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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02257-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02257-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Luz Edilma Cano. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02257-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Luz Edilma Cano
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02257-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02257-00
Demandante: LUZ EDILMA CANO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA
DE DECISIÓN Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 21 de abril de 20251, la señora Luz Edilma Cano, a través de apoderado judicial2,
ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión; el Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín; el
Juzgado 11 Laboral del Circuito Judicial de Medellín; el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas E.S.U. y las sociedades Misión Empresarial Servicios
Temporales S.A.S. y, Empleamos S.A. en liquidación, con la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, en concordancia con el

1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus

de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2 Índice 2 de Samai. Poder debidamente otorgado al abogado José Fernando Vélez Ramírez por

medio de presentación personal.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Luz Edilma Cano
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02257-00

principio de confianza legítima.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de las siguientes providencias: (i) auto del 7 de febrero de 20243 del
Juzgado 11 Laboral del Circuito Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario
laboral con radicado 05001-31-05-011-2017-00755-00; (ii) autos del 17 de julio4, 2
de agosto5 , 76 y 117 de noviembre de 2024 proferidos por el Juzgado 19
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y, (iii) el auto del 13 de marzo
de 20258 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión9 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con radicado 05001-33-33-019 2024-00072-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Dejar sin efecto los autos del 7 de febrero, 17 de julio, 2 de agosto, 7 y 11 de
noviembre de 2024 y el del 13 de marzo de 2025 y:

SEGUNDA CONSECUENCIAL: Como consecuencia de las pretensiones primera,
segunda, tercera y primera consecuencial: ORDENARA al Juzgado Diecinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín Remitir cuanto antes el Proceso de la
pobre obrera LUZ EDILMA CANO a la Honorable Corte Constitucional para que
aplique el Precedente Judicial establecido en el Auto 147 calendado treinta y uno
de enero de 2024 expedido por la Honorable Corte Constitucional y ratificada esta
interpretación en el Auto 053 calendado veintinueve de enero de 2025 expedido
también por la Honorable Corte Constitucional y se Remita urgentemente el
Proceso Judicial al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín

3 Por medio del cual declaró la falta de competencia para conocer de la demanda interpuesta por

la actora contra la Empresa para la Seguridad Urbana y Soluciones E.S.U., las sociedades Misión
Empresarial Servicios Temporales S.A.S. y Empleamos S.A.S. y, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con la que pretendía la declaración de existencia de una
relación y, el pago de las acreencias laborales y prestacionales. En consecuencia, ordenó remitir
por competencia a los juzgados administrativos del circuito judicial de Medellín.
4 A través del cual se avocó conocimiento e inadmitió la demanda de remitida por competencia de

la jurisdicción laboral, con el fin de que la actora la adecuara al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y pudiera ser tramitada por la jurisdicción contenciosa.
5 Mediante el cual se resolvió no reponer el auto inadmisorio y otorgó a la demandante el término

de 10 días para subsanar.
6 Por medio del cual se rechazó la demanda por no subsanar los requisitos legales.
7 A través del cual se decidió no reponer el auto de rechazo y concedió el recurso de apelación.
8 Mediante el cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda por no cumplir los requisitos

indicados en el auto inadmisorio.
9
Los magistrados ponentes de la decisión fueron Rafael Darío Restrepo Quijano, Dohor Edwin
Varón Vivas y Vanessa Alejandra Pérez Rosales.

2

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Demandante: Luz Edilma Cano
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02257-00

O Subsidiariamente Pido a su Honorable Palco ORDENAR de manera urgente se
Remita la Acción Judicial promovida por LUZ EDILMA CANO a la Honorable Corte
Constitucional para que aplique el Precedente Judicial establecido en el Auto 147
calendado treinta y uno de enero de 2024 expedido por la Honorable Corte
Constitucional y ratificada esta interpretación en el Auto 053 calendado veintinueve
de enero de 2025 expedido también por la Honorable Corte Constitucional y se
remita urgentemente el Proceso Judicial al Juzgado Once Laboral del Circuito de
Medellín10.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Luz Edilma Cano interpuso demanda ordinaria laboral contra el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; la Empresa para la
Seguridad Urbana E.S.U.; Misión Empresarial S.A.S. y, Empleamos S.A., con el
fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y la
empresa E.S.U., así como que el municipio de Medellín resultaba solidariamente
responsable y que las otras dos sociedades habían actuado como simples
intermediarios. La autoridad judicial admitió la demanda y la tramitó hasta la etapa
procesal prevista en los artículos 7711 y 8012 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social.

