Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2007-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2007-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2007-00010-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de julio de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA / DEBER DE SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA - Omisión / NORMAS DE TRÁNSITO - Incumplimiento / CONCURRENCIA DE CULPAS - Configurada
[L]a Sala resalta que el daño, entendido como la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado, fue probado con el acta de levantamiento de su cadáver, la necropsia médico legal y su registro civil de defunción. Estos medio de prueba determinaron que falleció en un accidente de tránsito acaecido en el barrio Las Américas de Palmira (…) [L]a Sala encuentra acreditado que se configuró la falla del servicio consistente en la omisión de reparar el desnivel presente en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 de Palmira, que significaba un peligro para los usuarios y transeúntes. Tampoco colocó señales que advirtieran a los ciudadanos de su presencia, aunque el municipio conocía el mal estado de la vía, dado que la Junta de Acción Comunal del barrio Las Américas se lo comunicó en varias ocasiones, incluso antes de que ocurriera la colisión de Cuéllar Delgado con un árbol, pero la entidad hizo caso omiso a las peticiones de la comunidad y prescindió tomar los correctivos del caso (…) [L]a Colegiatura concluye que el mal estado de la vía hizo que Cuellas Delgado colisionara con un árbol, pero que la magnitud del golpe que causó su deceso, casi inmediatamente, muestra que la víctima fatal conducía a alta velocidad. Además, se comprobó que dio positivo para estado de embriaguez, por lo que se trataba de un conductor que no cumplió las normas de tránsito. Por consiguiente, el accidente en el que perdió la vida Luis Hernán Cuéllar Delgado obedeció a la concurrencia de culpas entre la administración y la propia víctima (…) Por consiguiente, la Sala confirmará la responsabilidad de la demandada por la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 de Palmira. Sin embargo, la condena a imponer será reducida en 50 %, por las razones anotadas anteriormente.
CONCURRENCIA DE CULPAS - Concausa / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRÁNSITO / USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD - Omisión / CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
La Sala observa que el comportamiento de la víctima no fue la causa exclusiva del daño, ya que se probó un incumplimiento de deberes legales por parte del municipio de Palmira respecto al mantenimiento de la vía en la que el actor perdió el control de la moto que conducía al pasar por un desnivel. No obstante, el proceder de Luis Hernán Cuéllar Delgado también incidió en el resultado dañoso, toda vez que no portaba elementos de seguridad y conducía la moto en estado de embriaguez.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO / DEBER DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VÍA PÚBLICA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN
En lo relativo a la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares en accidentes de tránsito como consecuencia de la omisión o desatención de las obligaciones a cargo de autoridades públicas, la Corporación señaló que el título de imputación aplicable es el subjetivo por falla en el servicio (…) En el caso de un accidente de tránsito es preciso determinar si la desatención o atención deficiente de los deberes legales en que incurrió la administración tuvo relevancia jurídica en el curso causal del daño, pues todos los eventos que producen un resultado lesivo no puede considerarse su causa, únicamente se configura como tal aquella que de acuerdo con la experiencia sea adecuada para producirlo. En este orden de ideas, la Sala puntualiza que la responsabilidad administrativa por omisión se declara cuando confluyen dos presupuestos: a) la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa que esta no atendió o no cumplió oportuna o satisfactoriamente y b) la virtualidad jurídica que tendría el cumplimiento de dicha obligación, es decir, si poseía la entidad suficiente para interrumpir el curso causal en la producción del daño.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 76001-23-31-000-2007-00010-01(40250)
Actor: LUIS HERNÁN CUÉLLAR GRANADA Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Falla del servicio
Subtema 1: Accidente de tránsito
Subtema 2: Señalización y mantenimiento de vías y caminos
Sentencia modifica
La Sala conoce el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010) que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Hernán Cuéllar Delgado falleció a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Las Américas del municipio de Palmira (Valle del Cauca). Los familiares del interfecto solicitan la reparación de perjuicios porque consideran que el suceso se produjo por el mal estado de la vía.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Los señores Luis Hernán Cuéllar Granada y Lorena Taguado Bejarano, esta última en nombre propio y en representación de Katherine y José Luis Cuéllar Taguado, presentaron demanda de reparación directa contra el Municipio de Palmira el 11 de enero de 2007.
Los actores solicitaron que se declarara responsable al municipio de Palmira por los perjuicios ocasionados por no pavimentar un tramo de la carrera 28 entre las calles 16 y 17 del barrio Petru (sic), hecho que originó un accidente de tránsito en el que falleció Luis Hernán Cuéllar Delgado.
De la misma manera, instaron al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales (perjuicios morales) padecidos.
Los demandantes sostuvieron como fundamentos de hecho de sus pretensiones que el municipio de Palmira incurrió en una falla del servicio por incumplir el deber de mantener en buen estado las vías y les causó un daño que no estaban en el deber jurídico de soportar.
