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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00961-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00961-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de Caldas, mediante el cual, se dispuso inaplicar, por inconstitucionales y para el caso concreto, los preceptos legales que señalan que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, carece de carácter salarial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. – MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales quedarán así: «SEGUNDO: Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa juzgada constitucional propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. TERCERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de la resolución DESAJMZR15-329 de 9 de marzo de 2015 y la resolución n° 4029 de 1 de junio de 2016. CUARTO: Declárese probada la excepción de prescripción, cuya configuración recae sobre los periodos objeto de reajuste que antecedan al 12 de febrero de 2012, a excepción de los aportes a pensión, conforme lo expuesto en precedencia. QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACION-RAMA JUDICIAL ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda a: a). Reliquidar, reconocer y pagar, en favor del señor ALEJANDRO SALDARRIAGA BOTERO, desde el 19 de febrero de 2012- por prescripción trienal- hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, el valor correspondiente a la prima especial de servicios equivalente al 30% de su salario, siempre que ocupe el cargo de Juez de la República, u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. A efectos de la reliquidación de los derechos salariales y prestacionales deberá efectuarse sobre la asignación básica así recompuesta, sin que ello implique reconocer la prima 22 Número Interno: 4462-2019 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00961-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 17001 23 33 000 2016 00961 02 (4462-2019)
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de
Conjueces de Tribunal Administrativo de Caldas1, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Alejandro Saldarriaga Botero, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

a) Resolución DESAJMZR15-329 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil Quince (2015),
expedida por el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de
Manizales.

1
La providencia fue suscrita por los conjueces José Fabián Flórez Buitrago (ponente), Yorly Xiomara Gamboa Castaño (ausente con
permiso) y Liliana Eugenia García Maya.
2
Samai – Índice 00033 – Archivo “ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf)” – folios 7 a 29.

2

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

b) Resolución No. 4029 del Primero (1) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), expedida
por la directora ejecutiva de Administración Judicial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Nación -Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liquidar en debida forma la prima
especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, contabilizándola
como factor salarial, la cual, debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para que
la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100 % de su remuneración mensual y
no con el 70 %, desde el Primero (01) de febrero de Dos Mil Diez (2010) hasta la fecha
de presentación de la demanda, y en lo sucesivo.

3. Asimismo, solicitó reconocer y pagar en este interregno, la diferencias salariales y
prestacionales, entre las sumas que le fueron pagadas y las que legalmente le
corresponden, contabilizando como factor salarial, la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

4. Además, solicitó la indexación de los dineros reconocidos y los intereses que se
generen desde el momento de su causación, hasta que se haga efectivo el pago.
También solicitó la condena en costas y agencias en derecho.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

5. El señor Alejandro Saldarriaga Botero, labora al servicio de la Rama Judicial en el
departamento de Caldas, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Samaná- Caldas,
ocupando dicho cargo, desde el Primero (1) de febrero de Dos Mil Diez (2010) hasta el
momento de la presentación de la demanda.

6. Al demandante se le descontaba el 30 % a título de prima especial de servicios,
porcentaje que es un componente de su remuneración mensual.

7. El Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015), solicitó al director seccional
de Administración Judicial de Manizales, el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales (primas de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales,
bonificación por servicios, cesantías e intereses a esta, etc), entre las sumas que le fueron

3

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

pagadas y las que legalmente le corresponden, contabilizando como factor salarial la
prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por el período
comprendido entre el Primero (01) de febrero de Dos Mil Diez (2010) hasta la fecha de la
presentación de la solicitud, y en lo sucesivo.

8. La solicitud fue negada mediante Resolución No. DESAJMZR15-329 del Nueve (9) de
marzo de Dos Mil Quince (2015), frente a la cual, fue interpuesto recurso de apelación.

9. Mediante Resolución 4029 del Primero (1) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016),
expedida por la directora ejecutiva de Administración Judicial, se resolvió el recurso de
apelación, confirmándose en todas sus partes la Resolución No. DESAJMZR15-329 del
Nueve (9) de marzo de Dos Mil Quince (2015).

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

10. El demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:

• Los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución Política.
• Los artículos, 2, 12 y 14 de la ley 4 de 1992.
• El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.
• El artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.
• El artículo 12 del Decreto 717 de 1978.
• Los artículos 10, 102, 137, 148, 189 y 269 de la Ley 1437 de 2011.
• El artículo 152 numeral 7º de la Ley 270 de 1996.

