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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00651-02

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00651-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO por el daño antijurídico causado, por parte de las entidades demandas y como consecuencia del defectuoso funcionamiento frente a las instrucciones dadas a falta de previsión del riesgo, derivado de las actuaciones cumplidas por estas instituciones. Acorde a lo anterior se demuestra la existencia y relación de causalidad entre la Falla del Servicio y el Daño Causado. Con base en lo anterior estos DAÑOS tanto MATERIALES representados en lucro cesante y daño emergente y daños morales, en que incurrió mi representado y presente acción se busca sean recompensados, acorde al derecho otorgado, la fecha que se causó el daño y hasta que se produzca el pago total de la indemnización incorporando sobre estas sumas, los ajustes de valor, CALCULANDO INTERESES MORATORIOS como lo autoriza el artículo 192 CPACA. (…)” 2. Los perjuicios materiales y morales reclamados se resumen así: Tipo de perjuicios Valor Perjuicios morales “Para la Empresa LOHI S.A.S. identificada con el Nit. 900438185-1, (…) y la persona que le tocó pagar la incautación de las cama-bajas de manera injustificada y la logística que tenía diseñada en contratación de personal, que dio como resultado la quiebra de la sociedad creada. Causando traumatismos a un hombre de 62 años de nacionalidad española que los ahorros de su vida LOS INVIRTIÓ EN INICIAR UNA EMPRESA MINERA (…) que tuvo obligaron a dejarlo en la quiebra y tener que devolverse a su país sin su dinero de ahorros de su vida generándole afectaciones tanto a su salud como a su núcleo familiar por la incertidumbre que genera estas pérdidas sin sentido, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes.” Lucro cesante “La suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($52.880.500.00) por reconocimiento de los gastos varios y honorarios (…) La suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($148.925.000,00) por reconocimiento de los gastos de stanby de camabaja (sic) (…) La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 287.414.974,18) por reconocimiento de los gastos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2013-00651-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de abril de 2024

Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: reparación directa – falla del servicio – caducidad – declaratoria de oficio

Síntesis del caso: La Sociedad demandante solicitó la declaratoria de la responsabilidad del
Estado por el daño causado, presuntamente, por la retención y prohibición de ingreso de
maquinaria y herramientas a una zona de explotación minera.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante y una
de las demandadas en contra de la Sentencia de 28 de abril de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, que acogió parcialmente las
pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recursos de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda
instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de noviembre de 2013, la Sociedad LOHI S.A.S. (en adelante, la
Sociedad o la demandante) presentó demanda2, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y del Municipio de Ataco – Tolima (en adelante, el
Municipio), con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (se trascribe):

“PRIMERA- Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable
a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - MUNICIPIO DE
ATACO - ALCALDIA MUNICIPAL DE ATACO TOLIMA de los perjuicios causados a
la empresa demandante por intermedio de su apoderada judicial, con motivo
de la retención ilegal de la maquinaria Tres (3) Retroexcavadoras y un conteiner
con herramienta, y las tracto mulas que las transportaban obligando a mi
mandante a cancelarles el alquiler por el tiempo que estuvieron retenidas SIN

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 31 a 43 del Cuaderno 1. Escrito de Reforma de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

EXISTIR el mínimo antecedente, desconociendo la documentación aportada
por mi representada. Incautación efectuada por el comandante de la policía
de Ataco Tolima en representación de la Policía Nacional de Colombia en el
municipio de Ataco y acatando las órdenes expresas del alcalde encargado y
ratificadas con posterioridad por la alcaldesa de turno, que con estas
actuaciones aplicaron la posición dominante que se desplego generando el
daño antijurídico realizado de manera unificada el representante de la Policía
Nacional y el Municipio de Ataco en cabeza de su representante alcalde titular
y alcalde encargado, quien a su vez era el secretario de Gobierno.
Por tal razón están llamadas a responder de manera solidaria la Policía Nacional
de Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional por su vínculo y el municipio
de Ataco Tolima, Alcaldía Municipal de Ataco Tolima. Solidaridad frente al
RECONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS EMOLUMENTOS A
QUE HAYA LUGAR DE CANCELAR A MI MANDANTE; por los hechos descritos en
el cuerpo de la presente demanda a modo de reparar y restablecer los
derechos vulnerados, con ocasión de la FALLA DEL SERVICIO por el daño
antijurídico causado, por parte de las entidades demandas y como
consecuencia del defectuoso funcionamiento frente a las instrucciones dadas
a falta de previsión del riesgo, derivado de las actuaciones cumplidas por estas
instituciones. Acorde a lo anterior se demuestra la existencia y relación de
causalidad entre la Falla del Servicio y el Daño Causado.
Con base en lo anterior estos DAÑOS tanto MATERIALES representados en lucro
cesante y daño emergente y daños morales, en que incurrió mi representado y
presente acción se busca sean recompensados, acorde al derecho otorgado,
la fecha que se causó el daño y hasta que se produzca el pago total de la
indemnización incorporando sobre estas sumas, los ajustes de valor,
CALCULANDO INTERESES MORATORIOS como lo autoriza el artículo 192 CPACA.
(…)”

