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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00810-01

Acción de controversias contractuales

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00810-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de febrero de 2014, la cual quedará así: DECLARAR la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada por la demandante en relación con la pretensión principal primera y sus consecuenciales. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la parte demandante. 3. Consecuencialmente, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00810-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Niega

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Nulidad de declaración de incumplimiento parcial / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL - Multa por compensación o con cargo a la póliza única de seguro de cumplimiento / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ – Decreto de oficio de la falta de legitimación en la causa por activa / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos o se encuadren dentro del marco global de la apelación / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Aplicación de sentencia de unificación / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Configurada / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Configurada frente la pretensión principal / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – No configurada respecto de las pretensiones subsidiarias / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Para solicitar la nulidad del acto administrativo contractual / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Está legitimado quien acredite que de la declaración de nulidad se deriva él un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado / INTERÉS DIRECTO - Debe estar presente, no solo al momento de la interposición de la demanda, sino durante todo el curso del proceso / INTERÉS DIRECTO - Presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones; de manera que, en caso de que tal interés desaparezca en el curso del proceso, el juez deberá actuar de conformidad por la existencia del de un hecho modificatorio o extintivo del derecho sustancial / INTERÉS DIRECTO - De aseguradora que expide la póliza de cumplimiento para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – El interés directo no es general, debe acreditar en cada caso concreto que tiene un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio material, jurídico o moral / INTERÉS ASEGURABLE – Junto con la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador; constituye un elemento esencial del contrato de seguro / INTERÉS DIRECTO – Inexistencia de interés de la aseguradora dado que el contratista pagó con recursos propios el valor de las multas, sin que de tal pago se derivara un derecho a exigir el reintegro de parte de la compañía de seguros

PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA – Por razón de la cuantía / FACTOR OBJETIVO

De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales, cuando la cuantía exceda los 500 SMMLV. En la fecha de presentación de la demanda, 1º de octubre de 2009, esta cuantía equivalía a $248’450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior, $419’274.927; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129

PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ – Decreto de oficio de la falta de legitimación en la causa por activa / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos o se encuadren dentro del marco global de la apelación / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Aplicación de sentencia de unificación / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Configurada

[L]a Sala debe detenerse en el análisis de la caducidad de la acción de controversias contractuales, así como en la legitimación material de la demandante respecto de las pretensiones que formuló en este proceso; lo primero, porque se trata de un presupuesto procesal del derecho de acción que es de obligatorio cumplimiento y, lo segundo, porque la prosperidad de dichas pretensiones requiere como condición previa necesaria que la actora ostente un interés directo y sustancial en relación con aquéllas, aspectos ambos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CCA, corresponde al juez analizar, incluso de oficio, aunque en el presente caso, el segundo de los asuntos antes indicados, fue traído al proceso por la demandada en tanto consideró que la actora carecía de interés jurídico. Es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos o, según la postura unificada de esta Corporación, se encuadren dentro del marco global de la apelación. Lo anterior, sin embargo, no impide que el juez se pronuncie respecto de todos los aspectos que, de conformidad con la ley, deben ser estudiados, aún sin que medie petición de parte. Dentro de estos aspectos se encuentran la caducidad de la acción. […] En el caso concreto, la demandada puso de presente en su contestación que la actora carecía de legitimación por activa para demandar las resoluciones que dan lugar al litigio, por lo que, la Sala deberá analizar este cuestionamiento. Sin embargo, las partes no se refirieron a la caducidad de la acción de controversias contractuales y, como se desarrollará en el siguiente acápite, se advierte que, respecto de la pretensión primera principal, este fenómeno sí tuvo lugar, por lo que deberá ser decretada de oficio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, exp. 46005.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 164 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 357

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Para demandar la nulidad del contrato / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Por ser el término de vigencia del contrato es superior a dos años, coincide con el término de caducidad de la acción para demandar la nulidad del contrato / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Configurada frente la pretensión principal

La caducidad de la acción contenciosa administrativa es la consecuencia jurídico-procesal que impide acceder a la administración de justicia para reclamar un derecho cuandoquiera que se han sobrepasado los límites temporales perentorios establecidos en la ley para hacerlo. Bien se sabe que la caducidad, aunque drástica en sus efectos, es una institución que está al servicio de salvaguardar la seguridad jurídica mediante la consolidación de situaciones de hecho y de derecho que no deben quedar inconclusas. En este caso, la Sala encuentra que la pretensión principal de Mundial de Seguros consistente en la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula décima cuarta del contrato 1657 de 2005 se presentó por fuera del término establecido por la ley procesal y, por ende, se encuentra caducada. […] Dado que en los términos del ordinal e) del artículo 136.10 del CCA, “el término de vigencia del contrato [era] superior a dos (2) años”, el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa para demandar la nulidad del contrato 1657 coincide con su plazo de su vigencia. En este orden de ideas, la acción de nulidad representada en la pretensión primera principal debía ser traída a juicio, a más tardar el 1º de septiembre de 2008, fecha en la que venció la vigencia del contrato según la prórroga del plazo de ejecución pactada por las partes, vencida la cual se daba paso a la etapa de liquidación del contrato 1657. En el sublite, la actora presentó su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 1º de octubre de 2009, según el sello de recibido impuesto a la demanda por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, 13 meses después de que operara la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto de la pretensión primera principal y, por tanto, de sus consecuenciales.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136

FALTA DE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Porque ya había operado la caducidad al momento de interposición de la solicitud de conciliación prejudicial / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Configurada frente la pretensión principal

[S]i se tiene en cuenta que el 9 de julio de 2009, Mundial de Seguros presentó ante la Procuraduría General la Nación la solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y que, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 , la referida solicitud suspende el término de caducidad, lo cierto es que, para esa fecha, ya había operado la caducidad hacía 10 meses y ocho días, respecto de la pretensión primera principal y, por tanto, respecto también de sus consecuenciales. […] Por lo anterior, la Sala, de oficio, declarará probada la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto de la pretensión primera principal relativa a la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula décima primera del contrato 1657 y sus consecuenciales.

FUENTE FORMAL: LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 21

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – No configurada respecto de las pretensiones subsidiarias

En lo que concierne a las pretensiones subsidiarias, esto es, aquéllas que se refieren a la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007, con fundamento en que fueron expedidas con falta de competencia, falsa motivación, violación de las normas superiores y con una motivación ambigua, la Sala encuentra que la demanda fue oportuna pues se presentó dentro del plazo al que se refiere el inciso 1º del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que dispone: “el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. La Resolución 2521 del 14 de junio de 2007 que resolvió el recurso de reposición presentado por el Consorcio Proyectar contra la Resolución 655 del 16 de febrero de 2007 fue notificada personalmente a Mundial del Seguros el 9 de julio de 2007 , por tanto, el término de caducidad vencía, en principio, el 10 de julio de 2009; sin embargo, el día anterior, la aseguradora presentó solicitud de conciliación prejudicial, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 el término se suspendió a partir de ese fecha y hasta el 1º de octubre de 2009, fecha en la que la Procuraduría 50 Judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, en la que certificó que, en audiencia de esa misma fecha, se declaró fallida la conciliación por falta de ánimo conciliatorio de los comparecientes. En consecuencia, el término de caducidad se reanudó a partir del 2 de octubre de 2009, y como la demanda fue interpuesta el día anterior, se concluye que, en los que a las pretensiones subsidiarias concierne, fue oportuna.

INTERÉS DIRECTO – Falta de interés directo de la aseguradora / INTERÉS DIRECTO – Presupuestos en la acción de controversias contractuales / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Pueden ser demandados mediante la acción de controversias contractuales / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No tiene por propósito la protección del orden público, el restablecimiento de la legalidad o la conservación del derecho y el orden jurídico, sino que se erige como el medio adecuado para proteger derechos o intereses eminentemente subjetivos / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Por enjuiciarse mediante la acción de controversias contractuales no indica que se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto y que, por ello, en principio, los llamados legalmente a demandarlos sean los titulares del derecho subjetivo desconocido o vulnerado con su expedición / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL - Es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual, opuesto, por tanto, al interés que puede asistir a cualquier persona que pretende defender el ordenamiento jurídico, esto es, el de la simple legalidad / CARGA PROBATORIA - Quien demanda los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual tiene la carga de acreditar que le asiste un interés serio, real y concreto en las resultas del proceso / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Acreditación del interés directo / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – No basta con que se actúe dentro del proceso con el sólo interés de proteger el orden jurídico / DIFERENCIA ENTRE LEGITIMACIÓN DE HECHO Y LEGITIMACIÓN MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO – Definición / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL – Definición

