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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04106-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04106-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones del amparo solicitado por el señor Néstor Mauricio Morales Albarracín, conforme a las razones expuestas. 2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04106-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

23 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04106-00
Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04106-00
Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera, Subsección A, despacho del magistrado Dayán
Alberto Blanco Leguízamo
Temas: Tutela contra actos administrativos. Acto administrativo
que resuelve apelación. Calificación de servicios de
empleado judicial.

Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Néstor
Mauricio Morales Albarracín contra el magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de mayo de 2026, el señor Néstor Mauricio Morales Albarracín, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el magistrado Dayán Alberto Blanco
Leguízamo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera,
Subsección A, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la confianza legítima. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«Primero. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y el
desconocimiento del principio de confianza legitima.

Segundo. Que en consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la Resolución nro. 003
del 30 de abril de 2026, proferida por el magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo, de
la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver de fondo el
recurso de queja interpuesto contra la Resolución nro. 006 del 27 de marzo de 2026,
proferida por el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá que negó por extemporáneo el
recurso de apelación contra la calificación del periodo 2025.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Néstor Mauricio Morales Albarracín ejerce el cargo de profesional universitario
grado 16 en propiedad desde el 2 de noviembre de 2021 en el Juzgado 36
Administrativo de Bogotá.
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Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín

El 10 de marzo de 2026, de manera personal se notificó al tutelante la calificación
integral de servicios correspondiente al periodo 2025 en la que obtuvo como
calificación 69 puntos, donde se le informó que contra dicho acto procedía el recurso
de reposición dentro del término de 10 días siguientes a su notificación.

El 25 de marzo de 2026, vía correo electrónico, presentó el recurso de reposición y en
subsidio de apelación, conforme lo prevé el artículo 76 del CPACA.

El 27 de marzo de 2026, el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá profirió la Resolución
nro. 006, a través de la cual rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y
apelación.

Lo anterior, al considerar que, aunque las leyes 1437 de 2011 y 2213 de 2022
promueven el uso de tecnologías de la información en las actuaciones administrativas
y judiciales, no modifican ni flexibilizan los horarios de atención establecidos para la
radicación de escritos, por lo que los documentos presentados después del cierre de
la jornada laboral se entienden radicados al siguiente día hábil.

En este sentido, señaló que el recurso interpuesto por Néstor Mauricio Morales
Albarracín, recibido el 25 de marzo de 2026 a las 5:40 p. m., lo consideró presentado
el 26 de marzo de 2026. En consecuencia, dado que el término para recurrir la
calificación de servicios correspondiente al período 2025 vencía el 25 de marzo de
2026 a las 5:00 p. m. y no se evidencian circunstancias excepcionales que justifiquen
la demora, los recursos presentados resultaron extemporáneos.

El 7 de abril de 2026, el demandante interpuso recurso de queja al considerar que el
despacho aplicó reglas propias de actuaciones judiciales para rechazar un recurso
presentado dentro de un trámite administrativo, lo cual se torna improcedente.
Asimismo, afirmó que se desconoció el régimen legal de cómputo de términos previsto
en los artículos 59 y 60 de la Ley 4 de 1913, según los cuales los plazos legales vencen
a la medianoche del último día, salvo disposición expresa en contrario. Como el artículo
76 del CPACA fija el término para recurrir, pero no establece una hora límite de
radicación, sostiene que su recurso, presentado el 25 de marzo de 2026 a las 5:40 p.
m., fue oportuno al haberse radicado antes de la medianoche, razón por la cual el
rechazo carecería de fundamento normativo.

El 30 de abril de 2026, el magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, rechazó el recurso
de queja, al advertir que esta presupone la existencia de una apelación viable y, en el
caso concreto, ninguna disposición normativa le atribuye al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca competencia para conocer, en sede administrativa, de la alzada
formulada contra la calificación integral de servicios efectuada por un juez
administrativo frente a un empleado de su despacho. Por ello, al no proceder la
apelación, tampoco resultaba viable tramitar la queja.

3. Argumentos de la tutela

El accionante manifestó que la acción de tutela resultaba procedente por cuanto la
controversia planteada tenía relevancia constitucional, al involucrar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
confianza legítima, derivada de la negativa del magistrado Dayán Alberto Blanco
Leguízamo perteneciente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín

Tercera, Subsección A, de tramitar los recursos administrativos previstos en la ley.