2. Los perjuicios materiales y morales reclamados se resumen así:

Tipo de perjuicios Valor
Perjuicios morales “Para la Empresa LOHI S.A.S. identificada con el Nit. 900438185-1, (…) y
la persona que le tocó pagar la incautación de las cama-bajas de
manera injustificada y la logística que tenía diseñada en contratación
de personal, que dio como resultado la quiebra de la sociedad creada.
Causando traumatismos a un hombre de 62 años de nacionalidad
española que los ahorros de su vida LOS INVIRTIÓ EN INICIAR UNA
EMPRESA MINERA (…) que tuvo obligaron a dejarlo en la quiebra y tener
que devolverse a su país sin su dinero de ahorros de su vida generándole
afectaciones tanto a su salud como a su núcleo familiar por la
incertidumbre que genera estas pérdidas sin sentido, el equivalente a
cien (100) salarios mínimos legales vigentes.”
Lucro cesante “La suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($52.880.500.00) por reconocimiento de los
gastos varios y honorarios (…)
La suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($148.925.000,00) por reconocimiento
de los gastos de stanby de camabaja (sic) (…)
La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ Y OCHO
CENTAVOS M/CTE. ($ 287.414.974,18) por reconocimiento de los gastos
de pago de nómina indexado (…)”
Daño emergente “La suma de SEICIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 625.485.000.00) por concepto
de perdida de ingreso de dineros por alquiler del equipo y por concepto
de stan by (sic) de la maquinaria retenida (…)
“Por perdida de oportunidad extractiva de oro y consecuencias de
resolución del contrato de operación minera valor estimado (…) MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SECENTA CENTAVOS
M/CTE. ($ 1.227.256.975.60) (…)”

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

“Reconocimientos de las inversiones de tipo ambiental que culminó con
la terminación unilateral por parte del concesionario minero y la
resolución del contrato de operación minera (…) la suma de
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($420.708.999,29)”

3. La Sociedad fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

4. 1) El 30 de mayo de 2011, la Sociedad suscribió un contrato de operación
minera con la señora Elsy Pacheco de Ospina, titular del Contrato de
Concesión Minera HF5-113, suscrito, el 8 de enero de 2006, con el Instituto
Colombiano de Geología y Minería - INGEOMINAS, cuya fecha de inicio de
ejecución era el 20 de junio de 2011. Al efecto, la Sociedad efectuó
socialización del proyecto con las autoridades locales el 14 de junio de 2011.

5. 2) Luego de ejecutar las labores preparatorias, el 1 de julio de 2011, la
Sociedad legalizó el ingreso al país de 3 retroexcavadoras, mediante acta No.
482012000002583 de la DIAN y, el 18 de julio de 2011, solicitó reunión con las
autoridades del Municipio y con la Corporación Autónoma Regional del
Tolima (CORTOLIMA).

6. 3) Ante el buen resultado de los trámites previos, el 28 de julio de 2011, la
Sociedad contrató el transporte de la maquinaria y el 3 de agosto de 2011
llegaron al Municipio, movilizándose en 4 “camabajas”, 3 retroexcavadoras y
un conteiner con herramienta varias para el montaje y la operación minera.

7. 4) Sin embargo, el mismo 3 de agosto de 2011, (se trascribe) “(…) cuando
cruzaban por el pueblo son retenidos por miembros de la Policía Nacional (…)
al momento de la incautación [se] manifestó que dicha maquinaria se retenía
por orden directa de la alcaldesa municipal (…)”. Lo anterior porque,
mediante oficio 422 de 3 de agosto de 2011, dirigido a la Policía Nacional, el
Municipio dispuso que (se trascribe) “(…) me permito solicitarle la
colaboración de no permitir el ingreso de ningún tipo de maquina con destino
a la explotación minera, toda vez que por parte de ninguna autoridad
ambiental se ha comunicado de manera oficial que se haya otorgado título
minero.”