No obstante, en auto del 7 de febrero de 2024, el Juzgado 11 Laboral del Circuito
de Medellín declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la
remisión del expediente a los juzgados administrativos del circuito de Medellín para
su reparto.

En providencia del 17 de julio de 2024, el Juzgado 19 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín inadmitió la demanda para que fuera adecuada a las
exigencias de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Contra dicho auto se presentó recurso de reposición, en el que se solicitó plantear
un conflicto de competencia con el juzgado laboral, sin embargo, el 2 de agosto de
2024, el Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín resolvió
desfavorablemente y otorgó nuevamente 10 días a partir del día siguiente al de la
notificación por estado para corregir el escrito de la demanda.

Seguido de ello, el 7 de noviembre de 2024, el juzgado decidió rechazar la

10 Transcripción literal que puede contener errores.
11 Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación

del litigio.
12 Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia.

3

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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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demanda impetrada, dado que la parte demandante no subsanó los puntos
exigidos en la providencia del 17 de julio de 2024.

Contra la anterior decisión fue formulado recurso de reposición y en subsidio
apelación, el cual fue resuelto en auto del 11 de diciembre de 2024, por medio del
cual se negó el primero y concedió el segundo.

En consecuencia, en providencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión confirmó el auto del 7 de
noviembre de 2024, por medio del cual se rechazó el medio de control

Dicha decisión fue notificada por estado el 14 de marzo de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora manifestó que tanto el Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, como el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión incurrieron en los
siguientes defectos al proferir los autos del 7 de febrero, 17 de julio, 2 de agosto,
7 y 11 de noviembre de 2024 y del 13 de marzo de 2025:

Defecto orgánico: Al pronunciarse el juzgado administrativo y el tribunal sin tener
competencia para ello. Por otro lado, el juzgado laboral al omitir su deber de
impartir justicia.

Defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución: Ninguna de las tres autoridades judiciales atendió el
precedente y, por ende, el procedimiento dispuesto en el auto 147 del 31 de enero
de 2024 dictado por la Corte Constitucional y ratificado por el 053 del 29 de enero
de 2025.

A su vez, adujo que el tribunal mal interpretó totalmente lo ordenado por la Corte
Constitucional en el auto 147 de 2024, dado que el máximo tribunal constitucional
señaló que cuando se presentaran contratos de prestación de servicios
acumulados con contratos de trabajo con empresas de servicios temporales, el
juez administrativo era competente para conocer del asunto, sin embargo, cuando
en el caso solo hubieran contratos de trabajo con empresas de servicios
temporales, el único competente era el juez laboral del circuito.

Al respecto, sostuvo que en su caso no se presentó ningún contrato por prestación
de servicios, razón por la cual el juez administrativo no tenía competencia para
decidir sobre el asunto. Incluso indicó que el auto 053 del 29 de enero de 2025

4

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resolvió el conflicto de jurisdicciones propuesto por el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Medellín y el Juzgado 39 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
en la demanda que interpuso su compañero de trabajo, el señor Roberto León
Zapata Acosta y en la que se mencionó que:

Competencia para conocer las demandas en las que, en el marco de una relación
laboral con una empresa de servicios temporales, se solicita el reconocimiento de
derechos laborales a una entidad pública usuaria.

El numeral 4 del artículo 104 del CPACA establece que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo conoce de los conflictos relativos a la relación legal y
reglamentaria de los servidores públicos y el Estado, así como de la seguridad
social de aquellos, cuando su régimen sea administrado por una persona de
derecho público. Por su parte, el numeral 4 del artículo 105 del mismo estatuto
dispone que dicha jurisdicción “no conocerá” de los “conflictos de carácter laboral
surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”. Por su parte, el
numeral 1 del artículo 2 del CPTSS señala que la jurisdicción ordinaria laboral
conoce de los “conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el
contrato de trabajo”. En tal sentido, a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde
el conocimiento de todos los conflictos originados en un contrato de trabajo, con
independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 30 de abril de 2025, la magistrada ponente admitió la demanda
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante13 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión14; al Juzgado 19
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín15; al Juzgado 11 Laboral del
Circuito de Medellín16; al alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín17; al gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones
Urbanas E.S.U.18 y, los representantes legales de las sociedades Misión
Empresarial Servicios Temporales S.A.S.19, y Empleamos S.A.S. en liquidación20.

