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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02204-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Conjuez María Teresa Palacio Jaramillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02204-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Luis Bernardo Perdomo Betancourt contra la Sección Segunda – Sala de Conjueces de esta Corporación. SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia del señor Luis Bernardo Perdomo Betancourt, al haberse exigido al accionante una carga procesal que, prima facie, no resultaba exigible conforme al inciso 2º del numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 01 Demandante: Luis Bernardo Perdomo Betancourt TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 73001-23-33-000-2015- 00457-02 (6393-2022). CUARTO. ORDENAR a la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo de Estado que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 73001-23-33-000-2015- 00457-02 (6393-2022), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02204-01

Consejero ponente: Conjuez María Teresa Palacio Jaramillo

22 de junio de 2026

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 01
Demandante: Luis Bernardo Perdomo Betancourt

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA

Sala de Conjueces

CONJUEZ PONENTE: MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO

Bogotá D.C., Veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 01
Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETANCOURT
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONJUECES
Tema: Fallo de segunda instancia

FALLO

La Sala decide la impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia
proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
el día 28 de agosto de 2025.

I. ANTECEDENTES

1. El accionante Luis Bernardo Perdomo Betancourt presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué (en
adelante “DSAJ”), solicitando la nulidad del oficio DSAJ No. 796 del 10 de
octubre de 2014, que denegó la reliquidación y pago de las diferencias
debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales en virtud de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

2. Mediante sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2020, el
Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
al considerar que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución
de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. Por
tanto, declaró que el demandante tiene derecho a que se reliquiden sus
ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30%

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de la prima mencionada.

3. Mediante sentencia complementaria del 17 de febrero de 2022, el
Tribunal ordenó que se tenga el 30% de prima especial como un valor
adicional al salario y no como parte integrante del mismo.

4. Una vez apelada por la parte demandada, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces mediante sentencia del 5 de noviembre de
2024, revocó la decisión de primera instancia que había reconocido y
ordenado el pago de la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992. En su lugar, denegó las pretensiones de la demanda toda vez que
no se agotó la vía gubernativa contra el acto demandado.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. El señor Luis Bernardo Perdomo Betancourt, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, con la finalidad de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la
confianza legítima y “la prevalencia del derecho sustancial”, que estima
vulnerados con ocasión de la sentencia del 5 de noviembre de 2024,
dictada por la autoridad judicial accionada.

2. Los consejeros Nubia Margoth Peña Garzón, Germán Eduardo Osorio
Cifuentes, a quienes les fue repartido el trámite, formularon impedimento
por la causal 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Luego
de declarados fundados los mismos por auto del 29 de mayo de 2025,
estos fueron separados del conocimiento del asunto. Lo mismo sucedió
con el conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

3. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 2 de julio
de 2025, admitió la acción de tutela; posteriormente, la Rama Judicial de
Colombia – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, vinculada en
dicha providencia, solicitó su desvinculación del trámite al alegar falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón de que sus funciones son
de carácter técnico y administrativo, sin injerencia en la adopción de

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decisiones judiciales, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, guardó silencio.

4. El trámite de la primera instancia concluyó el 28 de agosto de 2025, fecha
en la cual se profirió sentencia declarando la improcedencia de la acción
de amparo constitucional. El a quo fundamentó su decisión en la falta de
acreditación del requisito de subsidiariedad, así como en la ausencia de
relevancia constitucional de la pretensión, señalando que el accionante
buscaba utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un
debate de mera legalidad que ya había sido definido por su juez natural.

5. La parte actora impugnó oportunamente la anterior providencia, recurso
que fue concedido mediante auto del 6 de octubre de 2025 para que fuera
resuelto por el superior jerárquico.

6. Una vez remitido a la segunda instancia, el expediente fue repartido a la
Sección Tercera, Subsección B. El reparto fue realizado el 17 de octubre
de 2025.

7. El asunto correspondió a los Consejeros de Estado Diego Enrique Franco
Victoria, Alberto Montaña Plata y Fredy Ibarra Martínez, quienes a través
de escrito del 20 de febrero de 2026 manifestaron encontrarse incursos
en la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, impedimentos que fueron declarados
fundados por este despacho.

III. PRETENSIONES FORMULADAS EN LA DEMANDA DE TUTELA

PRETENSIÓN PRINCIPAL

“PRIMERA-Tutelar los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la prevalencia del derecho
sustancial del accionante, por defecto sustantivo, defecto
procedimental, violación directa de la Constitución, defecto orgánico,
desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado y
subsidiariamente defecto fáctico.”

“SEGUNDA.- Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de
fecha 05 de noviembre de 2024, notificada el 21 de enero de 2025,

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proferida en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicación No. 73001233300020150045702 (6393-2022) referido en
este libelo y ordenar al Honorable Consejo de Estado Sección Segunda
– Sala de Conjueces, que en el término de 48 horas, siguientes a la
notificación del fallo, proceda a dictar la providencia correspondiente,
confirmando la sentencia de primera instancia revocada, accediendo
a las súplicas de la demanda, ordenando reconocer y pagar al actor,
la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, equivalente al
30% del salario básico, como agregado a éste, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales para que les sean liquidadas
con el 100% de la asignación básica.”

PETICIÓN SUBSIDIARIA

En el remoto evento de considerarse que la Administración Judicial no
dio una respuesta de fondo en el Oficio DSAJ No. 000796 de fecha
diez (10) de octubre de 2014, respetuosamente se formula como
pretensión subsidiaria la siguiente:

• Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 05 de
noviembre de 2024, notificada el 21 de enero de 2025, proferida en
el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación
No. 73001233300020150045702 (6393-2022) referido en este libelo
y ordenar al Honorable Consejo de Estado Sección Segunda – Sala de
Conjueces, que, en el término de 48 horas, siguientes a la notificación
del fallo, proceda a dictar la providencia de reemplazo
correspondiente, declarando la ocurrencia y nulidad del acto ficto o
presunto negativo, fruto del silencio de la administración, accediendo
a las súplicas de la demanda, ordenando reconocer y pagar al actor,
la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1.992, equivalente
al 30% del salario básico, como agregado a éste, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales para que le sean liquidadas
con el 100% de la asignación básica”.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES DENTRO DE
LA TUTELA

a. La posición del accionante

En su libelo, el actor manifiesta que la decisión incurrió en (i) defecto
sustantivo, pues aplicó en forma incorrecta el inciso segundo del
numeral 2 del artículo 161 del CPACA, pues no es exigible agotar la vía
gubernativa si la autoridad no brinda la oportunidad de interponer los
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recursos, ya que el acto demandado señala que contra él no procedían
recursos; (ii) desconocimiento del precedente fijado por el Consejo
de Estado en su Sección Primera, en sentencia del 20 de septiembre de
2007 (rad 13001-23-31-000-1995-12217-01 CP Rafael Ostau De Lafont
Pianeta), y en su Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 22 de
noviembre de 2018 (rad 08001-23-33-000-2015-00845-01), según las
cuales sólo debe agotarse la vía gubernativa si el acto señala los recursos
procedentes, incluidas varias sentencias de la Sección Segunda, Sala de
Conjueces que lo confirman; (iii) defecto procedimental y orgánico,
pues el argumento de falta de agotamiento de la vía gubernativa nunca
fue puesto de presente por la DSAJ en la contestación de la demanda ni
en la apelación, por lo que no debía decidir sobre tales cargos; y (iv)
violación directa de la Constitución al no aplicar la ley vigente y
desconocer los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

b. La posición del Consejo de Estado (Sección Segunda- Sala de
Conjueces, quien profirió la sentencia del 5 de noviembre de 2024)

Para la Sala, el hoy actor no agotó la vía administrativa como requisito
para acudir ante la jurisdicción, por no haber presentado los recursos
procedentes contra el Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014. Lo
anterior, pese a tratarse de un acto susceptible de recursos según el
artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). Por tanto, el Consejo de Estado
encontró que no se cumplió el requisito de procedibilidad para acceder a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

c. Intervenciones dentro del trámite de tutela

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, con fundamento en la
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que, en su
calidad de órgano de naturaleza técnica y administrativa, carece de
injerencia en las decisiones judiciales adoptadas por jueces y
magistrados, quienes actúan con plena autonomía e independencia.
Señaló que sus funciones se circunscriben a la ejecución de actividades

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administrativas dentro de la Rama Judicial y que la representación judicial
de la Nación se encuentra funcionalmente desconcentrada en las
Direcciones Seccionales.

En ese sentido, sostuvo que la entidad llamada a comparecer sería la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima, en tanto fue
esta la que ejerció la representación de la Nación en el proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho. Agregó, además, que no fue
integrada como parte demandada en la litis original, lo que refuerza la
improcedencia de su vinculación en la presente acción de tutela.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
guardó silencio, mientras que el Tribunal Administrativo del Tolima allegó
copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 73001-23-33-
000-2015-00457-00.

V. PROBLEMA JURÍDICO

1. Ante todo, debe resolverse la cuestión acerca del cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la tutela. En particular, deberá
establecerse si la controversia planteada reviste relevancia
constitucional y si el accionante cumplió el requisito de subsidiariedad,
o si, por el contrario, debía agotar previamente el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2. De ser procedente la tutela, entonces deberá entrar la Sala a analizar:
¿Existió violación a los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, a la confianza legítima y “la prevalencia del derecho
sustancial” por parte de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 5 de noviembre de 2024
y exigir, como requisito para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la interposición de recursos administrativos contra el
Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014, pese a que, según
sostiene el actor, el propio acto administrativo indicaba que contra él no
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procedían recursos y que, por tanto, el numeral 2 del artículo 161 del
CPACA excluía la exigibilidad de dicha carga procesal?

Para resolver ese problema, la Sala deberá determinar si la sentencia
cuestionada incurrió en alguno de los defectos alegados por el
accionante, particularmente en los defectos sustantivo y procedimental
invocados como fundamento principal del amparo constitucional. En tal
caso, ¿ello conlleva o no la ocurrencia de (i) defecto sustantivo; (ii)
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado; (iii)
defecto procedimental y orgánico; y/o (iv) violación directa de la
Constitución?

VI. CONSIDERACIONES

1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – tutela contra
sentencia judicial

Antes de entrar a analizar las inconformidades de la parte actora contra la
sentencia atacada y, puntualmente, los defectos por aplicación errónea del
CPACA en que pudo o no incurrir la DSAJ al exigir el agotamiento de la vía
gubernativa como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, la posible violación del precedente del
Consejo de Estado y/o la violación directa de la Constitución, alegados en
la tutela, debe esta Sala determinar si están reunidos los requisitos de
procedibilidad adjetiva. Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte
precisó que:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro

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que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. (…)

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. (…)

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)

2. Análisis de la Sala

Bajo el criterio de las reglas expuestas, la Sala procederá a verificar si se
cumplen los requisitos de procedibilidad adjetiva de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

2.1. Relevancia constitucional

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional1, el requisito de relevancia
constitucional impone al juez de tutela verificar que: i) la controversia verse
sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; ii) el
caso involucre un debate jurídico directo sobre el contenido, alcance o goce
de derechos fundamentales; y iii) la acción de tutela no se utilice como una
instancia adicional para reabrir debates ya concluidos.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha señalado que
el examen de relevancia constitucional exige que la discusión gire en torno
a un “juicio de validez” y no a un “juicio de corrección” del fallo cuestionado.
También ha indicado que, cuando se cuestiona una providencia de una Alta
Corte, el análisis debe ser más estricto y exige justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada de un derecho
fundamental, no una simple relación formal con aquel.

1
Corte Constitucional, Sala Plena, 27 de noviembre de 2019, Sentencia Su-573 de 2019,
M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, 22 de marzo de
2022, SentenciaT-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
2
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, 22 de marzo de 2022, SentenciaT-075 de
2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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En el presente asunto, la Sala encuentra satisfecho dicho requisito, por las
razones que se exponen a continuación.

1. La controversia versa sobre un asunto constitucional y no
meramente legal o económico

La Sala advierte que el debate propuesto por el accionante no se agota en
una controversia ordinaria sobre el reconocimiento económico de unas
prestaciones laborales, ni en una simple discrepancia interpretativa sobre
normas procesales administrativas. Aunque el proceso judicial subyacente
tuvo como antecedente una reclamación laboral, el reproche constitucional
formulado en la acción de tutela y reiterado en la impugnación se dirige a
establecer si la providencia judicial cuestionada vulneró los derechos
fundamentales de acceso efectivo a la administración de justicia y debido
proceso, al exigir al accionante el cumplimiento de un requisito de
procedibilidad expresamente excluido por la ley.