11. Aduce que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, desconoce el
derecho que le asiste al demandante a recibir la prima especial de servicios, establecida
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, puesto que, fue liquidada de manera irregular a
partir de los decretos salariales expedidos año tras año para los funcionarios de la Rama
Judicial, en contravía de principios de orden constitucional y legal, negándose el ente
accionado, con argumentos que en ningún momento pueden ser atendibles, a reliquidar
en debida forma los salarios y prestaciones sociales.

12. Sostiene que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, desde el año Dos
Mil Diez (2010), ha venido vulnerando sistemáticamente disposiciones legales, y,

4

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

contrariando los pronunciamientos del máximo Tribunal Contencioso Administrativo, al
liquidar las prestaciones del señor Saldarriaga Botero, por lo que, debe imponérsele que
se adecúe a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales y cumpla con
la obligación de pagar lo adeudado al accionante, llevándolo a una situación igualitaria a
la de sus pares, a quienes por sentencia judicial, se ha ordenado el pago íntegro de su
salario, año por año.

13. Afirma que, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios,
equivalente al 30 % de los ingresos laborales, para jueces, magistrados y afines, lo que
constituye un derecho cierto, real y efectivo; sin embargo el Gobierno dio una
interpretación errada a la norma, pues, en vez de pagar una prima equivalente al 30 %
del salario básico mensual, extrajo del salario, el 30 % y lo denominó prima especial de
servicios y el restante 70 % lo entregó a título de salario básico mensual, aunado a ello,
al realizar el cálculo de las prestaciones sociales, desconoció el carácter de factor salarial
de esta prima, por lo que, desmejoró ostensiblemente la remuneración básica mensual a
que tiene derecho el demandante.

2. Contestación de la demanda3

14. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo
que, el Consejo de Estado mediante sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Catorce (2014), emitida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda 4, declaró la nulidad
de los artículos en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial, comprendidos
entre los años 1993 a 2007, los cuales, ordenaron que, el 30 % de la asignación básica
para los cargos enlistados en los decretos, entre ellos, los de jueces de la República, se
consideraba como prima sin carácter salarial, lo que indica que, los decretos emitidos por
el Gobierno Nacional a partir del año 2008, aún gozan de presunción de legalidad.

15. Afirmó que los efectos vinculantes de la declaratoria de nulidad, dan lugar al
reconocimiento y pago de los derechos comprometidos, previa asignación de los recursos
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no obstante, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial procedió a calcular el monto de las obligaciones
eventualmente derivadas de la providencia, y solicitó la apropiación de los dineros

3
Samai – Índice 00033 – Archivo “ED_CUADERNO1_26CONTESTACIONDEMAND(.pdf)” – folios 1 a 7.
4
Expediente No. 11001-03 25-000-2007-00087-00, Conjuez Ponente María Carolina Rodríguez Ruiz.

5

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

correspondientes, sin obtener respuesta favorable, como se indica en la respuesta
emitida en el oficio del Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), suscrito por
la dirección general del Presupuesto Público Nacional, en el cual, en síntesis, exige la
constitución de un título legítimo de gasto, es decir, que el reconocimiento y pago que
predica la demandante, solo es posible en virtud de un fallo judicial debidamente
ejecutoriado que reconozca su derecho de carácter particular, y no, una sentencia de
simple nulidad de carácter general.

16. Puso de presente que, la Ley 4 de 1992 y su desarrollo normativo, determinó que, la
prima especial no tiene carácter salarial, excluyéndola de la liquidación de otros derechos
laborales, tales como prima de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía,
bonificación por servicios prestados y de las prestaciones sociales, así como también,
para no tener en cuenta ese porcentaje en los aportes al sistema de seguridad social
integral, facultad que desarrolló el Congreso de la República al amparo del principio de
libre configuración normativa, de que trata el artículo 150 numeral 19 Superior.

17. Añadió que, la Corte Constitucional ha dejado claro que, la inaplicación de una norma
no puede ser decidida por autoridades administrativas, pues, en caso de asumirse tal
conducta, podrían ser demandadas a través de la acción de cumplimiento, que busca
hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos
administrativos.

18. Finalmente propuso como excepciones: «ausencia de causa petendi», «inexistencia
del derecho reclamado y cobro de lo no debido», «cosa juzgada constitucional», y
«prescripción trienal».

3. La sentencia de primera instancia5

19. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia
proferida el Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019)6, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

5
Samai – Tribunal de origen - Índice 00021.
6
La providencia fue objeto de corrección el ordinal segundo del apartado resolutivo, conforme se indicó: «Conforme lo discurrido en
el acápite anterior y por ser un claro error de digitación, se ACLARA que lo que se quiso decir tanto en la conclusión del caso en
concreto de la parte considerativa como en la parte resolutiva, más exactamente en el literal a) delnumeral CUARTO, fue "... entre el
1 de febrero de 2010 y mientras ocupe el cargo de Juez de la República, u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4“ de
1992,…”.».

