Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02145-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02145-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02145-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
29 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: GUSTAVO DE JESÚS ÁLZATE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Accidente por caída de un árbol. Deniega solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gustavo de Jesús Álzate y otros contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de abril de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon
Jairo Zapata Ramos pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30
de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que revocó la
decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda
de reparación directa con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Sírvanse señores Magistrados, DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
sala tercera de decisión, al proferir sentencia del treinta de enero de 2025, dentro del proceso de
reparación directa interpuesto en contra de NACIÓN. MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS,
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, tramitado con el Radicado No. 66001-33-33-001-2019-00121-02
(A-1233-2022), han violado a los accionantes los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al libre acceso a la Administración de Justicia, desconocido por esta entidad al revocar la
sentencia de primera instancia proferida por el juzgado primero administrativo de Pereira, la cual había
acogida las pretensiones de los demandantes en forma parcial, materializándose defecto fáctico,
defecto material o sustantivo, defecto de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
jurisprudencial del mismo Tribunal accionado así como del Consejo de Estado, violación directa de la
constitución Política.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se proceda a:
3. CONCEDER a los actores el amparo de los derechos fundamentales, a la Igualdad, al Debido
Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.
4. Se DECRETE dejar sin efecto la providencia con fecha treinta (30) de enero de 2025, proferida por
la Sala tercera de Decisión del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA.
5. Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, según
corresponda, proferir fallo de segunda instancia de reemplazo donde se reconozca para los
demandantes todos los perjuicios solicitados en el proceso de reparación directa bajo el radicado
66001-33-33-001-2019-00121-02 (A-1233-2022); se reconozca a los demandantes el derecho a ser
indemnizados por los perjuicios ocasionados y probados en el transcurso del proceso.
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6. Se ORDENE igualmente, que en dicha sentencia de reemplazo se haga con base en la realidad
fáctica, la aplicación de la ley 1228 de 2008, que se reconozca el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado, con base en lo anterior se concedan las pretensiones, y como efecto de lo anterior se
confirme la sentencia de primera instancia y se, concedan los perjuicios ocasionados a los actores,
además que se tenga en cuenta el recurso de apelación interpuesta por la parte demandante, toda vez
que fue eso lo que se apeló respecto del fallo de primera instancia, la cual no reconoció unos perjuicios
de orden material a los actores, los cuales estaban causados, el cumplimiento de fallo conforme a lo
ordenado por la ley. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 6 de mayo de 2017, Gustavo Adolfo Álzate Osorio y John Jairo Zapata Ramos se
dirigían en motocicleta a su lugar de trabajo, en la empresa Agregados de Occidente,
ubicada en la vía que comunica los municipios de la Virginia y el Apía. Durante el
recorrido, a la altura del kilómetro 24+250, sector el Rin, una palma de cachipay se
desprendió y les cayó encima, lo que generó la muerte instantánea del señor Gustavo
Adolfo Álzate Osorio y lesiones al señor John Jairo Zapata Ramos
Por estos hechos, dos grupos familiares conformados, por un lado, por Gustavo de Jesús
Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Rosa María Pérez y, por
otro lado, por John Jairo Zapata Ramos, en nombre propio y en representación de la
menor AKZG, Gloria Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina y Noralba Ramos Ussa,
promovieron demanda de reparación directa contra el Ministerio de Transporte, el
INVÍAS y el departamento de Risaralda, para que fueran declarados patrimonialmente
responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión del accidente ocurrido el
6 de mayo de 2017.
La demanda se adelantó bajo el radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Pereira que, por sentencia del 30 de
septiembre de 2022: i) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Risaralda y del Ministerio de Transporte, ii) declaró responsable al
INVÍAS del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017 en el que perdió la vida Gustavo
Adolfo Álzate Osorio y resultó lesionado John Jairo Zapata Ramos, iii) condenó al INVÍAS
en costas y al pago de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral a todos los
demandantes y de daño a la salud a John Jairo Zapata Ramos, así como perjuicios
materiales por concepto de lucro cesante consolidado y futuro para este último y, iv)
condenó a las compañías aseguradoras Mapfre Seguros Generales de Colombia y la
Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagar los valores pecuniarios a que había sido
condenado el INVÍAS, como consecuencia de esa sentencia y en atención al límite
pactado en la póliza 2201214004752.
