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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02288-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02288-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la Sociedad Constructora Mezquita S.A. – en Liquidación contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por no superar el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02288-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de mayo de 2025

Demandante: Constructora Mezquita S.A. En Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02288-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Santiago de Cali., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02288-00
Demandante: CONSTRUCTORA MEZQUITA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La sociedad Constructora Mezquita S.A. en Liquidación, mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C con el fin de que le sea protegido su derecho
fundamental al debido proceso.

Consideró vulnerada dicha garantía con la sentencia de 23 de septiembre de
2024, que confirmó el fallo de primera instancia proferido por Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión (actuando como
despacho de descongestión), que negó las pretensiones de la demanda
dentro del medio de control de reparación directa identificado con radicado
76001-23-31-000-2010-01493-00/01, instaurado por la parte actora contra la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Constructora Mezquita S.A. En Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02288-00

«1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso de mi
representada, el cual ha sido vulnerados por la entidad accionada en los
términos aquí descritos.

2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la entidad accionada
lo siguiente:

a. Que revoque la Sentencia dictada el 23 de septiembre de 2024, por
medio de la cual Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, con ponencia del Dr.
William Barrera Muñoz, dictó sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado No. 76001-23-
31-000-2010-01493-01 (66111), al haberse configurado un defecto fáctico
(negativo) por indebida valoración probatoria en los términos consignados
en este escrito;

b. Que se ordene al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, emitir nuevamente
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado No. 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111),
subsanando el defecto fáctico (negativo) por indebida valoración
probatoria en los términos que señale el juez constitucional, concediendo
las pretensiones de la demanda»1.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La Constructora Mezquita S.A.- En Liquidación presentó el 1° de septiembre
de 2010, demanda de reparación directa contra la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC con el fin de obtener el resarcimiento
por los daños causados al no haberles notificado oportunamente la
suspensión indefinida en la expedición de permisos ambientales para el
municipio de Jamundí – Valle del Cauca, territorio en el que desarrollaba un
proyecto de construcción.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío, actuando
como despacho de descongestión, que mediante sentencia de primera
instancia proferida el 3 de octubre de 2019, resolvió negar las pretensiones
de la demanda al considerar que las actuaciones de la CVC se ajustaron a la
ley.

Concretamente, estableció que la falta de notificación de la suspensión del
trámite no constituía una falla en el servicio por omisión, ya que la solicitud
de licencia ambiental no constituía un derecho adquirido.

La parte actora interpuso recurso de apelación en el que manifestó que
estaba probada la falla del servicio por omisión y el nexo causal con el daño,
por lo que consideró que la sentencia de primera instancia fue incongruente
al no pronunciarse sobre un aspecto esencial de la demanda como lo era la
falta de notificación del memorando interno de octubre de 2007, en el cual se
ordenó la suspensión de las actuaciones relacionadas con los permisos y

1 Transcripción original

2

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Demandante: Constructora Mezquita S.A. En Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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licencias en algunas áreas del municipio de Jamundí – Valle del Cauca,
dentro de las que se encontraba el predio objeto del proyecto de
construcción.

Dicho recurso fue dirimido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado que, mediante fallo de 23 de septiembre de 2024, confirmó el fallo
de primera instancia indicando que el memorando interno No. 010-09-44-
932-2007-02 enviado por la Dirección General de la CVC a la Dirección
Territorial Suroccidente de la entidad, tenía la finalidad de establecer unos
lineamientos para unificar criterios corporativos sobre el proceder de dicha
dependencia al momento de otorgar las autorizaciones ambientales.

Además, aclaró que su publicidad debía agotarse al interior de la corporación
porque fue, esencialmente, una comunicación o directriz entre funcionarios.

Así mismo, precisó que aun cuando el memorando interno ordenó informar la
orden de suspensión de gestiones al municipio de Jamundí, a la Secretaría
de Planeación del ente territorial y a los usuarios, a fin de que el ente
territorial adecuara el POT a las disposiciones ambientales vigentes, esta
orden no comportaba ni obligaba a la CVC a notificar la directriz interna a
cada interesado en obtener permisos ambientales.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico al haber valorado indebidamente una prueba dentro del
proceso, específicamente el Memorando Interno No. 0110-09-44932-2007-02
del 9 de octubre de 2007, mediante el cual el director general de la CVC,
ordenó a la Dirección Territorial Suroccidente, suspender la expedición de
permisos ambientales asociados a proyectos inmobiliarios ubicados en el
municipio de Jamundí – Valle del Cauca.