6

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

«PRIMERO: Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los preceptos
legales que señalan que la prima de servicios del 30% regulada por el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 no tiene carácter salarial, atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

SEGUNDO Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa
petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada
constitucional y prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de la resolución DESAJMZR15-329 de 9 de marzo de 2075 y la resolución
n° 4029 de 1 de junio de 2016.

CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA
NACION-RAMA JUDICIAL ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda: a). Pagar el valor
correspondiente a la prima especial de servicios equivalente al 30% de su salario por el
periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y mientras ocupe el cargo de Juez
de la República, u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, b).
Reliquidar las prestaciones sociales, incluyendo el 30% correspondiente a la especial de
servicios (art. 14 de la Ley 4ª de 1992), tomándola como factor salarial, a favor del
demandante ALEJANDRO SALDARRIAGA BOTERO, y en consecuencia, pagarle o
reintegrarle la diferencia salarial que resulte de lo pagado por concepto de salarios y demás
emolumentos de carácter salarial, por el periodo transcurrido entre el 1 de febrero de 2010
y mientras ocupe el cargo de Juez de la República, u otro de los mencionados en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fecha en que ya estaba vigente la Ley 4ª de 1992,
debiendo tener en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de
cada año, más el 30% equivalente a la prima especial de servicios, sumado a los demás
factores salariales, y ordenar que en adelante sea tenida la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como adicional al salario mensual del
demandante con carácter de factor salarial, para todos los efectos, sin deducir o descontar
su porcentaje del 100% de la remuneración básica mensual de cada año y de los demás
factores salariales de él por derecho propio. Situación que debe seguir mientras el
demandante ocupe el cargo de Juez de la República y; c). Como consecuencia de la
reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión del de la prima de especial de
servicios equivalente al 30% del salario devengado por el demandante; realizar los aportes
dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión
(SGSSSP) por el tiempo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y mientras ocupe el
cargo de Juez de la República, u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992.

QUINTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá
efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: CONDENAR a la demandada ya favor del demandante al pago COSTAS; i).
GASTOS PROCESALES por valor SIETE MIL CIEN PESOS ($7.100.00), y de ii).
AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía
de esta demanda, es decir CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($4'920.788.8),
conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda. […]» [sic]

20. El A-quo sostuvo que, el porcentaje del 30% que corresponde a la prima especial de
servicios tiene carácter salarial y en tal sentido, los funcionarios de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, entre los que se encuentran los jueces de la República, a quienes

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Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

no se les tuvo en cuenta la prima especial de servicios a efectos de liquidar sus derechos
laborales y prestaciones sociales, les asiste el derecho a la reliquidación, incluyendo el
porcentaje de la prima especial de servicios.

21. Señaló que, a partir de los medios de prueba que obran en el expediente, se demostró
que, desde el Primero (1) de febrero de Dos Mil Diez (2010), el demandante ocupa el
cargo de juez de la República, el cual continuaba desempeñando hasta la fecha de
presentación de la demanda; cargo que, estaba previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992.

22. Así, precisó que, el demandante fue amparado por el «régimen previsto para los servidores
públicos en calidad de Juez de la República de Colombia, y que excluyeron el pago de la prima regulada
por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en un porcentaje del 30% y que tampoco le fue reconocida como
factor salarial». Por lo cual, el porcentaje del 30% que correspondía a la prima especial de

servicios ostentaba un carácter salarial y debía ser empleado, a efectos de la liquidación
de los derechos laborales y prestaciones sociales.

23. En tal sentido, estableció que el demandante tiene derecho a que se reliquiden las
prestaciones sociales devengadas por el demandante y, al pago de las diferencias
adeudadas, frente al periodo comprendido entre el Primero (1) de febrero de Dos Mil Diez
(2010) y entre tanto ocupe el cargo de juez de la República, u otro de aquellos
mencionados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

24. En suma, indicó que, la demandada debería reconocer la prima especial de servicios
de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y su carácter como factor salarial y
continuar pagándola en un porcentaje del 30% de su salario, además de incluirla en la
liquidación frente a las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, entre
tanto ocupe el cargo de juez de la República.

25. Frente a la inaplicación de las normas, en los términos planteados en la demanda,
sostuvo que, «al haberse declarado la nulidad de los Decretos que establecían que el
porcentaje del 30% de la prima especial de servicios no constituía salario, desvirtúa la
presunción de legalidad de los mismos, lo que implica que la situación debe ser
retrotraída al estado inicial, como si nunca hubiera existido la norma, conforme los efectos
ex tune propios de las nulidades, preceptos que han sido derogados en su mayoría».

