Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02063-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02063-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02063-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01
Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01
Demandante: EDISSON HERNANDO JARA CARRILLO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO – Se
configura en este caso, porque la autoridad judicial declaró configurada la caducidad del medio
de control sin contar con respaldo probatorio.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 8 de abril de la presente anualidad, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo, a través
de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia, con ocasión de las providencias de primera y segunda
instancia proferidas, en su orden, el 6 de agosto y el 17 de octubre de 2024, en el marco
del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2024-00143- 00/01.
Formuló las siguientes pretensiones:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante
y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 6 de agosto de 2.024, y el
auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de octubre de 2.024, en
el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de EDISSON HERNANDO JARA
CARRILLO, radicado No. 73001-33-33-010-2024- 00143-00, así como también las
actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 10 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con
lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se
vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.
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Se advierte que el 30 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Edisson Hernando
Jara Carrillo demandó al Municipio de Ibagué, al Departamento del Tolima y a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la afectación a sus
derechos humanos que devino como consecuencia de las condiciones de hacinamiento
carcelario que tuvo que soportar entre el 27 de agosto de 2021 y hasta el 7 de octubre
de 2022, en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Ibagué – Tolima.
4. De acuerdo con la boleta de detención 538 emitida por el Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, el señor Edisson Hernando
Jara Carrillo fue capturado, el 27 de agosto de 2021, por la conducta punible de hurto
calificado y agravado. Dicha detención estuvo a cargo de la Policía Metropolitana de
Ibagué en las instalaciones de la Permanente Central hasta el 7 de octubre de octubre
de 2022, fecha en la cual fue trasladado a las instalaciones del Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué COIBA.
5. El 19 de enero de 2023, en respuesta a la petición presentada por la apoderada del
demandante el 17 de enero anterior, el subintendente de la Policía Metropolitana de
Ibagué, a través de oficio 2023-003124-METIB / COSEC-DISPO-29.25, certificó el
porcentaje de hacinamiento carcelario existente en las salas de la Permanente Central
de la Policía de Ibagué así: para 2020 un 408%, para 2021 un 514%, para 2022 un 561%
y para 2023 un 563%.
6. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-010-2024-00143-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, que, mediante auto del 6 de
agosto de 2024, rechazó la demanda, por considerar que operó la caducidad del medio
de control. Para motivar su decisión, argumentó que el demandante tuvo conocimiento
de las condiciones de hacinamiento a las que presuntamente fue sometido desde el
primer día de reclusión – 27 de agosto de 2021 – y adujo que «prueba de ello es el Oficio
GS-2023-003124 del 19 de enero de 2024 emitido por el subintendente de la Policía
Metropolitana de Ibagué, donde se le informa al apoderado de la parte actora, el
porcentaje de hacinamiento para el año 2021 en las instalaciones del Permanente
Central de Ibagué, el cual correspondía al 514%», tal circunstancia, en su criterio,
permitía «entender la magnitud de hacinamiento para la fecha en que ingresó el señor
Jara Carrillo a las instalaciones del Permanente». No obstante, la solicitud de conciliación
extrajudicial se presentó el 10 de abril de 2024 y la demanda el 14 de junio siguiente, es
decir, extemporáneamente.
7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el término de caducidad no debía contabilizarse desde el momento de la
detención en la Permanente Central de Policía de Ibagué, sino que el daño se prolongó
durante todos los meses que el detenido permaneció recluido en dicha estación, es decir,
hasta el 7 de octubre de 2022. En ese sentido, refirió que la decisión recurrida dejaba
fuera de la órbita procesal el último día que el demandante estuvo detenido en el referido
establecimiento carcelario y desconocía que solo a partir de ese momento cesó el
perjuicio por causa del hacinamiento.
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8. En auto del 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión de primera instancia. A su juicio, el daño que supuestamente padeció el
demandante es de ejecución instantánea, pues «las condiciones propias del
hacinamiento son evidentemente notables, al punto que como se indicó afectan la
cotidianidad de las personas que la (sic) padecen». Con fundamento en lo anterior,
concluyó que el señor Jara Carrillo, tuvo conocimiento del daño desde el primer día que
estuvo recluido en la Permanente Central de Policía de Ibagué, es decir, desde el 27 de
agosto de 2021, mientras que la solicitud de conciliación se presentó el 10 de abril de
2024 y la demanda el 14 de junio siguiente, es decir, como efectivamente lo previó el a
quo, aquella se radicó fuera del término establecido por la ley para promover el medio de
control de reparación directa.