Según el escrito de la demanda, la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Las Américas solicitó al gerente de obras públicas de la Alcaldía de Palmira su inclusión en el plan de reparcheo (sic) de las vías. El requerimiento se efectuó a través de derecho de petición del 26 de julio de 2004, en el que informaron a la administración el deterioro de la carrera 28 entre las calles 13 y 16 y el peligro que ello conllevaba. La Alcaldía de Palmira no contestó la petición.
El señor Luis Hernán Cuéllar Delgado se accidentó en la mencionada vía el 21 de mayo de 2005 y falleció. Por consiguiente, la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Las Américas solicitó de nuevo al municipio que efectuara las mejoras en la zona el 15 de febrero de 2006. La administración municipal tampoco contestó este requerimiento, entonces, la junta interpuso acción de tutela en la que se ordenó al municipio la adecuación y mejoramiento de las vías, incluida la carrera 28 entre las calles 13 y 16 del barrio Las Américas.
2.2. Trámite procesal relevante.
El municipio de Palmira no contestó la demanda.
La parte demandante alegó que la causa del accidente en el que perdió la vida Luis Hernán Cuéllar Granada fue el mal estado de la vía (deterioro en el pavimento, varios huecos en la zona de tránsito vehicular, levantamiento causado por las raíces de los árboles, forma irregular del terreno y falta de señalización que advirtiera el peligro) y la omisión de la administración de su deber de atender los avisos de la comunidad y repararla.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de primera instancia en la que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
Para comenzar, señaló que en los eventos de accidentes de tránsito por falta de señalización y/o mantenimiento de vías el título de imputación aplicable era el de falla del servicio y la parte demandante debía probar que la entidad demandada no cumplió con el deber legal de informar a la comunidad de la presencia de huecos en la vía pública.
Resaltó que la Ley 105 de 1993 precisaba que la obligación de mantenimiento y conservación de las vías urbanas correspondía a la Nación y las entidades territoriales y, de igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación estableció que la señalización de las vías públicas concernía a los municipios.
Seguidamente, abordó el caso concreto y refirió que las pruebas aportadas demostraron que Luis Hernando Cuéllar Delgado colisionó contra un árbol mientras se transportaba en una motocicleta por la carrera 28 No. 16 B - 17 de Palmira el 21 de mayo de 2005. Asimismo, subrayó que se acreditó que la vía presentaba una elevación del asfalto causado por las raíces de un árbol y que ello constituía un obstáculo (desnivel) para el desplazamiento normal de un vehículo y no había señal de tránsito para prevenir a los ciudadanos del peligro.
El Tribunal añadió que la demandada no ejerció su derecho de defensa para desvirtuar los supuestos que motivaron la demanda y que tal hecho constituía un indicio grave en su contra, según lo normado en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil.
Con base en lo anterior, consideró probada la falla del servicio imputable al municipio de Palmira, reflejada en la omisión de su deber de señalizar y mantener la vía pública en óptimas condiciones.
Por último, concedió cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a cada uno de los demandantes, excepto a José Luis Cuéllar Taguado, quien aportó copia simple de su registro civil de nacimiento y los testimonios practicados no comprobaron su condición de tercero damnificado.
También ordenó el pago de lucro cesante. Tomó como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente, pues el certificado de trabajo aportado por los demandantes no mostró el sueldo que el señor Cuéllar Delgado devengaba al momento de su muerte. Entonces, reconoció la suma de $17.584.564 para Lorena Taguado Bejarano (esposa) como lucro cesante consolidado y $41.561.029 como lucro cesante futuro. Para Catherine Cuéllar Taguado (hija) dispuso el pago de $5.861.521 como lucro cesante consolidado y $9.568.687 como lucro cesante futuro y, finalmente, calculó $4.927.955 como lucro cesante consolidado para Luis Hernán Cuéllar Granada, ya que era mayor de veinticinco años.
Por otro lado, negó lo solicitado por daño emergente, esto es, los gastos funerarios, traslado y manutención de los hijos del fallecido que vivían es España, al aducir que no fue probado.
2.4. El recurso de apelación contra la sentencia
La demandada solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda puesto que el municipio de Palmira realizaba mantenimiento permanente en la vía en la que ocurrió el accidente.
Señaló que el médico que practicó la necropsia a la víctima tomó una muestra que envió al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali para que realizara una prueba de alcoholemia. Por ende, requirió la obtención del resultado para que obrara como prueba en el expediente.
Agregó que el testigo Iovan Steven Correa Vivas aseveró que Luis Hernán Cuéllar Delgado conducía el automotor sin el casco reglamentario y los demás declarantes relataron que ingirió licor en una reunión antes del accidente, no habitaba en Palmira y no estaba acostumbrado a conducir una motocicleta. De ahí que no tuvo pericia para esquivar el obstáculo y colisionó contra el árbol. Además, algunas personas afirmaron que había un taxi estacionado en el lugar de los hechos y pudo contribuir al accidente.
