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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02210-00

Fecha
12 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02210-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Carlos Alirio Silva Jiménez contra la sentencia de segunda instancia dictada el 1 de febrero de 2024, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-23-33-000-2021-00257-01. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señor Carlos Alirio Silva Jiménez, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso. Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto equivalente a un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para lo cual la referida suma de dinero se dividirá en partes iguales. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, previa liquidación y aprobación de las costas procesales, ARCHIVAR el asunto de la referencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02210-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

12 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Ser el fallo contrario a otro
anterior que constituye cosa juzgada / COSA JUZGADA – Elementos para su configuración
– No se cumplen en el presente caso / SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD – No
adoptó alguna decisión particular frente al recurrente – La naturaleza del litigio en el marco
del cual se dictó difiere del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / CONDENA
EN COSTAS – Criterio objetivo – Demostración de su causación.

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Carlos Alirio Silva Jiménez contra la sentencia dictada el 1º de febrero de 2024, por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
confirmó el fallo denegatorio de primera instancia.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La parte recurrente consideró que frente a la sentencia censurada se
configuró la causal establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que contradijo una providencia que la Corte Constitucional profirió
en el marco de una acción pública de inconstitucionalidad, decisión que, aunque
reguló lo relacionado con el régimen salarial de los servidores públicos, el juez de
segundo grado no aplicó al resolver el litigio declarativo.

ANTECEDENTES

Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

3. El 23 de noviembre de 20211, el señor Carlos Alirio Silva Jiménez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de
Defensa -Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -en
adelante, Casur-, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes oficios:
(i) S-2021-006407/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de ese mismo año, por
medio del cual se negó la solicitud de reajuste de asignación mensual y demás
prestaciones sociales pagadas desde enero de 2004, y (ii) 627305 del 28 de enero
de 2021, a través del cual se resolvió de manera desfavorable la petición de
reliquidación de la asignación mensual de retiro, conforme al Índice de Precios al
Consumidor -en lo sucesivo, IPC- dejado de percibir entre 1992 y 2004.

1 Cuaderno digital 1 que obra en el índice 20 de SAMAI.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

4. A título de restablecimiento del derecho, el actor pidió que se condenara a las
demandadas a: (i) reajustar su salario desde el 1º de enero de 1992 al 31 de
diciembre de 2004, conforme al IPC y la asignación básica de un oficial en el grado
de general o almirante; (ii) reconocer las diferencias que se generen en su favor
hasta la fecha en la que él se retiró de la institución policial; (iii) reliquidar sus
salarios y prestaciones sociales a partir del 2005, tomando el factor que resulte más
favorable entre la inflación causada en el año anterior o de conformidad con el
decreto que expidió el Gobierno Nacional; (iv) realizar las respectivas correcciones,
adiciones o modificaciones en la hoja de servicios, e (v) indexar las sumas
correspondientes.

5. Además, señaló que a las entidades accionadas les correspondía pagar: (i)
por concepto de perjuicio moral, 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes
-en lo subsiguiente, smlmv-; (ii) por lucro cesante, los dineros retenidos desde el 1º
de enero de 2004 y hasta la fecha en que se retiró del servicio, más los intereses
moratorios y la sanción prevista en la Ley 244 de 1995; (iii) por daño emergente, el
30% del total de la sentencia condenatoria, y (iv) las costas generadas en el litigio.

6. En la demanda se indicó que el señor Carlos Alirio Silva Jiménez estuvo
vinculado a la Policía Nacional del 1 de mayo de 1993 y al 27 de marzo de 2016,
fecha en la que fue retirado del servicio activo como intendente jefe.

7. El 20 de diciembre de 2020, el demandante les solicitó a las accionadas que
efectuaran la reliquidación, reconocimiento y pago de la diferencia entre la
asignación mensual, salarios y prestaciones sociales pagadas hasta la fecha del
retiro de la mencionada institución, conforme a la inflación causada y acumulada
entre 1992 a 2004, ajuste que también pidió efectuar frente a la asignación de retiro.

8. Mediante Oficio S – 2021-006407/ANOPA-GRULI-1.10 del 16 de febrero de
2021, la Policía Nacional negó la solicitud formulada por el accionante, en cuanto
no existía decreto que dispusiera la reliquidación y reasignación mensual con base
en el IPC. A su vez, por medio de Oficio 627305 del 28 de enero de ese mismo año,
Casur indicó que los reajustes salariales se han aplicado con base en la escala
gradual porcentual establecida en las normas especiales que rigen la materia y que
esa entidad ha acatado, por lo que no era procedente acceder a la petición
formulada por el señor Silva Jiménez.