9. Asimismo, esgrimió que, en un asunto de contornos similares2, la Sección Tercera de
esta Corporación, ha indicado, respecto de la caducidad del medio de control en asuntos
de hacinamiento carcelario, que «aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo
del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa
o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño».
10. En el escrito de tutela, el señor Edisson Jara Carrillo alegó que la providencia antes
citada adolece de los siguientes defectos: i) desconocimiento del precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre la
caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en los que se
pretende la reparación de perjuicios por daños continuados y ii) material o sustantivo,
sustentado en que la referida inobservancia al precedente jurisprudencial representa una
vulneración al principio de igualdad ante la ley y se traduce en una verdadera afectación
a su derecho a obtener una tutela judicial efectiva dentro del marco de un Estado Social
de Derecho.
11. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, expuso
que el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia, pues inobservaron el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado y de los Tribunales Administrativos del Quindío, del Tolima y de Antioquia.
12. Puntualmente, se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, dictada por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el marco del proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), por medio de
la cual se determinó que el término de caducidad del medio de control en estos eventos
debe contabilizarse desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento del
estado de hacinamiento en que se encontraba.
13. Asimismo, citó varias providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del
Quindío3, el Tribunal Administrativo de Tolima4 y el Tribunal Administrativo de Antioquia5
todas relacionadas con la forma en que, en su criterio, debe contabilizarse el término de
2 Específicamente, citó la providencia del 6 de diciembre de 2022, dictada en el marco del proceso con
radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque.
3 Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 8 de noviembre de 2024,
radicado: 63001-3333-005-2024-00227-01, M.P: Luis Javier Rosero Villota.
4 Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024, radicado: 73001- 33-33-
001-2024-00124-01, M.P: Luis Eduardo Collazos Olaya.
5 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de enero de 2024,
radicado: 05001 33 33 029 2019 00033 01, Magistrada Ponente: Liliana P. Navarro Giraldo.
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caducidad del medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula
a condiciones derivadas del hacinamiento carcelario.
14. Por otra parte, trajo a colación la sentencia SU - 113 del 8 de noviembre de 2018 de
la Corte Constitucional sobre la definición y alcance del precedente jurisprudencial en
sus dos formas – vertical y horizontal – y los requisitos que debe agotar el operador
judicial que, en virtud de la autonomía judicial de la que goza por mandato constitucional,
decide apartarse del precedente establecido.
15. Con fundamento en lo anterior, señaló que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un yerro en la interpretación y aplicación de la ley en el caso en concreto,
pues el daño causado con ocasión de las condiciones de hacinamiento carcelario a las
que fue sometido en la Permanente Central de Ibagué es de carácter sucesivo o
continuado, lo que quiere decir que el término de caducidad debió empezar a
contabilizarse, por lo menos, desde el día siguiente al momento en el que cesó la
causación del daño, es decir, desde el 8 de octubre de 2022.
16. No obstante, indicó que, si el criterio a adoptar es que la caducidad debe contarse
desde el momento en que tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento a las
que fue sometido, tampoco sería viable que en el caso bajo análisis se configuró la
caducidad del medio de control concluir – como erradamente lo hicieron las autoridades
judiciales accionadas –, pues lo cierto es que solo tuvo certeza sobre el referido daño
una vez la Policía Metropolitana de Ibagué, mediante oficio del 19 de enero de 2023, le
informó que las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 personas,
y las antiguas instalaciones de espacio público para 20, lo que se traduce en un
porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022.
17. Por último, relacionó nueve sentencias del Consejo de Estado6 y cinco de la Corte
Constitucional7 en las que, según afirmó, se razonó sobre la caducidad del medio de
control de reparación directa cuando el daño causado es de carácter continuado.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de junio de 2015, Rad.
25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01
(22867), M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG), M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de junio de
2017, Rad. 76001-23-33-000-2014-00839-01 (54799), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de junio de 2016, Rad. 11001-03-15-000-
2015-02405-01(AC), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 9 de diciembre de 2013, Rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01 (48152), M.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de
diciembre de 2005, Rad. 54001-23-31-000-1993-07753-01 (14801), M.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2004,
Rad. 25000-23-26-000-1995-00814-01 (18273), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de marzo de 2018, Rad. 68001-23-31-000-
2010-00605-01 (49396), M.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 2 de marzo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
7 Corte Constitucional, sentencia C-115 del 25 de marzo de 1998, Exp. D-1822, M.P. Hernando Herrera
Vergara; Corte Constitucional, sentencia T-191 del 20 de marzo de 2009, Exp. T-2123838, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia T-342 del 29 de junio de 2016, Exp. T-5402, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Corte Constitucional, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, Exp.