En efecto, el recurso de impugnación sostiene que “la acción constitucional
promovida pretende el amparo de los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, debido proceso e igualdad del tutelante”, los
cuales habrían sido vulnerados con la sentencia del 5 de noviembre de 2024,
“al exigírsele la interposición de los recursos de reposición y apelación contra
el Oficio No. DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014”. Según el accionante,
esos recursos “no eran obligatorios, y que además no se podían interponer”,
porque el acto administrativo “no los indicó” y, por el contrario,
“expresamente señaló que contra él no procedían recursos”.

En ese sentido, la censura constitucional no consiste simplemente en afirmar
que el juez ordinario interpretó de manera incorrecta el artículo 161 del
CPACA, sino en que la autoridad judicial accionada habría desconocido una
regla legal expresa que excluía la exigibilidad del requisito y, con ello, habría
cerrado el acceso material del accionante a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

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La censura constitucional, por tanto, no se dirige a obtener por vía de tutela
el reconocimiento económico de las prestaciones reclamadas. El centro del
debate es la presunta vulneración del acceso efectivo a la administración de
justicia y del debido proceso por la imposición judicial de una carga procesal
que el accionante considera expresamente excluida por el numeral 2 del
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011. Por esa razón, la posible infracción
legal no se invoca como un error normativo aislado, sino como la causa
directa de una afectación iusfundamental: impedir el acceso material a la
jurisdicción mediante la exigencia de un requisito que el actor no podía
cumplir porque el propio acto administrativo indicaba que no procedían
recursos.

En consecuencia, la Sala estima satisfecho el primer criterio de relevancia
constitucional. La controversia no es meramente legal ni estrictamente
económica, sino constitucional, porque versa sobre la posible imposición
judicial de una barrera irrazonable de acceso a la administración de justicia.
Al respecto, resulta particularmente relevante que la providencia judicial
cuestionada (fallo de segunda instancia del 5 de noviembre de 2024)
reconociera expresamente que el actor tenía derecho al reconocimiento y
reliquidación de las prestaciones reclamadas conforme a la jurisprudencia
de unificación de esta Corporación, pero negará las pretensiones
exclusivamente por considerar incumplido el agotamiento de la actuación
administrativa. En esas condiciones, el problema constitucional planteado
no se contrae a una simple discrepancia interpretativa sobre el alcance del
artículo 161 del CPACA, sino a determinar si era constitucionalmente
admisible impedir el acceso material al reconocimiento judicial del derecho
mediante la exigencia de una carga procesal que, según el accionante, el
propio ordenamiento excluía para su caso concreto.

2. El caso involucra un debate directo sobre el contenido, alcance
y goce de derechos fundamentales

La Sala también encuentra acreditado el segundo criterio. El accionante no

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invoca de manera abstracta los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y confianza legítima. Por el
contrario, identifica concretamente cuál fue la actuación judicial que, en su
criterio, produjo la vulneración: exigir la interposición de recursos
administrativos contra un acto que no los habilitó y que expresamente
señaló que no procedían.

El escrito de impugnación formula el problema constitucional en términos
explícitos. Allí se señala que el debate consiste en determinar si la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales del accionante “de acceso efectivo a la
administración de justicia, al debido proceso, derecho de igualdad, a la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la prevalencia del derecho
sustancial”, al revocar la sentencia de primera instancia y negar el
reconocimiento de sus derechos laborales “bajo el único argumento” de que
era obligatoria la interposición de recursos contra el Oficio DSAJ No. 000796
del 10 de octubre de 2014, “cuando dicho acto no indica su procedencia” y,
además, “expresamente este señala de manera resaltada, en negrilla y
subrayada que los recursos no son procedentes”.

Esta formulación permite advertir que la relación entre la providencia judicial
cuestionada y los derechos fundamentales invocados es directa. Lo que se
reprocha no es simplemente una interpretación legal desfavorable, sino que
dicha interpretación habría producido una barrera de acceso a la justicia. En
otras palabras, el accionante sostiene que el juez ordinario convirtió en
exigible una carga procesal que la ley excluía y que esa exigencia fue
determinante para impedir el acceso efectivo al estudio de sus pretensiones.

La impugnación refuerza esa tesis al afirmar que el fallo de tutela de primera
instancia omitió advertir que “la primera causal planteada fue el defecto
sustantivo”, porque la sentencia de segunda instancia del 5 de noviembre
de 2024 “exigió arbitrariamente, separándose del artículo 161 del CPACA,
un requisito de procedibilidad que la norma no exige, que por el contrario
excluye, y que, por tanto, era imposible presentar por el actor”.

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Además, el recurso sostiene que la vulneración del acceso a la
administración de justicia, debido proceso e igualdad es clara, porque la
providencia judicial cuestionada habría estimado que el actor tenía derecho
al reconocimiento de los derechos laborales reclamados, pero negó el acceso
a ellos “con el único argumento de no haber interpuesto los recursos contra
el acto administrativo demandado, que expresamente indicaba que no
procedían recursos”.

Resulta particularmente relevante que la providencia judicial cuestionada
hubiera desarrollado un examen sustancial y completo del derecho
reclamado por el actor, concluyendo expresamente que este tenía derecho
al reconocimiento y reliquidación de las prestaciones reclamadas conforme
a la jurisprudencia de unificación aplicable. No obstante, la sentencia
finalmente negó las pretensiones exclusivamente por considerar incumplido
el agotamiento de la actuación administrativa, al estimar recurrible el oficio
demandado. En esas condiciones, el problema constitucional planteado no
se contrae a una simple discrepancia interpretativa sobre el alcance del
artículo 161 del CPACA, sino a determinar si era constitucionalmente
admisible impedir el acceso material al reconocimiento judicial del derecho
mediante la exigencia de una carga procesal que, según el accionante, el
propio ordenamiento excluía para su caso concreto.

En criterio de la Sala, estas afirmaciones muestran que el caso involucra un
debate constitucional directo sobre el contenido y alcance del derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. El asunto
consiste en establecer si una autoridad judicial podía impedir el acceso
material a la jurisdicción por el incumplimiento de un requisito que, según
el accionante, estaba expresamente excluido por el ordenamiento jurídico.
Del mismo modo, el asunto compromete el debido proceso, en tanto se alega
que la providencia judicial impuso al actor una carga procesal no exigible
para su caso concreto.

