Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02204-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02204-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
28 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 00
Accionante: Luis Bernardo Perdomo Betancourt
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02204 00
Accionantes: LUIS BERNARDO PERDOMO BETANCOURT
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE
CONJUECES
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para
la defensa de sus derechos. La acción de tutela es
improcedente por ausencia de relevancia constitucional
cuando el debate planteado por el demandante pretende
reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Bernardo
Perdomo Betancourt, por intermedio de apoderado, contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a
la seguridad jurídica, a la confianza legítima y “la prevalencia del derecho
sustancial”, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 5 de
noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, que revocó la sentencia del 16 de octubre de 2020,
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
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Accionante: Luis Bernardo Perdomo Betancourt
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)1.
1.2. La demanda se adelantó con el objeto de que se declarara la nulidad
del Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014, por medio del cual la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué (DSAJ)
le denegó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto
de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 19922.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de la prima especial mencionada, en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual, desde el 1º de enero de 1993 hasta la fecha de
la sentencia y mientras se desempeñe como juez de la República, y la
reliquidación de todas sus prestaciones sociales en la proporción
correspondiente.
1.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió
al Tribunal Administrativo del Tolima, quien profirió sentencia el 16 de
octubre de 2020, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 debe ser entendida como un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores beneficiarios de aquella. Por lo tanto, el demandante tiene
derecho a que se reliquiden sus ingresos mensuales sobre la base del
100% del salario básico más el 30% de la prima mencionada.
1
Proceso que se identificó con la radicación 73001 23 33 000 2015 00457 02.
2
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces
de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.
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1.4. La sentencia fue objeto de una solicitud de adición, corrección y
aclaración por parte del apoderado de la parte demandante, la cual fue
resuelta por el Tribunal en sentencia complementaria del 17 de febrero
de 2022, que ordenó que se tenga el 30% de prima especial como un
valor adicional al salario y no como parte integrante del mismo.
1.5. Contra la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, a través de sentencia del 5 de noviembre de 2024, la
cual revocó el fallo de primera instancia. En su lugar denegó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que no se agotó la vía
administrativa, toda vez que no interpuso los recursos de reposición y
apelación contra el Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014, por
medio del cual negó el reconocimiento y pago de la prima especial y la
reliquidación de sus prestaciones sociales.
Sostuvo que, al no haber agotado los mencionados recursos, no se
cumplió el requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, toda vez que los actos administrativos
expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué son susceptibles de recursos, según lo establecido en el artículo
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). Por lo tanto, consideró que sí había lugar a su
interposición, partiendo del análisis de la estructura orgánica y jerárquica
de la administración judicial, que permite recurrir ante el nivel central, es
decir, la DEAJ.
1.6. La parte accionante adujo en la tutela que la decisión atacada incurrió
en defecto sustantivo al aplicar de forma incorrecta el inciso segundo del
numeral 2 del artículo 161 del CPACA, que establece que no es exigible el
agotamiento de la vía administrativa cuando la propia autoridad que expide
el acto no brinda la oportunidad de interponer los recursos procedentes,
teniendo en cuenta que el oficio demandado señaló que contra este no
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procedían recursos. En consecuencia, a juicio del demandante, él estaba
facultado para acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa sin
necesidad de agotar previamente la vía administrativa.
En tal sentido, adujo que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento
del precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la
sentencia del 20 de septiembre de 2007, bajo el radicado 13001-23-31-
000-1995-12217-01 C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; y por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 22
de noviembre de 2018, bajo el radicado 08001-23-33-000-2015-00845-01,
que señalaron que el requisito de agotamiento de la vía argumentativa solo
es exigible cuando el acto señala cuáles recursos son procedentes, no así
cuando la administración niega la procedencia de estos.
Igualmente, adujo que la providencia desconoció las sentencias del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, en las que se consideró
que no se exige la interposición de recursos cuando en el acto
administrativo no se indica su procedencia. Para tal efecto, invocó las
siguientes providencias: (i) sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado
73001 23 31 000 2012 00172 02, (ii) sentencia del 4 de febrero de 2020,
radicado 73001 23 33 000 2014 00005 02, (iii) sentencia del 14 de julio de
2020, radicado 73001 23 33 000 2012 00063 02 y (iv) sentencia del 3 de
diciembre de 2020, radicado 73001 23 31 000 2012 00004 02.
