RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02207-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02207-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02207-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la Universidad Tecnológica de Pereira, conforme a la parte considerativa que antecede. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02207-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Demandante: Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Demandados: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la Universidad Tecnológica
de Pereira en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 21 de abril de 2025, la Universidad Tecnológica de Pereira, por intermedio
de apoderado judicial, presentó una acción de tutela en la que alegó la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Según su escrito, dichos derechos habrían sido transgredidos por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la Sentencia
de 28 de octubre de 2024 de 2025 que revocó la sentencia de primera instancia2 y
declaró probada la excepción de caducidad, en el proceso de reparación directa No.
66001-23-33-000-2017-00714-01. A título de amparo, solicitó:

«Primero. Amparar el derecho fundamental al debido proceso que le fue conculcado
por, el Honorable Consejo de Estado, Sección III, Subsección C, a la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP), con ocasión de la expedición de la sentencia de segunda
instancia de fecha 28 de octubre de 2024, dentro del proceso de reparación directa al
Radicado 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358).

Segundo. Subsidiariamente, solicitarle a esa H. Corporación, que si de la anterior
acción constitucional, surgieren otro(s) derechos fundamentales vulnerados (en fallo
ultra y extra petita), se proceda a su declaratoria.

Tercero Consecuentemente se ordene la revocatoria, para dejar sin efectos jurídicos la
sentencia de segunda instancia de fecha 28 de octubre de 2024 dentro del proceso de
reparación directa al Radicado 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358), donde figura
como Demandante la Universidad Tecnológica de Pereira y Demandado el Municipio
de Pereira.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

Cuarto. Confirmar integralmente la Sentencia de 1ª instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, de fecha 28 de octubre de 2022, dentro del trámite del
proceso de reparación directa, radicado 66001 23 33 000 2017 00 71400, mediante el
cual declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Pereira, por
los daños y perjuicios ocasionados a la Universidad Tecnológica de Pereira, derivado
de la obra pública que ejecutó, previa ocupación permanente del predio identificado
con el folio de matrícula 290 101 686, ficha 01 03 0107 0001 000, que resultó afectado
con el “diseño del Plan de Obras de Infraestructura Vial 2013-2015, proyecto UTP
CANAAN”.

Quinto Conminar a nuestro ilustre Consejo de Estado que hoy se acciona, para que en
futuros pronunciamientos no se incurra en los defectos procesales advertidos, a fin de
garantizar a los usuarios la seguridad Jurídica que debe aplicarse en virtud de las
pruebas legalmente aportadas a un proceso litigioso como el indicado
precedentemente.»

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló
que, mediante Resolución No. 2187 de 20 de mayo de 2015, la Alcaldía de Pereira
inició un procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria directa de un
predio de propiedad de la universidad y se determinó que la expropiación se haría
por la vía administrativa en caso de que aquella fracase. Sin embargo, a través de
memorial de 26 de mayo de 2015, se rechazó la oferta hecha por el municipio.

4. El 18 de junio de 2015, la universidad suscribió acta de entrega anticipada de
una franja de terreno al municipio, tras verse afectada por la ejecución del Plan de
Obras de Infraestructura Vial 2013-2015 (Proyecto Glorieta UTP – CANAAN).

5. El 4 de agosto de 2015, mediante la Resolución No. 3292, el municipio ordenó
la expropiación del inmueble por vía administrativa, por motivos de utilidad pública
e interés social.

6. El 13 de agosto de 2015, el accionante presentó recurso de reposición contra
la aludida resolución y alegó que el área del terreno no correspondía a la entregada
por la UTP y, en ese orden, debía revisarse el valor del precio indemnizatorio,
realizarse un nuevo avalúo y modificarse la forma de pago para que este se hiciera
a través de un contrato de permuta.

7. Mediante Resolución No. 4417 de 21 de octubre de 2015, el municipio resolvió
el recurso de reposición y ordenó (i) reponer el área de terreno a expropiar al área
establecida por la UTP, (ii) valorar el excedente del área ofertada, y (iii) realizar un
avalúo sobre el total del área afectada.