8. 5) A pesar de que las autoridades competentes estaban informadas y que,
durante la incautación, se presentó toda la documentación requerida, se
procedió a la retención de la maquinaria. Los días 4 y 5 de agosto de 2011 se
presentaron solicitudes formales de entrega de lo retenido y se allegó, de
nuevo, la documentación necesaria.

9. 6) El 8 de agosto de 2011 CORTOLIMA informó a las autoridades municipales
que el proyecto contaba con licencia ambiental y que la misma estaba
ejecutoriada desde el 5 de mayo de 2011. No obstante, la maquinaria no fue
restituida. En paralelo, el 9 de agosto de 2011, el Municipio revocó la
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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

autorización de servidumbre eléctrica que había otorgado mediante
Resolución 422 de 2011.

10. 7) La Sociedad interpuso acción de tutela, que fue resuelta de manera
favorable el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ataco, en donde se tuteló el derecho fundamental al debido proceso y se
ordenó que se hiciera entrega de la maquinaria retenida. Sin embargo, solo
hasta el 17 de septiembre, luego de 43 días de retención ilegal y sin que
mediara documento escrito, se liberó la maquinaria.

11. 8) Producto de lo anterior la Sociedad tuvo que asumir costos de
contratación de personal y maquinaria adicionales y, además, la terminación
del contrato de operación minera, luego de que la concesionaria instaurara
una demanda de resolución de contrato. En suma, producto de la acción de
las demandadas la Sociedad perdió la totalidad de la inversión y se le
generaron los perjuicios que pretende sean reparados.

1.2. Posición de la parte demandada

12. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda3 y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones. Precisó que, con ocasión de la
inmovilización efectuada el 3 de agosto de 2011, en virtud de la solicitud
efectuada por el Alcalde municipal mediante Oficio No. 422 de 3 de agosto
de 2011, y de las demás comunicaciones posteriores entre la Sociedad y las
autoridades municipales (Alcaldía y Consejo Municipal), podía evidenciarse
que (se trascribe) “(…) no e[ra] posible deducir la responsabilidad de la
Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional, bajo título subjetivo u objetivo
alguno, toda vez que no se encuentra[ba] acreditado que la entidad
demandada hubiera desplegado ninguna conducta que la hiciera
administrativamente responsable. Su actuar solo se circunscribió al
CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, que no [fue] otra cosa que una permisión
con la que se declar[ó] ajustada a derecho la realización de ciertas conductas
típicas, llevadas a cabo por un agente policial en cumplimiento de lo dispuesto
por el mismo ordenamiento jurídico.”

13. Concluyó resaltando que, entonces, la actuación de la Policía Nacional no
configuró falla del servicio alguna, toda vez que se limitó a dar estricto
cumplimiento a la orden emanada de la primera autoridad de policía en el
Municipio. No propuso excepciones de manera expresa, pero solicitó que se
negaran las pretensiones de la demanda dirigidas contra la Policía Nacional.

14. El Municipio contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones. Negó que
la maquinaria se hubiera retenido “(…) pues siempre estuvo bajo el dominio de
la parte actora, quien podrían disponer de la misma en el momento en que lo

3 Folios 62 a 80 del Cuaderno 1.
4 Folios 100 a 109 del Cuaderno 1.

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
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Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

considerara oportuno (…)”. Por tanto, indicó que el 15 de septiembre de 2011
el Municipio no liberó la maquinaria, sino que simplemente se permitió que
ingresara al área de explotación minera. Propuso como excepciones la
“inexistencia de la causa invocada”, por cuanto “(…) no existi[ó] orden de
retener la maquinaria por parte de la administración municipal (…) lo solicitado
por el actor en todo momento era que se ordenara a quién corresponda
permitir de manera inmediata el ingreso de la maquinaria con destino al
desarrollo del proyecto (…) cuyo titular del derecho era la señora ELSY
PACHECO DE OSPINA y no la sociedad LOHI S.A.S.”

