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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01493-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01493-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01493-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–
Proceso: Reparación directa

COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA-La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante y el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.
FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Art. 31 Ley 99 de 1993. PERMISOS
AMBIENTALES-Autorización temporal de la autoridad ambiental para ejecución de obra o actividad de
impacto ambiental. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN-Régimen de falla del servicio.
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MEMORANDOS INTERNOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-Actos jurídicos
orientativos, instructivos e informativos entre funcionarios. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen (artículo 177
CPC). COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 3 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2007, en el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la sociedad
Constructora Mezquita S.A., la promotora Nuevo Urbanismo S.A. y Gabriel Gómez
Gómez & Cía S. en C. S. desarrollaron un proyecto de vivienda denominado “Club
de Campo La Morada-Sector La Mezquita”. Entre septiembre y noviembre de
2007, la constructora solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca –en adelante CVC– tres permisos ambientales para la ejecución de obras
en el predio objeto del proyecto. Sin embargo, en octubre de ese año, la entidad
demandada, mediante un memorando interno, ordenó la suspensión de trámites
de autorizaciones en algunas áreas del Municipio de Jamundí. La sociedad
demandante sostiene que, por la demora en la gestión de los permisos

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

ambientales, no pudo iniciar las obras, se vio obligada a devolver los dineros
invertidos a los futuros compradores y tuvo pérdidas económicas.

Alega falla del servicio de la CVC por (i) omisión y retardo en la gestión de
permisos ambientales y (ii) no informar a los usuarios la suspensión de los
trámites administrativos ambientales requeridos en áreas no concertadas entre el
Municipio de Jamundí y la autoridad ambiental.

ANTECEDENTES

La demanda

El 1 de septiembre de 2010, la sociedad Constructora Mezquita S.A. en liquidación
presentó demanda de reparación directa contra la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:

«1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, de los perjuicios materiales e
inmateriales causados a la sociedad comercial Constructora Mezquita S.A. en
liquidación, por la omisión y posterior retardo injustificado y no informado en la
expedición de los permisos con radicaciones 042969 de septiembre 14 de 2007
(manejo de aguas lluvias y control de inundaciones); 050043 de octubre 24 de
2007 (construcción de explanaciones y vías internas) y 052088 de noviembre 6 de
2007 (sistema de tratamiento de aguas residuales) y que generaron la terminación
del encargo de fiducia y como consecuencia del no desarrollo del proyecto de
vivienda denominado Club de Campo La Morada-Sector La Mezquita.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC a cancelar los siguientes valores:

3. Por daños inmateriales o extrapatrimoniales las siguientes sumas de dinero: así:

Por daños en la pérdida de oportunidad así:

a) A favor de la sociedad comercial Constructora Mezquita S.A. en liquidación con
nit 900.126.451-5, la suma 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. Por daños materiales, las siguientes sumas de dinero así:

Por daños emergentes, así:

a) A favor de la sociedad comercial Constructora Mezquita S.A. en liquidación con
nit 900.126.451-5, la suma de quinientos sesenta millones de pesos
($560.000.000), como pérdidas acumuladas por el no desarrollo del proyecto.

b) A favor de la sociedad comercial Constructora Mezquita S.A. en liquidación con
nit 900.126.451-5, las demás sumas de dinero que resulten probadas en el
proceso.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Por lucro cesante, así:

a) A favor de la sociedad comercial Constructora Mezquita S.A. en liquidación con
nit 900.126.451-5, la suma que resulte probada como utilidad dejada de recibir
por la no venta de las 260 unidades de vivienda, estimadas a la fecha de
presentación de la demanda en un 25% del costo final de venta, para un
aproximado base de trece mil quinientos millones de pesos ($13.500.000.000).

b) Todas las anteriores sumas de dinero debidamente indexadas y con los
intereses dejados de percibir.

Y por las demás sumas de dinero que resulten probadas durante el proceso»1.

Hechos

La parte demandante afirmó que en el año 2007, en el Municipio de Jamundí,
Valle del Cauca, sector “La Mezquita”, la constructora Mezquita S.A., la promotora
Nuevo Urbanismo S.A. y Gabriel Gómez Gómez & Cía S. en C. S. desarrollaron
un proyecto de vivienda denominado “Club de Campo La Morada-Sector La
Mezquita”. Para el desarrollo del proyecto, la constructora solicitó a la CVC los
siguientes permisos ambientales: 1) el 14 de septiembre de 2007, permiso para
ejecutar obras de manejo de aguas lluvias y control de inundaciones. 2) el 24 de
octubre de 2007, autorización para la construcción de explanaciones y vías
internas y 3) el 6 de noviembre de 2007, petición para realizar obras de sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Expuso que el 9 de octubre de 2007, el director general de la CVC, por
memorando No. 0110-09-44-932-2007-02, ordenó la suspensión de trámites de
autorizaciones en áreas en las que el ente territorial cambió el uso del suelo sin
concertación con la CVC y el Ministerio del Medio Ambiente (dentro de esas
zonas, la del proyecto de la sociedad Constructora Mezquita S.A.). En febrero de
2008, el proyecto logró el punto de equilibrio financiero para la construcción de la
primera etapa, conformada por 41 unidades de vivienda y calles. Sin embargo, en
junio de 2008, por la demora para obtener las autorizaciones ambientales y sin
conocer la existencia de la directriz de suspensión de los permisos ambientales, la
constructora no pudo iniciar las obras, dio por terminado el contrato de fiducia
mercantil del proyecto, devolvió los dineros invertidos por los futuros compradores
y tuvo pérdidas económicas.

1 F. 444-445 c. principal 3.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

En noviembre de 2008, el Director General de la CVC y el representante legal de
la sociedad Mezquita S.A. se reunieron en las instalaciones de la CVC para buscar
alternativas técnicas y jurídicas para los procesos de licencias en áreas donde han
solicitado permisos ambientales y cuyo uso del suelo fue modificado por el
municipio demandado sin concertar con la CVC. Finalmente, en diciembre de 2008
la CVC concedió el permiso para trabajos de tratamiento de aguas residuales y, en
octubre de 2009, autorizó la construcción de explanaciones y vías y manejo de
aguas lluvias y control de inundaciones. En esas fechas, según la demanda, el
proyecto “Club de Campo La Morada-Sector La Mezquita” ya no era viable
financieramente.