Señaló que el daño estaba acreditado con el fallecimiento de Gustavo Adolfo Álzate
Osorio y las lesiones que padeció John Jairo Zapata Ramos, a causa del accidente
ocurrido el 6 de mayo de 2017, cuando les cayó encima una palma. Que el régimen de
responsabilidad aplicable era el de falla del servicio.
Que la carretera en la que ocurrieron los hechos era administrada por el INVÍAS, por lo
que era procedente declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Risaralda y el Ministerio de Transporte.
Que el riesgo era previsible, porque las actividades de mantenimiento del INVÍAS no
podían sujetarse a la rocería y limpieza de cunetas, puesto que, según dijo, era su
obligación vigilar los corredores viales afectados por las lluvias.
Dijo que el INVÍAS tuvo posibilidades reales de prever la caída de la palmera y que ese
era un evento inmerso en su actividad. Que, a pesar de tratarse de un hecho de la
naturaleza, era posible evitarlo, debido a que la entidad estaba en condiciones de
informar a la autoridad ambiental y al propietario del predio donde se encontraba ubicada
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la palma para que se tomaran las decisiones correspondientes que evitaran la caída de
la palma.
Inconformes, el INVÍAS, las llamadas en garantía Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., la Previsora S.A. y la parte demandante apelaron.
El INVÍAS adujo que el talud en el que se encontraba la palma que ocasionó el accidente
era única y exclusivamente de cuidado, guarda y custodia del propietario del predio
privado en el que se encontraba. Que no le correspondía cuidar, conservar y custodiar
los bienes privados y que tampoco tenía competencias de autoridad ambiental para
intervenir el árbol. Que la palma no se encontraba en riesgo y lo que ocasionó su
derrumbe fueron las lluvias, lo que, a su juicio, configuraba el eximente de
responsabilidad de hecho impredecible, irresistible de la naturaleza.
La llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. manifestó que el
INVÍAS cumplió con su obligación de realizar mantenimiento adecuado a la vía y que en
su trabajo de verificación de vegetación no hubo evidencia o reporte de riesgo de caída
de la palma ni inestabilidad del talud. Que situaciones como la estudiada en ese proceso
no estaban cubiertas por la póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita con
esa entidad.
La Previsora S.A. sostuvo que la caída de la palma no era un hecho previsible para el
INVÍAS y que esa caída se debió a un fenómeno natural derivado de fuertes lluvias. Que
el predio en el que se encontraba la palma era propiedad de un privado. Que el INVÍAS
cumplió con las funciones que le correspondían. Que la decisión apelada había incurrido
en indebida valoración probatoria, porque se había probado el eximente de
responsabilidad denominado hecho de la naturaleza imprevisible e irresistible.
La parte demandante expuso que no se reconocieron, cuando sí se debió hacerlo,
perjuicios en la modalidad de lucro cesante futuro respecto de Gustavo de Jesús Álzate
Álzate e Inés Soledad Osorio y perjuicios por daño a la salud o daño a la vida en relación
respecto de Gloria Milena Padilla.
Por sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión, revocó la decisión apelada, para en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda, al estimar que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria de acreditar la imputación del daño al INVÍAS, puesto que, a su juicio, no se
demostró la relación de causalidad entre el daño sufrido por los demandantes y la
omisión que se le pretendía imputar a la entidad, relacionada con desatención o
incumplimiento de deberes silviculturales y de arborización.
