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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2017-00714-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2017-00714-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para formular la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2017-00714-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358)
Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Proceso: Reparación Directa

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación art. 187 CPACA. DAÑO DE LA OCUPACIÓN PERMANENTE-
Exclusión definitiva, de facto, del derecho del propietario o poseedor, que ocurre en un único momento,
determinable en el tiempo. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de dos años se contabiliza a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. CADUCIDAD EN
REPARACIÓN DIRECTA POR OCUPACIÓN PERMANENTE-Se computa desde la concreción del daño.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada1 contra la sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda2.

SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad Tecnológica de Pereira acudió a la jurisdicción para que se declare
la responsabilidad patrimonial del Municipio de Pereira, por la ocupación del
inmueble denominado La Julita, identificado con número de matrícula inmobiliaria
290-101686. Según la demanda, la mencionada ocupación implicó una afectación
patrimonial.

ANTECEDENTES

1 Cfr. SAMAI, índice 36 de primera instancia.
2 Cfr. SAMAI, índice 30 de primera instancia.

Radicación: 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358)
Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

La demanda

El 18 de diciembre de 20173, la Universidad Tecnológica de Pereira, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa contra el Municipio de
Pereira, para que se hicieran las siguientes declaraciones (se transcribe de forma
literal):

3.1 DECLARACIONES

Que se declare que el MUNICIPIO DE PEREIRA, es administrativa y solidariamente
responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA por la ocupación permanente de una
franja de terreno con un área de 6.656,70M², que hace parte de un terreno de mayor
extensión denominado la JULITA, ubicado en la zona urbana-Jurisdicción del
Municipio de Pereira, identificado con matrícula inmobiliaria No 290-101686 y ficha
catastral 01-03-0107-0001-000, franja de terreno que resultó afectada con el diseño
del Plan de Obras de Infraestructura Vial 2013-2015, proyecto UTP CANNAAN.

3.2. CONDENAS

Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al MUNICIPIO DE
PEREIRA, a pagar al demandante las siguientes sumas de dinero:
3.2.0. A favor de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, por concepto de
PERJUICIOS MATERIALES en su modalidad de Daño Emergente y Lucro Cesante
los cuales se discriminan de la siguiente manera:

3.2.6.1. POR DAÑO EMERGENTE

A favor de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA: Sufrió por la ocupación
permanente de una franja de terreno con un área de 6.656.70M², que hace parte de
un terreno de mayor extensión denominado la JULITA, ubicado en la zona urbana-
jurisdicción del Municipio de Pereira, identificado con matrícula inmobiliaria No 290-
101686 y ficha catastral 01-03-0107-0001-000, franja que resultó afectada con el
diseño del Plan de Obras de Infraestructura Vial 2013-2015, proyecto UTP
CANNAAN; un daño emergente correspondiente el valor de la franja de terreno
actualizada agosto de 2017: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($2.628.497.852).

3.2.6.2. POR LUCRO CESANTE

Por Lucro Cesante Consolidado; Valor renta por 26 meses DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($249.080.000)
(de junio 2015 a agosto 2017)

3.2.6.7. Realícese la indexación de las anteriores condenas con fundamento en la
variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los
hechos hasta la fecha en que las entidades demandadas realicen el pago de las
respectivas condenas.
3.2.6.8. Condénese a pagar los intereses corrientes certificados por la
Superintendencia Financiera desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la

3 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.3-33.

2

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Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

fecha en que la entidad demandada realice el pago de las respectivas condenas.
3.2.6.9. Condénese al pago de costas procesales a la entidad demandada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA (Ley 1437 de 2011).
3.2.6.10. La entidad pública demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia que
en su contra se dicte, profiriendo la resolución en la cual se adopten las medidas
necesarias para su cumplimiento, en los términos del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo CPACA (Ley 1437 de
2011).