1.3. Sentencia recurrida

15. El 28 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Tolima, profirió sentencia
de primera instancia5, en la que decidió (se trascribe):

“Falla:
Primero: DECLARASE administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio
de Ataco Tolima, por los daños antijurídicos producidos a la Sociedad LOHI S.A.S.
al impedir el ingreso de tres (3) retroexcavadoras de su propiedad a la concesión
minera HF5-113 expedida por INGEOMINAS en el periodo comprendido entre el
3 de agosto y el 15 de septiembre de 2011, de conformidad en lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: CONDÉNESE al MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA, a cancelar a la
Sociedad LOHI S.A.S. por concepto de daño emergente la suma equivalente a
millón (sic) cuatrocientos mil pesos ($1.400.000), la cual deberá ser actualizada
conforme la fórmula empleada por el Honorable Consejo de Estado, descrita en
la parte motiva de esta providencia.
Tercero: CONDÉNESE en abstracto al MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA por
concepto de lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de devengar por
el alquiler de las tres (3) retroexcavadoras durante el periodo comprendido entre
el 3 de agosto y el 15 de septiembre de 2011, para cuya liquidación se tendrá en
cuenta las pautas trazadas en la parte motiva de esta providencia, mediante el
trámite incidental correspondiente.
Cuarto: CONDÉNESE en costas de esta instancia al Municipio de Ataco Tolima,
para lo cual se fija un (1) salario mínimo legal mensual vigente por concepto de
agencias en derecho, y se ordena que por Secretaría se realice la
correspondiente liquidación de los gastos procesales, en los términos del artículo
366 del Código General del Proceso.
Quinto: NIÉGUENSE las demás pretensiones demandatorias. (sic)
Sexto: A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Séptimo: En aras del acatamiento de este fallo, expídase a la demandante copia
con constancia de ser la primera, la cual prestará mérito ejecutivo.
Octavo: Reconózcase personería al Dr. CARLOS ANDRÉS PERDOMO ROJAS como
apoderado judicial del municipio de Ataco Tolima, en la forma y términos del
poder a él conferido.
Noveno: Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente.”

16. El Tribunal, en relación con la determinación de la responsabilidad de la
parte demandada, indicó que el problema jurídico a resolver era (se trascribe)
“(…) determinar si el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y el
Municipio de Ataco - Tolima son administrativa y solidariamente responsables
de los perjuicios materiales y morales alegados por la Sociedad LOHI SAS, con

5 Folios 279 a 294 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
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Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

motivo de la retención de maquinaria el día 3 de agosto de 2011 y hasta el 15
de septiembre de 2011, correspondiente a tres (3) retroexcavadoras de
orugas marca Komatsu, un (1) container con herramientas y cuatro
tractomulas tipo camabajas.”

17. Con base en el material probatorio, consideró que, si bien la Sociedad no
era titular de ningún título minero, en mayo de 2011 puso en conocimiento de
las autoridades municipales, del comandante de Policía municipal y del
Ejercito Nacional su calidad de operador minero, en virtud del contrato de
operación minera suscrito con la señora Elsy Pacheco de Ospina, titular de la
concesión minera HF5-113, otorgada por INGEOMINAS. Consideró que el
Municipio aceptó esa calidad de la Sociedad y (se trascribe) “(…) le concedió
permiso de servidumbre para la instalación de cuatro postes en concreto y 1
transformador y todo lo relacionado con el paso de las líneas eléctricas de
alta tensión en el área de explotación; le señaló cuál era el valor que debía
cancelar para la instalación de la valla publicitaria; le otorgó respuesta a la
petición elevada en el sentido de indicar que el montaje del transformador
para el proyecto minero no afectaría predios urbanos; adelantó varias
reuniones con los sectores interesados para socializar el
proyecto, entre otras.”.

18. Consideró que, a pesar de que para el Municipio era claro que la
Sociedad reunía todos los requisitos, decidió ordenarle a la policía nacional
que no se permitiera el ingreso de la maquinaria porque no se contaba con
título minero, afirmación ajena a la realidad, según las pruebas obrantes. Con
ello, el Municipio pretendió (se trascribe) “(…) poner en tela de juicio la
legalidad de la licencia ambiental otorgada, pues en su criterio el proyecto
traería un impacto ambiental negativo en su territorio y CORTOLIMA no lo
habría considerado, (…)”. Indicó que, por un lado, el comandante de policía
se limitó a cumplir lo ordenado por el alcalde municipal y, por el otro, el
Municipio extralimitó sus funciones pues el “decomiso” procedía sólo contra
quien no tuviera título minero y, en caso de cuestionar las licencias, permisos y
demás instrumentos, lo procedente era acudir a los mecanismos que el
ordenamiento prevé, y no a actuaciones que configuran falla del servicio.