Una magistrada que integra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de
Decisión, salvó su voto al considerar que se debió confirmar la sentencia de primera
instancia, porque, a su juicio, sí se había acreditado la responsabilidad del INVÍAS en el
hecho dañoso.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al expediente
del proceso ordinario, tales como el informe policial de accidente de tránsito
C000135507, el informe ejecutivo de policía judicial FPJ-3, el informe de inspección
técnico del cadáver FPJ10, el informe de investigador de laboratorio FPJ14, el informe
de investigador de campo FPJ11, la entrevista realizada por la Fiscalía General de la
Nación al bombero Kilderman Bustamante, la entrevista realizada al agente de policía
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Juan Carlos Osorio, el Oficio Dt-RIS100748 que, según dijo, informó que la franja vial
era de 45 metros, el inventario forestal elaborado por el consorcio vial Risaralda 2013, el
Oficio DT-RIS 1000780 del 17 de agosto de 2017 suscrito por el INVÍAS, el Oficio
DTRIS49908 del 6 de noviembre de 2018, el Oficio 2018000002761 del 14 de marzo de
2018 expedido por el IDEAM, el Oficio 00907-16828 del 25 de julio de 2018 proferido por
la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento
de Risaralda, el Oficio 10565 del 17 de julio de 2017 dictado por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, el estudio de suelo elaborado por los ingenieros
Ramón Aníbal Ospina y Ramón Eduardo Ospina y las pruebas testimoniales, que dicen,
daban cuenta que para el INVÍAS era previsible la ocurrencia del derrumbe y la caída de
la palma. Que el INVÍAS no intervino, el talud ni la palma cuando debió hacerlo y que no
realizó el mantenimiento de la vía.
Que durante tres años el INVÍAS no intervino la palma, que la palma no se encontraba
en condiciones fitosanitarias saludables. Que la supervisión que hacía el INVÍAS se hacía
con fundamento en un estudio desactualizado realizado tres años antes de la ocurrencia
de los hechos, que no tenía en cuenta los riesgos que genera el paso del tiempo.
Que la palma no estaba cercada, lo que permitía al INVÍAS tener acceso a la planta para
realizar observaciones y mantenimiento. Que la palma estaba dentro del área de
responsabilidad del INVÍAS, por lo que, a su juicio, debía intervenir para evitar riesgos
para los usuarios de la vía.
Que no se acreditó si la palma se le había realizado alguna intervención técnica o
científica.
Que la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre los fundamentos expuestos
en los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera
instancia.
Defecto sustantivo por inaplicar la Ley 1228 de 20081 y la Resolución 0005133 de
20162, que, según dijo, imponen deberes de prevención a las entidades públicas, aun
cuando los objetos peligrosos se encuentren en predios privados adyacentes a la vía.
Dijo que no era dable exonerar de responsabilidad al INVÍAS por el solo hecho de que la
palmera estuviera en un predio privado, debido a que, a su juicio, la mencionada ley
ordenaba que el área de intervención era de 45 metros desde el eje vial y, según dijo, la
palma se encontraba a 4 metros.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso con
radicado 17001-23-31-000-2003-01318-01, en la que, según la parte actora, se accedió
a las pretensiones de una demanda con supuestos fácticos y jurídicos idénticos a los
estudiados en el proceso con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
5. Trámite procesal
Por auto del 22 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal administrativo de Risaralda, y como terceros con interés, al ministro de trasporte,
al gobernador del departamento de Risaralda, al director del INVÍAS, a los presidentes
de la Previsora S.A. compañía de seguros, Axa Colpatria seguros S.A., Seguros del
Estado S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia, a la señora Rosa María Pérez,
1 << Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones>>
2 <<Por l cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras
o Red Vial Nacional correspondiente al INSTITUTO NACIONL DE VÍAS – INVÍAS>>
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Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramo Ussa, la menor AKZG
y a la juez primera administrativa de Pereira.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 25 de abril de 2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda, ponente de la decisión
cuestionada, hizo un recuento del fundamento de la sentencia del 30 de enero de 2025,
para señalar que, la acción de tutela no tiene relevancia constitucional, porque se utiliza
como una instancia adicional del proceso ordinario.
Que la parte actora no agotó los medios ordinarios y extraordinarios que tenía a su
disposición para la defensa de sus derechos fundamentales, tales como el recurso
extraordinario de revisión.
Que no se configuró el defecto fáctico alegado por los tutelantes, porque la decisión
enjuiciada contó con el apoyo probatorio necesario, que permitió concluir que los medios
de prueba aportados no eran suficientes para estructurar la responsabilidad del Estado.