2.5 Trámite en segunda instancia
El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó que se revoque la sentencia apelada. Manifestó que el análisis de alcoholemia practicado al fallecido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que se encontraba en estado de embriaguez y la prueba testimonial mostró que no portaba casco.
Por consiguiente, concluyó que el deterioro de la calzada no fue la causa determinante del accidente, sino que este se presentó por culpa exclusiva de la víctima, al ser el resultado de la imprudencia, impericia, imprevisión y negligencia de la víctima, quien conducía bajo los efectos del alcohol y no tomó las precauciones debidas para maniobrar una motocicleta.
Las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3. 1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito
La Sala es competente para resolver el asunto de la referencia porque el proceso tiene vocación de doble instancia por su cuantía. La pretensión mayor asciende a $7.378.560.000, monto superior a la cuantía de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el artículo 132 del C.C.A. y la Ley 954 de 2005 para que un proceso iniciado en el año 2007 tuviera vocación de doble instancia, esto es, $216.850.000.
En relación con la vigencia de la acción, la Sala resalta que el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado.
El daño alegado por la parte actora consistió en la muerte de Luis Hernán Cuellar Delgado, ocurrida el 21 de mayo de 2005. En consecuencia, la demanda interpuesta el 11 de enero de 2007 estaba en término.
Sobre la legitimación en la causa por activa, se verifica que Lorena Taguado Bejarano probó ser la esposa de Luis Hernán Cuéllar Delgado y Luis Hernán Cuéllar Granada y Katherine Cuéllar Taguado demostraron ser sus hijos, a través de sus respectivos registros civiles de matrimonio y nacimiento.
En lo relativo a José Luis Cuellar Taguado, el a quo consideró que acreditó la calidad de hijo de la víctima, debido a que allegó su registro civil de nacimiento en copia simple y las declaraciones recaudadas no lo mostraron como tercero damnificado.
Pues bien, la Sala denota que en principio podría modificarse la decisión, en aplicación del precedente actual de esta Sección en relación con las copias simples, pero su competencia se restringe a los argumentos señalados por la demandada en el recurso de apelación, quien funge como apelante único, entonces, le está vedado realizar tal modificación.
Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, la Colegiatura comprueba que el municipio de Palmira está llamado fáctica y materialmente a concurrir al proceso, por cuanto los demandantes formularon sus pretensiones indemnizatorias contra este y le atribuyeron el daño, esto es, la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado por accidente de tránsito en una vía de la municipalidad.
3.2. Sobre los hechos probados
Los demandantes aportaron varios documentos en copia simple. La Sala insiste en el criterio recientemente establecido por la Sección Tercera frente a su valor como prueba, cuando obraron en el plenario a lo largo del proceso y fueron objeto de contradicción por las partes sin que las tacharan de falsas, evento en el que son susceptibles de valoración e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio. De no ser así, se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal.
Del mismo modo, se observa copia auténtica de la investigación adelantada bajo el radicado interno No. 750417 por la Fiscalía 146 Seccional de Palmira que buscó establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaeció la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado. En lo relativo a la eficacia probatoria de la prueba trasladada, la Sala manifestó que deben verificarse los presupuestos del artículo 185 del C.P.C. para que se les dote de valor como prueba y se aprecien sin la exigencia de formalidades adicionales.
De ahí que la Colegiatura valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, al constatar que fueron puestos en conocimiento de la demandada y esta no los tachó de falsos ni les restó mérito probatorio. En lo concerniente a la prueba testimonial, también será estudiada aunque no fue ratificada, pues la entidad demandada la trajo a colación para aseverar que el hoy occiso ingirió alcohol antes del accidente y no portaba casco.
La Sala también observa que la parte actora aportó dos recortes de prensa. Esta Corporación unificó su criterio en el sentido de decantar que la información difundida en los medios de comunicación no da certeza sobre los hechos referidos por la noticia, sino de su existencia e inserción en el medio representativo. Por lo tanto, los recortes de prensa serán cotejados con las demás pruebas que obran en el proceso para constatar la veracidad de su contenido.
Finalmente, la demandada solicitó la práctica de una prueba en segunda instancia, consistente en la obtención del resultado de la prueba de alcoholemia realizada al fallecido. Sin embargo, dicha prueba obra en el expediente.
3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño
Según la parte demandante, el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la muerte de Luis Hernán Cuellar Delgado, acaecida el 21 de mayo de 2003 en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 del barrio Las Américas de Palmira.
