Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02208-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02208-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02208-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
22 de mayo de 2025
Demandante: Juan David Calderón Abanto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02208-00
Demandante: JUAN DAVID CALDERÓN ABANTO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Juan David Calderón Abanto, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN). Con la
solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada,
así como a la defensa y contradicción.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión del auto proferido el 14 de noviembre de 2024 por la Sección Primera del
Consejo de Estado. Mediante esta decisión se confirmó el auto del 24 de agosto
de 2024, dictado por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda al considerar que la
acción se encontraba caducada y que el acto administrativo reprochado no era
susceptible de control judicial. Esto, dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00/01.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Juan David Calderón Abanto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales al Derecho al
debido proceso (artículo 29 C.P) Derecho de defensa y contradicción (derivado
del artículo 229 C.P.); Derecho a la administración de justicia (artículo 229 C.P.);
Derecho a la propiedad privada (artículo 58 C.P.); Principio de confianza legítima
y buena fe (artículos 83 de 209 C.P.).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las autoridades
judiciales Sección Primera Consejo de Estado, Subsección B Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizar y decidir de fondo la acción
judicial presentada.
TERCERO: Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales
constitucionales ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, realizar la devolución de la aeronave de matrícula argentina modelo 210-
D, matrícula LV-INT, marca CESSNA, Serie 21058400, año de fabricación 1964,
Tripulantes 1, Pasajeros S., con la liquidación y pagos correspondientes.
CUARTO: Ordenar que los amparos constitucionales sean cumplidos dentro de
las 48 horas siguientes al fallo de tutela. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. El actor sostiene que 16 de febrero del 2021, la aeronave con matrícula
LV-INT marca CESSNA arribó al Aeropuerto Guaymaral debido a fallas técnicas
que impedían su movilización. El 27 de mayo de 2021, funcionarios de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, mediante el Acta No. 1182,
realizaron la aprehensión del avión, con fundamentos en las causales
contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 647 del Decreto 1165 de 2019.
6. Mediante la Resolución No. 000399 del 6 de octubre de 2021, la DIAN
decomisó la aeronave debido a que se encontraba en el territorio aduanero
nacional, sin estar amparada en una declaración de importación o cualquier otro
documento que la soporte. El 28 de octubre de 2021, el actor interpuso recurso
de reconsideración, mecanismo que fue tramitado por la División Jurídica de
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, autoridad que, a través de la
Resolución No. 601-000821 del 4 de marzo de 2022, confirmó la decisión.
7. El 17 de junio de 2022, el actor solicitó la declaratoria de los efectos del
silencio administrativo positivo debido a que, en su sentir, no fue resuelto el
recurso de reconsideración interpuesto. No obstante, mediante la Resolución No.
670-003854 del 25 de julio de 2022, la entidad negó su solicitud, decisión que fue
confirmada el 5 de septiembre del mismo año en la Resolución No. 004641.
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8. El 24 de abril de 2023, el actor solicitó nuevamente la aplicación del
silencio administrativo positivo, debido a la falta de decisión frente al recurso de
reconsideración interpuesto. La petición fue rechazada mediante Oficio No. 1-91-
259-502-2015 del 3 de mayo de 2023, debido a que ya se había resuelto
previamente su solicitud.
9. Por lo anterior, el 30 de octubre de 2023 el actor presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con el fin de que se
declarara la nulidad de la decisión proferida el 3 de mayo de 2023, y, en
consecuencia, se ordenara: i) aplicación al silencio administrativo positivo, ii) la
devolución de la aeronave y, iii) el pago de los perjuicios que le fueron causados.
10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00 y le
fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B. Esa autoridad judicial, por auto del 23 de agosto de 2024, rechazó
la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.
11. Sostuvo que, pese a que en las pretensiones de la demanda se solicitó la
nulidad de la decisión proferida el 3 de mayo de 2023 por la DIAN, lo cierto es
que en los argumentos se reprochan los actos administrativos que ordenaron
decomisar la aeronave, debido a que en las pretensiones fue solicitada su
devolución.
12. En ese sentido, rechazó la demanda porque: i) caducó la acción frente a
la pretensión de nulidad de las Resoluciones No. 000399 de 2021 y 601-000821
de 2022 y, ii) el objeto de la demanda no es susceptible de control judicial, debido
a que la actuación administrativa finalizó con la Resolución No. 601-000821 de
2022 que resolvió el recurso de reconsideración.
13. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación. Indicó
que, contrario a lo afirmado por el tribunal, la demanda tiene como finalidad
declarar la nulidad del Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023, por
lo que la acción no se encuentra caducada. Sostuvo que esa decisión es
susceptible control judicial, debido a que produjo efectos jurídicos al decidir no
aplicar el silencio administrativo positivo en el trámite de la decisión del recurso
de reconsideración interpuesto contra la resolución No. 000399 de 2021.
14. La Sección Primera del Consejo de Estado, por auto del 14 de noviembre
de 2024, confirmó el rechazo de la demanda al concluir que el Oficio No. 1-91-
259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 no es susceptible de control judicial, puesto
que no crea, modifica o extingue ninguna situación jurídica, ya que en esa
decisión la DIAN se limitó a informarle al actor que su solicitud ya había sido
resuelta previamente de manera negativa.
1.4. Sustento de la vulneración
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15. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, por aplicar de manera irrazonable los
artículos 705 y 707 del Decreto 1165 de 2019, en los que se determinó que la
DIAN tiene 4 meses para resolver el recurso de reconsideración y, en caso de no
pronunciarse dentro del término legal, opera el silencio administrativo positivo.
16. En ese sentido, refirió que el Consejo de Estado desconoció que el término
legal que tenía la entidad pronunciarse venció el 7 de julio de 2022, por lo que, al
operar dicha figura debido a que la entidad no se pronunció dentro del plazo,
tiene derecho a la devolución de la mercancía decomisada.
17. Por otra parte, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico debido a que
no fueron valorados los siguientes sucesos: «i) la fecha exacta de notificación de
la Resolución 821 (7 de marzo de 2022), ii) la fecha de presentación del recurso
de reconsideración (28 de octubre de 2021), iii) la inactividad de la DIAN durante
más de 4 meses, lo cual configuró el fenómeno del silencio administrativo positivo
y, iv) la existencia del acto presunto favorable a partir del vencimiento del término
legal».
18. Además, sostuvo que «el Oficio del 3 de mayo de 2023, lejos de ser una
mera notificación de información, constituye un acto expreso de negación de un
derecho previamente adquirido por el silencio positivo, lo que debía analizarse
como un nuevo acto jurídico con efectos jurídicos autónomos».
19. Finalmente, señaló que fue desconocida la sentencia T-456 de 2013
proferida por la Corte Constitucional, en la que se señaló que el silencio
administrativo positivo genera un acto tácito con efectos jurídicos sustanciales,
cuya negación da lugar a control judicial. Asimismo, refirió que la Sección Tercera
del Consejo de Estado en «sentencia del 2018» reconoció que estos actos
administrativos pueden ser demandados.
1.5. Trámite de la tutela
20. Por medio del auto del 22 de abril de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Consejo de Estado, Sección Primera, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y a la DIAN. Además, vinculó
como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
21. La magistrada ponente de la decisión solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo, debido a que no cumple con el requisito
de relevancia constitucional. Señaló que el escrito de tutela es una reiteración de
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los argumentos expuestos en el recurso apelación, pues el actor insiste en que
el Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 es susceptible de control
judicial.
22. Por otra parte, refirió que, de aceptarse la procedencia de la acción de
tutela, debe negarse las pretensiones, dado que el auto del 14 de noviembre de
2024, por medio del cual rechazó la demanda, tuvo como fundamento la causal
prevista en el numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
23. El magistrado ponente de la decisión sostuvo que el rechazo de la
demanda se efectuó en observancia del marco legal vigente y dentro del ejercicio
legítimo de la función jurisdiccional que le compete a la corporación a la que
pertenece.
24. Señaló que el análisis efectuado por la subsección al momento de decidir
sobre la admisión de la demanda no fue de fondo, es decir, no estudió la legalidad
del acto administrativo, sino que se dirigió exclusivamente a verificar el
cumplimiento de los requisitos procesales exigidos por la ley para ejercer
válidamente el medio de control. En ese orden, indicó que su decisión se basó
en dos elementos: el cómputo del término de caducidad y la naturaleza del acto
objeto de demanda.
25. Finalmente, consideró que no se configuraron ninguno de los defectos que
la jurisprudencia constitucional ha reconocido como causales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, razón por la cual
solicitó que se niegue la solicitud de amparo.
