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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02026-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02026-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Persides Rosa Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2025-02026-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02026-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de julio de 2025

Demandante: Persides Rosa Morales y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02026-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02026-01
Demandantes: PERSIDES ROSA MORALES Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, el 14 de mayo de 2025. En ese fallo se declaró improcedente
la acción de tutela «por no cumplir con el requisito de identificación razonable de
hechos y vulneración».

1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela

1. La señora Persides Rosa Morales y otros1, actuando a nombre propio,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2.
Con la solicitud de amparo pretenden que se les protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
«tutela judicial efectiva» e igualdad.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudican a la
providencia del 4 de diciembre de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada.
En dicha decisión se confirmó la providencia del 31 de julio de 2023 emitida por el
Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que negó las pretensiones
de reparación directa en contra la E.S.E Hospital Piloto de Jamundí3.

1 Marta Lucía Valencia Morales, Arley Valencia Artunduaga, Hernando Valencia Artunduaga y
Alexander Valencia Artunduaga.
2 La solicitud de amparo fue radicada 10 de octubre de 2024 a través de correo electrónico.
3 El medio de control se identificó con el radicado 76001-33-33-011-2019-00003-01.

1
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Demandante: Persides Rosa Morales y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02026-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos PERSIDES ROSA MORALES, MARTA
LUCIA VALENCIA MORALES, ARLEY VALENCIA ARTUNDUAGA, HERNANDO
VALENCIA ARTUNDUAGA y ALEXANDER VALENCIA ARTUNDUAGA, nuestros
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva vulnerados
con la emisión de la sentencia de segunda instancia No. 308 del 4 de diciembre de
2024 de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dr.
Víctor Adolfo Hernández Díaz) en el radicado 76001333301120190000300.

SEGUNDA. - Consecuencialmente, ORDENAR a la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dr. Víctor Adolfo Hernández Díaz) que dentro
del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del
fallo que así lo disponga, profiera nueva sentencia de segunda instancia revocando
el fallo de primer grado, y accediendo a las pretensiones de la demanda. (Sic a toda
la cita)

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. El día 30 de mayo de 2017 a la 1:33 p.m., el señor Fanor Valencia Morales
acudió al Hospital Piloto de Jamundí E.S.E. por urgencias. Esto, tras prestar
molestias estomacales por 3 días. El paciente fue atendido, puesto en observación
y tratado por gastritis aguda. A las 6:50 p.m. fue dado de alta.

6. El 31 de mayo de 2017 siendo las 12:34 a.m. el señor Valencia Morales
regresó al Hospital. Una vez fue examinado y tratado sin ninguna complicación, se
le dio de alta. Y, siendo aproximadamente las 7:56 pm el paciente ingresó
nuevamente sin signos vitales.

7. Según informe de necropsia 2017010176001001239 del 31 de mayo de 2017
proferido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la causa de la muerte fue
«peritonitis purulenta generalizada».

8. A raíz de los anteriores hechos, los señores Persides Rosa Morales y otros4
ejercieron el medio de control de reparación directa en contra del Hospital Piloto de
Jamundí E.S.E. Con la demanda solicitaron su declaratoria de responsabilidad
administrativa y extracontractual por los perjuicios derivados del fallecimiento del
señor Fanor Valencia Morales, por falla en la prestación del servicio médico. Y, en
consecuencia, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales.

4
Marta Valencia Artunduaga, Arley Valencia Artunduaga, Hernando Valencia Artunduaga y
Alexander Valencia Artunduaga.

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9. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió por reparto al
Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, quien mediante providencia
del 31 de julio de 2023 negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de
su decisión, consideró que la parte demandante no aportó ninguna prueba que
evidenciara la responsabilidad médica por error en el tratamiento. Expuso que, aun
cuando el error del diagnóstico constituía un indicio, por sí solo no era suficiente
para estructurar los elementos de la responsabilidad.