Desde ya la Sala anticipa que la aseguradora no ostenta un interés directo, actual y sustancial respecto de las pretensiones de la demanda y, por tanto, tampoco en relación con las resultas del proceso. […] Desde ya la Sala anticipa que la aseguradora no ostenta un interés directo, actual y sustancial respecto de las pretensiones de la demanda y, por tanto, tampoco en relación con las resultas del proceso. A continuación, se exponen las razones que conducen a esta conclusión. De conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos de naturaleza contractual pueden ser enjuiciados, según las reglas del CCA, a través de la acción de controversias contractuales, mecanismo de control judicial que, por oposición al contencioso objetivo, no tiene por propósito la protección del orden público, el restablecimiento de la legalidad o la conservación del derecho y el orden jurídico, sino que se erige como el medio adecuado para proteger derechos o intereses eminentemente subjetivos. Se agrega a lo anterior que, si bien, por disposición legal, los actos administrativos de naturaleza contractual deben controvertirse a través de la acción de controversias contractuales, ello no desdice que se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto y que, por ello, en principio, los llamados legalmente a demandarlos sean los titulares del derecho subjetivo desconocido o vulnerado con su expedición. Por esto, para pretender la nulidad de actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual, es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual, opuesto, por tanto, al interés que puede asistir a cualquier persona que pretende defender el ordenamiento jurídico, esto es, el de la simple legalidad. En conclusión, quien demanda los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual tiene la carga de acreditar que le asiste un interés serio, real y concreto en las resultas del proceso, pues, se reitera, cuando se debate que un derecho subjetivo fue lesionado como consecuencia de la expedición de un acto administrativo, no basta con que se actúe dentro del proceso con el sólo interés de proteger el orden jurídico. Lo anterior impone detenerse en el análisis de los dos niveles en los que transita el instituto de la legitimación, donde se enmarca el interés. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha distinguido, de manera reiterada, entre la legitimación procesal de hecho y la legitimación material, criterio que sirve para concretar la noción de interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual de cara a la determinación de los presupuestos para poder demandar la nulidad de los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual. Así, mientras que la legitimación de hecho surge desde el momento en que se traba la litis y se define con base en los extremos que componen el litigio, la legitimación material indaga por la relación sustancial que tiene el demandante con su pretensión y el demandado con su excepción. La legitimación de hecho es un presupuesto para afirmar la existencia de la relación jurídica-procesal, la legitimación material, en cambio, es un presupuesto de la sentencia de mérito favorable porque depende de que el demandante y el demandado tengan una relación sustancial con el hecho y el derecho que da lugar a su pretensión o en que se funda la excepción de mérito, respectivamente. Por ende, si una parte no acredita que tiene legitimación material en el proceso, obtendrá una sentencia desfavorable —que no inhibitoria—.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 77

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Para solicitar la nulidad del acto administrativo contractual / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Está legitimado quien acredite que de la declaración de nulidad se deriva él un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado / INTERÉS DIRECTO - Debe estar presente, no solo al momento de la interposición de la demanda, sino durante todo el curso del proceso / INTERÉS DIRECTO - Presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones; de manera que, en caso de que tal interés desaparezca en el curso del proceso, el juez deberá actuar de conformidad por la existencia del de un hecho modificatorio o extintivo del derecho sustancial / INTERÉS DIRECTO - De aseguradora que expide la póliza de cumplimiento para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – El interés directo no es general, debe acreditar en cada caso concreto que tiene un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio material, jurídico o moral

[L]a determinación de la legitimación material para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado acredite que de esa declaración se deriva para él “un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”. Dicho interés, por tanto, debe estar presente, no solo al momento de la interposición de la demanda, sino durante todo el curso del proceso, pues se trata, como se deriva del análisis que se acaba de hacer y como esta Corporación lo ha expresado reiteradamente, de un presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones; de manera que, en caso de que tal interés desaparezca en el curso del proceso, el juez deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone que para proferir sentencia se debe tener en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”. En el contexto previamente descrito, podría inferirse, en abstracto, que a la sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó, dado que de ellos se deriva la obligación de pagar el riesgo que asumió. La Sección Tercera de esta Corporación ha admitido esta posibilidad sobre la base de aplicar el criterio de utilidad en la medida en que estas declaraciones podrían derivar en que la aseguradora se encuentre liberada de cumplir su obligación de pago con fundamento en el contrato de seguro. No obstante, esta posición que en abstracto podría resultar cierta, en cualquier caso, no puede acogerse como una habilitación general para que dichas sociedades pretendan la nulidad de los actos en que se funda la existencia de su obligación. Por el contrario, lo analizado en precedencia impone señalar que, en cada caso concreto, la sociedad aseguradora debe acreditar que tiene un interés “sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual” respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio material, jurídico o moral.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Afectación de la póliza / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / TOMADOR DEL SEGURO – Que traslada, por cuenta ajena, el riesgo de su incumplimiento a la aseguradora

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, Mundial de Seguros expidió la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales N-A0054178 el 14 de septiembre de 2005 con el objeto de “garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas según contrato No. 1657 de 2005, suscrito por las partes”. En el numeral 1.3 de las coberturas del amparo de cumplimiento se estableció que el contrato: “[…] cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva”. Por otra parte, en la condición cuarta, relativa al siniestro, se dispuso que este se entendería causado “[…] 4.3. [e]n los casos de multas y cláusula penal con el Acto Administrativo que imponga las multas o la cláusula penal pactadas en el contrato”. Finalmente, en la condición quinta, se definió que “[l]a Compañía pagará el valor del siniestro así: [...] [p]ara el caso presentado en el numeral 4.3 [relativo a las multas] de la condición anterior, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la Entidad Estatal contratante, acompañada de una copia auténtica del Acto Administrativo ejecutoriado que declare la ocurrencia del siniestro”. Dicha póliza estuvo vigente entre el 14 de septiembre de 2005 y hasta el 1º de septiembre de 2013. De conformidad con este esquema, el contratista fungió como tomador de la póliza y trasladó, por cuenta ajena, el riesgo de su incumplimiento a Mundial de Seguros para que, en caso de acaecer este siniestro, esta última indemnizara al Instituto los perjuicios patrimoniales que pudiera sufrir, entidad pública que, por tanto, tenía la posición de asegurada y beneficiaria de la póliza. Mediante Resoluciones 655 del 16 de febrero y 2521 del 14 de junio de 2007, el INVIAS declaró el incumplimiento parcial del Consorcio y ordenó el pago de $419’274.927 correspondiente al 10% del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas. Este pago, según el artículo segundo de la Resolución 655, iría a ser satisfecho mediante la compensación de “cualquier suma que le adeude el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, por concepto del contrato No. 1657 de 2005 o del amparo de cumplimiento de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. N-A0054178”; previéndose, además, que solo en la medida en que permanecieran saldos insolutos se afectaría la póliza expedida por Mundial de Seguros. Esta última previsión se incorporó en el acto administrativo indicado, imponiendo una obligación condicional de pago, sujeta a la existencia de tales saldos, de manera que en la medida que la obligación permaneciera insoluta o el crédito a favor de la entidad estatal no pudiera ser solventado con recursos del contratista (propios o debidos por la ejecución de la obra), se harían efectivos contra el amparo de seguro.

CONFESIÓN DEL APODERADO JUDICIAL

Acredita la probanza que la suma de $419’274.927 a la que hacen alusión las resoluciones demandadas, fue descontada en su totalidad al contratista de los saldos que le adeudaba el INVIAS. Este hecho se probó por confesión judicial del apoderado de la demandante, fue reafirmado por la demandada y, además, puede inferirse de otras pruebas que obran en el expediente: En el hecho 37 de la demanda, Mundial de Seguros afirmó que “el valor del incumplimiento parcial ($419.274.927) está descontado de los saldos adeudados al Consorcio Proyectar” (énfasis agregado). Agregó, en ese mismo hecho, que “el contratista no está de acuerdo ni con la imposición de la sanción, ni mucho menos con el descuento efectuado […] [por lo que] solicitaron conciliación ante la Procuraduría con el fin de agotar el requisito de procedibilidad a efectos de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pedir la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento parcial”. Finalizó señalando que “[e]n consecuencia, y como la Compañía Mundial de Seguros S.A. tiene interés en las resultas del proceso relacionado con la legalidad de tales actos administrativos, procede a presentar esta acción […]”. La demandante reiteró su planteamiento tanto en su escrito de alegatos de primera como de segunda instancia, en el sentido de confirmar que el valor resultante del incumplimiento fue descontado de los saldos adeudados por el INVIAS al Consorcio Proyectar. Las anteriores manifestaciones, no controvertidas, constituyen confesión por apoderado judicial, en los términos del artículo 197 del CPC , puesto que se reúnen todos los requisitos del artículo 195 del CPC . En efecto: (i) el confesante —el apoderado judicial de Mundial de Seguros— estaba facultado para hacerla, en tanto gozaba de poder para disponer del derecho del litigio pues dentro de sus facultades se encontraban, por ejemplo, las de “transigir [y] conciliar” ; (ii) lo confesado versa sobre hechos que favorecen al INVIAS y perjudican a Mundial de Seguros pues conducen a negar el interés que la demandante tiene para pretender la nulidad de las resoluciones; (iii) la ley no exige un medio de prueba para comprobar el hecho confesado; (iv) la declaración del hecho se hizo de manera expresa, consciente y libre por estar contenida en la demanda y reiterada en sus escritos de alegatos de conclusión, tanto de primera como de segunda instancia; (v) versa sobre hechos de los que tiene conocimiento pues no hay motivo ni prueba que ponga en entredicho esta afirmación; y, (vi) no hay otros medios de prueba en el expediente que desdigan este hecho. Además, el INVIAS no lo negó —lo admitió con énfasis— y hay otras pruebas que permiten inferir que así ocurrió.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 197 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 195

INTERÉS DIRECTO – No acreditado por parte de la aseguradora porque la póliza que se expidió con el propósito cubrir el incumplimiento del contrato no se afectaría por causa del incumplimiento declarado en las resoluciones demandadas

Así las cosas, si bien, de conformidad con las referidas resoluciones, el riesgo amparado por la compañía aseguradora se configuró, lo cierto es que, al momento de la presentación de la demanda ya era claro que la póliza que se expidió con tal propósito no se afectaría por causa del incumplimiento declarado en las resoluciones demandadas, en tanto que el interés asegurado —que consistió en la posibilidad de pérdida que podría sufrir el INVIAS en su patrimonio como consecuencia del incumplimiento del Consorcio — quedó plenamente cubierto y satisfecho por el propio tomador del seguro, a la vez contratista del Instituto; de manera que no era posible que el INVIAS hiciera efectiva la póliza por ese concepto, como, en efecto, no lo hizo.