Asimismo, se le reconoció personería para actuar al abogado José Fernando Vélez
Ramírez en calidad de apoderado de la señora Luz Edilma Cano.

13 Índice 7 de Samai. La notificación se realizó a los correos electrónicos: vsgabogados@gmail.com

y vsgabogados@gmail.com.
14 Índice 7 de Samai. Fue notificado en los buzones web: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co y

memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 7 de Samai. Se notificó al correo: adm19med@cendoj.ramajudicial.gov.co.
16 Índice 7 de Samai. Se notificó a: j11labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.
17 Índice 7 de Samai. Se notificó a: tutelas.medellin@medellin.gov.co y
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co.
18 Índice 7 de Samai. Se notificó a: notificacionesjudiciales@esu.com.co.
19 Índice 7 de Samai. Se notificó a: juridica@misionempresarial.com,
roberto.suescun@misionempresarial.com, juridica@misionempresarial.com,
contabilidad01@misionempresarial.com y fbetancur@misionempresarial.com.
20 Índice 7 de Samai. Se notificó a: direccionjuridica@empleamos.com.co.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

En documento allegado el 2 de mayo de 2025, el magistrado ponente de la
decisión enjuiciada adujo que el problema jurídico expuesto por la tutelante no
reviste de relevancia constitucional, dado que la providencia objeto de discusión
estaba suficientemente argumentada, con un análisis legal, probatorio y
jurisprudencial acorde al caso.

Por lo tanto, mencionó que el propósito de la accionante era convertir la acción de
tutela en una tercera instancia para reabrir el debate jurídico planteado. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones constitucionales.

1.6.2. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Por medio de memorial remitido el 5 de mayo del presente año, la apoderada
judicial advirtió que entre las autoridades acusadas de proferir las decisiones que
a su juicio vulneraron sus derechos fundamentales, no se encontraba el municipio.
Por lo cual, solicitó su desvinculación, al no estar legitimado en la causa para
resolver la situación de la señora Cano.

1.6.3. Pese a que el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, la Empresa para la
Seguridad y Soluciones Urbanas E.S.U., Misión Empresarial Servicios
Temporales S.A.S. y Empleamos S.A.S. en liquidación fueron notificados en
debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Luz Edilma Cano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige, entre otros, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.

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2.2. Solicitud de desvinculación

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela, por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.

Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación al trámite
constitucional se dio en calidad de accionado, toda vez que fue una de las
entidades mencionadas por la accionante que violó sus derechos fundamentales
y, por tanto, se debe revisar si su conducta en realidad resultó vulneradora.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín incurrió en los defectos
orgánico, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución en el auto del 7 de febrero de 2024?
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión21 incurrió
en los defectos orgánico, procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución en la providencia del 13 de
marzo de 2025 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-33-33-019-2024-00072-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente, (iii) el caso concreto.

21 Si bien la acción de tutela también fue dirigida contra el Juzgado 19 Administrativo del Circuito

Judicial de Medellín, se estima que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
culminó con el auto del 13 de marzo de 2025 que resolvió el recurso de apelación contra la
providencia del 7 de noviembre de 2024 y, en el cual, se confirmó el rechazo de la demanda. Por
lo tanto, el estudio solamente se enfocará en la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201222
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema23 y declaró su
procedencia24.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Inmediatez

La señora Luz Edilma Cano estimó que el Juzgado 11 Laboral del Circuito de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García

González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
24 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

8

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vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica con ocasión de las
providencias del 7 de febrero de 2024 y 13 de marzo de 2025, por medio de las
cuales se declaró la falta de competencia y ordenó remitir el asunto de la justicia
ordinaria laboral a la jurisdicción contenciosa administrativa y, se confirmó el
rechazo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por no
subsanar la demanda de acuerdo a los requisitos legales exigidos.

Si bien los defectos orgánico, procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución fueron propuestos para ambas
autoridades judiciales, las decisiones objeto de debate deben ser estudiadas de
manera independiente, como se pasará a realizar.

En primer lugar, se tiene que el auto del 7 de febrero de 2024 fue dictado por la
jurisdicción ordinaria laboral, en el cual se declaró la falta de competencia, luego
de señalar que, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA, era la jurisdicción
contenciosa administrativa quien debía conocer y decidir de fondo en los procesos
promovidos para determinar la existencia de una relación laboral con el Estado.