19. Condenó al Municipio al pago de $1.400.000 por concepto de perjuicios
materiales a título de daño emergente y, en abstracto, por concepto de lucro
cesante, estableciendo las reglas para su cálculo. Negó las demás
pretensiones.

1.4. Recursos de apelación

20. La Sociedad presentó recurso de apelación6, en el que se opuso a la
decisión de primera instancia y precisó 3 reparos: 1) el desconocimiento de la
“totalidad del daño base para ser tenido en cuenta en la indemnización de

6 Folios 303 a 324 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
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perjuicios”; 2) “la exclusión de la responsabilidad por parte de la Policía
Nacional” y 3) la falta de “valoración de montos probados como perjuicios y
los cuales deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento”.

21. En relación con el primer reparo, indicó que el Tribunal solo tuvo en cuenta,
para la valoración de los perjuicios, las 3 retroexcavadoras y omitió que lo
retenido incluía, además, 1 container y 4 cama bajas. En relación con el
segundo reparo, indicó que el comandante de policía municipal (se trascribe)
“(…) no acató la orden del alcalde, sino la condicionó a su amaño para
cometer la retención ilegal de la maquinaria y el impedimento (sic) a la
movilidad del resto del equipo para el proyecto legal minero (…)”. En el tercer
reparo precisó que el Tribunal no tuvo en cuenta los daños alegados y la
totalidad de los perjuicios que se encuentran probados con los documentos
aportados con la demanda.

22. El Municipio presentó recurso de apelación7, en el que se opuso a la
decisión de primera instancia y precisó 3 reparos: 1) la “indebida escogencia
del medio de control”; 2) la “(…) improcedencia de condenar en abstracto al
Municipio de Ataco por concepto de lucro cesante derivado de las utilidades
dejadas de devengar por el alquiler de las 3 retroexcavadoras (…)” y 3) que
su actuación buscó cumplir con el deber constitucional de “protección de
derechos colectivos y del medio ambiente”.

23. En relación con el primer reparo, indicó que la Sociedad debió incoar la
acción contractual, toda vez que se trató de una eventualidad que resultó de
la ejecución de subcontratos en un contrato de concesión minera. Sobre el
segundo reparo, indicó que la Sociedad no logró demostrar el perjuicio
patrimonial ocasionado por concepto de lucro cesante y, por tanto, no debió
condenarse en abstracto. En relación con el último reparo, alegó que las
actuaciones municipales se surtieron (se trascribe) “(…) en aras a proteger el
medio ambiente y a la comunidad de Ataco de un proyecto que tendría tal
impacto ambiental (…)”.

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

24. Mediante Auto del 29 de marzo de 20178, el magistrado ponente resolvió
“tener como prueba según el valor que la ley les otorgue el documento
aportado en el escrito del recurso de apelación”, esto es, la Sentencia de 2
de octubre de 20149, de primera instancia, dentro del proceso de resolución
de contrato de exploración y explotación minero, en donde el contrato fue
resuelto y la Sociedad fue condenada al pago de $100.000.000, por concepto
de cláusula penal.

7 Folios 303 a 324 del Cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 380 y 381 del Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 330 a 340 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

25. En la oportunidad para alegar de conclusión la Sociedad guardó silencio.
Mientras que el Municipio10 insistió en los argumentos planteados en la
apelación y el Ministerio de Defensa11 solicitó que se confirmara íntegramente
la Sentencia de primera instancia. El Ministerio Público12 también solicitó se
confirmara la sentencia, por encontrarse demostrada la responsabilidad del
Municipio.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. - 2.2. Sobre la condena en
costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

26. La Sala no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que no
se encuentran reunidos todos los presupuestos procesales para dictar
sentencia. Si bien la reparación directa es el medio de control procedente en
los casos de responsabilidad del Estado producto de acciones administrativas,
la demanda se presentó extemporáneamente.

27. Según el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA “Cuando se
pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo
o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”
Si bien el Tribunal no efectuó un análisis específico de la caducidad y las
demandadas no la propusieron en sus contestaciones, según el artículo 187
del CPACA, el juez debe pronunciarse sobre cualquier excepción que se
encuentre probada y, por tanto, la Sala declarará de oficio la caducidad13.