Alegó falla del servicio de la CVC por (i) omisión y retardo en la gestión de tres
permisos ambientales y (ii) por no informar a los usuarios la suspensión de los
trámites administrativos ambientales requeridos en áreas no concertadas entre el
Municipio de Jamundí y la corporación autónoma regional2.

Contestación de la demanda

La CVC, al oponerse a las pretensiones, señaló que no estaba probada la falla del
servicio ni el nexo causal con el daño. Adujo que la mora alegada no tuvo lugar,
porque dentro de las obligaciones de la entidad, como autoridad ambiental, estaba
la de verificar (i) que el uso del suelo objeto del proyecto respetara las
disposiciones legales, (ii) que las modificaciones en el uso hubieran sido
concertadas entre el Municipio de Jamundí y la CVC, y (iii) de no haberse
concertado, que el municipio ajustara su plan de ordenamiento territorial a la ley.
Estas circunstancias, imputables a la administración municipal, incidieron en el
transcurso del tiempo que se tomó la entidad demandada para adelantar y
resolver las actuaciones administrativas relativas a las tres solicitudes de permisos
ambientales presentadas por la constructora demandante.

Agregó que el certificado de uso del suelo en el área del proyecto de la demanda,
expedido por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Jamundí, se
fundamentó en un Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 09 de 2007) que no
fue concertado con las autoridades ambientales y no se ajustó a la Ley 388 de
1997. El plan de ordenamiento, entonces, requería ajustes técnicos y legales en

2 F. 446-449 c. 1.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

algunas áreas que podrían ser objeto de obras de impacto ambiental, y en esas
áreas, precisamente, se encontraba la del proyecto de la sociedad demandante.
Indicó, además, que no hubo omisión en el cumplimiento de las funciones legales,
porque la CVC concedió los permisos solicitados, luego de un compromiso entre
los usuarios, el Municipio de Jamundí y la CVC de conservar el uso del suelo
conforme a las directrices del POT, contenido en el Acuerdo 02 de 2002 y
mantener su destinación rural.

Finalmente, sostuvo que la constructora, antes de promocionar y vender el
proyecto, debió haber agotado el trámite administrativo de licencias urbanísticas y
ambientales. También hizo hincapié en que la solicitud de licencia no implicaba
una garantía de concesión de la misma. Y alegó falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque, de existir un daño, era imputable al ente demandado al expedir
un POT sin concertación legal3.

Sentencia de primera instancia

El 3 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la falla del
servicio por omisión de la entidad demandada.

Frente a la procedencia de la acción, estimó que en los hechos y pretensiones no
se cuestionaron decisiones administrativas, sino un retardo en la expedición de
unos actos y en la notificación de un memorando interno de la CVC, de manera
que la acción de reparación directa era la procedente en este caso. En cuanto al
daño alegado, encontró probado que la constructora demandante no consolidó el
proyecto “Club de Campo La Morada sector La Mezquita” en la manera en que fue
ideado por sus promotores, porque al momento en que debía iniciar las obras no
tenía las autorizaciones de rigor y tuvieron que devolver los dineros aportados por
los futuros compradores y dar por terminado el encargo fiduciario.

Sobre la falla del servicio por mora en la expedición de permisos ambientales, el
Tribunal consideró que el tiempo que la entidad empleó para estudiar y resolver
las solicitudes de la constructora demandante estuvo justificado en razones de
protección del ambiente y, conforme al principio de precaución, salvaguardar el

3 F. 468-484 c. 1.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

uso del suelo. En desarrollo de este principio, la CVC ordenó la suspensión de
licencias y permisos ambientales en algunas áreas, cuyo uso fue alterado por el
Municipio de Jamundí, sin proceso de concertación con la autoridad ambiental,
quien tenía jurisdicción en los predios objeto del proyecto de construcción, y sin
concepto técnico del Ministerio del Medio Ambiente. Esta suspensión se levantó a
finales del año 2008, luego de unos compromisos entre varias constructoras y la
administración municipal. Además, se adelantaron las diligencias tendientes a
conceder los permisos solicitados por la demandante. Por lo anterior, la sentencia
consideró que las actuaciones de la CVC se ajustaron a la ley.

Finalmente, el Tribunal estimó que la falta de notificación de la suspensión del
trámite no constituía una falla del servicio por omisión, porque la solicitud de
licencia ambiental no constituía un derecho adquirido para el peticionario ni
conllevaba, de manera cierta e inequívoca, a que el permiso fuese concedido.
Según el Tribunal, la demandante tenía la carga de promocionar su proyecto una
vez contara con las autorizaciones de ley.

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y sostuvo
que estaba probada la falla del servicio por omisión y el nexo causal con el daño.
Al respecto, manifestó que la sentencia fue incongruente porque no se pronunció
sobre un aspecto esencial de la demanda: la falta de notificación del memorando
interno, de octubre de 2007, que ordenó la suspensión de las actuaciones
relacionadas con los permisos y licencias en algunas áreas del Municipio de
Jamundí, dentro de las que se encontraba el predio objeto del proyecto de
construcción.

La recurrente aclaró que la demanda no pretendía cuestionar los fundamentos de
hecho y de derecho de la decisión de suspensión, sino la omisión de informar esa
decisión a los usuarios interesados en la gestión de permisos ambientales en
áreas afectadas con la medida. Por otro lado, añadió que, a través del recurso, no
se pretendía cuestionar la mora alegada inicialmente en la demanda, pues, como
concluyó el Tribunal, el tiempo que se tomó la entidad para expedir los permisos
obedecieron a factores ajenos a la CVC como autoridad ambiental. Sin embargo,
insistió que se probó la falla del servicio por omisión de notificación de la

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

suspensión de las diligencias administrativas, circunstancia que fue la causa
determinante del daño. Al respecto, señaló que, no tener conocimiento de la
suspensión de los procesos ambientales, afectó la programación del proyecto, los
tiempos de inicio en las obras y los acuerdos con los futuros compradores.

