Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00133-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2016-00133-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00133-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2016-00133-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Número interno: 69.476
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación art. 187 CPACA. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El
término de dos años se contabiliza a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño, aunque
los efectos perduren en el tiempo. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Se rige por
normas distintas a las de la responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante 1 contra la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, que declaró probada la excepción de caducidad 2.
SÍNTESIS DEL CASO
Vicente Antonio Rodríguez Moreno y su grupo familiar acudieron a la jurisdicción
para que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación- Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, Nación-Fiscalía General de la Nación y
Superintendencia de Notariado y Registro, por los daños causados por el
desplazamiento forzado de la finca denominada La Gloria, ubicada en el municipio
de Tierralta-Córdoba y la apropiación irregular de ese terreno con una escritura
pública falsificada de la Notaría Segunda de Montería.
1 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_09RECURSODEAPELACI
2 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_06201600133SENTE.
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
ANTECEDENTES
La demanda
El 15 de abril de 2016 3, Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros, a través de
apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros, para que se hicieran las siguientes
declaraciones (se transcribe de forma literal):
Primera: Por existir evidente FALLA EN EL SERVICIO cuya producción es imputable
solidariamente a la actuación deficiente del Estado a través del Ejército Nacional
que no fue capaz de someter a los Paramilitares y por el contrario, en muchas
ocasiones los apoyó en su actos criminales; la Superintendencia de Notariado Y
Registro en cuyo seno laboraba el Notario Segundo de Montería en donde
supuestamente se otorgó la escritura espúrea y, la actuación descuidada o de mala
fe por parte de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Montería, al igual
que el comportamiento inaceptable de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN que
se obstina en extinguir el dominio de una propiedad que no es en su totalidad del
individuo a quien investiga, sino de un ciudadano honesto y con actuación dentro de
la ley, al cual, por el contrario, han desplazado. A una entidad que está públicamente
desprestigiada por su marcada parcialidad política, por el derroche burocrático y por
haberse permeado en muchos casos por la delincuencia que logra nombramiento
de Fiscales afines a su causa antisocial, como frecuentemente lo denuncian los
medios de comunicación, ahora la señora Fiscal 34 Delegada, contribuye a ese
desprestigio no solo privando a su legítimo dueño de recuperar lo que le pertenece
de manera legítima, sino secuestrándole el inmueble y entregándoselo
indirectamente a su victimario, aunque se diga con total tozudez, que la
administración de ese inmueble corre por cuenta de la empresa estatal citada, a la
cual se le hacen recientes cuestionamientos por sus actuaciones truculentas en
favor de algunos altos dignatarios del Estado y de no pocos bandidos que los
acolitan. La señora Fiscal sostiene que no es verdad lo que denunciamos, pero al
momento de recibir los testimonios esta atestación quedará infirmada.
DECLÁRESE:
PATRIMONIAL Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES a los demandados
mencionados, de los DAÑOS sufridos por los demandantes en su condición de
VÍCTIMAS DE LOS PARAMILITARES SALVATORE MANCUSO Y DON BERNA,
causantes del DESPLAZAMIENTO FORZADO DE VICENTE RODRÍGUEZ
MORENO de su finca LA GLORIA ubicada en el municipio de TIERRALTA en el
departamento de Córdoba; del robo de su ganado y demás bienes muebles e
inmuebles, lo mismo que de la apropiación de la propiedad inmobiliaria mediante la
suscripción de una escritura pública de compraventa totalmente falsificada y en la
cual, posiblemente, tuvieron participación el señor Notario Segundo de Montería y
el funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad,
así como también de los que ocasiona la conducta culposa y/ o notoriamente Dolosa
observada por la Fiscalía Treinta y Cuatro Delegada para la EXTINCION DE
DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS con sede en Bogotá, al mantener totalmente
inmovilizado jurídicamente una parte considerable del inmueble que no pertenece a
JIMMY BENÍTEZ y mucho menos a ÁNGELA CUETO, en el curso de una
investigación Penal en la que nada tienen que ver los demandantes y por el hecho
de haberle entregado DE FACTO la administración de esos bienes a uno de sus
3 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folio 23.