INTERÉS ASEGURABLE – Junto con la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador; constituye un elemento esencial del contrato de seguro

En este punto es pertinente mencionar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1045 del Código de Comercio, el interés asegurable —junto con el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador— constituye un elemento esencial del contrato de seguro. El doctrinante Efrén Ossa señala que el interés asegurable es el objeto mismo del contrato de seguro y lo define “como la relación económica, amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o derechos tomados en sentido general o particular” ; es por esto que el artículo 1086 ibídem prevé que ese elemento esencial del contrato debe “existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo” y que su desaparición conlleva “la cesación o extinción del seguro”.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1045

INTERÉS DIRECTO – Inexistencia de interés de la aseguradora dado que el contratista pagó con recursos propios el valor de las multas, sin que de tal pago se derivara un derecho a exigir el reintegro de parte de la compañía de seguros / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – De la aseguradora por no acreditar un interés serio, actual y concreto

[C]oncluye la Sala que, dado que el contratista cubrió enteramente con sus recursos el valor que el INVIAS le cobró con base en la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a las que se refirió en las resoluciones demandadas, ese preciso interés que había sido asegurado por Mundial de Seguros no subsistió en cabeza suya y, por tanto, al quedar liberada de esa obligación, desapareció también el que, en un principio, pudo haber sido un interés sustancial, subjetivo, concreto y serio en relación con las pretensiones dirigidas a negar esa obligación de pago, ligadas a los actos administrativos que ha demandado, básicamente porque dejó de ser actual. Acredita lo anterior el solo hecho de verificar que el actor solicitó a título de restablecimiento del derecho, el reintegro de los valores que llegare a pagar con motivo del citado acto. Tal pretensión acredita el interés de la compañía aseguradora, pues especifica el derecho que pretende restablecer, el mismo que, por las razones ya indicadas, ni siquiera fue afectado con el acto, pues como se ha señalado, el contratista tomador del seguro pagó el valor de las multas, sin que de tal pago se derivara un derecho a exigir el reintegro de parte de la compañía de seguros. Así, con el pago de las multas por el contratista, el interés de la aseguradora en relación con la nulidad de los actos administrativos cesó, y como previamente se mencionó, según el tratadista Hernando Devis Echandía, el interés del demandante frente a su pretensión debe ser actual, porque “si no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación jurídica sustancial o del derecho subjetivo pretendido”. Como consecuencia de todo lo anterior, se colige también que a quien le asistía el interés para demandar la nulidad de la cláusula décima cuarta del contrato y de las resoluciones, era al Consorcio Proyectar y no a Mundial de Seguros porque el beneficio patrimonial que se seguiría de la prosperidad de dichas pretensiones de nulidad beneficiaría exclusivamente al primero y no a la segunda. En efecto, si se anularan las Resoluciones 655 y 2521 de 2007, el Consorcio Proyectar tendría derecho a que se le reintegren las sumas descontadas. Sin embargo, de esta pretensión no se sigue un beneficio para Mundial de Seguros, pues no podría beneficiarse de la restitución de unas sumas de dinero que no pagó; igualmente, si se negaran esas pretensiones, por las razones ya anotadas ningún efecto tendría esa decisión frente a la aseguradora. […] En el presente caso, Mundial de Seguros no tenía interés siquiera al momento de presentar la demanda, con lo cual su falta de interés serio, actual y concreto es aún más manifiesta. NOTA DE RELATORÍA: En caso similar al que ahora se estudia, en el que una aseguradora demandó la nulidad de unas resoluciones que declararon el incumplimiento de un contrato y ordenó el pago de una suma de dinero con cargo a la póliza de cumplimiento expedida por ella, y en el que, durante el curso del proceso, el contratista pagó esa suma en su totalidad, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que la demandante perdió la legitimación para demandar dichas resoluciones. Cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de octubre de 1999, exp. 11616.

CONDENA EN COSTAS - Improcedencia

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00810-01(50731)

Actor: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

La controversia surge con ocasión de la expedición de unas Resoluciones mediante las cuales el INVIAS resolvió: (i) declarar el incumplimiento parcial del contrato 1657 de 2005, (ii) imponer una multa, (iii) ordenar el pago de la multa por compensación o con cargo a la póliza única de seguro de cumplimiento, y (iv) en caso de que quedaran saldos insolutos, hacer efectiva la póliza de cumplimiento.

La Compañía Mundial de Seguros S.A. demandó la nulidad absoluta de la cláusula décima cuarta del contrato antes mencionado, de conformidad con la cual el INVIAS podía imponer multas al contratista de manera unilateral y, consecuencialmente, solicitó que se declare la nulidad de las referidas resoluciones y se declare que no está obligada al pago de lo ordenado en ellas. De manera subsidiaria, pidió que solo se declare su nulidad.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Corresponde a la decisión, adoptada el 13 de febrero de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR, no prosperas [sic] la excepciones [sic] propuestas por la parte demandada, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones solicitadas en la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Por secretaría liquídense los gastos del proceso y en caso de remanentes devuélvase a la parte actora, pasado dos años sin que estos sean reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional.”

El anterior proveído decidió la demanda presentada por la Compañía Mundial de Seguros S.A. (en adelante, Mundial de Seguros) cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación:

Pretensiones

Mundial de Seguros formuló las siguientes pretensiones principales:

“PRIMERA: Que se declare la Nulidad absoluta prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, de la Cláusula Décima Cuarta del contrato no. 1657 de 2005, suscrito el 14 de septiembre de 2005, toda vez que las partes no podían arrogarse la facultad de pactar la potestad para que el >Instituto [sic] Nacional de Vías – INVIAS, de manera unilateral impusiera multas al contratista Consorcio Progresar [sic], mediante resolución.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de la Nulidad Absoluta de la Cláusula Cuarta del Contrato No. 1657 de 2005, se declare la NULIDAD de las resoluciones No. 00655 del 16 de febrero de 2007 y la resolución No. 02521 del 14 de junio de 2007, mediante las cuales se resolvió:

[…]

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula Décima Cuarta del contrato No. 1657 de 2005 y la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 00655 del 16 de febrero de 2007 y la Resolución No. 02521 del 14 de junio de 2007, se declare que la Compañía Mundial de Seguros S.A., no esta [sic] obligada a efectuar pago alguno en virtud de lo resuelto en dichos actos administrativos.

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula Décima Cuarta del contrato No. 1657 de 2005 y la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 00655 del 16 de febrero de 2007 y la Resolución No. 02521 del 14 de junio de 2007, se ordene restituir, actualizados, los dineros que haya pagado o llegare a pagar la Compañía Mundial de Seguros S.A. en virtud de lo resuelto en los citados actos administrativos.

QUINTA: Que se condene al Instituto Nacional de Vías — INVIAS a pagar a favor de la Compañía Mundial de Seguros S.A. las expensas y costas del proceso.

SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Administrativo”.

Como pretensiones subsidiarias, Mundial de Seguros solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007. Reiteró las pretensiones consecuenciales tercera y cuarta previamente transcritas.

Hechos

En apoyo de sus peticiones, la demandante relató, en síntesis, los siguientes hechos:

Comenzó por señalar que el 14 de septiembre de 2005, el Consorcio Proyectar —integrado por las sociedades Ingenieros Contratistas Asociados S.A., INCONAL S.A., BEC Ingeniería S.A. e Incocivil Ltda.— suscribió con el Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) el contrato 1657 de 2005 cuyo objeto consistió en el diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía del Grupo 44, correspondiente a 5,56 kilómetros del tramo 1 de la ruta Hinche – La Peña – Paso del Rejo – Nimaima – Tocaima [sic] – Autopista Medellín Paso del Rejo – Tobia – Autopista Medellín (desde el K0+000 al K12+760), ubicada en el Departamento de Cundinamarca y cuyo valor inicial fue de $10.796’021.801.

Señaló que el contrato fue garantizado mediante la póliza de cumplimiento N-A0054178 expedida por Mundial de Seguros el 14 de septiembre de 2005 la cual incluyó el amparo de cumplimiento por valor de hasta $2.159’204.360.20.

Anotó que en la cláusula décima cuarta del contrato 1657 se contempló la posibilidad de que el INVIAS impusiera al contratista multas de manera unilateral por las causales y montos descritos en la Resolución 227 del 26 de enero de 2004, en la que, además, se estableció un procedimiento que debía agotarse antes de aplicarlas. Igualmente se previó que el incumplimiento del programa de inversiones daría lugar a una multa equivalente al 10% del valor total de las obras dejadas de ejecutar en comparación con las obras programadas para el mes respectivo.

Indicó que el plazo del contrato 1657 de 2005 era de 24 meses contados a partir de la fecha de la expedición de la orden de iniciación, 3 de los cuales estaban destinados a la etapa de estudios y 21 a la etapa de construcción. Precisó que la orden de inicio se impartió el 24 de noviembre de 2005, por lo que el plazo de ejecución vencía el 23 de noviembre de 2007.

Afirmó que el cronograma de obras se vio afectado por el acaecimiento de las siguientes circunstancias sobrevinientes: (i) la temporada de lluvias extraordinarias en Sasaima y Nocaima que retrasaron la ejecución del cronograma de obras; (ii) los derrumbes sobre algunas abscisas del proyecto a comienzos de 2006, (iii) el cierre de una de la canteras que se había previsto para la extracción de materiales y el hecho de que los materiales de la otra no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias para ejecutar las obras, (iv) el cierre del puente Luis Ignacio Andrade ubicado en la Ruta 4505 que comunica el municipio de Honda con Río Hermitaño [sic], y (v) la restricción del paso de vehículos pesados por los cascos urbanos de los municipios de La Vega y Sasaima.

