RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02148-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02148-01

Fecha
29 de agosto de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02148-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de mayo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP en contra del Consejo de Estado-Sección Cuarta por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR la presente providencia, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02148-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

29 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP
Accionado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema: Requisitos generales de
la acción de tutela contra providencia judicial. Inmediatez. Improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 15 de mayo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 10 de abril de 2025 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, por
conducto de apoderado judicial, formuló acción de tutela1 mediante la cual solicitó el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y “el acceso al agua potable
y al saneamiento básico”, que consideró vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm.
66001233300020220007100/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 índice 00002 aplicativo SAMAI del proceso en primera instancia, certificado núm. 9949B09B9552C98C
015EDBEBBAF69429 FF1B57E663259A94 3B75E88CFFCBE8B4.
2 Ibídem./actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=66001233300020220007101110010
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

2.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN profirió la Resolución
núm. 162412020000015 del 22 de diciembre de 2020 mediante la cual modificó la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2016,
presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Dicha
decisión fue confirmada a través de la Resolución núm. 011270 del 14 de diciembre
de 2021.

2.2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos administrativos referidos, con el propósito de obtener la declaratoria
de nulidad de estos y el consecuente reconocimiento de la declaración privada de
corrección del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2016.

2.3. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda bajo
el radicado núm. 66001-23-33-000-2022-00071-00, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 19 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no resultaba aplicable al caso el principio de irretroactividad, por cuanto
la disposición debatida era de naturaleza procesal y no definía elementos sustanciales
de la obligación tributaria.

Además, consideró que la doctrina administrativa contenida en conceptos, incluso los
unificados, no es vinculante para el juez y, en particular, el concepto invocado por la
actora no contenía el criterio de firmeza de las declaraciones tributarias que se le
atribuía. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de mayo de
2024, confirmó lo resuelto por el a quo. Estimó que el término de revisión previsto en
el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 714 del Estatuto
Tributario, es de naturaleza procesal y, por tanto, de aplicación inmediata desde la
entrada en vigencia de la ley, sin que la doctrina oficial pueda alterar su alcance.

2.5. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. presentó
solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue rechazada por extemporánea
mediante auto del 26 de junio de 2024. Frente a lo anterior la misma parte interpuso
recurso de reposición, el cual fue declarado improcedente mediante providencia del 23
de agosto de 2024.

2.6. Posteriormente, la demandante promovió incidente de nulidad en el que alegó una
inadecuada defensa técnica. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
proveído del 23 de agosto de 2024, lo rechazó de plano al considerar que fue
formulado de manera extemporánea, además que no se sustentaba en alguna de las
causales taxativamente previstas en la normativa aplicable.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

2.7. Contra esta providencia la parte interesada interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto de manera desfavorable mediante auto del 30 de septiembre de 2024.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y “el acceso al agua potable y al saneamiento básico”. En consecuencia,
solicitó al juez constitucional revocar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 66001-23-33-000-2022-
00071-00/01.

En virtud de lo anterior, sostuvo que la providencia reprochada incurrió en: i) error
inducido, ii) desconocimiento del precedente y iii) violación directa de la Constitución,
según los siguientes argumentos:

Error inducido. Afirmó que la DIAN, en su condición de autoridad especializada en
materia tributaria, clasificó los “aportes bajo condición” como un incremento patrimonial
de la empresa, y no como un subsidio dirigido a los usuarios del servicio. Este
entendimiento habría generado una confusión que se trasladó a las autoridades
judiciales, impidiéndoles valorar adecuadamente la verdadera naturaleza de dichos
recursos. Según la actora, de haberse reconocido que los aportes bajo condición
corresponden a subsidios, el debate administrativo y judicial habría tenido un resultado
distinto.