2
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
victimarios, el sujeto apoderado EL CABO TRIANA, quien es realmente el que
administra y usufructúa la finca, aunque esta aparezca confiada para su custodia a
la empresa Estatal SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S, otro antro de
corrupción de los tantos que pululan en Colombia, sin que el Gobierno Nacional se
preocupe por controlarlos.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, profiérase sentencia que
haga tránsito a cosa Juzgada, por medio de la cual se les obliga a los demandados
a pagar en favor de los demandantes, el valor que corresponde a los siguientes
conceptos:
PERJUICIOS MATERIALES
1. DAÑO EMERGENTE:
A).- Constituido por el valor comercial de 96.25 hectáreas de tierra que constituyen
o conforman la finca denominada LA GLORIA, ubicada en el municipio de Tierralta,
Córdoba, destinado a la cría, levante y ceba de ganado vacuno y al cultivo de
productos agrícolas como Plátano, Yuca, Maíz y papaya; con suelos de reconocida
feracidad y envidiable topografía. En atención a estas especiales condiciones,
estimamos que el valor de cada hectárea incluyendo edificaciones, maquinaria
agrícola, anexidades y demás, es de CUARENTA MILLONES DE PESOS cada una;
es decir, que su valor total es de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($ 3.850.000.000.oo).
B).- Lo constituye el valor del ganado que se robaron al momento del
desplazamiento obligado, referido en uno de los hechos y el cual estimamos bajo
juramento en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS($ 348.000.000.oo).
VALOR TOTAL DEL DAÑO EMERGENTE: $4.198.000.000,oo
2.LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:
Lo compone el valor de lo que pudo o debió recibir el señor Vicente Rodríguez, como
rendimientos de sus semovientes, cosechas y demás, a partir del día en que los
DESPLAZARON y hasta la fecha actual, calculado de manera racional y
consultando del mercado (subasta Ganadera de Montería y feria de Ganados de
Medellín, al igual que los aumentos porcentuales del ganado. En ese orden de ideas,
tenemos que medianamente administrado el ganado de cría, debía producir un 60%
anual de nacimientos, al igual que las novillas preñadas que se encontraban en el
momento del hecho punible. Procediendo de esa manera, llegamos a la siguiente
conclusión:
• Las 180 vacas con cría, tenían en el año 2005 180 terneros. Esas mismas vacas
en el año 2006, debían parir 108 terneros, de los cuales el 50 % serían hembras y
el restante 50% machos.
Al año siguiente (2007) se tendría un nacimiento igual, todo lo cual se repetiría en el
año 2008 y 2009.
Para el año 2010, no solo nacerían estos 108 becerros, sino que las primeras 54
terneras nacidas en el año 2007, parirían 27 hembras y 27 machos. Y así seguiría
la proyección de nacimientos hasta llegar a la fecha actual, todo lo cual nos permite
inferir, racionalmente, que en la actualidad habría de existir más de ochocientos
semovientes entre hembras y machos. Y, los machos cebados, serían más de 600.
Éste ganado, avaluado a $ 1.000.000 cada uno, arrojaría como resultado la suma
de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.400.000.000)
VALOR TOTAL DEL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $ 1.400.000.000
VALOR TOTAL DE LOS PERJUICIOS MATERIALES: $5.598.000.000
PERJUICIO o DAÑO MORAL SUBJETIVO:
Tiene su base en el sufrimiento, la angustia y la desesperanza que han padecido los
3
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
demandantes a causa de una situación que los coloca en la indigencia y respecto a
la cual, el Estado, no les ha proporcionado ninguna ayuda. Antes por el contrario:
comprobar que la finca se la entregan a sus victimarios a través de testaferros,
constituye una injusta afrenta a su dignidad y a sus derechos fundamentales. La
reclamación de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para cada uno
de los demandantes, es un hecho enmarcado dentro de los parámetros de la razón,
la lógica y la Justicia. Y que tasados de acuerdo al valor del salario mínimo actual,
nos arrojaría la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($344.500.000.00). No es medible el sentimiento de
indefensión y de orfandad que se padece cuando todo el mundo en Colombia sabe
del padrinazgo impúdico que existió y aún se mantiene entre Los Paramilitares y un
buen número de agentes estatales, hasta el punto de que no pocos Senadores y
Representantes al Congreso Nacional están en la cárcel
(OTROSTAMBIÉNDEBIERAN ESTARLO) y que aunque se hayan supuestamente
desmovilizado algunos de los bandidos, sus compinches y secuaces como el CABO
TRIANA Y SU FAMILIA a la cual, obviamente pertenece ÁNGELA CUETO,
mantienen sus privilegios , mientras que gente buena como la familia Rodríguez
Ciro, tienen que comprobar silenciosos e indefensos, cómo el Estado, en este caso
representado por la Fiscalía General de la Nación, se burla de sus derechos y
entrega la propiedad para el remate a otro futuro testaferro de los criminales, sin
pudor alguno. Sin importarle la advertencia que hicimos a dicha Institución,
recientemente, continúa impertérrita en su alocado y atolondrado camino de
extinguir el legítimo dominio que sobre un inmueble detentaba un hombre honrado,
como mi mandante. Cuándo, por Dios, terminará tanta ignominia?. Cuándo se
apersonará de nuestro Gobierno, alguien que sienta dolor de patria y que tenga el
coraje suficiente para imponer la ley frente a quienes la burlan, antes que buscar
con loco frenesí un premio internacional o satisfacer sus personales vanidades?.