T-9792873, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; Corte Constitucional, sentencia T-238 del 4 de julio de 2023,
Exp. T-8998593, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
B. Trámite impartido e intervenciones
18. Mediante auto del 10 de abril de 20258, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, y vinculó a la Procuraduría 216 Judicial I
para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, en calidad de
tercera con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
19. El Tribunal Administrativo del Tolima9 allegó copia digitalizada del proceso de
reparación directa con radicado 73001-33-33-010-2024-00143-01, pero no se pronunció
respecto de la solicitud de amparo.
20. El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué10 adujo que este instrumento
constitucional sólo es procedente cuando la conducta que vulnera o puede vulnerar los
derechos fundamentales de las partes tiene connotación de una vía de hecho, de modo
que resulta improcedente cuando la actuación judicial es «legítima».
21. Asimismo, señaló que en el caso bajo estudio no se evidencia la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, por cuanto, de acuerdo
con la jurisprudencia de esta Corporación, una interpretación adecuada de la garantía
establecida en el artículo 228 constitucional, conlleva a señalar que el derecho de
comparecencia ante la jurisdicción, de ninguna manera implica la inobservancia de los
procedimientos previamente establecidos por la legislación, antes, por el contrario, el
derecho de acceso la administración de justicia conlleva una estricta sujeción de los
procedimientos y una plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
establecidas en la ley.
22. Finalmente, destacó que la acción de tutela no fue instituida como una tercera
instancia del proceso ordinario, ni como una herramienta para modificar decisiones
judiciales que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, pues, de ser así, se anularían los
efectos de cosa juzgada y la seguridad jurídica de las decisiones judiciales.
23. La Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría
General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la
demanda.
24. El 6 de mayo de 202511, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
impedimento para conocer del presente asunto, porque su cónyuge se encuentra
vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General
de la Nación, entidad que fue demandada en el proceso de reparación directa dentro del
cual se profirió la decisión a la cual el señor Edisson Hernando Jara Carrillo le atribuye
la presunta vulneración de sus derechos.
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SAMAI, índice 4 del expediente de tutela en primera instancia.
9 SAMAI, índice 10 del expediente de tutela en primera instancia.
10 SAMAI, índice12 del expediente de tutela en primera instancia.
11 SAMAI, índice 14 del expediente de tutela en primera instancia.
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Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
25. Mediante auto del 8 de mayo de 202512, el magistrado sustanciador del proceso en
primera instancia declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez.
C. Fallo impugnado
26. En sentencia del 8 de mayo de 202513, la Sección Quinta de esta Corporación declaró
improcedente los cargos por defecto material o sustantivo y violación directa a la
constitución, por falta de carga argumentativa mínima para cuestionar la validez de las
providencias censuradas; y negó el amparo en relación con el cargo por desconocimiento
del precedente jurisprudencial.
27. Argumentó que, en la providencia censurada, el Tribunal Administrativo del Tolima
realizó un análisis normativo y jurisprudencial mediante el cual puso de presente que el
daño padecido por el actor es de ejecución instantánea, independientemente de que el
mismo genere efectos en el tiempo.
28. Con fundamento en lo anterior, consideró que la autoridad judicial accionada no
incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, ya que, en su criterio, a
partir de los antecedentes narrados por el propio accionante era dable colegir que no
existe una posición unificada en relación con la caducidad del medio de control de
reparación directa cuando se alega el daño antijurídico derivado de las condiciones de
hacinamiento carcelario; criterio que, además, no le correspondía fijar y, menos aún, en
sede de tutela.
D. Impugnación
29. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación14. Solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia, por considerar que en estos casos debe
dársele primacía a los principios pro homine y pro actione, con lo que se evitaría el
desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
cuando se acoge una interpretación más restrictiva.
30. Adicionalmente, sostuvo que el hacinamiento en cárceles y centros de detención
transitoria constituye una violación grave y continua de los derechos humanos y
fundamentales de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, validar la
interpretación restrictiva que adoptó el Tribunal Administrativo del Tolima en la
providencia censurada – relacionada con que el conocimiento del daño devino desde el
primer día en que el accionante estuvo recluido en la Permanente Central de Policía de
Ibagué – limita artificialmente la vulneración de sus derechos humanos por las
condiciones de hacinamiento a las que fue sometido, y desconoce los compromisos
internacionales asumidos por Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad.
