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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02390-00

Fecha
28 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02390-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente, respecto del defecto sustantivo, la solicitud de tutela presentada por el departamento del Atlántico contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 15 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00 Demandante: Departamento del Atlántico Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de departamento del Atlántico, en lo que al defecto fáctico se refiere, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02390-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por falla en
el servicio con ocasión de no pago de honorarios a abogado /
Reconocimiento de perjuicios morales debe estar debidamente
acreditado / Defecto fáctico
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela en cuanto al defecto
sustantivo, y negar el amparo respecto del defecto fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por el departamento del Atlántico1 en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

1. El departamento del Atlántico promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 24 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C, en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 08001-33-33-005-2016-00121-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El profesional del derecho Javier Torres Velásquez adelantó, en favor de una
mayoría de los trabajadores del sector educativo del departamento del Atlántico, «el
reclamo de [sus] derechos laborales […], por causa de una homologación y nivelación
salarial».

1 A través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1_DemandaWeb_TUTELA(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

2.2. Para el desarrollo de dicha labor, entre otros, Carlos Alejandro Cuentas
Mendoza le otorgó para actuar en su nombre y representación en los siguientes
términos:

«[…] El doctor TORRES VELASQUEZ se encuentra ampliamente facultado para recibir,
conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar, presentar peticiones de todo tipo;
y en general para interponer todas las ACCIONES Y RECURSOS en defensa de mis
legítimos intereses y derechos, INCLUSIVE PARA IMPETRAR ACCION DE TUTELA Y
EJERCER ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; además lo
autorizo para recibir directamente las cuantías a que tengo derecho, inclusive para ejerza
proceso ejecutivo dirigido a obtener la totalidad de esas cuantías y se descuente
directamente de estas cantidades la concerniente a sus honorarios profesionales
acordados del 30%; en caso que el suscrito le revoque el presente poder otorgado libre y
espontáneamente, autorizo a las autoridades arriba mencionadas que se le cancele al
Doctor Torres Velásquez, los honorarios profesionales pactados del 30% y declaro que la
información y documentación que le presento son auténticos y no tienen tacha alguna de
falsedad. Cualquier poder otorgado anteriormente queda automáticamente revocado. Este
documento presta mérito ejecutivo a partir de su firma”. […]». (sic)

2.3. Luego de adelantarse satisfactoriamente la labor encomendada al profesional
del derecho, entre otros, Cuentas Mendoza decidió revocar el referido poder para
efecto del pago correspondiente y solicitarlo de forma directa, lo cual comunicó a la
Secretaría Departamental de Educación. Así, le entidad canceló al trabajador el 100%
de las sumas reconocidas, sin descuento alguno a título de honorarios.

2.4. El referido pago estuvo reconocido en la Resolución 00410 de 2014, en la que
se especificó la no «deducción del 30% de los honorarios del abogado». Decisión contra
la cual Javier Torres Velásquez interpuso recursos de reposición y apelación, el
primer resuelto desfavorablemente y el segunda rechazado por improcedente a
través de la Resolución 01124 de 2014.

2.5. Las anteriores actuaciones se dieron de forma similar respecto de 298 actos
administrativos relativos a diferentes trabajadores del departamento beneficiados de
la aludida nivelación salarial.

2.6. Con fundamento en lo anterior, Javier Torres Velásquez junto con su grupo
familiar presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el ente territorial, con el fin de que se le declarara responsable por «los
perjuicios materiales y morales causados presuntamente por la acción y omisión del ente
territorial en mención, en tanto incidió en la revocatoria de unos poderes y el no pago de
honorarios profesionales “pactados del 30% del retroactivo salarial de Carlos Cuentas
Mendoza”»3.

2.7. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, con
sentencia del 26 de septiembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que «el negocio celebrado entre el abogado Javier Torres Velásquez y Carlos
Alejandro Cuentas Mendoza no le resultaba oponible al departamento del Atlántico, a quien
no le correspondía dirimir la controversia privada suscitada entre ellos; además, de que el

3
Según se lee en la sentencia acusada.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

abogado Javier Torres Velásquez tuvo la oportunidad de promover los medios judiciales
pertinentes para exigir directamente de su excliente el cobro de sus honorarios». Decisión
contra la cual el demandante interpuso recurso de apelación.

