Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02389-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: JORGE ELIECER LARROTA GARCÍA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jorge Eliecer Larrota García solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de
legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 2 de mayo y 19 de
noviembre de 2024, proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación
15001-33-33-014-2023-00230-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
15001-33-33-014-2023-00230-00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, Secretaría de Educación del departamento de Boyacá y la Secretaría de
Educación del municipio de Tunja, a fin de que se declarara la nulidad del oficio núm.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
2023-ER-173715 de 8 de marzo de 2023, las resoluciones núm. 0785 de 22 de febrero
de 1974, núm. 00952 de 12 de agosto 1997.
2.2. Afirmó que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto
de 2 de mayo de 2024, rechazó la demanda respecto de la Resolución 785 de 22 de
febrero de 1974 y admitió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho frente los demás actos administrativos demandados.
2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
providencia de 19 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión de primera instancia.
2.4. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia en conexidad con el principio de legalidad, al incurrir en
un defecto por violación directa de la Constitución, en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.5. Expuso que las providencias incurrieron en un defecto fáctico al desconocer que
“[…] las labores desarrolladas por el demandante eran las mismas que las de los
docentes de planta y que se cumplen los tres elementos de la relación laboral, siendo
estos, prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración
como contraprestación del servicio, pues la simple existencia de los contratos de
prestación de servicios docentes, permiten inferir que la administración pretendió
evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera
relación laboral […]”.
2.6. Señaló que es “[…] necesario establecer quien fue el empleador (precepto
constitucional Artículo 122) del señor JORGE ELIECER LA ROTTA GARCIA, del
periodo comprendido desde el año 1974 hasta el retiro forzoso Decreto 295 de fecha
2007, igualmente se desconoce la Ley 29 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994
y la Ley 715 de 2001, como el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de
la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011 […]”.
2.7. Refirió en cuanto a una violación directa de la Constitución, que se desconocieron
los artículos 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305.7, 315.7, 322 y 328 de la Constitución
Política.
2.8. Adujo que se desconoció el precedente jurisprudencial “[…] vinculante y obligatorio
de la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009, C-679 de 2011, C-185 de 2019,
C-335 de 2008, C-621 de 2015 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cueter de fecha 25 de
agosto de 2016, Radicación No. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-
005-16, Actor Lucinda María Cordero Causil, Demandado Municipio de Ciénaga de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
Oro (Córdoba), como la Ley 29 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 1994 y 715 de 2001
procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho al acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad, buena fe, al debido proceso
administrativo (el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas sentencia T-1083 de 2004 de la Corte Constitucional),
defecto factico, defecto material o sustantivo, error inducido, desconocimiento del
precedente (sentencia C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009, C-185 de
2019, C-671 de 2011 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cueter de fecha 25 de agosto de 2016,
Radicación No. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, Actor
Lucinda María Cordero Causil, Demandado Municipio de Cienaga de Oro (Córdoba)),
violación directa de la Constitución (Art. 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305 No 7 y 315 No
7), según el art. 6 de la Constitución Política indica: “…Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones…” […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos
fundamentales del señor JORGE ELIECER LARROTA GARCIA, al debido
proceso judicial y administrativo, a la igualdad, buena fe, al derecho de acceso
a la justicia (T-411/16), defecto factico, violación directa de la constitución,
desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la
Corte Constitucional y demás que se encuentran regulados en la Constitución
Política, y en consecuencia se declare el Auto de fecha 23 de mayo de 2024
proferido por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el
Auto de fecha 19 de noviembre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Radicación 15001333301420230023000, Demandante. Jorge
Eliecer Larrota García, Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional
y otros, violó los derechos al debido proceso, denegación de administración de
justicia, defecto factico, violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte
Constitucional del señor Carlos Ernesto Rosas Toscón.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de
tutela solicitado por el señor Jorge Eliecer Larrota García, se DEJE SIN
EFECTO los Autos de fecha 23 de mayo de 2024 proferido por el Juzgado
Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el Auto de fecha 19 de
noviembre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá citada, y
se ordene dentro del término razonable que se considere, dictar el auto de
reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la
presente acción y observando el precedente vertical fijado por la Honorable
Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en los Autos de instancia
sobre el vínculo laboral, relación laboral o empleo público y que el demandante
señor Jorge Eliecer Larrota García presentó un vínculo laboral, relación laboral
o empleo público con el Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja cuyo
desconocimiento se invocó […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de abril de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, a la
Fiduprevisora S.A., al Departamento de Boyacá y al Municipio de Tunja.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:
5.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja indicó que en las
providencias cuestionadas se encuentran los argumentos que justifican la decisión,
en las cuales se hizo un estudio razonable del caso por el juez natural.