Alegó que el defecto fáctico por indebida valoración de ese documento se
resume en el desconocimiento i) del tenor literal del memorando interno, ii)
de las funciones de los directores de las corporaciones autónomas
regionales consignadas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, iii) de las
dinámicas propias de las jerarquías en la función pública; y iv) del principio
de publicidad de la función pública.

Frente al primero de ellos, informó que el memorando dice textualmente que
«Esto debe ser informado detalladamente al Municipio, a su secretaría de
planeación y a los usuarios…», razón por la cual no había lugar a
interpretación alguna.

En cuanto al desconocimiento de las funciones de los directores de las
corporaciones autónomas regionales consignadas en el artículo 29 de la Ley
99 de 1993, expresó que si el director de la CVC emite un memorando
interno ordenando suspender de forma indefinida la expedición de permisos
ambientales asociados a proyectos inmobiliarios ubicados en el municipio de
Jamundí, sus subalternos debían acatar dicha directriz sin necesidad de
3

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emitir actos administrativos individuales en cada procedimiento administrativo
en curso.

En lo que respecta a las dinámicas propias de las jerarquías en la función
pública, indicó que el director de la CVC es el superior jerárquico y
nominador de todos los empleados de la entidad, es decir, ejerce autoridad
administrativa y laboral directa sobre ellos, por lo que si emite una orden esta
debe ser acatada, salvo que sea abiertamente ilegal y/o viole la Constitución,
así que no había justificación alguna para que los funcionarios encargados
de los trámites requeridos hayan omitido informar oportunamente sobre la
suspensión de los mismos, habiendo sido instruidos expresamente en ese
sentido.

Por último, en lo que corresponde al principio de publicidad de la función
pública, citó el artículo 209 de la Constitución Política que establece:

«La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley».

Consideró que, por lo tanto, no tenía sentido que la entidad accionada
hubiera afirmado que el memorando interno simplemente contenía una
directriz interna para unificar criterios dentro de los distintos procedimientos
administrativos de permisos y licencias ambientales que no creó, modificó ni
extinguió una situación jurídica de un particular y que, por ende « …la CVC
no tenía la obligación legal de comunicarlo a terceras personas diferentes a
la corporación autónoma regional cuando ni siquiera la misma CVC pensaba
así».

Expresó que, de haber sido valorado en debida forma dicho documento, el
sentido del fallo hubiese sido radicalmente distinto y se habría revocado la
sentencia de primera instancia, accediendo a las pretensiones de la
demanda.

1.5. Trámite

Mediante auto de 29 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado en calidad de accionados; así mismo se dispuso
comunicar al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión y a
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC como terceros
con interés en las resultas del proceso

1.6. Intervenciones

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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la providencia cuestionada solicitó que se
deniegue la solicitud de amparo por cuanto la sentencia del 23 de septiembre
de 2024 se profirió con estricto apego al ordenamiento jurídico y a las
pruebas aportadas al proceso.

Expresó que no existe una controversia constitucional relevante y que la
petición de tutela se esta usando como una oportunidad para reabrir un
debate propio de las instancias ordinarias.

Manifestó que no es cierto que se haya desconocido que el director general
de la CVC –en el memorando interno de 9 de octubre de 2007– hubiera
ordenado informar a los usuarios, al municipio de Jamundí y a la Secretaría
de Planeación de ese municipio sobre la suspensión de los procesos de
permisos sobre algunos predios.

Explicó que, pese a lo anterior, se concluyó que por la naturaleza del
memorando y por las razones expresadas en las consideraciones de este
(unificar criterios en trámites y licencias ambientales), la orden de información
no comportaba ni obligaba a la CVC notificar la directriz interna a cada
interesado en obtener permisos ambientales en áreas cuyos usos de suelos
tenían reparos por impactos ambientales.

Resaltó que, en tal sentido, se precisó en la sentencia que para que esa
directriz tuviera eficacia, era necesario que, primero, en cada proceso se
dictaran resoluciones que ordenaran la suspensión del trámite de cada
solicitud.

Señaló que la finalidad del memorando interno era establecer unos
lineamientos para unificar criterios corporativos sobre el proceder de la
Dirección Regional Suroccidente, encargada de otorgar las licencias
ambientales y su publicidad debían agotarse en el interior de la entidad
porque fue, esencialmente, una comunicación – directriz- entre funcionarios.

1.6.2. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

El apoderado judicial de la CVC pidió que la acción de tutela sea declarada
improcedente por cuanto no es el mecanismo idóneo para cuestionar
omisiones o actuaciones administrativas que no afecten de manera directa
los derechos fundamentales del accionante, o en su defecto, negar las
pretensiones al no existir vulneración alguna de sus garantías
constitucionales.