Dijo que la parte actora no demostró la configuración de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la solicitud de amparo.
Las señoras Rosa María Pérez, Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina,
Noralba Ramo Ussa y la menor AKZG, manifestaron coadyuvar a los tutelantes y
pidieron que se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
El Departamento de Risaralda pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
y, subsidiariamente, que se denegara la solicitud de amparo y se le desvinculara del
presente trámite constitucional.
Señaló que no se configuraron los defectos alegados por los demandantes, que el
tribunal demandado fundamentó su decisión en una adecuada valoración probatoria, que
respetó garantías procesales y tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial aplicable al
caso concreto.
Que los tutelantes contaban con otro medio de defensa judicial como lo era el recurso
extraordinario de revisión. Que no es la autoridad accionada ni fue quien dictó la
providencia acusada, por lo que, según dijo, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. solicitó que se denegaran
las pretensiones de la parte actora porque no demostraron la vulneración de sus
derechos fundamentales.
El Ministerio de Transporte pidió su desvinculación, al estimar que no tiene legitimación
en la causa por pasiva, debido a que los fundamentos de la acción de tutela no guardan
relación con las funciones que desempeña esa cartera ministerial.
El INVÍAS se opuso a las pretensiones formuladas por los accionantes, al considerar que
no se han vulnerado sus derechos fundamentales. Manifestó que la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados, porque su decisión se basó en un
minucioso examen del acervo probatorio allegado al proceso, no se soportó en normas
inexistentes o inconstitucionales y tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicable.
El Juzgado 1º Administrativo de Pereira se limitó a compartir el enlace del proceso
ordinario, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.
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La Previsora S.A. compañía de seguros, Axa Colpatria seguros S.A., Seguros del
Estado S.A. guardaron silencio, pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona de la sentencia del 30 de enero de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que denegó sus pretensiones.
Por su parte, el Departamento de Risaralda y el Ministerio de Transporte pidieron su
desvinculación, al estimar que carecen de legitimación en la causa por pasiva. No
obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de terceros con interés, porque actuaron como demandados en el proceso de
reparación directa con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Gustavo
de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata
Ramos para dejar sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 66001-33-
33-001-2019-00121-00/02.
La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado
no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en distinto sentido, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada el 5 de
febrero de 2025, de modo que fue efectivamente notificada el 7 del mismo mes y año, y
la demanda de tutela fue radicada el 10 de abril de 2025, esto es dos meses y tres días
después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala Plena de esta
Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de
segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no
parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en
el artículo 250 del CPACA.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 30 de enero de
2025.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en: i) Defecto fáctico
por indebida valoración del material probatorio allegado al expediente del proceso
ordinario, que daban cuenta que el INVIAS era responsable del fallecimiento de Gustavo
Adolfo Álzate Osorio y de las lesiones de John Jairo Zapata Ramos, por omitir intervenir
y supervisar la palma que le cayó encima, iii) Defecto sustantivo por inaplicar la Ley
1228 de 2008 y la Resolución 0005133 de 2016 y, iii) Desconocimiento del precedente
fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, en el proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-
01318-01.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02 y al análisis realizado por
la autoridad judicial demandada en la sentencia del 30 de enero de 2025.
En el expediente ordinario obran, entre otras, las siguientes pruebas:
• Registro civil de defunción del señor Gustavo Adolfo Álzate Osorio, en el que se indicó
que falleció el 6 de mayo de 2017.
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• Informe de accidente de tránsito nº C-000135507 del 6 de mayo de 2017, que registró,
entre otras cosas, la caída de un árbol en condiciones climáticas de lluvia, en el kilómetro
24+250, sector el Rin, que generó el deceso del señor Gustavo Adolfo Álzate Osorio y
lesiones al señor John Jairo Zapata Ramos, que las víctimas se movilizaban en una
motocicleta con sus cascos y que el árbol cubrió toda la vía.
• Oficio del 6 de abril de 2017, dirigido a la Fiscalía Seccional de Apia, en el que se
reportó el accidente con persona fallecida.