Tan improbable como la supuesta PAZ VENIDERA, es creer que al dar respuesta a
la demanda, el Estado por medio de su respectivo agente que lo representa, tendrá
el valor civil suficiente para reconocer su equivocación y su disposición a reparar a
los victimizados.
VALOR TOTAL DE LA INDEMNIZACION RECLAMADA: $ 5.942.500.000.oo
TERCERA: Reconózcame personería para actuar en el presente proceso.
CUARTA: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos indicados en los
arts. 187 y 188 del C.P.C.A.
Como fundamento de las anteriores pretensiones, expusieron como hechos de la
demanda y su subsanación 4 que, mediante la escritura pública Nº 1184 del 22 de
noviembre de 2004, otorgada en la Notaría de Tierralta, Vicente Antonio Rodríguez
Moreno y Jimmy de Jesús Benítez Contreras adquirieron por partes iguales un
inmueble de 32,5 hectáreas del señor Ramiro Antonio González Flórez, identificado
con la matrícula inmobiliaria Nº 140-40921 y denominado como finca La Gloria.
Indicaron que, posteriormente, el señor Vicente Antonio Rodríguez Moreno anexó a
dicho inmueble otro de su propiedad de aproximadamente 80 hectáreas, cuya
posesión material mantenía desde hacía más de cinco años, adquirido por compras
4 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 10-23 y 59-62
4
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
sucesivas a algunos poseedores que habían obtenido parcelas de manos de la
empresa Represa de Urrá.
Relataron que, en el año 2005, el señor Vicente Antonio Rodríguez Moreno poseía
dicho predio, junto con 180 vacas paridas, 70 novillas preñadas, 3 toros Cebú
Braman, 6 equinos y 127 terneros de más de un año de edad. Además, una parte
de la finca se destinaba al cultivo de cacao, maíz, yuca, plátano y papaya. Adujeron
que, el 18 de julio de 2005, la firma de Vicente Antonio Rodríguez Moreno fue
falsificada y se realizó la venta de la finca La Gloria a favor de Ángela Cueto Lemos,
mediante la Escritura Pública Nº 2980 de la Notaría Segunda de Montería, suscrita
por el notario Lázaro del Cristo de León León, quien fue condenado por delitos
contra la fe pública. Indicaron que, aunque la compradora fue Ángela Cueto Lemos,
los autores intelectuales de la actuación ilegal fueron Salvatore Mancuso y Alias
"Don Berna", con la complicidad de "El Cabo Triana", compañero sentimental de
Cueto Lemos.
Adujeron que, al investigar en el libro de protocolo de la Notaría Segunda de
Montería, se verificó que la supuesta escritura no existía y que con ese número se
había protocolizado un matrimonio civil en la misma fecha. No obstante, en la copia
de la escritura Nº 2980 aportada, se observaba el sello de la Notaría Segunda de
Montería, la firma de su titular y la constancia de que era primera copia destinada a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, aunque no aparecía la huella
dactilar de ninguno de los otorgantes. Indicaron que, a pesar de esto, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Montería la registró.
Relataron que, a finales de julio de 2005, Vicente Antonio Rodríguez Moreno recibió
una llamada telefónica de alias "El Mojarra" o "El Pájaro", paramilitar al servicio de
Mancuso y "Don Berna", quien lo amenazó para que no volviera al inmueble, ya que
se había comprado para entregárselo a Ángela Cueto Lemos. Adujeron que Vicente
Antonio Rodríguez Moreno no pudo defenderse, ya que se rumoraba que su
copropietario, Jimmy Benítez Contreras, estaba desaparecido y su cónyuge había
huido para salvar su vida. Indicaron que, desplazado y sin recursos económicos, el
señor Rodríguez Moreno se radicó en Medellín y solicitó protección a la Personería
Municipal, que en 2008 ordenó colocar una nota en el folio de matrícula inmobiliaria
del inmueble para prohibir su enajenación. Relataron que, anteriormente, había
acudido a la Unidad de Atención y Orientación de Acción Social, que le negó
5
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
protección. Adujeron que, en 2009, la Fiscalía 34 Delegada para el Lavado de
Activos y Extinción de Dominio de Bogotá D.C. decretó la medida cautelar de
embargo y suspensión del poder dispositivo del predio.