Para acreditar el daño y su carácter antijurídico, la parte actora demostró los siguientes hechos:
La Notaría Tercera de Palmira asentó la muerte de Luis Hernán Cuellar Delgado el 23 de mayo de 2005. En el registro consta que el fallecimiento ocurrió el 21 de mayo anterior en el referido municipio.
La URI de Palmira realizó la inspección a cadáver No. 133 del 21 de mayo de 2005. Señaló que Luis Hernán Cuéllar Delgado murió ese día en un accidente de tránsito a las 3:35 a.m. En relación con los antecedentes de la muerte, consignó que Robert Douglas Truque Ferry aseveró que se tomó unos tragos con el interfecto y otro joven momentos antes del suceso y que aquel iba como parrillero en una moto que se estrelló contra un árbol en la carrera 28 con calle 16.
La Unidad Básica de Palmira del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la necropsia médico legal Nro. 2006P-06040300226 al cadáver de Luis Hernán Cuellar Delgado el 21 de mayo de 2005. El galeno que la practicó concluyó que la causa de la muerte fue un trauma torácico abdominal cerrado que le produjo shock hipovolémico y anemia aguda y que la manera de muerte fue un accidente de tránsito.
3.2.2. Sobre la imputación
La parte actora atribuyó el daño, a título de falla en el servicio, a la omisión del municipio de Palmira de mantener en óptimas condiciones la vía en la que ocurrió el accidente que segó la vida de Luis Hernán Cuéllar Delgado.
Para realizar un análisis de la imputación del daño a la entidad demandada, fue recabado el acervo probatorio que a continuación se relaciona:
Investigación No. 750417 adelantada por la Fiscalía 146 Seccional de Palmira para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado. De las piezas procesales aportadas, se destacan:
La Policía Vial de Palmira elaboró el informe de accidente No. 043522 del 21 de mayo de 2005. Anotó que el suceso ocurrió en la carrera 28 # 16 B -17 de Palmira, estuvo involucrado un vehículo de placas WMF 20 (este dato lo suministraron los bomberos) y falleció Luis Hernán Cuéllar Delgado. Indicó que la vía era plana, recta, doble sentido, de asfalto, seca, iluminada, en buen estado y sin demarcaciones o señales de tránsito.
El informe fue acompañado con un reporte aclaratorio y ratificación en los que la policía expuso que cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos no había ningún vehículo, pero un vigilante del sector los guio al sitio exacto del accidente y allí observaron un golpe en un árbol y una mancha de sangre diminuta. Agregó que los uniformados fueron al Hospital San Vicente de Paul y allí les comunicaron que Luis Hernán Cuéllar Delgado falleció. Por otro lado, plasmó que los bomberos les dijeron que vieron una motocicleta Yamaha DT de placas WMF 20 como posible vehículo involucrado en el siniestro y que no pudieron determinar si la víctima era el conductor o el parrillero porque no encontraron testigos.
El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuó análisis de alcoholemia a la muestra de sangre de Luis Hernán Cuéllar Delgado el 12 de julio de 2005. La entidad dictaminó que el fallecido tenía una concentración de etanol de ciento veintiocho miligramos de alcohol sobre cien mililitros de sangre (128 mg/100 ml).
Gustavo Adolfo Gómez Echavarría, parrillero de la de la víctima al momento del accidente, narró que la madrugada del accidente ingirió licor con Luis Hernán Cuéllar Granada, Jhonatan Palomino, Katherine (no recordaba el apellido) y la madre de esta última. Posteriormente, llegó Luis Hernán Cuéllar Delgado, pero no sabía si este tomó alcohol. Señaló que el fallecido quiso irse a su casa en el barrio Las Américas en la moto de su hijo y él (el declarante) lo acompañó para regresarse en el vehículo, pero cuando transitaron por el barrio Petruc por la 28 (no recordaba si calle o carrera) pasaron por una raíz de un árbol salida que había levantado el cemento, saltaron, él cayó al piso y Luis Hernán chocó contra otro árbol. Indicó que su amigo Douglas Truque Ferry lo llevó a su casa porque sólo se raspó la cara y el brazo derecho, pero luego se enteró que Luis Hernán murió.
Refirió que la vía estaba bien iluminada, había un taxi parqueado y que la causa del accidente fue la raíz que levantó el cemento.
Luis Hernán Cuéllar Granada declaró que la noche del incidente estaba en la casa de su amiga Katherine e ingirió licor con ella, Gustavo y otros dos muchachos cuyos nombres no recordaba. En la madrugada su papá lo fue a recoger en su moto (la del declarante) pero no se quiso ir, entonces, aquel se fue con Gustavo, quien luego le traería la moto. Relató que diez minutos después le avisaron del accidente, que su padre estaba en el hospital y cuando arribó le dijeron que murió. Aseveró que le contaron que su padre y Gustavo intentaron esquivar un taxi y pasaron un desnivel que había en la calle, aquel perdió el control de la moto y colisionaron contra un árbol. Afirmó que la moto estaba en buenas condiciones pero no alcanzaba una velocidad alta porque el radiador estaba dañado y que creía que la causa del accidente fue la raíz que levantó el cemento de la vía.