Desconocimiento del precedente. Indicó que la decisión administrativa y, en
consecuencia, la judicial, pasaron por alto lo señalado en la sentencia C-736 de 2008
de la Corte Constitucional. En dicha providencia se precisó que los aportes bajo
condición constituyen subsidios que benefician directamente a los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios y no implican un incremento patrimonial para las
empresas prestadoras. Lo anterior, porque, aunque la empresa reciba esos recursos
de manera gratuita, no obtiene provecho económico alguno, ya que no puede trasladar
su valor a los usuarios. En tal sentido, no se configura un subsidio a la oferta, sino un
subsidio indirecto a la demanda canalizado a través de las empresas de servicios
públicos.

Violación directa de la Constitución. Finalmente, sostuvo que la exigencia de
patrimonializar los aportes bajo condición desconoce la naturaleza de los subsidios
prevista en el artículo 368 de la Constitución. De igual modo, altera la destinación de
inversión pública social que el artículo 366 superior asigna a dichos recursos, los
cuales fueron apropiados por el Municipio de Pereira para garantizar el acceso a los
servicios públicos domiciliarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

En criterio de la parte actora, las decisiones administrativas y judiciales desconocieron
la naturaleza jurídica de los aportes bajo condición, al asimilarlos a un incremento
patrimonial y no a subsidios dirigidos a los usuarios del servicio público. Ello, en su
sentir, configuró un error inducido por la actuación de la DIAN, un desconocimiento del
precedente constitucional fijado en la sentencia C-736 de 2008 y una vulneración
directa de los artículos 366 y 368 de la Constitución Política. Con fundamento en estas
razones, solicitó al juez de tutela dejar sin efectos la providencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.

4. Trámite de tutela e intervenciones

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto del 21
de abril de 20253 admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Risaralda; a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN;
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; al Fondo Nacional de Regalías; y a la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). Solicitó a las autoridades
judiciales la remisión del proceso objeto de amparo y ordenó notificar a los sujetos
procesales.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Consejo de Estado- Sección Cuarta4 advirtió que la acción de tutela era
improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez frente a la sentencia del 16
de mayo de 2024. La providencia fue notificada por estado electrónico en esa misma
fecha, de conformidad con el artículo 203 del CPACA y el artículo 295 del CGP, de
modo que el término razonable de seis meses para acudir al mecanismo vencía el 17
de noviembre de 2024. No obstante, la demanda fue presentada el 10 de abril de 2025,
es decir, varios meses después de agotado dicho plazo.

La solicitud de aclaración interpuesta por la actora no podía prorrogar la ejecutoria de
la sentencia, pues fue rechazada por extemporánea mediante auto del 26 de junio de
2024. Incluso si se aceptara que la ejecutoria debía contarse a partir del auto que negó
la aclaración —notificado el 30 de agosto de 2024—, la presentación de la tutela en
abril de 2025 también resultaba extemporánea.

Finalmente, precisó que la accionante pretendió usar la tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, lo que desconoce la cosa juzgada de la providencia
judicial. Ello se evidencia en que, pese al rechazo de sus solicitudes de aclaración,

3 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 38CFC2F6572B44DF 72AEC8E1B44D231D

6B7F1115D47D2891 45452BE0F93FAE0E.
4 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 75BE4AF0421B8425 723ADE4BA3D15F69
46DD505CABA42FB1 079D2567E77F391D.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

reposición e incidente de nulidad, insistió en obtener un nuevo pronunciamiento sobre
una controversia ya resuelta.

4.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales5 adujo que la tutela es
improcedente, al no cumplir con los requisitos exigidos para su procedencia contra
providencias judiciales. Explicó que la tutela carece de relevancia constitucional, en
tanto la parte accionante no acreditó ni expuso con claridad las razones que
demostrarían la trascendencia constitucional del caso. A su juicio, el cargo formulado
se encuentra desprovisto de una argumentación suficiente que permita establecer la
presunta afectación de derechos fundamentales.

