Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02458-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02458-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02458-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02458-00
Accionante: Luz Edilma Cano
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y otros
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida dentro
de otro proceso de la misma naturaleza
Decisión: Rechazar parcialmente las pretensiones por configurarse la
temeridad y declarar la improcedencia frente a las otras por
no cumplir los requisitos de la sentencia de unificación SU-
627 de 2015
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide la acción de tutela1 interpuesta por la señora Luz Edilma Cano, quien
actúa por conducto de apoderado, en contra del Juzgado Once Laboral del
Circuito de Medellín, del Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de
Medellín, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la
Sección Quinta y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, Misión Empresarial
Servicios Temporales S.A.S, Empleamos S.A. en liquidación y Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social, dignidad, igualdad y al principio de juez natural, ocurrida
con la expedición de las providencias que se relacionan a continuación:
2. El auto del 7 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Once Laboral
del Circuito de Medellín al interior del proceso ordinario laboral de primera
instancia con radicado 05001-31-05-011-2017-00755-00; las providencias del 17
de julio, 2 de agosto, 7 de noviembre y 11 de diciembre de 2024, expedidas por
el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2024-
00072-00; el auto del 13 de marzo de 2025, proferido por la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el trámite de segunda
1
Presentada el 27 de marzo de 2026.
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Accionante: Luz Edilma Cano
instancia del proceso anteriormente mencionado; y las sentencias del 5 de junio
y 15 de agosto de 2025, proferidas por la Sección Quinta y la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-02257-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la señora Luz Edilma
Cano, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria
laboral con el propósito de obtener la declaratoria de existencia de una relación
laboral con la Empresa para la Seguridad Urbana – E.S.U., así como el
reconocimiento de la intermediación laboral del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín y de las sociedades Misión Empresarial
Servicios Temporales S.A.S. y Empleamos S.A.S. (en liquidación).
4. Mediante auto del 7 de febrero de 2024, el Juzgado Once Laboral del
Circuito de Medellín declaró la falta de competencia para conocer del asunto, al
estimar que la controversia debía ser dirimida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ordenando en consecuencia la remisión del expediente para su
correspondiente reparto.
5. Repartido el proceso, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de
Medellín, mediante auto del 17 de julio de 2024, inadmitió la demanda, al advertir
la necesidad de adecuarla a los presupuestos del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
6. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, en
el cual planteó la existencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones;
no obstante, mediante auto del 2 de agosto de 2024, el despacho judicial confirmó
la inadmisión y concedió término para la subsanación de la demanda.
7. Vencido el término otorgado sin que la parte demandante subsanara los
yerros advertidos, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín,
mediante auto del 7 de noviembre de 20242, dispuso el rechazo de la demanda,
con fundamento en el incumplimiento de las cargas procesales a su cargo.
8. Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto desfavorablemente
y el segundo fue concedido mediante auto del 11 de diciembre de 20243.
9. El recurso de apelación fue decidido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, el cual, mediante providencia del 13 de marzo
de 20254, confirmó el rechazo de la demanda, al considerar que la parte actora
2
Índice 20 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-33-33-019-2024-00072-00.
3
Ibidem, índice 25.
4
Índice 6 del aplicativo SAMAI, exp. 05001-33-33-019-2024-00072-01. El cual se fijó por estado el 17 de marzo de
2025.
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incumplió el deber procesal de adecuarla y subsanarla conforme a las exigencias
normativas aplicables.
10. El Tribunal precisó que, conforme a las reglas de competencia fijadas por
la Corte Constitucional, en particular, el Auto 147 de 20245, cuando se debate la
existencia de una relación laboral presuntamente encubierta con entidades
estatales, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sin perjuicio de la eventual acumulación de pretensiones
relacionadas con empresas de servicios temporales.
11. En desacuerdo con las decisiones judiciales adoptadas, la señora Cano
instauró una acción de tutela, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
seguridad jurídica y a la confianza legítima, atribuyendo a las providencias
cuestionadas la configuración de los defectos orgánico, procedimental y
sustantivo.
12. La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 5 de junio de 20256 la
declaró improcedente, al considerar que no se acreditaban los requisitos de
relevancia constitucional e inmediatez, y que la solicitud se orientaba a reabrir un
debate propio de la jurisdicción ordinaria.