31. En esa misma línea argumentativa, expuso que la postura de la autoridad judicial
accionada, según la cual el término debe contabilizarse desde el primer día de reclusión
– por considerar que el conocimiento del daño se produjo en ese momento –, no sólo es
12 SAMAI, índice 17 del expediente de tutela en primera instancia.
13 SAMAI, índice 18 del expediente de tutela en primera instancia.
14 SAMAI, índice 27 del expediente de tutela en primera instancia.
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Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
discutible, sino también desproporcionada frente al estándar de protección reforzada que
debe otorgarse a las personas privadas de la libertad. Lo anterior, además, según afirmó,
no es lógico ni racional, teniendo en cuenta que dicha conclusión carece del respaldo
probatorio necesario para arribar válidamente a ella.
32. Asimismo, citó una providencia proferida por esta Sala de conocimiento en el marco
del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01176-0015, en la que, a su
juicio, pese a tratarse del mismo asunto, sí se ampararon los derechos fundamentales
del entonces accionante.
33. Para concluir, indicó que, de conformidad con lo expuesto, el juez de tutela omitió
«valorar adecuadamente la prueba del carácter continuado del hacinamiento», y señaló
que, al aceptar la caducidad declarada por la autoridad judicial accionada, se está
negando al accionante toda posibilidad de que se investigue la responsabilidad estatal
por los daños que se le causaron.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que negó el amparo, en relación con el cargo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, solicitado por el señor Edisson Hernando Jara Carrillo contra el Tribunal
Administrativo del Tolima.
G. Análisis de la Sala
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
36. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto de segunda instancia
censurado fue proferido el 17 de octubre de 2024 y notificado el 25 del mismo mes y año,
mientras que la solicitud de amparo se presentó el 8 de abril de 2025, esto es, dentro de
los seis meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable.
37. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-01176-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01
Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
38. Subsidiariedad16. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
39. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
40. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que sustentan los
defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de
los recursos extraordinarios.
41. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
42. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente17 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
43. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
44. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante la Sala concluye que la
solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto se discute la vulneración
de derechos de raigambre constitucional, como los de: acceso a la administración de
justicia, a igualdad y al debido proceso, a través de argumentos que advierten sobre un
posible yerro que condujo a adoptar una decisión judicial sin respaldo probatorio y
16
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
17 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Edisson Hernando Jara Carrillo
desconociendo el criterio fijado por la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos
en los que se pretende la reparación de perjuicios asociados con el hacinamiento
carcelario.
45. Lo anterior, por cuanto las autoridades judiciales accionadas rechazaron la demanda
de reparación directa formulada por el accionante, bajo el argumento de que aquel tuvo
conocimiento de las condiciones de hacinamiento por las que reclama, desde el
momento en que ingresó a la Penitenciaría Central de Ibagué, es decir, desde el 27 de
agosto de 2021, pues «las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente
notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad de las personas que la
padecen», lo que lo habilitaba a acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a solicitar la reparación de los perjuicios que ahora, luego de que terminara
su reclusión, pretendía reclamar.
46. Para el accionante, dicha decisión pasó por alto el criterio jurídico fijado por esta
Corporación sobre la forma en que debe contabilizarse el término de caducidad del medio
de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a condiciones
derivadas del hacinamiento carcelario, así como sobre la determinación objetiva del
momento a partir del cual debe contarse dicho término cuando el daño es de carácter
sucesivo o continuado y, aún más grave, desconoció que dicho plazo debe contarse
desde el momento en que el afectado obtiene la certeza sobre la causación del daño.
Circunstancias que, en su sentir, vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
47. En ese sentido y dado que, de demostrarse lo anterior, se estaría ante una decisión
que impuso al accionante una barrera injustificada para acceder a la administración de
justicia, en el caso concreto, la Sala estima necesario realizar el análisis de fondo del
cargo planteado en la demanda y que fue objeto de impugnación. Además, en el evento
en que se configurara el defecto endilgado a la providencia censurada, dicho yerro
tendría tal incidencia en ella que podría alterar el sentido de la decisión.
