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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00457-02

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Carmen María Anaya de Castellanos
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00457-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia fechada el 16 de octubre de 2020, dictada dentro del presente proceso por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: En su lugar NIÉGANSE las súplicas incoadas a través de este proceso. CUARTO: Sin condena en costas QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00457-02

Consejero ponente: Conjuez Carmen María Anaya de Castellanos

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE CONJUECES

CONJUEZ PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS

Bogotá D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 730012333000201500457-02 (6393-2022)
Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETAUCORUT
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Tema: Prima Especial de Servicios

1. ASUNTO

Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto
tanto por la parte demandada como demandante contra la sentencia proferida el 30
de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Luis Bernardo Perdomo Betancout por intermedio de apoderado, solicitó la
nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 Folios 2 a 24 del documento “2017.0232Páginas1 a 40” visible en el índice 2 de SAMAI.

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 730012333000201500457-02
Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETAUCORUT
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

• Oficio DSAJ No. 000796 de fecha 10 de octubre de 2014, por medio de la
cual el director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué, el
que negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de
salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. No hay más actos demandados.

Como consecuencia de tal declaración, a título de restablecimiento del derecho pidió
condenar a la demandada a

“[…] 1.- Reconocer y PAGAR […] la prima especial mensual prevista en
el artículo 14 de la ley 4 de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual que se le ha dejado de pagar, teniéndola
como valor adicional sobre dicha asignación mensual básica y no como
parte integrante de la misma, desde el 1º de enero de 1993 hasta la fecha
de la sentencia y en adelante mientras se desempeñe como Juez de la
República.

2.- Reliquidar y reajustar todas sus prestaciones sociales como
bonificación anual por servicios prestados, prima de servicios,
vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses de las cesantías,
aportes o cotizaciones a seguridad social en pensiones y demás
prestaciones y emolumentos que se puedan ver incididos, devengados
por Dr. Luis Bernardo Perdomo Betancourt en condición de Juez
Promiscuo Municipal de Vista Hermosa (Tolima) la fecha de la sentencia
y en adelante mientras ejerza como Juez de la República, teniéndose
para ello como base de liquidación el 100% de la remuneración básica
mensual legal, incluyendo el 30% que durante el mismo período referido
se ha tenido indebidamente como prima especial sin carácter salarial,
creada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992.

3.- Reconocer y pagar […] el valor de las diferencias salariales y
prestacionales resultantes entre lo liquidado hasta el momento de la
sentencia y desde el 1º de enero de 1993 por la Administración Judicial
con el 70% de su remuneración mensual básica y la reliquidación

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Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETAUCORUT
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

solicitada en la pretensión inmediatamente anterior, teniendo como
carácter salarial el 100% de la remuneración básica legal mensual donde
se incluya con tal carácter salarial el 30% de su sueldo mensual que la
Rama Judicial indebidamente ha tenido como prima especial sin carácter
salarial.

4.- Reconocer y pagar […] los valores y sumas reclamadas
anteriormente, ajustadas o indexadas, de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor, mes por mes.

Igualmente presentó pretensiones subsidiarias.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la entidad accionada contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

3. LA SENTENCIA APELADA2

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 16 de octubre de 2020,
resolvió:

“[…] PRIMERO. Declarar probada parcialmente la excepción de
Prescripción.

SEGUNDO. Declarar no probada la excepción denominada Innominada
o Genérica.

TERCERA. Inaplicar por inconstitucionalidad las disposiciones
citadas en la demanda.

2 Folios 186 a 195.

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(….)

SEXTO. Condenar a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reliquidar, reconocer y pagar al señor LUIS BERNARDO PERDOMO
BETANCOURT, desde el 25 de agosto de 2011, hasta la fecha en que
cesen los hechos que dan derecho a la prima especial, todas sus
prestaciones sociales, salariales y laborales (….) que se puedan ver
incididas y que en el futuro se establezcan y se causen durante su
vinculación como juez Promiscuo Municipal de Villahermosa (Tolima),
teniendo como base para la liquidación, el 100% de sueldo básico
mensual, incluyendo como base de liquidación la prima especial que no
se ha tenido en cuenta, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

SÉPTIMA. CONDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Ibagué a reconocer y pagar al señor LUIS
BERNARDO PERDOMO BETANCOURT desde el 25 de agosto de 2011,
hasta la fecha en que cesen los hechos las diferencias salariales y
prestacionales existentes entre la liquidación que hasta ahora ha
realizado la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Ibagué, con
el salario básico y el valor que resulte de reliquidar todas sus
prestaciones sociales y laborales (…) que se puedan ver incididos
teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración
básica mensual básica mensual , que no se ha tenido en cuenta porque
se ha computado como prima especial.