La sociedad constructora resaltó que, de haber conocido esa situación
extraordinaria, hubiera replanteado la programación del proyecto de construcción,
para no perder los compromisos adquiridos con los futuros compradores4. Se
extrae lo pertinente del recurso:

«Dentro de los riesgos convencionales de un proyecto inmobiliario no se
encuentra que la autoridad ambiental competente para emitir los permisos
requeridos para el punto de equilibrio técnico decida, con razón o sin razón,
suspender sin previo aviso dichos trámites y que, además, no lo informe a la
constructora. Ratificamos una vez más: el reproche contenido en la demanda no
se dirige a la mora o demora de la CVC en la expedición de los permisos
solicitados por la constructora, o a los motivos que la generaron, ya que esto sí es
un riesgo previsto, sino al no haber notificado oportunamente la decisión de
suspender los trámites en su totalidad por tiempo indeterminado, situación
extraordinaria e imprevisible que debió ser informada a la constructora para que
esta decidiera si esperaba el levantamiento de la veda impuesta o cancelaba por
completo el proyecto inmobiliario; y no continuar los esfuerzos económicos
realizados (…) dicha omisión, injustificada e inexplicable, tal como se aprecia de la
simple lectura de la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión
presentados por la CVC, causó un daño antijurídico a la constructora tal como se
encuentra acreditado en el expediente (…)

Nunca hemos afirmado que los daños sufridos por la constructora se deriven de un
derecho adquirido que nos fue vulnerado. De hecho, para nosotros es más que
claro que la CVC podía negar o conceder los permisos solicitados. También es
claro para nosotros que la CVC podía tardar en tramitar las solicitudes radicadas
por nosotros (…) eran riesgos previstos en el proyecto inmobiliario y obre eso
jamás hemos planteado un litigio. Lo que no era un riesgo previsible del proyecto
inmobiliario, para esta constructora ni para ninguna otra es que la CVC decidiera
suspender los trámites, por las razones que fueran, y que esta decisión la
mantuviera en su fuero interno. Es decir, la CVC durante ese interludio temporal ni
negaba ni concedía permisos, simplemente no se pronunciaba: suspendió el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales5. (Subraya fuera del
texto).

Trámite de segunda instancia

El 6 de julio de 2020, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y el Despacho
lo admitió el 26 de febrero de 20217. El 14 de mayo de 2021 se corrió traslado

4 F. 721-729 c. principal.
5 F. 723-726 c. principal.
6 F. 732-733 c. principal.
7 F. 737 c. principal.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

para alegar de conclusión en segunda instancia8.

La CVC alegó que su actuación se ajustó a sus deberes como autoridad ambiental
y no hubo omisión ni retardo en el cumplimiento de sus funciones de responder las
solicitudes de la constructora demandante. En efecto, según la entidad, el tiempo
que empleó la CVC para el otorgamiento de las licencias ambientales fue
necesario para proteger el medio ambiente, con fundamento en el principio de
precaución. Agregó que los procesos ambientales tuvieron un margen de demora
porque el Municipio de Jamundí, a través del POT de 2007, alteró el uso del suelo
sin concertación, y las áreas objeto de los permisos eran, precisamente, las
modificadas. De manera que la CVC, para evitar un riesgo ambiental, tuvo primero
que solucionar y acatar con el ente territorial el uso del suelo permitido en la zona
donde estaba ubicado el proyecto urbanístico de la constructora demandante.

Finalmente, la entidad sostuvo que esas circunstancias, ajenas a la autoridad
ambiental e imputables a la administración municipal, incidieron en la gestión y en
la suspensión temporal de los trámites administrativos previos al otorgamiento de
las autorizaciones ambientales9.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio10.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 1 de septiembre de 2010, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del CCA11, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, que empezó a regir el 2 de

8 F. 740 y 741 c. principal.
9 Índice 15 Samai.
10 F. 740 c. principal.
11 «Artículo 266. Vigencia. En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto, los recursos

interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones que se estén
surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o principió a
surtirse la notificación […]».
12 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los

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Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

julio de 2012, prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos
en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían
conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme
al artículo 267 del CCA13, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de
Procedimiento Civil –en adelante, CPC– en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la
Ley 1107 de 200614. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia
para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA15, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación
es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del
CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 201016, el valor de la suma
de todas las pretensiones acumuladas supera los 500 SMLMV exigidos por el
artículo 132.6 del CCA17, esto es, $257.500.00018.

procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
13 «Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo».
14 «Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso

administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades
públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la
ley […]».
15 «Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]».
16 «Artículo 20. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así: […] 2. Numeral modificado por la

Ley 1395 de 2010, artículo 3º. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de
la presentación de la demanda […]».
17 «Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales […]».
18 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Acción procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo19, cuya legalidad no se cuestiona. En
este caso el medio control de reparación directa es el que resulta procedente, por
reclamarse el daño derivado de las presuntas omisiones de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC en el trámite de expedición de
permisos ambientales.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo
136.8 del CCA20, es de dos años contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo –1
de septiembre de 2010– porque la demandante conoció el daño en el proyecto de
construcción en junio de 2008, fecha en la que identificó la ausencia de equilibrio
técnico por no iniciar la ejecución de obras e informó que devolvería los pagos a
los futuros compradores. En efecto, el 28 de junio de 2010 se presentó la solicitud
de conciliación prejudicial, diligencia que suspendió el término de caducidad hasta
el 1 de septiembre siguiente, fecha en la que se declaró fallida la audiencia y se
interpuso la demanda21.

Legitimación en la causa

5. La sociedad Constructora Mezquita S.A. en liquidación es la persona sobre la
cual recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es la
propietaria del inmueble en el que se desarrolló el proyecto de construcción

19 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
20 «Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo

de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajo público o por cualquiera otra causa […]».
21 F. 24-29 c. 1 principal.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

denominado “Club de Campo La Morada-Sector La Mezquita”, cuyos permisos
fueron suspendidos por motivos ambientales. Además, es parte de los promotores
y ejecutores del proyecto.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC está legitimada en la
causa por pasiva, puesto que tiene a su cargo administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible (artículo 23 de la Ley 99 de 199322). Tiene, además, la
función de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente (artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 199323).