La Fiscalía Seccional 143 de Palmira se abstuvo de iniciar investigación el 28 de agosto de 2006. La resolución se fundamentó en que si bien la vía en que ocurrió el accidente presentaba un levantamiento ocasionado por la raíz de un árbol, lo cierto es que la magnitud del impacto que le causó la muerte a Luis Hernán Cuéllar casi de forma instantánea denotaba que el occiso conducía a alta velocidad y, además, se probó que ingirió alcohol.
Nueve (9) fotos (sin identificación o dato alguno) de una vía en la que se observan huecos y un desnivel.
Cinco (5) fotos de la carrera 28 frente al No. 16 B – 17 que mostraron el desnivel que había en la zona, causado por la raíz de un árbol.
La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Las Américas de Palmira presentó derecho de petición a la Gerencia de Obras Públicas de la alcaldía el 26 de julio de 2004 para que la zona fuera incluida en el reparcheo (sic) de las vías y mantenimiento de los árboles y zonas verdes. La junta reiteró la petición el 12 de mayo y 7 de junio de 2005 y 15 de febrero de 2006. Los vecinos insistieron a la alcaldía que las vías presentaban graves daños en el asfalto y que esa situación generaba accidentalidad.
Iovan Steve Correa Vivas rindió declaración extra juicio en la que manifestó que el 21 de mayo de 2005 entre las 3:30 y 4:00 a.m. estaba en la carrera 28 frente al No. 16 B – 25 de Palmira con Jhonattan Ivents Correa y observó cuando Luis Hernán Cuéllar venía en una moto por el carril izquierdo de la vía, perdió el equilibrio al pasar por un desnivel ocasionado por las raíces de un árbol y colisionó contra otro árbol. El señor Jhonattan Ivents Correa ofreció un relato semejante.
Jhonathan José Palomino Hurtado declaró en el proceso que vio cuando el fallecido perdió el control de la moto en que se desplazaba al pasar por un desnivel producido por las raíces de un árbol ubicado en la carrera 28 entre las calles 16 B y 17 y se estrelló contra otro árbol. Reseñó que Luis Hernán Cuéllar Delgado venía con otra persona en la moto a una velocidad prudente y que sabía manejar motos, pero que la iluminación en la vía era escasa, siempre habían huecos y no habían señales que alertaran sobre este peligro. Añadió que no recordaba cuál era el estado de ánimo de la víctima y tampoco si portaba casco.
La ingeniera civil María Luisa Montealegre efectuó dictamen pericial el 17 de febrero de 2009. La perito inspeccionó la carrera 28 entre las calles 16 y 17 de Palmira y, específicamente, el lugar del accidente, ubicado en el costado izquierdo de la vía. Concluyó que en la zona se observaban las raíces de un árbol que brotaron y dañaron el sardinel del separador y la capeta asfáltica de la vía, que se levantó 50 cm y agrietó 1 m. Plasmó también que el reparcheo de la vía estaba estropeado, habían huecos y deterioros en el asfalto y se empalmaron dos alineamientos del sardinel central sin una curva horizontal que permitiera la transición entre los tramos de la vía.
Específicamente, describió que la grieta producida por las raíces del árbol y los sardineles mal ubicados constituían un obstáculo de 1,80 m y precisó que no había señalización en el sardinel que advirtiera su presencia a los usuarios.
Por último, indicó que en la carrera 28 entre las calles 17 y 18, sitio por el que se desplazó la víctima antes del accidente, había un hueco de 7 m de largo por 3 m de ancho que obligaba a los conductores a desplazarse por el costado izquierdo de la vía, con el riesgo de encontrarse el desnivel mencionado.
Recorte de periódico sin identificación ni fecha, en el que se observa una nota titulada “El esfalto (sic) se levanta” relativa a que en el barrio Las Américas habían muchos huecos y las raíces de un árbol levantaron el andén.
Copia del diario Q’hubo del 13 de abril de 2009, titulado “Los huecos son gigantes” que informó que en el barrio Las Américas habían muchos huecos, la malla vial y la capa asfáltica estaban deterioradas y en la calle 14 con carrera 25 había un hundimiento.
3.3. Asunto a resolver por la Sala
¿El municipio de Palmira está llamado a responder patrimonialmente por la muerte de una persona en un accidente de tránsito ocurrido en una vía deteriorada o, por el contrario, la muerte es atribuible a la culpa exclusiva de la víctima, quien conducía en estado de embriaguez y no portaba los elementos de seguridad exigidos por la ley?
Análisis de la Sala sobre la responsabilidad
3.4.1. Régimen de responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito
El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad emerge cuando se configura un daño antijurídico, entendido como aquel que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar.