• Epicrisis del señor John Jairo Zapata Ramos, quien ingresó el 6 de mayo de 2017 a
urgencias por lesiones generadas con la caída encima de una palma.
• Informe de investigación de laboratorio en el que se indicó que la motocicleta en la que
se movilizaban las víctimas directas estaba en buenas condiciones generales.
• Imágenes de inspección al cuerpo del señor Gustavo Adolfo Álzate Osorio y al lugar de
los hechos.
• Entrevista realizada por la Fiscalía General de la Nación al bombero que atendió el
accidente como primer responsable, en el que informó que el señor Álzate Osorio fue
encontrado debajo de la palma sin vida, que el día estaba muy lluvioso y la planta se
cayó por un deslizamiento del terreno.
• Respuesta a una petición elevada por John Jairo Zapata Ramos, en la que el INVÍAS
informó que no habían atendido casos similares en el sector, que no había recibido
solicitudes de intervención de las plantas del sector y que realizaron inspecciones a la
zona.
• Contrato No. 02121 del 2016, suscrito para la administración vial de las carreteras
nacionales a cargo de la Dirección territorial de Risaralda y el Contrato No. 1155 de 2016,
que tenía por objeto el mantenimiento rutinario de las vías a cargo el INVÍAS, entre las
que se encontraba la vía en la que ocurrieron los hechos.
• Oficio DT-RIS 49908 del 6 de noviembre de 2018, en el que el INVÍAS informó al señor
John Jairo Zapata Ramos, entre otras cosas, que las palmeras que se encontraban en
la zona en la que ocurrieron los hechos fueron cortadas con posterioridad al accidente
por los propietarios de los predios y los habitantes de la zona.
• Constancia de alerta de amenaza de deslizamiento en el departamento de Risaralda,
con alerta naranja, que identificó potenciales deslizamientos.
• Oficio 000907-16828 del 25 de julio de 2018, en el que la Coordinación Departamental
de Gestión de Riesgo de Desastres de Risaralda indicó, entre otras cosas, que durante
los meses de abril y mayo de 2017 el departamento de Risaralda se encontraba
atravesando temporada de lluvias.
• Oficio 10565 del 17 de julio de 2017, por medio del cual la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda daba respuesta a una petición elevada por el señor Gustavo de
Jesús Álzate y le informaba que luego de una visita realizada el 14 de julio de 2017, pudo
constatar que la inestabilidad del talud se podía evitar por medios técnicos.
• Dictamen y contradicción del dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral, que
determinó que el señor John Jairo Zapata Ramos había perdido el 52,1% de su
capacidad laboral. Además, señaló como fecha de estructuración el 6 de mayo de 2017.
• Dictamen y contradicción del dictamen de estudio de suelo del talud donde se ubicaba
la palma que cayó sobre Gustavo Adolfo Álzate Osorio y John Jairo Zapata Ramos.
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• Lo testimonios de dos ingenieros del INVÍAS que manifestaron, entre otras cosas, que
la caída de la palma obedeció a un derrumbe en el talud en donde se encontraba la
planta, ocasionado por lluvias persistentes.
• El testimonio de Luz Elena Castañeda Blandón, quien dijo que era vecina del señor
Gustavo de Jesús Álzate y relató por lo que pasaron los familiares del señor Gustavo
Adolfo Álzate Osorio luego de su fallecimiento.
• El testimonio de Gilberto de Jesús Berrío Muñoz, quien dijo que trabajaba con señor
Gustavo de Jesús Álzate y también relató por lo que pasaron los familiares del señor
Gustavo Adolfo Álzate Osorio luego de su fallecimiento.
• El testimonio de John Fredy Vargas Granada, quien dijo que trabajó con el señor Jhon
Jairo Zapata Ramos y relató por lo que pasó este último y su familia después del
accidente.
• El testimonio de Jorge Uber Castaño Toro, quien dijo que era amigo del Jhon Jairo
Zapata Ramos y relató por lo que pasó el señor Zapata Ramos y su familia después del
accidente.