8

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

26. En relación con la prescripción, con énfasis en lo expuesto por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado7, entre los años Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993) y Dos Mil Catorce (2014), coexistieron dos regímenes salariales diferentes,
por lo cual, no era posible predicar la exigibilidad de los derechos a reclamar, «al existir
un régimen que reconocía la prima especial del 30% sin carácter salarial y el artículo 14
de la ley 4° de 1992 lo que implicaba que el derecho no era exigible», por lo tanto, dicho
interregno se constituía como un periodo en que no había lugar a reclamar la mencionada
prestación.

27. Así, frente a los años posteriores a dicho periodo, en aplicación del término trienal de
prescripción, estableció que, bajo la reclamación administrativa que fue presentada, se
interrumpió el término prescriptivo.

28. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada, pues, señaló que, a partir de
los gastos por concepto de envío certificado de los traslados de la demanda, la parte
actora incurrió en expensas y, frente a las agencias en derecho, aplicó el Acuerdo
PSAA16-10554 de Dos Mil Dieciséis (2016), concluyendo que, a partir del contenido del
artículo 5 ibidem, había lugar a establecer dicha condena, en el 2% de la cuantía fijada
en la demanda.

4. Recurso de apelación8

29. La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, a partir del
Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), en la Rama Judicial
coexisten dos regímenes salariales y prestacionales: el régimen ordinario o de no
acogidos y el régimen especial o de acogidos, cada uno con reglas propias sobre la
composición de la remuneración y el reconocimiento de la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En ese sentido, la situación del demandante debe
analizarse conforme al régimen al cual se encuentra vinculado, pues, la regulación
aplicable y la forma de liquidar la prima especial difieren según el caso.

30. Sostuvo que, la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 carece de carácter salarial, por expresa disposición legal, por lo que no puede ser
tomada como factor para la reliquidación de prestaciones sociales. Además, dicha norma

7
Al respecto citó la Sentencia de 18 de mayo de 2016, proferida en el asunto radicado No. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
15).
8
Samai – Índice 00033 – Archivo “ED_CUADERNO1_42RECURSOAPELACIONP(.pdf)” – folios 1 a 6.

9

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Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

fue declarada exequible por la Corte Constitucional, lo que reafirma su validez y la
imposibilidad de reconocerla como factor salarial para efectos prestacionales.

31. Indicó que, sobre el reconocimiento de las acreencias laborales, concurriría
superación de los límites de la remuneración que recaen sobre los conceptos percibidos
por los jueces de la República, según lo previsto por el Decreto 1251 de 14 de abril de
2009. Lo anterior, pues «acceder a reliquidar las prestaciones sociales con el 100% del
salario y a un pago adicional del 30% de la retribución consagrada anualmente a favor
de los jueces de la República, en cada uno de los decretos salariales, por concepto de
prima especial, implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración
que excede el techo establecido por el Decreto 1251 del 14 de abril del 2009, esto es, el
477%, 43% y 347%, del 70% del total de los ingresos de los magistrados de las altas
cortes, según el caso».

32. Alegó que, ante la declaratoria de nulidad de los decretos salariales que rigieron entre
los años Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y Dos Mil Siete (2007), dispuesta por el
Consejo de Estado en la sentencia de Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014),
en el asunto con radicado No. 11001032500020070008700, el cómputo del término
prescriptivo tiene lugar desde el año Dos Mil Siete (2007), así, frente a los derechos y
reliquidaciones que reclama el demandante, operó el término prescriptivo, pues la fecha
de solicitud administrativa excedió el término de tres años.

33. Finalmente, respecto de las costas procesales, solicitó que «las mismas no sean
estimadas en el presente proceso como quiera que no existe conducta temeraria de la
entidad […]».

5. Trámite de segunda instancia

34. Con auto del Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) 9, el respectivo
conjuez ponente, admitió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la
demandada.

9
Samai- Consecutivo No. 00017.

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Demandado: Nación – Rama Judicial

35. Posteriormente, mediante auto del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Veintiuno
(2021)10, el respectivo conjuez ponente prescinde de audiencia de alegaciones y
juzgamientos y corre traslado para alegar de conclusión de conformidad con la Ley 1437
de 2011.

