Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02257-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02257-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02257-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
15 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante:: LUZ EDILMA CANO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA DE
DECISIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a
la vulneración de derechos fundamentales. INMEDIATEZ- Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del
amparo.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 5 de junio de 2025 por el Consejo de Estado- -Sección Quinta que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La señora Luz Edilma Cano, a través de apoderado judicial (Indice 8, SAMAI), presentó
acción de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica e
invocó el principio de confianza legitima, que considera vulnerados por las siguientes
providencias: (i) auto del 7 de febrero de 2024 del Juzgado Once Laboral del Circuito
Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario laboral con radicado 05001-31-05-
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
011-2017-00755-00; (ii) autos del 17 de julio, 2 de agosto, 7 y 11 de noviembre de
2024 proferidos por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, y; (iii) el auto del 13 de marzo de 20251 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 05001-33-33-019-2024-
00072-00/01, promovido por la accionante contra el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, la Empresa para la Seguridad Urbana -E.S.U-
., Misión Empresarial Servicios Temporales S.A.S. y Empleamos S.A.S. -en
liquidación-, como accionados.
En virtud de la acción de tutela, solicita dejar sin efectos las providencias
reprochadas y declarar que son violatorias de sus prerrogativas constitucionales.
1. Hechos relevantes
La señora Luz Edilma Cano instauró demanda ordinaria laboral la cual buscaba (i)
se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y la Empresa para
la Seguridad Urbana -E.S.U- y, (ii) que se determinara la intermediación del
municipio de Medellín y las sociedades: Misión Empresarial Servicios Temporales
S.A.S. y, Empleamos S.A.S. -en liquidación-.
En auto del 7 de febrero de 2024, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín
resolvió declarar la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la
remisión del expediente a los juzgados administrativos del circuito de Medellín para el
correspondiente reparto.
El 17 de julio de 2024, el Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín inadmitió la demanda para que fueran subsanados los requerimientos.
Contra dicho auto se presentó recurso de reposición en el que se planteó un conflicto
de competencia con el juzgado laboral; sin embargo, el 2 de agosto de 2024, ese
Despacho judicial resolvió desfavorablemente y otorgó 10 días contados a partir del
día siguiente a aquel en que se produjo la notificación por estado, para corregir el
escrito de la demanda. El 7 de noviembre del mismo año, el juzgado rechazó la
1
Mediante el cual se confirmó la providencia del a quo de fecha 7 de noviembre de 2024, por medio del cual
se rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
demanda, puesto que la demandante no enmendó ni corrigió las observaciones
realizadas.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,
el cual fue resuelto mediante auto del 11 de diciembre de 2024, por medio del cual se
negó el primero y concedió el segundo.
Por lo anterior, en providencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión confirmó el auto del 7 de noviembre de 2024, por
medio del cual se rechazó el medio de control. Esta decisión fue notificada por estado
el 14 de marzo de 2025.
2. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostiene que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
laboral, a la igualdad, a la confianza legítima en las autoridades legalmente
constituidas y a la seguridad jurídica.
Aduce que, el Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, el
Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, como también el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, incurrieron en los siguientes defectos al proferir,
respectivamente, los autos del 7 de febrero, 17 de julio, 2 de agosto, 7 y 11 de
noviembre de 2024 y del 13 de marzo de 2025.
Defecto orgánico: por parte del juzgado administrativo y el tribunal al carecer de
competencia para tal efecto. A su vez, el juzgado laboral al no cumplir con su
obligación de administrar justicia.
Defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución: Ninguna de las tres autoridades judiciales atendió el precedente y,
por ende, el procedimiento dispuesto en el auto 147 del 31 de enero de 2024 dictado
por la Corte Constitucional y ratificado por el 053 del 29 de enero de 2025.
Asimismo, expresó que el Tribunal Administrativo de Antioquia no interpretó
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
correctamente lo determinado por la Corte Constitucional en el auto 147 del 31 de
enero de 2024, puesto que el máximo tribunal constitucional manifestó que cuando
existen contratos de prestación de servicios acumulados con contratos de trabajo en
empresas de servicios temporales, el juez administrativo es el competente para
conocer lo relativo a los primeros.
