Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02253-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02253-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02253-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02253-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
Accionante: Carolina López Córdoba
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Plena
Temas: Acción de tutela por presunta violación de los derechos de petición y
debido proceso, por no resolver de fondo recurso de apelación en contra
de calificación integral del servicio. NIEGA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Carolina López Córdoba,
en nombre propio, en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala
Plena.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de petición, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
HECHOS
Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento
Que desde el mes de diciembre de 2019 se encuentra vinculada en propiedad en el
cargo de asistente jurídico en el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, grado 19.
Que en diciembre de 2023 presentó una queja disciplinaria en contra del funcionario
calificador, el doctor Hugo Franco, por presunto acoso laboral y «demás
irregularidades acaecidas al interior del juzgado»; que después de ser notificado el
juez le «dirigió una amenaza directa y en forma violenta al interior del despacho
judicial, manifestado, entre muchas otras expresiones injuriosas: “¿…usted quiere
que la arrastre de las patas…?”», situación que fue puesta en conocimiento de la
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
Que su calificación de servicios para el periodo 2022 y 2023 fue del 65%, inconforme
con la decisión el 19 de abril de 2024 presentó recurso de reposición y en subsidió
de apelación alegando que el funcionario judicial se fundó en «hechos falaces,
valiéndose de argumentos subjetivos, amañados y a todas luces arbitrarios».
Que el 24 de mayo de 2024, fenecido el término para que el funcionario diera trámite
a los recursos, renunció al recurso de reposición para que el juez remitiera la
actuación al superior jerárquico.
Que el funcionario calificador mediante auto del 20 de septiembre de 2024 aceptó
el desistimiento y concedió el recurso de apelación, con ocasión de una acción de
tutela que instauro la accionante.
Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante la Resolución núm.
028 del 5 de marzo de 2025 declaró improcedente el recurso de apelación en
resumen porque «la calificación impartida se encuentra en el grado de
satisfactoria».
Que la decisión de la autoridad judicial accionada de declarar improcedente el
recurso de apelación le transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso
y de petición por: 1) no haber abordado los planteamientos expuestos por la
accionante en el recurso de apelación; 2) en su criterio la calificación del 65%
«constituye una talanquera a la hora de acceder a mis derechos de carrera», como
lo sería evaluar la procedencia o improcedencia de un traslado o determinar la
permanencia o retiro del servicio y 3) desconoció el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-
10618 del 2016, que contempla los recursos que proceden en contra de la
calificación integral de servicios, los cuales corresponden a los previstos en la Ley
1437 de 2011.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar a la
Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali a decidir de fondo el
recurso de apelación formulado por la accionante en contra de la calificación integral
de servicios del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de
2022, proferida por el juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 2 de mayo de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación de
la autoridad judicial accionada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali señaló que el
acto administrativo atacado explica las razones que le permitieron concluir que el
recurso de apelación era improcedente, con fundamento en que la Ley 270 de 1996
y el Acuerdo PSAA1 16-10618 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, no
establecen de manera expresa que contra los actos de evaluación proceda recurso
de apelación, menos aun teniendo en cuenta que la calificación fue satisfactoria,
postura que ha mantenido la Corte Constitucional en similares asuntos, por lo que
solicita que se niegue el amparo solicitado.
Por otra parte, manifestó que la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la accionante puede acudir ante el juez de lo contencioso
administrativo para que sea éste el que decida los argumentos acá esgrimidos.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) debido proceso administrativo y III) análisis
del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Debido proceso administrativo
El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso «se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas». En relación con las
actuaciones administrativas, el debido proceso «limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades (…) dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados
en la ley»1.
1 Ver sentencias T-465 de 2009, C-980 de 2010, T-559 de 2015, T-051 de 2016 y T-595 de 2020 y T 279 de
2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
La Corte Constitucional ha identificado como finalidades del debido proceso
administrativo, asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,
garantizar la validez de sus actuaciones y resguardar el derecho a la seguridad
jurídica y a la defensa de los administrados2, los cuales se satisfacen mediante 4
componentes, esto es: a) el acceso a la justicia en libertad e igualdad de
condiciones; b) el ejercicio de la legítima defensa; c) la determinación de trámites
y plazos razonables y d) la imparcialidad en el ejercicio de la función pública
administrativa.