28. Según la demanda los daños reclamados se produjeron porque (se
trascribe) “[el] 3 de agosto de 2011 lleg[ó] la maquinaria al municipio de Ataco
– Tolima con destino al área de explotación del Contrato de Concesión (…)
justamente cuando cruzaban por el pueblo son retenidos por miembros de la
Policía Nacional en un operativo coordinado por el comandante de Estación
(…)”14. Lo anterior se produjo porque (se trascribe) “(…) el secretario de
Gobierno (…) emiti[ó] [el] oficio 422 de fecha 3 de agosto de 2011 (…) en los
siguientes términos: Por medio del presente oficio me permito solicitarle la
colaboración de no permitir el ingreso de ningún tipo de maquina con destino

10 Folios 395 a 397 del Cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folios 398 a 401 del Cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folios 407 a 416 del Cuaderno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 29 de

septiembre de 2023. Exp, 59.131; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia del 1 de marzo de 2023. Exp, 55.669; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de julio de 2019. Exp, 51.032; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 23 de junio de 2011. Exp, 21.093, entre
otras.
14 Hecho 16 de la demanda. Folio 14 del Cuaderno 1.

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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

a la explotación minera (…)”15. La referida fecha es coincidente con la
indicada en cada una de las pretensiones de condena de la demanda
(pretensiones segunda, tercera y cuarta16), en donde se precisó que los daños
se causaron (se trascribe) “(…) con ocasión de la retención de manera ilegal
el día 3 de agosto de 2011 (…)”.

29. Entonces, la caducidad operó porque los hechos que generaron los
daños, según la demanda, ocurrieron el 3 de agosto de 2011, por tanto, el
término de caducidad empezó a correr el 4 de agosto de 2011 y, en principio,
culminaba el lunes 5 de agosto de 2013, porque el 4 de agosto de 2013 fue
domingo. Sin embargo, el término estuvo suspendido entre el 4 de abril de
2013, fecha en la que el demandante radicó solicitud de conciliación
extrajudicial, y el 18 de junio de 2013, fecha en que se expidió la constancia
de la audiencia celebrada17. De este modo, el término de caducidad, que
estuvo suspendido por 76 días, se reanudó el 19 de junio de 2013 y se extendió,
en virtud de la suspensión, hasta el domingo 20 de octubre de 2013, siendo el
siguiente día hábil el lunes 21 de octubre de 2013. De este modo, la demanda,
radicada el 19 de noviembre de 201318, fue extemporánea.

30. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones, porque la demanda fue radicada cuando
ya había operado el fenómeno de la caducidad, por tanto, no era posible
realizar ningún análisis sustantivo. En su lugar, declarará de probada de oficio
la excepción de caducidad de la acción. Resolver de fondo, como lo hizo el
Tribunal y pretendieron los apelantes, implicaría proteger la actitud negligente
de quien estuvo legitimado en la causa y no ejerció su derecho en la
oportunidad procesal fijada por la ley.

2.2. Sobre la condena en costas

31. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, los numerales 1 y 3 del
artículo 365 y el artículo 366 del CGP, se condenará en costas de segunda
instancia a la Sociedad demandante, las cuales se liquidarán por el Tribunal.
En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda19, se fija por concepto de agencias en derecho, a favor de cada
una de las demandadas, -Ministerio de Defensa Nacional y el Municipio de
Ataco – Tolima-, la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a
pagar por parte de la Sociedad demandante.

15 Hecho 16 de la demanda. Folio 14 del Cuaderno 1.
16 Folios 32 a 40 del Cuaderno 1. Escrito de reforma de la demanda.
17 Constancia de audiencia de conciliación extrajudicial. Folio 120 del Cuaderno 2 (pruebas).
18 Folio 26 del Cuaderno 1.
19 La demanda se presentó el 19 de noviembre de 2013. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo PSAA16-

1055410554 del 5 agosto de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para los procesos judiciales iniciados
a partir de su publicación.
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Radicado: 73001-23-33-000-2013-00651-02 (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: revoca la Sentencia y declara la caducidad

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de abril de 2016 del Tribunal
Administrativo de Tolima, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: en su lugar, DECLARAR, DE OFICIO, LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,
según las consideraciones expuestas.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma de 6
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo de la Sociedad
demandante y a favor del Municipio de Ataco – Tolima y del Ministerio de
Defensa Nacional, respectivamente. Según el artículo 366 del CGP, las costas
las liquidará el Tribunal.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
(aclaración de voto)

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

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