Por ello, la relación entre el caso y los derechos fundamentales invocados
no es indirecta, eventual ni retórica. Se trata de un reproche específico

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12

Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 01
Demandante: Luis Bernardo Perdomo Betancourt

contra una decisión judicial que, al exigir un requisito presuntamente
excluido por la ley, habría restringido el acceso efectivo del accionante a la
administración de justicia.

3. La tutela no se utiliza como tercera instancia ni como
mecanismo para reabrir debates ordinarios

La Sala igualmente encuentra satisfecho el tercer criterio. Del escrito de
impugnación no se desprende que el accionante pretenda reabrir el debate
probatorio, cuestionar la valoración del acervo probatorio o sustituir al juez
natural en la definición ordinaria del litigio laboral.

Por el contrario, el recurso delimita expresamente que la tutela no se dirige
contra la valoración probatoria ni contra la convicción judicial sobre los
hechos. En efecto, la impugnación señala que “Jamás la tutela interpuesta
por el accionante, se sustenta en la valoración del acervo probatorio o en
reprochar la convicción del juez sobre las pruebas, o en una inadecuada
interpretación del derecho”. Añade que “La tutela se fundamenta en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial”, con la cual se
habrían violado los derechos fundamentales “de acceso a la justicia, del
debido proceso e igualdad y confianza legítima del actor”.

En esa misma línea, el recurso rechaza expresamente que la acción
constitucional pretenda reabrir debates propios del proceso ordinario. Sobre
el punto, afirma que “No se entiende cómo el fallo de tutela objeto de
impugnación, concluye que el accionante pretende reabrir el debate sobre
cuestiones puramente legales debatidas y decididas en el proceso”, pues en
la fundamentación del amparo “nunca se controvirtieron las pruebas” y
“jamás se cuestionó la valoración del acervo o la interpretación de la ley por
el juez”.

Esta precisión resulta determinante. El control solicitado al juez
constitucional no corresponde a un juicio de corrección ordinaria sobre el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas, ni a una nueva valoración

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de las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Lo que se plantea es un juicio de validez constitucional sobre una
posible barrera de acceso a la justicia, derivada de la exigencia judicial de
recursos administrativos que, según el accionante, no eran obligatorios ni
podían interponerse.

Esta delimitación es compatible con la regla jurisprudencial aportada,
conforme a la cual la tutela contra providencias judiciales no puede
convertirse en un mecanismo para reabrir debates concluidos, pero sí exige
valorar, prima facie, si la decisión cuestionada se fundamentó, en palabras
del actor “en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial”
violatoria de derechos fundamentales.

Así, la acción de tutela no se presenta como una instancia adicional. Se
formula como un mecanismo excepcional orientado a examinar si la
providencia judicial cuestionada produjo una restricción prima facie
desproporcionada de los derechos fundamentales del accionante, al exigirle
una carga procesal que, según el escrito de impugnación, estaba
expresamente excluida por el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de
2011.

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela sí
satisface el requisito general de relevancia constitucional.

El debate no se contrae al reconocimiento económico de unas prestaciones
laborales ni a una simple discrepancia sobre la interpretación del artículo
161 del CPACA. El problema constitucional consiste en determinar si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de acceso
efectivo a la administración de justicia y debido proceso del accionante, al
exigirle la interposición de recursos administrativos como requisito de
procedibilidad, pese a que el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de
2011 dispone que, si la administración no dio oportunidad de interponer los
recursos procedentes, dicho requisito no será exigible.

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Según el escrito de impugnación, esa fue precisamente la situación del actor,
pues el acto administrativo demandado no indicó la procedencia de recursos
y, por el contrario, señaló expresamente que estos no procedían. Por ello,
la exigencia judicial de interponerlos no constituye, prima facie, una simple
diferencia interpretativa, sino una posible barrera de acceso a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

En esa medida, la presunta inaplicación de la regla legal expresa adquiere
relevancia constitucional porque habría producido la vulneración directa del
acceso a la administración de justicia y del debido proceso del accionante.
En consecuencia, se revocará la conclusión del fallo de primera
instancia en cuanto tuvo por incumplido el requisito de relevancia
constitucional, y se continuará con el análisis del requisito de
subsidiariedad.

2.2. Subsidiariedad

Superado el análisis de relevancia constitucional, corresponde a la Sala
verificar si la acción de tutela satisface el requisito general de subsidiariedad.
Este presupuesto exige determinar si el accionante contaba con otro medio
de defensa judicial ordinario o extraordinario que resultara idóneo y eficaz
para obtener la protección de los derechos fundamentales invocados.

La jurisprudencia constitucional3 ha precisado que la acción de tutela tiene
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual, en principio, antes de acudir al
amparo constitucional deben agotarse todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial disponibles. Esta exigencia se torna más
estricta cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales. En efecto,
conforme a la Sentencia C-590 de 2005, “la solicitud de amparo
constitucional contra las decisiones de los jueces solo procede cuando se
hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios o,
excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente para evitar un

3
Corte Constitucional, Sala Plena, 5 de febrero de 2021, Sentencia SU-026 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
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perjuicio irremediable”.

La Sala no desconoce la jurisprudencia que exige, incluso, el agotamiento
de los recursos extraordinarios antes de acudir a la tutela contra
providencias judiciales. Sin embargo, dicha jurisprudencia 4 también ha
precisado que la subsidiariedad exige valorar la idoneidad y eficacia concreta
del mecanismo disponible, así como la correspondencia entre las causales
del recurso extraordinario y el defecto constitucional efectivamente alegado.

Sobre el particular, el Alto Tribunal Constitucional5 ha señalado que:

“(…) la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón
suficiente para declarar la improcedencia de la acción. El medio debe
ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir
el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser
un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.

Para determinar la concurrencia de estas dos características, deben
examinarse los planteamientos fácticos de cada caso y establecerse (i) si la
utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela;
(ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el
interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su
alcance; (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial
protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración.”

No obstante, dicha regla no puede aplicarse de manera formal o automática.
La misma jurisprudencia constitucional ha reconocido que la tutela procede,
aun cuando exista otro medio judicial, si este no resulta idóneo ni eficaz
para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados. En esa línea, la Sentencia SU-026 de 2021 precisó que solo es

4
Corte Constitucional, Sala Plena, 22 de octubre de 2015, Sentencia SU-659 de 2015,
M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Corte Constitucional, Sala Plena, 22 de octubre de 2015, Sentencia SU-659 de 2015,
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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posible utilizar la tutela como mecanismo principal cuando se verifica “la
falta de idoneidad o eficacia de los mecanismos de defensa disponibles”6.