H. Análisis de los defectos alegados
48. En el caso de estudio, el señor Edisson Hernando Jara Carrillo solicitó que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia, vulnerados con ocasión de las providencias del 6 de agosto
y del 17 de octubre de 2024, proferidas, en su orden, por el Juzgado Décimo
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en virtud de las cuales
se declaró configurada la caducidad del medio de control de reparación directa, bajo el
argumento de que el conocimiento sobre las condiciones de hacinamiento existentes en
la Permanente Central de Policía de Ibagué devino en el mismo momento en que aquel
ingresó a las instalaciones de dicho centro de reclusión, de modo que el plazo para
presentar oportunamente la demanda se extendió hasta el 28 de agosto de 2023,
mientras que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó solo hasta el 10 de abril
de 2024.
49. En el escrito de tutela la parte accionante censuró las providencias del 6 de agosto y
del 17 de octubre de 2024, porque, a su modo de ver, adolecen de defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, material o sustantivo y por violación
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02063-01
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directa a la constitución. El primero, por cuanto las autoridades judiciales accionadas
desatendieron el precedente jurisprudencial – vertical y horizontal – relacionado con la
forma en la que debe contabilizarse el término de caducidad en los eventos en los que
el daño se asocia a condiciones de hacinamiento carcelario y, al obviar la existencia de
dicho precedente, concluyeron, desacertadamente, que el señor Jara Carrillo tuvo
conocimiento del daño cuya reparación pretendía desde el momento en que ingresó a
las instalaciones de la Penitenciaría Central de Policía de Ibagué. El segundo y el tercero,
porque, según afirmó, tal yerro constituye un defecto que compromete el derecho del
accionante a obtener una tutela judicial efectiva.
50. Sin embargo, la Sala observa que, aunque el accionante identificó que los supuestos
defectos de los que adolecen las providencias censuradas son los de desconocimiento
del precedente jurisprudencial, material o sustantivo y violación directa a la constitución,
lo cierto es que, previo a definir la aplicación de cierto criterio jurisprudencial,
correspondía a las autoridades judiciales accionadas definir adecuadamente la situación
fáctica a partir de los elementos materiales probatorios allegados por las partes o
solicitadas por ellas; de modo que, los argumentos expuestos en el escrito de amparo se
orientan más bien a destacar una supuesta omisión probatoria.
51. Así, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional18 ha admitido que el juez
de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera
activa para brindar la adecuada protección de los derechos fundamentales, la Sala
analizará los reproches del accionante –específicamente los expuestos en la
impugnación– a la luz de la posible configuración de un defecto fáctico, por falta de
respaldo probatorio para adoptar la decisión.
52. En efecto, para el señor Jara Carrillo las autoridades judiciales demandadas llegaron
a la errada conclusión de que se había configurado la caducidad del medio de control,
porque aquel tuvo conocimiento del hecho dañoso desde el momento en que ingresó a
la Penitenciaría Central de Policía de Ibagué, sin considerar que en estos casos el daño
es de carácter continuado, ni que aquel solo obtuvo certeza sobre las condiciones de
hacinamiento a las que fue sometido cuando le fue comunicado el oficio GS-2024-
014515- METIB / COSEC-DISPO-13.0, por medio del cual la Policía Metropolitana de
Ibagué certificó el porcentaje de hacinamiento carcelario existente en el centro de
reclusión en el que permaneció recluido desde el 27 de agosto del 2021 hasta el 7 de
octubre de 2022.
53. Revisado el expediente ordinario y, en particular, la providencia de segunda instancia
cuestionada, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el auto
del 6 de agosto de 2024, bajo el siguiente razonamiento:
Corolario de lo indicado, es imperativo resaltar que el hacinamiento carcelario es un
problema estructural que se manifiesta cuando la cantidad de personas detenidas en
un centro de reclusión supera significativamente su capacidad física y logística. Este
fenómeno es común en el sistema carcelario del país, ya que genera una
sobrepoblación que excede los recursos disponibles, deteriorando las condiciones de
vida de los reclusos. En el caso de la Permanente Central de Ibagué, los datos
reflejan una grave situación, con porcentajes de hacinamiento que alcanzan el 514%
en 2021, el 561% en 2022 y el 563% en 2023. Estos indicadores evidencian que los
18 Corte Constitucional, sentencia T – 193 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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reclusos pueden llegar a ver menguado el modo de satisfacción de los derechos que
les asisten.
El hacinamiento no solo se trata de un número excesivo de reclusos, sino que sus
consecuencias afectan múltiples dimensiones del sistema penitenciario. En estos
escenarios, la falta de espacio físico se traduce en la sobreocupación de las celdas,
lo que genera una falta de privacidad y de condiciones mínimas de habitabilidad. El
acceso a servicios básicos como agua, alimentación adecuada, atención médica y
medidas sanitarias se ve limitado, lo que incrementa el riesgo de enfermedades
transmisibles y la violencia entre los internos. En el caso de la Permanente Central
de Ibagué, la cifra del 514% en 2021 señala que, en ese año, había casi seis veces
más personas de las que el centro está en capacidad de albergar, lo que agrava
todos los problemas asociados a la reclusión masiva.