De igual forma, el debido proceso administrativo garantiza, entre otros, los
siguientes derechos: 1) ser oído durante toda la actuación; 2) la notificación
oportuna y de conformidad con la ley; 3) que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas; 4) que se permita la participación en la actuación desde su inicio
hasta su culminación; 5) que la actuación se adelante por la autoridad competente
y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento 3; 6)
gozar de la presunción de inocencia; 7) el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción; 8) solicitar, aportar y controvertir pruebas y 9) impugnar las
decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido
proceso4.
Análisis del caso concreto
Alega la accionante que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali le
transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición por declarar
improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la calificación de
servicios del periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, proferida por el
juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.
Al respecto, observa la Sala que el juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali el 1º de abril de 2024 calificó a la empleada Carolina López
Córdoba con 65 puntos; la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación.
El 24 de mayo de 2024 la accionante desistió del recurso de reposición y solicitó
que se surtiera directamente la apelación.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante Resolución 028 del 5 de
marzo de 2025 declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra
de la calificación de servicios, al considerar que la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo
PSAA1 16-10618 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura no señalan de
2 Sentencia T-465 de 2009.
3 Al respecto, la Corte ha insistido en que “no cualquier irregularidad en el trámite constituye una vulneración al
debido proceso. Para que una irregularidad procesal configure una vulneración al debido proceso debe tener la
capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, o debe resultar en una privación o
limitación del derecho de defensa”.
4 Sentencia T 279 de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
manera expresa que contra los actos de evaluación de desempeño proceda el
recurso de apelación y, que los jueces que califican carecen de superior jerárquico
en materia administrativa. Citó como fundamento la sentencia T 1142 de 2003 de
la Corte Constitucional.
Sobre el asunto, es del caso traer a colación el artículo 171 de la Ley 270 de 1996
que dispone:
«(…) EVALUACION DE EMPLEADOS. Los empleados de carrera serán
evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de
que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la
misma.
La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del
empleado. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía
gubernativa.» (negrilla fuera de texto original).
Por su parte, el artículo 27 del Acuerdo núm. PSAA16-10618 del 7 de diciembre de
20165 consagró que «[c]ontra la calificación integral de servicios proceden los
recursos en sede administrativa, conforme a lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
En sentencia del 23 de abril de 2002 la Sala Plena del Consejo de Estado6 estableció
que contra el acto mediante el cual un juez califica o evalúa a uno de sus
subalternos, no proceden recursos de apelación ni de queja, veamos:
«(…) el acto de calificación insatisfactoria de los empleados, que es el
caso al que se contrae el presente asunto, no obstante ser de trámite
admite recurso por cuanto existe norma especial que así lo dispuso. Pero
debe entenderse que el único recurso procedente es el de reposición
habida cuenta de que el juez no tiene superior jerárquico administrativo,
como adelante se verá. (Subraya la Sala).
(...)
Para la Sala, de las disposiciones transcritas no se evidencia que la ley
o el reglamento hayan señalado en quien recae la competencia funcional
administrativa de los actos administrativos expedidos por los jueces, ni
tampoco de las mismas se deduce que las Salas del Tribunal Superior o
la Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura, por
permitírselo la ley, puedan impartirle órdenes administrativas a aquellos,
lo cual, en últimas, es lo que identifica o caracteriza la superioridad
jerárquica (…)».
De lo expuesto, se puede concluir que contra la calificación de servicios satisfactoria
o insatisfactoria únicamente procede el recurso de reposición.
En esa medida, encuentra la Sala que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
5 «Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y
empleados de carrera de la Rama Judicial».
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 23 de abril de 2002, con
ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expediente núm. 0198
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02253-00
Cali no transgrede a la accionante el derecho fundamental de petición, toda vez que,
mediante la Resolución núm. 028 del 5 de marzo de 2025 se pronunció sobre el
recurso de apelación que interpuso ésta, en contra de la calificación de servicios
que le realizó el juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali el
1º de abril de 2024.
Tampoco se le viola a la accionante el derecho al debido proceso, por el hecho de
declarar improcedente el recurso de apelación y no resolver de fondo el mismo,
pues tal y como lo expuso el Tribunal en el acto objeto de discusión, contra la
calificación de servicios solo procede el recurso de reposición y no el de apelación,
por carecer de superior jerárquico.
Así las cosas, se negará el amparo invocado por al accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Carolina López
Córdoba, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.