Concluyó que esta consideración resulta determinante para el juez de tutela, el amparo
no puede convertirse en un mecanismo para subsanar errores procesales o
deficiencias en la defensa técnica de la parte actora. Recordó que, conforme al artículo
86 de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo de carácter excepcional y
residual, cuyo propósito es la protección inmediata de los derechos fundamentales
frente a su vulneración o amenaza por acción u omisión de una autoridad pública.

4.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible6 solicitó su desvinculación
del trámite. De manera subsidiaria, pidió negar las pretensiones formuladas en su
contra, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no
es la autoridad llamada a responder por la presunta acción u omisión que, según el
escrito de tutela, habría vulnerado los derechos fundamentales del actor.

4.4. El Departamento Nacional de Planeación7 requirió su desvinculación de la
acción, al considerar que, conforme al principio de legalidad y en atención a las
funciones, objetivos y competencias fijadas en la Constitución Política, la ley y el
Decreto 2189 de 2017, no le corresponde atender las pretensiones formuladas por el
actor. Señaló que el objeto tutelado excede su ámbito funcional y que una eventual
orden en tal sentido desconocería sus competencias legales y constitucionales.

4.5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio8 pretende su desvinculación de
la presente acción de tutela, al considerar que no ostenta legitimación en la causa por
pasiva, dado que las pretensiones formuladas por la parte actora se dirigen de manera
exclusiva contra la Sección Primera del Consejo de Estado. Precisó que su
intervención en el proceso de origen obedeció a la calidad de tercero dentro del medio
de control de acción popular, razón por la cual se opuso a las pretensiones de la
demanda.
5 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado DC7E62A282A1A571 BD4A31CF362F7CFC
904000E9B3FBB2BC 09599AD24477A86F.
6 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 6D2FE54BB303D4F6 06FAA77AD2A9A351
3D364E0D66DEFF8A 7B479E9DAF5CB622.
7 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado 6CF94CBAE32C1E2D 41BE2305E13549ED
81AAFC9EB14B00D0 F2DFE81D880EF127.
8 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 8BE81A9E2C30932B 07A61B28F4F91CCD
9D394071261FB0A9 370B696C2B219A49.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 15 de mayo de 20259, declaró improcedente la acción de tutela al concluir
que no se cumplía con el requisito de inmediatez. Sostuvo que la solicitud fue
presentada el 10 de abril de 2025, es decir, más de diez meses después de haberse
ejecutoriado la providencia que puso fin al proceso.

Precisó que la solicitud de aclaración y el incidente de nulidad promovidos por la parte
actora fueron rechazados por extemporáneo e improcedente, respectivamente. De
igual modo, los recursos interpuestos contra las decisiones que resolvieron dichas
solicitudes no prosperaron, de manera que la decisión judicial de segunda instancia
quedó en firme dentro de los términos legales, conforme se indicó en auto del 26 de
junio de 2024.

Finalmente, la corporación advirtió que la parte actora no explicó las razones de la
demora en la interposición de la tutela, ni allegó elementos que justificaran una
flexibilización del requisito de inmediatez, lo que condujo a la declaratoria de
improcedencia.

6. Impugnación

La solicitante presentó escrito de impugnación10 contra la decisión de primera
instancia en el que reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Frente al requisito de inmediatez, sostuvo que la acción no puede considerarse
extemporánea, dado que las providencias judiciales adquieren firmeza únicamente
cuando no proceden recursos, no se interponen o han sido decididos. En este sentido,
el Consejo de Estado certificó que la sentencia de segunda instancia quedó
ejecutoriada el 30 de agosto de 2024, tras resolverse la solicitud de aclaración y el
recurso de reposición interpuesto.

Adicionalmente, señaló que la presentación del incidente de nulidad, resuelto el 1 de
octubre de 2024, extendió el trámite, y solo hasta el 10 de octubre de ese mismo año
se materializó el daño derivado de la decisión judicial. Por ello, la acción de tutela,
interpuesta seis meses después de este último pronunciamiento, debe entenderse
dentro de un plazo razonable.

