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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 66001-23-33-000-2022-00071-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

9 de mayo de 2024

Radicado: 66001-23-33-000-2022-00071-01 (28334)
Demandante: EAAP SAS ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00071-01 (28334)
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS, ESP
Demandada: DIAN

Temas: Procedimiento. Término de revisión de las declaraciones tributarias.
Aplicación de la ley procesal en el tiempo. Valor jurídico de los conceptos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 19 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
que resolvió (índice 2):

Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente razonado.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 162412020000015, del 22 de diciembre de
2020, la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del período 2016,
presentada por la actora; decisión que fue confirmada por la Resolución 011270, del 14
de diciembre de 2021 (índice 2).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):

1. Declarar la nulidad de la Resolución 011270, del 14 de diciembre de 2021 … que se generó como
respuesta al recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión nro.
162412020000015, del 22 de diciembre de 2020, notificada de manera electrónica el 26 de diciembre
de 2020, mediante la cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
del año gravable 2016.

2. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 162412020000015, del 22 de
diciembre de 2020 …

1
El expediente ingresó al despacho sustanciador el 20 de marzo de 2023 (índice 15. Esta y las demás menciones de «índices» aluden
al historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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Demandante: EAAP SAS ESP

3. Como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordene el restablecimiento del derecho
consistente en que se tenga en cuenta la declaración privada de corrección [del] impuesto sobre la
renta y complementarios del año gravable 2016, presentada a través del formulario …, en la que se
registró un saldo a favor de … $3.353.442.000.

A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 83, 209, 338,
363 de la Constitución; y 703, 705, 710, 714 y 730 del ET (Estatuto Tributario), bajo el
siguiente concepto de violación (índice 2):

Planteó que, como el impuesto sobre la renta del año gravable 2016 se consolidó con la
normativa previa a la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el término de revisión que
le era aplicable a su declaración de ese periodo era el que originalmente contemplaba el
artículo 714 del ET, en lugar del establecido en la modificación hecha a esa norma por el
artículo 277 de la citada ley, que amplió el término mencionado. Fundó su tesis en los
principios de reserva de ley, seguridad jurídica, prohibición de retroactividad, confianza
legítima y debido proceso; y afirmó contar con la expectativa legítima de que su denuncio
quedaría en firme cuando se cumplieran dos años de haber solicitado la devolución del
saldo a favor que arrojó como resultado. Invocó en este sentido el Concepto Unificado
14116, del 26 de julio de 2017, en el cual la autoridad interpretó que los nuevos términos
de revisión de las declaraciones regían para los períodos gravables 2017 en adelante.

Por ende sostuvo que su denuncio quedo en firme el 18 de octubre de 2019 y que para
entonces no le fue notificado ningún requerimiento especial. Tachó de extemporáneo e
ilegal el requerimiento especial que su contraparte le notificó el 06 de julio de 2020; y de
nulos, con fundamento en el ordinal 3.º del artículo 730 del ET, los actos proferidos con
posterioridad en el procedimiento adelantado.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2), para lo cual defendió
haber notificado oportunamente el requerimiento especial, alegando que la regulación del
término de revisión de las declaraciones tributarias es un dispositivo de orden procesal,
razón por la cual tendrían efecto general inmediato las modificaciones efectuadas por el
artículo 277 de la citada Ley 1819 de 2016, aspecto sobre el cual habría brindado claridad
el Concepto 902789, del 06 de diciembre de 2018. Citó la sentencia del 01 de julio de
2021 (exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza) en la que se estableció el carácter procesal
del término consagrado en el artículo 714 del ET y que el nuevo plazo de firmeza en
cuestión empezó a regir desde el 29 de diciembre de 2016, razón por la cual era aplicable
para la época en que se notificó el acto preparatorio (i.e. el 06 de julio de 2020), teniendo
en cuenta la fecha en que se presentó la declaración y en la que se solicitó la devolución
del saldo a favor.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda (índice 2), porque juzgó que no era
pertinente al caso el principio de irretroactividad alegado, toda vez que la norma objeto
de análisis era contenido procesal y no se ocupaba de configurar los elementos de una
obligación tributaria de período; y señaló que la doctrina administrativa consignada en los
conceptos, como aquel unificado sobre procedimiento tributario y régimen sancionador
invocado por la actora, no vinculaban al juez (página 27 de la providencia), junto a lo cual
estimó que dicho concepto no indicó el criterio de firmeza de las declaraciones tributarias
que le atribuía la actora (página 28 ibidem). Por otra parte, sostuvo que el término de
revisión de las declaraciones tributarias corresponde al establecido en la norma que se

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encuentre vigente al tiempo de su presentación, de modo que la regla aplicable no sería
la pretendida por la actora sino la que empleó la demandada.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo (índice 2). Adujo que la providencia «no valoró
adecuadamente todas las fuentes de derecho que admite el ordenamiento», pues, en su
criterio, omitió considerar el Concepto Unificado 14116 de 2017, que contendría doctrina
vinculante para la demandada y es fuente de derecho al tenor de los artículos 131 de la
Ley 2010 de 2019 y 55 del Decreto 1742 de 2020. Señaló que se violó el espíritu de
justicia al desatender el indicado concepto que estaba vigente para la época en que se
solicitó la devolución del saldo a favor, aunque reconoció que dicha doctrina fue revocada
por el Oficio 1543 de 2018. Añadió que el concepto unificado al que alude en su favor le
generó una expectativa legítima sobre el régimen de firmeza de su denuncio tributario,
por lo cual transgredía el principio de seguridad jurídica su desconocimiento. Por último
sostuvo que la sentencia no tuvo en cuenta que la actuación de los administrados basada
en la doctrina oficial vigente está exculpada de responsabilidad sancionadora (sentencias
C-597 de 1996 y C-506 de 2002).