2.8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C, con sentencia del
24 de enero de 2025 revocó la decisión del a quo para, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda en el sentido de condenar al departamento del Atlántico
a «pagar el 30% de los honorarios profesionales a título de lucro cesante, así como al pago
de exóticos daños morales por 10 SMLMV para el abogado Javier Torres Velásquez y 5
SMLMV para cada uno de los integrantes de su familia».

2.9. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defectos sustantivo y fáctico, toda vez que:

«[…] 1) El Tribunal no adecuó la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no declaró la caducidad de la acción, a pesar de que el
presunto daño reclamado proviene de un acto administrativo y de que la demanda se
presentó sobrepasando el término de 4 meses que exige el artículo 164, numeral 2, literal
d), del CPACA (defecto material o sustantivo).

2) El Tribunal aplicó una norma que no era aplicable al caso, a saber, el artículo 149 del
Código Sustantivo del Trabajo, cuando lo correcto era aplicar el artículo 27 del Decreto
2127 de 1945 y los artículos 93 y 94 del Decreto 1848 de 1969 (defecto material o
sustantivo).

3) El Tribunal consideró inválidamente que al departamento del Atlántico le resultaba
oponible una cláusula contractual pactada en un poder de representación, firmado por uno
de sus trabajadores y su abogado de confianza (defecto material o sustantivo).

4) El Tribunal omitió e ignoró el estudio sobre el carácter definitivo del daño reclamado por
el abogado Javier Torres Velásquez (defecto material o sustantivo).

5) El Tribunal consideró inválidamente que no había lugar a estudiar la conducta omisiva
del abogado Javier Torres Velásquez, que no promovió las acciones judiciales pertinentes
para exigir el pago de sus honorarios por cuenta de su cliente, descartando el estudio
sobre el hecho de la propia víctima del estudio de la responsabilidad (defecto material o
sustantivo).

6) El Tribunal no valoró las pruebas documentales que revelaban que el servidor Carlos
Alejandro Cuentas Mendoza le pidió al departamento del Atlántico que se le pagaran todos
los dineros directamente a él y no a través de su apoderado, asumiendo las implicaciones
legales y económicas que surgieran del negocio pactado con este (defecto fáctico
negativo).

7) El Tribunal reconoció daños morales a favor del abogado Javier Torres Velásquez y
para cada uno de los integrantes de su núcleo familiar, sin tener ninguna prueba de su
certeza (defecto fáctico positivo) […]». (sic)

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

«[…] PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del departamento del Atlántico, así como cualquier otro derecho
fundamental que pudo verse afectado con la actuación de la autoridad judicial accionada.

SEGUNDO. Dejar sin efecto la sentencia del 24 de enero de 2025, proferida por la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso contencioso
administrativo de reparación directa identificado con el radicado
08001333300520160012101.

TERCERO. Dictar una sentencia en su remplazo o en su defecto ordenar a la autoridad
judicial accionada expida una nueva sentencia que atienda los hechos probados y los
fundamentos jurídicos aplicables.

CUARTO. En caso de acceder a las pretensiones de esta acción, comunicar la decisión
adoptada a todos los juzgados administrativos de Barranquilla, con el fin de que conozcan
la decisión judicial y sigan el precedente en los casos similares que tienen bajo su
conocimiento. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C4 realizó un
recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso
contencioso-administrativo cuestionado, entre estas, el salvamento de voto suscrito
por el magistrado Jorge Hernán Sánchez Felizzola, sin pronunciarse respecto a los
cargos propuestos en la solicitud de tutela

5. Javier Torres Velásquez 5 solicitó que se declarara improcedente y/o se
desestimara la tutela en razón a que la decisión acusada se ajustó a derecho, sin que
vulnerara garantía fundamental alguna, toda vez que el amparo pretendido carecía
de relevancia constitucional, cuyo contenido evidenció una tercera instancia respecto
de un asunto ya decidido por los jueces naturales, frente a lo que se configuró cosa
juzgada. También del requisito de la subsidiariedad, pues, en el evento de dejarse de
practicar alguna prueba, pudo pretenderse la nulidad de la sentencia

5.1. Por otra parte, existió temeridad de la parte demandante, toda vez que, en
cuanto al cargo relacionado con el medio de control procedente frente a las
pretensiones contenciosas planteadas, hizo caso omiso al hecho que, el Consejo
Superior de la Judicatura6 en providencia del 26 de junio de 2015, proferida con
ocasión de un conflicto de competencias generado en un asunto similar, «determinó
que si se podían demandar bajo el MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA».