Señaló que, en varias ocasiones, la interventoría requirió al contratista por el incumplimiento del cronograma de obras y por la falta de construcción de la estructura del pavimento, motivo por el cual, el 7 de noviembre de 2006, mediante oficio DG-a-046469, el INVIAS le solicitó que rindiera sus descargos ante una posible declaratoria de incumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 227 de 2004 expedida por el INVIAS.

Contó que, mediante comunicación CPR-G44-275-06 del 26 de noviembre de 2006, el consorcio rindió descargos en el sentido de indicar que los retrasos en la ejecución de las obras se debían a las circunstancias ya referencias en el párrafo 5.5 y, además, (i) a que la temporada de lluvias extraordinarias generó la falta de saturación de la base granular instalada y dificultó la impresión de la carpeta asfáltica, y (ii) a la negativa de la interventoría de permitir la utilización de materiales estabilizantes para la base y sub base granular.

Expresó que el 16 de febrero de 2007, el INVIAS profirió la Resolución 655 mediante la cual decidió declarar el incumplimiento parcial del contrato 1657 de 2005 por no ejecutar oportunamente el programa de inversiones y, en consecuencia, le impuso una multa en cuantía de $419’274.927. Además, resolvió que dicho valor podía ser descontado de los saldos adeudados al Consorcio por cualquier concepto del contrato o, en caso de existir saldos insolutos, con cargo a la póliza N-A0054178 expedida por Mundial de Seguros.

Aseveró que contra dicho acto administrativo el contratista y la demandante presentaron sendos recursos de reposición que fueron resueltos mediante Resolución 2521 del 14 de junio de 2007 expedida por el INVIAS en el sentido de confirmar, en todos sus puntos, la Resolución 655. Agregó que esta decisión le fue notificada personalmente a Mundial de Seguros el 9 de julio de 2007.

Señaló que el 9 de julio de 2009, la demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial que fue tramitada por la Procuraduría 50 Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya audiencia se llevó a cabo y se declaró fallida el 1º de octubre de 2009.

Por último, afirmó que a Mundial de Seguros le asiste interés para formular las pretensiones de esta demanda, porque, si bien el valor de la multa se descontó de los saldos adeudados al Consorcio, éste, al estar en desacuerdo tanto en lo que concierne a la imposición de la multa como en lo que respecta a su descuento, agotó el requisito de conciliación prejudicial para demandar la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007.

Los fundamentos de derecho de la demanda

En el acápite de concepto de la violación, la demandante señaló que la cláusula décima cuarta del contrato 1657 y las Resoluciones 655 del 16 de febrero y 2521 del 14 de junio, ambas de 2007, vulneran las siguientes normas jurídicas: artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política; los artículos 1054, 1072 y 1077 del Código de Comercio; los artículos 14, 22 —numeral 1º— y 44 —numeral 2º— de la Ley 80 de 1993; el artículo 34 [sic] de la Ley 95 de 1890 y las cláusulas primera —sección 2 numeral 2.1— y cuarta de las condiciones generales del contrato de seguro. El concepto de la violación de estas disposiciones lo concretó en los siguientes cargos:

Nulidad absoluta de la cláusula décima cuarta del contrato 1657 de 2005 y la consecuente nulidad de las resoluciones impugnadas. Arguyó que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993, la administración carecía de competencia para imponer unilateralmente multas a sus contratistas, pues, para ese entonces, no había una norma legal que le arrogara tal facultad, por lo cual, la cláusula décima cuarta adolece de objeto ilícito y, además, se celebró contra la expresa prohibición (artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política). Lo anterior genera consecuencialmente la nulidad de las resoluciones demandadas cuyo sustento era la referenciada estipulación contractual.

Falta de competencia del INVIAS para imponer las multas mediante las resoluciones demandadas. Las resoluciones impugnadas fueron expedidas con falta de competencia porque, al momento en que se profirieron, no había una norma legal que facultara al INVIAS para ello y, además, porque, según la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, la administración no puede declarar el incumplimiento para efectos de imponer las multas que se pacten en los contratos porque en el marco de la actividad contractual ésta no puede comportarse como juez y parte, salvo que la ley le permita ejercer facultades exorbitantes, lo que se proscribió con ocasión de la expedición de la Ley 80 de 1993.

Oscuridad y ambigüedad de las resoluciones impugnadas. Manifestó que la Resolución 655 del 16 de febrero de 2007 es oscura porque en su parte motiva consideró que el contratista incumplió sus obligaciones, lo que conllevaba a la imposición de multas, pero en su parte resolutiva no impuso esa sanción, sino que ordenó el pago de $419’274.920 por incumplimiento del programa de inversiones, sin precisar a qué atendía este concepto. Agregó que las resoluciones impugnadas no contienen una obligación clara, expresa y exigible que pueda cobrarse con cargo al contrato de seguro.

Las resoluciones demandadas fueron expedidas mediante falsa motivación y con violación de normas superiores. Sostuvo que durante la ejecución de las obras acaecieron circunstancias o hechos anormales que impidieron la ejecución de las obligaciones del contratista, o que pueden ser catalogados como caso fortuito o fuerza mayor. En soporte de esta afirmación, reiteró los hechos a los que atribuyó la afectación del cronograma de obras.

Los argumentos de defensa de la parte demandada

El 3 de septiembre de 2010, el INVIAS contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Planteó las excepciones de “inepta demanda” e “improcedencia de la integración del litisconsorcio”, cuyos fundamentos fácticos y jurídicos se resumen a continuación:

Señaló que las Resoluciones 655 del 16 de febrero y 2521 del 14 de junio de 2007 del INVIAS fueron proferidas con apego a la legalidad y con razones técnicas sólidas.

Manifestó que la nulidad absoluta que persigue la demandante no puede prosperar porque el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 se predica sólo del contrato y no de una cláusula, para lo cual existe la nulidad parcial que se regula en el artículo 47 de dicha ley, aunque ésta solo puede alegarse por las partes del contrato y no por un tercero con interés en el proceso, como lo es Mundial de Seguros.

Afirmó que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las disposiciones civiles y comerciales, entre ellas el artículo 1613 del Código Civil que le permite al INVIAS, ante el incumplimiento de una obligación, aplicar las medidas para ser indemnizado como consecuencia de los perjuicios que se le pudieran causar. Señaló que el Instituto no impuso multas y que esa palabra brillaba por su ausencia en los actos; que lo que en cambio hizo fue reclamar la indemnización de perjuicios a la que tenía derecho.

Manifestó que Mundial de Seguros carece de legitimación para reclamar la nulidad de los actos administrativos demandados porque el valor que el INVIAS le ordenó pagar al Consorcio fue compensado con los saldos que el Instituto le debía al contratista por la ejecución de las obras. Dado que Mundial de Seguros no tuvo que pagar de su propio patrimonio lo ordenado por las resoluciones, el único legitimado para demandar la nulidad de dichos actos administrativos era el Consorcio Proyectar y sus sociedades integrantes, lo que en efecto ocurrió como lo acredita la demanda que se interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se encuentra en curso (Radicado 2009-0817).

Aseveró que la demanda de Mundial de Seguros adolece de ineptitud porque: (i) la aseguradora no está facultada para demandar la nulidad parcial de la cláusula décima cuarta del contrato 1657, petición que está reservada a las partes, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 80 de 1993; (ii) la demandante no tiene legitimación en la causa, lo que genera la indebida acumulación de pretensiones de la demanda; (iii) el proceso carece de causa petendi real en la medida en que, como la propia demandante lo reconoció en el hecho 37 de su demanda, Mundial de Seguros no tuvo que pagar lo ordenado en virtud de las resoluciones demandadas, pues dichas sumas se compensaron entre el INVIAS y el Consorcio Proyectar.

Las sociedades del Consorcio Proyectar vinculadas al proceso

Mediante auto del 18 de marzo de 2010, el Tribunal ordenó vincular a las sociedades que integran el Consorcio Proyectar en calidad de litisconsortes necesarios, en los términos del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC). Ninguna de estas sociedades compareció al proceso, a pesar de que todas fueron notificadas de la decisión del Tribunal.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

Al decidir el conflicto, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas en la contestación, por las siguientes razones:

Consideró que la actora ostenta legitimación en la causa para demandar la nulidad de las resoluciones expedidas por el INVIAS pues, aunque no suscribió el contrato 1657 de 2005, sí expidió la póliza que amparó su cumplimiento, de donde surge su interés para controvertir la decisión que declaró el incumplimiento parcial y el acaecimiento del siniestro que da lugar a hacer exigibles las obligaciones bajo el contrato de seguro. Agregó, por otra parte, que en virtud del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, cualquier persona puede demandar la nulidad absoluta del contrato estatal, por lo que Mundial de Seguros está legitimada para solicitarla.

En relación con el fondo del caso, precisó que el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 estableció la posibilidad de que las entidades estatales hicieran efectivas las multas, incluso con anterioridad a la vigencia de dicha norma, siempre y cuando esas estipulaciones fueran pactadas previamente en el contrato estatal. Agregó que esta aplicación retrospectiva fue avalada por la sentencia del 30 de julio de 2008 (Exp. 21.574) de la Sección Tercera de esta Corporación. Por ende, el análisis de los cargos de la demanda debía realizarse con fundamento en lo establecido en la Ley 1150 de 2007.

Con base en lo anterior y en atención a que las partes acordaron que el INVIAS podía hacer efectivas las multas de manera directa sin acudir al juez del contrato, coligió que el Instituto sí tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados.

De otra parte, el Tribunal concluyó que la demandante no satisfizo la carga de probar los supuestos de hecho que permitieran desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan dichos actos. Estimó que las resoluciones fueron debidamente motivadas porque se expidieron con fundamento en los incumplimientos del contratista, al que se le respetó el debido proceso.