8. El 18 de diciembre de 2017, la UTP presentó demanda de reparación directa
contra municipio de Pereira, por la ocupación permanente de una franja de terreno,
afectada con el diseño del Plan de Obra de Infraestructura Vial 2013-2015, Proyecto
UTP – CANAAN.

9. El 20 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda inadmitió la
demanda, toda vez que resultó incomprensible la pretensión deprecada por la parte
demandante.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

10. El 7 de marzo de 2018, la parte actora radicó memorial donde subsanó lo
señalado en el Auto de 20 de febrero de 2018. Demanda que fue admitida mediante
Auto de 24 de abril de 2018 para continuar con el trámite del proceso.

11. El 28 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró
responsable al municipio de Pereira de los daños y perjuicios ocasionados a la
Universidad Tecnológica de Pereira con la ejecución de una obra pública y la
ocupación permanente del predio de su propiedad.

12. El 15 de noviembre de 2022, el ente territorial formuló recurso de apelación,
con fundamento en que (i) no debió reconocerse una compensación económica por
concepto de lucro cesante, (ii) el medio de control que se debió ejercerse era el de
la nulidad y restablecimiento del derecho y (iii) al de este último debió declararse la
caducidad de la demanda.

13. El 28 de octubre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado revocó la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022 y, en su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad porque consideró que el daño alegado
derivaba de la ocupación permanente del inmueble por parte del municipio de
Pereira para la ejecución del proyecto Glorieta UTP-CANAÁN. Sostuvo que tal
ocupación se consolidó con la entrega anticipada y voluntaria del predio efectuada
por la Universidad Tecnológica de Pereira el 18 de junio de 2015. En consecuencia,
el hecho dañoso se estructuró desde la fecha de entrega del inmueble. Por lo tanto,
el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente a dicha fecha.

14. Como fundamentos de derecho, la parte actora afirmó que la autoridad
judicial incurrió en (i) defecto sustantivo, por cuanto desconoció lo establecido en
los artículos 58, 63, 66, 67, 68, 69 y siguientes de la Ley 388 de 1997, así como en
las Resoluciones No. 2187 del 26 de mayo de 2015, 3292 del 4 de agosto de 2015
y 4417 del 21 de octubre de 2015, expedidas por el municipio de Pereira, las cuales
conformaban el marco jurídico aplicable al caso.

15. En ese sentido, sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado había
indicado que, tratándose de ocupaciones temporales, la caducidad del medio de
control empezaba a contarse una vez cesara el daño, es decir, cuando los
inmuebles dejaran de estar ocupados por la Administración. Como esa situación no
se había ocurrido, consideró que el término de caducidad no había empezado a
correr.

16. (ii) Desconocimiento del principio de cosa juzgada, porque la decisión sobre
las excepciones previas fue definitiva, inmutable e inmodificable. La Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado no podía pronunciarse nuevamente
sobre un asunto que ya se encontraba resuelto dentro del proceso de reparación
directa. A su juicio, el pronunciamiento sobre la caducidad había hecho tránsito a
cosa juzgada. En consecuencia, al abordarlo nuevamente de oficio, la autoridad
judicial habría vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

17. (iii) Desconocimiento de los principios de confianza legítima y buena fe, en la
medida en que existía un pronunciamiento previo y definitivo que había reconocido
que la acción se ejerció dentro del término legal.

18. Finalmente, señaló que en el caso concreto no operó la caducidad del medio
de control de reparación directa, toda vez que solo tuvo conocimiento de la
configuración del daño después de los múltiples requerimientos efectuados al
municipio de Pereira para que se suscribiera el contrato de permuta y/o se realizara
el pago correspondiente por la franja de terreno ocupada.

Intervenciones3

19. El Tribunal Administrativo de Risaralda no rindió informe y se limitó a
remitir el expediente digital del proceso de reparación directa No. 66001-23-33-000-
2017-00714-00/01.

20. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de tutela y advirtió que la Sentencia del
28 de octubre de 2024 no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, toda vez que la decisión fue adoptada conforme a la normatividad
aplicable. En particular, sostuvo que se calculó el término de caducidad desde la
fecha más favorable para el demandante y de acuerdo con lo expuesto en los
hechos de la demanda, lo cual quedó plenamente demostrado con el acervo
probatorio obrante en el expediente.