La impugnante adujo que la Corte Constitucional ha precisado que no es válido fijar un
término rígido de seis meses para la interposición de la tutela, pues la razonabilidad
del plazo debe examinarse en función de las particularidades de cada caso. En este
asunto, además, se argumenta la necesidad de aplicar criterios de flexibilidad, dado

9 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 29F26D6F0BC12C31 49237309F8B2B280
8A91FC345D24F49A 3E725EBCD61C716B.
10 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado A1FFD511B81E913A 37F49A3EB9C93070

3D56D773893C2CB4 C520DE7AE6F6829C.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

que la eventual inactividad procesal afecta el núcleo esencial de los derechos de
terceros, en este caso, de los usuarios de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, cuya prestación eficiente constituye obligación constitucional y legal de
la Empresa Aguas y Aguas de Pereira (Ley 142 de 1994).

Con fundamento en lo anterior, la parte actora sostuvo que declarar improcedente la
acción por supuesta extemporaneidad desconoce el carácter excepcional y protector
de este mecanismo, pues los derechos comprometidos trascienden lo económico y se
relacionan con el bienestar general y la garantía de derechos fundamentales de la
comunidad. En consecuencia, solicitó al juez constitucional interpretar el requisito de
inmediatez conforme a las circunstancias concretas y, en virtud de la supremacía de
los derechos fundamentales, declarar procedente la acción de tutela.

El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de auto del 27 de junio de 202511, concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, pues actuó como entidad
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 66001233300020220007100/01, en el que se profirió
la decisión judicial que consideró lesiva para sus garantías fundamentales.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por cuanto fueron las autoridades judiciales que emitió
la sentencia cuestionada por la parte accionante en sede de tutela.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 15 de mayo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia la acción.

11 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 3C294F8FACEBA87D EE4F9D40D24B9314

6E512D79EE0789E2 0CBD54569AB9FF55.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez constitucional debe, de forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que aduce
a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 16, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad17, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses18.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante

16 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa,
el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia,
por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó
la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales
estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
17 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en los

asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser más
estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con la exigencia
de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera
de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta
naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se
produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza
y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver
también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de
2014, entre otras.
18 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a
partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013
y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía
judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional,
toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción
de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”19.

También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”20. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”21.

En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

5. Del caso en concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, por las razones que se
exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora sostuvo que la sentencia proferida el 9 de
mayo de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que se reprocha en el
trámite de esta acción de tutela, incurrió en error inducido, en desconocimiento del
precedente y en violación directa de la Constitución. En síntesis, afirmó que la

19 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte

Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006;
T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
20 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
21 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

autoridad tributaria calificó indebidamente los aportes bajo condición como incremento
patrimonial del prestador, cuando en realidad constituyen subsidios dirigidos a los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Tal entendimiento —dice— contaminó
el análisis judicial y condujo a decisiones adversas.

Con apoyo en la sentencia C-736 de 2008 de la Corte Constitucional, la actora reiteró
que los aportes bajo condición no enriquecen a la empresa prestadora, pues si bien se
reciben a título gratuito, no pueden trasladarse a la tarifa ni generan beneficio
económico. Se trataría, por ende, de un subsidio indirecto a la demanda, canalizado a
través de las empresas, y no de un subsidio a la oferta ni de un ingreso que deba
patrimonializarse. Bajo esa lógica, pidió privilegiar el derecho sustancial, la
especialidad del régimen de servicios públicos (Ley 142 de 1994) y, en caso de duda,
aplicar criterios favorables al administrado y a los usuarios del servicio.

5.2. Examinados los argumentos, esta judicatura advierte que el núcleo de la
inconformidad se dirige a controvertir la sentencia del 9 de mayo de 2024 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, providencia que confirmó el fallo de primera
instancia. En esa decisión, la Sección Cuarta aplicó su precedente según el cual el
término de revisión previsto por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016 (que modificó
el art. 714 del E.T.) es de naturaleza procesal y, por tanto, de aplicación inmediata
desde la entrada en vigencia de la ley (29 de diciembre de 2016), criterio no susceptible
de ser desplazado por doctrina administrativa en contrario.