9. La parte demandante sostuvo que, de conformidad con el Decreto 4158 del
31 de diciembre de 2004, el poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y las
pensiones están sujetas al incremento salarial en función de cada grado, lo cual
desconoce el correspondiente aumento conforme a la inflación anual. A su juicio,
las accionadas desconocieron la sentencia C-931 de esa misma anualidad,
providencia por medio de la cual la Corte Constitucional reconoció el derecho a la
actualización de los salarios y, por ende, mantener el ingreso real de todos los
servidores públicos, incluso los integrantes de la Fuerza Pública, lo cual no podía
llevarse a cabo “si no se actualizan la asignación básica y los gastos de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

representación fijados a los Ministros del Despacho de conformidad con el índice
acumulado de inflación”2.

10. El Ministerio de Defensa -Policía Nacional contestó la demanda3, oportunidad
en la que señaló que al señor Carlos Alirio Silva Jiménez se le liquidaron y pagaron
todos los salarios y prestaciones sociales a las que tuvo derecho, según el decreto
expedido año a año por el Gobierno Nacional. Como consecuencia, no era posible
reliquidar factores salariales sin tomar como referencia los valores fijados en la
respectiva normatividad, lo que evidencia que los actos administrativos censurados
fueron acordes a la Constitución y la ley.

11. Casur guardó silencio.

12. A través de sentencia del 16 de junio de 20224, el Tribunal Administrativo de
Casanare negó las pretensiones de la demanda. El a quo precisó que el Decreto
4158 del 31 de diciembre de 2004 fue expedido conforme con lo previsto en el literal
e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política y, en todo caso,
mediante fallo de unificación del 10 de octubre de 2019 5, la Sección Segunda de
esta Corporación se pronunció sobre la “constitucionalidad”6 del referido decreto,
decisión que tiene efectos erga omnes.

13. Además, si bien, en vigencia de la Ley 238 de 1995, el personal activo y
retirado de la Fuerza Pública tuvo derecho al pago de las diferencias salariales y
prestacionales resultante de la aplicación de dicha ley y, por ende, al accionante le
fueron reconocidos algunos incrementos con base en esa situación, no es menos
cierto que ello prescribió por haber transcurrido más de tres (3) años desde que las
diferencia en salario fueron exigibles hasta el 31 de diciembre de 2017, según el
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

14. En ese sentido, como al señor Silva Jiménez le fue reconocida su
correspondiente asignación de retiro mediante Resolución 1607 del 18 de marzo de
2016, para esa fecha estaban en vigor la Ley 923 y el citado decreto, por lo que la
correspondiente liquidación se efectuó con base en las normas aplicables al caso
concreto.

15. La parte actora apeló la anterior determinación7, para lo cual argumentó que
el Tribunal lo revictimizó al invocar la presunción de legalidad de los decretos a
través de los cuales se fijaron los salarios para los miembros de la Fuerza Pública,
sumado a ello, dichos decretos desconocieron los derechos adquiridos de los
servidores y provocaron una pérdida en la capacidad adquisitiva, lo cual le causó
un detrimento patrimonial.

2 Folio 31 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Cuaderno digital 1 que consta en el índice 20 de SAMAI.
4 Proveído que obra en el índice 3 de SAMAI.
5C.P.: William Hernández Gómez, exps: 2171-12 y 1501-15.
6 Folio 29 de la sentencia de primera instancia.
7 Documento visible en el índice 3 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

16. Mediante fallo del 1º de febrero de 20248, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación confirmó la decisión de primer grado y, por ende,
negó las pretensiones de la demanda.

17. El ad quem explicó que, en virtud del literal e) del numeral 19 del artículo 150
de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, la
cual facultó al Gobierno Nacional para fijar la escala porcentual de remuneración
del personal activo y en retiro de la Fuerza Pública. Como consecuencia, cada año
y por medio de decreto, se han establecido los incrementos salariales de los
miembros activos de las instituciones castrenses.

18. Por otra parte, precisó que el régimen prestacional especial de los
uniformados tiene como finalidad brindar medidas de protección superiores a las
previstas en el Sistema General de Seguridad Social. En ese sentido, si bien el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 determinó que los pensionados de las Fuerzas
Militares y de la Policía no eran acreedores del reajuste tomando en consideración
el IPC del año anterior, sino por medio del principio de oscilación, no es menos cierto
que la Ley 238 de 1995 dispuso que dichos servidores sí son beneficiarios de ese
método de actualización. Con todo, se aclaró que esa disposición estuvo vigente
hasta 2004, año en el que se expidió la Ley 923, según la cual, el correspondiente
cálculo debía efectuarse a través del principio de oscilación, norma que fue
reglamentada por medio del Decreto 4433.