5.2. Frente a la controversia constitucional traída, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C con sentencia del 11 de octubre de 20247, al decidir un asunto
de contornos similares, declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que
carecía de relevancia constitucional.

4 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «44_MemorialWeb_Otro-20250239000INFORM(.pdf)

NroActua 15».
5 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «
46RECIBEMEMORIAL_Memorial_CONTESTACIONALAACCIO(.pdf) NroActua 16».
6 MP ANGELINO LIZCANO RIVERA, radicación No. 11001010200020150161000.
7 Radicado 11001031500020240431700.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

5.3. En escrito radicado posteriormente8, como argumento adicional, en cuanto al
defecto fáctico relacionado con el reconocimiento de los perjuicios morales señaló
que la decisión del tribunal demandado se soportó en los diferentes testimonios
decretados y practicados, respecto de los cuales se garantizó el derecho de
contradicción. Diferente fue, que:

«[…] la ANDJE en el momento procesal oportuno no hizo parte del proceso, pudiendo
haber intervenido desde un principio estos procesos, además, SI LO QUE LA PARTE
DEMANDADA PRETENDÍAN ERA ATACAR LOS DAÑOS MORALES DEBIERON
ATACAR O CONTROVERTIR LAS PRUEBAS TESTIMONIALES EN EL MOMENTO DE
LA AUDIENCIA DE PRUEBAS DONDE TUVIERON LA OPORTUNIDAD PROCESAL
PARA HACERLO, PERO NO LAS ATACARON Y ESTAS QUEDARON PROBADAS AL
MOMENTO EN QUE SE CULMINÓ LA ETAPA PROBATORIA Y SE NOTIFICÓ POR
ESTRADOS, ES DECIR, ESTOS TESTIMONIOS RENDIDOS EN ESTE PROCESO Y SE
ENCONTRÓ ACERVO PROBATORIO POR PARTE DEL TRIBUNAL Y SUS
HONORABLES MAGISTRADOS EN LA SALA C, TODA VEZ QUE EL DPTO. DEL
ATLANTICO NO ATACÓ EN DEBIDA FORMA Y EN EL MOMENTO OPORTUNO LOS
TESTIMONIOS POR LA DEMANDADA Y LA ANDJE QUE VELÓ POR SU AUSENCIA,
POR LO TANTO SE CONFIGURÓ UN HECHO CIERTO Y EL TRIBUNAL AL MOMENTO
DE PROFERIR SENTENCIA ASÍ LO PERCIBIÓ Y LO DETERMINÓ COMO DAÑOS
MORALES y hechos probados, entonces lo que pretende el actor es revivir una tercera
instancia mediante el medio constitucional de la tutela, que no es el medio adecuado para
estos fines. […]». (sic)

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.° del Decreto 333
del 6 de abril de 20219 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C.

8 Ver índice 21 de Samai. Archivo denominado
«53RECIBEMEMORIAL_ALCANCEALACONTESTACI(.pdf) NroActua 21». Con escrito del 16 de
mayo de 2025 se dio alcance al escrito de oposición a la solicitud de tutela.
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

8. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

9. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

10. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

11. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

12. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

13. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

14. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por el departamento
del Atlántico supera los requisitos generales de procedibilidad?

14.1. De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, establecer: ¿si el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C vulneró los derechos
fundamentales del departamento demandante con ocasión de la sentencia del 24 de
enero de 2025 que, en segunda instancia, accedió a las pretensiones indemnizatorias
formuladas por Javier Torres Velásquez16 con ocasión del actuar del ente territorial
frente al no pago de honorarios profesionales causados en su favor, con la que
incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1.1. De la subsidiariedad

15. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Y su núcleo familiar.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia17, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

17. En este punto, se recuerda que el departamento del Atlántico acudió al juez
de tutela al considerar que el tribunal demandado en la sentencia que profirió el 24
de enero de 2025 incurrió en defectos sustantivo y fáctico. El primero de los
mencionados al considerar que: i) la demanda no se adecuó al medio de control
pertinente (nulidad y restablecimiento del derecho); ii) no eran aplicables las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo -art. 149, sino las del Decreto 2127
de 1945 -art. 27, y Decreto 1848 de 1969 -arts. 93 y 94; iii) al ente territorial no «le
resultaba oponible una cláusula contractual pactada en un poder de representación, firmado
por uno de sus trabajadores y su abogado de confianza»; iv) se «ignoró el estudio sobre el
carácter definitivo del daño reclamado por el abogado Javier Torres Velásquez»; y v) este
último no promovió las acciones judiciales pertinentes para exigir el pago de sus
honorarios por parte de su cliente, lo cual evidenciaba el hecho de la propia víctima
frente al daño alegado.