En lo relativo a la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares en accidentes de tránsito como consecuencia de la omisión o desatención de las obligaciones a cargo de autoridades públicas, la Corporación señaló que el título de imputación aplicable es el subjetivo por falla en el servicio.
Ahora bien, para abordar la imputación a la administración deben estudiarse los deberes a cargo de la entidad pública cuestionada y el grado de cumplimiento u observancia de aquellos por parte de la autoridad en el caso concreto, veamos:
Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:
"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. [..]
2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.
La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente”.
En el caso de un accidente de tránsito es preciso determinar si la desatención o atención deficiente de los deberes legales en que incurrió la administración tuvo relevancia jurídica en el curso causal del daño, pues todos los eventos que producen un resultado lesivo no puede considerarse su causa, únicamente se configura como tal aquella que de acuerdo con la experiencia sea adecuada para producirlo.
En este orden de ideas, la Sala puntualiza que la responsabilidad administrativa por omisión se declara cuando confluyen dos presupuestos: a) la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa que esta no atendió o no cumplió oportuna o satisfactoriamente y b) la virtualidad jurídica que tendría el cumplimiento de dicha obligación, es decir, si poseía la entidad suficiente para interrumpir el curso causal en la producción del daño.
3.4.2. Caso concreto
En primer lugar, la Sala resalta que el daño, entendido como la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado, fue probado con el acta de levantamiento de su cadáver, la necropsia médico legal y su registro civil de defunción. Estos medio de prueba determinaron que falleció en un accidente de tránsito acaecido en el barrio Las Américas de Palmira el 21 de mayo de 2005, luego de perder el control de la moto que manejaba al cruzar un tramo de la carrera 28 que tenía un desnivel producido por el levantamiento de las raíces de un árbol.
Respecto a la imputación, el Decreto 80 de 1987 asignó unas funciones a los municipios en relación con el transporte urbano y señalaba en el literal d del artículo 1 que les correspondía adecuar la estructura de las vías nacionales en el respectivo perímetro urbano, según las necesidades de la vida municipal.
Asimismo, el artículo 113 del Decreto 1890 de 1990 ordenaba que las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano debían colocar y demarcar las señales de tránsito, de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determinara.
De igual forma, la Ley 105 de 1993 disponía lo siguiente:
Artículo 17. Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.
[…]
Artículo 19. Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 20. Planeación e identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción.
Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que determine esta Ley.
A su vez, la Resolución No. 001937 del 30 de marzo de 1994 establecía en su artículo 2 que la cantidad mínima de señales temporales de aproximación a obstáculos y/o peligros sobre la vía serían cinco (5), según su clase:
Señal de reducción de velocidad a 40 km/h 240 m antes del obstáculo y/o peligro.
Señal indicativa de “peligro” 50 m antes del obstáculo.
Señal que indica “depresión” 100 m antes del peligro.
Señal de reducción de velocidad a 30km/h 40 metros antes del escollo.
Finalmente, el artículo 110 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) prevé que las señales de tránsito preventivas pretenden advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y su naturaleza. Asimismo, que es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales en los perímetros urbanos.
De la misma manera, el artículo 115 ordena que cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito.
Con fundamento en las pruebas y las normas reseñadas, la Sala considera que el municipio de Palmira incumplió su obligación de mantenimiento de las vías del barrio Las Américas, pese a las múltiples peticiones de los moradores del sector. La parte demandante probó que la víctima perdió el control de la moto que manejaba al pasar por un desnivel ubicado en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 de Palmira, causado por el crecimiento de las raíces de un árbol que desprendió la vía, es decir, que la omisión de la demandada fue determinante en la producción del resultado lesivo. Además, los accionantes demostraron que años después, cuando se realizó el dictamen pericial, la municipalidad aún no había arreglado dicho tramo.
Igualmente, el municipio de Palmira contravino su deber de señalización, puesto que no ubicó señales temporales para prevenir a los usuarios y transeúntes sobre la existencia de huecos, los sardineles mal ubicados y el desnivel presente en la franja. El informe del accidente denotó que no existía ninguna demarcación en el sitio del suceso, al igual que lo puso de presente la perito que inspeccionó el lugar y, conjuntamente, los testigos de la colisión declararon en ese sentido.
Por tanto, la Sala encuentra acreditado que se configuró la falla del servicio consistente en la omisión de reparar el desnivel presente en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 de Palmira, que significaba un peligro para los usuarios y transeúntes. Tampoco colocó señales que advirtieran a los ciudadanos de su presencia, aunque el municipio conocía el mal estado de la vía, dado que la Junta de Acción Comunal del barrio Las Américas se lo comunicó en varias ocasiones, incluso antes de que ocurriera la colisión de Cuéllar Delgado con un árbol, pero la entidad hizo caso omiso a las peticiones de la comunidad y prescindió tomar los correctivos del caso.