36. La parte demandante, mediante escrito del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil
Veintiuno (2021)11 presentó los alegatos de conclusión, solicitando confirmar la sentencia
de primera instancia reiterando los argumentos de la demanda. Por otro lado, la parte
demandada, mediante escrito del Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Veintiuno
(2021)12, formuló los alegatos de conclusión en los que solicitó que se declaren probadas
las excepciones planteadas y que se le absuelva de todos los cargos formulados en la
demanda, al considerar configurado el fenómeno de la prescripción.

37. Mediante auto del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)13,
el respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho, toda vez que, en
sesión del Veintitrés (23) de enero del año Dos Mil Veinticinco (2025), la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dispuso la reconfiguración de la lista de conjueces, que pasó de
estar conformada por 24 integrantes a 12.

38. Por medio de auto del Doce (12) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)14, el consejero
ponente avocó conocimiento de la presente controversia, en el estado en el que se
encuentra, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 116 del CPACA.

6. Concepto del Ministerio público

39. En esta etapa procesal, el Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

40. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según

10
Samai- índice 00023.
11
Samai- índice 00028.
12
Samai- índice 00029.
13
Samai- índice 00040.
14
Samai- índice 00047.

11

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Demandado: Nación – Rama Judicial

el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)15, el Juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

41.1. ¿La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, es factor
salarial base para liquidar salarios y prestaciones?

41.2. ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción, conforme lo dispone el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968?

41.3. ¿El reconocimiento y pago de dicha prima, en los términos ordenados por la
Sala de Conjueces del Tribunal, supera lo previsto en el Decreto 1251
de 2009?

41.4. ¿Se debe revocar la condena en costas en primera instancia, comoquiera que,
la parte vencida no incurrió conductas temerarias?

42. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios; 2.4.
Material probatorio; 2.5. Caso concreto; 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios

43. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter

15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

12

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salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

44. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de
septiembre de 2019.

45. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta Corporación explicó que, la
mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que
implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede
entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente
los derechos del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes
parámetros de interpretación:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los
servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima
resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho
a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica,
es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del
80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios,
se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en
ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta
Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

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46. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene carácter
salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no constituye
factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla
clara respecto de la prescripción de las acreencias derivadas de la prima especial de
servicios, en los siguientes términos16:

«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se
tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a
partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás».

47. En igual sentido, precisó que17:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en un plazo de
3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que
puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»

48. En la sentencia del 2 de septiembre de 201918, el Consejo de Estado determinó que
en materia de la prima especial de servicio, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135
de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

49. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior19 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo de 2026,
radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez).
19
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

14

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50. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o
la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

51. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento20.

52. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a
decidir el presente caso.

2.4. Hechos probados.

53. De acuerdo con los medios de prueba que obran en el expediente, se encuentran
acreditadas las siguientes circunstancias:

53.1. A través de petición del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015)21,
el señor Alejandro Saldarriaga Botero, solicitó ante el director ejecutivo
seccional de Administración Judicial de Manizales, el reconocimiento y pago, a
partir del Dieciséis (16) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y
en adelante, las diferencias salariales y prestacionales, entre las sumas que le
fueron pagadas y las que legalmente le corresponden, contabilizando como
factor salarial la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de 2026,
radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
21
Expediente físico- Cuaderno de primera instancia- Folios No. 43 a 46.

15

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Ley 4 de 1992, y, se efectuarán los aportes correspondientes al sistema integral
en seguridad social.

53.2. Por medio de la Resolución No. DESAJMZR15-329 del Nueve (9) de marzo de
Dos Mil Quince (2015)22, expedida por el director ejecutivo seccional de
Administración Judicial de Manizales, se negó la petición presentada por el
demandante, pues sostuvo que, aplicó en debida forma el contenido de la Ley
4 de 1992, en lo que refiere a la prima especial de servicios, atendiendo a lo
establecido por el Gobierno Nacional, en los decretos salariales que expide en
desarrollo de la ley en mención.

53.3. El demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución No.
DESAJMZR15-329 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil Quince (2015)23.

53.4. Mediante la Resolución No. 4029 del Primero (1) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016)24, la directora ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso de
apelación presentado por el señor Alejandro Saldarriaga Botero, confirmando la
Resolución No. DESAJMZR15-329 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil Quince
(2015).

53.5. Según constancia No. 0715, del Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016)25, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, por medio de la cual, se constata que, el señor Saldarriaga registró
vinculación a la Rama Judicial Distrito Caldas, en los siguientes cargos:

22
Expediente físico- Cuaderno de primera instancia- Folios No. 31 y 32.
23
Expediente físico- Cuaderno de primera instancia- Folios No. 47 a 49.
24
Expediente físico- Cuaderno de primera instancia- Folios No. 34 a 42.
25
Expediente físico- Cuaderno de primera instancia- Folios No. 50 a 55.

