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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03691-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03691-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03691-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC treinta y uno (31) de agosto dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03691-01
Demandante: JUAN DAVID MORALES HERRERA
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
MORA JUDICIAL.

Síntesis del caso: la parte actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
presunta mora judicial en el trámite de un proceso de protección de los derechos e intereses
colectivos; sin embargo, la Sala confirmará la decisión que negó el amparo invocado porque no
se acreditó una mora judicial injustificada.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de sentencia del
9 de julio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Juan David Morales Herrera contra la Sección Primera del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en esta providencia (…)”. (Negrillas y mayúsculas
fijas del original - SAMAI, índice 18 SAMAI).

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 20261, el señor Juan David Morales
Herrera promovió proceso de acción de tutela en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado, para que le sea amparado su derecho fundamental del debido
proceso, presuntamente vulnerados porque en el medio de control de protección de los

1 Índice 1 SAMAI

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03691-00
Actor (a): Juan David Morales Herrera
Acción de tutela

derechos e intereses colectivos con radicación no. 17001-23-33 000-2025-00106-01 que
promovió y se encuentra en curso, no se ha impulsado efectivamente el trámite.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Juan David Morales Herrera presentó demanda en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos contra la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Sucrédito, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Grupo de
Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia SAS con el fin de que se ordene
la construcción de una unidad sanitaria pública, en sitio fácil y de acceso seguro, con su
respectivo orinal y barras fijas apta para ciudadanos con movilidad reducida que se
desplacen en silla de ruedas, como lo ordenan las normas NTC y la Ley 361 de 1997.

2) Mediante sentencia de 5 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
• Ministerio de Salud y Protección Social y declaró que la Cooperativa de Ahorro y Crédito
• Sucrédito vulneró el derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, motivo por el cual ordenó
a dicha entidad que, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
adecuara la unidad sanitaria ubicada en las oficinas de la sucursal del municipio de
Aguadas (Caldas) para que pudiera ser utilizada por los ciudadanos discapacitados que
acudieran a sus servicios.

3) El actor y Sucrédito interpusieron recursos de apelación contra la anterior decisión, los
cuales fueron concedidos mediante auto del 9 de marzo de 2026.

4) El 16 de marzo de 2026, el expediente fue remitido a la Sección Primera del Consejo
de Estado para que se surtiera el trámite de segunda instancia.

2. Fundamento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en una
mora judicial injustificada dentro del proceso, en particular, porque, pese a que han
transcurrido dos meses desde que fueron concedidos los recursos de apelación, la

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Actor (a): Juan David Morales Herrera
Acción de tutela

Sección Primera del Consejo de Estado no ha adoptado decisiones de fondo
encaminadas a impulsar el trámite lo que desconoce el artículo 37 de la Ley 417 de 1998.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“SE ORDENE EN DERECHO A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE DÉ
APLICACIÓN INMEDIATA A LO QUE LE ORDENE EL ARTÍCULO 37 LEY
ESPECIAL Y AUTÓNOMA 472 DE 1998.
SE ME INFORME CUANTO MÁS PERDERÉ MI TIEMPO COO CIUDADANO
EN ESTA ACCIÓN POPULAR.
SE DETERMINE BAJO TUTELA SI EXISTE MORA Y RENUENCIA JUDICIAL
EN MI ACCIÓN CONSTITUCIONAL – ACCIÓN POPULAR.
SE DETERMINE EN DERECHO SI EL ART 37 LEY 472 DE 1998 SÓLO TIENE
EFECTO SIMBÓLICO PARA EL TUTELADO.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 15 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación al presidente y
magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado y se vinculó como
terceros con interés a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, al Ministerio de Salud
y Protección Social, al municipio de Aguadas, Caldas, a la señora Catalina López Arias y
al Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).

5. Sentencia de primera instancia

A través de fallo del 9 de julio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo, porque no se acreditó una vulneración de los
derechos fundamentales invocados, por cuanto, aunque se superó el término de 20 días
que dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 para resolver los recursos de apelación
interpuestos contras las sentencias dictadas en acciones populares, lo cierto es que dicho
plazo no puede analizarse de manera aislada ni conducir automáticamente a la
conclusión de que se vulneró el derecho fundamental del debido proceso.