Ahora bien, la autoridad judicial demandada, en la sentencia del 30 de enero de 2025,
explicó que, la responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito ocasionados por la
presunta omisión o desatención de las obligaciones a cargo de autoridades públicas
debía estudiarse bajo el régimen de falla en el servicio, de acuerdo con la sentencia del
9 de julio de 2018 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el proceso con
radicado 76001-23-31-000-2007-00010-01(40250).
Que el Estado estaba obligado a efectuar las labores necesarias para cumplir con el
mantenimiento de la red vial y que debía responder en dos eventos: << 1) cuando conozca
las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de
materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de tránsito y 2) cuando
incurra en omisión de sus tareas de conservación y mantenimiento rutinario y periódico de la
infraestructura vial, responsabilidad que acarreará mayor exigencia si se demuestra que los
daños u obstáculos permanecieron sobre la vía durante un tiempo razonable para actuar, sin que
la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remoción, reparación o
señalización necesarias para restablecer la circulación normal en la vía, evento en el cual se
deben evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de determinar la
razonabilidad del tiempo, valoración que debe ser más estricta si se llega a demostrar que el
hecho anormal que presentaba la vía fue puesto en conocimiento de la accionada y que ésta
omitió el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de
aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad6>>.
Que la falla en el servicio se configuraba con la existencia de tres elementos: i) el daño,
ii) la demostración del mal estado de la vía o de los elementos que la conformaban como
las palmeras y taludes, o la acreditación de que era previsible el desprendimiento de
materiales aledaños a la carretera y, iii) la demostración del nexo causal.
Acto seguido, el tribunal demandado tuvo por acreditado el daño, consistente en el
fallecimiento del señor Gustavo Álzate Álzate y las lesiones padecidas por el señor John
Jairo Zapata Ramos que le dejaron secuelas y una pérdida de capacidad laboral del
52.1%.
Frente a la imputación señaló que el mantenimiento y conservación de la vía en la que
ocurrieron los hechos correspondía al INVÍAS, de acuerdo con los testimonios de los
ingenieros Pabón Estupiñán y Mejía Cárcamo adscritos a esa entidad, el oficio DT-RIS
100748 del 17 de agosto de 2017 y la contestación de la demanda de la misma entidad.
6 Cita del testo original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2019,
expediente 08001-23-31-000-1998-12332-01(47569)
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Que el predio donde se encontraba la palmera que ocasionó el daño a los demandantes
era privado, de acuerdo con la información suministrada en la contestación de la
demanda del INVÍAS y las pruebas testimoniales. Pero precisó que ese solo hecho no
eximía de responsabilidad a la entidad, debido a que, por las características físicas de la
palma, su altura, grosor y estado fitosanitario, el INVÍAS estaba en la obligación de
ejercer vigilancia sobre las mismas, respetando los límites que impone la propiedad
privada, que indicaban que la tala, corte, poda y retiro de la palma no podía realizarse a
criterio únicamente del INVÍAS.
Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, tuvo en
consideración el informe de policía de tránsito C000135507, el informe ejecutivo de
policía judicial FPJ-3, el informe de primer responsable FPJ-4, el informe de acto de
inspección de cadáver, todos los anteriores del 6 de mayo de 2017, la entrevista del
bombero Bustamante Ruíz del 19 de mayo de 2017, la entrevista realizada al policía
Juan Carlos Osorio del 11 de julio de 2017, que daban cuenta que, el 6 de mayo de 2017,
a las 7:40 a.m. se presentaron lluvias que generaron varios derrumbes en la ruta en la
que se presentó el accidente.
Manifestó que, de lo anterior, se podía inferir que esas condiciones lluviosas influyeron
en el deslizamiento de la palma que causó el daño reclamado.
Trascribió apartes del dictamen pericial rendido por los ingenieros civiles Ramón Aníbal
Ospina y Ramón Eduardo Ospina y de su correspondiente contradicción, para concluir:
• Que el día de los hechos y los días que lo antecedieron se registraron lluvias en el
sector, información que corroboró con las comunicaciones aportadas por la subdirección
meteorológica del Instituto de Hidrología, Meteorológico y Estudios Ambientales, en la
que se relacionó el promedio de lluvias de los meses de abril y mayo de 2017, así como,
los boletines sobre seguimiento y pronóstico de amenaza por deslizamiento, en los que
se indicaba una probabilidad moderada y alta de deslizamientos de tierra en el
departamento Risaralda.