Sostuvo que la autoridad accionada desconoció los principios de favorabilidad e in
dubio pro operario al adoptar una interpretación restrictiva y desfavorable para el
trabajador, impidiéndole acceder a la doble instancia administrativa. Asimismo, indicó
que se encontraba satisfecho el requisito de subsidiariedad, dado que los mecanismos
ordinarios no resultaban idóneos ni eficaces para la protección oportuna de sus
derechos, especialmente porque la actuación cuestionada habría impedido el
agotamiento de los recursos legalmente procedentes antes de la firmeza del acto
administrativo.

En relación con el fondo del asunto, señaló que se le vulneró el derecho al debido
proceso, en tanto el citado magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le
negó el acceso a la doble instancia al rechazar el recurso de queja formulado contra
la decisión que declaró extemporáneos los recursos interpuestos frente a su
calificación de servicios. Afirmó que el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016
establecía expresamente la procedencia de los recursos en sede administrativa contra
la calificación integral de servicios, de conformidad con lo previsto en el CPACA.

Igualmente, expuso que el artículo 74 del CPACA consagraba, como regla general, la
procedencia de los recursos de reposición, apelación y queja contra los actos
administrativos, reservando las excepciones únicamente para los casos expresamente
señalados por el legislador. En su criterio, las calificaciones de servicios de los
empleados judiciales no se encontraban dentro de dichas excepciones, razón por la
cual debía garantizarse el acceso a la segunda instancia administrativa.

Asimismo, sostuvo que era equivocada la tesis del magistrado del Tribunal según la
cual los tribunales administrativos no ostentaban la condición de superiores jerárquicos
de los jueces administrativos para efectos de conocer de las apelaciones. Indicó que
el CPACA atribuía competencia tanto al superior funcional como al superior
administrativo y que, en materia de calificación de servicios, la segunda instancia debía
ser conocida por quien tuviera esta última condición respecto del funcionario que
expidió el acto.

En respaldo de su postura, citó jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual las
calificaciones de servicios constituyen actuaciones de naturaleza administrativa y, por
ende, los recursos de apelación debían ser resueltos por el superior administrativo o
nominador. Señaló que dicha corporación había reconocido que, dentro de la
estructura de la Rama Judicial, correspondía a los tribunales conocer de las
apelaciones formuladas contra decisiones administrativas adoptadas por jueces
respecto de la evaluación de sus empleados.

De igual manera, afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado había
evolucionado de forma consistente hacia el reconocimiento de la competencia de los
tribunales para resolver apelaciones relacionadas con calificaciones de servicios, por
lo que, a su juicio, existía una línea jurisprudencial consolidada que garantizaba el
derecho a la doble instancia en este tipo de actuaciones administrativas.

Adicionalmente, argumentó que, aun en presencia de eventuales dudas interpretativas
sobre la procedencia de los recursos, debía privilegiarse el principio de doble instancia
y la interpretación más favorable al trabajador. En tal sentido, invocó los principios
constitucionales de favorabilidad e in dubio pro operario, destacando que las
autoridades no podían restringir garantías laborales mediante interpretaciones que
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limitaran los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también vulneró
sus derechos a la igualdad y a la confianza legítima, toda vez que en oportunidades
anteriores había admitido y resuelto recursos de apelación contra calificaciones de
servicios en casos similares. Agregó que el Consejo Superior de la Judicatura, a través
del Acuerdo PCSJA25-12364 de 2025, había atribuido a las salas especializadas de
los tribunales la función de tramitar y resolver este tipo de recursos, lo que, a su juicio,
reafirmaba la competencia de dichas corporaciones. Por ello, consideró que el cambio
de criterio aplicado en su caso fue injustificado, afectó sus expectativas legítimas y
desconoció una práctica institucional previamente consolidada.

4. Trámite previo

En providencia del 5 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela y ordenó notificar
al demandante y al magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en calidad de
demandado, y al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Plena y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, en calidad de terceros con interés.

