Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01534-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01534-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01534-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
24 de abril de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
Accionante: Lohi S.A.S. en liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
Accionantes: LOHI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para
la defensa de sus derechos. La acción de tutela es
improcedente por ausencia de relevancia constitucional
cuando el debate planteado por el demandante pretende
reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Lohi S.A.S.
en Liquidación, por intermedio de su representante legal, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La sociedad Lohi S.A.S. en Liquidación, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y
de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados con
ocasión de la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que revocó la sentencia del 28
de abril de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima, y en
su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción
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de reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, y el Municipio de Ataco (Tolima)1.
1.2. La demanda se adelantó con el objeto de que se declarara
administrativa y extracontractualmente responsable a las demandadas por
los daños sufridos con ocasión de la retención, por parte de agentes de la
Policía Nacional, de tres retroexcavadoras, un contenedor con herramientas
y los vehículos tipo tractomula que las transportaban, mientras atravesaban
el Municipio de Ataco (Tolima).
1.3. El referido medio de control se fundamentó en que la accionante, con
el fin de iniciar la ejecución de un contrato de operación minera suscrito con
el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), el 3 de agosto
de 2011, en 4 vehículos tipo tractomula, movilizó 3 retroexcavadoras y un
contenedor con herramientas para el montaje de la operación. Sin
embargo, mientras los vehículos se desplazaban por el Municipio de Ataco,
fueron detenidos por uniformados de la Policía Nacional, quienes informaron
que por, orden de la alcaldía municipal, no se permitía el ingreso de
maquinaria con destino a la explotación minera en razón a que ninguna
autoridad ambiental había comunicado de forma oficial la concesión de un
título minero.
En esa oportunidad, la demandante alegó que las maquinas fueron
retenidas entre el 4 y 5 de agosto de 2011, pese a que contaba con los
permisos por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
(Cortolima) y a que las autoridades locales estaban informadas sobre su
desplazamiento, lo que se acreditó en el momento de la incautación con los
documentos pertinentes.
Por lo anterior, la demandante interpuso una acción de tutela, la cual fue
resuelta el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ataco, quien amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó la
entrega de la maquinaria retenida. Sin embargo, solo hasta el 17 de
1
Proceso que se identificó con la radicación 73001 23 33 000 2013 00651 02.
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septiembre de ese año fueron devueltos los vehículos y las herramientas
incautadas. En consecuencia, la sociedad Lohi S.A.S. tuvo que asumir
costos adicionales y se produjo la terminación del contrato de operación
minera.
1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Tribunal
Administrativo del Tolima, quien en audiencia inicial del 2 de julio e 2014
declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar que el
plazo de 2 años que tenía el actor para presentar la demanda había
vencido el 21 de octubre de 2013, y que esta fue radicada el 19 de
noviembre del mismo año.
Contra la anterior decisión la parte demandante presentó recurso de
apelación y, mediante proveído del 21 de enero de 2015, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y declaró no próspera la
excepción de caducidad, “sin perjuicio de lo que se estime posteriormente
en el curso de este proceso contencioso sobre el daño a indemnizar y la
caducidad de la presente demanda”.
1.5. Mediante sentencia del 28 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo
del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el Municipio de Ataco se extralimitó en sus funciones,
pues, pese a que conocía que la demandante cumplía con todos los
requisitos para adelantar la actividad minera, optó por ordenarle a la
Policía Nacional que no permitiera el ingreso de la maquinaria.
Contra la anterior decisión, la parte demandante y el Municipio de Ataco
presentaron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia
del 12 de abril de 2024, que revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad, con
fundamento en que, según lo relatado en la demanda, los hechos
ocurrieron el 3 de agosto de 2011, por lo que el término de caducidad
empezó a correr desde el día siguiente y se suspendió el 4 de abril de
2013, con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, y se
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reanudó el 19 de junio de 2013, finalizando el 21 de octubre de 2013. Por
lo tanto, como la demanda fue radicada el 19 de noviembre del mismo
año, resultó extemporánea.
La demandante radicó solicitud de aclaración y adición de la anterior
sentencia, la cual fue negada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en proveído del 10 de octubre de 2024, al considerar que
con ella se pretendió cuestionar el análisis jurídico que efectuó la Sala en
relación con el cómputo del término de caducidad.
1.6. La accionante adujo en la tutela que la decisión atacada incurrió en vía
de hecho, pues ni las contestaciones de la demanda ni los recursos de
apelación presentados se sustentaron en la excepción de caducidad, por lo
que la autoridad judicial accionada no estaba habilitada para realizar el
análisis sobre ésta, máxime cuando ya se había llevado a cabo en el auto
del 21 de enero de 2015. Por lo tanto, sostuvo que la valoración de la
caducidad ya había sido decantada, y con ocasión a ello se desconocieron
los principios de non bis in idem y non reformatio in pejus.
1.7. Por otro lado, adujo que la sentencia atacada desconoció “la línea
jurisprudencial” relacionada con el cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa en los casos en los que el daño se
prolonga en el tiempo. No obstante, aunque mencionó al Consejo de Estado
y a la Corte Constitucional2, no invocó como desconocida ninguna
providencia en específico.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones3:
“Teniendo en cuenta lo anterior, solicito respetuosamente señor Juez de Tutela,
se sirva ordenar A LA ENTIDAD accionada CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
La valoración de Fondo de los recurso de Apelación Presentados dentro del
trámite Medio de control de reparación directa - Referencia: (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S. Demandados: Nación – Ministerio de
2
Hechos decimoséptimo y decimoctavo.
3
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.