13. La anterior decisión fue impugnada por la accionante; no obstante, la
Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, mediante sentencia del 15
de agosto de 20257, confirmó la improcedencia del amparo, al concluir que la
controversia planteada carecía de relevancia constitucional y que la acción de
tutela estaba siendo utilizada como una instancia adicional para controvertir
decisiones judiciales adoptadas por el juez natural.
2.2. Fundamento jurídico:
14. La parte accionante fundamentó la solicitud de tutela en la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima, al estimar que las providencias judiciales cuestionadas le impidieron
obtener una decisión de fondo sobre la existencia de una relación laboral, en
virtud de una indebida determinación de la competencia y de la aplicación
desproporcionada de cargas procesales que restringieron el acceso efectivo a la
jurisdicción.
15. En primer término, alegó la configuración de un defecto orgánico, por
cuanto, en su criterio, las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo carecían de competencia para conocer del asunto, toda vez que,
en su sentir, conforme al precedente constitucional aplicable, la controversia
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 147 de 2024, MP Juan Carlos Cortés González.
6
Índice 12 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2025-02257-00. Notificada el 10 de junio de 2025.
7
Índice 5 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2025-02257-01. Notificada el 14 de noviembre de 2025 y
remitida a la Corte Constitucional el día 25 del mismo mes y anualidad.
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debía ser tramitada por la jurisdicción ordinaria laboral. A su vez, cuestionó la
actuación del juez laboral por declinar el conocimiento, generando, según su
afirmación, una situación de indefinición de competencia contraria al derecho de
acceso a la justicia.
16. De igual forma, invocó un defecto procedimental absoluto, al sostener
que las autoridades judiciales omitieron resolver adecuadamente el conflicto de
competencia planteado y, en su lugar, optaron por inadmitir y posteriormente
rechazar la demanda, con fundamento en exigencias formales que, a su juicio,
resultaban irrazonables y desproporcionadas, impidiendo así un pronunciamiento
de fondo sobre las pretensiones formuladas.
17. Asimismo, estructuró un cargo por desconocimiento del precedente
constitucional, particularmente respecto del Auto 147 de 2024 de la Corte
Constitucional, al considerar que las autoridades judiciales efectuaron una
interpretación errónea de las reglas de competencia allí fijadas, en relación con
controversias que involucran presuntas relaciones laborales encubiertas a través
de empresas de servicios temporales.
18. En esa misma línea, planteó la existencia de una violación directa de la
Constitución, al estimar que las decisiones judiciales privilegiaron una
interpretación formalista de las normas procesales sobre los principios
constitucionales de acceso efectivo a la justicia y primacía de la realidad sobre
las formas, desconociendo el deber de garantizar la protección material de los
derechos laborales en discusión.
19. En síntesis, la accionante sostuvo que las providencias cuestionadas
derivaron en una vía de hecho, en tanto la interpretación sobre la competencia y
el rigor en la exigencia de cargas procesales derivaron en la imposibilidad de
obtener una tutela judicial efectiva, configurando así una afectación sustancial de
sus derechos fundamentales8.
2.3. Pretensiones
20. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, juez
natural, igualdad, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia
y dignidad humana de la señora LUZ EDILMA CANO, los cuales han sido
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al incurrir en vías de hecho
por defectos orgánicos, sustantivos y fácticos, al desconocer el precedente
vinculante de la Honorable Corte Constitucional y la normativa de competencia
vigente.
SEGUNDA: DECLARAR que la conducta de las autoridades judiciales que se
relacionan a continuación incurrieron en vías de hecho (defecto orgánico,
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente constitucional según los
autos 147 de 2024, 1502 de 2024 y 053 de 2025 de la Corte Constitucional.):
8
No obstante, se advierte que tales planteamientos ya fueron desestimados en sede constitucional al
considerarlos propios del ámbito de interpretación del juez natural y carentes de relevancia constitucional.
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Accionante: Luz Edilma Cano
2.1: JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN: Al proferir
el Auto del 7 de febrero de 2024, mediante el cual declaró falta de competencia
y remitió el proceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ignorando que
la competencia recae en la justicia ordinaria según los Autos 147 de 2024, 1502
de 2024 y 053 de 2025 de la Corte Constitucional.
2.2: JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN: Al
proferir los autos de inadmisión (17 de julio de 2024), denegación de
reposición (2 de agosto de 2024) y rechazo de la demanda (7 de noviembre
de 2024), asumiendo un "territorio" jurisdiccional que no le corresponde.