Subrayó adicionalmente que, dicha Corporación Judicial manifestó que cuando solo
hay contratos de trabajo suscritos con empresas de servicios temporales, el único
competente es el juez laboral del circuito.
3. Trámite de primera instancia
El asunto correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Mediante auto
del 30 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación a los
magistrados integrantes de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, al
Juzgado Once Laboral del Circuito Judicial de Medellín, al alcalde del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, al Gerente de la Empresa
para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y los representantes legales de las
sociedades, Misión Empresarial Servicios Temporales S.A.S., y Empleamos S.A.S.
-en liquidación-. Igualmente, se requirió a la Secretaría General de esta Corporación
para que publique en su respectiva página web copia digital de la demanda de tutela,
de los anexos que la acompañan y del auto de admisión.
En el escrito de contestación el Magistrado Ponente de la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, al oponerse al amparo adujo que la tutela es
improcedente porque la tutelante busca convertir esta acción en una tercera
instancia, para así, retomar, una vez más, el debate jurídico planeado. Agrega que,
no reviste relevancia constitucional y considera que no es necesario efectuar ningún
comentario adicional en relación con la providencia proferida el 13 de marzo de 2025,
puesto que está suficientemente argumentada, partiendo de un análisis legal,
probatorio y jurisprudencial del caso sometido a consideración de la jurisdicción.
A pesar de haber sido debidamente notificadas para que rindieran los informes que
consideraran pertinentes, los demás accionados guardaron silencio.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó se le
desvincule de la acción de tutela por no estar legitimado en la causa para resolver la
situación del accionante. Adujo que la entidad no ha adelantado ninguna actuación
de la cual se derive la vulneración de algún derecho del accionante y sus acciones
se han dado en el marco de los procesos judiciales según sus derechos y
obligaciones.
Mediante sentencia del 5 de junio de 2025, el Consejo de Estado -Sección Quinta
declaró improcedente la acción de tutela, pues no satisface los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional. Precisó que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para mostrar un inconformismo con las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica una
trasgresión de los derechos fundamentales. Agregó que su decisión la fundamenta
en el marco legal y jurisprudencial que consideró aplicables al caso, así como sus
conclusiones se cimientan en la valoración del acervo probatorio allegado al
expediente.
La accionante impugnó. Esgrimió los mismos planteamientos señalados en la
solicitud de tutela, particularmente manifiesta que ni el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito de Medellín ni el Tribunal Administrativo de Antioquia
interpretaron correctamente lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 147
de 31 de enero de 2024, reiterado en el auto 053 del 21 de enero de 2025, en el
sentido que cuando se presenta un contrato de trabajo celebrado con empresa
temporal, y se alega una relación laboral con una empresa industrial y comercial del
Estado la competencia recae en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.
Sostuvo que por tal razón, el caso de la solicitante debe ser conocido por el Juzgado
Laboral del Circuito de Medellín. El 24 de junio de 2025 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 5 de junio de
2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
la acción de tutela por no superar los requisitos de inmediatez y relevancia
constitucional.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3 Ibidem.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela5.
Caso concreto
En el caso objeto de estudio la accionante solicita mediante acción de tutela dejar
sin efectos las providencias del 7 de febrero de 2024, expedida por la jurisdicción
ordinaria laboral – Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual se
declaró falta de competencia, luego de establecer que le correspondía a la
jurisdicción contenciosa administrativa la atribución de conocer los procesos para
determinar la existencia de una relación laboral con el Estado; y del 13 de marzo de
2025, que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión,
con la cual finalizó el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo
que se infiere es la cuestionada en la presente acción constitucional.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio de la accionante, las
autoridades judiciales accionadas violaron cada uno de los anteriores derechos al
incurrir en vías de hecho por defecto orgánico, por defecto procedimental absoluto,
por desconocimiento de precedente judicial, por violación directa de la Constitución
Política al interpretar indebidamente el auto 146 proferido por la Corte Constitucional
y no declarar intermediarios al municipio de Medellín y a las sociedades: Misión
Empresarial Servicios Temporales S.A.S. y, Empleamos S.A.S. -en liquidación-.
