Por lo expuesto, no se configura una mora judicial injustificada en el medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos, susceptible de amparo
mediante la presente acción de tutela.
4. Conclusiones
38. En consecuencia, en la medida en que la Sección Primera del Consejo de
Estado no incurrió en una mora judicial injustificada, y, por lo tanto, no vulneró el
derecho fundamental al debido proceso invocado la parte tutelante, la Sala negará
la solicitud de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Juan
David Morales Herrera contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en esta providencia
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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