Indicó que la CVC actuó conforme a sus competencias legales y que las
circulares, como actos administrativos internos, no producen efectos jurídicos
directos sobre terceros, sino que son instrucciones para el cumplimiento de
los procedimientos internos de la entidad.

Adujo, además, que no se demostró que la omisión de la notificación haya
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tenido una incidencia decisiva en la frustración del proyecto ya que pudieron
existir otros factores de índole económica, técnica y de mercado que
pudieron haber influido en su liquidación.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Quindío

Envió una captura de pantalla en la que informó que el proceso 76001-23-33-
0002010-01493-00/01 fue devuelto al despacho de origen, una vez finalizado
el trámite de descongestión, esto es, al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca del 3 de octubre de 2019.

1.6.4. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Se limitó a remitir el
expediente digital con radicado 76001-23-31-000-2010-01493-00/01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del
accionante con ocasión de la sentencia del 23 de septiembre de 2024, a
través de la cual confirmó el fallo de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación
directa instaurado por la parte actora contra la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad – relevancia constitucional; y finalmente, de encontrarse
superado se analizará, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

2 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»3 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,

3 Ibídem.

7

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se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad -
Relevancia Constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico4 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite5, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario 6”, so pena de involucrarse en
cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el
accionante versa sobre una discrepancia en cuanto a la postura asumida por
la autoridad demandada, que no impacta la garantía de derechos
fundamentales de la parte actora, quien considera que la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental al
debido proceso con la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia,
que negó sus pretensiones dentro del proceso reparación directa instaurado

4 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso

a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
5 Sentencia T-606 de 2000
6 Ibidem

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contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, bajo el
argumento de que la entidad accionada en el proceso ordinario no tenía la
obligación legal ni reglamentaria de notificar al público las decisiones,
directrices, circulares o memorandos internos que emitiera.

Específicamente, las inconformidades planteadas por la parte actora en el
escrito de tutela están encaminadas a cuestionar la indebida valoración de
una prueba dentro del proceso ordinario, específicamente el memorando
interno No.0100-09-44932-2007-02 del 9 de octubre de 2007, mediante el
cual del director general de la CVC ordenó a la Dirección Territorial
Suroccidente suspender la expedición de permisos ambientales asociados a
proyectos inmobiliarios ubicados en el Municipio de Jamundí (Valle del
Cauca).

Por lo tanto, es evidente que el debate planteado por la accionante solo tiene
por objeto manifestar una discrepancia con la postura asumida por la
autoridad judicial demandada, en relación con la interpretación probatoria
respecto de dicho memorial, ya que insiste en que no se notificó
oportunamente la suspensión indefinida en la expedición de permisos
ambientales para el municipio de Jamundí – Valle del Cauca.

En este caso, el juzgador de segunda instancia ya se pronunció sobre el
particular al resolver el recurso de apelación correspondiente, precisando las
razones por las cuales la CVC no incurrió en irregularidad alguna al no
proceder con la notificación del memorando interno antes mencionado, así:

Sobre las directivas enmarcadas en documentos orientadores, la doctrina las
ha definido como “normas de orientación dirigidas por los jefes de servicio,
particularmente los ministros, en el ejercicio de sus poderes discrecionales, a
sus subordinados, con el fin de fijarles una línea general de conducta y
asegurar la coherencia de su acción. No es exactamente imperativa ni
tampoco incitativa, menos que una orden más que una petición, la directiva
corresponde a la voluntad de enmarcar de manera flexible las actividades
públicas y privadas. Juega un rol de iniciación y de impulsión, firme en sus
fines pero discreta en cuanto a los medios para conseguirlos (…)”.

(…)

15. Del contenido del memorando interno No. 0110-09-44-932-2007-02, del
Director General de la CVC al Director Territorial Suroccidente de la CVC, se
observa que la finalidad del documento no era la de crear, modificar o
extinguir una situación jurídica de un particular ajeno de la CVC. Conforme a
los antecedentes del memorando, existía una incertidumbre técnica ambiental
y legal acerca de las áreas cuyos usos de suelos habían sido modificados por
un POT no concertado con la autoridad ambiental.

Bajo ese contexto, en la entidad estaban en curso solicitudes administrativas
de permisos para ejecutar obras con posible impacto ambiental, precisamente,
en esas áreas no concertadas. De manera que el memorando interno, tal
como quedó expresamente consignado en el texto, tenía la finalidad de
establecer unos lineamientos para unificar criterios corporativos sobre el
proceder de la Dirección Regional Suroccidente, encargada de otorgar las
autorizaciones ambientales. Y su publicidad debía agotarse al interior de la
entidad porque fue, esencialmente, una comunicación -directriz- entre
funcionarios.