Además de las dificultades cotidianas, el hacinamiento también repercute en la
eficiencia de la administración de justicia. Los altos índices de sobrepoblación como
los reportados entre 2021 y 2023 en la Permanente Central de Ibagué afectan la
capacidad del personal penitenciario para garantizar el orden y el control dentro de
los recintos, lo que genera un ambiente propenso a disturbios y motines. La
sobrecarga también impacta negativamente en los programas de resocialización y
rehabilitación, que resultan insuficientes para atender a toda la población carcelaria,
limitando las posibilidades de reinserción social de los internos.
Vemos entonces que las condiciones propias del hacinamiento son
evidentemente notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad
de las personas que la padecen, respecto de lo cual se tiene que para efectos del
vértice de partida de la caducidad se establece que el Consejo de Estado ha indicado
respecto de la caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario
que “aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad
para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en
que el demandante tuvo conocimiento del daño”19. Así las cosas, frente a la posición
del apelante de entender que el hecho dañoso causado en circunstancias de
hacinamiento carcelario obedece a un daño de tracto sucesivo y/o continuado, resulta
una postura jurídica que se separa de la postura jurisprudencial traída a colación.
(…)
Seguidamente, es preciso establecer entonces la fecha cierta en que el demandante
tuvo conocimiento del daño para efectos de realizar el conteo del término de
caducidad, para lo cual nos referimos a que como se indicó el hacinamiento carcelario
presenta rasgos característicos que afligen la cotidianidad de la persona que lo
padece, al punto de afectar la cotidianidad, pues aunado a lo ya descrito
anteriormente, el mismo demandante en su escrito de demanda precisó que tuvo que
padecer referido hacinamiento en los 13 meses y 10 días mientras estuvo recluido
en la Permanente Central, permitiendo concluir que desde el primer día en el lugar
evidenció el daño.
54. Del razonamiento anterior, lo primero que llama la atención de la Sala es que el
Tribunal accionado no relacionó ningún elemento de convicción que lo condujera a
concluir que el señor Mendoza Rincón tuvo conocimiento cierto de las condiciones de
hacinamiento a las que, según se afirmó en la demanda de reparación directa, fue
sometido. Por el contrario, se limitó a indicar que aquellas eran «evidentemente
notables», es decir, acudió a una apreciación subjetiva carente de sustento probatorio
19 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, C.P. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE; Sentencia del 6 de diciembre de 2022, Radicación número:
05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) Actor: William Alberto Molina Sánchez y otros, Demandado:
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y otro, Referencia: Medio de control de reparación
directa Caducidad aplicable en asuntos de hacinamiento carcelario.
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para arribar a la conclusión de que el entonces demandante tuvo conocimiento del daño,
porque el hacinamiento constituía un hecho notorio.
55. Por otro lado, en este caso, se evidencia que el Tribunal accionado sí efectuó un
juicio sobre el argumento expuesto en el recurso de alzada contra el auto del 6 de agosto
de 2024, relacionado con la posible continuidad del daño, que pudo haber determinado
el momento en el que el demandante acudió a la jurisdicción; no obstante, fundó su tesis
de que se trataba de un daño de ejecución instantánea, sobre una serie de supuestos no
acreditados en el proceso y que, se insiste, corresponden a hipótesis carentes de
sustento probatorio. Circunstancia que, en criterio de esta Subsección, refuerza el yerro
en que incurrió la autoridad judicial accionada.
56. Lo anterior, da cuenta de que en aquel momento procesal la autoridad judicial
accionada carecía de los medios probatorios para llegar razonable y fundadamente a la
conclusión de que el demandante no acudió oportunamente a la jurisdicción e,
implícitamente, que no se trataba de un daño continuado, más aún, desconoció que al
proceso se allegó el oficio GS-2024-014515- METIB / COSEC-DISPO-13.0, por medio
del cual la Policía Metropolitana de Ibagué certificó lo siguiente:
57. Al respecto, como acertadamente lo destacó la parte actora en la impugnación, esta
Sala en anteriores oportunidades ha concluido que ante la existencia de una dificultad
de índole probatoria que no puede ser superada en la etapa inicial del proceso, como en
este caso, el fallador puede diferir el análisis de la caducidad del medio de control hasta
la sentencia, pues en una etapa posterior del trámite podría contar con los elementos de
juicio suficientes para establecer con certeza si operó no la caducidad, en aras de no
limitar contundentemente el acceso a la administración de justicia en estos eventos.