La justificación que hace la accionante para demostrar que el asunto tiene relevancia
constitucional consiste en que involucra derechos fundamentales de las partes, y
que se fundamenta en decisiones de la Corte Constitucional, no es de recibo por
cuanto aquel requisito general de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra
providencias judiciales se centra en la solidez de los argumentos presentados que
revelen una desmejora en el tratamiento de esos derechos y la solicitante tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez
pueda determinar si se cumple o no dicho requisito.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala advierte que los argumentos que invoca la accionante como fundamento de
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, a la igualdad, la seguridad jurídica y al principio de
confianza legitima, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno a
que su controversia de naturaleza laboral sea conocida por la jurisdicción ordinaria
en su especialidad laboral para que se reconozca la existencia de un contrato de
trabajo entre la accionante y la Empresa para la Seguridad Urbana -E.S.U-,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho
fundamental se deriva de un asunto que fue debidamente argumentado y concluido
por el juez natural de la causa.
La presunta vulneración a los derechos fundamentales antes descritos no es nada
distinto que buscar una instancia adicional al proceso ordinario a través de la acción
de tutela, cuando se observa que en el proceso ordinario las pruebas fueron valoradas
como lo afirmó el ad quem al resolver el recurso de apelación del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho-laboral, así:
«(…) En el sub examine la señora Luz Edilma Cano, pretende con la
demanda presentada ante la jurisdicción ordinaria en especialidad
laboral, el reconocimiento de una relación laboral con la Empresa para la
Seguridad Urbana E.S.U.
En esos términos el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín,
estimó que la competencia del asunto recaía en la jurisdicción contenciosa
administrativa, y a raíz de ello, el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito de Medellín asumió el conocimiento de la demanda en referencia,
bajo el argumento de encontrarse el presente asunto dentro del supuesto
contenido en el numeral 4° del artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Tal y como lo determinó el Juez de primer grado, la demanda proveniente
de la jurisdicción ordinaria debía ser adecuada al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, con el fin de que la parte demandante adecuara el escrito de
demanda a los supuestos y requisitos de la jurisdicción administrativa
contenidos en los artículos 161 y 162 ibídem.
Encuentra la Sala que, si bien la parte actora recurrió la decisión en
cita, en auto del 02 de agosto de 2024 el Juez de primer grado resolvió
el recurso de reposición impetrado, y mantuvo en firme la inadmisión de la
demanda, por lo tanto, le asistía a la demandante el deber de parte de
subsanar la demanda en los términos dispuestos en el artículo 170 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
obligación que fue incumplida.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
Ahora, argumenta en la alzada la parte demandante que la decisión de
rechazo de la demanda debe ser revocada, en la medida en que el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín no es el competente para
conocer de la demanda instaurada por la señora Luz Edilma Cano, en
contra del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
la Empresa de Seguridad Urbana E.S.U, Misión Empresarial S.A. y
Empleamos S.A, pues, la relación encubierta se dio bajo contratos
únicamente firmados con las sociedades Misión Empresarial S.A.S y
Empleamos S.A., y con ello, le corresponde el conocimiento del
asunto a la jurisdicción ordinaria.
De lo anterior, es importante resaltar que, dentro del auto que resolvió
el recurso de reposición en contra de la providencia que inadmitió la
demanda, el Juez de conocimiento expresó a la parte actora el deber
que le asiste de cumplir con lo pedido, y si es de su interés que sea
la jurisdicción ordinaria laboral quien asuma el conocimiento del
asunto, debería excluir del litigio las entidades públicas, pues,
conforme a las reglas de competencia fijadas por la H. Corte
Constitucional, estando dentro del presente proceso una discusión en
torno a una relación laboral encubierta con entidades públicas, sería
la jurisdicción contenciosa administrativa la competente para conocer
de la demanda que se referencia, sin perjuicio de que se acumulen
pretensiones relacionadas a contratos de trabajo con empresas de
servicios temporales.