18. Como se observa, los cargos traídos por la parte demandante, bajo un
supuesto “defecto sustantivo” obedecen a puntuales argumentos de defensa frente a
la demanda de reparación directa, por lo que, es evidente, que cualquier
pronunciamiento al respecto requiere obligatoriamente que hayan sido alegados y
decididos en el marco del proceso contencioso-administrativo cuestionado por el juez
natural del asunto, en aras de no extralimitar la competencia del juez constitucional.

19. En este punto, llama la atención de la Sala el hecho que el departamento del
Atlántico nunca ejerció su derecho defensa y contradicción frente a la demanda
formulada en su contra por el profesional del derecho Javier Torres Velásquez y otros,
tal como se puede evidenciar del expediente contencioso-administrativo, y como se
señaló en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas con ocasión de
esta.

20. Así, mal puede pretender el departamento del Atlántico revivir oportunidades
y etapas procesales que claramente dejó vencer. Por ello, emitir cualquier
pronunciamiento al respecto conllevaría a que este mecanismo constitucional se
convirtiera en una tercera instancia en favor de sus intereses, y en un
desconocimiento total de la garantía del debido proceso de quien accionó en su
contra; frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el

17
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el
de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

21. Ahora, si bien en el escrito de amparo se afirmó que el asunto superaba el
requisito de la subsidiariedad en razón a que, «no hubo oportunidad de alegar las
presentes violaciones en el proceso de reparación directa, toda vez que se manifestaron por
primera y única vez en la sentencia de segunda instancia», para la Sala no es procedente
tal apreciación respecto del defecto sustantivo propuesto, pues, sin perjuicio de la
decisión adoptada por el tribunal demandado en el ejercicio de su autonomía judicial
en concordancia con lo acreditado en el proceso, como se señaló en líneas
anteriores, los puntales cargos planteados debieron ser alegados en las etapas
procesales correspondiente en el marco del trámite del proceso contencioso-
administrativo [contestación de demanda, formulación de excepciones, alegatos de
conclusión], lo cual nunca ocurrió; es decir, no puede convalidarse un examen de
responsabilidad estatal no propuesto oportunamente, so pretexto de la configuración
de una causal específica de procedibilidad de la solicitud de tutela.

22. En concordancia con lo anterior, tampoco se emitirá pronunciamiento frente a
los argumentos de defensa traídos por Javier Torres Velásquez relacionados con el
pluricitado defecto por sustracción de materia.

23. De acuerdo con los argumentos que anteceden, la Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el departamento del Atlántico
en lo que al defecto sustantivo se refiere, por no superar el requisito de la
subsidiariedad.

24. Por otra parte, el departamento demandante también alegó un defecto fáctico
al considerar que el Tribunal Administrativo del Atlántico no valoró «las pruebas
documentales que revelaban que el servidor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza le pidió al
departamento del Atlántico que se le pagaran todos los dineros directamente a él y no a
través de su apoderado», y que careció de fundamento probatorio el reconocimiento
del perjuicio moral efectuado.

25. En cuanto a este defecto, Torres Velásquez alegó en su escrito de defensa
que también carece del requisito de la subsidiariedad en el entendido que el
departamento del Atlántico nunca objetó las testimonios decretados y practicados,
pese a que se le garantizó la oportunidad para ello.

26. A juicio de la Sala, pese al silencio del ente territorial durante el proceso
contencioso, en lo que al cuestionamiento probatorio se refiere, contrario a lo
considerado respecto del defecto sustantivo, la solicitud de tutela supera el requisito
de la subsidiariedad, pues, no se cuestionó el trámite de las pruebas adelantado en
el proceso contencioso, sino el análisis efectuado al respecto por el tribunal
demandado, lo cual solo se materializó en la sentencia acusada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

2.4.1.2. De los demás requisitos

27. Precisado lo anterior, la Sala encuentra superados los demás requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, se efectuará el estudio del fondo del asunto planteado
en cuanto al defecto fáctico.

2.4.2. Defecto fáctico

28. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional18, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

29. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»20. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.

30. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Sobre el caso concreto

31. El departamento del Atlántico acudió al juez de tutela al considerar que la
sentencia proferida el 24 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión C incurrió en defecto fáctico, toda vez que dejó de valorar las
pruebas documentales que evidenciaban que los honorarios pretendidos por Javier
Torres Velásquez no le fueron cancelados consecuencia de la revocatoria del poder
que al respecto hiciera su poderdante, y por el hecho que se condenará por perjuicios
morales sin fundamento probatorio.

32. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el tribunal demandado respecto de los documentos echados de menos por el
departamento del Atlántico, en los siguientes términos:

«[…] .- Acta especial de actualización de información de comunicación dirigida al
Secretario de Educación Departamental, fechada 19 de diciembre de 2013, diligenciada
por el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza, a solicitud de la Secretaria de Educación
Departamental, en la cual manifiesta que “no cuenta con apoderado judicial” que lo
represente dentro del proceso de homologación y nivelación salarial del personal

18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-538 de 1994.

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Demandante: Departamento del Atlántico

administrativo del sector educativo del Departamento del Atlántico (carpeta 32, archivo
digital 1, fl. 30) .

.- Comunicaciones fechadas 19 de diciembre de 2013, suscritas por el señor Carlos
Alejandro Cuentas Mendoza y dirigida al Secretario de Educación Departamental del
Atlántico, a través de las cuales manifestó (carpeta 32, archivo digital 1, fl. 31- 32):

.- Misiva adiada 03 de septiembre de 2013, dirigida al Gobernador y Secretario de
Educación del Departamento del Atlántico, así como al Ministerio de Educación Nacional,
firmada por el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza, en la cual solicitó lo que a
continuación se cita (carpeta 32, archivo digital 1, fls. 35-36):

[…]

.- Resolución No. 01124 de 12 de marzo de 2014 “Por la cual se resuelven 298 recursos
de reposición interpuestos por el abogado Javier Torres Velásquez dentro del proceso
administrativo de homologación de cargos y nivelación salarial” contra la Resolución No.
00410 de 22 de enero de 2014, confirmándola y rechazando por improcedente el recurso
de apelación.

.- Interposición recurso de queja de fecha 28 de marzo de 2014, contra la decisión que
negó el recurso de apelación respecto de la Resolución No. 01124 de 12 de marzo de
2014 (fl. 217 reverso archivo digital 01).

[…]

En ese orden de ideas, para el Tribunal emerge con meridiana claridad, que el abogado
Javier Torres Velásquez asumió una participación en el transcurso del proceso
administrativo de homologación de cargos y nivelación salarial adelantado por el
Departamento del Atlántico, cumpliendo su labor en los términos y con las facultades
determinados en el mandato suscrito con el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza, a
quien finalmente le fue entregado el dinero pretendido.

[…]

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-00
Demandante: Departamento del Atlántico

No pierde de vista el Tribunal, que aun cuando no se está en el escenario para debatir la
relación contractual entre poderdante y apoderado, pues tal asunto compete a la
jurisdicción ordinaria, lo cierto es que las actuaciones adelantadas por el actor Javier
Torres Velásquez son relevantes para proveer el fondo del asunto y a su vez reflejan el
rol que aquel asumió en favor de los intereses de sus poderdantes, aspecto que se
encuentra íntimamente ligado con uno de los perjuicios que solicita en la demanda,
relacionado con el pago, a título de lucro cesante, de los honorarios que, según afirma, no
pudo recibir como consecuencia del proceder del Departamento del Atlántico – Secretaría
de Educación Departamental.

Ahora bien, acreditado como está que el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza otorgó
poder al abogado Javier Torres Velásquez para que ejerciera su representación dentro
del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial adelantado por el
Departamento del Atlántico, y que el referido demandante hizo la gestión administrativa,
logrando el pago del dinero pretendido a favor de aquel, quien lo recibió directamente;
resulta válido preguntarse si el Departamento del Atlántico, luego de la revocatoria del
poder antes dicha, estaba en el deber legal de descontar de las sumas reconocidas a
favor del beneficiario por concepto de retroactivo salarial, el 30% correspondiente a los
honorarios profesionales del aquí demandante, en los términos del mandato suscrito y
como retribución de la labor encomendada.