Indicaron que se configuró una falla en el servicio por la actuación deficiente del
Ejército Nacional, que no sometió a los paramilitares que se apoderaron ilegalmente
de la finca La Gloria. Adujeron que el accionar de los paramilitares, auspiciado o
permitido por agentes del Estado, violó los derechos fundamentales de las víctimas,
como el derecho a la vida, libertad de locomoción, propiedad privada y libre
desarrollo de la personalidad. Relataron que los derechos del señor Rodríguez
Moreno también fueron vulnerados por la Superintendencia de Notariado y Registro,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería y la Fiscalía General
de la Nación, al extinguir el dominio de una propiedad que no era en su totalidad del
individuo investigado (su copropietario, Jimmy Benítez Contreras), sino de un
ciudadano honesto desplazado. Adujeron que la Fiscal 34 Delegada para el Lavado
de Activos y Extinción de Dominio privó al señor Rodríguez Moreno de la
oportunidad de recuperar lo que le pertenece legítimamente, al haber secuestrado
el inmueble y asignado como secuestre a su victimario indirecto.
El 17 de marzo de 2017 5, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda
y ordenó su notificación.
Contestación de la demanda
Nación-Fiscalía General de la Nación6
La Nación-Fiscalía General de la Nación cuestionó la ocurrencia de hechos
alegados en la demanda por falta de prueba que demostraran su ocurrencia y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó que la extinción de dominio es
autónoma de cualquier otra acción penal y, por su carácter patrimonial, persigue
bienes que no tienen justificación económica de su procedencia o que se demostró
ser adquiridos con origen en negocios ilícitos. En ese sentido, se persiguieron los
bienes de Jimmy Benítez Contreras, tras evidenciar que esos lotes fueron
adquiridos con dineros sin procedencia lícita – independientemente de si aparecía
5 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 71-72.
6 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 93-100.
6
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
como propietaria Ángela Cueto Lemus. Por ese motivo, argumentó que Vicente
Antonio Rodríguez Moreno actuó con dolo civil, porque admitió en sus declaraciones
conocer las actividades ilícitas de Jimmy Benítez Contreras, el copropietario de la
finca La Gloria. Por último, afirmó que la escritura pública de compraventa y su
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se presume auténtica,
así los hechos relacionados con la propiedad y su transacción sean objeto de
investigación, pues se requiere de una sentencia que demuestre su ilegalidad.
Superintendencia de Notariado y Registro 7
La Superintendencia de Notariado y Registro manifestó no tener conocimiento de
los hechos narrados por el demandante y que, por tanto, se atiene a lo que se
pruebe en el proceso. Propuso como excepciones la inexistencia de responsabilidad
del Estado, porque el daño alegado no fue causado por acción u omisión de la
entidad, y falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los hechos y pruebas
no evidencian actuaciones de la Superintendencia que hayan causado el daño
reclamado. Sustentó esto último en que la entidad se limita a la inspección, control
y vigilancia de los servicios notariales y registrales. En esa línea, afirmó que el daño
fue causado por la conducta delictiva de un tercero (el Notario Segundo de Montería
y quienes falsificaron las firmas) y no por la Superintendencia, motivo por el cual
tampoco se cumple con demostrar el nexo causal del daño reclamado y la actuación
de la Superintendencia.
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional 8
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional también se opuso a las
pretensiones de la demanda. Afirmó que la acción había caducado, porque la
demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los dos años siguientes
a la ocurrencia del daño y, para el caso en concreto, citó la sentencia SU-254 de
2013 proferida por la Corte Constitucional. Propuso como excepción la falta de
legitimación en la causa por activa de los demandantes, por no haber probado la
propiedad sobre la finca La Gloria ni otro predio anexado con escritura pública y la
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.
Además, manifestó que no se le puede atribuir responsabilidad por los hechos
7 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 408-412.
8 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 418-456.