2.3: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA (SALA SEXTA): Al
proferir el auto calendado trece de marzo de 2025 que confirmó el rechazo de
la demanda, persistiendo en el error de jurisdicción, desconocimiento de la
calidad de trabajadora oficial de la accionante y el vincula laboral con las
empresas de servicios temporales.
2.4: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN QUINTA: Al proferir la Sentencia de
Tutela de Primera Instancia calendada cinco de junio de 2025, la cual negó el
amparo al ignorar el precedente constitucional ordenado en los autos 147 de
2024, 1502 de 2024 y 053 de 2025 de la Corte Constitucional y al omitir la
valoración del perjuicio irremediable de un sujeto de especial protección.
2.5: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA: al proferir la sentencia de
tutela de segunda instancia calendada quince de agosto de 2025, pero
notificada personalmente el catorce de noviembre de 2025, la cual negó el
amparo al ignorar el precedente constitucional ordenado en los autos 147 de
2024, 1502 de 2024 y 053 de 2025 de la Corte Constitucional y al omitir la
valoración del perjuicio irremediable de un sujeto de especial protección.
TERCERA (CONSECUENCIAL): DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la totalidad
de las providencias mencionadas en la pretensión anterior, así como todas las
actuaciones surtidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa por carecer
de validez constitucional.
CUARTA: ORDENAR al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN que retome de manera inmediata el conocimiento del proceso
laboral ordinario (radicado 05001310501120170075500), dándole continuidad
desde la etapa en que se encontraba (continuación audiencia del artículo 80 del
C.P.T.S.S.).
QUINTA: ORDENAR que en dicho proceso se aplique de manera preferente el
precedente sentado por la Honorable Corte Constitucional en los autos 147 de
2024, 1502 de 2024 y 053 de 2025, reconociendo que al existir intermediación
por empresas de servicios temporales (Misión Empresarial S.A.S. y Empleamos
S.A.) y ser la ESU una Empresa Industrial y Comercial del Estado donde sus
trabajadores por regla general ostentan la calidad de trabajadores oficiales, la
competencia es exclusiva de la Jurisdicción Ordinaria Laboral.
SEXTA: EXHORTAR al despacho laboral para que imprima la mayor celeridad
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posible al trámite, considerando que la señora LUZ EDILMA CANO es una
persona de 64 años de edad, en estado de vulnerabilidad económica y sujeto
de especial protección constitucional, cuyo proceso ha sufrido una dilación
injustificada de más de un año por este conflicto de competencia.». SIC en toda
la cita.
2.4. Intervenciones
21. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 69 de abril de 2026, a
través del cual se ordenó notificar al Juzgado Once Laboral del Circuito de
Medellín, al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín, a la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Sección Quinta
y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Empresa
para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, a la Misión Empresarial Servicios
Temporales S.A.S, a la sociedad Empleamos S.A. en liquidación y al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como accionados.
22. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso para lo de su competencia y se requirió al abogado José Fernando Vélez
Ramírez para que allegara el poder para actuar en sede constitucional en
representación de la accionante10.
2.4.1. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín11 solicitó negar la
solicitud de amparo constitucional. Informó que el proceso ordinario laboral
iniciado por la señora Luz Edilma Cano el 26 de septiembre de 2017 fue tramitado
conforme a las normas procesales vigentes, incluyendo admisión, contestaciones
de las partes demandadas, múltiples requerimientos de notificación y la
realización parcial de la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T.S.S.
23. Expuso que, mediante auto del 7 de febrero de 2024, el despacho declaró
su falta de competencia y ordenó la remisión del proceso a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y que no se advertía ninguna vulneración de derechos
fundamentales atribuible a ese juzgado, ni se satisfacía el requisito de
inmediatez.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho núm. 212 sostuvo
que la acción de tutela promovida por la accionante no superaba el requisito de
relevancia constitucional, en tanto pretendía reabrir un debate jurídico ya resuelto
por el juez natural, utilizando la tutela como una instancia adicional, lo cual
resultaba improcedente según la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional y de esta corporación.
24. Indicó que la providencia cuestionada estuvo debidamente motivada, con
sustento legal, probatorio y jurisprudencial y no se configuró una vía de hecho ni
9
Índice 4 del aplicativo SAMAI.
10
Posteriormente el apoderado de la señora Luz Edilma Cano allegó el poder debidamente diligenciado, índice 15 del
aplicativo SAMAI.
11
Índice 14 del aplicativo SAMAI.