19. Así las cosas, el juez de segundo grado concluyó que, de acuerdo con el
material probatorio que obraba en el expediente: (i) el señor Carlos Alirio Silva
Jiménez estuvo vinculado a la Policía Nacional por 23 años, 4 meses y 21 días, el
último cargo que ocupó fue el de intendente jefe, y (ii) mediante Resolución 1607
del 18 de marzo de 2016, se le reconoció y ordenó pagar asignación de retiro, en
cuantía equivalente al 81% del sueldo básico de actividad correspondiente a su
grado, más las partidas computables, de conformidad con la ley, efectiva a partir del
27 de marzo siguiente.

20. En ese sentido, indicó que, conforme con la jurisprudencia de la Sección
Segunda de esta Corporación, los incrementos que se realicen sobre la asignación
de retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública retirado a partir de la entrada
en vigor el Decreto 4433, esto es, el 1º de enero de 2005, deben tener en cuenta el
incremento de la variación porcentual del IPC de 1996 a 2004.

21. Bajo ese contexto, consideró que, para la fecha en la que efectivamente el
accionante se retiró del servicio activo, ya era aplicable nuevamente el principio de
oscilación previsto en la Ley 923 de 2004, razón por la cual, el reconocimiento de la
asignación de retiro se efectuó acorde con lo establecido por el Gobierno Nacional
año a año “(…) máxime cuando, dado su régimen especial, el personal uniformado
cuenta con otras prebendas remunerativas, que les permite mantener el poder
adquisitivo del dinero (…)”9.

8 Ibidem.
9 Folio 15 de la sentencia de segunda instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

22. Por lo anterior, concluyó que el demandante no demostró la ilegalidad
alegada frente a los actos administrativos demandados, de ahí que los aumentos
salariales se efectuaron con base en las correspondientes normas constitucionales
y legales, lo que también ocurrió frente a la asignación de retiro.

Recurso extraordinario de revisión y su trámite

23. El 11 de abril de 202510, el señor Carlos Alirio Silva Jiménez interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual invocó la
causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada-, porque el fallo objeto de revisión no tuvo en
cuenta la sentencia C-931 proferida el 29 de septiembre de 200411, por la Sala Plena
de la Corte Constitucional, decisión que, en su criterio, rige lo concerniente al
reajuste salarial de los empleados públicos y cumple con los parámetros de cosa
juzgada.

24. En criterio del recurrente, por medio del referido fallo, esa Corporación ordenó
garantizar a todos los servidores públicos el derecho a la actualización plena de los
salarios durante el año fiscal 2004 y asegurar el presupuesto del año siguiente para
preservar el poder adquisitivo.

25. La Policía Nacional12 allegó escrito de oposición, en el que indicó que no se
cumplen con los parámetros que la ley exige respecto de la cosa juzgada, de ahí
que en realidad lo que pretende el recurrente es insistir en un supuesto
desconocimiento del fallo C-931 de 2004, lo cual fue analizado ampliamente en el
litigio declarativo y no es dable volver a estudiar en sede extraordinaria de revisión,
en cuanto ello implicaría una tercera instancia del proceso declarativo.

26. Casur13 insistió en que la asignación de retiro del señor Silva Jiménez fue
acorde a las disposiciones normativas que regían su situación particular, de ahí que
el recurso extraordinario de revisión de la referencia carece de vocación de
prosperidad.

27. El Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

10 Memorial presentado en tal fecha a la 3.20 p.m., por medio del aplicativo de la ventanilla virtual de

Samai. Índice 2 de Samai.
11 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, exp: D-5125.
12 Índice 10 de Samai.
13 Vinculada al sub lite por medio de providencia del 13 de agosto de 2025, decisión mediante la cual

se resolvió: (i) notificar personalmente a la referida entidad del respectivo auto admisorio y, (ii)
correrle traslado del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión de la referencia por el
plazo máximo de diez (10) días. Índices 24 y 31 de SAMAI.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

28. Mediante proveído del 7 de julio de 202514, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por la parte recurrente15, determinación que quedó en
firme16.

CONSIDERACIONES

Delimitación de los problemas jurídicos y metodología para adoptar la
presente decisión

29. La Sala resolverá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Carlos Alirio Silva Jiménez contra la sentencia de segunda instancia del 1º de
febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, en cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna
que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos
procesales de: competencia, recurso en tiempo y legitimación en la causa.

30. Para lo anterior, se resolverá el siguiente problema jurídico: (i) ¿la causal la
causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituye cosa juzgada, se configura
cuando se invoca una sentencia dictada por la Corte Constitucional en el marco de
una acción pública de inconstitucionalidad?, y (ii) ¿realmente lo que pretende el
recurrentes es promover una tercera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho primigenio?

31. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará si
respecto de las providencias supuestamente contradictorias existe identidad de
partes, objeto y causa, para lo cual es determinante establecer la naturaleza de cada
uno de los litigios en los que se expidieron los correspondientes fallos y los efectos
de esas decisiones. Posteriormente, se determinará si realmente la intención de la
parte recurrente es promover una instancia adicional del litigio declarativo, según lo
expuesto por la Policía Nacional.

32. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
a la naturaleza del mecanismo extraordinario promovido en el sub lite y el alcance
de la causal establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

33. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las
sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en
aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de
preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa

14 Índice 13 de SAMAI.
15 Al respecto, se decretaron como pruebas algunas piezas del litigio declarativo, la sentencia C-931

de 2004 y se libró oficio para que el Tribunal a quo allegara copia del expediente del proceso
ordinario, el cual fue remitido a esta Corporación el 16 de julio de 2025. Índice 20 de SAMAI.
16 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 10 de octubre

de 2025. Índice 38 de SAMAI.
6

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Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

juzgada17; por ende, ese mecanismo judicial no tiene como finalidad promover otra
instancia del proceso ordinario18.

34. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”19 (se resalta).

35. En las condiciones analizadas, el recurso extraordinario de revisión no está
instituido para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino
que procede en determinadas y especiales circunstancias taxativamente
consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado
con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia20:

“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los
precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro
del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que
sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede
mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió
en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones
jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la
parte que resultó desfavorecida.

La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro
veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada
en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas
falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido,
omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron
ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado
esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión
habría sido otra”.

36. En suma, el carácter excepcional del mecanismo de revisión supone que no
se puede emplear “para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración
probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976.
18 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: (i) sentencia

del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; (ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
C.P.: Marta nubia Velásquez Rico exp: 46.453, y (iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
20 Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero

de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
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Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material” 21. Es fundamental que
los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin recurrir a
interpretaciones amplias que reabran la discusión como si fuera una nueva instancia
judicial.

Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011

37. El instituto de la cosa juzgada tiene por finalidad dotar a las providencias
judiciales del carácter de definitivas y vinculantes, en aras de evitar que se abra un
nuevo litigo entre idénticas partes y en el que se promuevan pretensiones iguales a
las que fueron objeto de determinación por vía judicial. Este principio de la res
iudicata se soporta en el artículo 29 de la Constitución Política y, por ende, su origen
en el debido proceso busca que la decisión esté cobijada por la seguridad jurídica,
elemento inherente a la función del juez y el correcto funcionamiento de la
administración de justicia, según los artículos 228 ejusdem y 1 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.

38. Esta Corporación22 ha establecido que, para que se configure la causal de
revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es
necesario que: (i) existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la providencia
contrariada constituya cosa juzgada, lo cual sucede en procesos donde están
involucradas las mismas partes, que versan sobre el mismo objeto y se adelantan
por la misma causa, y (iii) la cosa juzgada no se haya alegado como medio
exceptivo en el segundo proceso.

39. De conformidad con el artículo 30323 del Código General del Proceso24, la
cosa juzgada requiere la identidad de los siguientes elementos: (i) causa; (ii) objeto,
y (iii) partes.

40. Bajo esa línea argumentativa, se ha señalado que la causa petendi es el
hecho jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión, es decir,

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de
Decisión, sentencia del 3 de agosto de 2022, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez, exp: 2021-11463-
00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,

C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2001-00118-01 (REV). En ese mismo sentido, también se
pueden consultar la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 8 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 51.617.
23
A cuyo tenor: “Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación
con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión”.
24
Aplicable al sub lite, en virtud de la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la ley 1437
de 2011.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

responde al interrogante del porqué del litigio25. Como consecuencia, la identidad
de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en
virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer
proceso, de manera que, si varían, el segundo litigio es diferente y no existe cosa
juzgada26.

41. Respecto de la identidad de partes, la Sección Tercera de esta Corporación27
ha explicado que esta se concreta no en la equivalencia física, sino jurídica de los
sujetos vinculados al correspondiente litigio28, en virtud del principio de relatividad
de las sentencias establecido en el artículo 17 del Código Civil 29, según el cual, la
fuerza obligatoria de la respectiva providencia judicial se limita a las personas que
han intervenido en el proceso en el cual se profirió.

42. Frente a la identidad de objeto, se ha precisado que se refiere a la relación o
situación jurídica sobre la cual versa el derecho que se busca en la sentencia y que
se somete a la decisión del juez30. En esa medida, la pretensión que se ha solicitado
en la nueva demanda debe coincidir con la del otro proceso previamente resuelto,
toda vez que no se configura esta institución procesal sobre peticiones que no han
sido materia de pronunciamiento en providencia anterior31.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de abril de 2024, exp: 69.754.
26 Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