EL RECURSO DE APELACIÓN

El 6 de marzo de 2014, la actora interpuso recurso de apelación con el objeto de que sea revocada en su integridad y, en su lugar, se estudien todos los cargos de nulidad contra la cláusula décima cuarta del contrato 1657 y contra las resoluciones demandadas, y se acceda a las pretensiones de la demanda. Como fundamentos de su apelación sostuvo:

La Ley 1150 de 2007 entró a regir después de la expedición de las Resoluciones 655 del 16 de febrero de 2007 y 2521 del 14 de junio de ese año; por tanto, el Tribunal se equivocó al concluir que el INVIAS tenía competencia para hacer efectiva la cláusula de multas con arreglo a esa normativa, porque no estaba vigente al momento de proferirse las resoluciones impugnadas, posición que se recogió en la sentencia del 30 de julio de 2008 (Exp. 21.574) de la Sección Tercera de esta Corporación. Señaló que la figura de la retrospectividad de la ley hace referencia a la posibilidad de regular situaciones que nacieron bajo una ley anterior pero no permite que se convaliden actuaciones nacidas antes de su vigencia.

Indicó que el a quo no se refirió a todos los cargos de nulidad presentados en la demanda, ni se detuvo en analizar los argumentos formulados como sustento de las pretensiones principales y subsidiarias, con lo cual vulneró el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo.

Mediante auto del 18 de marzo de 2014, el Tribunal concedió el recurso de apelación. A través de auto del 14 de mayo de 2014 se admitió y, posteriormente, mediante auto del 16 de julio de 2014, se les corrió a las partes y al Ministerio Público el traslado por el término de 10 días para alegar de conclusión. Mundial de Seguros presentó sus alegatos de conclusión mientras que el INVIAS, el Ministerio Público y las sociedades integrantes del Consorcio guardaron silencio en el término concedido.

En sus alegatos, la demandante transcribió las pretensiones de la demanda, reiteró todos los hechos allí planteados y se refirió a cada una de las pruebas que, según ella, dan lugar a que se acceda a sus pedimentos; ratificó los argumentos que plasmó en su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y transcribió los cargos de nulidad contra la cláusula décima cuarta del contrato 1657 de 2005 y contra las Resoluciones 655 y 2521 del 14 de junio de 2007.

CONSIDERACIONES

Competencia

De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto señala que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los contratos de las entidades estatales, cuando la cuantía exceda los 500 SMMLV. En la fecha de presentación de la demanda, 1º de octubre de 2009, esta cuantía equivalía a $248’450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma superior, $419’274.927; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

La caducidad de la pretensión de nulidad absoluta de la cláusula décima cuarta del contrato 1657 de 2005 y la legitimación por activa de Mundial de Seguros para pretender la nulidad de las resoluciones 655 y 2125 de 2007

Previo a pronunciarse sobre el objeto de la apelación, la Sala debe detenerse en el análisis de la caducidad de la acción de controversias contractuales, así como en la legitimación material de la demandante respecto de las pretensiones que formuló en este proceso; lo primero, porque se trata de un presupuesto procesal del derecho de acción que es de obligatorio cumplimiento y, lo segundo, porque la prosperidad de dichas pretensiones requiere como condición previa necesaria que la actora ostente un interés directo y sustancial en relación con aquéllas, aspectos ambos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CCA, corresponde al juez analizar, incluso de oficio, aunque en el presente caso, el segundo de los asuntos antes indicados, fue traído al proceso por la demandada en tanto consideró que la actora carecía de interés jurídico .

Es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos o, según la postura unificada de esta Corporación, se encuadren dentro del marco global de la apelación. Lo anterior, sin embargo, no impide que el juez se pronuncie respecto de todos los aspectos que, de conformidad con la ley, deben ser estudiados, aún sin que medie petición de parte. Dentro de estos aspectos se encuentran la caducidad de la acción. Este criterio fue ratificado en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 6 de abril de 2018:

“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (negrillas fuera de texto).

En el caso concreto, la demandada puso de presente en su contestación que la actora carecía de legitimación por activa para demandar las resoluciones que dan lugar al litigio, por lo que, la Sala deberá analizar este cuestionamiento. Sin embargo, las partes no se refirieron a la caducidad de la acción de controversias contractuales y, como se desarrollará en el siguiente acápite, se advierte que, respecto de la pretensión primera principal, este fenómeno sí tuvo lugar, por lo que deberá ser decretada de oficio.

La caducidad de la acción

La caducidad de la acción contenciosa administrativa es la consecuencia jurídico-procesal que impide acceder a la administración de justicia para reclamar un derecho cuandoquiera que se han sobrepasado los límites temporales perentorios establecidos en la ley para hacerlo. Bien se sabe que la caducidad, aunque drástica en sus efectos, es una institución que está al servicio de salvaguardar la seguridad jurídica mediante la consolidación de situaciones de hecho y de derecho que no deben quedar inconclusas.

En este caso, la Sala encuentra que la pretensión principal de Mundial de Seguros consistente en la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula décima cuarta del contrato 1657 de 2005 se presentó por fuera del término establecido por la ley procesal y, por ende, se encuentra caducada. Lo anterior con fundamento en las siguientes razones:

De conformidad con el ordinal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, “[l]a nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento […]” (énfasis agregado).

En el caso concreto, el contrato 1657 fue celebrado el 14 de septiembre de 2005 y, de conformidad con su cláusula cuarta, el plazo de ejecución era de 24 meses contados a partir de la orden de inicio. La orden de iniciación fue impartida el 24 de noviembre de 2005, por tanto, el plazo de ejecución vencía el 23 de noviembre de 2007. Sin embargo, las partes prorrogaron dicho plazo hasta el 1º de septiembre de 2008.

Dado que en los términos del ordinal e) del artículo 136.10 del CCA, “el término de vigencia del contrato [era] superior a dos (2) años”, el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa para demandar la nulidad del contrato 1657 coincide con su plazo de su vigencia. En este orden de ideas, la acción de nulidad representada en la pretensión primera principal debía ser traída a juicio, a más tardar el 1º de septiembre de 2008, fecha en la que venció la vigencia del contrato según la prórroga del plazo de ejecución pactada por las partes, vencida la cual se daba paso a la etapa de liquidación del contrato 1657.

En el sublite, la actora presentó su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 1º de octubre de 2009, según el sello de recibido impuesto a la demanda por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, 13 meses después de que operara la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto de la pretensión primera principal y, por tanto, de sus consecuenciales.

Incluso si se tiene en cuenta que el 9 de julio de 2009, Mundial de Seguros presentó ante la Procuraduría General la Nación la solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y que, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la referida solicitud suspende el término de caducidad, lo cierto es que, para esa fecha, ya había operado la caducidad hacía 10 meses y ocho días, respecto de la pretensión primera principal y, por tanto, respecto también de sus consecuenciales.

En lo que concierne a las pretensiones subsidiarias, esto es, aquéllas que se refieren a la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007, con fundamento en que fueron expedidas con falta de competencia, falsa motivación, violación de las normas superiores y con una motivación ambigua, la Sala encuentra que la demanda fue oportuna pues se presentó dentro del plazo al que se refiere el inciso 1º del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que dispone: “el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.

La Resolución 2521 del 14 de junio de 2007 que resolvió el recurso de reposición presentado por el Consorcio Proyectar contra la Resolución 655 del 16 de febrero de 2007 fue notificada personalmente a Mundial del Seguros el 9 de julio de 2007, por tanto, el término de caducidad vencía, en principio, el 10 de julio de 2009; sin embargo, el día anterior, la aseguradora presentó solicitud de conciliación prejudicial, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 el término se suspendió a partir de ese fecha y hasta el 1º de octubre de 2009, fecha en la que la Procuraduría 50 Judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, en la que certificó que, en audiencia de esa misma fecha, se declaró fallida la conciliación por falta de ánimo conciliatorio de los comparecientes.

En consecuencia, el término de caducidad se reanudó a partir del 2 de octubre de 2009, y como la demanda fue interpuesta el día anterior, se concluye que, en los que a las pretensiones subsidiarias concierne, fue oportuna.

Por lo anterior, la Sala, de oficio, declarará probada la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto de la pretensión primera principal relativa a la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula décima primera del contrato 1657 y sus consecuenciales.

Precisado lo anterior, se procederá a analizar la legitimación de la demandante únicamente en relación con las pretensiones subsidiarias.

La legitimación de Mundial de seguros para pretender la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007

Desde ya la Sala anticipa que la aseguradora no ostenta un interés directo, actual y sustancial respecto de las pretensiones de la demanda y, por tanto, tampoco en relación con las resultas del proceso. A continuación, se exponen las razones que conducen a esta conclusión.

De conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos de naturaleza contractual pueden ser enjuiciados, según las reglas del CCA, a través de la acción de controversias contractuales, mecanismo de control judicial que, por oposición al contencioso objetivo, no tiene por propósito la protección del orden público, el restablecimiento de la legalidad o la conservación del derecho y el orden jurídico, sino que se erige como el medio adecuado para proteger derechos o intereses eminentemente subjetivos.

Se agrega a lo anterior que, si bien, por disposición legal, los actos administrativos de naturaleza contractual deben controvertirse a través de la acción de controversias contractuales, ello no desdice que se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto y que, por ello, en principio, los llamados legalmente a demandarlos sean los titulares del derecho subjetivo desconocido o vulnerado con su expedición. Por esto, para pretender la nulidad de actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual, es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual, opuesto, por tanto, al interés que puede asistir a cualquier persona que pretende defender el ordenamiento jurídico, esto es, el de la simple legalidad.