En relación con el recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa, la Corte Constitucional7 ha explicado que dicho mecanismo
fue creado para deshacer sentencias ejecutoriadas cuando se conocen
falencias que llevaron al juez a emitir un fallo contrario a derecho. En
particular, la jurisprudencia citada indica que dicho recurso procede cuando,
“por circunstancias no conocidas en el momento de adoptar la decisión, o
acaecidas con posterioridad a la decisión, se revela que ésta se fundó en un
error, fraude o ilicitud”8.

Asimismo, la Corte9 ha destacado que el recurso de revisión tiene naturaleza
excepcional y procede por causales taxativas, que deben ser interpretadas
de manera restringida. Según la Sentencia T-072 de 2022, “la acción de
tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el
derecho fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser
protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por
el accionante”.

Con fundamento en esas reglas, la Sala debe establecer si el recurso
extraordinario de revisión, por la causal de nulidad prevista en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA, constituía en este caso concreto un mecanismo
idóneo y eficaz para resolver el cargo constitucional realmente formulado
por el accionante.

El fallo de primera instancia estimó incumplido el requisito de subsidiariedad
porque consideró que el accionante tenía a su alcance el recurso

6
Corte Constitucional, Sala Plena, 8 de junio de 2005, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Cordoba Triviño.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, 5 de febrero de 2021, Sentencia SU-026 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
8
Corte Constitucional, Sala Plena, 5 de febrero de 2021, Sentencia SU-026 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
9
Corte Constitucional, Sala Plena, 5 de febrero de 2021, Sentencia SU-026 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
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extraordinario de revisión contra la sentencia del 5 de noviembre de 2024,
por la causal de nulidad originada en la sentencia. Según esa providencia,
dicho mecanismo resultaba eficaz para formular los argumentos
relacionados con la supuesta incongruencia de la decisión judicial
cuestionada.

La Sala no comparte esa conclusión, porque parte de una
caracterización equivocada del cargo constitucional formulado por
el accionante.

Podría sostenerse, sin embargo, una tesis distinta. Según ella, la referencia
efectuada por el accionante en tutela a que la entidad demandada nunca
alegó la falta de agotamiento de la actuación administrativa y que ello fue
producto del juez de segunda instancia, permitiría caracterizar la
providencia cuestionada como eventualmente incongruente y, por esa vía,
considerar potencialmente aplicable la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA. Desde esta perspectiva, la sola existencia de una
causal plausible de revisión bastaría para exigir el agotamiento previo de
dicho mecanismo antes de acudir a la acción de tutela.

La Sala considera necesario examinar expresamente esa posibilidad.

Para que ese planteamiento prosperara, sería necesario que la actuación de
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda encuadrase en alguno de los
supuestos de nulidad originada en la sentencia reconocidos por la
jurisprudencia. Sin embargo, un examen de esos supuestos revela que ello
no ocurre en el presente asunto.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo10 ha precisado que las
nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la
sentencia. Mientras las primeras se estructuran cuando concurren los
motivos consagrados taxativamente en el artículo 133 del CGP, las segundas

Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Segunda, Subsección B, 28 de febrero de 2013,
10

Rad. 54001-23-31-000-2000-01331-01 (1216-09), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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deben interpretarse de manera restrictiva y únicamente concurren en
supuestos específicos: a) cuando el juez provee sobre asuntos respecto de
los cuales carece de jurisdicción o competencia; b) cuando sin actuación
previa se dicta un nuevo fallo en proceso ya terminado por sentencia en
firme; c) cuando sin más actuación se profiere sentencia después de
ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento, aprobó la transacción o
declaró la perención; d) cuando se dicta sentencia como única actuación sin
el trámite previo correspondiente; e) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior, por objeto distinto del pretendido en la demanda, o
por causa diferente de la invocada; f) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso; g) o cuando sin más actuación se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión.

El supuesto aparentemente más próximo al planteamiento es el previsto en
el literal e) de ese catálogo: que el demandado sea condenado por objeto
distinto del pretendido en la demanda. Sin embargo, ese supuesto tiene un
alcance preciso. Se configura cuando la sentencia resuelve un objeto o una
causa petendi distintos a los formulados en el libelo introductorio del proceso
ordinario, es decir, cuando el juez falla por fuera de los límites de las
pretensiones. Lo que ocurrió en la sentencia del 5 de noviembre de 2024
fue estructuralmente diferente: la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
no resolvió sobre un objeto distinto al solicitado, sino que aplicó el inciso
segundo del numeral 2 del artículo 161 del CPACA para concluir que no se
había agotado la actuación administrativa previa. Eso no es un problema de
congruencia externa entre pretensiones y fallo; es un error de juicio en la
interpretación y aplicación de una norma procesal.

Esa distinción es determinante. La jurisprudencia11 ha sido uniforme en
señalar que los errores de juicio relacionados con la interpretación de las
normas, la apreciación probatoria o la aplicación del derecho sustancial no

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 23 de noviembre de
2022, rad. 11001-03-26-000-2020-00125-00 (66289), M.P. Alberto Montaña Plata en igual
sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de octubre de
2004, Exp. 03001-3103-008-1999-00421-01, M.P. Margarita Cabello Blanco
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estructuran la causal de nulidad originada en la sentencia. Admitir lo
contrario equivaldría a convertir el recurso extraordinario de revisión en una
tercera instancia, en contravía de su naturaleza excepcional y del carácter
taxativo de sus causales.

En consecuencia, lo que el planteamiento alternativo propone es
reencuadrar como nulidad por fallo extra petita lo que en realidad constituye
un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 161 numeral 2 del
CPACA. Ese reencuadre no se sostiene: la sentencia cuestionada no resolvió
por fuera de las pretensiones del proceso ordinario, sino que negó las
pretensiones con fundamento en la exigencia de un requisito que, según el
accionante, el propio ordenamiento excluía para su caso concreto. Ese es
un error de derecho susceptible de control constitucional, no una
nulidad originada en la sentencia susceptible de revisión
extraordinaria.

En efecto, el escrito de impugnación sostiene que el juez constitucional de
primera instancia “parte de la premisa que lo que se pretende es corregir la
incongruencia presentada en la sentencia al fallarse extra y ultra petita”. Sin
embargo, el mismo recurso aclara que “tal apreciación difiere del
fundamento central planteado en los defectos sustantivo y procedimental
del escrito de tutela”.