16

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2.5. Caso concreto

54. En el presente asunto, la Sala precisa que, el demandante es titular del régimen
salarial de acogidos, según, los medios probatorios que obran en el expediente e incluso
conforme fue manifestado por la demandada en el recurso de apelación; sin embargo, se
destaca que, la vinculación como juez de la república sólo tuvo lugar desde el Once (11)
de febrero de Dos Mil Diez (2010), oportunidad a partir de la cual, el demandante ejerció
el cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de Samaná; cargo en que permaneció
desde dicha fecha y cuyo vínculo permaneció durante la presentación de la demanda.

55. Ahora, a partir del contenido de la certificación No. 0715 del Catorce (14) de junio de
Dos Mil Dieciséis (2016), que determina los pagos de salarios y reconocimientos
realizados en el periodo comprendido entre el Primero (1) de enero de Dos Mil Diez
(2010) y el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), frente al régimen
salarial que gobierna al accionante, emerge que, la entidad demandada le pagó
mensualmente, los factores denominados «sueldo básico» y «prima especial de
servicios»; sumas que, arrojan la totalidad de la asignación básica que, el Gobierno
Nacional determinó para los servidores de la Rama Judicial, que se rigen por el Decreto
57 de 1993. Al respecto se ilustran los siguientes periodos, en los cuales, se evidencia
que los conceptos previamente sufragados arrojan como resultado, la totalidad de la
asignación básica que el Gobierno Nacional, estableció para los servidores de la Rama
Judicial, regidos por el Decreto 57 de 1993, en el siguiente sentido:

Vigencia Sueldo Prima Total sueldo + Remuneración Decreto fijó
mensual especial prima especial Gobierno remuneración
nacional mensual
acogidos
2011 $3.258.236 $977.471 $4.236.177 $4.235.707 Decreto 1039 de
2011
2012 $3.421.148 $1.026.345 $4.447.493 $4.447.493 Decreto 874 de
2012
2013 $3.538.836 $1.061.651 $4.600.487 $4.600.487 Decreto 1024 de
2013

56. Así pues, bajo el régimen salarial al cual pertenece el demandante – régimen de
acogidos- le resultan aplicables las reglas establecidas en la sentencia proferida por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).

17

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57. En línea de lo anterior, la inconformidad de la demandada frente a la decisión de
primera instancia, recae en que, por expresa disposición legal, la prima especial de
servicios no puede ser tomada como factor para la reliquidación de prestaciones sociales.
Al respecto, se debe señalar que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales
decantados en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), esta corresponde a un plus o carácter adicional del salario,
por lo tanto, no puede estar comprendida para efectos de los emolumentos
prestacionales.

58. Así, frente a la decisión de primera instancia, en lo relativo a la falta de carácter
salarial de la prima especial de servicios, a efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales, tales como, primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y
bonificación por servicios prestados, se debe enfatizar en que, la mencionada prestación
no constituye factor salarial para efectos prestacionales, de ahí que, la orden establecida
en el literal b) del ordinal cuarto de la decisión deba ser ajustada, a efectos de establecer
que, si bien las prestaciones sociales que fueron liquidadas sobre el 70% del salario
básico, la reliquidación de las prestaciones y los emolumentos debe emplear como base
de liquidación el 100% del salario básico mensual, en los periodos respectivos, sin incluir
como factor salarial la prima especial de servicios.

59. Lo anterior, se sustenta en que, frente presente punto de decisión, esta Subsección,
en oportunidades precedentes26, ha establecido que si bien, el pago de la prima especial
de servicios corresponde a un plus del salario, no reporta carácter salarial para efectos
de la reliquidación de las prestaciones sociales, como erradamente lo estableció el
tribunal en primera instancia.

60. En suma, en clave de la aplicación de la prima especial de servicios, la
Sala24 ha precisado que, «a partir de dicha situación, se dio una interpretación errada por
parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron que el 30 % del
salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación básica. […] En
consecuencia, el hecho de que la Rama Judicial considerara que actuó conforme a
derecho al proceder en cumplimiento de los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional, lo cierto es que actuó bajo una interpretación errónea, contraria a las normas
superiores que pretenden desarrollar aquellos, que debe ser corregida para garantizar

26
Providencia del Treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026), proferida en el asunto con radicado No. 73001-23-33-000-
2015-00457-02 (6393-2022).

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los principios […], particularmente, en escenarios en los que está demostrado que se
fraccionó la remuneración mensual, al haberse pagado el 30 % de esta a título de prima
especial, y liquidado las prestaciones sociales sobre el 70 % restante».