Pese a lo indicado por el Juez de primera instancia, y al hecho de
haberse contabilizado a partir de esa providencia el término que
consagra el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, la parte demandante no subsanó
la demanda, con el fin de exponer ante el Juez que actualmente tiene
la competencia para conocer del asunto, las súplicas que pretende
acudiendo a la administración de justicia, lo que impide al juez de
conocimiento de acuerdo al contenido de esa actuación de parte
evaluar las circunstancias de hecho y de derecho que son propias del
conflicto a resolver, y determinar, de acuerdo a esas reglas de
competencia fijadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional si
debía o no seguir conociendo de la demanda instaurada por la señora
Luz Edilma Cano, en contra del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, la Empresa de Seguridad
Urbana E.S.U, Misión Empresarial S.A. y Empleamos S.A.
Ahora, pone de presente la apelante el contenido del Auto A147 del
31 de enero de 2024, en donde la Corte Constitucional dirimió un
conflicto de competencia entre jurisdicciones por asunto similar, no
obstante, en ese evento, si bien, la Corte precisó la competencia en
razón a unos contratos de prestación de servicios que en efecto
fueron firmados con la Empresa para la Seguridad Urbana de
Medellín E.S.U, y estableció unos tiempos en esta, y otros con
sociedades de carácter privado, en dicha providencia, se definió la
siguiente regla:
“16. Regla de decisión. Con fundamento en el artículo 104 del
CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la
competente para conocer y decidir un proceso promovido para
determinar la existencia de una relación laboral que,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
presuntamente, fue encubierta a través de la suscripción de
contratos de prestación de servicios con el Estado, sin perjuicio de
que se acumulen pretensiones relacionadas a contratos de trabajo
con empresas de servicios temporales.”
Nótese, cómo la regla en mención resulta vinculante para el Juez de lo
contencioso administrativo, y para el desarrollo del presente litigio al
menos en los términos en que se establecieron las pretensiones de la
demanda, por lo tanto, le asiste al Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito de Medellín, la razón al rechazar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, por no haber cumplido la parte
demandante con las cargas procesales que le asistente, y no subsanar
los requisitos formales dentro del término consagrado en el artículo 170
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo».
A su vez, la Sala estima que los argumentos presentados por la accionante no
acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento.
Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto.
La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista
para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales.
Aunado a lo anterior, se advierte que la accionante se limitó a la enunciación de los
derechos fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones que
permitan una revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda o el alcance
de disposiciones constitucionales relativas a esos derechos, con ocasión a la
vulneración que manifiesta.
De ahí que la discusión planteada en el escrito de tutela se reitera, está motivada en
el desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el juez natural. La
vulneración debe estar justificada con la carga argumentativa mínima suficiente que
permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
Esto, además en procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la
garantía de independencia y autonomía de los jueces, como elementos
fundamentales para el cimiento de la actividad judicial del Estado.
Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
Adicional a lo anterior, resulta menester confirmar que la acción no cumple con el
requisito de inmediatez, en relación con los reproches expuestos contra la sentencia
del 7 de febrero de 2024. Esto, pues la decisión fue notificada por estado al 8 de
febrero del mismo año y quedó ejecutoriada el día siguiente6. La demanda de tutela
fue formulada el 21 de abril de 2025, superando el término de 6 meses establecido
en la jurisprudencia unificada, pacífica y reiterada por esta Corporación, para la
presentación de acciones de tutela dirigidas contra providencia judicial.
El accionante, además, no expuso razones que permitan flexibilizar la exigencia en
relación con la mencionada sentencia para este asunto, por lo que el amparo no cumple el
requisito de inmediatez y la tutela es improcedente frente a la providencia del 7 de
febrero de 2024. La Sala también estima que no es posible flexibilizar el requisito de
inmediatez pues, en casos como este, cuando la tutela se dirige contra una
providencia judicial, existe una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez,
el cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Al respecto, la Corte ha señalado que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la
acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha
aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para
presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería
contrario a la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como
un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y
actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
6 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 41, numeral 2.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que
constituye un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales
criterios se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el
momento en el que se produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la
vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige
la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis
de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica
como vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente,
ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones
de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el
requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su
cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente (…)7»
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Consejo
de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta, que declaró
improcedente la solicitud de tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de
la presente sentencia.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02257-01
Accionante: Luz Edilma Cano
Acción de tutela – Segunda instancia
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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