7
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
pretendidos al Ejército, pues no se probó ninguna falla en el servicio y se trata de
hechos cometidos por terceros al margen de la ley. En esa línea, alegó inexistencia
de un daño antijurídico imputable al Estado y el nexo causal de ese daño con la
acción u omisión del Ejército. Afirmó que, en todo caso, la protección a los
ciudadanos es un deber de medio y la organización ha cumplido todos sus deberes
constitucionales y legales. Resaltó con especial consideración que Vicente Antonio
Rodríguez Moreno no demostró haber hecho solicitud de protección especial para
él o su familia.
Sentencia de primera instancia 9
El 4 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia en
la que declaró probada la excepción de caducidad. Fundamentó su decisión en que
los demandantes no presentaron la demanda dentro del término legal de dos años,
contados a partir del momento en que tuvieron conocimiento del daño, que en este
caso fue el 11 de agosto de 2008.
Indicó que, conforme al artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa
debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o desde
que el demandante tuvo conocimiento de este. Además, en aplicación de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 10 y
sentencia del 20 de octubre de 2020 11, para computar el plazo de caducidad, no
basta con la ocurrencia del daño, sino que también debe considerarse cuándo el
demandante tuvo conocimiento de la participación del Estado en los hechos.
En ese orden de ideas, relató que, en el caso concreto, Vicente Antonio Rodríguez
Moreno tuvo conocimiento del daño el 11 de agosto de 2008, cuando acudió a la
Personería de Medellín para solicitar protección y esta ordenó una medida cautelar
sobre el inmueble, porque desde ese momento el señor Rodríguez Moreno ya
estaba al tanto de la situación y de la posible implicación del Estado. Es decir, se
tuvo pleno conocimiento del daño y de la posible responsabilidad estatal. Adujo que,
por lo tanto, desde esa fecha, los demandantes tenían plena facultad para iniciar la
9 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_06201600133SENTE.
10 Consejo de Estado-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera. Sentencia de Unificación
de 29 de enero de 2020. Radicado n.º 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
11 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección C. Sentencia del 2
de octubre de 2020. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Radicación n.º 81001-23-39-000-2018-00101-01
(63253).
8
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
acción judicial correspondiente, pero no lo hicieron hasta el 15 de abril de 2016,
excediendo así el término legal.
Sostuvo que, aunque el señor Rodríguez Moreno fue reconocido como víctima de
desplazamiento forzado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas en 2015, este reconocimiento no es un requisito para iniciar la acción de
reparación directa. Además, resaltó que Vicente Antonio Rodríguez Moreno fue
reconocido como víctima de desplazamiento forzado del municipio de Zaragoza,
Antioquia, y no de Tierralta, Córdoba, donde ocurrió el desplazamiento relacionado
con la finca La Gloria. Sobre el particular, manifestó que en Resolución N.º 2015-
68732, emitida el 13 de marzo de 2015 por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) se basó en hechos ocurridos en Zaragoza,
Antioquia, en 2013.
Concluyó que, como no se demostró que los demandantes estuvieron impedidos
para acudir a la jurisdicción administrativa desde 2008, se configuró la caducidad
de la acción. Por lo tanto, no era posible realizar un estudio de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación 12
Contra la sentencia de primera instancia, los demandantes interpusieron recurso de
apelación. Solicitaron revocar la sentencia impugnada y reconocer la
responsabilidad del Estado por los daños causados por la violencia y el
correspondiente desplazamiento forzado del que fueron víctimas en la región de
Córdoba. Además, manifestaron que no se podía contabilizar el término de
caducidad como lo hizo el Tribunal, pues solo procede desde cuando cesó la
situación de desplazamiento, que no ha ocurrido.
Sobre lo primero, la parte actora alegó que la región ha sido gravemente afectada
por la violencia de grupos paramilitares, guerrilla y delincuencia común, con la
complicidad de algunos representantes del Estado. Argumentó que el Gobierno no
solo tenía conocimiento de estos hechos, sino que en muchos casos participó
activamente en ellos, y no ha implementado mecanismos eficaces para erradicar
12 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_09RECURSODEAPELACI
9
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
estos problemas. Citó ejemplos de corrupción y complicidad de funcionarios
públicos con grupos paramilitares, incluyendo a militares, congresistas y
representantes de la rama judicial, para respaldar su argumento.