Pronunciamientos finales

El ministerio público guardó silencio. La demandada reiteró lo planteado al contestar la
demanda y recalcó que el concepto unificado al que alude su contraparte fue revocado
por el Oficio 1543 de 2018.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del a quo que negó
sus pretensiones sin condenarla en costas. Así, se debe determinar si en el procedimiento
de revisión adelantado sobre la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable
2016, el plazo para notificar el requerimiento especial era el contemplado en el Concepto
Unificado 14116, del 26 de julio de 2017, por tratarse de doctrina oficial vinculante, en
lugar del previsto en el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 714
del ET. De otra parte, al estar proscrita la proposición de hechos y cargos nuevos en la
etapa del recurso de apelación, está vedado para la Sala pronunciarse en esta instancia
sobre el argumento planteado originalmente en el recurso, no en la demanda, dirigido a
exonerar a la actora de la multa impuesta en los actos acusados al estar presuntamente
fundada su posición jurídica en la doctrina oficial de la autoridad de impuestos.

Análisis del caso concreto

2- Para la apelante, el Concepto Unificado 14116 de 2017, en el que se interpretó que la
reforma a los plazos de revisión de las declaraciones tributarias dispuesta en el artículo
277 de la Ley 1819 de 2016 regiría para los «períodos gravables 2017 en adelante»,
constituye una fuente de derecho aplicable en todos los debates relativos al cómputo del
término de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta del año gravable
2016, razón por la que le endilga al a quo haber incurrido en un «desconocimiento de la
realidad probatoria» del caso, por no haberlo fallado conforme a ese documento jurídico.
A partir de lo anterior, alega violación de los principios de justicia y de seguridad jurídica,

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en la medida en que sostiene que contaba con una expectativa legítima sobre el momento
en que adquiriría firmeza su denuncio bajo la doctrina oficial emitida, independientemente
de que esta hubiera sido revocada por el Concepto 1543 de 2018.

En el otro extremo de la contienda, sostiene la demandada que la normativa sobre el
plazo de revisión aplicable es de naturaleza procesal y que además fue esclarecida en la
sentencia de esta Sección del 01 de julio de 2021 (exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza),
razón por la cual el término de firmeza de tres años que incorporó el artículo 277 de la
Ley 1819 de 2016 habría iniciado a regir desde su promulgación, el 29 de diciembre de
2016, y sería el aplicable al caso. Esta tesis fue avalada por el tribunal, que también
puntualizó que la doctrina oficial de la autoridad no vinculaba al juez y que el concepto
invocado por la actora no señaló que el término de revisión no pudiera ser modificado por
la Ley 1819 de 2016.

3- De modo que el litigio se concentra en determinar cuál era el dies ad quem para la
revisión de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016 de la actora,
teniendo en cuenta (i) que el denuncio fue presentado con posterioridad a que entrara en
vigor el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, (ii) que sobre los efectos de esa modificación
se había pronunciado inicialmente la autoridad a través de un concepto que invoca a su
favor la demandante y (iii) que el saldo a favor autoliquidado fue solicitado en devolución
el 18 de octubre de 2017.

Pero, contrariamente a lo planteado en la apelación, la providencia recurrida no omitió
analizar la doctrina oficial citada por la actora, pues consideró, aunque sin indicar su
número de radicación, que el alegado concepto unificado sobre procedimiento tributario
y régimen sancionador no vinculaba a la judicatura y que además no establecia el criterio
de aplicación de la norma procedimental que se pretendía, juicio para el que incluso se
transcribió por completo el epígrafe 3.º del Concepto Unificado 14116 de 2017. Por tanto
advierte la Sala que el reproche de la demandante a la sentencia del tribunal se dirije a
cuestionar la conclusión que tuvo el a quo respecto de los efectos normativos que tendría
tal concepto con miras a definir el juicio convocado.