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio por omitir
notificar a terceros interesados un memorando interno emitido por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, que ordenó la suspensión de
procedimientos administrativos relativos a permisos ambientales.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto
de conformidad con el artículo 357 del CPC24, es decir, en los puntos del recurso
de la demandante y, sobre todo, en los que tiene interés para recurrir. Este último
aspecto es importante porque en primera instancia el Tribunal Administrativo del

22 «Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]».
23 «Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […]

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva […]».
24 «Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al

apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]».

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Quindío encontró probado el daño en el proyecto de construcción de la
demandante y la apelación solo se centró en el estudio de la falla del servicio por
omisión de la administración de informar a la sociedad demandante el memorando
interno No. 0110-09-44-932-2007-02, emitido por la CVC el 9 de octubre de 2007.
De manera que este es el único alcance del juez de segunda instancia, ya que la
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante.

El Estado agente protector del medio ambiente y autoridad ambiental

8. El artículo 79 de la Constitución Nacional25 –en adelante, CN– dispone que
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines. A su turno, el artículo 7826 prevé que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Antes de la Constitución de 1991, en virtud de la descentralización técnica por
servicios, se asignaron competencias a entidades autónomas especializadas, con
personería jurídica y patrimonio propio, para la concreción de los deberes
ambientales del Estado (artículo 6 Decreto 2811 de 1974), como ocurrió con el
Inderena (Decreto 2420 de 1968) y la Corporación Autónoma Regional de la
Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (Ley 3 de 1961). Luego
de la Constitución, con la creación del Sistema Nacional Ambiental, se creó el
Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades ambientales autónomas,
adicionales a las corporaciones ya existentes, con jurisdicción en territorios
determinados para la planificación, administración, control y protección del medio

25 «Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».
26 «Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado
garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y
observar procedimientos democráticos internos».

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
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del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

ambiente (artículo 150, numeral 7 y 331 de la CN, y artículos 2, 4 y 5 de la Ley 99
de 1993).

Las Corporaciones Autónomas Regionales

9. Las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR, que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental, son entes corporativos especiales del orden nacional, con
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotadas de personería
jurídica y sujetas a un régimen especial (artículo 40 de la Ley 489 de 1998 y
artículos 113 inciso 2° y 150 numeral 7 y 331 de la C.N.27). Las CAR son entes
públicos con jurisdicción en entidades territoriales que, por sus características,
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Conforme al artículo 23 de la Ley 99
de 1993, están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente, los recursos naturales y propender por el desarrollo sostenible.

En ese marco, y según lo dispuesto en los numerales 2, 9, 12, 19 y 23 del artículo
31 de la Ley 199 de 1993, estas corporaciones están facultadas para: (i) ejercer
como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción; (ii) otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; (iii)
otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales y para el uso
de aguas superficiales y subterráneas; (iv) ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos a las aguas en cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos; (v) análisis, seguimiento, prevención y control de desastres;
(vi) promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas

27 Aunque no fueron concebidos por la Constitución como entes autónomos y originalmente se les dio el
tratamiento de establecimiento público (Corte Constitucional, sentencia C-423 de 1994), la jurisprudencia
terminó por tratarlas como tales (Corte Constitucional, sentencia C-578 de 1999).

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correspondientes, y (vii) planeación con las administraciones municipales de
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo.

Dentro del sistema ambiental, los municipios, a su turno, tienen la función de
colaborar con las CAR en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución
de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables (art. 65 Ley 99 de 1993).

En cuanto al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales exigidas por ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente, es importante precisar la diferencia entre un
permiso ambiental y una licencia ambiental. Los primeros, enmarcados dentro de
los llamados procesos permisivos menores, comprenden la ejecución de una obra
de carácter temporal con posible impacto en el ambiente, y se conceden por un
tiempo determinado, hasta que finaliza la obra o actividad temporal sin que pueda
excederse de 10 años (artículos 54 y 55 del Decreto 2811 de 1974). Las licencias,
por su parte, abarcan un proyecto completo, se otorga por un tiempo
indeterminado, sólo puede terminar por un acto de revocatoria (artículo 62 de la
Ley 99 de 1993), y sólo se exige para algunas actividades o proyectos definidos
en la ley (artículos 7, 8 y 9 del Decreto 1220 de 2005).

Los permisos ambientales, antes de la expedición del Decreto Único
Reglamentario de Medio Ambiente (Decreto 1076 de 2015), estaban
reglamentados en distintas normas. El Decreto Ley 2811 de 1974 y del Decreto
1541 de 1978 regularon los permisos de ocupación de cauce, obras hidráulicas
(que comprende la de contención de inundaciones) y las obras de vertimientos
(también reguladas en el Decreto 3100 de 2003 y Resolución 1433 de 2004, del
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

Por su parte, los permisos para la construcción de vías, carreteables y
explanaciones en predios de propiedad privada en el área rural no contaban con
regulación específica y cada CAR, de manera autónoma, estableció unas
directrices para su procedimiento. Frente a este último permiso, la CVC,
demandada en el caso que nos ocupa, expidió la Resolución 526 del 4 de
noviembre de 2004, que estableció el trámite para la solicitud, estudio y requisitos

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para el otorgamiento del permiso.

En cuanto a las competencias para conocer de los procesos permisivos, de
cualquier naturaleza, el Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC No. 20 de 2005
asignó a la Dirección Ambiental Regional el conocimiento de las solicitudes de
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones, y la expedición de
los respectivos actos administrativos como autoridad ambiental. Las normas que
regulaban los procesos permisivos, para el momento de los hechos, no
establecían términos fijos. Por ello, se aplicarán los definidos en el Código
Contencioso Administrativo, puesto que las gestiones administrativas de permisos
cursaron entre 2007 y 2009. Además, la omisión alegada como falla del servicio
de la administración cursó entre el 2007 y 2008.

10. La jurisprudencia ha establecido que, al estudiar la responsabilidad del Estado
por omisión, el juez debe determinar si están acreditados los siguientes
elementos: (i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la
entidad demandada, de realizar la acción con la cual se habrían evitado los daños;
(ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de los que disponía la
entidad para el adecuado cumplimiento del deber legal, conforme a las
circunstancias del caso; (iii) un daño antijurídico y (iv) la relación causal entre la
omisión y el daño28. Frente a este último elemento, esta Sección ha indicado que
lo determinante no es la existencia efectiva de la relación causal entre la omisión y
el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado
habría interrumpido el proceso causal, impidiendo la producción del daño 29. Por
ello, el juez debe establecer el daño, la causa del mismo, si el Estado estaba en
posibilidad de interrumpir ese proceso causal y si tenía el deber jurídico de
hacerlo.