1.7. Adujo que la decisión objeto de debate incurrió en defecto
procedimental y orgánico al decidir sobre cargos y argumentos que no
fueron expuestos por la DEAJ en la contestación de la demanda ni en su
recurso de apelación, toda vez que la entidad en ninguna etapa del proceso
mencionó que no se había cumplido con la interposición de los recursos por
parte del accionante como requisito para acudir a la jurisdicción.
1.8. Sostuvo que la sentencia incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración del Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014, dado que no
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tuvo en cuenta que este expresó la improcedencia de recursos en sede
administrativa.
1.9. Alegó que la decisión debatida incurrió en violación directa de la
Constitución al no aplicar la ley vigente y desconocer los principios de
confianza legitima y seguridad jurídica.
1.10. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones3:
“PRIMERA. - Tutelar los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
administración justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica,
la confianza legítima y la prevalencia del derecho sustancial del accionante, por
defecto sustantivo, defecto procedimental, violación directa de la constitución,
defecto orgánico, desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado y
subsidiariamente defecto fáctico.
SEGUNDA.- Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 05 de
noviembre de 2024, notificada el 21 de enero de 2025, proferida en el proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación No.
73001233300020150045702 (6393-2022) referido en este libelo y ordenar al
Honorable Consejo de Estado Sección Segunda – Sala de Conjueces, que en el
término de 48 horas, siguientes a la notificación del fallo, proceda a dictar la
providencia correspondiente, confirmando la sentencia de primera instancia
revocada, accediendo a las suplicas de la demanda, ordenando reconocer y pagar
al actor, la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1.992, equivalente al
30% del salario básico, como agregado a éste, así como la reliquidación de las
prestaciones sociales para que les sean liquidadas con el 100% de la asignación
básica.
PETECIÓN SUBSIDIARIA
En el remoto evento de considerarse que la Administración Judicial no dio una
repuesta de fondo en el Oficio DSAJ No. 000796 de fecha diez (10) de octubre de
2014, respetuosamente se formula como pretensión subsidiaria la siguiente:
• Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 05 de noviembre
de 2024, notificada el 21 de enero de 2025, proferida en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicación No. 73001233300020150045702
(6393-2022) referido en este libelo y ordenar al Honorable Consejo de Estado
Sección Segunda – Sala de Conjueces, que en el término de 48 horas, siguientes
a la notificación del fallo, proceda a dictar la providencia de reemplazo
correspondiente, declarando la ocurrencia y nulidad del acto ficto o presunto
negativo, fruto del silencio de la administración, accediendo a las suplicas de la
demanda, ordenando reconocer y pagar al actor, la prima prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1.992, equivalente al 30% del salario básico, como agregado a
éste, así como la reliquidación de las prestaciones sociales para que les sean
liquidadas con el 100% de la asignación básica”.
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Se transcribe del texto original aun con posibles errores.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón, a quien por
reparto inicialmente correspondió el presente trámite, mediante escrito
del 24 de abril de 2025, manifestó impedimento para conocer del asunto,
con base en la causal previstas en el numeral 1º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.
A su vez, el consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, por
escrito del 21 de mayo de 2025, manifestó encontrarse incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.
Las anteriores manifestaciones de impedimento fueron resueltas
mediante auto del 29 de mayo de 2025, que las declaró fundadas con
fundamento en que:
“(…) teniendo en cuenta que los doctores Nubia Margoth Peña Garzón y Germán
Eduardo Osorio Cifuentes manifestaron tener interés directo en el resultado del
proceso, con fundamento en que la sentencia objeto de debate en este trámite
constitucional tiene que ver con el reconocimiento de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual sería aplicable a
los magistrados auxiliares de esta corporación, cargo que ellos ocuparon, la Sala
considera que se encuentra fundado el impedimento por la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, pues tienen un interés en las
resultas del proceso”.
2.2. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, vinculada en el auto de admisión, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional con fundamento en que
carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la entidad
legitimada para responder en este proceso porque sus funciones son
técnicas y administrativas, sin influencia en decisiones judiciales.
Además, sostuvo que la entidad que debe ser vinculada es la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Tolima, quien participó en el
proceso ordinario.
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Finalmente, adujo que la solicitud de amparo deviene improcedente por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional, dado que busca
reabrir un debate jurídico que ya fue resuelto por el juez ordinario.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima aportó copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001
23 33 000 2015 00457-00.
2.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Luis Bernardo Perdomo Betancourt interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el objeto de que se le
reconociera la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, equivalente al 30% del salario básico, y se le reliquidaran
las prestaciones sociales en la proporción correspondiente.