5.2. El Municipio de Tunja solicitó la desvinculación de la acción de tutela porque
las pretensiones no son competencia de ese ente territorial.
5.3. La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculado de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que, las
autoridades judiciales que conocieron del proceso contencioso administrativo son
las llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos alegados.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Municipio de Tunja y la Fiduprevisora
S.A.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Municipio de Tunja y la Fiduprevisora S.A. son parte
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
tutela, la Sala considera que a esas autoridades sí les asiste el interés jurídico para
ser vinculadas a esta acción constitucional. Razón por la cual, se denegarán las
solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 2 de mayo y 19 de noviembre 2024, proferidas
por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si
la providencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que hizo tránsito a cosa juzgada.
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en una
violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El señor Jorge Eliecer Larrota García solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de
legalidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 2 de mayo y 19 de
noviembre de 2024, proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación
15001-33-33-014-2023-00230-00/01.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. El requisito
de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de legalidad, al incurrir en un
defecto por violación directa de la Constitución, en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
29. Expuso que las providencias incurrieron en un defecto fáctico al desconocer que
“[…] las labores desarrolladas por el demandante eran las mismas que las de los
docentes de planta y que se cumplen los tres elementos de la relación laboral, siendo
estos, prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración
como contraprestación del servicio, pues la simple existencia de los contratos de
prestación de servicios docentes, permiten inferir que la administración pretendió
evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera
relación laboral […]”.
30. Señaló que es “[…] necesario establecer quien fue el empleador (precepto
constitucional Artículo 122) del señor JORGE ELIECER LA ROTTA GARCIA, del
periodo comprendido desde el año 1974 hasta el retiro forzoso Decreto 295 de fecha
2007, igualmente se desconoce la Ley 29 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994
y la Ley 715 de 2001, como el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de
la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011 […]”.
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02389-00
Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
31. Refirió en cuanto a una violación directa de la Constitución, que se desconocieron
los artículos 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305.7, 315.7, 322 y 328 de la Constitución
Política.
32. Adujo que se desconoció el precedente jurisprudencial “[…] vinculante y obligatorio
de la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009, C-679 de 2011, C-185 de 2019,
C-335 de 2008, C-621 de 2015 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cueter de fecha 25 de
agosto de 2016, Radicación No. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-
005-16, Actor Lucinda María Cordero Causil, Demandado Municipio de Ciénaga de
Oro (Córdoba), como la Ley 29 de 1989, Ley 60 de 1993, Ley 115 1994 y 715 de 2001
procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho al acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad, buena fe, al debido proceso
administrativo (el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas sentencia T-1083 de 2004 de la Corte Constitucional),
defecto factico, defecto material o sustantivo, error inducido, desconocimiento del
precedente (sentencia C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-614 de 2009, C-185 de
2019, C-671 de 2011 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cueter de fecha 25 de agosto de 2016,
Radicación No. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16, Actor
Lucinda María Cordero Causil, Demandado Municipio de Cienaga de Oro (Córdoba)),
violación directa de la Constitución (Art. 2, 4, 25, 48, 53, 122, 125, 305 No 7 y 315 No
7), según el art. 6 de la Constitución Política indica: “…Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones…” […]”.
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y iii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
35. Se considera que la parte accionante no está poniendo de presente que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión adoptada
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
por el juez de segunda instancia en el proceso contencioso confirmó la decisión del
a quo, a través de la cual resolvió rechazar la demanda contra la Resolución 785
de 22 de febrero de 1974 por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad.