11. Según el recurso de apelación, la omisión de notificar un memorando interno
del 9 de octubre de 2007, expedido por el Director General de la CVC, constituyó
una falla del servicio por omisión, circunstancia que, además, fue la causa
adecuada del daño. Conforme al recurrente, no tener conocimiento de la
suspensión del trámite administrativo de permisos ambientales pedidos para áreas
no concertadas entre el ente municipal y la CVC, afectó la programación del

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 2001-00213-01 (AG).
29 En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad.

12.789; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, Rad. 66.331.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2024, Rad. 65.196.

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proyecto de construcción, los tiempos de inicios en las obras y los acuerdos con
los futuros compradores. La recurrente hizo hincapié en que, de haber conocido
esa situación extraordinaria, la constructora hubiera ajustado su programación y
planteado otra alternativa de trabajo para no perder los compromisos adquiridos
con los futuros compradores.

12. Los medios probatorios allegados oportunamente al proceso demuestran los
siguientes hechos:

12.1. El 14 de septiembre de 2007, la constructora solicitó a la CVC permiso para
revisión y aprobación de estudio, diseño y obras de control de inundaciones
y manejo de aguas lluvias en el predio objeto del proyecto “Club de Campo La
Morada-Sector La Mezquita”30.

12.2. El 24 de septiembre de 2007 el Director Territorial Suroccidente de la CVC,
por memorando No. 710-09-44932-2007-01, solicitó a la Jefe Oficina Asesora
Jurídica de la misma entidad un concepto jurídico corporativo sobre la viabilidad o
inviabilidad de la expedición y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones
y concesiones ambientales en las áreas del departamento del Valle del Cauca en
los que el Plan de Ordenamiento Territorial modificó los usos del suelo y excluyó el
proceso de concertación con la Autoridad Ambiental31.

12.3. El 9 de octubre de 2007, el Director General de la CVC, emitió el memorando
No. 0110-09-44-932-2007-02, dirigido al Director Territorial Suroccidente de la
CVC, “para unificar criterios en los procedimientos corporativos, con la finalidad de
armonizar la eficacia de normas ambientales vigentes”. En este memorando
también ordenó la suspensión de gestiones de permisos en áreas en las que el
Municipio de Jamundí cambió el uso del suelo sin concertación con la CVC y el
Ministerio del Medio Ambiente, dentro de esas zonas, la del proyecto de la
sociedad Constructora Mezquita S.A. Además, pidió informar esa circunstancia al
municipio demandado, a la Secretaría de Planeación y a los usuarios, a fin de que
adecuara su POT a las disposiciones ambientales vigentes32.

30 F. 140 c. 1 principal.
31 F. 144-148 c. 1 principal.
32 F. 152-154 c. 1 principal.

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12.4. El 24 de octubre de 2007, luego de dictado el memorando interno de
suspensión, la constructora Mezquita SAS., demandante, solicitó a la CVC un
segundo permiso: para explanación y construcción de vías en el predio
objeto del proyecto33.

12.5. El 6 de noviembre de 2007, la constructora Mezquita SAS pidió un tercer
permiso: para obras de sistema de tratamiento de aguas residuales en el
mismo predio34.

12.6. En enero de 2008, el Director General de la CVC pidió al Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo-Dirección de Desarrollo Territorial que se
pronunciara sobre (i) la no concertación del proyecto de POT contenido en el
Acuerdo No. 09 de 2007 y (ii) la ausencia de revisión y ajuste al proyecto de ese
acuerdo, en cumplimiento de la Ley 388 de 199735.

12.7. El 17 de enero de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo respondió a la CVC que, aun cuando se informó al Ministerio la
ausencia de concertación, previa a la expedición del POT de 2007, y la CVC
remitió la documentación para que el Ministerio, como autoridad ambiental,
dirimiera los puntos no concertados entre la CVC y el Municipio de Jamundí, la
entidad territorial no esperó el concepto del Ministerio y de forma unilateral adoptó
el Acuerdo 09 de 2007. Ante esta circunstancia y las posteriores inquietudes sobre
los usos de suelos modificados, el Ministerio recomendaba a la CVC promover las
acciones legales pertinentes y, además, enviar al Gobernador del Valle del Cauca
el referido Acuerdo para su revisión36.

Hasta aquí, está probado en el proceso que en el año 2007, en zona rural del
Municipio de Jamundí, Valle, sector “La Mezquita”, la constructora Mezquita S.A.,
la promotora Nuevo Urbanismo S.A. y Gabriel Gómez Gómez & Cía. S. en C. S.
desarrollaron un proyecto de vivienda denominado “Club de Campo La Morada-
Sector La Mezquita”37. Para la ejecución de obras iniciales, la constructora solicitó
a la CVC tres permisos ambientales con fundamento en lo dispuesto en el Plan de

33 F. 139 c. 1 principal.
34 F. 138 c. 1 principal.
35 F. 30-31 c. 1 principal.
36 F. 30-31 c. 1 principal.
37 F. 179, 138,139 y 140 c. 1 principal.

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Ordenamiento Territorial vigente en el municipio de Jamundí (Acuerdo No. 09 de
2007).

Por otro lado, también está acreditado que, con motivo de varias solicitudes de
permisos, autorizaciones y licencias (entre ellas las de la Constructora Mezquita
S.A.), y ante las variación que existían sobre uso del suelo de las áreas a
intervenir (objeto de las solicitudes), la CVC adelantó unas actuaciones internas
(entre sus distintas direcciones) y externas (con el municipio de Jamundí y el
Ministerio de Medio Ambiente) para buscar una salida jurídica y práctica a los
cambios en el uso del suelo del Acuerdo No. 09 de 2007, efectuados por el
municipio y sin concertación con la autoridad ambiental.