5. Oposición

El magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A sostuvo que la controversia
planteada por el accionante recaía esencialmente sobre la legalidad de la calificación
integral de servicios que le fue asignada, por lo que el escenario adecuado para
controvertirla era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Señaló que los cuestionamientos
relativos a la procedencia de los recursos, la firmeza de la actuación y los efectos
derivados de la calificación no podían analizarse de manera aislada, pues estaban
directamente vinculados con la validez del acto administrativo que la contenía. Por tal
razón, advirtió que dicho acto goza de presunción de legalidad y es susceptible de
control judicial, independientemente de que no tenga como consecuencia el retiro del
servicio.

Finalmente, afirmó que el accionante podía solicitar medidas cautelares para
suspender los efectos del acto administrativo. En consecuencia, concluyó que la
acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, puesto que el debate
correspondía al juez natural y no constituía una afectación constitucional directa que
justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

En cuanto a la presunta vulneración del debido proceso, el magistrado sostuvo que la
apelación no procedía contra la calificación de servicios efectuada por el Juez 36
Administrativo de Bogotá, debido a que no existe una norma que atribuya a los
tribunales administrativos competencia para conocer, en segunda instancia
administrativa, de las decisiones adoptadas por los jueces respecto de la evaluación
de sus empleados.

Explicó que, si bien el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016 remite al
CPACA para efectos de los recursos procedentes contra la calificación de servicios, el
artículo 74 de dicho código condiciona la apelación a la existencia de un superior
administrativo o funcional. A su juicio, esa estructura jerárquica no existe en relación
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con la función administrativa que ejercen los jueces al calificar a los empleados de sus
despachos.

En ese sentido, afirmó que ni la Ley 270 de 1996 ni otra disposición legal establecen
una relación de subordinación administrativa entre los juzgados y los tribunales para
efectos de la calificación de servicios. Por el contrario, indicó que cada juzgado
constituye una unidad básica de organización judicial y que los jueces actúan como
nominadores y administradores del personal de su despacho, sin estar sometidos a un
superior administrativo en esta materia.

Como respaldo de esta interpretación, citó la sentencia T-1142 de 2003 de la Corte
Constitucional, en la cual se señaló que, aunque la calificación de servicios constituye
un acto administrativo sujeto al régimen de recursos del procedimiento administrativo,
los jueces carecen de superior jerárquico administrativo para estos efectos, razón por
la cual no proceden los recursos de apelación ni de queja contra dichas decisiones.
Asimismo, indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró esta posición
en una sentencia de tutela del 14 de mayo de 2025, expediente 11001-03-15-000-
2025-02253-00.

Respecto del Acuerdo PCSJA25-12364 de 2025, invocado por el accionante, sostuvo
que este no podía servir de fundamento para reconocer la procedencia de la apelación,
pues una norma reglamentaria no tiene la capacidad de crear una instancia
administrativa no prevista por el legislador. Además, consideró que dicho acuerdo no
resultaba aplicable a la calificación correspondiente al período 2025, puesto que fue
expedido cuando dicho período ya se encontraba concluido.

Finalmente, concluyó que, al ser improcedente la apelación por ausencia de superior
administrativo competente, también resultaba improcedente el recurso de queja, dado
que este presupone la existencia de una apelación viable. Agregó que las eventuales
actuaciones previas del Tribunal resolviendo recursos similares no generan
competencia ni constituyen fundamento para alegar vulneración de los derechos a la
igualdad o a la confianza legítima, ya que la competencia solo puede derivar de una
disposición legal expresa.

Respecto de la extemporaneidad de la apelación, el magistrado señaló que, aun si se
admitiera en gracia de discusión la procedencia de dicho recurso, este habría sido
presentado fuera del término legal, toda vez que fue radicado el último día hábil a las
5:40 p. m., esto es, después del cierre del despacho judicial. Explicó que el horario de
atención de los despachos judiciales del Distrito Judicial de Bogotá, fijado por el
Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA07-4034 de 2007, se
extiende de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., horario que rige para
la recepción y trámite de actuaciones, independientemente de que tengan naturaleza
administrativa o jurisdiccional. En consecuencia, consideró que la posibilidad de
presentar escritos por medios electrónicos no implica la ampliación de la jornada hábil
hasta la medianoche, razón por la cual el recurso enviado a las 5:40 p. m. debía
entenderse radicado al día hábil siguiente, cuando el término para recurrir ya se
encontraba vencido.