(…)

Señaló como fundamentos sudecisión, que de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo de Estado en las decisiones emitidas el 2 de abril de 20093, 29 de abril de
20144 y 2 de septiembre de 20195, la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la

3 Radicado: 110010325000200700098 00 (1831-2007). MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
4 Número interno: 1686-2007. C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
5 Número interno: 2204-2018- C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. En ese sentido,
precisó que esta interpretación desarrolla en mayor medida los principios de
progresividad, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial.

De ahí que concluyó que el demandante tiene derecho a que se reliquiden los
ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la
prima especial de servicios y las prestaciones se liquiden sobre la base de todo el
salario sin sumar o restar el 30%, equivalente a la prima especial, toda vez que
dicha prestación social no tiene carácter salarial, desde el 25 de agosto de 2011,
hasta la fecha en que cesen los hechos. Declarando, por ende, la prescripción de
los derechos causados hacia atrás.

Esta sentencia fue objeto de adición, corrección y aclaración por parte del
apoderado de la parte demandante, en sentido (i) Que se condene a la Rama
Judicial a reconocer y pagar al actor, desde el 25 de agosto del 2011, hasta la fecha
y en adelante mientras el actor permanezca vinculado a la Rama Judicial, la prima
mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% del salario básico, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como incremento agregado, adición o sobresueldo
a la remuneración mensual legal, que hasta ese momento no se había reconocido
ni pagado.

Así mismo en la parte resolutiva, concomitante con lo señalado anteriormente,
reclamando así mismo, se tenga en cuenta las demás pretensiones de la demanda.

Con fecha 17 de febrero de 2022, se produjo sentencia complementaria, ordenando
que se tenga el 30% de prima especial como un plus o valor adicional al salario y o
como parte integrante de éste.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandada

Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandada presentó
recurso de apelación, en el que solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su

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lugar, negar las pretensiones, aduciendo que en ejercicio delas facultades legales
otorgadas al Presidente de la República por la Ley 4ª de 1992, para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, entre éstos los de la rama Judicial
(…) surgiendo conveniente examinar los alcances de esta figura dentro de un
contexto jurídico de la función pública conforme al régimen que lo ha regulado antes
de la Constitución de 1991 y después de la misma, a fin de desentrañar con mayor
claridad posible la textura, dado a que ella hace parte del universo jurídico plasmado
en la Ley 4ª de 1992.

Para el caso, transcribe el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, razón por la que el
Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades contenidas en dicha ley, expidió el
Decreto 57 del 7 de enero de 1993, por la que la demandada dio aplicación a dicha
normatividad y que desarrollaron anualmente el tema.

Luego, destacó que, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 2012, el
Consejo de Estado determinó que la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es una adición al salario, asimismo que sus
beneficiarios tienen derecho a que se reliquiden sus prestaciones con el 100% de
su asignación básica y no sobre el 70%. De igual manera, precisó que esta decisión
tiene efectos vinculantes en los términos previstos en el artículo 10 del CPACA.

Asimismo, señaló que “resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo
presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar los mayores valores
que se generarían para conciliar la prima especial de del 30%, sin carácter salarial,
derivados de la sentencia de unificación mencionada y del Decreto 272 citados”

Añadió que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 111 de
1996, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al presupuesto de
gastos sobre apropiaciones inexistentes.

Finalmente, pidió declarar prescritas las sumas no reclamadas dentro de los tres
años que prevé la norma.

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5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la
Ley 1564 de 2012, art. 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Bajo el contexto reseñado, el expediente: i) Arribó a esta Corporación el 23 de junio
de 20236; ii) A través de providencia del 3 de agosto de 2023 la Subsección B
manifestó su impedimento para conocer el sub examine, y dispuso su envío a la
Subsección A7, quienes lo declararon fundado por medio de auto del 14 de
septiembre de 20238; iii) El 26 de octubre de 2023 se realizó el sorteo de conjueces9;
iv) mediante auto del 7 de mayo de 2024 la conjuez ponente admitió el recurso de
apelación y ordenó correr traslado a las partes y al señor Agente del Ministerio
Público para que presentaran sus correspondientes alegatos de conclusión10; v) las
partes guardaron silencio en esta etapa y vi) El agente del Ministerio Público rindió
concepto dentro del cual pidió confirmar la decisión11.