“Por causa, de antaño tiene decantado la Corporación, debe entenderse el hecho jurídico que
sirve de fundamento a las súplicas, vale decir, la situación que el actor hace valer en su
demanda como cimiento de la acción, distinto por supuesto de ésta, porque de un solo y
mismo sustrato fáctico pueden derivar varias acciones; es, igualmente, la ´(…) narración del
libelo, la relación del caso que ha originado los derechos y dado motivo a la reclamación en justicia”
(se destaca). Sentencia del 14 de noviembre de 2017, M.P: Luis Armando Tolosa Villabona, exp:
STC18789-2017.
27 Sobre el requisito de identidad de las partes de cara a la cosa juzgada, se puede consultar el auto

proferido el 24 de noviembre de 2017, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 60.048. En ese mismo sentido, también se pueden
ver las siguientes decisiones: (i) Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de agosto de 2019,
C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, exp: 2014-00070-01, y (ii) Sección Primera, auto del 7 de
diciembre de 2017, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2015-02253-01.
28 Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “

(…) atañe a la posición jurídica o situación jurídica de la parte, titular del interés asignado por el
derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa,
traslaticia o constitutiva y presupone la concurrencia al proceso del titular del derecho debatido,
relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien,
contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte
activa o demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la
coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio”
(se destaca). Sentencia del 19 de septiembre de 2009, M.P: William Namen Vargas, exp: 2003-
00318-01.
29 A cuyo tenor “Articulo 17. Fuerza de las sentencias judiciales - interpretación por vía de decisión o

de especie. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en
que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su
competencia por vía de disposición general o reglamentaria” (se destaca).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de

noviembre de 2009, C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2005-00167-01.
31 Respecto de la identidad de objeto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “Identidad de

objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente (…)” (se resalta). Sala Tercera de Revisión, sentencia T-380 del 28
de junio de 2013, M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exp: T-3.806.497.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

43. Por su parte, la Sección Segunda32 de esta Corporación ha explicado que: (i)
la identidad de objeto se presenta cuando sobre lo pretendido se presenta un
derecho reconocido, declarado o modificado respecto de una o varias cosas o frente
a una relación jurídica; (ii) para que exista identidad de causa petendi es necesario
que la correspondiente demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
tengan los mismos fundamentos o hechos como sustento, y (iii) la similitud de
partes se da cuando al litigio concurren idénticos intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la providencia que constituye cosa juzgada.

44. En suma, la cosa juzgada como causal de revisión procura hacer eficaz la
unidad de jurisdicción dado que los fallos contradictorios generan incertidumbre en
la comunidad jurídica. Además, porque cuando se propicia la falta de certeza de la
decisión se afectan los principios fundantes de las sentencias, es decir, el carácter
inmutable, vinculante y definitivo de este tipo de providencias que se materializa en
que: (i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que la profirió; (ii)
son de obligatorio cumplimiento, y (iii) lo decidido no puede ser discutido
nuevamente en sede judicial.

Determinación respecto de la supuesta configuración de la cosa juzgada
frente a la sentencia censurada en el sub-lite

45. En criterio de la parte recurrente, el fallo censurado desconoció la sentencia
C-931 proferida el 29 de septiembre de 2004 por la Corte Constitucional, por lo que
la causal de revisión invocada se configura por las siguientes razones: (i) se
presentan dos fallos contradictorios, porque, aunque la citada Corporación dispuso
que era necesario restablecer la actualización plena del poder adquisitivo de los
servidores, en el fallo objeto de revisión se negaron las pretensiones que buscaban
el reajuste del salario y de la asignación de retiro del señor Silva Jiménez; (ii) existe
identidad de objeto, toda vez que los respectivos litigios se edificaron sobre las
mismas pretensiones, aunado a ello, hay similitud de partes y causa petendi, en
cuanto ambos procesos fueron promovidos por personas naturales contra entidades
estatales y los efectos erga omnes del precedente constitucional implican su
obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios judiciales, y (iii) la cosa
juzgada no se alegó como medio exceptivo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

46. Por su parte, la Policía señaló que la providencia invocada por el recurrente
no tenía efectos de cosa juzgada en relación con la sentencia controvertida y, en
todo caso, por medio del recurso extraordinario de revisión no es posible promover
una tercera instancia del litigio de nulidad y restablecimiento del derecho.

Decisión del cargo de revisión

47. La Sala determinará si se cumplen con los presupuestos que la ley exige para
que se configure la cosa juzgada, por ende, por cuestiones metodológicas, se

32Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de julio de 2024, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, exp: 2018-02464-01 (0245-
2023). Reiterada por la Subsección A en fallo del 12 de junio de 2025, C.P.: Jorge Iván Duque
Gutiérrez, exp: 2010-00152-03 (2889-2020).
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

elabora el siguiente cuadro comparativo:

Requisito Proceso de nulidad y Acción pública de
sobre restablecimiento del derecho inconstitucionalidad
identidad con radicado 85001-23-33-000- expediente D-5125
2021-00257-01