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Índice 16 del aplicativo SAMAI.
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una actuación arbitraria, por lo que solicitó negar las pretensiones del amparo.
2.4.3. El Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín13 remitió el vínculo
de acceso al expediente con radicado 05001-33-33-019-2024-00072-00.
2.4.4. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU14
reconoció la existencia del proceso laboral ordinario promovido por la actora
desde 2017, el cual fue remitido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
por declaratoria de falta de competencia de la jurisdicción laboral, y
posteriormente rechazado por no haberse subsanado conforme a las exigencias
del CPACA.
25. Sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas no constituían vías
de hecho ni configuraban causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, pues los despachos actuaron dentro de su marco legal y
procesal, siendo la propia inactividad procesal de la accionante la que condujo al
rechazo de la demanda.
26. Finalmente, afirmó que, dada la naturaleza jurídica de la ESU como
Empresa Industrial y Comercial del Estado, la controversia corresponde en
principio a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, razón por la cual
solicitó negar el amparo constitucional, al no evidenciarse vulneración del
debido proceso ni del derecho al juez natural.
2.4.5. La Sección Quinta y la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado guardaron silencio.
2.4.6. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201915 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De las providencias objeto de estudio en sede constitucional
28. De manera preliminar, la Sala advierte que la presente acción de tutela
13
Índice 17 del aplicativo SAMAI.
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Índice 18 del aplicativo SAMAI
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resulta improcedente16 por configurarse una actuación temeraria, en los
términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por las razones que se pasan
a explicar.
29. Se evidenció que la señora Luz Edilma Cano, actuando por conducto de
apoderado, promovió previamente la acción de tutela identificada con el radicado
11001-03-15-000-2025-02257-00/01, dentro de la cual cuestionó las mismas
providencias judiciales, alegó idénticas vulneraciones de derechos
fundamentales y formuló pretensiones sustancialmente coincidentes con las
ahora planteadas.
30. Dicha acción constitucional fue decidida desfavorablemente en primera
instancia mediante sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, y confirmada en segunda instancia mediante
sentencia del 15 de agosto de 2025, dictada por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación, providencias que pusieron fin al trámite
constitucional.
31. En ese entendido, el examen comparativo entre ambas solicitudes de amparo
permite advertir que la presente acción no introduce hechos nuevos, cargos
diferentes ni fundamentos constitucionales novedosos, sino que reproduce
sustancialmente los mismos reproches fácticos y jurídicos ya evaluados y
descartados por los jueces constitucionales, limitándose la parte actora a reiterar
su inconformidad con el sentido de las decisiones adoptadas.
32. Tal proceder desconoce los principios de buena fe, lealtad procesal,
economía y eficacia, y desnaturaliza el ejercicio de la acción de tutela, en la
medida en que pretende obtener un nuevo pronunciamiento judicial sobre una
controversia ya definida en sede constitucional, sin que se haya expuesto motivo
razonable que justifique la reiteración del amparo.
3.2.2. De la temeridad
33. Es necesario tener en cuenta que en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991 se previó la imposibilidad de presentar múltiples acciones de tutela
idénticas, en los siguientes términos:
«Artículo 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
16
Respecto de los reproches al auto del 7 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Once Laboral del Circuito de
Medellín al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia con radicado 05001-31-05-011-2017-00755-00; las
providencias del 17 de julio, 2 de agosto, 7 noviembre y 11 de diciembre de 2024, expedidas por el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
33-33-019-2024-00072-00; el auto del 13 de marzo de 2025, proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el trámite de segunda instancia del proceso anteriormente mencionado.
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suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar».
34. En relación con el propósito de esta disposición la Corte Constitucional
señaló:
«Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución,
que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el
segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y séptimo
así: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de
la Sala) y "Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la
justicia".
Por último, el artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe
actuar regido por los principios de economía y eficacia.
Luego la explicación de ello consiste en el hecho que el abuso desmedido e
irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda
la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la
administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado
de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida
directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender
los requerimientos del resto de la sociedad civil.
Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política corrobora lo
anterior al consagrar la "prevalencia del interés general" como uno de los
fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia, se concluye sin
esfuerzo que la coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés
general»17.