12.8. En las actuaciones relacionadas con el primer permiso elevado por la
constructora demandante a la CVC, para ejecutar obras para control de
inundaciones, está probado que:

(i) El 19 de mayo de 2008, luego de expedida la directriz interna de suspensión del
9 de octubre de 2007, la CVC inició el trámite de revisión y aprobación de estudio
integrado de control de inundabilidad y se ordenó la práctica de una visita ocular al
predio materia de solicitud; (ii) el 4 de julio de 2008 y el 13 de agosto de 2008, se
reunieron un ingeniero de la CVC y el diseñador del proyecto “Club de Campo La
Morada Sector La Mezquita” para la explicación del proyecto y las áreas a
intervenir. En las reuniones, el ingeniero de la CVC explicó las falencias del
estudio y pidió a la constructora ajustes e información complementaria38.

12.9. El 22 de septiembre de 2008, el Director General de la CVC formuló petición
a la administración municipal de Jamundí. Conforme al documento, solicitó a la
alcaldía información sobre (i) cuáles eran las modificaciones del uso del suelo
contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Jamundí (Acuerdo
No. 09 de 2007), (ii) los actos administrativos que fundamentaron dichas
modificaciones y (iii) si los ajustes al POT del 2007 cumplieron con el proceso de
concertación contemplado en las Leyes 388 de 1997, 607 de 1999 y en el Decreto
4002 de 200439.

38 F. 53-55 c. 1 principal.
39 F. 141 c. 1 principal.

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12.10. En noviembre de 2008, la sociedad Mezquita S.A. presentó petición a la
CVC, en la que solicitó el impulso de los procesos de permiso 40. El Director
Territorial de la CVC, en respuesta a la petición, informó a la constructora que los
permisos de obras de control de inundaciones y vertimientos de aguas residuales
“estaban en estudio y pronto se les daría una respuesta”41.

12.11. En ese mismo mes, el Director General de la CVC convocó al
representante legal de la sociedad Mezquita S.A. “para buscar alternativas
técnicas y jurídicas para los procesos permisivos en áreas cuyo uso del suelo fue
modificado por el Municipio de Jamundí sin concertar con la CVC”42.

12.12. En diciembre de 2008, la CVC concedió a la constructora permiso para
trabajos de tratamiento de aguas residuales. Y, en octubre de 2009, por
Resoluciones No. 00890 y No. 00891 de 2009, autorizó la construcción de
explanaciones y vías, y obras de manejo de aguas lluvias y control de
inundaciones43.

Naturaleza jurídica de los memorandos internos de entidades públicas

13. Comoquiera que el recurso de apelación centró su reproche en la ausencia de
notificación del memorando interno No. 0110-09-44-932-2007-02 del 9 de octubre
de 2007, suscrito por el Director General de la CVC, dirigido al Director Territorial
Suroccidente de la CVC, la Sala pasa a precisar la naturaleza jurídica de ese
documento y si existía, en este caso, obligación de notificar o informar a terceros
su existencia y contenido.

La administración, en el despliegue de sus actuaciones, expide actos jurídicos (en
sentido lato) con un fin orientativo, instructivo o informativo, para (i) el
cumplimiento de funciones de cada entidad, (ii) armonizar o cohesionar los
procesos internos de la misma y (iii) que exista coherencia en las decisiones.
Estos carecen de efectos jurídicos sobre situaciones particulares de terceros, en
tanto no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de terceros ajenos a la

40 F. 92-99 c. 1 principal
41 Folio 45 c. 1 principal.
42 F. 143 c. 1 principal.
43 F. 53-74 y 77-91 c. 1 principal.

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entidad44 y tienen un alcance limitado dentro del curso operativo de la entidad.
Cuando una entidad dicta esos actos jurídicos (llámense circulares, directivas,
memorandos, instructivos y demás mecanismos similares), se ha entendido que
no resulta procedente el control judicial ante la jurisdicción contencioso
administrativa en tanto no constituyen un acto administrativo (no crean, modifican
ni extinguen una situación particular)45.

Respecto de las orientaciones o instrucciones impartidas por la administración, la
Sección Primera del Consejo de Estado puntualmente ha dicho que carecen de
efectos jurídicos sobre las situaciones jurídicas de los particulares:

«[…] Las instrucciones o circulares administrativas, son actos jurídicos de la
Administración en sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativa, dependiendo básicamente de su contenido. En
efecto, esta Corporación ha señalado en reiteradas oportunidades, que las
circulares de servicios son susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, cuando contengan una decisión emanada de una
autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y de producir efectos
vinculantes frente a los administrados, pues si se limitan a reproducir el contenido
de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e
instrucciones a sus destinatarios, no serán susceptibles de demanda46.

[…] Se ha afirmado así que “si la circular no tiene la virtud de producir esos efectos
jurídicos externos, bien porque permanezca en el interior de los cuadros de la
Administración como una orientación para el desarrollo de la actividad
administrativa, o bien porque se limite a reproducir la decisión de una autoridad
diferente, no se considerará entonces un acto administrativo susceptible de control
jurisdiccional, porque en dicha hipótesis no se presenta la posibilidad de que los
derechos de los administrados sean vulnerados”47.

[…] De este modo, y en atención a que en el cumplimiento de sus funciones la
Administración también puede expedir actos que por presentar un valor
meramente orientativo, instructivo o informativo carecen de efectos jurídicos
directos sobre las situaciones jurídicas de los particulares (en tanto no crean,
modifican ni extinguen una), se ha entendido que en estos eventos no resulta
procedente el control judicial a cargo del contencioso administrativo. De aquí que
la viabilidad de un pronunciamiento jurisdiccional sobre un acto de esta clase
dependa de si se producen o no efectos jurídicos directos hacia el exterior de la
administración (ad extra) y, señaladamente, sobre los derechos de los ciudadanos
[…]»48.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre

de 2014, Rad 2012-00533-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre

de 2014, Rad 2012-00533-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19 de marzo de

2009, Rad. No. 2005-00285-00. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de febrero del

2000, Rad. No. 5236. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre

de 2014, Rad 2012-00533-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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del Cauca-CVC.
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Sobre las circulares enmarcadas en decisiones orientadoras para la
administración, la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido:

«[…] En un contexto jurídico, por «Circular» puede entenderse una comunicación
emitida por una autoridad superior a una inferior respecto de un determinado tema,
con el propósito específico de transmitir instrucciones y decisiones a través de las
cuales se expone el criterio jurídico o la interpretación de dicha autoridad frente a
las normas que le corresponde aplicar en ejercicio de sus funciones. Se trata de
instrumentos jurídicos que, sin tener las características propias del reglamento,
expresan una manifestación general de la administración con carácter obligatorio
para sus destinatarios.