21. Indicó que se abordaron cada uno de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación interpuesto por el municipio de Pereira contra la sentencia de primera
instancia, en lo relativo a la caducidad de la acción. Aunque dicho recurso se dirigió
a sostener que el medio de control idóneo era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cierto fue que, tras un análisis de dicha hipótesis, se procedió a examinar
también la caducidad del medio de control de reparación directa, como parte de la
línea argumentativa adoptada para atender de manera integral los reparos
planteados en la apelación. Sobre este punto, sostuvo que dicho análisis podía ser
realizado incluso de oficio, razón por la cual no se configuró la cosa juzgada ni se
vulneraron los principios de confianza legítima y buena fe.

22. El municipio de Pereira solicitó «negar por improcedente» el amparo
solicitado y sostuvo que el accionante utilizó el mecanismo constitucional como un
tercer escenario para discutir el derecho por el simple hecho de no compartir el
criterio jurídico que se plasmó en la Sentencia del 28 de octubre de 2024. Señaló
que el accionante tenía clara la fecha de ocupación del inmueble toda vez que fue
quien mediante acta de entrega anticipada lo determinó.

3
Mediante Auto de 23 de abril de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda y el Municipio de Pereira, como terceros con
interés en el proceso.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

23. Revisado el escrito de tutela, se advierte que los reparos del accionante están
dirigidos a dejar sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la medida en que
fue esta la que, en segunda instancia, negó las pretensiones de la demanda.
Asimismo, la Sala observa que, si bien el accionante formuló 3 reparos (i) defecto
sustantivo; (ii) desconocimiento de la cosa juzgada; y (iii) desconocimiento de los
principios de confianza legítima y buena fe, lo cierto es los 2 últimos pueden
analizarse desde la violación directa de la Constitución y, en todo caso, todos se
encaminan a cuestionar el fallo de segunda instancia en lo relacionado con el
cómputo y pronunciamiento sobre la caducidad del medio de control de reparación
directa.

24. Al respecto, esta Sala aclara que la parte motiva de esta providencia se
ocupará de examinar los reparos del accionante como un solo argumento, al
establecer que todos ellos están dirigidos a una misma circunstancia, esto es, las
condiciones de hecho y de derecho relacionadas con el cómputo del término de
caducidad del medio de control.

25. Se advierte que al invocar un defecto sustantivo, el accionante menciona,
entre otros argumentos, el desconocimiento del contenido de los artículos 58, 63,
66, 67, 68, 69 y siguientes de la Ley 388 de 1997. Frente a ello, esta Sala se
abstendrá de emitir un pronunciamiento, al considerar que dichas disposiciones se
relacionan directamente con la expropiación por vía administrativa y los motivos de
utilidad pública, incluso el enjuiciamiento de la decisión administrativa ante el juez
de lo contencioso administrativo (a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho), pero, por sí mismas, no guardan conexión con el
fondo del debate en la presente acción constitucional (caducidad del medio de
control de reparación directa).

Problema jurídico

26. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, si la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, incurrió vulneró los derechos
de la parte actora tras declarar la caducidad del medio de control de reparación
directa.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) goza de relevancia constitucional, comoquiera que
el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por incurrir en un presunto
defecto sustantivo y/o violación directa de la Constitución. Aunado a ello, no se trata

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

de una discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los
argumentos planteados en el trámite ordinario; (2) se encuentra satisfecha la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte
actora tenía la calidad de demandante en el proceso ordinario y, por el otro, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió la decisión que
se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenían para
controvertir la providencia censurada; (4) la acción de tutela se presentó el 21 de
abril de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
Sentencia de 28 de octubre de 20244; (5) no se cuestionó una irregularidad
procesal, sino el hecho de tomar una decisión judicial sin un adecuado análisis de
las circunstancias de hecho y de derecho; (6) se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

28. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que pasa a explicarse:

29. En el caso concreto, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) alegó la
vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia con ocasión de la Sentencia del 28 de octubre de 2024 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al establecer que se
configuró la caducidad del medio de control de reparación directa. Ello, con
fundamento en que el hecho generador del daño fue el acta de entrega anticipada
celebrada entre la UTP y el municipio de Pereira, de 18 de junio de 2015.