En la subsanación de la demanda, la parte actora ratificó estas pretensiones así:

“Declárese administrativamente responsable al Municipio de Pereira de los
perjuicios de orden material ocasionados a la Universidad Tecnológica de Pereira
por la ocupación de la franja de terreno del predio de mayor extensión denominado
La Julita, que tiene una cabida de mayor extensión de 6.656.70 metros cuadrados y
que ha traído consigo los daños materiales aludidos en este escrito.
Condénese al Municipio de Pereira al pago de los perjuicios materiales, que
corresponden al valor de la franja utilizada en forma permanente, así: Por franja de
terreno del predio de mayor extensión denominado La Julita, que tiene una cabida
de mayor extensión de 6.656.70 metros cuadrados la suma de $2.433.023.850,
indexados a la fecha en que se haga efectivo el correspondiente pago.
Que como consecuencia de las declaraciones 1 y 2 se condene al MUNICIPIO DE
PEREIRA a reconocer y a pagar a título de daño emergente, los intereses moratorios
que se causen a partir de la fecha de la diligencia de entrega del bien suscrita el 15
de enero de 1999 y hasta el momento en que se cancele efectivamente la suma
anotada”

Como fundamento de las anteriores pretensiones, expuso como hechos de la
demanda y su subsanación4 que, como consecuencia del Plan de Obras de
Infraestructura Vial 2013-2015 y para la ejecución del proyecto UTP CANAÁN, el
Municipio de Pereira ocupó una franja de terrero en el inmueble denominado La
Julita, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 290-101686. No obstante,
posteriormente, con la autorización del Concejo Municipal para iniciar procesos de
enajenación voluntaria y expropiación de inmuebles declarados de utilidad pública,
mediante la Resolución N.º 2187 de 20 de mayo de 2015, el Municipio de Pereira
inició el procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria del terreno. Sin
embargo, la Universidad Tecnológica de Pereira rechazó la oferta. A pesar de lo
anterior, el 18 de junio siguiente se hizo entrega anticipada al Municipio de la porción
del inmueble afectada, con un área de 6.656,70 m², y se estableció como forma de
pago la permuta por seis inmuebles del Municipio o el pago en efectivo, sin que se
pactara nada respecto a la transferencia del derecho de dominio.

Afirmó que el 4 de agosto de 2015, el Municipio de Pereira profirió la Resolución N.º

4 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.302-318.

3

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Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

3292, mediante la cual se ordenó la expropiación administrativa de la franja del
inmueble La Julita y se definió como forma de pago una transferencia de
$2.231.815.740 a la Fiduciaria de Occidente; en caso de que dicho dinero no fuera
reclamado en un plazo de diez días, se depositaría en una cuenta judicial. Indicó
que, contra esta resolución, la Universidad Tecnológica de Pereira presentó un
recurso de reposición por tener divergencias respecto del área afectada y el valor
de la indemnización, solicitando un nuevo avalúo. Adujo que la Resolución N.º 3292
fue inscrita en la matrícula inmobiliaria del predio, sin estar ejecutoriada ni en firme.

Relató que, a pesar de lo anterior, la Alcaldía de Pereira expidió la Resolución N.º
4417 del 21 de octubre de 2015, que reconoció una mayor área afectada y ordenó
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante, IGAC) realizar un nuevo
avalúo. Sostuvo que ese dictamen concluyó que el valor del terreno era de
$2.433.023.850, cifra que fue adoptada por el Municipio para continuar la
negociación de compraventa, según oficio del 30 de diciembre de 2015. Señaló que,
a pesar de múltiples requerimientos al Municipio para realizar el pago o la permuta
de bienes para indemnizar la expropiación, el ente territorial no ha saldado la deuda.
Como consecuencia de lo anterior, denunció que la Universidad ha sido privada del
derecho de dominio, configurándose un enriquecimiento sin causa a favor del
Municipio debido a esa ocupación permanente.

El 24 de abril de 20185, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda
y ordenó su notificación.