En tal sentido, alega el recurrente que, aceptada la revocatoria del poder conferido por el
señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza al abogado Javier Torres Velásquez, el
Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, “incumpliendo su
deber constitucional y legal”, procedió a pagar directamente al beneficiario la totalidad de
las sumas reconocidas por concepto de retroactivo salarial, a pesar de que en el mandato
suscrito con el objeto de adelantar la reclamación administrativa, se dejó establecido que
en caso de que sucediera tal eventualidad, es decir, la revocatoria del poder, el poderdante
autorizaba descontar del dinero a cancelar el 30% como pago de los honorarios
profesionales.

[…]

A juicio de esta Sala, el hecho de que el Departamento del Atlántico – Secretaria de
Educación Departamental pagara el dinero producto de la homologación directamente al
señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza, pasando por alto la autorización de descuento
contenida en el poder como consecuencia de su revocatoria, impidió que el profesional
del derecho Javier Torres Velásquez recibiera sus honorarios por la labor encomendada
y esa situación se traduce en una falla en el servicio, pues la administración debió
sujetarse a lo pactado por las partes luego de la revocatoria de poder que hiciere el señor
Carlos Alejandro Cuentas Mendoza.

En efecto, cuando en la celebración de un contrato se pacta que en caso de revocatoria
de poder se debe cancelar determinado porcentaje al abogado por la gestión
encomendada, dicha cláusula especial se hace vinculante, por lo que en este caso el
Departamento del Atlántico – Secretaria de Educación Departamental debió pagar al
profesional del derecho Javier Torres Velásquez, del dinero que recibiría el señor Carlos
Alejandro Cuentas Mendoza, las cantidades que allí se establecieron, es decir, el 30% de
la suma recibida, como consecuencia del rompimiento del acuerdo suscrito con su
abogado y dada la expresa voluntad de esta de otorgar dicho porcentaje por la labor
realizada.

Con todo, es posible inferir que, en el presente caso, el poderdante estaba en la libertad
de obligarse y así lo hizo al otorgar el poder con la cláusula especial de revocatoria y su
autorización de descontar los honorarios del abogado, y al profesional del derecho,
también parte de esa relación, le asistía el derecho a recibir sus honorarios por la labor
que adelantó en favor de su mandante. Luego entonces, el acuerdo así planteado no es
más que una de las tantas formas que puede pactarse entre las partes - mandante y
mandatario - como forma de pago de la labor contratada, acuerdo que surtía efectos frente
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Demandante: Departamento del Atlántico

al Departamento del Atlántico – Secretaria de Educación Departamental, en su condición
de empleador del primero y de tercero obligado al pago en el contrato de mandato». (sic)

33. A partir de una lectura integral de la sentencia, la Sala concluye que el análisis
de la autoridad judicial demandada estuvo debidamente sustentado en las pruebas
aportadas, entre las que se incluyen aquellas que daban cuenta de la revocatoria del
mandato que hiciera Carlos Alejandro Cuentas Mendoza ante la Secretaría
departamental de Educación. Situación distinta fue, el hecho que se considerara que
dicha revocatoria no era procedente para desconocer que en el poder suscrito «se
dejó establecido que en caso de que sucediera tal eventualidad, es decir, la revocatoria del
poder, el poderdante autorizaba descontar del dinero a cancelar el 30% como pago de los
honorarios profesionales».

34. Como se observa, contrario al decir del departamento tutelante, el Tribunal
Administrativo del Atlántico sí valoró las documentales que daban cuenta de la
revocatoria del pluricitado poder por parte de Cuentas Mendoza, por lo que dicho
cargo no está llamado a prosperar.

35. Ahora, en lo que al reconocimiento del perjuicio moral se refiere, el tribunal
demandado lo consideró procedente con fundamento en las pruebas testimoniales
debidamente decretadas y practicadas, las cuales no fueron objetadas por el ente
territorial, así:

«[…] Perjuicios morales: afirma el demandante Javier Torres Velásquez, que debido a la
prolongada duración del proceso de homologación de cargos y nivelación salarial, no solo
sufrió angustias, sino que también tuvo que emprender una “lucha intensa y controversial”
con la Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, cuando
pretendían fijar salarios irrisorios, enfrentarse a abogados desleales que intentaron hurtar
el dinero producto del retroactivo salarial a sus poderdantes a través de cesiones de
derechos ilegales, y solicitar protección debido a los “atentados” que sufrió. Por tal razón,
peticiona se reconozca en su favor el equivalente a 100 smlmv, para su esposa 30 smlmv
y para cada uno de sus hijos 20 smlmv, a excepción de Fernando para quien solicita 30
smlmv.