4
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Defensa y otros , para que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en relación con los derechos cuya tutela se invoca; pero muy
especialmente en las disposiciones constitucionales que consagran la garantía
de los derechos vulnerados, solicito al juez de tutela de conocimiento, se sirva:
1.TUTELAR el derecho fundamental al, DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD, por
haber decretado la EXCEPCION DE CADUCIDAD DE OFICIO SIN SER
PROCEDENTE TAL PRONUNCIAMIENTO.
2. En consecuencia, A LA ENTIDAD ACCIONADA, CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, que en el término de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, una vez se
Compruebe cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE ORDENE VALORAR LOS RECURSOS DE
APELACION PROPUESTOS y MODIFICAR la sentencia emitida por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata el 12 de abril de
2024 .
4 - Se prevenga a la entidad accionada para que en el futuro no se vuelva a
incurrir en conductas de la misma naturaleza, so pena de imponérsele a los
funcionarios responsables, las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.
5- Se le notifique de manera personal a las partes, o en su defecto por el
medio más idóneo, el fallo de tutela que se profiera por su despacho como
resultado de la presente acción”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B informó
que en la sentencia objeto de debate se encuentran los razonamientos
por los cuales se declaró probada de oficio la excepción de caducidad, y
manifestó estar dispuesto a atender lo que disponga la Sala que decida la
presente acción constitucional.
2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima allegó el expediente de
reparación directa con radicado 73001 23 33 000 2013 00651 00/02.
2.3. La Policía Nacional y el Municipio de Ataco guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. La sociedad Lohi S.A.S. en Liquidación interpuso demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
y el Municipio de Ataco, con el objeto de que se les declarara administrativa
y extracontractualmente responsables por los daños sufridos con ocasión
de la retención de maquinaria, herramientas y vehículos, destinados a la
ejecución de un contrato de operación minera suscrito con el Ingeominas.
3.2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, en audiencia inicial del 2 de
julio de 2014, declaró probada de oficio la excepción de caducidad. Contra
esa decisión la parte demandante presentó recurso de apelación y,
mediante proveído del 21 de enero de 2015, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, la revocó.
3.2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través sentencia del 28 de
abril de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La
demandante y el Municipio de Ataco interpusieron recurso de apelación
contra la anterior providencia y, mediante fallo del 12 de abril de 2024,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y en su
lugar declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control.
3.2.4. La demandante presentó solicitud de aclaración y adición del fallo y,
mediante providencia del 10 de octubre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, la denegó.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
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El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de
subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en
un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso4. Por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo
que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado
debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.3.1.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
4
Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
3.3.1.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
9
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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
3.3.1.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 9:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. La Sala recuerda que los argumentos de la tutela giran en torno
a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 12 de abril
de 2024, proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, pues considera que esta incurrió en una vía de hecho al declarar
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probada la excepción de caducidad, teniendo en cuenta que esta no fue
propuesta en la demanda ni fue materia de los recursos de apelación.
Entonces, la sala advierte que lo que la demandante en últimas reprocha
es la falta de coherencia externa del fallo, pues considera que se emitió
una decisión por fuera del cauce del debate que se había adelantado. Tal
argumento equivale a sostener que el juez de segunda dictó un fallo utra
o extra petita, por haberse pronunciado sobre aspectos que no fueron
planteados por las partes en las pretensiones ni en las excepciones.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 1° de
noviembre de 201610, señaló diferentes circunstancias que pueden
conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia que finaliza un
proceso ordinario, entre las que se encuentra la incongruencia, por no
guardar relación con los fundamentos fácticos, jurídicos y las pruebas
puestos a consideración de la autoridad judicial, lo que permitiría que
dicha situación se someta a control mediante el ejercicio del recurso
extraordinario.
Bajo tales circunstancias, es claro que la actora tenía a su alcance el
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 12 de abril de
2024, por la causal de nulidad originada en la sentencia11, establecida en
el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Tal medio de defensa
resultaba eficaz e idóneo para exponer los argumentos sobre la
incongruencia que, a su juicio, presenta la decisión objeto de debate.
10
C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 11001 03 15 000 2012 00230 00.
11
La Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación, en auto del 1º de diciembre de 2023, radicación
número: 11001-03-26-000-2020-00056-00 (66.053), consejera ponente: María Adriana Marín, señaló los
supuestos en los que podría configurarse la nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, así:
“Sobre el particular, se han identificado los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso:
(i) fallo inhibitorio; (ii) ausencia de motivación; (iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) falta de competencia o
jurisdicción; (vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación; y (viii) falta de congruencia por
condena extra, ultra o infra petita”.
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Empero, la actora no hizo uso de este y, por el contrario, optó por
interponer directamente la presente acción constitucional, como si esta
pudiera emplearse en reemplazo de los mecanismos ordinarios
establecidos en la ley para la defensa de los derechos.
Por lo expuesto, la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la subsidiariedad y, en todo caso, no se observa que la
demandante esté sometida a un perjuicio irremediable que haga
procedente la tutela de manera excepcional.
3.3.2.2. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte
accionante alega que la providencia atacada incurrió en desconocimiento
de una línea jurisprudencial relacionada con el cómputo de la caducidad
cuando el daño se prolonga en el tiempo.
Al respecto, esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En el caso objeto de estudio, la parte demandante se limitó a mencionar
al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, así como una supuesta
línea jurisprudencial sobre la materia, pero no identificó ninguna
providencia en específico.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
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porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el estudio que se efectuó sobre la caducidad del medio de
control, como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia
adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados.
3.3.3. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional respecto de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la sociedad Lohi S.A.S. en liquidación, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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