Ahora bien, aunque la accionante sostiene que el cómputo de la inmediatez debe
iniciarse desde el auto del 30 de septiembre de 2024 -que decidió no reponer el
rechazo del incidente de nulidad del 23 de agosto de 2024-, lo cierto es que sus reparos
materiales se concentran en la sentencia del 9 de mayo de 2024. En consecuencia,
para efectos de valorar la oportunidad de la tutela, el referente temporal relevante es
esa providencia de fondo que resolvió la controversia, y no las decisiones posteriores
que se limitaron a rechazar solicitudes incidentales o recursos improcedentes.

5.3. Además, al analizar las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, se
observa que la sentencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de
mayo de 202422, para efectos de su notificación, se fijó en estado del 16 de mayo de
2024 y se remitió al correo electrónico de las partes según consta en el mensaje de
datos respectivo de la misma fecha23.

Aunado a lo anterior, en el expediente reposa auto fechado del 30 de septiembre de
2024 por medio del cual se rechazó de plano incidente de nulidad procesal, a través

22 Índice 00017 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01, certificado

ABCC253CF47F2F40 A362D85EECBA569C 0463D417885A7D47 2A7E5DBEAD4419E0.
23 Índice 00021 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01, certificado

805AFDE20A630430 79E9FA401DC4F546 89BA55E0F3F7172B 8AD51AB19FD168AA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

de la cual el despacho ponente certificó que la providencia quedó debidamente
ejecutoriada el 21 de mayo de 202424.

Por consiguiente, el plazo de seis (6) meses, estimado como razonable por la
jurisprudencia constitucional para interponer la acción de tutela venció el 21 de
noviembre de 2024. Sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada el 10 de abril
del año en curso25, momento para el cual ya se había superado, de manera ostensible,
el término en cuestión, por lo que no se cumple con el requisito de inmediatez.

5.4. En esa medida, la Sala precisa que los recursos y solicitudes que resulten
improcedentes o que se presenten en forma extemporánea no producen el efecto de
extender el plazo de seis meses previsto para la interposición de la acción de tutela.
Ello, de conformidad con la razón y finalidad de dicho término. Así lo ha sostenido esta
Corporación al señalar que los términos procesales son perentorios e improrrogables,
y que un recurso presentado de manera extemporánea debe tenerse como no
interpuesto, sin que pueda válidamente prorrogar el plazo para acudir a la jurisdicción.

Además, la presentación de recursos improcedentes con el propósito de ampliar
términos configura un uso anormal del derecho de acceso a la justicia que no puede
ser admitido, en la medida en que la jurisprudencia ha establecido que seis meses
constituyen un lapso razonable para ejercer la acción, sin que la improcedencia o la
extemporaneidad puedan modificar tal límite.

5.5. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia
constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la
intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su
inactividad interponer la acción de manera oportuna, lo que impide el estudio de fondo
de los cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela.

En suma, la acción se presentó por fuera del plazo que la jurisprudencia constitucional
ha previsto como razonable y la parte accionante no aportó a este trámite prueba

24 Índice 00061 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01, certificado

7DC14E4779F959ED EE732F3BB3763F11 687B783CF19DF3FD AE049A6942F19D8B.
25 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 9949B09B9552C98C

015EDBEBBAF69429 FF1B57E663259A94 3B75E88CFFCBE8B4.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02148-01
Accionante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP

alguna para acreditar la ocurrencia de una circunstancia que hubiera permitido
flexibilizar dicho término.

5.6. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de mayo de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela que interpuso la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. ESP en contra del Consejo de Estado-Sección Cuarta
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia, a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
ECG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
13
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.