5.2. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de apelación, el problema jurídico se contrae a
establecer: i) Si el demandante es beneficiario de la Prima Especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y, ii) si es aplicable para el caso, el fenómeno
jurídico de la prescripción.

5.2.1. Posición del Consejo de Estado, en relación con la interpretación y
aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

6 Folio 167.
7 Índice 4 de SAMAI.
8 Folios 170 a 171, también en el índice 9 de SAMAI.
9 Índice 16 de SAMAI.
10 Folio 175, también en el índice 24 de SAMAI.
11 Índice 28 de SAMAI.

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La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019,12
después de examinar las normas constitucionales (artículo 150), legales (Ley 4ª/92
y Ley 332/96) y reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno
nacional), así como la noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama
Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que
se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la
Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título
de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional

12 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001-23-33-000-2016-00041-02

(2204-2018); actor: Joaquín Vega Pérez; Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.

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5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás”

De acuerdo con esa jurisprudencia, -se insiste- de carácter obligatorio, la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se estableció
como un incremento sobre el salario básico y no como un porcentaje de este. En
la medida entonces en que se hizo una interpretación que no se corresponde con la
finalidad de la norma, se desconocieron derechos laborales de los servidores
judiciales al disminuirse su asignación básica mensual en un treinta por ciento (30
%), reiterando la sentencia dictada el 29 de abril de 2014 a través de la cual se
declaró la nulidad de los Decretos que fijaron el régimen salarial de la Rama Judicial
entre los años 1993 y 2007.

Así también, en cuanto al carácter salarial o no de la prima especial en sentencia
dictada por esta misma Corporación el 19 de abril de 201413 por medio de la cual
se decretó la nulidad parcial de los Decretos que fijaban el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial durante los años 1993 a 2007,
con relación a la prima especial establecida por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
se expresó:

“Aquí el caso que nos ocupa se acoge y se aplica esta línea
jurisprudencial, con la siguiente precisión: es necesario distinguir la
liquidación del ingreso mensual de la liquidación de las prestaciones, así:

En cuanto a lo primero, el ingreso mensual se debe liquidar como se
indicó en el cuadro transcrito … o sea, que incluya el salario básico más
un 30% adicional, a título de prima especial de servicios. En el Ejemplo,
cada mes de deberla paga $13´000.000 de pesos. Y, en cuanto a lo
segundo, las prestaciones sociales se deben liquidar sobre la totalidad

13 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07) Actor: Pablo J. Cáceres Corrales Demandado:
Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Departamento Administrativo de la Función Publica – Medio de Control: Nulidad Objetiva. C.P. María
Carolina Rodríguez Ruiz.

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del salario básico, sin restar ni sumar el 30% de la prima especial de
servicios, que para estos efectos no tiene incidencia alguna, ya que no
tiene carácter salarial, como lo indica la Ley 4ª de 1992. En el ejemplo,
las prestaciones se deben liquidar sobre una base de $10´000.000 de
pesos […]”

5.2.2. Posición del Consejo de Estado, en cuanto al fenómeno jurídico
de la prescripción trienal.

En la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló, que: «Para la contabilización de la prescripción del derecho a
reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969», lo cual quedó sentando como regla jurisprudencial.

De igual manera, indicó que el derecho reclamado no nació con la sentencia del 29
de abril de 2014, pues no fue con la ejecutoria de aquella que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa. Textualmente, la Sala
sostuvo:

“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de
los servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al
Decreto 57 de 1993- se actualiza anualmente, de manera que el
Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto que señala los
porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia. Ello
implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a
la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse
alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con las
herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa
encargada de su aplicación

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Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que
se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de
enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En
consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber
interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue
con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el
derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa”

En conclusión, de manera alguna puede afirmarse que los derechos laborales sean
imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de derechos ciertos e irrenunciables,
no por ello puede desconocerse la ponderación que el mismo ordenamiento jurídico
realiza con el principio de seguridad jurídica, como quiera que la indeterminación
temporal en el ejercicio de los derechos generaría la existencia de situaciones
indefinidas, otorgándole un carácter absoluto al derecho de acceso a la
administración de justicia.