Parte Carlos Alirio Silva Jiménez Rosalía Inés Jaramillo Murillo
demandante

Parte Nación-Ministerio de Defensa- N/A
demandada Policía Nacional y Casur

Objeto Obtener la nulidad de los Declarar la inexequibilidad del
siguientes oficios: (i) S-2021- artículo 2 de la Ley 848 de 2003
006407/ANOPA-GRULI-1.10 del “por la cual se decreta el
16 de febrero de 2021, por medio Presupuesto de Rentas y
de la cual se negó la solicitud de Recursos de Capital y la Ley de
reajuste de la asignación Apropiaciones para la vigencia
mensual pagada por la referida fiscal del 1º de enero al 31 de
entidad desde enero de 2004, y diciembre de 2004”.
(ii) 627305 del 28 de enero de
ese mismo, a través del cual se
resolvió de manera desfavorable
la petición de reliquidación de la
asignación mensual de retiro
junto con las prestaciones
sociales conforme al IPC dejado
de percibir entre los años 1992 a
2004.

A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se condenara
a la parte demandada a: (i)
reajustar el salario desde el 1 de
enero de 1992 al 31 de
diciembre de 2004, conforme al
IPC y la asignación básica de un
oficial en el grado de general o
almirante; (ii) pagar las
diferencias que se generen en su
favor hasta la fecha en la que él
se retiró de la institución policial;
(iii) reliquidar los salarios y
prestaciones sociales a partir del
2005, tomando el factor que
resulte más favorable entre la
inflación causada en el año
anterior y/o el decreto que
expidió el Gobierno Nacional; (iv)
realizar las respectivas
correcciones, adiciones o
modificaciones en la hoja de
servicios; (v) indexar las
correspondientes sumas; (vi)
300 smlmv por concepto de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

perjuicio moral; (vii) por lucro
cesante las sumas retenidas
desde el 1 de enero de 2004 y
hasta la fecha en la que el señor
Silva Jiménez se retiró del
servicio, los intereses moratorios
y la sanción prevista en la Ley
244 de 1995; (viii) por daño
emergente el 30% del total de la
sentencia condenatoria, y (ix) las
costas generadas en el litigio.

Causa Se invocaron como normas Se adujo que la norma
petendi vulneradas las siguientes: (i) demandada desconocía el
artículos 4, 48, 53, 217, 218, Preámbulo y los artículos 1, 2, 3,
220, 230, 373 de la Constitución 13, 22, 25, 46, 48, 53, 67, 69, 85,
Política; (ii) 2 y 13 de la Ley 4 de 103, 334, 345, 346, 347, 366, 373
1992, y (iii) 271 de la Ley 1450 y 378 de la Constitución Política.
de 2011.
La demandante indicó que se
Como concepto de violación presenta una omisión legislativa,
señaló que el mantenimiento del en cuanto la Ley 848 de 2003 no
poder adquisitivo de las contiene las apropiaciones para
asignaciones de retiro y de las atender los ajustes salariales y
pensiones, están legalmente pensionales de quienes ganen,
ligadas al incremento de las por estos conceptos, más de 2
asignaciones en actividad para smlmv, lo que constituye una
cada grado, lo cual opera a partir violación del derecho a la
del 31 de diciembre de 2004, y igualdad.
desconoce el precedente
jurisprudencial de la Corte La accionante sostuvo que los
Constitucional de la sentencia C efectos de la citada ley
– 931 de 2004. implicaban el aumento en un 6%
de los salarios y pensiones de
Resaltó que los porcentajes de quienes devengaran hasta 2
los sueldos básicos de los smlmv, así como de la asignación
integrantes de la Fuerza Pública, mensual, entre otros, de los
fijados desde el 2004 mediante senadores, representantes,
el Decreto 4158 de 2004, se generales y almirantes de la
conservan incólumes, lo cual Fuerza Pública.
significa que no podría En contraste, a los demás
producirse ningún ajuste que servidores y pensionados no se
tuviese como finalidad un les reajustaba su correspondiente
aumento en las remuneraciones asignación.
o aún el solo mantenimiento del
poder adquisitivo de las mismas. La actora señaló que el
fundamento para esta omisión
fue la propuesta que, sobre la
congelación de salarios y
pensiones que se incluyó en el
referendo realizado en 2003. Sin
embargo, dado que el
constituyente primario manifestó
su desacuerdo con tal
proposición, la norma
demandada desconoce la
eficacia jurídica de tal
manifestación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

48. Mediante sentencia C-931 de 2004, la Corte Constitucional resolvió lo
siguiente:

“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en cuanto
prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada para el
año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan hasta dos
salarios legales mínimos mensuales.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de los
servidores públicos de ingresos medio[s] o altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito
de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el pago de
los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de
presupuesto general de la Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año
2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las adiciones o traslados
presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia fiscal.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con el
condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir, el
Gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual en
los términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48 de la Constitución
Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho,
deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes
de que expire la vigencia fiscal de 2004.