Ahora bien, la demandada alegó la existencia de una culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad. Esta Sección precisó que el actuar de la víctima excluye la imputación a la demandada cuando su proceder –activo u omisivo– es la causa exclusiva, adecuada y única del daño.
La Sala observa que el comportamiento de la víctima no fue la causa exclusiva del daño, ya que se probó un incumplimiento de deberes legales por parte del municipio de Palmira respecto al mantenimiento de la vía en la que el actor perdió el control de la moto que conducía al pasar por un desnivel.
No obstante, el proceder de Luis Hernán Cuéllar Delgado también incidió en el resultado dañoso, toda vez que no portaba elementos de seguridad y conducía la moto en estado de embriaguez. Los declarantes Iovan Steve Correa Vivas y Jhonattan Ivents Correa Vivas aseveraron que el fallecido no usaba casco y el análisis de alcoholemia de Luis Hernán Cuéllar Delgado arrojó como resultado una concentración de etanol en la sangre de 128 mg/100 ml, es decir, grado dos de embriaguez, según lo plasmado en el artículo 152 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 2 de la Resolución 414 del 2002 emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Estas conductas de la víctima significaron la vulneración de las normas del Código Nacional de Tránsito que a continuación se enlistan:
Artículo 55. Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.
Artículo 94. […] Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo.
Artículo 96. […] 2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.
Artículo 131. […]D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: […] Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. […] En todos los casos de embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Artículo 152. […] Si hecha la prueba de alcoholemia se establece: […] Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito por veinte (20) horas.
En síntesis, para la Sala no hay duda que el estado en que se encontraba la víctima incidió en la ocurrencia de la colisión, pues el etanol tiene efectos directos sobre el sistema nervioso central y los procesos cognitivos y, puntualmente, en el segundo grado se presenta incoordinación motora, por lo que es evidente que Luis Hernán Cuéllar Delgado no pudo conducir la motocicleta con la debida atención y concentración que tal actividad peligrosa demandaba o reaccionar adecuadamente ante la presencia del obstáculo en la vía.
De este modo, la Colegiatura concluye que el mal estado de la vía hizo que Cuellas Delgado colisionara con un árbol, pero que la magnitud del golpe que causó su deceso, casi inmediatamente, muestra que la víctima fatal conducía a alta velocidad. Además, se comprobó que dio positivo para estado de embriaguez, por lo que se trataba de un conductor que no cumplió las normas de tránsito. Por consiguiente, el accidente en el que perdió la vida Luis Hernán Cuéllar Delgado obedeció a la concurrencia de culpas entre la administración y la propia víctima.
Sobre el tema de la concausa, la Corporación sostuvo que el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio cuando contribuye de manera cierta y eficaz a la producción del daño. Por consiguiente, la Sala confirmará la responsabilidad de la demandada por la muerte de Luis Hernán Cuéllar Delgado como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la carrera 28 entre las calles 13 y 16 de Palmira. Sin embargo, la condena a imponer será reducida en 50 %, por las razones anotadas anteriormente.
Liquidación de perjuicios
3.5.1. Perjuicios morales
La Sección Tercera precisó que la reparación del perjuicio moral derivado de la muerte se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran según la cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, así:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
Regla general en el caso de muerte
Relación afectiva conyugal y paterno – filial
Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil
Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil
Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil.
Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje
100%
50%
35%
25%
15%
Equivalencia en salarios mínimos
100
50
35
25
15
Para los niveles primero y segundo se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros, para el tercero y cuarto es indispensable además la prueba de la relación afectiva y para el quinto sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
La Sala observa que se estableció el parentesco de Luis Hernán Cuéllar Granada (hijo), Lorena Taguado Bejarano (esposa) y Katherine Cuéllar Taguado (hija) y que todos se encuentran en el primer nivel de la tabla, entonces, con el descuento aludido, se reconocerán como perjuicios morales cincuenta salarios mínimos legales mensuales para cada uno.
Perjuicios materiales
Daño emergente
La Sala confirmará la negación de lo solicitado por los accionantes a título de daño emergente (gastos funerarios, traslado y manutención de los hijos de Luis Hernán Cuéllar Delgado que residían en España), por cuanto no fue acreditado. Igualmente, le está vedado tomar una determinación contraria, ya que una decisión en tal sentido vulneraría el principio de la no reformatio in pejus.
Lucro cesante
El Tribunal condenó a la demandada a pagar a la esposa e hijos de la víctima las sumas relacionadas ab initio (páginas 3 y 4 de esta providencia). La demandada no se opuso a dicho reconocimiento en el recurso de apelación.