30. Al respecto, de acuerdo con las pruebas documentales aportadas tanto en la
presente acción de tutela como en el expediente digital del proceso de reparación
directa No. 66001-23-33-000-2017-00714-00/01, esta Sala advirtió los siguientes
supuestos: (i) la ocupación permanente del inmueble dio inicio a partir del día
siguiente a la suscripción del acta de entrega anticipada; (ii) las pretensiones de la
demanda iban dirigidas a declarar la responsabilidad por perjuicios causados desde
junio de 2015 hasta agosto de 2017; y (iii) en el escrito que subsanó la demanda la
parte actora estableció que

«[…] se sabe a ciencia cierta que la ocupación del predio por parte del Municipio de
Pereira, tuvo ocurrencia mucho antes de que se decretara la expropiación
administrativa del inmueble y por esta razón le asiste derecho a la Universidad
Tecnológica de Pereira, para acudir ante esta jurisdicción en demanda de
indemnización por la ocupación del inmueble motivo del trabajo público.»

31. Así las cosas, la Sala estima que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado contó con elementos suficientes para concluir que se configuró
la caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que el accionante
estableció desde la presentación de la demanda que el hecho generador del daño
fue la ocupación permanente por parte del municipio de Pereira desde el 18 de junio

4
Notificación por mensaje de datos con fecha de 20 de noviembre de 2024.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

de 2015. Adicionalmente, si se examina la caducidad desde el momento en que la
parte actora tuvo conocimiento pleno de la ocupación, se tiene que en el escrito de
subsanación se afirmó expresamente que esta ocurrió mucho antes de la
expropiación por vía administrativa, lo que refuerza la conclusión de que no hay
lugar a los reparos formulados por el accionante.

32. En todo caso, la autoridad judicial realizó un análisis detallado de los hechos,
pretensiones, argumentos y pruebas obrantes en el proceso de reparación directa,
lo que le permitió motivar su decisión de declarar probada la caducidad del medio
de control. En consecuencia, se advierte que no se trató de una indebida valoración
fáctica o probatoria; por el contrario, la decisión se sustentó en una apreciación
integral del acervo probatorio allegado. En otras palabras, no se configuraron los
defectos alegados, pues el hecho de revocar la sentencia de primera instancia y
declarar probada la excepción de caducidad no implica, por sí mismo, la existencia
de un defecto sustantivo, ni constituye un desconocimiento del principio procesal de
la cosa juzgada, ni de los principios de confianza legítima y buena fe.

33. En este sentido, la controversia planteada por el accionante no revela una
vulneración de los derechos al debido proceso ni al acceso a la justicia, sino una
discrepancia frente a la forma en que la autoridad judicial determinó la fecha para
contabilizar el término de caducidad del medio de control. En consecuencia, la
decisión judicial proferida debe mantenerse incólume, toda vez que no se configuró
ningún defecto. Por el contrario, se evidenció una labor argumentativa coherente y
debidamente sustentada, respetando los criterios normativos sobre la caducidad y
el deber judicial de declararla cuando se encuentre probada, en garantía de los
principios de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

34. Por otro lado, el artículo 187 del CPACA dispone «[e]n la sentencia se decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in
pejus», en consecuencia, se tiene que el juez de segunda instancia está habilitado
para pronunciarse sobre la excepción de caducidad, sin que ello implique
vulneración al debido proceso, ya que se trata de un presupuesto procesal de orden
público.

35. Por lo tanto, el actuar de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado se enmarcó en el ámbito de su autonomía judicial. No se advierte en su
decisión un ejercicio arbitrario, irrazonable o carente de fundamentos que justifique
la intervención del juez constitucional.

Conclusión

36. La Sala negará la acción de tutela interpuesta toda vez que la providencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2025 02207 00
Accionante: Universidad Tecnológica de Pereira

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la Universidad Tecnológica de
Pereira, conforme a la parte considerativa que antecede.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.