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el
entendido según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas
necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de cobertura
y calidad del servicio público de educación superior, en los términos de la parte
motiva de la presente Sentencia. En consecuencia, el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún no lo han hecho,
deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes
de que expire la vigencia fiscal de 2004.

Además, esto es sin perjucio (sic) de mantener la actualización de los salarios
de los servidores públicos de las universidades, teniendo en cuanta (sic) como
mínimo lo previsto en esta sentencia, en especial la consideración jurídica
3.2.11.8.4.

Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que, en la
aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al
año 2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio correspondiente a la
vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo, debe haberse reconocido la
actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario
de todos los servidores públicos, en los términos de la consideración jurídica
número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

49. En la referida providencia, la Corte consideró que lo pretendido por el
Gobierno Nacional con el proyecto que dio origen a la Ley 848 de 2003, era: (i)
disminuir de manera permanente el nivel de gasto público, y (ii) reducir las
necesidades de financiación del presupuesto.

50. Al respecto, esa Corporación precisó que la política de congelación de
salarios del sector público superiores a 2 smlmv, contenida en el proyecto del
presupuesto general de la Nación para 2004, formaba parte de las propuestas
económicas del referendo, el cual no había tenido lugar para la fecha en la que se
radicó el proyecto de ley ante el Congreso de la República. En ese sentido, explicó
que, aunque el Gobierno Nacional argumentó que lo pretendido era limitar el
progresivo incremento del déficit fiscal, no demostró que, desde el punto de vista
constitucional, dicha medida era imperiosa y por qué las características del diseño
de tal limitación eran constitucionales; de ahí que no se justificó la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de tal determinación.

51. Asimismo, el alto tribunal constitucional indicó que el artículo acusado
presentaba una omisión legislativa relativa en materia de ajuste de pensiones, pues,
a partir de una interpretación del artículo 2 de la citada ley concluyó, que “el
legislador previó la congelación de las pensiones superiores a dos SLMM cobijadas
por la Ley de presupuesto. A esta conclusión llega también a partir de los
antecedentes legislativos del proyecto correspondiente en el Congreso de la
República, que revelan que el rubro que en este artículo se menciona fue calculado
teniendo en cuenta dicha congelación”. Por lo anterior, ese Tribunal advirtió que “el
artículo 2° de la Ley 848 de 2003 será declarado exequible, con el condicionamiento
según el cual las autoridades competentes, es decir, el Gobierno y el Congreso,
deberán respetar el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo
real de la pensión, mediante su reajuste anual en el mismo índice de la variación
del I.P.C. registrada para el año inmediatamente anterior”.

52. A juicio de la Sala, de conformidad con el análisis precedente y las
consideraciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-931 de 2004,
no se configuran los presupuestos necesarios de la cosa juzgada, dado que, si bien
el fallo dictado en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad tiene efectos
erga omnes, lo cierto es que no existe identidad de partes, objeto ni de causa
petendi en los litigios analizados.

53. Al respecto, resulta pertinente precisar que las sentencias que la parte
recurrente indicó como contradictorias y con base en las cuales fundó la
configuración de la causal octava de revisión, fueron proferidas en procesos de
naturaleza distinta, toda vez que la providencia objeto de controversia se profirió en
el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discutió
la legalidad de actos administrativos particulares que negaron el reajuste salarial y
de la asignación de retiro de un servidor público, mientras que la sentencia C-931
fue dictada por la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de una
norma, lo cual evidencia que el objeto de cada una de dichas decisiones es
diferente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

54. En efecto, al resolver la acción pública de inconstitucionalidad, esa
Corporación centró su análisis en determinar si la facultad de congelar los salarios
y pensiones prevista por la Ley 848 de 2004 era acorde con la Constitución Política;
en cambio, en el fallo objeto de revisión se examinó si era posible o no reliquidar la
asignación mensual del señor Carlos Alirio Silva Jiménez conforme al IPC dejado
de percibir entre 1992 a 2004, así como el correspondiente reajuste frente a la
asignación de retiro, para lo cual se estableció que la asignación mensual del señor
Silva Jiménez, así como la respectiva asignación de retiro, se liquidaron y pagaron
con base en las normas que regían el caso concreto.

55. Aunado a ello, tampoco se observa que en la sentencia de constitucionalidad
se hubiese resuelto de manera expresa alguna situación particular frente al
recurrente que el ad quem debió tomar en consideración al dictar el fallo censurado.
Al respecto, la Sala no advierte que la Corte decidiera o hiciera alusión a la
posibilidad de reajustar una reliquidación de retiro en los términos solicitados en el
proceso ordinario en que se dictó la providencia objeto de revisión.