En tales condiciones, las circulares, junto con otros actos de la administración
como memorandos, directivas, instructivos y demás mecanismos similares, se
enmarcan dentro de lo que la jurisprudencia y doctrina administrativa francesa
denominan les mesures d’ ordre interieur o medidas del orden interior, que en la
doctrina anglosajona se conoce como «soft law» o «derecho blando». En cuanto a
este concepto la mayoría de la doctrina coincide al señalar que son actos de la
administración que reflejan el poder jerárquico que tiene aquella frente a sus
empleados o incluso frente a otras entidades que, de una u otra forma, se
encuentran bajo su mando, lo que le permite ejercer facultades de instrucción a
través de la expedición de documentos en los que se imparten indicaciones sobre
la forma en que deben interpretarse y aplicarse determinadas normas jurídicas en
esa órbita […]»49.

Sobre las directivas enmarcadas en documentos orientadores, la doctrina las ha
definido como “normas de orientación dirigidas por los jefes de servicio,
particularmente los ministros, en el ejercicio de sus poderes discrecionales, a sus
subordinados, con el fin de fijarles una línea general de conducta y asegurar la
coherencia de su acción. No es exactamente imperativa ni tampoco incitativa,
menos que una orden más que una petición, la directiva corresponde a la voluntad
de enmarcar de manera flexible las actividades públicas y privadas. Juega un rol
de iniciación y de impulsión, firme en sus fines pero discreta en cuanto a los
medios para conseguirlos (…)50.

14. En cuanto a los antecedentes administrativos que precedieron al memorando
interno del 9 de octubre de 2007, está probado que el 24 de septiembre de 2007,
el Director Territorial Suroccidente de la CVC, por memorando No. 710-09-44932-
2007-01, pidió a la Jefe Oficina Asesora Jurídica de la CVC un concepto
corporativo sobre la viabilidad o inviabilidad del otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones ambientales áreas del Departamento del

49 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

15 de Septiembre de 2022, Rad 2361-2012, C.P. William Hernández Gómez.
50 Morand-Deviller J., “Derecho Administrativo, curso temas de reflección, comentarios y análisis de fallo”,

traducido por Zoraida Rincón Ardila y Juan Carlos Peláez Gutiérrez. Actualizada con la 14ª ed. (2015),
Universidad Externado de Colombia, páginas 353 y 354.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Valle del Cauca en las que el POT modificó el uso del suelo sin proceso de
concertación con la autoridad ambiental.

El 9 de octubre de 2007, el Director General de la CVC dictó memorando interno
No. 0110-09-44-932-2007-02, dirigido al Director Territorial Suroccidente de la
CVC, con la finalidad de unificar criterios para los procedimientos corporativos y
armonizar la eficacia de normas ambientales vigentes. Al respecto, se consignó en
el documento:

«Con la finalidad de que unifiquemos criterios en relación con el proceder
corporativo en relación a la intervención en el territorio cuando existen serias
incongruencias en los procesos de cumplimiento de los aspectos
ambientales consignados en los Planes de Ordenamiento Territorial, me
permito rendir los siguientes lineamientos frente al caso específico del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial de Jamundí, retomando los siguientes
aspectos previamente:

1. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Jamundí fue concertado con la
CVC mediante Resolución DG 020 DE 2002.

2. El municipio por intermedio de su Secretaría de Planeación presentó propuesta
de ajuste y modificación la cual dio como resultado la expedición de la Resolución
CVC DG 0693 de 2006 de diciembre 1 de 2006, por medio de la cual no se
concierta la propuesta de ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de
Jamundí en sus aspectos ambientales. Igualmente se tiene conocimiento de que
existen varios ajustes que no han agotado la instancia de concertación con la
autoridad ambiental, la cual es una etapa obligatoria dentro de este trámite legal.

3. De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, en su artículo 24,
cuando quiera que ni haya concertación y la objeción sea por razones técnicas se
estará a lo resuelto por el Ministerio del Medio Ambiente (…)

4. La CVC en cumplimiento de esta norma envió al Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, desde marzo de 2007, todo el contenido del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial que dio como resultado la no concertación de
los ajustes y modificaciones, sin embargo, a la fecha no existe pronunciamiento
oficial alguno de este ente.

5. No obstante lo anterior, el municipio continúa contraviniendo su ordenamiento
jurídico territorial e incumpliendo las disposiciones ambientales dictadas por la
CVC en los actos administrativos vigentes, y actualmente se encuentran ante esta
Corporación solicitudes de permisos ambientales en áreas donde el uso del suelo
no es el que desde lo ambiental se ha definido en las instancias legales y en los
actos administrativos vigentes.

Con la finalidad de garantizar la armonización entre los instrumentos de
planificación y la eficacia y aplicabilidad de las normas vigentes es necesario
seguir los siguientes lineamientos:

1. Proyectar comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (…) solicitando pronunciamiento relacionado con el trámite y
estado de la instancia, de acuerdo a la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, ya que
han pasado más de 6 meses sin respuesta alguna y por esta razón el acto

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

administrativo de la Corporación (Acuerdo del POT) requiere del pronunciamiento
del este Ministerial como instancia obligatoria en este caso particular.

2. Teniendo en cuenta lo anterior, informar a la Gobernación de estos
antecedentes a fin de que ejerza control de los Acuerdos Municipales en el mismo
sentido en que se realizó con Yumbo.

3. Ordenar la suspensión de los Permisos Ambientales en las áreas donde el uso
del suelo se haya modificado sin agotar la instancia de concertación, ya que la
autoridad ambiental no puede legalizar lo ilegal generándose una responsabilidad
que en este momento es exclusiva del municipio. Esto debe ser informado
detalladamente al municipio, a la secretaría de Planeación y a los usuarios a fin de
que el municipio adecúe su ordenamiento territorial de acuerdo al marco legal
vigente (…)

4. Si hay vulneración de derechos constitucionales como el de petición, instaurar
la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección de los mismos o
conminar nuevamente al municipio a fin de que dé cumplimiento al procedimiento
establecido en la Ley 388 de 1997 y 507 de 1999, y auscultar la posibilidad de
declaratoria de renuencia con fines de interponer acción de cumplimiento […]51»
(Negrilla fuera del texto).