• Que la afirmación que se hizo en el dictamen, relacionada con que la palmera no
contaba con raíces y estructura saludable, no encontraba respaldo probatorio, porque el
dictamen se había elaborado un año y cuatro meses después de los hechos y con
fundamento en imágenes que no resultaban suficientes para darle credibilidad a esas
afirmaciones.
Que, por el contrario, en el oficio DT-RIS 100748 del 17 de agosto de 2017, proferido por
el director territorial del Instituto Nacional de Vías de Risaralda, se había señalado: <<lo
anterior confirma que la causa del volcamiento de la palmera NO fue el estado de la misma, sino
el deslizamiento del talud causado por la saturación del suelo debido a las fuertes lluvias propias
de la temporada invernal>>.
Dijo que en el inventario forestal de la vía en la que ocurrieron los hechos no se advertía
la necesidad de intervención de la palmera que causó el siniestro. Que, de acuerdo con
el testimonio de la ingeniera Pabón Estupiñán, los árboles que se identificaron en ese
inventario con riesgo fueron intervenidos y que si la palma no se intervino fue porque no
era necesario.
Que, por lo anterior, no existía certeza de que la palma se encontrara en mal estado
fitosanitario y, por el contrario, se advertía que la palma no estaba en mal estado.
La autoridad judicial demandada también afirmó que, no había certeza de la ubicación
de la palma, porque el perito y los ingenieros del INVÍAS dieron declaraciones
contradictorias, pero ninguno aportó pruebas que acompañaran sus declaraciones.
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Que carecía de fuerza probatoria la hipótesis de la parte actora relacionada con que la
palma se cayó porque sus raíces estaban expuestas debido a que en el lugar de los
hechos no había suficiente tierra donde pudiera anclarse. Que, por el contrario, sí se
había acreditado que en la época en la que ocurrieron los hechos se presentaron lluvias
que deslizaron el talud en el que se encontraba la palma, tales como el boletín del IDEAM
y el testimonio de los ingenieros del INVÍAS, que daban cuenta de una alerta naranja por
deslizamiento de lluvias.
Que el INVÍAS no podía prever la ocurrencia del derrumbe que provocó la caída de la
palmera, porque no se acreditó la inestabilidad del talud, el mal estado fitosanitario de la
palma, que la misma estuviera mal ubicada y que sus raíces estuvieran expuestas previo
al accidente. Que, por el contrario, sí se había demostrado las fuertes lluvias en la época
de los hechos, que provocaron varios derrumbes en la vía y que la palma no era una
especie en riesgo.
Que afirmar lo contrario sería aceptar que todo árbol que sufra una caída a causa de
lluvias genera responsabilidad. Que la caída de la palma fue un hecho de la naturaleza,
devenido en una circunstancia de fuerza mayor. Que era jurídicamente imposible
imputarle al INVÍAS la responsabilidad de los daños derivados del deslizamiento de tierra
en un predio privado.
Manifestó que el INVÍAS no podía prever que el 6 de mayo de 2017 se iba a presentar
un deslizamiento de tierra que produjera la caída de la palma, pues se había demostrado
que la entidad había ejecutado labores de inspección y mantenimiento de la vía y no
omitió la verificación física de la palma.
Que no se presentó evidencia que permitiera concluir que la palma debía ser removida,
cortada, intervenida o trasladada previo a la ocurrencia de los hechos. Que no era posible
estructurar la responsabilidad de la entidad a partir de una supuesta omisión en la
prevención del accidente, cuando no se había demostrado que la causa del siniestro
fuera la omisión de la entidad, por falta de control y mantenimiento del talud o de la
palma.
Que se encontraba probado el daño, pero no el nexo causal. Que el Estado únicamente
podía responder en aquellos casos en los que conocía una situación de peligro, pero no
tomó medidas adecuadas para evitarlo.