Contestación de la demanda6

El Municipio de Pereira aceptó como ciertos los hechos expuestos en la demanda y
manifestó no desconocer que, «la demandante tiene derecho a que se le pague el
valor de la franja de terreno utilizada». Expuso que la dificultad del pago se debe a
que el certificado de disponibilidad presupuestal para esos efectos expiró el 31 de
diciembre de 2015. Indicó que el Municipio propuso una fórmula de pago, la cual no
fue aceptada por la parte actora. Afirmó que no procede la pretensión indemnizatoria
por lucro cesante, ya que no hay soporte probatorio que lo demuestre. Agregó que
la Universidad es una entidad de derecho público, sin ánimo de lucro, por lo que no
debe aspirar a recibir sumas por lucro cesante, dado que ese terreno no estaba

5 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.368-369.
6 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.376-380.

4

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Demandado: Municipio de Pereira
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destinado a ninguna actividad comercial. Por lo anterior, reconoció que solo adeuda
el valor del capital correspondiente a la indemnización del terreno, según el avalúo
realizado por el IGAC, más los intereses.

Sentencia de primera instancia7

El 28 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia
en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Fundamentó su
decisión en que se demostró que el Municipio de Pereira es responsable por la
ocupación parcial y permanente del inmueble de propiedad de la Universidad
Tecnológica de Pereira. Ordenó el pago del valor del predio actualizado y del lucro
cesante, así como el interés legal sobre el valor histórico del inmueble. Concluyó
que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues, según la jurisprudencia
aplicable y el artículo 164 del CPACA, el hecho dañoso se entiende consumado
cuando finaliza la obra para la cual se ocupó el inmueble.

Sustentó lo anterior en que es aplicable el régimen objetivo de responsabilidad, lo
que hace irrelevante el análisis subjetivo de la conducta desplegada por la parte
demandada. Señaló que quedó probado que el inmueble es propiedad de la parte
actora, pero fue afectado por el interés general y ocupado de manera definitiva por
el Municipio de Pereira para la construcción del proyecto Glorieta UTP-CANAÁN, lo
cual se consolidó con la expedición de la Resolución N.º 3292 de 2015, que ordenó
la expropiación por vía administrativa del predio. Asimismo, indicó que se desarrolló
la construcción de la obra mediante el contrato número 1634 del 26 de marzo de
2015, que concluyó con la inauguración de la nueva infraestructura el 20 de agosto
de 2016. Afirmó que el demandado reconoció haber realizado obras en esa
propiedad y no disputó haber recibido materialmente el bien sin compensación.
Consideró que las justificaciones ofrecidas por la parte, como la expiración del
certificado de disponibilidad presupuestal y una fallida conciliación prejudicial, no
excusan la falta de conclusión del trámite de expropiación y, por ese motivo, se
configuró una ocupación permanente y arbitraria. Por lo demás, adujo que solo se
configura la transferencia del dominio si hubo pago de la indemnización y entrega
anticipada, ya que la inscripción de la resolución que ordenó la expropiación
administrativa no conlleva efectos traslaticios del dominio.

7 Cfr. SAMAI, índice 30 de primera instancia.

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Asunto Reparación directa

Recurso de apelación8

Contra la sentencia, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Solicitó
al Consejo de Estado que declarara que la controversia debía tramitarse por acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuando el trámite procesal a ese
medio de control y declarando la caducidad de este o, en su defecto, revocando la
condena por concepto de lucro cesante.

Sobre lo primero, alegó que la nulidad y restablecimiento del derecho es el medio
procedente para reclamar indemnización de perjuicios, basándose en otras
sentencias emitidas por el mismo Tribunal en casos similares relacionados con la
expropiación administrativa de otros predios para el mismo proyecto de
infraestructura. Con relación al segundo punto, argumentó que era improcedente
reconocer una condena por lucro cesante después de haber actualizado la suma
del precio del inmueble determinada mediante el avalúo del IGAC. Citó un fragmento
de la sentencia en el que el Tribunal Administrativo de Risaralda reconoce que no
se demostró que el inmueble fuera explotado económicamente. Añadió que el
reconocimiento de intereses técnicos que hizo el Tribunal no fue solicitado por la
parte actora.