El 22 de septiembre de 2008, el Director General de la CVC solicitó a la Alcaldía
de Jamundí información sobre las modificaciones al Plan de Ordenamiento
Territorial de Jamundí (Acuerdo No. 09 de 2007) y si estas fueron concertadas con
la autoridad ambiental conforme a las Leyes 388 de 1997, 607 de 1999 y al
Decreto 4002 de 2004.

15. Del contenido del memorando interno No. 0110-09-44-932-2007-02, del
Director General de la CVC al Director Territorial Suroccidente de la CVC, se
observa que la finalidad del documento no era la de crear, modificar o extinguir
una situación jurídica de un particular ajeno de la CVC. Conforme a los
antecedentes del memorando, existía una incertidumbre técnica ambiental y legal
acerca de las áreas cuyos usos de suelos habían sido modificados por un POT no
concertado con la autoridad ambiental.

Bajo ese contexto, en la entidad estaban en curso solicitudes administrativas de
permisos para ejecutar obras con posible impacto ambiental, precisamente, en
esas áreas no concertadas. De manera que el memorando interno, tal como
quedó expresamente consignado en el texto, tenía la finalidad de establecer unos
lineamientos para unificar criterios corporativos sobre el proceder de la Dirección
Regional Suroccidente, encargada de otorgar las autorizaciones ambientales. Y su
publicidad debía agotarse al interior de la entidad porque fue, esencialmente, una
comunicación -directriz- entre funcionarios.
51 F. 152-154 c. 1. principal.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Frente a la falla atribuida a la CVC por ausencia de notificación a terceros de la
directriz interna del 9 de octubre de 2007, no se demostró la omisión en el
cumplimiento de las funciones establecidas en la ley y sus decretos
reglamentarios para las corporaciones autónomas regionales. Más allá de los
posibles efectos colaterales de ese lineamiento, el memorando interno no
constituyó un acto administrativo general ni particular que haya creado, modificado
o extinguido una situación jurídica particular. Su finalidad era, como lo dijo el
mismo documento, unificar criterios al interior de la CVC para el proceder de sus
servidores. Esta comunicación entre funcionarios de la entidad comportó una
orientación para el desarrollo de la actividad administrativa en materia de licencias
y permisos ambientales, se insiste, sin la virtud de crear, modificar o extinguir una
situación jurídica particular y concreta de alguna persona ajena a la entidad.

La Sala advierte que en este proceso no se aportaron los expedientes
administrativos abiertos en razón a las tres solicitudes de permisos ambientales
elevadas por la sociedad demandante a la CVC, por lo que no se acreditó si en
cada uno de los trámites administrativos se profirió alguna decisión que ordenara
la suspensión particular de la gestión solicitada.

Las pruebas dieron cuenta que, luego de proferido el memorando interno, uno de
los procesos administrativos de permiso ambiental -obras hidráulicas de control de
inundabilidad- siguió su curso normal. En efecto, el 19 de mayo de 2008, la CVC
inició la revisión y aprobación de estudio integrado de control de inundabilidad, y el
4 de julio de 2008 y el 13 de agosto de 2008, se reunieron un ingeniero de la CVC
y el diseñador del proyecto “Club de Campo La Morada Sector La Mezquita”. En la
reunión, el ingeniero de la entidad demandada explicó al ingeniero de la
constructora las falencias del estudio y pidió ajustes e información
complementaria.

Aun cuando el memorando interno ordenó informar la orden de suspensión de
gestiones al Municipio de Jamundí, la Secretaría de Planeación del municipio y a
los usuarios, a fin de que el ente territorial adecuara el POT a las disposiciones
ambientales vigentes, esta orden no comportaba ni obligaba a la CVC notificar la
directriz interna a cada interesado en obtener permisos ambientales. Para que ello
tuviera eficacia, era necesario que en cada proceso se dictaran resoluciones que
ordenaran la suspensión del trámite de cada solicitud. El lineamiento fue,

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

entonces, genérico y, como se explicó, en la práctica no constituyó una
suspensión automática de todos los procedimientos administrativos. En efecto,
como quedó demostrado en este proceso, después de dictado el memorando
interno del 9 de octubre de 2007, la CVC continuó con las gestiones propias
relacionadas con uno de los tres permisos elevados por la sociedad actora -
ejecución de obras hidráulicas para control de inundaciones-, ordenó visitas
oculares al predio y se llevaron a cabo reuniones entre ingenieros de la
constructora demandante y técnicos de la corporación autónoma regional. Es
decir, la entidad demandada continuó con el curso normal de una petición
ambiental, sin suspensión alguna del respectivo proceso administrativo52.

16. Según el artículo 177 del CPC53, aplicable por remisión expresa de los
artículos 168 y 267 del CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por lo tanto, quien alega
un hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido,
ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.

Conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó demostrada
la alegada falla del servicio por omisión de la corporación autónoma regional, en la
medida que la entidad no tenía la obligación legal ni reglamentaria de notificar al
público las decisiones, directrices, circulares o memorandos internos que emitiera.
Entonces, como el memorando del 9 de octubre de 2007, expedido por el Director
General de la CVC y dirigido al Director Territorial, únicamente contenía una
directriz interna para unificar criterios dentro de los distintos procedimientos
administrativos de permisos y licencias ambientales que no creó, modificó ni
extinguió una situación jurídica de un particular, la CVC no tenía la obligación legal
de comunicarlo a terceras personas diferentes a la corporación autónoma regional.
Además, se reitera, el lineamiento del Director General no significó la suspensión
automática de cada actuación administrativa surgida por cada permiso ambiental.
Así las cosas, como no se probó la falla del servicio por omisión alegada, la Sala
confirmará la sentencia apelada.

17. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la

52 F. 152-154 c. 1 principal.
53 «Artículo 177.-Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba».

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Ley 446 de 199854, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que
la parte demandante haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

54 «Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez,

teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01493-01 (66111)
Demandante: Constructora Mezquita S.A.
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca-CVC.
Proceso: Reparación directa

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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