La impugnación precisa que la acción constitucional no se estructuró sobre
la incongruencia de la sentencia ordinaria, sino sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, debido proceso e igualdad. En palabras del recurso, “la acción
constitucional promovida pretende el amparo de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e
igualdad del tutelante”, los cuales habrían sido vulnerados con la sentencia
del 5 de noviembre de 2024, “al exigírsele la interposición de los recursos
de reposición y apelación contra el Oficio No. DSAJ No. 796 del 10 de octubre
de 2014”, recursos que, según el accionante, “no eran obligatorios, y que
además no se podían interponer”, porque el acto administrativo “no los

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20

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indicó” y “expresamente señaló que contra el no procedían recursos”.

De manera todavía más explícita, el recurso de impugnación señala que, “en
cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, resulta evidente
que “lo que se debate y pretende con la acción, no es que se declare la
incongruencia entre lo expuesto por la entidad accionada Rama Judicial, en
su contestación de demanda, escrito de excepciones ni recurso de apelación
frente a lo fallado por la sección segunda del Consejo de Estado, ni se
reprocha un fallo extra o ultra petita”.

Esa afirmación es decisiva. Si el accionante no formuló como cargo principal
la incongruencia de la providencia judicial, no podía exigírsele acudir al
recurso extraordinario de revisión con fundamento en una causal de nulidad
dirigida a corregir ese tipo de irregularidad. La impugnación insiste en que
“la acción de tutela en ningún caso se orienta a plantear como argumento
de sustento que el juez en el proceso ordinario de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, haya decidido sobre lo no controvertido en
las excepciones, en la contestación de la demanda o en los recursos”.

Esta conclusión resulta consistente con la interpretación restrictiva que la
jurisprudencia ha otorgado a la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA12. Al resolver recursos extraordinarios de revisión fundados
en presuntas irregularidades de la sentencia, esta Corporación13 ha señalado
que no basta alegar afectaciones genéricas al debido proceso o desacuerdos
con la motivación judicial, sino que es indispensable identificar una
verdadera nulidad originada en la sentencia jurídicamente relevante para
efectos de la causal invocada. De igual forma, se ha precisado que las
nulidades procesales son de interpretación restrictiva y no pueden
confundirse con simples discrepancias frente al razonamiento jurídico
desarrollado por el juez.

12
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, 19 de septiembre de 2022, Rad.
11001-03-15-000-2021-11456-00 (REV), C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sala Plena, 3 de abril de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091

00 (REV), C.P. Rocío Araujo Oñate.
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Además, el recurso aclara que la referencia a que la entidad demandada no
alegó la falta de agotamiento de la actuación administrativa fue un
argumento accesorio, no el núcleo del amparo. Sobre este punto, la
impugnación indica que “este aspecto se invocó como adicional y
complementario para reforzar el argumento de la arbitrariedad”, pues la
Administración “jamás había alegado la necesidad de interponer los
recursos”.

El cargo principal, entonces, es distinto. Según el recurso, el juez ordinario
habría incurrido en una vía de hecho al exigir un requisito de procedibilidad
que la ley no contempla para el caso concreto. La impugnación lo expresa
así: “en el componente fáctico y jurídico del amparo se ha considerado que
el juez concluyó correctamente luego del debate procesal y probatorio, que
el demandante tenía derecho al reconocimiento de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pero que incurrió en una flagrante vía de
hecho al exigirle un requisito que no solo la ley no contempla sino que
excluye para acudir a la jurisdicción, como es el de la obligatoriedad de los
recursos, cuando el mismo acto administrativo demandado no indica su
procedencia o cuando expresamente indica que no proceden”.

En similar sentido, el recurso afirma que “la acción de tutela promovida por
mi poderdante Luis Bernardo Perdomo Betancourt, se basó toralmente en el
defecto sustantivo en que incurrió el fallador de segunda instancia”, al exigir
“la interposición de unos recursos que no eran obligatorios para agotar el
trámite administrativo”, requisito que, según el actor, no exige el artículo
161 de la Ley 1437 de 2011 cuando las autoridades no dieron oportunidad
de interponer los recursos procedentes.

La distinción anterior no es meramente terminológica. La jurisprudencia14
ha destacado que la nulidad originada en la sentencia no comprende, por
regla general, los errores de juicio relacionados con la interpretación o
aplicación del derecho, ni las discrepancias sobre la fundamentación jurídica

14
Consejo de Estado, Sala Plena, 13 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-
00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
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del fallo. Tales materias pertenecen al ámbito propio de la función
jurisdiccional y no transforman automáticamente la providencia en una
sentencia afectada por nulidad15. Por ello, antes de concluir que existía un
recurso extraordinario de revisión idóneo, resulta indispensable determinar
si el reproche formulado por el accionante corresponde realmente a una
nulidad originada en la sentencia o si se dirige, más bien, a cuestionar la
exigencia judicial de un requisito de procedibilidad que el actor considera
expresamente excluido por el ordenamiento.

Por tanto, el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad
originada en la sentencia no constituía, en este caso concreto, un
mecanismo idóneo ni eficaz para resolver el problema constitucional
planteado.

Incluso si se admitiera, en gracia de discusión16, que algunos de los
argumentos desarrollados por el accionante pudieran ser interpretados
como un cuestionamiento de congruencia de la providencia judicial, ello no
modificaría la conclusión anterior. La existencia abstracta de una posible
construcción de la causal de revisión no releva al juez constitucional de
examinar si dicho mecanismo resultaba verdaderamente idóneo y eficaz
para la protección del derecho fundamental efectivamente invocado. Y en el
presente asunto, el núcleo del amparo no consistió en corregir una eventual
sentencia extra, ultra o infra petita, sino en cuestionar la imposición judicial
de una carga procesal que, según el actor, se encontraba expresamente
excluida por el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

La causal identificada por el juez de primera instancia habría sido pertinente
si el reproche central hubiese consistido en que la sentencia ordinaria
incurrió en incongruencia por fallo extra, ultra o infra petita. Pero la tutela

15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de mayo de 2019,
Exp. 11001-02-03-000-2015-00637-00, M.P. Margarita Cabello Blanco, en la que se precisa
que la causal de nulidad originada en la sentencia no comprende errores de juicio
relacionados con la interpretación de las normas, la apreciación probatoria o la aplicación
del derecho sustancial.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-072 de 2022, M.P.
Diana Fajardo Rivera.
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no se formuló en esos términos. Su núcleo fue la presunta vulneración del
acceso efectivo a la administración de justicia y del debido proceso por la
exigencia de recursos administrativos que, según el accionante, no eran
obligatorios, no fueron habilitados por la Administración y estaban excluidos
como requisito de procedibilidad.