5.2.3. Caso concreto

Probado está en el expediente, que el demandante prestó sus servicios a la Rama
Judicial como Juez de la República, desde el 1º de enero de 1993.

El demandante a través de apoderado, presentó petición a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Tolima el día 25 de agosto de 2014 solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto
de Prima Especial de Servicios equivalente al 30% de la asignación básica mensual,
adicional a éste.

El director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Ibagué – Tolima, mediante
la comunicación signada con el No. 000796 del 10 de octubre de 2014, negó la
petición.

Dicho acto no fue recurrido.

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Examinadas las probanzas de cara con la jurisprudencia aplicable al caso concreto,
es razonable concluir que el demandante Luis Bernardo Perdomo Betancourt, en
su calidad de juez de la república, tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y
pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más
el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como bien lo señaló el a quo.

Asimismo, que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales.

De igual manera, que tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 15 de mayo de 2014,
o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones
sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante.
Recuérdese que la petición de la prima especial de servicios no vino a hacerla sino
hasta el 15 de mayo de 2017; y a partir de esta fecha se cuentan los tres años hacia
atrás para efectos de la prescripción. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia y con la sentencia de unificación citada.

No obstante, por mandato del Código de Procedimientos Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, los actos administrativos que deciden el fondo de un
asunto o que impiden continuar un procedimiento, con sujetos de los recursos
pertinentes, los que allí mismo se indican.

En efecto, establece el artículo 74 de dicha codificación:

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.

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2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos.

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse
copia de la providencia que haya negado el recurso.”

Para el caso concreto tenemos que al ser expedido el acto demandado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima, resulta
claro que no se trata de un acto definitivo, siendo susceptible, por tanto, de ser
recurrido, veamos:

La Administración Judicial, está estructurada por escala, que corresponde a la
jerarquía propia de los diferentes niveles acorde con la Ley que fija su estructuran
orgánica. Luego, al hablar de una Dirección Ejecutiva Seccional, resulta claro que
por encima de la Seccional está la nacional; en este orden de ideas queda
determinado que los actos que dictan los Directores Seccionales, son recurribles
antes la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que es la del orden nacional.

De igual manera, no se debe perder de vista que el acto administrativo es una
manifestación unilateral de voluntad emanada de una autoridad pública o de un
particular en el ejercicio de las funciones administrativas otorgadas por la
Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen efectos jurídicos. En
otros términos, es el mecanismo por el cual la administración crea, extingue o
modifica situaciones jurídicas particulares.

La teoría del acto administrativo ha venido decantando la clasificación de estos con
la finalidad de delimitar los que deben ser objeto de control jurisdiccional; en tal

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 730012333000201500457-02
Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETAUCORUT
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

sentido ha explicado que, desde el punto de vista de su inserción en el
procedimiento y recurribilidad, hay tres tipos de actos a saber:

i) Los actos preparatorios, accesorios o de trámite: Han sido definidos como
aquellos que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de
darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran
declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso
a la continuidad de la actuación de la administración.

ii) Los actos definitivos: De conformidad con el Artículo 43 del cpaca «Son actos
definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
imposible continuar con la actuación». Es decir, son los que resuelven de fondo una
situación jurídica o impiden la continuación del procedimiento administrativo, en
razón a que contienen la esencia del tema a decidir y tienen la potestad para
modificar la realidad con su contenido.

iii) Los actos administrativos de ejecución, por su parte son aquellos que se limitan
a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

Esta corporación ha establecido en reiteradas oportunidades que, por regla general,
son los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que a través de estos la
administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los asociados.

Los recursos de reposición y apelación se deben interponer por escrito en la
diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a la misma

Colofón tenemos, que al no haber sido recurrido el acto contenido en la
Comunicación 000796 del 10 de octubre de 1994, no se agotó la vía administrativa,
situación por la que no resulta enjuiciable ante esta jurisdicción contenciosa
administrativa.

Decisión:

Por los argumentos expuestos no resulta más que REVOCAR la sentencia recurrida
y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la ademanda.

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 730012333000201500457-02
Demandante: LUIS BERNARDO PERDOMO BETAUCORUT
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia fechada el 16 de octubre de 2020, dictada
dentro del presente proceso por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: En su lugar NIÉGANSE las súplicas incoadas a través de este proceso.

CUARTO: Sin condena en costas

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez

SALVO VOTO
Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA

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