4- Respecto al inicio de la vigencia del término de revisión de las declaraciones tributarias
consagrado en el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, esta Sección fijó jurisprudencia en
la sentencia del 01 de julio de 2021 (exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza), en la que estudió
la naturaleza procesal de dicha norma y se convalidó la interpretación jurídica incorporada
en el Concepto 1543 de 2018, en menoscabo de la que inicialmente acogió el Concepto
Unificado 14116 de 2017, al que alude la apelante en el presente juicio. Bajo ese criterio
de decisión judicial, que aquí se reitera, la modificación normativa estudiada aplica «para
todas las liquidaciones privadas que, de manera inicial, se hayan presentado a partir del
29 de diciembre de 2016», de suerte que «como la presentación de los denuncios
rentísticos de obligaciones causadas en 2016 solo era exigible a partir de 2017 (según
las fechas indicadas en el Decreto 2105 de 2016), el término con el que contaba la
Administración para modificarlas oficialmente no había iniciado a contabilizarse, por lo
cual les es aplicable el plazo de tres años establecido por el artículo 277 de la Ley 1819
de 2016»; todo por virtud de que esta norma es de contenido procesal, razón por la cual
su vigencia de carácter inmediato para los términos que no hayan iniciado a correr está
dispuesta en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (modificado por el artículo 624 del CGP,
Código General del Proceso Ley 1564 de 2012).

También estableció la Sección en esa ocasión que reconocer la aplicación inmediata del
artículo 277 de la Ley 1819 de 2016 no quebrantaba la seguridad jurídica, ni la confianza
legítima, ni las expectativas que se pudieran tener sobre el tiempo que tendría que

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transcurrir para que las declaraciones tributarias se tornaran inmodificables, toda vez que
es un mandato legal el que determina el inicio de la vigencia de las normas relativas a los
procedimientos.

Al tenor de esos análisis, esta judicatura tiene claro que es el ordenamiento el que impone
el momento desde el que era aplicable el término de tres años para la revisión de las
declaraciones tributarias y que ese dato no era modificable por la interpretación que se
prohijara en conceptos u oficios de la autoridad. Lo anterior porque, pese a que la doctrina
oficial goza de relevancia como fuente del derecho al anticipar los criterios con los que la
Administración ejercerá sus potestades de gestión tributaria, carece de entidad suficiente
para enervar expresos contenidos legales (sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 23335,
CP: Julio Roberto Piza), dado que jerárquicamente se sitúa por debajo de los mandatos
constitucionales, legales y reglamentarios, fuentes jurídicas que son vinculantes, en todo
caso, para la autoridad, para el administrado y para el juzgador (sentencia del 11 de mayo
de 2023, exp. 26963, CP: Wilson Ramos Girón; y C-514 de 2019, MP: Cristina Pardo
Schlesinger).

De suerte que, aun siendo cierto que inicialmente el Concepto 14116 de 2017 consideró
que la aplicacicón del nuevo término de revisión de las declaraciones tributarias no pendía
de la fecha de presentación de las autoliquidaciones sino del periodo gravable objeto de
declaración, esa tesis nunca gozó de protección jurídica en la medida en que contrariaba
el ordenamiento. Por ese motivo el citado concepto fue revocado expresamente por la
misma autoridad que lo profirió y la jurisprudencia de esta Sección, en el precedente del
01 de julio de 2021 que se reitera, le negó valor jurídico a la interpretación acogida, a
cambio de lo cual advirtió que el plazo de revisión previsto en el artículo 277 de la Ley
1819 de 2016 empezó a regir, con efecto general inmediato, «desde el 29 de diciembre
del 2016, día en que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial nro. 50.101».

5- Atendiendo al derecho aplicable y a los precedentes de esta Sección, no le asiste razón
a la apelante al pretender que el juzgador aplique la doctrina oficial que no se supedita al
mandato legal. Tampoco encuentra la Sala menoscabo a expectativas que sean legítimas
pues la demandante, en lugar de fundarse en la ley, la contrariaba al pretender quebrantar
los dictados expresos de los artículos 277 y 376 de la Ley 1819 de 2016 y 40 de la Ley
153 de 1887 (modificado por el artículo 624 del CGP). Por ende, la sentencia apelada
acertó en la identificación y en la aplicación de las fuentes jurídicas que rigen el caso,
todo sin omitir estudiar el concepto invocado por la demandante. No prosperan los cargos
de apelación.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia, la Sala reitera el criterio establecido en la sentencia
de esta Sección del 01 de julio de 2021 (exp. 25176, CP: Julio Roberto Piza), acerca del
momento desde el cual entró en vigor el plazo de revisión de las declaraciones tributarias
establecido en el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016, que le dio una nueva redacción al
artículo 714 del ET, análisis jurídico que es inderogable por la doctrina oficial contraria a
derecho. En esa medida, al ser de contenido procesal la norma que estableció el nuevo
término de revisión de las autoliquidaciones de impuestos, tiene aplicación general e
inmediata desde el inicio de la vigencia de la Ley 1819 de 2016 (i.e. el 29 de diciembre
de 2016), por lo cual ese plazo es el que rige la notificación oportuna del requerimiento
especial «para todas las liquidaciones privadas que, de manera inicial, se hayan
presentado a partir del 29 de diciembre de 2016».

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Radicado: 66001-23-33-000-2022-00071-01 (28334)
Demandante: EAAP SAS ESP

Bajo ese criterio de decisión, la Sala determinó que en el sub lite se notificó en tiempo el
requerimiento especial y que no había lugar a revocar la decisión del tribunal.

Costas

7- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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