Trámite de segunda instancia

El 22 de noviembre de 20229, el Tribunal concedió el recurso de apelación y el 17
de marzo de 202310, el Despacho admitió el recurso y ordenó ingresar el expediente
para fallo, a menos que alguna de las partes solicitara pruebas durante la ejecutoria
de esa providencia, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Como eso no ocurrió, el expediente ingresó
para fallo el 26 de abril de 202311.

A pesar de lo anterior y que con las modificaciones introducidas al artículo 247.5 del
CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión en segunda instancia, las partes presentaron escritos con
ese fin. Por tanto, no serán tenidos en cuenta.

8 Cfr. SAMAI, índice 34 de primera instancia.
9 Cfr. SAMAI, índice 36 de primera instancia.
10 Cfr. SAMAI, índice 3.
11 Cfr. SAMAI, índice 11.

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Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio, a pesar de haber sido notificado
en debida forma del auto que admitió el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 201712, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP),
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $368.858.50013.

12 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.3-33.
13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017 ($737.717) por 500. La pretensión mayor

(artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $2.628.497.852, por concepto de daño emergente.

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Requisito de procedibilidad

3. El artículo 161.1 del CPACA exige la conciliación extrajudicial como un requisito
de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, controversias contractuales y reparación directa. En concordancia, el
artículo 2 de la Ley 640 de 2001, vigente para el momento de radicación de la
demanda, prevé que para acreditar este requisito se debe allegar la constancia en
la que se indique que la conciliación extrajudicial fue fallida o que transcurrieron 3
meses desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se hubiere citado a la
audiencia. La parte demandante aportó copia de la constancia de no conciliación
expedida por la Procuraduría 38 Judicial II para Asuntos Administrativos14. Por lo
tanto, cumplió el requisito de procedibilidad.

Legitimación en la causa

4. La Universidad Tecnológica de Pereira está legitimada en la causa por activa,
pues acreditó ser la titular del derecho de dominio del inmueble denominado La
Julita, identificado con número de matrícula inmobiliaria 290-101686, con
anterioridad al procedimiento de expropiación administrativa15.

El Municipio de Pereira tiene capacidad para ser demandado, pues es el ente
territorial encargado, a través de su alcalde, de conservar el orden público dentro
de su territorio, el bienestar general de sus habitantes y velar por el adecuado
manejo de los recursos naturales y del ambiente (artículos 311 y 315 de la CN, 3 y
91 de la Ley 136 de 1994). Además, fue la entidad que adelantó el proceso de
expropiación del inmueble denominado La Julita16 y el proceso de contratación para
la construcción del proyecto Glorieta UTP-CANAÁN en ese terreno17.

II. Problema jurídico

5. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el
medio de control procedente es la nulidad y restablecimiento del derecho y, en ese
caso, si la acción se encuentra caducada o, subsidiariamente, si es correcto el
reconocimiento de lucro cesante por la causación de intereses legales sobre el valor

14 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.285-289.
15 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.346-350.
16 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.45-73, 89-93, 119-127.
17 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 004RESPUESTAOFICIO3068

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histórico del inmueble.

III. Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida únicamente por la parte demandada, la Sala
estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA. Por lo tanto, la Sala precisará si la reparación
directa es la acción procedente, si la demanda fue radicada en tiempo o,
subsidiariamente, si le asiste razón al Tribunal Administrativo de Risaralda al
condenar por concepto de lucro cesante.

Medio de control procedente

7. Según el recurso de apelación y dado que se trata de un presupuesto procesal,
la Sala se detiene en el análisis de la acción procedente para reclamar la
indemnización de perjuicios por la ocupación permanente de un bien inmueble, en
el marco de un proceso de expropiación inconcluso.