Que, en consecuencia, no era posible endilgarle responsabilidad al INVÍAS, porque la
parte demandante no demostró la configuración de los elementos de la responsabilidad.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que el análisis de la autoridad judicial demandada
no se enmarca en una indebida valoración probatoria, por cuanto no se separó de los
hechos debidamente probados en el proceso de reparación directa ni se trata de una
decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que, los demandantes del proceso
ordinario no acreditaron que el actuar del INVÍAS fuera la causa fehaciente de la caída
de la palma que generó el daño reclamado.
Que con el material probatorio aportado al expediente se constató que la caída de la
palma se produjo por lluvias que desestabilizaron el talud en el que se encontraba. Que
el hecho dañoso no podía ser previsible por parte del INVÍAS, debido a que no existían
indicios de que la palma no estuviera en las condiciones adecuadas.
En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <<una noción procesal que
consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para
que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan
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demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados
tales hechos>>7.
Es decir, las partes en los procesos de reparación directa desde la presentación de la
demanda y la contestación ya son conscientes del ejercicio probatorio que deben
desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que invocan y así
obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida, asumen las
consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que consagran el efecto
jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que proporciona las partes es el
que finalmente permite al funcionario judicial tomar la decisión que en derecho
corresponda.
Por esa misma razón, era deber de la autoridad judicial exigir a los demandantes que
acreditaran el nexo causal entre el daño reclamado y la presunta omisión por parte del
INVÍAS. máxime si se tiene en cuenta que esa era una circunstancia que definía si la
entidad demandada era patrimonialmente responsable del accidente ocurrido el 6 de
mayo de 2017, en el que perdió la vida el señor Gustavo Adolfo Álzate Osorio y resultó
lesionado el señor John Jairo Zapata Ramos.
La Sala no advierte que la decisión cuestionada contenga errores sustanciales y que
estos provengan directamente de deficiencias en la valoración probatoria, a tal punto que
no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un análisis integral del
material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió arribar a la conclusión
razonable que la parte actora no acreditó el nexo causal del daño reclamado con la
presunta conducta omisiva de la entidad demandada en el proceso ordinario.
Por otro lado, para la Sala, el tribunal demandado no incurrió en defecto sustantivo, por
cuanto, lo dispuesto en la Ley 1228 de 20088 y la Resolución 0005133 de 20169, no tiene
ninguna injerencia sobre la sentencia del 30 de enero de 2025, puesto que el sentido de
esa decisión está relacionado con que la parte demandante no acreditó el nexo causal
entre el daño alegado y la conducta del INVÍAS. Adicionalmente, no se acreditó en el
proceso ordinario la ubicación exacta en la que se encontraba la palma que provocó el
accidente del 6 de mayo de 2017.
Finalmente, con relación al cargo por desconocimiento del precedente fijado en la
sentencia del 29 de agosto de 2016, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en el proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01318-01, la Sala
advierte que no se configuró, debido a que se trata de supuestos facticos distintos a los
estudiados en esta acción de tutela.
En la providencia del 29 de agosto de 2016, se estudió una demanda de reparación
directa relacionada con la muerte de siete personas por la caída de un árbol de 25 metros
de altura, cuando transitaban una vía nacional, en esa ocasión se declaró la
responsabilidad patrimonial del INVÍAS porque, de acuerdo a las pruebas aportadas al
proceso, se pudo determinar que era probable el volcamiento de ese árbol por sus
condiciones de bajo soporte, derivadas de la superficialidad de su raíz y que la entidad
no realizó acciones tendientes a prevenir ese accidente, aun cuando tenía conocimiento
del estado en que se encontraba el árbol.
7 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007.,
pág. 249.
8 << Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones>>
9 <<Por la cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras
o Red Vial Nacional correspondiente al INSTITUTO NACIONL DE VÍAS – INVÍAS>>
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En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para denegar la solicitud de
amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados
por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento de Risaralda y
el Ministerio de Transporte.
2. Denegar la solicitud de amparo presentada por Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad
Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata Ramos, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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