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58. Concretamente, se ha precisado20:
En reiteradas oportunidades, esta Corporación21 ha puntualizado que, en aras de
hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el análisis de la
caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea
posible determinar con claridad el momento en que debe empezar a contabilizarse,
pues en una fase posterior del proceso se contará con mayores elementos
probatorios para establecer con certeza si operó o no la caducidad. Ello puede
resultar pertinente en un caso como este, en el que el demandante solicitó la práctica
de otras pruebas, para complementar la información fragmentada e incompleta que
le suministraron las autoridades accionadas.
La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe resolver
el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que no sacrifican
el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en las que el acervo
probatorio aportado con la demanda no permite definir lo relativo a la caducidad. De
tal manera que, corresponde al juez natural evaluar la información con que cuenta y
adoptar una decisión, que encuentre sustento en el material probatorio. Lo que no es
admisible es que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los
elementos fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.
Según la jurisprudencia constitucional22, dicha causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales emerge cuando el juzgador carece
del apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta la decisión.
Uno de los supuestos en los que se puede presentar la configuración de dicho yerro,
es cuando el operador judicial da por acreditadas ciertas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde la decisión que adopta, como ocurrió en el caso bajo
estudio respecto a la fecha de conocimiento del daño y el momento en que
concurrieron las condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción”
59. Siguiendo con el análisis de la providencia censurada, se tiene que el Tribunal
accionado argumentó que esta Corporación, en asuntos similares 23, «ha indicado
respecto de la caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario
que “aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para
demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el
demandante tuvo conocimiento del daño”».
60. En este punto, precisa la Sala que, en la sentencia del 6 de diciembre de 2022,
invocada como fundamento para adoptar la decisión censurada por la autoridad judicial
accionada, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación razonó:
William Alberto Molina Sánchez estuvo recluido en el pabellón número dos de la
cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde el 27 de septiembre de 1997
hasta el 4 de diciembre de 2000 (f. 89 c. 1). El 9 de marzo de 2000, William Alberto
Molina Sánchez solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia que
mediara para que le permitieran terminar la condena en el centro carcelario del
20 Ver, por ejemplo, las siguientes providencias: sentencia del 5 de mayo de 2025, Rad. 11001-03-15-000-
2025-01176-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 19 de mayo de 2025, Rad. 11001-03-
15-000-2025-02071-00, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
21 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, C.P. Nicolas
Yepes Corrales; auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, C.P. María Adriana
Marín.
22 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.
23 En concreto se refirió a la sentencia del 6 de marzo de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el marco del proceso de reparación directa con radicado Radicado
05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Distrito Judicial de Medellín Bellavista, pues sabía que su vida corría peligro en caso
de ser trasladado a otro centro carcelario (f. 150, c. 1). El 2 de mayo de 2000, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Medellín ordenó que William Alberto Molina Sánchez
permaneciera recluido en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, tal y
como lo solicitó a través de la Defensora del Pueblo Regional de Antioquia (f. 147 c.
1).
Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad
demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de
Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las
condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la
demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el
10 de marzo de 2002.
61. Quiere decir lo anterior, que en la providencia antes citada la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación arribó a la conclusión de que el allí demandante
tuvo conocimiento del daño en una fecha cierta –9 de marzo de 2000–, a partir de un
elemento de juicio obrante en el expediente –solicitud realizada por el privado de la
libertad a la Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia–, que le permitía establecer
que la parte demandante estaba al tanto de las condiciones de reclusión en la fecha
antes referida.
62. Desde luego, tal razonamiento no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional, pues la decisión adoptada se profirió con fundamento en las pruebas
efectivamente allegadas al plenario, que le otorgaban certeza a la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación sobre el momento en que el entonces demandante
tuvo conocimiento del hecho dañoso. No obstante, se insiste, en este caso, la autoridad
judicial accionada concluyó que la demanda se presentó extemporáneamente, sin
relacionar ni un solo elemento de convicción que fundamentara tal aseveración y bajo la
simple consideración de que, al momento en que señor Jara Carrillo ingresó a la
Penitenciaría Central de Policía de Ibagué, las condiciones de hacinamiento carcelario
eran «evidentemente notorias».