3.2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de sentencia del 16
de octubre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
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3.2.3. La demandada interpuso recurso de apelación y, mediante proveído
del 5 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de la
demanda.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Cuestión Previa. Manifestación de impedimento
El conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo manifestó encontrarse
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo
56 de la Ley 906 de 2004, con fundamento en lo siguiente:
“(…) en razón de a que (sic) hice reclamo sobre la misma pretensión de que aquí
se trata teniendo en cuenta el tiempo en que me desempeñé como Juez y
Magistrado de Tribunal”.
3.3.1.1. Ahora bien, el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
dispone lo siguiente:
“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente,
o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal (…)”. (Negrillas
fuera del texto).
Frente al interés en la actuación procesal como causal de impedimento,
la Corte Constitucional ha manifestado4:
“(…) los elementos característicos del ‘interés’ en virtud del cual es necesario que
el funcionario judicial sea apartado del proceso. 5 En tal sentido se ha indicado
que un impedimento será procedente, por la existencia de un ‘interés en la
actuación procesal’, si aquel es actual, especial y personal. Es actual cuando ‘el
vicio que presuntamente puede afectar la imparcialidad del juez, es latente o
concomitante al momento de proferir la decisión. En este sentido, no se aceptarán
hechos o situaciones pasadas o futuras (…).’ 6 Es especial cuando se constata que
el funcionario judicial, o los miembros de su familia, pueden beneficiarse o
perjudicarse ‘como resultado de la decisión adoptada en el marco del proceso
constitucional.’ A la luz de este requisito ‘no serán admisibles intereses generales
o que refieran una simple relación con ideas, posiciones políticas o filosóficas de
4
Corte Constitucional, Auto 740 de 19 de abril de 2024. MP.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
5
Corte Constitucional. Autos 080A de 2004 y 447A de 2015.
6
Corte Constitucional. Auto 444 de 2015.
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carácter abstracto que no incidan en el juicio interno del funcionario judicial.’ Y
es personal cuando la decisión puede afectar positiva o negativamente ‘(…) al
juez, cónyuge o compañero permanente, o pariente en los términos del artículo
56 de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, éste no es procedente en los casos en
que el juez exclusivamente alega la afectación de la institución que representa,
pero no se demuestra una afectación directa al juzgador como persona natural.’
(…)”. (Subrayas del texto).
3.3.1.2. En este caso, el accionante pretende el amparo de sus derechos
fundamentales, que estima vulnerados con ocasión de la sentencia del 5
de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se discutió sobre el pago, por parte de la Nación,
Rama Judicial, de la prima prevista en el artículo 147 de la Ley 4 de 1992.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo manifestó tener interés directo en el resultado del proceso, con
fundamento en que la sentencia objeto de debate en este trámite
constitucional tiene que ver con el reconocimiento de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual sería
aplicable a los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contenciosos Administrativos, y a los jueces de la
República, cargos que él ocupó, la Sala considera que se encuentra
fundado el impedimento por la causal prevista en el numeral 1° del
artículo 56 de la Ley 906 de 2004, pues tiene un interés en las resultas
del proceso.
3.3.1.3. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará fundado el
impedimento manifestado, por encontrarse configurada la causal de
7
“Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces
de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.
5 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado número 11001 03 15 000
2024 02871 00.
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prevista en el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, norma
aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. En
consecuencia, se separará al conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
del conocimiento de este asunto.
3.3.2. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues esa autoridad integró
la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio origen a las providencias debatidas, razón por la cual las
decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir
en sus intereses.
3.3.3. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.3.1. Frente al requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de
subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en
un mecanismo principal de protección.
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La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso8. Por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo
que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.3.3.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación9,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 202210, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
8
Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
3.3.3.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
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transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 201911, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 12.
3.3.3.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
11
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
12
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
13
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recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’.
En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular,
por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en
una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
13
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.4. Caso concreto
3.3.4.1. La Sala recuerda que los argumentos de la tutela giran en torno
a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 5 de
noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, pues considera que esta incurrió en los defectos
procedimental y orgánico al resolver sobre la falta de agotamiento de la
vía administrativa como requisito para acudir ante la jurisdicción, por no
haber presentado los recursos procedentes contra el Oficio DSAJ No. 796
del 10 de octubre de 2014, cargos y argumentos que no fueron propuestos
en la contestación de la demanda ni en el recurso de apelación.