36. Eneste punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la
providencia de 19 de noviembre de 2024 proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera instancia:
“[…] 3.2.1 CASO CONCRETO Y MARCO JURÍDICO
16. En el presente medio de control se pretende, entre otros, la nulidad del Acto
Administrativo contenido en la Resolución número 0785 del 22 de febrero de
1974. Revisados los anexos se advierte que, a través de dicho Acto
Administrativo, el Gerente General del Instituto Colombiano de construcciones
escolares ICCE hace unos nombramientos en el INEM de la ciudad de Tunja,
dentro de los que se encuentra el del Demandante:
“[…] “(…) ARTÍCULO NOVENO. - Nombrar a JORGE ELICER
LARROTA GARCIA en el cargo de profesor I-B de matemáticas en el
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM de Tunja con
un sueldo básico de $4.200.00, prima de alimentación y población de
$415.00 y prima de dedicación exclusiva de $1.375.00 para un sueldo
tope de $5.990.oo mensual (…)
ARTÍCULO VIGESIMO: Los anteriores nombramientos tienen carácter
de tiempo completo y dedicación exclusiva a la Institución y así deberán
consignarse en las respectivas actas de posesión. Con efectos fiscales
a partir de la fecha de posesión. Los gastos que ocasionen serán
cancelados con cargo a la cuenta de funcionamiento y constituida por
la Entidad” […]”
[…] 19. En ese sentido, el medio de control de Nulidad electoral procede contra
los actos mediante los cuales:
• Se hace una designación por elección popular o por cuerpos electorales.
• Por nombramiento
• Llamamiento
• Decisiones de las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones
o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios.
[…] 22. En el presente asunto, se advierte que el Juzgado de instancia en el
Auto por medio del cual se rechazó la Demanda respecto del Acto
Administrativo contenido en la Resolución número 0785 de 1974 consideró
que el Medio de control apropiado para controvertir la legalidad de dicho Acto
Administrativo era el de Nulidad Electoral.
23. Por su parte, el apelante en el recurso de apelación considera que el medio
de control apropiado para cuestionar su legalidad era el de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho porque persigue un interés subjetivo y que al
tratarse de una supuesta prestación de tracto sucesivo – pago de salarios- no
había operado el fenómeno jurídico procesal de la Caducidad.
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
24. En ese sentido, sería del caso definir la fuente del supuesto daño para
poder determinar el medio de control procedente para analizar los supuestos
que fundan la controversia, de no ser porque se advierte que
independientemente de cuál resulta ser el medio de control a través del cual se
debe cuestionar la legalidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución
número 0785 de 1974, lo cierto es que tanto los 30 días del medio de control
de Nulidad electoral; como los 4 meses del medio de control de Nulidad y
restablecimiento del Derecho se encuentran más que superados, sin que
durante dicho interregno de tiempo el actor haya cuestionado la legalidad del
Acto Administrativo, que hoy, cincuenta años después pretende demandar.
25. Cabe señalar que mediante el Acto acusado se dispuso el nombramiento
del Demandante como profesor de matemáticas, el valor del sueldo, de la prima
de alimentación, de la prima de dedicación exclusiva. Lo que a juicio de la Sala
no se enmarca dentro del supuesto contenido en el literal c del numeral primero
del artículo 164 del CPACA, pues según la jurisprudencia del Consejo de
Estado, si bien uno de los eventos de prestaciones periódicas a los que se
refiere el literal c del numeral 1 del artículo 164 es el pago de salario, lo cierto
es que pierde esta connotación cuando finaliza el vinculo laboral.
26. Según los hechos de la Demanda el demandante fue nombrado mediante
Resolución número 0785 de fecha 22 de febrero de 1974, y laboró hasta el 22
de enero de 1976 en favor del Instituto Colombiano de Construcciones
escolares y que a partir de la liquidación de dicho instituto su vinculación tuvo
vigencia entre el 22 de enero de 1976 y el 13 de junio de 2007.
27. Por lo que la prestación dejó de ser periódica desde hace más de 17 años
y en ese sentido, aún y si eventualmente le asistiera razón al demandante
respecto de su inconformidad relacionada con que al perseguir intereses
subjetivos el medio de control apropiado lo era el de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho y no el de Nulidad Electoral como lo consideró el Juez de instancia,
lo cierto es que la consecuencia jurídica sería la misma, esto es, el rechazo de
la Demanda pues operó el fenómeno de la caducidad en uno u otro escenario
y en ese sentido, la Sala decide confirmar la decisión de primera instancia […]”
[Negrilla y cursiva del texto y subrayado fuera del texto].
37. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la
parte accionante, la autoridad judicial accionada garantizó sus derechos y principios
constitucionales.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
[…]”20. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21. Con fundamento en lo anterior, esta Sección
declarará la improcedencia de la solicitud de tutela al no cumplir el requisito general
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Municipio
de Tunja y la Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
20
Ibid.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
15
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Accionante: Jorge Eliecer Larrota García
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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