De conformidad con el artículo 140 del CPACA, la reparación directa es el medio de
control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación
administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o un acto
administrativo18. En cambio, el artículo 138 limitó el alcance del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho a los casos en que se pretenda declarar la
ilegalidad de un acto administrativo particular que haya lesionado un derecho
subjetivo y, por tanto, causado un daño. En este contexto, ambas acciones
contenciosas comparten el objetivo de reparar un daño causado por la
Administración, pero la nulidad y restablecimiento solo procede cuando el daño
resulta de un acto administrativo cuya legalidad es cuestionable. Al respecto, esta
Corporación19 determinó:

[Son] indemnizatorias tanto las acciones de reparación directa como las de nulidad
y restablecimiento del derecho, aunque cada una con unos fines, móviles y motivos
diferentes, en la medida en que la actuación generadora del daño cuya reparación
se demanda es en la primera la acción, omisión, operación administrativa u
18 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos cuya legalidad no se cuestiona. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de
junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421
[fundamento jurídico 3].
19 Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B. Auto del 19 de julio de 2007. Radicado interno 33.628.

C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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ocupación de inmueble, mientras que en la segunda el daño proviene directamente
del acto administrativo, siendo necesario para predicarse la antijuridicidad de aquel,
la nulidad del acto.

Con la acción de reparación directa (…) se busca la declaratoria de responsabilidad
del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier
otra causa se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende,
tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido,
además, como la acción idónea para demandar la indemnización por el daño
causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente a las
cargas públicas.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente
cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es
menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por
éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es
decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber
causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta.

En este orden de ideas, si la ocupación de un bien inmueble ocurre en el marco de
un proceso de expropiación inconcluso, se genera un daño que debe ser reparado.
Sin embargo, se debe determinar el origen de este. En el caso concreto, la
afectación no surge de la ilegalidad del acto administrativo que ordenó la
expropiación, sino de la ocupación del terreno (entendida como la ejecución de esos
actos administrativos expropiatorios) sin el pago oportuno de la indemnización o sin
la finalización adecuada del procedimiento.

En el caso concreto, no se observa ningún cargo de ilegalidad o nulidad en las
resoluciones expedidas en el marco del proceso de expropiación voluntaria o
administrativa del inmueble La Julita. Por el contrario, lo que se evidencia en las
pretensiones de la demanda es la solicitud del pago del valor indemnizatorio fijado
con base en esos actos administrativos, como consecuencia del daño causado por
la ocupación del bien sin la compensación correspondiente. Es decir, se reclama la
falta de cumplimiento de esas resoluciones y su ejecución indebida, al ocupar el
bien sin culminar el proceso expropiatorio.

En consecuencia, la reparación directa es la vía procesal adecuada para resolver
este asunto, ya que el daño no proviene de la existencia de un acto administrativo
cuya legalidad se cuestiona, sino de la falta de ejecución adecuada de las
obligaciones derivadas de este. Por lo tanto, se desestimará el cargo de apelación
en ese sentido y, por ende, la eventual caducidad de dicho medio de control.

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Demanda en tiempo

8. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, retomado en esencia por el artículo 624 del
CGP, establece que los términos que hubieren comenzado a correr se rigen por las
leyes vigentes al momento en el que inició su cómputo, sin perjuicio del tránsito
legislativo que en materia procesal le suceda. Así lo concluyó esta Sección con
respecto al conteo del término de caducidad:

Las normas relativas a la caducidad de la acción son de naturaleza procesal, pese
a que tienen un trasfondo sustancial, porque limitan en el tiempo el ejercicio del
derecho público de acción, por consiguiente, los límites objetivo - temporales que
extinguen con el paso del tiempo la posibilidad de poner en funcionamiento el
aparato jurisdiccional se encuentran supeditados a la normatividad imperante al
momento en que acontece el supuesto que permite acudir a la jurisdicción, en
procura de la protección o de la satisfacción del derecho subjetivo conculcado, de
manera que la inactividad del administrado, por el período determinado en la ley,
genera inexorablemente la caducidad de la acción. Tal planteamiento se acompasa
con lo previsto por los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887.”20 (Negrillas fuera del
texto original).