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El proceso fue asignado al magistrado ponente el 17 de marzo de 2026 y debe tenerse
en cuenta la carga laboral que afronta el despacho; además, según informó la autoridad
judicial, se encuentra sometido al orden de prelación y turnos que rige la adopción de las
decisiones judiciales.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria,
para lo cual cuestionó si lo consignado en el artículo 37 de la ley 472 de 1998 es “solo
letra muerta consignada en el papel sin efecto diferente alguno al simbólico y nunca
se cumple lo que ordena art 37 ley 472 de 1998”.

Precisó que el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos es
una acción de linaje constitucional en la que se deben cumplir los términos establecidos
en el artículo 37 de la ley 472 de 1998, sin que la carga de trabajo constituya una
justificación.

En el caso concreto se evidencia una falla en la prestación del servicio y una injusticia al
olvidar que la acción popular es preferente y de términos perentorios.

Es injusto que los magistrados puedan desconocer los términos que la ley ordena pero
que los mismos despachos nieguen una apelación al presentarse un minuto después del
cierre del despacho.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Actor (a): Juan David Morales Herrera
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constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Primera
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la alegada
mora judicial dentro del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos con
radicación no. 17001-23-33 000-2025-00106-01.

En primera instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
negó el amparo solicitado al considerar que no se encontraba acreditada una mora
judicial injustificada atribuible a la Sección Primera del Consejo de Estado.

En la impugnación, la parte actora manifestó que se deben cumplir los términos
establecidos en el artículo 37 de la ley 472 de 1998.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la sentencia que
negó la mora judicial, pero por las razones que se exponen a continuación:

2.1 Caracterización de mora judicial

En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional2 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias dentro de
los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales, sino

2 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018.

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Actor (a): Juan David Morales Herrera
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a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral o de
congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica, de cierto
modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada es
preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.

Por su parte, el Consejo de Estado3 manifestó que existen condiciones estructurales en
la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud en los
despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.

En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de sus
solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho fundamental del
debido proceso u otro, por el incumplimiento de los términos judiciales, resulta
imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora y
ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones por parte
de la autoridad judicial.

2.2 Análisis de la mora judicial en el caso concreto

1) La parte demandante sostuvo que el proceso de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicación no. 17001-23-33 000-2025-00106-01 no cumplió con
los términos establecidos en el artículo 37 de la ley 472 de 1998, pues se concedió el
recurso de apelación el 9 de marzo de 2026, sin que se evidencie actuación alguna.

2) En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la
Corte Constitucional resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias
dentro de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3 Consejo de Estado, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-01444-

00, MP Jorge Octavio Ramírez.

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3) Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios
judiciales, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de
carga laboral o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual
justifica, de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

4) En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada
es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.

5) Por su parte, el Consejo de Estado4 manifestó que existen condiciones
estructurales en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y
lentitud en los despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.

6) En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución
de sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho
fundamental del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos judiciales
resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial.

7) Así las cosas, para esta Sala resulta claro que, si bien, para la fecha de
presentación de la acción de tutela no se había decidido en segunda instancia el proceso
de protección de los derechos e intereses colectivos, ello no puede catalogarse como una
omisión caprichosa o negligente atribuible a una supuesta dilación de la autoridad judicial
demandada pues, tal como lo indicó el a quo, la causa del retardo ha obedecido a la alta
congestión judicial que atraviesa el despacho, lo cual descarta, en casos como este, una
supuesta mora judicial, en la medida que, contrario a lo señalado por el demandante, no
revela una falta de diligencia y cuidado por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado.

8) Adicionalmente, una vez analizados los medios de prueba aportados al expediente
y efectuada la revisión del proceso en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama

4 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-01444-

00. MP Jorge Octavio Ramírez.

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Acción de tutela

Judicial -SAMAI, esta Sala constató que el 12 de agosto de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió los recursos de apelación presentados por el señor Juan
David Morales Herrera y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito.

9) En esa medida, la Sala considera que no se configura una mora judicial, por cuanto
la autoridad judicial demandada ha desplegado las gestiones necesarias para adelantar
todas las etapas del proceso, sin que el simple retardo genere una mora judicial atribuible
a la Sección Primera del Consejo de Estado.

10) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración
alguna de los derechos fundamentales del demandante que sea susceptible de amparo
por la vía de tutela.

11) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la acción de tutela frente a la mora judicial para tramitar el proceso
de protección de los derechos e intereses colectivos, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03691-00
Actor (a): Juan David Morales Herrera
Acción de tutela

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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