En conclusión, quien demanda los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual tiene la carga de acreditar que le asiste un interés serio, real y concreto en las resultas del proceso, pues, se reitera, cuando se debate que un derecho subjetivo fue lesionado como consecuencia de la expedición de un acto administrativo, no basta con que se actúe dentro del proceso con el sólo interés de proteger el orden jurídico.

Lo anterior impone detenerse en el análisis de los dos niveles en los que transita el instituto de la legitimación, donde se enmarca el interés. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha distinguido, de manera reiterada, entre la legitimación procesal de hecho y la legitimación material, criterio que sirve para concretar la noción de interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual de cara a la determinación de los presupuestos para poder demandar la nulidad de los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual. Así, mientras que la legitimación de hecho surge desde el momento en que se traba la litis y se define con base en los extremos que componen el litigio, la legitimación material indaga por la relación sustancial que tiene el demandante con su pretensión y el demandado con su excepción.

La legitimación de hecho es un presupuesto para afirmar la existencia de la relación jurídica-procesal, la legitimación material, en cambio, es un presupuesto de la sentencia de mérito favorable porque depende de que el demandante y el demandado tengan una relación sustancial con el hecho y el derecho que da lugar a su pretensión o en que se funda la excepción de mérito, respectivamente. Por ende, si una parte no acredita que tiene legitimación material en el proceso, obtendrá una sentencia desfavorable —que no inhibitoria—.

La relación sustancial del demandante con su pretensión y del demandado con su excepción ha sido conceptualizada por el tratadista Hernando Devis Echandía sobre el concepto del “interés”. Al referirse a éste señala que el “interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo” que “hace referencia a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el proceso”; también señala que ese interés debe ser “sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual”. Bajo esta perspectiva, según el autor, para determinar si el interés es sustancial, serio y actual, se debe formular un “juicio de utilidad, a fin de examinar si al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”.

Así las cosas, la determinación de la legitimación material para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado acredite que de esa declaración se deriva para él “un beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”. Dicho interés, por tanto, debe estar presente, no solo al momento de la interposición de la demanda, sino durante todo el curso del proceso, pues se trata, como se deriva del análisis que se acaba de hacer y como esta Corporación lo ha expresado reiteradamente, de un presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones; de manera que, en caso de que tal interés desaparezca en el curso del proceso, el juez deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone que para proferir sentencia se debe tener en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

En el contexto previamente descrito, podría inferirse, en abstracto, que a la sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó, dado que de ellos se deriva la obligación de pagar el riesgo que asumió. La Sección Tercera de esta Corporación ha admitido esta posibilidad sobre la base de aplicar el criterio de utilidad en la medida en que estas declaraciones podrían derivar en que la aseguradora se encuentre liberada de cumplir su obligación de pago con fundamento en el contrato de seguro.

No obstante, esta posición que en abstracto podría resultar cierta, en cualquier caso, no puede acogerse como una habilitación general para que dichas sociedades pretendan la nulidad de los actos en que se funda la existencia de su obligación. Por el contrario, lo analizado en precedencia impone señalar que, en cada caso concreto, la sociedad aseguradora debe acreditar que tiene un interés “sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual” respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio material, jurídico o moral.

En el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, Mundial de Seguros hizo consistir su interés para pretender la nulidad de las resoluciones 655 y 2521 de 2007 en que, con base en éstas, surgió su obligación de pago por entenderse configurado uno de los siniestros que amparó a través de la póliza N-A0054178; por ello, solicitó que, como consecuencia de la nulidad de las anotadas resoluciones, se declarara que no está obligada a pagar las sumas por las que se haría efectiva tal póliza y que, en caso de haberlas pagado, se ordene su reintegro. Sin embargo, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra que, incluso, para el momento de la presentación de la demanda, a la aseguradora no le asistía ningún interés en las resultas del proceso, pues, respecto del específico incumplimiento que se declaró a través de las mencionadas resoluciones, el interés que aseguró desapareció porque fue cubierto total y directamente por el propio contratista y, por tanto, no subsistió en cabeza de la aseguradora la obligación condicional de pago.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, Mundial de Seguros expidió la póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales N-A0054178 el 14 de septiembre de 2005 con el objeto de “garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas según contrato No. 1657 de 2005, suscrito por las partes”. En el numeral 1.3 de las coberturas del amparo de cumplimiento se estableció que el contrato: “[…] cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva”. Por otra parte, en la condición cuarta, relativa al siniestro, se dispuso que este se entendería causado “[…] 4.3. [e]n los casos de multas y cláusula penal con el Acto Administrativo que imponga las multas o la cláusula penal pactadas en el contrato”. Finalmente, en la condición quinta, se definió que “[l]a Compañía pagará el valor del siniestro así: [...] [p]ara el caso presentado en el numeral 4.3 [relativo a las multas] de la condición anterior, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la Entidad Estatal contratante, acompañada de una copia auténtica del Acto Administrativo ejecutoriado que declare la ocurrencia del siniestro”. Dicha póliza estuvo vigente entre el 14 de septiembre de 2005 y hasta el 1º de septiembre de 2013.

De conformidad con este esquema, el contratista fungió como tomador de la póliza y trasladó, por cuenta ajena, el riesgo de su incumplimiento a Mundial de Seguros para que, en caso de acaecer este siniestro, esta última indemnizara al Instituto los perjuicios patrimoniales que pudiera sufrir, entidad pública que, por tanto, tenía la posición de asegurada y beneficiaria de la póliza.

Mediante Resoluciones 655 del 16 de febrero y 2521 del 14 de junio de 2007, el INVIAS declaró el incumplimiento parcial del Consorcio y ordenó el pago de $419’274.927 correspondiente al 10% del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas. Este pago, según el artículo segundo de la Resolución 655, iría a ser satisfecho mediante la compensación de “cualquier suma que le adeude el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, por concepto del contrato No. 1657 de 2005 o del amparo de cumplimiento de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. N-A0054178”; previéndose, además, que solo en la medida en que permanecieran saldos insolutos se afectaría la póliza expedida por Mundial de Seguros.

Esta última previsión se incorporó en el acto administrativo indicado, imponiendo una obligación condicional de pago, sujeta a la existencia de tales saldos, de manera que en la medida que la obligación permaneciera insoluta o el crédito a favor de la entidad estatal no pudiera ser solventado con recursos del contratista (propios o debidos por la ejecución de la obra), se harían efectivos contra el amparo de seguro

Acredita la probanza que la suma de $419’274.927 a la que hacen alusión las resoluciones demandadas, fue descontada en su totalidad al contratista de los saldos que le adeudaba el INVIAS. Este hecho se probó por confesión judicial del apoderado de la demandante, fue reafirmado por la demandada y, además, puede inferirse de otras pruebas que obran en el expediente:

En el hecho 37 de la demanda, Mundial de Seguros afirmó que “el valor del incumplimiento parcial ($419.274.927) está descontado de los saldos adeudados al Consorcio Proyectar” (énfasis agregado) . Agregó, en ese mismo hecho, que “el contratista no está de acuerdo ni con la imposición de la sanción, ni mucho menos con el descuento efectuado […] [por lo que] solicitaron conciliación ante la Procuraduría con el fin de agotar el requisito de procedibilidad a efectos de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pedir la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento parcial” . Finalizó señalando que “[e]n consecuencia, y como la Compañía Mundial de Seguros S.A. tiene interés en las resultas del proceso relacionado con la legalidad de tales actos administrativos, procede a presentar esta acción […]”.

La demandante reiteró su planteamiento tanto en su escrito de alegatos de primera como de segunda instancia, en el sentido de confirmar que el valor resultante del incumplimiento fue descontado de los saldos adeudados por el INVIAS al Consorcio Proyectar.

Las anteriores manifestaciones, no controvertidas, constituyen confesión por apoderado judicial, en los términos del artículo 197 del CPC, puesto que se reúnen todos los requisitos del artículo 195 del CPC. En efecto: (i) el confesante —el apoderado judicial de Mundial de Seguros— estaba facultado para hacerla, en tanto gozaba de poder para disponer del derecho del litigio pues dentro de sus facultades se encontraban, por ejemplo, las de “transigir [y] conciliar”; (ii) lo confesado versa sobre hechos que favorecen al INVIAS y perjudican a Mundial de Seguros pues conducen a negar el interés que la demandante tiene para pretender la nulidad de las resoluciones; (iii) la ley no exige un medio de prueba para comprobar el hecho confesado; (iv) la declaración del hecho se hizo de manera expresa, consciente y libre por estar contenida en la demanda y reiterada en sus escritos de alegatos de conclusión, tanto de primera como de segunda instancia; (v) versa sobre hechos de los que tiene conocimiento pues no hay motivo ni prueba que ponga en entredicho esta afirmación; y, (vi) no hay otros medios de prueba en el expediente que desdigan este hecho. Además, el INVIAS no lo negó —lo admitió con énfasis— y hay otras pruebas que permiten inferir que así ocurrió.

En efecto, en la contestación de la demanda, el INVIAS afirmó que este hecho demostraba que la demandante no tenía interés para promover la nulidad de las resoluciones porque “no hubo saldos insolutos, por tanto no procede ni se hizo ningún descuento a la Compañía Mundial de Seguros, no tiene nada que reclamar por la acción contractual, no se le debe nada, ni se descontó ni descontará nada”. Manifestó que una eventual declaratoria de nulidad de las resoluciones sólo podría beneficiar al contratista, no a la aseguradora porque de la prosperidad de las pretensiones no se seguía ninguna restitución a su favor ni tampoco se podría producir una declaración en el sentido de que ella no estaba obligada a pagarle al INVIAS alguna suma de dinero, pues la obligación se solucionó con recursos del contratista.