En este orden de ideas, debe determinarse el momento en el que ocurrieron los
hechos que fundamentan la demanda —ocupación del inmueble—, para determinar
si operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Al respecto, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el término de caducidad
empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado
cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en
casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de
la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma.

(…)

Así las cosas, cualquier ocupación del predio que tenga la virtud suficiente para
limitar las atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y
que además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se busque
la realización de una obra por parte de la administración, debe considerarse como
ocupación permanente en los términos del artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo, y merece ser reparada en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, pero con las limitaciones que para el ejercicio de la acción
indemnizatoria establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

(…)

Por el contrario, la ocupación permanente de un inmueble implica un daño de
ejecución instantánea, que se produce en un único momento claramente

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9

de octubre de 2013. Exp: 25440. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; reiterada en Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Exp:
40325. M.P. Hernán Andrade Rincón (e).

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Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

determinable en el tiempo, y que establece un punto de referencia para computar el
término de caducidad de la acción de reparación directa.21

Según la demanda, el daño alegado provino de la ocupación permanente del
inmueble por parte del Municipio de Pereira para la construcción del proyecto
Glorieta UTP-CANAÁN, lo cual se consolidó con la entrega anticipada y voluntaria
del terreno que hizo la Universidad Tecnológica de Pereira al Municipio22 y la
expedición de la Resolución N.º 3292 de 2015, que ordenó la expropiación por vía
administrativa del predio23, con su correspondiente registro en la matrícula
inmobiliaria24.

En efecto, del Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 290-101686, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos
de Pereira el 23 de febrero de 2018 y aportado con la subsanación de la demanda 25,
se demostró que el predio fue adquirido por la Universidad Tecnológica de Pereira
desde el 15 de diciembre de 1993. Luego, el 14 de marzo de 2014, el Municipio de
Pereira declaró el inmueble de interés cultural26.

Sin embargo, de forma previa al procedimiento de expropiación correspondiente, de
las pruebas aportadas con el escrito de demanda inicial, se tiene que el 18 de junio
de 2015, el alcalde municipal y el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira
suscribieron «Acuerdo de entrega anticipada de una franja de terreno denominada
La Julita ubicada en el área urbana del Municipio de Pereira»27, en el que se lee:

SEGUNDO: El propietario LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
representada por su Rector el doctor LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO,
entregan anticipadamente la franja de terreno con un área de 6.490,54 m², los cuales
se desenglobarán del predio de mayor extensión anteriormente descrito.
(…)
CUARTO. EL PROPIETARIO autoriza expresamente al Municipio de Pereira a:
1. Ocupar en forma definitiva el área afectada por el proyecto UTP CANAÁN, área
en metros cuadrados definida en el plan de afectación que hace parte integral
del presente convenio.
2. De igual manera, autoriza el propietario al Municipio de Pereira para intervenir
sobre el terreno.

21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011, Rad. 30.271 [fundamentos jurídicos

32, 35 y 43].
22 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.95-105.
23 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.119-127.
24 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.346-350, anotación 9.
25 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.45-73.
26 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.346-350, anotación 6.
27 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.95-105.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358)
Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

Dicha entrega se hizo a cambio de que el Municipio se obligara a «[r]ealizar el
procedimiento de enajenación voluntaria directa», con una posible forma de pago
en dinero o en especie, por la permuta de unos lotes. Pero, tras fracasar la etapa
de negociación voluntaria, el Municipio de Pereira expidió la Resolución 3292 del 4
de agosto de 201528, por medio de la cual definió el valor del inmueble con base en
avalúos practicados y la forma de pago; acto administrativo que fue inscrito en el
folio de matrícula inmobiliaria del inmueble La Julita el 15 de octubre de 201529.