10. Inconforme con la decisión, los demandantes presentaron recurso de
apelación. En concreto, alegaron que la falla del servicio estaba probada en el error
del diagnósticas de la enfermedad. Adujeron que la autoridad interpretó de manera
errada los exámenes y ayudas diagnosticas en las consultas del paciente, omitió
realizar exámenes clínicos adicionales que requería para su situación de salud, no
empleó los recursos técnicos suficientes, etc.

11. En sentencia del 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca desató la alzada. Allí, confirmó lo resuelto por el juez de la primera
instancia.

12. Para explicar su decisión, refirió que el daño, traducido en la presunta falla
en la prestación del servicio de salud por parte del Hospital, estaba probado. No
obstante, adujo que el nexo de causalidad no estaba acreditado, en la medida que
el demandado actuó conforme a la lex artis al atender al señor Valencia Morales,
quien antes de acudir a urgencias llevaba 3 días automedicándose y por la posición
anómala del apéndice, se complicó el diagnóstico preciso.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte accionante afirmó que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca transgredió sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Agregó que la tutela reúne todos los
presupuestos generales de procedencia contra providencia judicial.

14. En lo que respecta a los requisitos específicos, mencionó que la autoridad
accionada incurrió en defecto fáctico, toda vez que distorsionó el mérito probatorio
de: i) la histórica clínica del paciente fallecido, ii) el testimonio del médico adscrito al
Hospital, iii) informe pericial de necropsia.

1.5. Trámite de primera instancia

15. En auto del 9 de abril de 2025, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

16. Adicionalmente, dispuso la vinculación del Juzgado 11 Administrativo de Cali,

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la E.S.E Hospital Piloto del Cauca y La Previsora S.A.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
17. El magistrado ponente de la decisión adujo que no transgredió los derechos
fundamentales invocados por el extremo activo. Precisó que para adoptar la
decisión efectuó un análisis integral de las intervenciones de las partes, en relación
con las reglas aplicables al régimen de responsabilidad del Estado en casos de falla
médica y los informes allegados al proceso, de los cuales se podía inferir que los
profesionales de la salud actuaron conforme a la lex artis al momento de atender al
paciente.

1.6.2. Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Cali

18. Se limitó a remitir el link del expediente digital 76001-33-33-011-2019-00003-
01.

1.6.3. E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí

19. Mediante apoderado judicial solicitó que se negara la solicitud de amparo,
dado que la misma no contiene una fundamentación que permita evidenciar la
necesidad de revisar la providencia reprochada, sin que en ninguna se hubiese
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, ni que su personal médico
hubiera incurrido en una falla del servicio.

1.6.4. Los demás terceros vinculados al presente trámite, pese a ser debidamente
notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

20. En sentencia del 14 de mayo de 2025 5, la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de identificación razonable de hechos y vulneración. Esto, tras considerar
que los accionantes no hicieron un reparo claro y directo en relación con cómo la
sentencia de segunda transgredió sus derechos fundamentales.

1.8. Impugnación

21. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, sin hacer
ninguna consideración sobre el particular.

5 Esta decisión fue notificada el 12 de diciembre de 2024. Cfr. Índice SAMAI N. º31. Exp. 11001-03-

15-000-2024-05514-00.

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1.9. Trámite en segunda instancia

22. El 2 de julio de 2025, la Doctora Gloria María Gómez Montoya se declaró
impedida para conocer de la presente acción constitucional. Para el efecto, adujo
que se encuentra incursa en la causal dispuesta en el numeral 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, con fundamento en que sostiene amistad
entrañable con la magistrada Zoranny Castillo Otalora quien hace parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y quien suscribió la decisión enjuiciada al interior
de la presente acción de tutela.

23. En providencia del 3 de julio del presente, la Sala declaró infundada la aludida
manifestación, con fundamento en que no se dan los presupuestos de configuración
de la causal.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2025
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

26. La Sala advierte que los accionantes están legitimados en la causa por
activa. Esto porque integraron el extremo demandante en el proceso de reparación
directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

27. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación el 14 de mayo de 2025.

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29. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 4 de
diciembre 2024 que confirmó la providencia del 31 de julio de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda reparación directa ejercida en contra de la E.S.E. Hospital Piloto de
Jamundí?