6. Intervinientes

El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera
Judicial expuso que la controversia se centra en determinar si se vulneraron los
derechos fundamentales del accionante al rechazarse el recurso de queja presentado
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contra la decisión que declaró improcedente la apelación formulada frente a su
calificación integral de servicios del período 2025. Para abordar el asunto, recordó que
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia atribuye a los jueces la condición de
autoridades nominadoras de los empleados de sus despachos y les confiere la función
de evaluar anualmente su desempeño dentro del sistema de carrera judicial.

Asimismo, señaló que el régimen de evaluación de servicios se encuentra desarrollado
en el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, el cual dispone que la calificación integral
corresponde al superior jerárquico del empleado y debe construirse a partir de un
seguimiento permanente de su desempeño. Indicó que la evaluación comprende
controles trimestrales, en los que se valoran aspectos relacionados con la calidad,
eficiencia, organización del trabajo y demás factores previstos reglamentariamente,
debiendo quedar registradas tanto las fortalezas como las falencias advertidas durante
el período evaluado.

La Unidad explicó igualmente que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, en concepto del 6 de junio de 2018, precisó que la calificación de servicios
constituye una función de naturaleza administrativa y que los recursos contra ella
deben tramitarse conforme al CPACA. Destacó que dicha corporación concluyó que,
tratándose de asuntos administrativos dentro de la Rama Judicial, la segunda instancia
debe ser conocida por el superior administrativo correspondiente, y que, por regla
general, esa calidad la ostenta el nominador, razón por la cual se reconoció la
competencia de un tribunal para resolver una apelación relacionada con la calificación
de servicios de un empleado judicial.

Finalmente, resaltó que el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-10618 prevé la
procedencia de los recursos administrativos contra la calificación integral de servicios,
mientras que los artículos 74 y 78 del CPACA regulan expresamente los recursos de
apelación y de queja cuando aquella es rechazada. En consecuencia, concluyó que la
procedencia y resolución de dichos recursos depende de la existencia de un superior
administrativo competente, determinado conforme a las normas especiales de la Rama
Judicial y de la carrera judicial, advirtiendo que el desconocimiento de esa estructura
por parte de la autoridad accionada, en su condición de nominadora dentro del distrito
judicial correspondiente, podría derivar en la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos invocados por el accionante.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) precisó que las
funciones asignadas por los artículos 98, 99 y 103 de la Ley 270 de 1996 se restringen
a la gestión técnica y administrativa de la Rama Judicial, sin incluir facultades para
modificar, revocar o dejar sin efectos decisiones adoptadas dentro de procesos de
calificación de servicios o actuaciones judiciales y administrativas adelantadas por
jueces y magistrados.

Por lo anterior, la DEAJ sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
pues no intervino en los hechos que originaron la tutela ni tiene competencia sobre las
decisiones cuestionadas, siendo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la
autoridad llamada a responder por las presuntas vulneraciones alegadas. Además,
consideró que no se evidenciaba afectación alguna de derechos fundamentales por
parte de la autoridad accionada y que la tutela pretendía reabrir un debate ya definido
por la jurisdicción contencioso-administrativa, desconociendo que este mecanismo
constitucional no constituye una instancia adicional para controvertir decisiones
ejecutoriadas. En consecuencia, solicitó declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, ordenar la desvinculación de la DEAJ del trámite
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constitucional y negar o rechazar por improcedente las pretensiones de la acción de
tutela en lo que respecta a esa entidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

Corresponde determinar si el magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la confianza legítima del
señor Néstor Mauricio Morales Albarracín, al no resolver el recurso de queja
interpuesto contra el auto que rechazó un recurso de apelación por extemporáneo.

La Sala anticipa que, en el presente caso, se negará el amparo solicitado por el señor
Morales Albarracín porque conforme con el artículo 170 de la Ley 270 de 1996 no es
procedente el recurso de apelación y, por ende, no es procedente el recurso de queja,
teniendo en cuenta que la calificación que obtuvo el tutelante fue satisfactoria.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) el requisito
general de subsidiariedad y, (ii) análisis del caso concreto.