1.6.3. DIAN
26. El apoderado judicial de la Subdirección de Representación Externa de la
entidad sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, debido a que el escrito de tutela carece de la carga
argumentativa requerida para que proceda un estudio de fondo.
27. Lo anterior, debido a que el requisito no se satisface con el simple hecho
de señalar los derechos fundamentales que se consideraron vulnerados e indicar
los presuntos defectos en los que incurrieron las autoridades judiciales
demandadas, pues en estos casos se requiere que la parte actora exponga con
suficiencia porque la decisión lesiona sus garantías constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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28. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada por la
parte actora contra la Sección Primera del Consejo de Estado, la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la DIAN.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
29. La Sala advierte que el demandante adjudica tanto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, como al
Consejo de Estado, Sección Primera, la vulneración de sus garantías
constitucionales con ocasión de los autos proferidos el 24 de agosto y 14 de
noviembre de 2024, respectivamente.
30. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera,
comoquiera que fue la que puso fin al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00/01.
2.3. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. La Sala advierte que el señor Juan David Calderón Abanto está legitimado
en la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.
33. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Primera,
está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada
mediante el presente mecanismo constitucional.
2.4. Problema jurídico
34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
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36. ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
propiedad privada, a la defensa y contradicción con ocasión del auto proferido el
14 de noviembre de 2024?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20122. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema3. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales4.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20145. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia6 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
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y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
44. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
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evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional7.
45. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
46. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
47. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
49. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.7. Relevancia constitucional en el caso en concreto
50. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora reprochó el auto proferido el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. Mediante dicha providencia se confirmó la decisión del
24 de agosto de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primer, Subsección B, que rechazó la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por haber operado el fenómeno de la
caducidad.
51. A juicio de la parte tutelante, la providencia impugnada incurrió en un
defecto sustantivo, debido a que la Sección Primera del Consejo de desconoció
los artículos 705 y 707 del Decreto 1165 de 2019. Esas normas establecen que
la DIAN tiene 4 meses para resolver el recurso de reconsideración y, en caso de
no pronunciarse dentro del término legal, opera el silencio administrativo positivo.
52. Asimismo, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente, por no valorar la inactividad de la entidad
demandada durante más de 4 meses y por no tomar en consideración las
sentencia T-456 de 2013 proferida por la Corte Constitucional y la «sentencia del
2018» del Consejo de Estado, en las que se determinaron que el acto tácito
puede ser demandado.
53. Reiteró que el Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 es
susceptible control judicial debido a que produjo efectos jurídicos al decidir no
aplicar el silencio administrativo positivo.
54. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la parte actora es que se reabra el debate ordinario y provocar una tercera
instancia. Lo anterior, en razón a que los argumentos planteados en la acción de
tutela sobre un presunto defecto sustantivo y fáctico son una reiteración de las
inconformidades planteadas por la parte actora en el recurso de apelación
presentado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
55. Esto, debido a que, tanto en el recurso formulado como en el escrito de
tutela, insistió en que Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 es
susceptible de control judicial y que se configuró el silencio administrativo
positivo.
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Demandante: Juan David Calderón Abanto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
56. Por otra parte, se evidencia que la Sección Primera del Consejo de Estado
realizó un análisis normativo y procedimental mediante el cual puso de presente
que el oficio demandado no es susceptible de control judicial, debido a que no
crea, modifica o extingue ninguna situación jurídica. En ese sentido, le explicó
con suficiencia al actor que en ese documento la DIAN se limitó a informarle al
actor que su solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo ya había
sido resuelta previamente de manera negativa. Por lo anterior, confirmó el
rechazo de la demanda.
57. De lo anterior, se observa que sus reproches frente a un presunto defecto
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente no cuentan con la carga
argumentativa requerida para que sean estudiados de fondo. Esto, debido a que
el actor: i) no señaló las razones por las cuales las normas consideradas como
desconocidas eran aplicables a su caso ni cómo fueron desconocidas, ii) no
indicó los motivos por los cuales, a su juicio, no fueron valoradas las fechas
señaladas y, iii) no explicó porque las sentencias resultaban aplicables a su caso
y solo se limitó a citar un extracto de aquellas, respectivamente.
58. En consecuencia, la Sala advierte que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional.
59. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, debido a que la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales
y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
60. Por ende, la Sala declarará la improcedencia por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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