35. En el presente asunto se advierte que, respecto a las providencias del 7
de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de
Medellín al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia con radicado
05001-31-05-011-2017-00755-00; las providencias del 17 de julio, 2 de agosto, 7
noviembre y 11 de diciembre de 2024, expedidas por el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2024-00072-00; el
auto del 13 de marzo de 2025, proferido por la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el trámite de segunda instancia del
proceso anteriormente mencionado, la señora Luz Edilma Cano presentó dos
acciones constitucionales que guardan identidad fáctica y jurídica.
36. Así las cosas, la situación expuesta en precedencia hace que el estudio
de la presente acción devenga en definitiva como improcedente respecto a estas
providencias, teniendo en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional se ha establecido que:
17 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 22 de mayo de 1992, magistrado ponente: Alejandro
Martínez Caballero, reiterada en la sentencia C-054 de 1993.
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Acción de Tutela
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«(…) la duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional
torna improcedente el mecanismo y, en caso de que se acredite ausencia
de motivo expresamente justificado, permite considerar la actuación como
temeraria. En efecto, la Corporación ha reprochado la formulación
simultánea o sucesiva de acciones de tutela sobre la misma materia, por
cuanto una actuación en tal sentido, además de atentar contra los principios
de economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por
comprometer la capacidad judicial del Estado (…)18». Negrilla fuera de texto.
37. Es importante entonces recordarle a la accionante, que no se puede
abusar del ejercicio de la acción de tutela, pues con ello se sobrecarga al sistema
judicial y en últimas lo perseguido por el amparo termina disolviéndose, pues el
despacho judicial está en la obligación de rechazar o decidir de manera
desfavorable todas las solicitudes que se le alleguen, si las mismas son
presentadas por la misma persona o su representante, sin motivo
expresamente justificado, ante varios jueces o tribunales.
38. Los supuestos que no se acreditaron en este caso para que esta acción
pudiera presentarse nuevamente de manera excepcional, sin que se considerara
temeraria, son los que se citan a continuación:
«(…) -Supuestos que facultan a interponer nuevamente una acción sin que
sea considerada temeridad : (i) La condición de ignorancia o indefensión
del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y
no por mala fe; (ii) El asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite
de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de
proteger los derechos fundamentales del demandante; y (iv) Se puede
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional
profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso
si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los
mismos hechos y con la misma pretensión. (…)19».
39. En ese orden de ideas, se considera que hay lugar a rechazar la acción
de tutela por temeridad respecto a las providencias citadas.
40. En consecuencia, el análisis de procedibilidad se limitará a la sentencia de
tutela de segunda instancia del 15 de agosto de 2025, notificada el 14 de
noviembre de esa anualidad, por ser la decisión que puso fin al trámite
constitucional.
3.3. Problema jurídico
41. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-502 de 2008.
19 Corte Constitucional SU-027 de 2021, magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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establecer si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
ocasión de su providencia del 15 de agosto de 2025 notificada el 14 de noviembre
de esa anualidad que confirmó la sentencia del 5 de junio de 2025 dictada por la
Sección Quinta de esta corporación incurrió en los defectos orgánico,
procedimental absoluto, por desconocimiento del precedente y por violación
directa de la Constitución y con ellos, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, a la dignidad, a la igualdad y al principio de juez natural de la
señora Luz Edilma Cano.
42. Previo a lo anterior, resulta necesario establecer si la acción cumple con
los requisitos de procedencia cuando se atacan providencias emitidas en el
marco de otra acción de tutela.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
43. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así
como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto
1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
44. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente,
es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
45. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien
pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la
jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los
mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como
sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.
46. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
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tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición,
como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los
medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un
perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial:
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la
situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.
3.3.1. De la acción de tutela contra tutela
47. Es preciso poner de presente que, después de un largo período en el que
se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia de tutela, la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, estableció el carácter
excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se pudiera
constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia señaló:
«4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la
Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
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procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional»20.
48. En consideración a los fundamentos anteriores, así como a lo expuesto en
la cuestión previa, la Sala advierte que la inconformidad de la accionante se
circunscribe, en lo sustancial, a la sentencia de tutela de segunda instancia
proferida el 15 de agosto de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, notificada el 14 de noviembre de esa anualidad toda vez que
esta puso fin al trámite constitucional, quedando excluidas del examen las
decisiones anteriores por las razones ya expuestas.
49. En ese entendido, pese a que formalmente se cuestionaron múltiples
actuaciones judiciales, como se expuso, el único reproche constitucional que
tiene recibo en esta sede es el de la referida sentencia de tutela, en cuanto no
resultó favorable a las pretensiones de la actora.