Previo a analizar el asunto, pronunciarse de fondo, la Sala analizará la solicitud de
desvinculación solicitada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

• De la solicitud de desvinculación de la DEAJ

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pese a no haber sido
vinculada al presente trámite, presentó escrito en el que solicitó declarar probada la
falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación. Sin embargo,
la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre esa solicitud, porque en el auto
admisorio de 5 de junio de 2026, la DEAJ no fue vinculada a este proceso.

i) Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
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y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó1:

«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

(ii) De la acción de tutela para cuestionar actos administrativos

Por regla general, y en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es
improcedente para controvertir actos administrativos, toda vez que el ordenamiento
jurídico prevé los medios de control ordinarios para su debate.

Por ello, es necesario distinguir entre los actos definitivos -aquellos que deciden el
fondo del asunto o impiden continuar la actuación (artículo 43 de la Ley 1437 de 2011)-
y los actos de trámite. Estos últimos se limitan a dar impulso procesal o preparar la
decisión, no modifican ni extinguen situaciones jurídicas y carecen de control
jurisdiccional independiente, debiendo discutirse junto con el acto definitivo.

Dado que contra los actos de trámite no proceden recursos ni medios de control, la
Corte Constitucional ha aceptado que la tutela proceda contra ellos de manera
excepcional2. Para que la tutela proceda contra actos de trámite es necesario verificar
el cumplimiento de las siguientes condiciones:

«(i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido;
(ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte
en la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un
derecho constitucional fundamental. En el mismo sentido, de forma reciente la

1
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
2
Sentencias SU-201 de 1994 y SU-067 de 2022.
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Corte ha considerado que contra los actos de trámite procede excepcionalmente
la acción de tutela cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una
situación sustancial dentro de la actuación administrativa y ha sido fruto de una
actuación “abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo
cual vulnera las garantías establecidas en la Constitución”» 3.

Entonces, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, de manera excepcional,
la acción de tutela procede contra actos de trámite cuando estos, aunque no ponen fin
a la actuación administrativa, tienen la capacidad de definir una situación sustancial
con incidencia en la decisión final y generan una amenaza o vulneración real de
derechos fundamentales. Asimismo, su procedencia se justifica cuando el acto
cuestionado es producto de una actuación abiertamente irrazonable o
desproporcionada de la autoridad, con afectación de las garantías constitucionales del
administrado.

Por ello, corresponde al juez constitucional realizar un examen particular de cada
asunto con el fin de determinar si concurren los presupuestos que, de manera
excepcional, habilitan la procedencia de este mecanismo de amparo.

En este contexto, la Sala observa que la decisión adoptada por el Tribunal accionado
de abstenerse de resolver el recurso de queja interpuesto por el demandante
constituye un acto de trámite proferido dentro del procedimiento de calificación integral
de servicios. Además, sí configura, en los términos de la jurisprudencia constitucional,
una determinación que define «una situación especial y sustancial que se proyecte en
la decisión final». Ello, por cuanto la falta de pronunciamiento de fondo sobre la
impugnación presentada tuvo como consecuencia que la calificación de servicios
cuestionada por el accionante quedara en firme. En consecuencia, se cumplen los
presupuestos jurisprudenciales que habilitan el estudio excepcional de la tutela contra
un acto de trámite.

Por tal razón, corresponde determinar si la decisión adoptada por el Tribunal accionado
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

(iii) Del caso concreto

Mediante la presente acción, el actor solicita que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (M.P. Dayán Alberto Blanco Leguízamo) resuelva el recurso de queja
interpuesto contra la decisión que rechazó por extemporánea la apelación formulada
frente a su calificación de servicios, proferida por el Juzgado 36 Administrativo de
Bogotá. A su juicio, dicha actuación vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la confianza legítima.

Como sustento del amparo, argumentó que la autoridad judicial desconoció los
principios de favorabilidad e in dubio pro operario al negarle la doble instancia
administrativa mediante una interpretación restrictiva. Aduce que los tribunales
administrativos sí tienen competencia para conocer de estas apelaciones, de
conformidad con el artículo 74 del CPACA, el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, el
reciente Acuerdo PCSJA25-12364 de 2025 y la jurisprudencia de esta Corporación.
Finalmente, reprocha que el Tribunal varió injustificadamente su criterio jurisprudencial
frente a casos similares.