Por su parte, el auto del 13 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión es el resultado de una
concatenación de providencias por medio de las cuales el Juzgado 19
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín inadmitió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, resolvió el recurso de reposición contra
este, dictó auto de rechazo y a su vez, resolvió los recursos de reposición y
apelación contra el mencionado.

Así las cosas, como la providencia del 13 de marzo de 2025 fue con la que se
culminó el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se entiende que
es la cuestionada en el presente mecanismo constitucional.

En consecuencia, es preciso señalar que esta Colegiatura25 ha considerado como
plazo prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –
el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a
la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si
median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su
consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

25 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago
Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-
1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-
00142-01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro;
21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.

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Frente al primer auto, la Sala observa que fue notificado por estado el 8 de febrero
de 2024 y quedó ejecutoriado el día siguiente26. Por su parte, la tutela fue
presentada el 21 de abril de 2025, por lo que se evidencia que transcurrieron más
de 6 meses, término que para esta Sección no resulta razonable.

Cabe advertir que, de la revisión efectuada al escrito tutelar, la accionante en
ningún momento se refirió acerca de alguna situación especial que le impidiera
presentar la acción dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia recurrida o de alguna condición particular bajo la cual se le pudiera
considerar como sujeto de especial protección constitucional y, por ende, hacerse
un estudio más flexible del término.

Así las cosas, no se advierte una explicación válida para que el ejercicio de la
acción de tutela se haya hecho por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la Corporación; además, el actor no se encuentra en alguna de las
situaciones que la Corte Constitucional27 ha establecido como justificación, es
decir, que: (i) no existe un motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) su
falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de
la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y. (iv) el
fundamento de la acción tutelar no surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.

De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable
hasta la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance
jurídico de esta y se desvirtúa su finalidad de medio de protección actual, inmediato
y efectivo. Como se advierte, no existe una explicación válida para la presentación
del mecanismo constitucional por fuera del tiempo proporcional y razonable
señalado por la Corporación.

Ahora bien, respecto al auto del 13 de marzo de 2025, no se evidencia
inconveniente con el cumplimiento del presente requisito. Por lo tanto, se declarará
la improcedencia en lo referente a la providencia del 7 de febrero de 2024, al no
superar el requisito de inmediatez y se seguirá adelante con el estudio del auto del
13 de marzo de 2025.

26 Numeral 2 del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
27 Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T-

1044 de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de
17.06.10., T-574 de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02257-00

2.5.2. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia frente al
auto del 13 de marzo de 2025, por carecer de relevancia constitucional, puesto
que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 202228.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal29 (Énfasis de la Sala).

28 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
29 Sentencia SU-573 de 2019.

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico30; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional31.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal32”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales33”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto34, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal35. (Resaltado de la Sala)

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción
de tutela frente al auto del 13 de marzo de 2025, debe ser declarada improcedente
por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas
anteriores.

30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-128 de 2021.
34 Sentencia SU-573 de 2019.
35 Ibid.

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Sala Sexta de Decisión y otros
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Desde la perspectiva de la accionante, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión incurrió en defectos orgánico, procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al proferir
la providencia del 13 de marzo de 2025 al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con radicado 05001-33-33-019-2024-
00072-00.

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada se pronunció sobre su
caso sin tener la competencia para ello, además de que no atendió al precedente
dictado por la Corte Constitucional en los autos 147 del 31 de enero de 2024 y
053 del 29 de enero de 2025.

Al respecto, adujo que el tribunal interpretó erróneamente lo ordenado por la Corte
Constitucional en el auto 147 de 2024, dado que en este se señaló que cuando se
presentaran contratos de prestación de servicios acumulados con contratos de
trabajo con empresas de servicios temporales, el juez administrativo era
competente para conocer del asunto, sin embargo, cuando en el caso solo
hubieran contratos de trabajo con empresas de servicios temporales, el único
competente era el juez laboral del circuito.

Sostuvo que en su caso no se presentó ningún contrato por prestación de
servicios, razón por la cual el juez administrativo no tenía competencia para
decidir sobre el asunto. Incluso indicó que el auto 053 del 29 de enero de 2025
resolvió el conflicto de jurisdicciones en la demanda que interpuso uno de sus
compañeros de trabajo.

En la providencia enjuiciada, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
de Decisión advirtió que tal como lo había exigido el a quo, le asistía a la señora
Cano el deber de subsanar la demanda en los términos dispuestos en el artículo
170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, obligación que no se encontraba cumplida.