63. De acuerdo con la doctrina24 y la jurisprudencia25, un hecho notorio es una
circunstancia fáctica de conocimiento general, «cuya existencia puede invocarse sin
necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle
en capacidad de observarlo»26. Aquel, además, puede ser actual o permanente, no se
24 Para el profesor Hernando Devis Echandía, en el libro Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I,
Sexta edición, «existe notoriedad suficiente para eximir de prueba a un hecho, sea permanente o
transitorio, cuando en el medio social donde existe o tuvo ocurrencia, y en el momento de su apreciación
por el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del saber humano a
que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza
sobre tal hecho, en forma que no le deje dudas sobre su existencia presente o pasada, mediante sus
conocimientos previos o la investigación privada que haga o por las pruebas aducidas con ese propósi-to.
Si el juez no tiene certeza acerca de la notoriedad del hecho, entendida de esa manera, debe rechazarlo,
a menos que aparezca demostrado por los medios de prueba que la ley permita utilizar para ello; pero en
la hipótesis contraria debe tenerlo por cierto, sin exigir prueba específica y aun cuando las partes estén de
acuerdo en afirmar lo contrario o una de ellas lo discuta» Pag. 219.
25 Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, Exp. 34349, C.P. Hernán
Andrade Rincón
26 Corte Constitucional, sentencia C-145 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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requiere que el conocimiento sea universal y basta con que las personas de mediana
cultura y el juez lo conozcan27.
64. Al tenor del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, un hecho notorio no requiere ser
probado en juicio, justamente, por su evidencia o carácter público.
65. Si bien las circunstancias de hacinamiento carcelario que se presentan en el sistema
penitenciario y carcelario en Colombia son de público conocimiento28, lo cierto es que,
de cara razonamiento expuesto en la providencia censurada, se observa que el Tribunal
accionado acudió, de manera imprecisa, al concepto de hecho notorio para sugerir que
era evidente que en la Penitenciaría Central de Policía de Ibagué se presentaban
condiciones de hacinamiento carcelario, que pudieron ser advertidas por el demandante
desde el mismo momento en que ingresó a las instalaciones del referido centro de
reclusión.
66. De manera que no resulta admisible que el Tribunal accionado hubiera prescindido
injustificadamente de las pruebas requeridas para sostener que en el caso de estudio se
configuró la caducidad, bajo el argumento de que, al momento del ingreso del accionante
a la Penitenciaría Central de Policía de Ibagué, tal centro de reclusión se encontraba en
condiciones de hacinamiento «evidentemente notables».
67. Tal razonamiento, configura un defecto fáctico que constituye un vicio de validez
atribuible a la providencia del 17 de octubre de 2024.
68. Así las cosas, la Sala concluye que la decisión contenida en el auto del 17 de octubre
de 2024 carece de respaldo probatorio y, por ende, vulnera el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia del señor Edisson Hernando Jara Carrillo. En
consecuencia, se revocará la sentencia del 8 de mayo de 2025 y, en su lugar, se dejará
sin efectos la providencia censurada, con el fin de que el Tribunal Administrativo del
Tolima profiera una decisión de reemplazo en la que se privilegie el principio pro actione,
en garantía del acceso a la administración de justicia del aquí accionante.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta
de esta Corporación, por medio de la cual se negó el amparo solicitado por el señor
Edisson Hernando Jara Carrillo.
27 Manual de Derecho probatorio, Jairo Parra Quijano, Décima Tercera Edición ampliada y actualizada,
ediciones Librería del profesional, 2002, página 132.
28 En sentencia SU-122 de 2022, la Corte Constitucional admitió que, hasta ese momento, había declarado
en dos ocasiones anteriores el estado de cosas del Sistema Penitenciario y Carcelario y la política criminal
en Colombia y determinó que «las estaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y demás centros
y establecimientos donde las personas detenidas, procesadas y condenadas son recluidas antes de
ingresar a un establecimiento penitenciario o carcelario también se encuentran en un estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente, ligado al que ya ha sido declarado en el Sistema Penitenciario y
Carcelario y en la política criminal».
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SEGUNDO. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
del señor Edisson Hernando Jara Carrillo, por lo razonado en la parte motiva.
TERCERO. Como consecuencia, dejar sin efectos el auto del 17 de octubre de 2024,
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación
directa con radicado 73001-33-33-010-2024-00143-01, para que, en el término de veinte
(20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una
decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
CUARTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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