3
Sentencia SU-077 de 2018.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04106-00
Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar que esta Sala4 ha establecido
que, de conformidad con el artículo 169 de la Ley 270 de 1996, la finalidad de la
calificación de servicios consiste en verificar que los servidores judiciales mantengan
niveles adecuados de idoneidad, calidad y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, de manera que se justifique su permanencia en el cargo. De igual forma, el
artículo 170 ibidem dispone que la evaluación debe estar debidamente motivada y
reflejar el seguimiento permanente al desempeño del servidor, a partir de criterios tales
como la calidad, la eficiencia, el rendimiento, la organización del trabajo y las
publicaciones realizadas.

En desarrollo de dicho régimen, los empleados de carrera son evaluados anualmente
por su superiores jerárquicos, sin perjuicio de que la evaluación pueda anticiparse
cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Asimismo, la obtención de una
calificación insatisfactoria constituye causal de retiro del servicio.

Por su parte, el artículo 171 de la Ley 270 de 1996 establece que la evaluación de los
empleados judiciales corresponde a sus superiores jerárquicos y prevé la procedencia
de los recursos administrativos únicamente frente a las decisiones que comporten una
calificación insatisfactoria. Esa disposición señala:

«ARTÍCULO 171. EVALUACIÓN DE EMPLEADOS. Los empleados de carrera
serán evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de que,
a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la misma.
La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado.
Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa» (Se
destaca)

En armonía con esta disposición, el artículo 27 del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de
diciembre de 2016, por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de
servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, prevé que:

«Contra la calificación integral de servicios proceden los recursos en sede
administrativa, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

De lo anterior, se concluye que, en el marco de la evaluación de los empleados de la
Rama Judicial, los recursos en sede administrativa proceden cuando se trata de una
calificación de servicios insatisfactoria. Sobre el particular esta Sala5, concluyó lo
siguiente:
«[…] se advierte que el resultado de la calificación integral de servicios es
susceptible de los recursos del procedimiento administrativo, siempre y cuando la
evaluación sea insatisfactoria. Por lo tanto, se considera que en el caso no existe
vulneración al derecho al debido proceso del tutelante, pues conforme a los
artículos 171 de la Ley 270 de 1996 y 27 del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de
diciembre de 2016 los recursos únicamente son procedentes contra la calificación
insatisfactoria. Teniendo en cuenta que el resultado de la calificación del actor fue
buena, es decir satisfactoria, no sería procedente la apelación interpuesta.
Así las cosas, se considera que al disponer abstenerse de resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la calificación de servicios, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta no transgredió el derecho al debido proceso del
accionante, ni la garantía de doble instancia. Por el contrario, su decisión se rigió

4
Sentencia del 18 de junio de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-03766-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
5
Ibidem.
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04106-00
Demandante: Néstor Mauricio Morales Albarracín

por la normativa aplicable a la fecha de los hechos; de ahí que no se trató de una
determinación arbitraria o caprichosa.»

En el caso concreto, está acreditado que el señor Néstor Mauricio Morales Albarracín,
empleado del Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, obtuvo una calificación de
servicios satisfactoria (69 puntos) correspondiente al período 2025. Contra dicha
evaluación formuló recursos de reposición y apelación, los cuales fueron rechazados
inicialmente por el juzgado por extemporaneidad y, posteriormente, en sede de queja,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 30 de abril de 2026,
autoridad que negó el trámite tras advertir la improcedencia de la alzada.

Como se precisó, los artículos 171 de la Ley 270 de 1996 y 27 del Acuerdo PSAA16-
10618 de 2016 restringen la procedencia de los recursos en sede administrativa
exclusivamente a los eventos en que la calificación de servicios sea insatisfactoria.

De ahí que, al haber obtenido el actor un puntaje satisfactorio que no acarrea su retiro
del servicio ni afecta su estabilidad laboral, el recurso de apelación resulta
improcedente. En consecuencia, la decisión del magistrado accionado de rechazar el
recurso de queja no configura una vulneración al debido proceso.

Por lo anterior, se negará las pretensiones del amparo solicitado por Néstor Mauricio
Morales Albarracín.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA
1. Negar las pretensiones del amparo solicitado por el señor Néstor Mauricio
Morales Albarracín, conforme a las razones expuestas.
2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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