Adicionalmente, en el expediente obran varios documentos cuya fecha es posterior a 2007. En ninguna de estas pruebas se niega que al Consorcio Proyectar no se le hayan practicado descuentos para pagar los $419’274.927 de marras. En cambio, hay múltiples documentos de los que se infiere lo contrario, como, por ejemplo: (i) oficio CRA-NOC-199-08 del 9 de mayo de 2008 de CRA a INVIAS; y (ii) oficio 2080-06058 del 27 de octubre de 2008 de HMV a INVIAS, en los que se detallan los incumplimientos del Consorcio Proyectar, se da cuenta de las sanciones pecuniarias que se aplicaron y, se afirma, que se hicieron efectivas.

Así las cosas, si bien, de conformidad con las referidas resoluciones, el riesgo amparado por la compañía aseguradora se configuró, lo cierto es que, al momento de la presentación de la demanda ya era claro que la póliza que se expidió con tal propósito no se afectaría por causa del incumplimiento declarado en las resoluciones demandadas, en tanto que el interés asegurado —que consistió en la posibilidad de pérdida que podría sufrir el INVIAS en su patrimonio como consecuencia del incumplimiento del Consorcio— quedó plenamente cubierto y satisfecho por el propio tomador del seguro, a la vez contratista del Instituto; de manera que no era posible que el INVIAS hiciera efectiva la póliza por ese concepto, como, en efecto, no lo hizo.

En este punto es pertinente mencionar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1045 del Código de Comercio, el interés asegurable —junto con el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador— constituye un elemento esencial del contrato de seguro. El doctrinante Efrén Ossa señala que el interés asegurable es el objeto mismo del contrato de seguro y lo define “como la relación económica, amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o derechos tomados en sentido general o particular”; es por esto que el artículo 1086 ibídem prevé que ese elemento esencial del contrato debe “existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo” y que su desaparición conlleva “la cesación o extinción del seguro”.

Con base en lo anterior, concluye la Sala que, dado que el contratista cubrió enteramente con sus recursos el valor que el INVIAS le cobró con base en la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a las que se refirió en las resoluciones demandadas, ese preciso interés que había sido asegurado por Mundial de Seguros no subsistió en cabeza suya y, por tanto, al quedar liberada de esa obligación, desapareció también el que, en un principio, pudo haber sido un interés sustancial, subjetivo, concreto y serio en relación con las pretensiones dirigidas a negar esa obligación de pago, ligadas a los actos administrativos que ha demandado, básicamente porque dejó de ser actual.

Acredita lo anterior el solo hecho de verificar que el actor solicitó a título de restablecimiento del derecho, el reintegro de los valores que llegare a pagar con motivo del citado acto. Tal pretensión acredita el interés de la compañía aseguradora, pues especifica el derecho que pretende restablecer, el mismo que, por las razones ya indicadas, ni siquiera fue afectado con el acto, pues como se ha señalado, el contratista tomador del seguro pagó el valor de las multas, sin que de tal pago se derivara un derecho a exigir el reintegro de parte de la compañía de seguros.

Así, con el pago de las multas por el contratista, el interés de la aseguradora en relación con la nulidad de los actos administrativos cesó, y como previamente se mencionó, según el tratadista Hernando Devis Echandía, el interés del demandante frente a su pretensión debe ser actual, porque “si no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación jurídica sustancial o del derecho subjetivo pretendido”.

Como consecuencia de todo lo anterior, se colige también que a quien le asistía el interés para demandar la nulidad de la cláusula décima cuarta del contrato y de las resoluciones, era al Consorcio Proyectar y no a Mundial de Seguros porque el beneficio patrimonial que se seguiría de la prosperidad de dichas pretensiones de nulidad beneficiaría exclusivamente al primero y no a la segunda. En efecto, si se anularan las Resoluciones 655 y 2521 de 2007, el Consorcio Proyectar tendría derecho a que se le reintegren las sumas descontadas. Sin embargo, de esta pretensión no se sigue un beneficio para Mundial de Seguros, pues no podría beneficiarse de la restitución de unas sumas de dinero que no pagó; igualmente, si se negaran esas pretensiones, por las razones ya anotadas ningún efecto tendría esa decisión frente a la aseguradora.

Lo anterior pone en evidencia que el hecho, afirmado en la demanda, de que el Consorcio hubiere manifestado su desacuerdo con las Resoluciones 655 y 2521 de 2007 y, por ello, hubiere convocado al INVIAS a una conciliación prejudicial con el ánimo de agotar el requisito de procedibilidad exigido en la ley para debatir su legalidad en sede judicial, no acredita que, pese a que la obligación contenida en los referidos actos se solucionó con cargo a recursos del contratista, subsistiera en cabeza de la aseguradora un interés sustancial, subjetivo, serio y actual para demandar la validez de tales actos.

A manera de colofón, y como contrapartida de lo anterior, vale anotar que, de los elementos de juicio que obran en el expediente, es posible concluir que el INVIAS no tiene un interés pendiente por satisfacer debido a que las sumas fueron descontadas en su totalidad. A esta conclusión llega la Sala a partir de los siguientes documentos: (i) el cuadro resumen de la ejecución del contrato preparado el 3 de junio de 2009 por el INVIAS —y que fue aportado con la contestación— en el que dicho Instituto manifestó que “mediante Resolución 00655 del 16 de febrero, declaro [sic] el incumplimiento parcial del contrato. Mediante resolución 2521 del 13 de junio de 2007 se confirmó la sanción por valor de $419.274.927 ya hechos efectivos por la entidad.” (énfasis agregado); y (ii) oficio 2080-06058 del 27 de octubre de 2008 de HMV a INVIAS, en el que se detallan los incumplimientos del Consorcio Proyectar, se da cuenta de las sanciones pecuniarias que se aplicaron y se afirma que se hicieron efectivas.

Es pertinente mencionar que, en un caso similar al que ahora se estudia, en el que una aseguradora demandó la nulidad de unas resoluciones que declararon el incumplimiento de un contrato y ordenó el pago de una suma de dinero con cargo a la póliza de cumplimiento expedida por ella, y en el que, durante el curso del proceso, el contratista pagó esa suma en su totalidad, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que la demandante perdió la legitimación para demandar dichas resoluciones porque:

“En consecuencia, como bien lo estima el a quo, la aseguradora que, en la época en que formuló la demanda, tenía pleno interés jurídico para pretender la nulidad de las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro por ella amparado y le ordenaron el pago de la suma asegurada, lo perdió durante el curso del proceso por cuanto el tomador del seguro llegó a un acuerdo con la beneficiaria, consistente en la satisfacción total de la obligación garantizada, conducta con la cual la compañía de seguros quedó exonerada de satisfacerla.

Esta circunstancia produjo los siguientes efectos: 1º La entidad beneficiaria quedó jurídicamente imposibilitada de cobrar la garantía contractual a la aseguradora, por haberse satisfecho en forma total los perjuicios inferidos por el tomador de la póliza, que, es, al propio tiempo, el contratista. Es decir, el interés asegurable, que constituye uno de los elementos esenciales del contrato de seguro de conformidad con el art. 1045 del C.Co., fue plenamente satisfecho ante la ocurrencia del siniestro.

Tampoco el tomador puede entablar acción alguna en contra de la aseguradora pretendiendo una eventual recuperación de lo pagado por él, por cuanto el contrato de seguro se constituyó con el objeto de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a un tercero, en el presente caso la entidad pública, lo cual significa que, de conformidad con el art. 1127 del C. de Co., modificado por el art. 84 de la ley 45 de 1990, la víctima es el beneficiario de la indemnización y no el tomador […]

2º La aseguradora, al quedar liberada de la garantía que asumió contractualmente, perdió el interés que tenía para solicitar la nulidad de los actos administrativos acusados, por cuanto éstos ya no afectan ni lesionan sus derechos.” (énfasis agregado)

En el presente caso, Mundial de Seguros no tenía interés siquiera al momento de presentar la demanda, con lo cual su falta de interés serio, actual y concreto es aún más manifiesta.

Finalmente, es pertinente advertir que, además del interés que sustentó en un eventual pago de lo ordenado en las resoluciones demandadas con cargo a la póliza N-A0054178 el 14 de septiembre de 2005, la aseguradora no alegó ni probó ningún otro que le otorgara legitimación para proponer las pretensiones de nulidad que planteó. En consecuencia, por encontrar probada la falta de legitimación en la causa por activa, la Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CCA y el criterio unificado por la Sala Plena de esta Sección en sentencia del 6 de abril de 2018 (Exp. 46.005), la declarará oficiosamente y, por tanto, deberá confirmar la decisión del Tribunal de negar las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de febrero de 2014, la cual quedará así:

DECLARAR la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada por la demandante en relación con la pretensión principal primera y sus consecuenciales.

DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la parte demandante.