El a quo tasó el lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente al momento del fallo. Aunque la parte demandante allegó certificación en la que la compañía Cleaning Service 2000 asentó que la víctima laboró allí desde el 5 de mayo de 2000 hasta noviembre de 2003 y devengaba un salario de 1281,36 EUR semanales, el a quo no la tuvo en cuenta para liquidar este perjuicio porque el documento no reunía los requisitos del artículo 260 del C.P.C. y no probaba la actividad laboral desempeñada por la víctima al momento de su muerte, ocurrida en mayo de 2005. La Sala comparte este criterio, actualizará los rubros reconocidos en la sentencia de primera instancia y descontará el 50%.
Lorena Taguado Bejarano
Lucro cesante consolidado:
VP = $17.584.564 Índice final – junio 2018 (142,27) = $23.919.647,4
Índice inicial – agosto de 2010 (104,59)
Lucro cesante futuro:
VP = $41.561.029 Índice final – junio 2018 (142,27) = $56.533.966,9
Índice inicial – agosto 2010 (104,59)
Total lucro cesante: $80.453.614,3 / 2 = $40.226.807,1
Catherine Cuéllar Taguado
Lucro cesante consolidado:
VP = $5.861.521 Índice final – junio 2018 (142,27) = $7.973.215,34
Índice inicial – agosto 2010 (104,59)
Lucro cesante futuro:
VP = $9.568.687 Índice final – junio 2018 (142,27) = $13.015.939,4
Índice inicial – agosto 2010 (104,59)
Total lucro cesante: $20.989.154,7 / 2 = $10.494.577,4
Luis Hernán Cuéllar Granada
VP = $4.927.955 Índice final – junio 2018 (142,27) = $6.703.319,23
Índice inicial – agosto 2010 (104,59)
Total lucro cesante: $6.703.319,23/ 2 = $3.351.659,61
Costas
Esta Colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010) y en su lugar:
PRIMERO: CONDENAR al municipio de Palmira a pagarle a Lorena Taguado Bejarano, Katherine Cuéllar Taguado y Luis Hernán Cuéllar Granada cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.
SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Palmira a pagar por concepto de perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, lo siguiente:
Cuarenta millones doscientos veintiséis mil ochocientos siete pesos ($40.226.807,1) a favor de Lorena Taguado Bejarano.
Tres millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($3.351.659,61) para Luis Hernán Cuellar Granada.
Diez millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y siete pesos ($10.494.577,4) para Katherine Cuellar Taguado.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia en sus demás aspectos.
CUARTO: Sin lugar a condena en costas
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Folios 42 a 47. C.1.
Folio 71. C.1.
Folios 178 a 182. C.1.
Folios 187 a 200. C. Ppal.
Folios 202 a 209. C. Ppal.
Folios 242 a 248. C. Ppal.
Folio 23. C.1.
Folios 12, 22 y 24. C.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 25.022.
Según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en sede contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante. Por ende, en caso de que sea apelante único, el principio de la no reformatio in pejus impide que se haga más gravosa su situación.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 25.022.
Folio 76. C.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, rad. 13.476 y sentencia de 5 de junio de 2008, rad. 16.174
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, rad. 13476.
“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 2011-01378.
Folio 23. C.1.
Folios 4 a 8. C.2.
Folios 20 a 24. C.2.
Folios 38 a 39. C.1.
Folio 11. C.2.
Folio 18. C.2.
Folio 33. C.2.
Folios 38 a 40. C.2.
Folios 44 a 45. C.1.
Folios 47 a 50.C.1.
Folios 3 a 11. C.1.
Folios 134 a 138. C.1.
Folios 29 a 30. C.1.
Folios 31 a 32. C.1.
Folios 33 a 34. C.1.
Folios 35 a 37. C.1.
Folio 126. C.1.
Folio 127. C.1.
Folios 128 a 131. C.1.
Folios 142 a 147. C.1.
Folio 182. C.1.
Folio 183. C.1.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16.052 y sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. 27.434.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, rad. 11.764.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2016, rad. 44.452.
Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia correspondiente de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento:
[…]
3. Segundo grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total, se impondrá: […]
La interpretación de los resultados de alcoholemia, independientemente del método empleado para su determinación, requiere la correlación con el estado de embriaguez alcohólica de una persona, así:
• Resultados menores a 40 mg de etanol /100 ml de sangre total, se interpretan como estado de embriaguez negativo.
• Resultados entre 40 y 99 mg de etanol /100 ml de sangre total, corresponden al primer grado de embriaguez.
• Resultados entre 100 y 149 mg de etanol /100 ml de sangre total, corresponden al segundo grado de embriaguez.
• Resultados mayores o iguales a 150 mg de etanol /100 ml de sangre total, corresponden al tercer grado de embriaguez.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda, Bogotá, 2015, pág. 68.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, rad. 13.050.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno-, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 27.709.
Folio 40. C.1.
[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto]
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.