Entonces, la sala advierte que lo que el demandante en últimas reprocha
es la falta de coherencia externa del fallo, pues considera que se emitió
una decisión por fuera del cauce del debate que se había adelantado. Tal
argumento equivale a sostener que el juez de segunda dictó un fallo ultra
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o extra petita, por haberse pronunciado sobre aspectos que no fueron
planteados en las excepciones ni en el recurso de apelación.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 1° de
noviembre de 201614, señaló diferentes circunstancias que pueden
conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia que finaliza un
proceso ordinario, entre las que se encuentra la incongruencia, por no
guardar relación con los fundamentos fácticos, jurídicos y las pruebas
puestos a consideración de la autoridad judicial, lo que permitiría que
dicha situación se someta a control mediante el ejercicio del recurso
extraordinario.
Bajo tales circunstancias, es claro que la actora tenía a su alcance el
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 5 de noviembre
de 2024, por la causal de nulidad originada en la sentencia15, establecida
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA. Tal medio de defensa
resultaba eficaz e idóneo para exponer los argumentos sobre la
incongruencia que, a su juicio, presenta la decisión objeto de debate.
Empero, la actora no hizo uso de este y, por el contrario, optó por
interponer directamente la presente acción constitucional, como si esta
pudiera emplearse en reemplazo de los mecanismos ordinarios
establecidos en la ley para la defensa de los derechos.
Por lo expuesto, la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la subsidiariedad en cuanto al argumento aludido y, en todo
14
C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 11001 03 15 000 2012 00230 00.
15
La Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación, en auto del 1º de diciembre de 2023, radicación
número: 11001-03-26-000-2020-00056-00 (66.053), consejera ponente: María Adriana Marín, señaló los
supuestos en los que podría configurarse la nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, así:
“Sobre el particular, se han identificado los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso:
(i) fallo inhibitorio; (ii) ausencia de motivación; (iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) falta de competencia o
jurisdicción; (vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación; y (viii) falta de congruencia por
condena extra, ultra o infra petita”.
16
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caso, no se observa que el demandante esté sometido a un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela de manera excepcional16.
3.3.4.2. Los demás argumentos de la demanda de tutela giran en torno a
las inconformidades de la parte actora con la sentencia atacada, pues
considera que esta incurrió en: (i) defecto fáctico por valoración errónea
del Oficio DSAJ No. 796 del 10 de octubre de 2014, que en su decisión
expresó la improcedencia de recursos en sede administrativa, al considerar
que no se estaba resolviendo de fondo su petición, lo que justificó la razón
por la cual no hizo uso de ellos, (ii) desconocimiento del precedente fijado
por el Consejo de Estado sobre la no exigencia del agotamiento de la vía
administrativa cuando la autoridad que expide el acto administrativo no
brinda la oportunidad de interponer recursos17, y (iii) violación directa de la
Constitución, al desconocer los principios de confianza legitima y seguridad
jurídica.
La Sala considera que el debate así propuesto por la parte demandante
constituye simplemente la reiteración del que ya se agotó en el proceso
ordinario, lo que deja en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades
frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre
el caso planteado.
Por lo tanto, es claro que la actora sólo busca que el juez constitucional
analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo quiere
acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo excepcional de protección.
Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta Sección,
en sentencia del 19 de noviembre de 202118, sostuvo que en las acciones
16
Así se pronunció esta Sección en la sentencia del 24 de abril de 2025, radicación: 11001 03 15 000 2025
01534 00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
17
Sentencias relacionadas en el numeral 1.6 de esta providencia.
18
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
17
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de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
En el caso objeto de estudio, la parte demandante invocó varias
sentencias del Consejo de Estado, pero no identificó los problemas
jurídicos que allí se resolvieron ni efectuó una comparación entre los
hechos estudiados en ese asunto y en el sub lite, para acreditar que las
reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su
caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la autoridad accionada,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.3.4.3. A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate
sobre las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen
demandante y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta
precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos
excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades
oficiosas que aquél tiene. Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez
decide precisamente sobre la controversia que se le ha planteado,
otorgándole la razón a alguna de las partes o aplicando la normativa
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vigente para el caso, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias, y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
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debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis efectuado por las autoridades de la jurisdicción,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el presupuesto analizado, razón
por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia de los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad respecto de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
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TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Luis Bernardo Perdomo Betancourt contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces.
CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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