3. Consecuencialmente, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Folio 264, cuaderno del Consejo de Estado. Folios 4 a 73, cuaderno principal. La fecha de presentación de la demanda consta en el reverso del folio 73 del cuaderno 1. Folios 5 a 9, cuaderno principal. Declarar el incumplimiento parcial del contrato 1657 de 2005, imponer la obligación de pagar la suma de $419’274.927.00, descontar ese valor directamente de cualquier suma que le adeudara al contratista o del amparo de cumplimiento de la póliza N-A0054178, y, en caso de quedar saldos insolutos, hacer efectiva dicha póliza A0054178 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. Folios 10 a 13, cuaderno principal. Folios 99 a 107, cuaderno principal. Folios 76 y 77, cuaderno principal. El 4 de mayo de 2010, el auto admisorio de la demanda le fue notificado al representante legal de Ingenieros Contratistas Asociados S.A. – Inconal S.A y al gerente de BEC Ingeniería S.A.S; y el 1º de julio de 2010, se le notificó la providencia por aviso a Incocivil S.A. (folios 79, 84 y 93, cuaderno principal). Ver folio 264, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 264, cuaderno del Consejo de Estado. Ver folios 266 a 269, cuaderno del Consejo de Estado. La sentencia de primera instancia fue notificada mediante edicto S1C-3C 169 que se fijó el 20 de febrero de 2014 y se desfijó el 24 de febrero de 2014 (folio 265, cuaderno del Consejo de Estado). El término de 10 días para interponer y sustentar el recurso vencía el 10 de marzo de 2014 (folio 265, cuaderno del Consejo de Estado). La Compañía Mundial de Seguros interpuso y sustentó su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del 6 de marzo de 2014 (folio 266, cuaderno del Consejo de Estado), por lo que fue presentado oportunamente. Folios 271 y 272, cuaderno del Consejo de Estado. Ver folio 276, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 278, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 342, del cuaderno del Consejo de Estado. La determinación de la competencia en función de la cuantía debe analizarse en este caso de conformidad con lo dispuesto en le Ley 446 de 1998 y en particular en el artículo 20 del C.P.C pues la demanda fue presentada el 1º de octubre de 2009 (folio 73, reverso, cuaderno principal) que establece que la cuantía para efectos de la competencia será la equivalente a la pretensión mayor. Ver pretensión tercera principal y estimación razonada de la cuantía que hace la Compañía Mundial de Seguros S.A. (folio 72, cuaderno principal). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la noción de la caducidad ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación del 1º de julio de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Exp. 62.009 y sentencia del 26 de julio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 41.037. Folio 8, cuaderno principal. Cláusula cuarta, folio 2, cuaderno de pruebas 2. La orden de iniciación se profirió, según lo afirma el demandante y admite el INVIAS, el 24 de noviembre de 2005. Ver folios 16 y 17, cuaderno de pruebas 2. De conformidad con la cláusula vigésima cuarta, la liquidación bilateral del contrato tendría que ser suscrita dentro de los 45 días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, folio 7, cuaderno de pruebas 2. Folio 73 (reverso), cuaderno principal. Folio 305, cuaderno de pruebas 2. Artículo 21, Ley 640 de 2001 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero.

Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. En igual sentido, ver Decreto 1716 de 2009, artículo 3º. Folio 284, cuaderno 2. Folio 305, cuaderno 2. De acuerdo con la doctrina de los móviles y las finalidades –recogida legalmente en el artículo 137 del CPACA– la acción de nulidad simple puede ser instaurada por cualquier persona contra actos de contenido general y excepcionalmente contra actos de contenido particular y concreto, siempre que con la pretendida nulidad no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo. Sobre el particular, anotó la Sección Tercera: “Así las cosas, cuando se acude a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el objetivo único de preservar la legalidad de la actividad administrativa, se procura salvaguardar el orden jurídico a través de unas pretensiones que no tratan sobre una situación particular y específica, sino que se refieren a una mera comparación objetiva del acto con el marco normativo al cual ha debido ajustarse, de manera que el juez se encuentra ante un proceso en el que solo se ventila la legalidad abstracta de la correspondiente actividad estatal. Por el contrario, si en el proceso se reclaman derechos e intereses de los particulares, el juez se ubica frente a una controversia en la que se procura restablecer derechos subjetivos individuales que se consideran lesionados, derivados de los vicios que fundamentan el ataque de los actos así denunciados.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 61.220. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2017, expediente 40039, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2012, expediente 24.677, M.P. Enrique Gil Botero; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 61.220, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 61.220.
“[L]a legitimación de hecho en la causa surge a partir del momento en que se traba la litis y se define a partir de quienes componen los extremos del litigio, lo cual no merece mayor análisis, pues surge del despliegue de un acto procesal: la interposición de la demanda y la notificación de la misma. La legitimación material en la causa no corre la misma suerte, pues, para su definición, se requiere establecer si existe o no una relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 61.220; ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp. 40039, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre este tema ha precisado la Sección Tercera del Consejo de Estado: “Adicionalmente se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(59). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007; Exp.

13.503.
“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo, Exp. 10.973
Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 223. Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 224. Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 225. Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 225. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 18.168. Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 224. Folio 20, cuaderno de pruebas 2. Pese a que la póliza fue modificada y aclarada por la vía de 20 anexos que obran en el expediente, a través de los cuales las partes, por ejemplo, ampliaban la vigencia de la póliza o precisaban el alcance del objeto del contrato de seguro, el objeto fundamental es el que se transcribió, el cual, en su esencia, no fue alterado (ver folios 21 a 44, cuaderno de pruebas 2). Folios 45 y 46, cuaderno de pruebas 2. Ver anexo 20 a la póliza, folio 43, cuaderno de pruebas 2. De conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio “El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada. No obstante, al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo.” Estos son los llamados seguros por cuenta ajena o cuenta de un tercero. Al respecto, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de mayo de 2000. Magistrado ponente: Manuel Ardila Velásquez. Exp. 5349. Sobre el esquema del seguro de cumplimiento en contratos estatales, la Sección Tercera ha dicho: “En las pólizas de seguros de cumplimiento que garantiza los contratos estatales, el tomador es el contratista de la administración que traslada los riesgos al asegurador para indemnizar hasta el monto asegurado cuando se presenten siniestros imputables a él por su incumplimiento en el contrato celebrado con la entidad estatal. En la mayoría de los contratos de seguros la calidad de tomador, asegurado y beneficiario se unen en una sola persona, situación que no tiene ocurrencia en el caso del seguro de cumplimiento, pues el asegurado y a su vez beneficiario no es el tomador de la póliza, sino el acreedor que es un tercero frente al vínculo contractual.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2012, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, Exp. 20.967. Folios 192 y 193, cuaderno de pruebas 2. Folios 192 y 193, cuaderno de pruebas 2. Folio 25, cuaderno principal. Folio 25, cuaderno principal. Folio 25, cuaderno principal. Folio 210, cuaderno principal. Folio 302, cuaderno del Consejo de Estado. Sobre este medio de prueba ver Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 61.033
Artículo 197, Código de Procedimiento Civil: “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101.”
Artículo 197, Código de Procedimiento Civil: “La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2.

Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.”
Ver folio 2, cuaderno principal. Folio 102, cuaderno principal. Ver folios 1 a 9, cuaderno de pruebas 4. HMV Ingenieros Ltda. fungió como consultoría de apoyo a la gestión del INVIAS en el marco del diseño y ejecución del Plan 2.500 en el que se inscribe el contrato 1657. De conformidad con la cláusula quinta del contrato "El INSTITUTO contratará un Consultor de Apoyo a la Gestión, que ejercerá las funciones de supervisión en los términos establecidos en la respectiva contratación" (Ver folios 96 a 101, cuaderno de pruebas 6). De conformidad con el artículo 1083 del Código de Comercio “Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero.” En los seguros de daños patrimoniales, en que se inscribe el seguro de cumplimiento, “Los seguros patrimoniales son aquellos que tienen por objeto cubrir riesgos que posan sobre el patrimonio del asegurado, es decir, aquellos hechos futuros e inciertos que no atentan contra las cosas, sino que lo hacen directamente contra la universalidad de activos y pasivos del sujeto, como sucede con el incumplimiento de una ley o contrato, o con la responsabilidad civil. […] En este caso el interés asegurable lo tendrá quien pueda verse afectado patrimonialmente por la ocurrencia de tales situaciones.” Carlos Andrés Gómez Sánchez; Natalia Martínez del Río Samper, “El interés asegurable como un elemento esencial del contrato de seguro de daños”, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, Vol. 21, no. 36, p. 18. En igual sentido, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 2018. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez. El artículo 1083 ibídem señala que “Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo” y que “Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero.”
Devis Echandía. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 225. Folio 282, cuaderno de pruebas 5. HMV Ingenieros Ltda. fungió como consultoría de apoyo a la gestión del INVIAS en el marco del diseño y ejecución del Plan 2.500 en el que se inscribe el contrato 1657. De conformidad con la cláusula quinta del contrato "El INSTITUTO contratará un Consultor de Apoyo a la Gestión, que ejercerá las funciones de supervisión en los términos establecidos en la respectiva contratación" (folios 96 a 101, cuaderno de pruebas 6). Nota original: El tratadista EFREN OSSA en su obra “Teoría General del Seguro-El Contrato”, define el interés asegurable como “la relación económica amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que una persona se halla con las cosas o derechos, tomados en sentido general o particular. Objeto del interés pueden ser las cosas individualizadas (en los seguros reales) o el patrimonio (en los seguros patrimoniales).”
Nota original: En la Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley Nº 113 de 1990 de la Cámara de Representantes que se convirtió en la ley 45 de 1990, se expresó: “El incremento de actividades industriales, comerciales y profesionales, con su correlativo aumento de capacidad de generación de daño, hacen que el seguro de responsabilidad civil cumpla una función preventiva y reparadora que evita la lesión patrimonial del asegurado causante del hecho dañoso y protege a los damnificados.

Acogiendo tendencias del derecho comparado, el proyecto introduce dos enmiendas fundamentales: de una parte, la conversión del damnificado en el beneficiario de la indemnización que tenga como fuente un seguro de responsabilidad civil, con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra el asegurado, y por la otra, la consagración legal de que dicho seguro es un contrato en favor de terceros y que, en tal virtud, los damnificados tienen acción directa contra el asegurador.” (Subraya la Sala). Cf. Reforma Financiera. Bogotá: Superintendencia Bancaria, Colección Legislación Financiera, 1991, pp. 74 y 75. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sección Tercera, sentencia del 21 de octubre de 1999, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Exp. 11.616

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