Aunado a ello, resaltó el argumento suscrito por el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, en el que le indicó a la parte actora que, si su interés
era que la jurisdicción ordinaria laboral asumiera el conocimiento del asunto,
debía excluir del litigio a las entidades públicas, dado que:

[…] conforme a las reglas de competencia fijadas por la H. Corte Constitucional,
estando dentro del presente proceso una discusión en torno a una relación laboral
encubierta con entidades públicas, sería la jurisdicción contenciosa administrativa
la competente para conocer de la demanda que se referencia, sin perjuicio de que

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se acumulen pretensiones relacionadas a contratos de trabajo con empresas de
servicios temporales.

Así las cosas, reiteró que, ante la falta de subsanación de la demanda, le impedía
al juez evaluar las circunstancias de hecho y de derecho que eran propias del
conflicto a resolver y determinar de acuerdo a esas reglas de competencia fijadas
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional si debía o no seguir conociendo del
medio instaurado.

En lo referente al contenido del auto 147 del 31 de enero de 2024, explicó que la
regla de decisión fijada consistía en que la jurisdicción contenciosa administrativa
era competente para conocer y decidir un proceso promovido para determinar la
existencia de una relación laboral que, presuntamente, fuera encubierta a través
de la suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado, sin
perjuicio de que se acumularan pretensiones relacionadas a contratos de trabajo
con empresas de servicios temporales.

De ello, concluyó que, resultaba vinculante para el juez de lo contencioso
administrativo conocer del litigio de acuerdo a lo expuesto en las pretensiones de
la demanda, sin embargo, al no haber cumplido con la carga procesal que le asistía
de subsanar el escrito introductorio de acuerdo con los requisitos legales, lo
procedente era confirmar el rechazo.

En consecuencia, sobre los defectos argumentados por la tutelante, se advierte
que el amparo constitucional no tiene la entidad o trascendencia para aplicar,
interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya que lo pretendido por la
actora es que se dirima un asunto de mera legalidad que deviene de un
inconformiso con la interpretación válida realizada por el juez de instancia.

Se advierte que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se evidencia
prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y jurisprudencial
que consideró aplicables al caso, así como soportó sus conclusiones en la
valoración del acervo probatorio allegado al expediente, como se evidencia a
continuación.

Ahora bien, específicamente respecto al desconocimiento del precedente, la
actora trae dos providencias de la Corte Constitucional aduciendo el conocimiento
de dos casos con situaciones fácticas y jurídicas similares al suyo, no obstante,
entre los documentos aportados al presente mecanismo no se observa prueba
alguna que permita determinar las particularidades del asunto para compararlas
con los autos en mención.

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Así por ejemplo, se desconoce qué tipo de contrato tenía la actora, cuáles eran
sus funciones o qué actividades desempeñaba, por el contrario, solo se refiere de
forma general a los contratos de trabajo que tenían los obreros con la Empresa
para la Seguridad Urbana E.S.U. y se pronuncia sobre los contratos
interadministrativos entre la mencionada y el municipio de Medellín.

Por lo tanto, si bien la accionante alega que uno de sus compañeros también
interpuso demanda dentro de la cual se trabó un conflicto negativo de
competencias, no se puede afirmar que ambos desempeñaran las mismas labores
en la empresa o tuvieran el mismo tipo de vinculación.

Así las cosas, esta Sala encuentra que las consideraciones normativas y
probatorias de la autoridad judicial accionada parten de un fundamento jurídico y
fáctico que no se muestra caprichoso, por lo que resulta claro que la solicitud de
amparo de la referencia carece de suficiencia y se limita a reiterar los
planteamientos ya debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario.

Por lo anterior, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional. La competencia de este
se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Por ello, se debe destacar que una de las obligaciones propias de los abogados
que actúan como apoderados en un proceso judicial es estar al tanto de las cargas
procesales y órdenes de los jueces de conocimiento, para así poder actuar de
acuerdo a lo solicitado y alegar lo deseado en las oportunidades procesales
pertinentes, pues se observa que, en el presente caso, la razón del rechazo de la
demanda fue la falta de subsanación solicitada por el juez administrativo.

En este sentido, la pretensión de la accionante es improcedente por cuanto refleja
un inconformismo con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial
accionada, lo cual, per se no implica una trasgresión de los derechos
fundamentales. Es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión
a la cual arribó el fallador de instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Luz Edilma Cano.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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