Por lo anterior, resulta evidente para la Sala que la ocupación del inmueble de
propiedad de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la cual se deriva en daño
alegado en la demanda, se configuró desde el momento en que esta hizo entrega
voluntaria del terreno para la construcción del proyecto Glorieta UTP-CANAÁN el
18 de junio de 2015. Por lo anterior, la parte demandante tuvo expreso conocimiento
y dio autorización de la ocupación que reclama como acto perturbador desde ese
momento. En ese sentido, el término de caducidad debe contabilizarse desde el día
siguiente a la fecha de entrega del inmueble al Municipio de Pereira.

9. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término
previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que, como
ha señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo e
invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante
las autoridades competentes.

El término para formular pretensiones, en proceso de reparación directa, según el
literal i del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por
cualquier otra causa. Este término de caducidad es una norma de orden público –y
por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 del CPC y art. 13 CGP)– de la
que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía
para la seguridad jurídica y el interés general. Al respecto, la Corte Constitucional
resaltó que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe
reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud
negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades

28 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.119-127.
29 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.346-350, anotación 9.

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Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos
por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no
acudió en tiempo a la defensa de sus intereses30.

El literal i del artículo 164.2 del CPACA dispuso que el punto de partida para el
cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante
del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho,
omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que
el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento,
la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este31. Así, aunque
los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para
demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que
el demandante tuvo conocimiento del daño32.

Por consiguiente, como ya se advirtió el término de dos años para interponer la
acción de reparación directa en el presente asunto comenzó a contabilizarse a partir
del 19 de junio de 201533 y venció el 20 de junio de 201734. Como la solicitud de
conciliación prejudicial se radicó el 21 de septiembre de 201735, se hizo después de
que había caducado el término para formular la demanda, de modo que no se
suspendieron los términos para ejercer la acción36. Por demás, la demanda se
instauró sólo hasta el 18 de diciembre de 201737, de ahí que no existe duda alguna

30 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].
31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento

jurídico 3.1].
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento

jurídico 4].
33 Día siguiente a la suscripción del «Acuerdo de entrega anticipada de una franja de terreno denominada La

Julita ubicada en el área urbana del Municipio de Pereira».
34 El término de caducidad, en principio, venció el 19 de junio de 2017. Sin embargo, ese día era lunes festivo.

Por lo tanto, se corrió el plazo hasta el siguiente día hábil, que fue el martes 20 de junio.
35 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.285-289.
36 Consultar, entre otras: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-

Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020. Radicado n.º 66001-23-31-000-2010-00069-01(54599).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico [fundamento jurídico 2]; Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020. Radicado n.º 73001-23-
31-000-2011-00049-02(47167). C.P. Nicolás Yepes Corrales [fundamento jurídico 3]; Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021. Radicado
n.º 25000-23-26-000-2009-00810-01(50731). C.P. José Roberto Sáchica Méndez [fundamentos jurídicos 18.3
y 18.4] y Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, auto del 11
de octubre de 2021. Radicado n.º 25000-23-36-000-2019-00208-01(66264). C.P. Fredy Ibarra Martínez
37 Cfr. SAMAI, índice 29 de primera instancia. Archivo 001_Cuaderno1, f.3-33.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358)
Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

para considerar que operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, por ello, se
revocará la sentencia apelada.

Costas

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirá por el CGP.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. A su
vez, el artículo 361 establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 3 del mismo artículo establece que «en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto
en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.

Como en el presente asunto se revocará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda y no se comprobó la causación de expensas ni de agencias, pues las
partes no actuaron en esta instancia38, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

38 A pesar de que las partes presentaron alegatos de conclusión, estos eran improcedentes de conformidad con

lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00714-01 (69.358)
Actor: Universidad Tecnológica de Pereira
Demandado: Municipio de Pereira
Asunto Reparación directa

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del término para
formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

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