Esta conclusión se ajusta a la regla constitucional según la cual la acción de
tutela desplaza el recurso extraordinario de revisión cuando las causales de
revisión “no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante”17. En este caso, la causal de nulidad por incongruencia no se
encuadra materialmente en los hechos denunciados, porque los hechos
relevantes no son que el juez ordinario haya decidido por fuera de lo pedido,
sino que habría exigido un requisito de procedibilidad que, de acuerdo con
el accionante, la ley excluía expresamente cuando la administración no daba
oportunidad de interponer recursos.

La Sala no desconoce que, en determinados supuestos 18, la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA puede constituir un mecanismo
idóneo para corregir providencias judiciales afectadas por verdaderas
nulidades originadas en la sentencia, como lo reconoció la Sala Plena del
Consejo de Estado al examinar la improcedencia de la tutela frente a
providencias judiciales cuando el recurso extraordinario de revisión
resultaba apto para controvertir la nulidad alegada19. Sin embargo, la
subsidiariedad no puede evaluarse en abstracto, a partir de la mera
posibilidad teórica de formular una causal extraordinaria, sino atendiendo a

17
Corte Constitucional, Sala Plena, 5 de febrero de 2021, Sentencia SU-026 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
18
En sentido similar, el Consejo de Estado ha señalado que para efectos de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA no cualquier reproche sobre la falta de
congruencia externa o interna estructura la causal de revisión, pues se exige que la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante. Consejo de Estado,
Sala Plena, 13 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), C.P.
Alberto Montaña Plata.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 16 de mayo de 2017,
rad. 11001-03-15-000-2015-03386-01(IJ), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En
esta providencia se analizó la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que el recurso
extraordinario de revisión fundado en la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA
constituía un mecanismo judicial idóneo frente al reproche de nulidad originada en la
sentencia.
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la naturaleza concreta del defecto constitucional denunciado y a la aptitud
real del mecanismo para otorgar una protección integral de los derechos
fundamentales comprometidos.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela satisface
el requisito de subsidiariedad. Aunque el recurso extraordinario de
revisión puede ser idóneo en ciertos eventos para proteger el debido proceso
frente a sentencias ejecutoriadas, en este caso concreto no constituía
un medio eficaz para resolver la controversia constitucional
planteada, porque la causal considerada por la primera instancia no
correspondía al cargo principal formulado por el accionante ni
permitía la protección integral de los derechos fundamentales
invocados.

Así las cosas, no era exigible al actor promover el recurso extraordinario de
revisión antes de acudir a la acción de tutela. La controversia constitucional
no se dirige a corregir una sentencia incongruente, sino a determinar si la
providencia judicial cuestionada vulneró los derechos fundamentales de
acceso efectivo a la administración de justicia y debido proceso al exigir un
requisito de procedibilidad que, según la impugnación, estaba expresamente
excluido por el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

Por tanto, se revocará la conclusión del fallo de primera instancia en
cuanto tuvo por incumplido el requisito de subsidiariedad, y se
continuará con el análisis de los defectos específicos alegados contra la
providencia judicial cuestionada.

2.3. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente

El cargo principal de la tutela, reiterado en la impugnación, consiste en que
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado inaplicó
el inciso segundo del numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, al
exigir la interposición de recursos administrativos como requisito de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, pese a que el Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014

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señaló expresamente, en negrilla y subrayado, que contra él no procedían
recursos.

El artículo 161 del CPACA establece, en su numeral 2, dos reglas
diferenciadas. La primera, contenida en el inciso primero, exige haber
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios, como presupuesto para demandar la nulidad de un acto
administrativo de carácter particular. La segunda, contenida en el inciso
segundo, dispone con carácter imperativo que ese requisito “no será
exigible” cuando las autoridades administrativas no hubieran dado
oportunidad de interponer los recursos procedentes. La norma no otorga al
juez margen de apreciación: verificada esa circunstancia, el requisito queda
automáticamente excluido.

La sentencia cuestionada aplicó el inciso primero e ignoró el inciso segundo.
Sin embargo, los hechos del caso encuadraban precisamente en el supuesto
de excepción previsto por el legislador: el Oficio DSAJ No. 796 de 2014 no
indicó la procedencia de recursos y, adicionalmente, advirtió de manera
resaltada que contra él no procedían. Ante esa realidad fáctica, la regla
aplicable no era la del inciso primero del numeral 2, sino la del inciso
segundo de la misma disposición, que excluye expresamente la exigibilidad
del requisito.

La omisión de una disposición directamente aplicable al caso
configura defecto sustantivo. Esta modalidad se presenta, entre otros
supuestos, cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica”20. El error de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda no fue
de interpretación en el sentido de haber construido una hermenéutica
razonable, aunque discutible del artículo 161; fue de omisión: el fallador se
detuvo en el inciso primero del numeral 2 y nunca consideró el inciso

20
Corte Constitucional, Sala Plena, 3 de octubre de 2019, Sentencia SU-453 de 2019,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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segundo, que es la norma que rige precisamente el supuesto en que la
administración no da lugar a interponer los recursos.

Ese error resultó determinante: fue el único fundamento de la revocatoria
de la sentencia de primera instancia y de la denegación de las pretensiones
del actor. La providencia objeto de reproche reconoció expresamente que el
demandante había probado su derecho al reconocimiento y reliquidación de
las prestaciones reclamadas conforme a la jurisprudencia de unificación
aplicable, pero negó las pretensiones con el único argumento de no haber
agotado la vía gubernativa. En esas condiciones, la inaplicación del inciso
segundo del numeral 2 del artículo 161 del CPACA no fue un defecto menor
de motivación sino la causa directa e inmediata de la privación del derecho
reconocido.