56. Bajo este contexto, la Sala considera que en realidad el recurrente disiente
del criterio jurídico expuesto por la Subsección B de la Sección Segunda en la
sentencia del 1 de febrero de 2024 porque, a su juicio, debió accederse a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ende,
reliquidar la asignación mensual y reajustar la de retiro en los términos planteados
en el litigio declarativo, argumento que no abre paso a la revisión solicitada, en
cuanto el recurso extraordinario de la referencia no tiene como finalidad que se
concuerde con el razonamiento probatorio y/o jurídico propuesto por las partes.

57. Así las cosas, lo que se observa es una discrepancia de criterio de la parte
recurrente porque la providencia cuestionada resultó adversa a sus intereses, no
siendo este un motivo suficiente que amerite la intervención de esta Corporación
frente a la referida sentencia, pues, se insiste, tal propósito resulta ajeno al recurso
de la referencia, el cual, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para
instituirse como una instancia adicional dentro de los juicios ordinarios.

58. En un caso de similares características, en el que también se invocó la causal
de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 con
base en la sentencia C-931 de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo
consideró lo siguiente:

“(…) 131. En este orden de ideas, la Sala observa que no se reúnen los
presupuestos que permitan concluir que se configura la causal invocada,
pues no se encuentra una violación al principio de cosa juzgada toda vez
que, si bien es cierto, la sentencia dictada en el marco de la acción pública
de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, también lo es que, no
existe identidad de partes, objeto y causa petendi en los referidos
procesos.

132. De otra parte, el recurso extraordinario de revisión carece de carga
argumentativa para sustentar la causal invocada, puesto que no presenta de
manera concreta alguna situación jurídica particular que haya sido objeto de
pronunciamiento de forma clara y expresa en la sentencia de la Corte
Constitucional y que, por tal motivo, justifique la necesidad de ser evaluada en

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

su caso concreto por parte de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado.

133. Sobre la base de este contexto, lo que se advierte es que el recurrente
pretende que a través de este mecanismo extraordinario se reabra el
debate para que se acceda a las pretensiones de la demanda formuladas
en el proceso ordinario, aspecto que resulta contrario a la misma
naturaleza de la causal, pues en el evento de encontrarse probada la figura de
la cosa juzgada, lo que procede es estarse a lo resuelto en la decisión que la
fundamenta, evento en el cual se infirma el fallo y se ordena dictar una nueva
providencia en esos términos (…)”33 (se destaca).

59. En suma, la parte recurrente no demostró la configuración de la causal
invocada –numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor Carlos Alirio Silva Jiménez carece
de fundamento y así se declarará.

Costas

60. De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 34,
en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará
en costas cuando se declare infundado el recurso extraordinario de revisión, tal
como ocurrió en este asunto.

61. En lo relacionado con las agencias en derecho como elemento integrante de
las costas, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura, en el numeral
9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 201635, fijó las tarifas frente a los
recursos extraordinarios de revisión entre 1 y 20 smlmv.

62. En el sub lite la Policía Nacional y Casur comparecieron ante esta
Corporación en sede extraordinaria mediante sus correspondientes apoderados
judiciales, quienes tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso y desplegaron
actuaciones como las relacionadas con la oposición del recurso extraordinario de
revisión36.

63. Por su parte, a pesar de que el Ministerio de Defensa fue debidamente
notificado, no presentó escrito de oposición al recurso extraordinario de revisión y
ni siquiera constituyó apoderado judicial para que los representara en este litigio,
por ende, resulta claro que no desplegó ninguna actuación en el asunto de la
referencia y tampoco puede inferirse su eventual vigilancia del litigio.

33 Sala Especial de Decisión 6, sentencia del 16 de julio de 2025, C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez,

exp: 2025-00594 (RER). Reiterada por esta Sala mediante fallo del 3 de octubre de 2025, exp: 2025-
00596.
34 “Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido

el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
35 El recurso de revisión se presentó el 12 de septiembre de 2024, fecha posterior a la entrada en

vigor del Acuerdo 10554 de 2016.
36 Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo

de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02210-00
Recurrente: Carlos Alirio Silva Jiménez
Opositor: Nación -Ministerio de Defensa -Policía
Nacional y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

64. Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho
en un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se
reconocerá a favor de la Policía Nacional y Casur, por lo que el referido monto se
dividirá en partes iguales.

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Carlos Alirio Silva Jiménez contra la sentencia de segunda
instancia dictada el 1 de febrero de 2024, por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 85001-23-33-000-2021-00257-01.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señor Carlos Alirio Silva
Jiménez, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de
Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.

Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a un (1) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor de
la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para lo
cual la referida suma de dinero se dividirá en partes iguales.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, previa liquidación y aprobación de
las costas procesales, ARCHIVAR el asunto de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con aclaración parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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