Con relación al segundo punto, argumentó que la caducidad de la acción de
reparación directa no debería contabilizarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos, sino considerando las circunstancias especiales de las víctimas, como
el desplazamiento forzado y la falta de recursos para acceder a la justicia. Añadió
que el demandante, Vicente Antonio Rodríguez Moreno, fue desplazado en
múltiples ocasiones. Afirmó que, inicialmente ocurrió en 2005 de Tierralta, Córdoba
y luego en 2013 en Zaragoza, Antioquia. Alegó que, durante esos años, el
demandante no tuvo los medios económicos ni el conocimiento necesario para
iniciar una acción legal en el tiempo estipulado por la ley. Argumentó que el término
de caducidad debería empezar a contar desde el momento en que cesaron las
circunstancias que impedían al demandante ejercer su derecho, y no desde el
momento en que ocurrieron los hechos.
Para sustentar este argumento, citó sentencia del 7 de septiembre de 2015, con
ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y la del 20 de enero
de 2020, con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, que
consideran que el término de caducidad no debe aplicarse de manera estricta
cuando se afectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y al libre
acceso a la justicia.
Solicitó que se decretara de oficio testimonios adicionales para aclarar la realidad
del desplazamiento y sus circunstancias, y que se revocara la sentencia impugnada,
para reconocer la responsabilidad del Estado y condenarlo a la indemnización
correspondiente.
Trámite de segunda instancia
El 24 de enero de 2023 13, el Tribunal concedió el recurso de apelación y el 3 de
marzo siguiente 14, el Despacho lo admitió. El expediente ingresó para fallo el 12 de
13 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_11AUTOCONCEDERECUR.
14 Cfr. SAMAI, índice 4.
10
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
abril de 2023 15. El 30 de junio siguiente 16, se negó el decreto de la prueba de oficio
solicitada por la parte demandante en el recurso de apelación.
Concepto del Ministerio Público17
El Ministerio Público conceptuó que se debía confirmar el fallo de primera instancia.
Consideró que el Tribunal acertó en declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa. Afirmó que, según la jurisprudencia de unificación del Consejo
de Estado, el término de caducidad se cuenta desde que los afectados conocieron
o debieron conocer la participación estatal en los hechos y la posibilidad de
imputarle responsabilidad.
En este caso, se probó que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos
y de la posible responsabilidad del Estado desde el año 2008, cuando acudieron a
la Personería de Medellín. En consecuencia, el término de caducidad venció en el
2010, mucho antes de la presentación de la demanda.
No obstante, el Ministerio Público también señaló que, de acuerdo con la Sentencia
de Unificación SU-254 de la Corte Constitucional, el término de caducidad debía
contarse a partir de la ejecutoria de dicha sentencia, que tuvo lugar el 19 de mayo
de 2013. Por lo tanto, la parte actora tenía como fecha máxima para interponer la
demanda hasta el 19 de mayo de 2015, pero la demanda se presentó el 15 de abril
de 2016, configurándose así la caducidad del medio de control.
Por último, el Ministerio Público solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, ya que no es la entidad llamada a
responder por los hechos de desplazamiento y despojo de la finca La Gloria.
CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 15 de abril de 2016 18, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
15 Cfr. SAMAI, índice 12.
16 Cfr. SAMAI, índice 15.
17 Cfr. SAMAI, índice 11.
18 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folio 23.
11
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP),
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $344.727.500 19.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato o un acto administrativo 20. En este caso, el daño que se reclama
proviene de la falla del servicio en el deber de protección por parte de la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la elaboración y registro de una escritura
pública falsa, endilgada a la Superintendencia de Notariado y Registro y los actos
supuestamente ilegítimos de la Nación-Fiscalía General de la Nación, relacionados
con su proceder en la extinción de dominio de la finca La Gloria.
19 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016 ($689.455) por 500. La pretensión mayor
(artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $4.198.000.000, por concepto de daño emergente.
20 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303
[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].
12
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
Requisito de procedibilidad
4. El artículo 161.1 del CPACA exige la conciliación extrajudicial como un requisito
de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, controversias contractuales y reparación directa. En concordancia, el
artículo 2 de la Ley 640 de 2001, vigente para el momento de radicación de la
demanda, prevé que para acreditar este requisito se debe allegar la constancia en
la que se indique que la conciliación extrajudicial fue fallida o que transcurrieron 3
meses desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se hubiere citado a la
audiencia. La parte demandante aportó copia de la constancia de no conciliación
expedida por la Procuraduría 124 Judicial II para Asuntos Administrativos 21. Por lo
tanto, cumplió el requisito de procedibilidad.
II. Problema jurídico
5. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la
demanda se instauró dentro del plazo legal.
III. Análisis de la Sala
6. Como la sentencia fue recurrida únicamente por la parte demandante, la Sala
estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA. Por lo tanto, la Sala precisará si la demanda
fue radicada en tiempo.
7. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, retomado en esencia por el artículo 624 del
CGP, establece que los términos que hubieren comenzado a correr se rigen por las
leyes vigentes al momento en el que inició su cómputo, sin perjuicio del tránsito
legislativo que en materia procesal le suceda. Así lo concluyó esta Sección con
respecto al conteo del término de caducidad:
Las normas relativas a la caducidad de la acción son de naturaleza procesal, pese
a que tienen un trasfondo sustancial, porque limitan en el tiempo el ejercicio del
derecho público de acción, por consiguiente, los límites objetivo-temporales que
extinguen con el paso del tiempo la posibilidad de poner en funcionamiento el
aparato jurisdiccional se encuentran supeditados a la normatividad imperante al
momento en que acontece el supuesto que permite acudir a la jurisdicción, en
21 Cfr. SAMAI, índice 2, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 41-43.
13
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
procura de la protección o de la satisfacción del derecho subjetivo conculcado, de
manera que la inactividad del administrado, por el período determinado en la ley,
genera inexorablemente la caducidad de la acción. Tal planteamiento se acompasa
con lo previsto por los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887.” 22 (Negrillas fuera
del texto original).
En este orden de ideas, debe determinarse el momento en el que ocurrieron los
hechos que fundamentan la demanda, para concluir si operó el fenómeno jurídico
de la caducidad. En el caso de desplazamiento forzado, entendido como delito de
lesa humanidad, el término se debe contabilizar desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación de agentes del Estado, salvo que
existan circunstancias que impidan materialmente el ejercicio del derecho de
acción 23. De forma tal que, si el término de caducidad empieza a correr en vigencia
del CPACA, el término para formular la reparación directa, de conformidad con el
literal i del artículo 164.2 del ese Código, es de dos años contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior, y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta
dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño 24.
Este término de caducidad es una norma de orden público –y por consiguiente de
obligatorio cumplimiento (artículo 13 del CGP)– de la que no pueden disponer los
jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el
interés general. Al respecto, la Corte Constitucional resaltó que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien
estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus
derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado,
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9
de octubre de 2013. Exp: 25440. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; reiterada en Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Exp:
40325. M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, Rad. nº. 61.033 [fundamento
jurídico 5], con aclaración y salvamentos de voto.
24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento
jurídico 4], con salvamento de voto.
14
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus
intereses 25.
Según la demanda, el daño alegado provino del desplazamiento forzado de Vicente
Antonio Rodríguez Moreno de la finca La Gloria, ubicada en el municipio de
Tierralta-Córdoba, con la falsificación de la escritura pública de compraventa del
inmueble del 18 de julio de 2005 ante la Notaría Segunda de Montería y amenazas
para abstenerse de regresar al predio recibidas «a finales del año 2005» 26.
No obstante, como lo reconoce en el hecho octavo de la demanda y el hecho sexto
de la subsanación, «[Vicente Antonio Rodríguez Moreno] acudió ante el señor
Personero municipal de la ciudad [de Medellín] de quien obtuvo que en el año 2008
se inscribiera en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a la propiedad,
una medida de protección» 27. Para acceder a eso, en la Solicitud Individual de
Ingreso al Registro Único de Predios y de Protección por Abandono a causa de la
Violencia, diligenciada el 11 de agosto de 2008, se reconoció la posible
responsabilidad del Estado en los hechos causantes del desplazamiento 28. En vista
de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Córdoba contabilizó el término de
caducidad desde esa fecha y concluyó que había culminado, pues se tenía certeza
que desde ese momento los afectados tuvieron conocimiento de la participación de
agentes del Estado.
Para la Sala también resulta evidente que Vicente Antonio Rodríguez Moreno tuvo
conocimiento de la posible participación de agentes del Estado el hecho causante
del daño desde el momento en que acudió a la Personería Municipal de Medellín y
llenó el formulario mencionado. En efecto, en ese documento el demandante juró
que fue desplazado por un grupo de autodefensas, lo que necesariamente implicaría
el conocimiento de la falla del servicio reclamada en cuanto a la seguridad que
reclama de la demandada, Nación-Ejército Nacional. Además, debió tener
conocimiento de la falsa venta con escritura presuntamente falsificada, que se
reclama contra la Superintendencia de Notariado y Registro, y los hechos
relacionados con la medida cautelar impuesta por la Nación-Fiscalía General de la
25 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].
26 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 59-62. Subsanación de la demanda, hecho quinto.