La conclusión anterior se refuerza con el precedente de esta Corporación.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de manera pacífica
y reiterada que la vía administrativa se entiende debidamente agotada,
entre otros supuestos, cuando la autoridad impide que el interesado haga
uso de los recursos, o cuando el acto administrativo no indica su
procedencia. Así lo precisó la Sección Primera en sentencia del 20 de
septiembre de 2007, al señalar que la vía gubernativa se entiende agotada
cuando “la autoridad impide que el interesado haga uso de los recursos” 21.

En igual sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección A, en auto del
22 de noviembre de 2018, al precisar que si la administración no ofrece la
posibilidad de interponer el recurso de apelación, quien pretenda demandar
la nulidad de un acto administrativo puede acudir directamente a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, de conformidad con el inciso
segundo del numeral 2 del artículo 161 del CPACA22.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 20 de septiembre de 2007, radicación 13001-23-31-000-1995-12217-01, C.P. Rafael
E. Ostau De Lafont Pianeta.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 22 de noviembre de 2018, radicación 08001-23-33-000-2015-00845-01,
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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La Sala de Conjueces de la Sección Segunda se apartó de ese precedente
sin ofrecer razón jurídica alguna que justificara el cambio de posición, lo que
configura, de manera concurrente con el defecto sustantivo, la causal de
desconocimiento del precedente judicial. La conjunción de ambos cargos no
es redundante: el defecto sustantivo radica en la inaplicación de la norma;
el desconocimiento del precedente, en el apartamiento injustificado de la
regla jurisprudencial que la corporación misma había consolidado para
supuestos fácticamente idénticos.

2.4. Improcedencia de los cargos de defecto orgánico y
procedimental por incongruencia con la apelación

La impugnación sostiene, adicionalmente, que la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda incurrió en defecto orgánico y procedimental al
pronunciarse sobre la falta de agotamiento de la vía gubernativa, materia
que la entidad demandada nunca allegó como reparo en la contestación de
la demanda ni en el recurso de apelación. Este cargo no prospera.

Los presupuestos procesales de la demanda, entre ellos el agotamiento de
la actuación administrativa previa cuando se pretende la nulidad de un acto
administrativo particular, constituyen condiciones necesarias para que el
juez pueda pronunciarse de fondo. La jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que el agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto
procesal para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y que,
antes de resolver el fondo del asunto, el juez puede verificar de oficio su
cumplimiento. En esa línea, la Sección Cuarta ha estudiado de oficio la falta
de agotamiento de la vía gubernativa en segunda instancia y, al encontrar
incumplido ese presupuesto, ha revocado la sentencia apelada para
declararse inhibida. Asimismo, la Sección Segunda ha reiterado que el
agotamiento de los recursos obligatorios constituye un requisito de
procedibilidad conforme al numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de
2011.23

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del
10 de febrero de 2011, rad. 41001-23-31-000-2003-00894-01 (18193), C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
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La limitación del artículo 328 del Código General del Proceso, que
circunscribe la competencia del ad quem a los reparos del apelante, opera
sobre el objeto del debate ordinario, pero no restringe la facultad del
superior de verificar de oficio la concurrencia de los presupuestos de
procedibilidad de la acción.

Por consiguiente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda no asumió
competencia que la ley no le otorgaba al examinar el agotamiento de la vía
gubernativa. Sí incurrió en error al resolverlo, pero ese error es de juicio,
inaplicación del inciso segundo del numeral 2 del artículo 161 del CPACA, y
no de competencia. El defecto, como se estableció antes, es sustantivo y no
orgánico ni procedimental por incongruencia con la apelación. Estos dos
últimos cargos, en consecuencia, no prosperan como defectos autónomos.

2.5. Consecuencias constitucionales del defecto sustantivo

La inaplicación del inciso segundo del numeral 2 del artículo 161 del CPACA
no constituye un error técnico aislado: tuvo consecuencias directas sobre
los derechos fundamentales del accionante. Al exigir un requisito que la ley
excluye expresamente para su caso, la sentencia objeto de reproche cerró
el acceso material del actor a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, vulnerando el derecho consagrado en el artículo 229 de la
Constitución. Al imponerle una carga procesal que el propio acto
administrativo declaraba inobservable, comprometió el derecho al debido
proceso consagrado en el artículo 29 superior. Y al aplicarle una exigencia
que no se impone a quienes se encuentran en idéntica situación fáctica, esto
es, a quienes demandan actos administrativos que no indican la procedencia
de recursos, desconoció el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el
artículo 13 de la Carta.

Adicionalmente, el cambio intempestivo en la regla de procedibilidad,
respecto de una interpretación que el propio ordenamiento y la

Segunda, Subsección A, auto del 27 de marzo de 2023, rad. 17001-23-33-000-2019-
00456-01, C.P. William Hernández Gómez.
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jurisprudencia constante del Consejo de Estado consideraban pacífica y
consolidada, desconoció los principios de buena fe y confianza legítima
derivados del artículo 83 de la Constitución, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal consagrado en el artículo
228 ibídem. El actor no podía prever que una corporación que en asuntos
fácticamente idénticos había prescindido del requisito de los recursos le
exigiría ahora su interposición contra un acto que expresamente la
descartaba.

En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia del 5 de noviembre de
2024 proferida por la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo de
Estado incurrió en defecto sustantivo por inaplicación del inciso segundo del
numeral 2 del artículo 161 del CPACA, con desconocimiento concurrente del
precedente de esta Corporación, y que ese defecto produjo la vulneración
de los derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de
justicia, debido proceso, igualdad, buena fe y confianza legítima del señor
Luis Bernardo Perdomo Betancourt. En esas condiciones, el amparo prospera
y la providencia cuestionada debe dejarse sin efectos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala de Conjueces

VII. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Luis Bernardo Perdomo Betancourt contra la Sección Segunda – Sala de
Conjueces de esta Corporación.

SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia del señor Luis Bernardo Perdomo
Betancourt, al haberse exigido al accionante una carga procesal que, prima
facie, no resultaba exigible conforme al inciso 2º del numeral 2 del artículo 161
de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
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TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de fecha cinco (5) de noviembre
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la Sección Segunda – Sala de
Conjueces del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 73001-23-33-000-2015-
00457-02 (6393-2022).

CUARTO. ORDENAR a la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo de
Estado que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 73001-23-33-000-2015-
00457-02 (6393-2022), de conformidad con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

SEXTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez en firme esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO GONZALO SUÁREZ BELTRÁN

Conjuez Conjuez

CAROLINA DEIK ACOSTAMADIEDO

Conjuez (Salvamento de voto)

CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por el
magistrado que la suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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