50. No obstante, los argumentos esgrimidos por la accionante no introdujeron
un debate constitucional autónomo, distinto o novedoso, sino que reprodujeron,
casi de manera idéntica, los mismos cuestionamientos ya formulados y
exhaustivamente valorados en el trámite constitucional ante las instancias
judiciales.
51. Así las cosas, el análisis del presente asunto necesariamente debe
efectuarse a la luz de la regla de improcedencia fijada por la Corte Constitucional
en la sentencia de unificación SU-627 de 2015, según la cual la acción de tutela
no procede contra sentencias de tutela, salvo en escenarios absolutamente
excepcionales en los que se acredite, de forma clara, específica y suficiente, la
existencia de fraude procesal que derive en cosa juzgada constitucional
fraudulenta, además del cumplimiento estricto de exigentes presupuestos
adicionales de procedibilidad.
52. En el caso concreto, la Sala constata que la parte actora no acreditó, ni
siquiera de manera sumaria, la configuración de un fraude constitucional,
ni expuso hechos concretos, pruebas objetivas o circunstancias excepcionales
que permitan inferir la existencia de maniobras engañosas, conductas dolosas o
irregularidades graves encaminadas a inducir en error al juez de tutela.
53. Por el contrario, su argumentación se limitó a expresar una inconformidad
subjetiva con la interpretación jurídica efectuada por el juez de tutela, lo cual
resulta manifiestamente insuficiente para desvirtuar la presunción de corrección
que ampara las decisiones adoptadas en sede constitucional.
54. Desde esta perspectiva, resulta evidente que la presente solicitud de
amparo no persigue la protección inmediata de derechos fundamentales frente a
una vulneración actual y concreta, sino que pretende reabrir un debate
constitucional ya definido, desconociendo deliberadamente el efecto de cierre
que la jurisprudencia ha atribuido a las sentencias de tutela y, en particular, la
20
Corte Constitucional, sentencia SU 627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
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función estabilizadora que cumple la cosa juzgada.
55. La Sala considera necesario advertir que admitir acciones de esta
naturaleza implicaría desnaturalizar el diseño constitucional de la tutela, al
permitir su utilización como un instrumento de revisión indefinida de decisiones
judiciales adoptadas en sede constitucional, lo cual no solo comprometería los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, sino que vaciaría de contenido el
carácter excepcional, residual y subsidiario del mecanismo.
56. En ese sentido, resulta improcedente que la acción de tutela sea empleada
como una instancia adicional o correctiva, orientada a sustituir el razonamiento
jurídico del juez constitucional por el de la parte inconforme, pues, como lo ha
reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la tutela no está llamada a
rectificar criterios interpretativos legítimos ni a desautorizar decisiones adoptadas
en el marco de la autonomía judicial, aun cuando estas resulten desfavorables
para quien las controvierte.
57. En conclusión, al no acreditarse la existencia de fraude procesal ni la
configuración de cosa juzgada fraudulenta; al evidenciarse que la demanda se
sustenta en la reiteración de argumentos ya analizados y descartados; y al
constatarse que la actora pretende reabrir un debate constitucional
definitivamente resuelto, la Sala, en aplicación estricta de la sentencia SU-627
de 2015, declarará improcedente la presente acción de tutela respecto a la
providencia del 15 de agosto de 202521 proferida por la Sección Tercera,
Subsección C de esta corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar parcialmente la acción de tutela presentada por la señora
Luz Edilma Cano por configurarse la temeridad respecto de las siguientes
providencias: el auto del 7 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Once
Laboral del Circuito de Medellín al interior del proceso ordinario laboral de primera
instancia con radicado 05001-31-05-011-2017-00755-00; las decisiones del 17
de julio, 2 de agosto, 7 de noviembre y 11 de diciembre de 2024, expedidas por
el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2024-
00072-00 y el auto del 13 de marzo de 2025, proferido por la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en
esta providencia.
21
Índice 5 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2025-02257-01. Notificada el 14 de noviembre de 2025 y
remitida a la Corte Constitucional el día 25 del mismo mes y anualidad.
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Segundo: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Luz Edilma Cano, con respecto a la providencia del 15 de agosto de
202522 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
22
Índice 5 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2025-02257-01. Notificada el 14 de noviembre de 2025 y
remitida a la Corte Constitucional el día 25 del mismo mes y anualidad.
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