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.

31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o

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32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

34. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

35. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

36. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional12.

37. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

38. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

39. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».

40. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

41. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto

42. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero por
falta de relevancia constitucional. Esto, tras considerar que la parte actora identificó
mínimamente los hechos y la vulneración, no obstante, la controversia expuesta no
fue abordada en clave de derechos fundamentales, ni se desarrolló con el rigor
necesario para que el cargo por defecto fáctico endilgado a la providencia enjuiciada
fuera analizado de fondo.

43. Debe recordarse que la parte actora mencionó que la autoridad accionada
incurrió en defecto fáctico, toda vez que distorsionó el mérito probatorio de: i) la
histórica clínica del paciente fallecido, ii) el testimonio del médico adscrito al
Hospital, iii) informe pericial de necropsia.

44. Pues bien, según la jurisprudencia constitucional, para la procedencia de este
requisito específico de tutela contra providencia judicial, se requiere que la parte: i)
precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el
juez; ii) identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración
del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica; y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

45. En el sub judice, aun cuando el accionante identificó los elementos de juicio
que, en su sentir, no fueron debidamente valorados, lo cierto es que no realizó un
ejercicio hermeneútico que dé siquiera indicios de una tensión iusfundamental.
Tampoco es posible extraer cuál fue la regla de la sana crítica que se habría
desconocido, ni en realidad el análisis que debía realizarse a los elementos de
prueba, de manera que se lograra concluir el nexo de causalidad en la falla del
servicio.

46. Lo anterior permite inferir, a juicio de esta Sala, que la solicitud de amparo no
acredita el requisito de la relevancia constitucional. En esencia, de los argumentos
que sirven de sustento al accionante para alegar la procedencia de este defecto, no
es posible advertir la carga mínima argumentativa para analizar de fondo la
providencia objeto de tutela.

47. Inclusive, de una revisión a priori de la sentencia cuestionada, llama la

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atención que el fallador se pronunció sobre los elementos de juicio que identificó la
parte actora y, de su análisis concluyó la existencia del daño:

Con el acervo probatorio de las atenciones brindadas al paciente, se encuentra
probado el daño, traducido en la presunta falla en la prestación del servicio de salud
por parte del Hospital Piloto de Jamundí, consistente en un supuesto error en el
diagnóstico de la enfermedad denominada “apendicitis” que padeció el señor Fanor
Valencia Morales, y que evolucionó a una “peritonitis purulenta generalizada”,
evidenciada luego de la necropsia realizada el 1 de junio de 2018 por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

48. No obstante, ello no le permitió comprobar la existencia del nexo de
causalidad:

Si bien es cierto, hubo un error en el diagnóstico, dicha responsabilidad no puede
ser atribuida al Hospital Piloto de Jamundí porque los médicos actuaron conforme a
los recursos disponibles, con diligencia y cuidado al practicarle el siguiente
tratamiento según los síntomas que refería y presentaba: Hemograma, hematocrito,
recuento de eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma], hioscina n-butil bromuro
ampolla x 20 mg/ml, solución inyectable, #1, ev, du, ranitidina (clorhidrato) ampolla
50 mg/2 ml, solución inyectable, #1, ev, du, sodio cloruro solución inyectable 0,90%
bolsa x 500ml, solución inyectable, #2, ev, du, sodio cloruro solución inyectable
0,90% bolsa x 100ml, solución inyectable, #2, ev, du. Adicionalmente, institución
ordenó la práctica de una endoscopia.

49. Lo anterior permite advertir que lo perseguido es reabrir un debate probatorio
acerca de la idoneidad de los elementos de convicción. Discusión que fue
adelantada en doble instancia por los jueces naturales de la controversia y de la
cual emana una evidente inconformidad por el accionante al no resultarle favorable
la decisión adoptada por la autoridad accionada.

50. Por lo anterior, la sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por no acreditarse el presupuesto
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Persides Rosa Morales y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02026-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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