27 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 59-62. Anotación 6 del Certificado de Tradición y
Libertad del Inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 140-40921, inscrita el 19 de agosto de 2008. De
esa prueba se lee: Medida cautelar: 0474 Prohibición de enajenar o transferir derechos sobre bienes conforme
a lo previsto en la Ley 1152 de 2007.
28 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_02DELFOLIO683EN, folios 39-42.
15
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
Nación sobre el inmueble desde el momento de su inscripción en el folio de
matrícula inmobiliaria 29. En todo caso, en los términos de la demanda, estas últimas
actuaciones obedecen a una misma causa de daño que reclama, que es el
desplazamiento forzado por una falla en el servicio.
En ese sentido, el término de caducidad debe contabilizarse desde el día siguiente
a la Solicitud Individual de Ingreso al Registro Único de Predios y de Protección por
Abandono a causa de la Violencia. Además, no sirve de excepción, según lo
planteado en el recurso de apelación, que la parte demandante no tuvo los medios
económicos ni el conocimiento necesario para acudir a la jurisdicción previamente,
pues implicaría disponer del término de caducidad hasta cuando la parte tuvo
conocimiento o recaudó medios económicos, desestimando las circunstancias y
plazos previstos por el legislador en las normas de orden público sobre la materia.
A pesar de lo anterior, como bien lo destaca el concepto del Ministerio Público, la
Corte Constitucional se pronunció sobre el término de caducidad por casos de
desplazamiento forzado en sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013 y determinó:
Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través
de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de
caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a
partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos
de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta.
(…)
VIGÉSIMO CUARTO. – DETERMINAR que para efectos de la caducidad de
futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta. (Negrillas fuera del texto original).
Por lo tanto, el término de la caducidad del medio de control de reparación directa
para reclamar los daños causados como consecuencia del desplazamiento forzado
es de dos años, contados desde la ejecutoria de esa sentencia. Dicha ejecutoria se
29Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 59-62. Anotaciones 5 y 7 del Certificado de
Tradición y Libertad del Inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 140-40921, inscritas el 15 de septiembre
de 2007 y 12 de marzo de 2009, respectivamente.
16
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
produjo el 19 de mayo de 2013, día en que se publicó la providencia en un periódico
de amplia circulación del país, tal como lo indicó la misma Corte en el Auto 182 del
13 de junio de 2014 30.
Por consiguiente, el término de dos años para interponer la acción de reparación
directa en el presente asunto comenzó a contabilizarse a partir del 19 de mayo de
2013, fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte
Constitucional, y venció el 19 de mayo de 2015. Como la solicitud de conciliación
prejudicial se radicó el 24 de junio de 2015 31, se hizo después de que había
caducado el término para formular la demanda, de modo que no se suspendieron
los términos para ejercer la acción 32. Por demás, la demanda se instauró sólo hasta
el 15 de abril de 2016 33, de ahí que no existe duda alguna para considerar que operó
el fenómeno preclusivo de la caducidad y, por ello, se confirmará la sentencia
apelada.
Costas
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirá por el CGP.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. A su
vez, el artículo 361 establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
30 Cabe anotar que la fecha del 19 de mayo de 2013 ha sido tenida en cuenta para el conteo de la caducidad
en la Sección Tercera del Consejo de Estado, por ejemplo, en la providencia del 23 de noviembre de 2022, con
ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, expediente 63777.
31 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folios 41-48.
32 Consultar, entre otras: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-
Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020. Radicado n.º 66001-23-31-000-2010-00069-01(54599).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico [fundamento jurídico 2]; Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020. Radicado n.º 73001-23-
31-000-2011-00049-02(47167). C.P. Nicolás Yepes Corrales [fundamento jurídico 3]; Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021. Radicado
n.º 25000-23-26-000-2009-00810-01(50731). C.P. José Roberto Sáchica Méndez [fundamentos jurídicos 18.3
y 18.4] y Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección B, auto del 11
de octubre de 2021. Radicado n.º 25000-23-36-000-2019-00208-01(66264). C.P. Fredy Ibarra Martínez
33 Cfr. SAMAI, índice 1, archivo ED_01DELFOLIO1AL, folio 23.
17
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 3 del mismo artículo establece que «en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto
en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.
Como en el presente asunto no se comprobó la causación de expensas ni de
agencias, pues las partes no actuaron en esta instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
18
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00133-01 (69746)
Actor: Vicente Antonio Rodríguez Moreno y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otros
Asunto Reparación directa
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.