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Frente a la falla atribuida a la CVC por ausencia de notificación a terceros de
la directriz interna del 9 de octubre de 2007, no se demostró la omisión en el
cumplimiento de las funciones establecidas en la ley y sus decretos
reglamentarios para las corporaciones autónomas regionales. Más allá de los
posibles efectos colaterales de ese lineamiento, el memorando interno no
constituyó un acto administrativo general ni particular que haya creado,
modificado o extinguido una situación jurídica particular. Su finalidad era,
como lo dijo el mismo documento, unificar criterios al interior de la CVC para el
proceder de sus servidores. Esta comunicación entre funcionarios de la
entidad comportó una orientación para el desarrollo de la actividad
administrativa en materia de licencias y permisos ambientales, se insiste, sin
la virtud de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y
concreta de alguna persona ajena a la entidad.

(…)

Aun cuando el memorando interno ordenó informar la orden de suspensión de
gestiones al Municipio de Jamundí, la Secretaría de Planeación del municipio
y a los usuarios, a fin de que el ente territorial adecuara el POT a las
disposiciones ambientales vigentes, esta orden no comportaba ni obligaba a la
CVC notificar la directriz interna a cada interesado en obtener permisos
ambientales. Para que ello tuviera eficacia, era necesario que en cada
proceso se dictaran resoluciones que ordenaran la suspensión del trámite de
cada solicitud. El lineamiento fue, entonces, genérico y, como se explicó, en la
práctica no constituyó una suspensión automática de todos los procedimientos
administrativos. En efecto, como quedó demostrado en este proceso, después
de dictado el memorando interno del 9 de octubre de 2007, la CVC continuó
con las gestiones propias relacionadas con uno de los tres permisos elevados
por la sociedad actora - ejecución de obras hidráulicas para control de
inundaciones-, ordenó visitas oculares al predio y se llevaron a cabo reuniones
entre ingenieros de la constructora demandante y técnicos de la corporación
autónoma regional. Es decir, la entidad demandada continuó con el curso
normal de una petición ambiental, sin suspensión alguna del respectivo
proceso administrativo.

Con base en lo anterior, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado concluyó que no era posible acceder a las pretensiones de la
demanda, para lo cual indicó:

Conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó
demostrada la alegada falla del servicio por omisión de la corporación
autónoma regional, en la medida que la entidad no tenía la obligación legal ni
reglamentaria de notificar al público las decisiones, directrices, circulares o
memorandos internos que emitiera. Entonces, como el memorando del 9 de
octubre de 2007, expedido por el Director General de la CVC y dirigido al
Director Territorial, únicamente contenía una directriz interna para unificar
criterios dentro de los distintos procedimientos administrativos de permisos y
licencias ambientales que no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica
de un particular, la CVC no tenía la obligación legal de comunicarlo a terceras
personas diferentes a la corporación autónoma regional. Además, se reitera,
el lineamiento del Director General no significó la suspensión automática de
cada actuación administrativa surgida por cada permiso ambiental. Así las
cosas, como no se probó la falla del servicio por omisión alegada, la Sala
confirmará la sentencia apelada.

No obstante, el actor insiste en que no se valoró en debida forma el
memorando interno del 9 de octubre de 2007, puesto que sí existía un deber
de comunicar su contenido a quienes se vieran afectados por la suspensión
de expedición de permisos y licencias ambientales.

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Demandante: Constructora Mezquita S.A. En Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02288-00

Así pues, se observa que lo que busca el accionante es controvertir la
decisión del juez ordinario de la causa para reabrir el debate en torno al
asunto mencionado, en procura de convertir este mecanismo de amparo en
una instancia adicional en la que se discuta la valoración probatoria ya
efectuada. Por consiguiente, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional.

En relación con este presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado
que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como un escenario para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural.

Así mismo, el alto tribunal ha precisado que la acreditación del requisito de la
relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces10».

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que
implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural. En efecto, esta Sala de decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que
en concreto se refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad
en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y
una vulneración ostensible de un derecho fundamental.

Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.

Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales,
sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la
carga de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta
contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la

7 Sentencia C-590 de 2005
8 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008.
9 Sentencia C-590 de 2005.
10 Sentencia T-102 de 2006.

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Demandante: Constructora Mezquita S.A. En Liquidación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02288-00

intervención del juez constitucional.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada que amerite la intervención en sede constitucional.

Por tal motivo, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que el reclamo de la Sociedad Constructora Mezquita S.A. – en Liquidación
carece de relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido es
convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso
ordinario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
Sociedad Constructora Mezquita S.A. – en Liquidación contra la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por no superar el requisito de
la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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