61. Así, comoquiera que, la sentencia de primera instancia, ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales, empleando como factor salarial la prima especial de servicios,
dicho punto de la decisión va en contravía de la ausencia de carácter salarial de este
emolumento, por lo tanto, la Sala modificará la decisión de instancia para excluir dicho
ítem de la orden.

62. En lo que corresponde a la prescripción de las mesadas pensionales, en que reparó
la entidad demandada en el recurso de alzada, se recuerda que, en estos eventos, el
término prescriptivo debe contarse retroactivamente desde la fecha en que se presentó
la reclamación administrativa, conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, y según lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala
de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella
se aclaró la manera en que debe aplicarse la figura de la prescripción, constituyendo la
tesis vigente para el momento en que se resuelve la litis.

63. De acuerdo con los hechos probados, el accionante radicó la reclamación
administrativa el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015); por lo tanto, operó
el fenómeno prescriptivo sobre el reajuste pretendido, que se causó con anterioridad al
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Doce (2012).

64. Asimismo, se debe precisar que, la demanda se interpuso el Dieciséis (16) de
diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), esto es, antes de que operara nuevamente el
fenómeno de la prescripción, de tal suerte que, el cómputo de la
prescripción realizada en la sentencia de primer grado, no está acorde con las
previsiones normativas aplicables, motivo por el cual, se modificará el apartado resolutivo
de la decisión, para declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el
extremo demandado, fijando su fecha de configuración, bajo exclusión de los aportes a
pensión.

65. De otra parte, la entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la prima
especial de servicios implicaba superar los límites de remuneración previstos en el
Decreto 1251 de 2009.

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66. Al respecto, debe indicarse que, la jurisprudencia de esta Corporación 28 ha sido
enfática al precisar que, el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan
con ocasión a la debida aplicación de la prima especial de servicios como un incremento
a la asignación básica con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la
entidad nominadora que no sean superados los límites salariales establecidos por el
Gobierno nacional; así las cosas, se adicionará el literal d) del ordinal cuarto de la
sentencia recurrida con el fin de hacer tal precisión y con ello garantizar que se respeten
tales límites salariales.

67. Además, frente a dicha adición, se establecerá que, el cumplimiento de la presente
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago
a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y en ese sentido, se
ajustará la decisión de primera instancia.

68. En suma, es necesario precisar que, aun cuando el tribunal acertó en la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos objeto de control y, parcialmente, en lo relacionado
con el reconocimiento del derecho en favor de la demandante bajo la reliquidación de los
derechos salariales y prestacionales, incurrió en error en lo dispuesto en el ordinal
primero de la decisión, al inaplicar por inconstitucionales los apartados normativos que
establecen el carácter no salarial de la prima de servicios, decisión que será revocada,
por cuanto no constituye un presupuesto jurídico necesario para reconocer el derecho
reclamado y desconoce que el inciso correspondiente del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
en la forma modificada por la Ley 332 de 1996, fue declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-279 de 1996.

69. Siendo así las cosas, la sentencia apelada será confirmada parcialmente, en cuanto
declaró la nulidad de los actos demandados y reconoció el restablecimiento del derecho
a favor de la demandante, pero se modificará a efectos de precisar el alcance de las
órdenes impartidas, en punto del restablecimiento del derecho y a la configuración del
término prescriptivo, conforme a las consideraciones expuestas previamente.

70. Frente al pago de aportes a seguridad social, conforme se indicó en precedencia, el
término prescriptivo no abarca esta materia, en línea de lo cual, la demandada deberá
sufragar los aportes a pensión, desde el Once (11) de febrero de Dos Mil Diez (2010),
cuya base de liquidación será el Cien por Ciento (100%) de la asignación básica, más el

20

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Treinta por Ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, atendiendo los
baremos máximos previstos por el Gobierno Nacional.

71. Finalmente, la Sala precisa que, en cumplimiento de esta providencia, la entidad
demandada deberá: (i) reliquidar las diferencias salariales y prestacionales sobre el Cien
por Ciento (100 %) de la asignación básica legalmente prevista para el cargo, sin que ello
implique reconocer la prima especial de servicios como factor salarial para todos los
efectos; (ii) verificar que la reliquidación efectuada no conduzca, en ningún caso, a que
la remuneración de la demandante exceda el parámetro fijado por el Gobierno Nacional
para el cargo correspondiente; y (iii) efectuar, si a ello hubiere lugar, los ajustes en las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones derivados de la
recomposición de la asignación básica, teniendo en cuenta que la prima especial
únicamente constituye factor salarial para efectos pensionales y que las cotizaciones
deberán corresponder a la base salarial que legalmente debió percibir la demandante. Lo
anterior, sin perjuicio de verificar, al momento de la liquidación, si existen pagos
efectuados por los mismos conceptos, con el fin de evitar un doble reconocimiento.

2.6. Condena en costas de primera instancia.

72. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, se revocará la condena en costas dispuesta en la sentencia de primera instancia.

73. Asimismo, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

2.7. Conclusión.

74. La Sala modificará la sentencia de primera instancia, a efectos de delimitar el
reconocimiento de la prima especial de servicios y definir la configuración del término
prescriptivo. Asimismo, se revocará el ordinal primero, con oriente a su armonización con
el precedente en lo relativo a la naturaleza de la prima especial de servicios y se
adicionará un acápite al apartado decisorio de la sentencia de primera instancia, a efectos
de limitar la condena a la vigencia del Decreto 272 de 2021 y a los límites fijados por el
Gobierno Nacional. Finalmente, se revocará la condena en costas de primera instancia.

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos
Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante el cual, se dispuso inaplicar, por inconstitucionales y para el caso
concreto, los preceptos legales que señalan que, la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, carece de carácter salarial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. – MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia
del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces
de Tribunal Administrativo de Caldas, los cuales quedarán así:

«SEGUNDO: Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa
petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa juzgada
constitucional propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.

TERCERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de la resolución DESAJMZR15-329 de 9 de marzo de 2015 y la resolución n°
4029 de 1 de junio de 2016.

CUARTO: Declárese probada la excepción de prescripción, cuya configuración recae
sobre los periodos objeto de reajuste que antecedan al 12 de febrero de 2012, a excepción
de los aportes a pensión, conforme lo expuesto en precedencia.

QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA
NACION-RAMA JUDICIAL ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda a:

a). Reliquidar, reconocer y pagar, en favor del señor ALEJANDRO SALDARRIAGA
BOTERO, desde el 19 de febrero de 2012- por prescripción trienal- hasta la entrada en
vigencia del Decreto 272 de 2021, el valor correspondiente a la prima especial de servicios
equivalente al 30% de su salario, siempre que ocupe el cargo de Juez de la República, u
otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

A efectos de la reliquidación de los derechos salariales y prestacionales deberá efectuarse
sobre la asignación básica así recompuesta, sin que ello implique reconocer la prima

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especial de servicios como factor salarial para todos los efectos, toda vez que, únicamente
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

Al efectuar la liquidación, la entidad demandada deberá verificar que el reconocimiento
ordenado no conduzca, en ningún caso, a que la remuneración de la demandante exceda
los límites fijados por el Gobierno Nacional para el cargo correspondiente.

b). Reliquidar, reconocer y pagar, las prestaciones sociales, sobre el 100% del salario
básico mensual, a partir del 19 de febrero de 2012, mientras ocupe el cargo de juez de la
República, u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, considerando
a su vez las limitantes que anteceden.

c). Al ser constitutivo de factor salarial, únicamente para los aportes en pensión, la
demandada deberá reliquidar y trasladar al fondo de pensiones respectivo, los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones, desde el 11 de febrero de 2010 y
hasta la fecha en que el demandante continúe vinculado como juez de la República, cuya
base de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios, sin que opere la prescripción.

La entidad demandada deberá efectuar, si a ello hubiere lugar, las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, sobre el ingreso base de cotización que
corresponda a la asignación básica recompuesta, descontando el porcentaje que
legalmente deba asumir la demandante y efectuando el aporte a cargo del empleador,
únicamente respecto de los períodos frente a los cuales no se hubieren realizado tales
cotizaciones, sin que dichas diferencias se entiendan afectadas por la prescripción.

Para tal efecto, la demandada deberá sufragar los aportes a pensión, desde el Once (11)
de febrero de Dos Mil Diez (2010), cuya base de liquidación será el Cien por Ciento (100%)
de la asignación básica, más el Treinta por Ciento (30%) correspondiente a la prima
especial de servicios, atendiendo los baremos máximos previstos por el Gobierno Nacional.

d) Es de señalar que las diferencias a sufragar deben atender a los periodos estrictamente
laborados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de juez de la
República. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos.»

TERCERO: REVOCAR el ordinal sexto de la sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos Mil
Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de
Caldas, que condenó en costas a la parte demandada.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del Ocho (8) de mayo de Dos
Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de Tribunal Administrativo de
Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva.

23

Número Interno: 4462-2019
Demandante: Alejandro Saldarriaga Botero
Demandado: Nación – Rama Judicial

QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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