En punto del perjuicio moral, su indemnización, debido a la naturaleza del perjuicio, tiene
una naturaleza compensatoria, no restitutoria como tampoco reparadora, por lo que, la
suma que se establezca no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio.

Para su valoración, debe tenerse en cuenta i) el principio de equidad y ii) el juez debe
ejercer una discrecionalidad razonada y fundada en las pruebas sobre la existencia del
perjuicio y su intensidad; a la vez, iii) el Consejo de Estado fija, para el efecto, unas pautas
de referencia; iv) y entre estas, ha establecido que el valor del perjuicio moral en los casos
de mayor intensidad atiende a los 100 SMLMV, como en los eventos en los que se
demanda la indemnización por la muerte de un familiar13[22] .

Ahora bien, es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estimado que ”la
muerte constituye el hecho dañoso que causa el perjuicio moral de mayor intensidad14[23]

22 Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, Expediente:

66001-23-31-000- 1996-3160-01(13232-15646), M.P.: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
23 Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 29 de enero de 2012, expediente

22742, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Demandante: Departamento del Atlántico

”, no obstante ello ha explicado que “es necesario tener en cuenta que también ha
reconocido esa suma en otras circunstancias15[24] . De lo que se sigue que, la
indemnización por perjuicios morales se concede en todos aquellos casos en los que el
ser humano, de ordinario, dada la condición de víctima o en razón de la cercanía afectiva
a ésta, siente dolor, congoja, sufrimiento o aflicción por el daño irrogado, situación que no
se limita a la muerte.”

En el caso que ahora estudia la Sala, de las diferentes pruebas allegadas al plenario se
puede constatar la existencia e intensidad del perjuicio moral padecido por el señor Javier
Torres Velásquez, derivado del hecho de no recibir sus honorarios en oportunidad y
conforme lo pactado, lo cual frustró su expectativa, por demás legitima, de recibir una justa
remuneración por la labor profesional encomendada por parte del señor Carlos Alejandro
Cuentas Mendoza.

Justamente, las pruebas testimoniales dan cuenta que el no pago de los honorarios
pactados en el mandato, provocó un estado de angustia y preocupación en la persona de
Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar, quienes a su vez afrontaron dificultades en
lo que a la convivencia se refiere, dada la alteración en los estados de ánimo de los
miembros del grupo.

En cuanto a las alegadas afecciones a la salud del actor y su cónyuge, así como a los
“intentos de suicidio” por parte de uno de los hijos del señor Javier Torres Velásquez,
precisa el Tribunal que tales afirmaciones no fueron debidamente acreditadas en el
presente proceso, pues si bien los declarantes dieron cuenta de tales situaciones, su dicho
no encuentra respaldo probatorio, debido a que con la demanda no se allegó probanza
alguna con tal finalidad.

Ahora bien, el demandante depreca el reconocimiento de perjuicios morales para sus hijos
y su compañera permanente, por lo que ha de observarse los lineamientos del Consejo
de Estado considerados al respecto:

“Cuando ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los
parientes del afectado, esta Corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado
el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos,
abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente. Las razones que
sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado
a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia
humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y
ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (artículo 42 de la C.P.). (…)”

En ese orden de ideas, resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a los
familiares del actor, esto es, su esposa Janeth Esther Olivares Amarás, y sus hijos Javier,
Fernando y Pedro Torres Olivares, en razón de cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno. […]». (sic)

36. Como se observa, el reconocimiento de los perjuicios morales se soportó en
las pruebas testimoniales practicadas en el proceso, cuya valoración le permitió al
tribunal demandado concluir que «el no pago de los honorarios pactados en el mandato,
provocó un estado de angustia y preocupación en la persona de Javier Torres Velásquez y

24 Cita original: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de marzo de 2012, expediente

19807, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
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Demandante: Departamento del Atlántico

su núcleo familiar, quienes a su vez afrontaron dificultades en lo que a la convivencia se
refiere, dada la alteración en los estados de ánimo de los miembros del grupo».

37. En este punto, la Sala no desconoce que el tribunal demandado no señaló con
precisión el contenido de los testimonios valorados, sin embargo al revisarlos
directamente del proceso contencioso-administrativo allegado al asunto como
prueba, se observa que son concordantes en referir el impacto que generó en el
profesional del derecho Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar el no pago de
los honorarios pretendidos, en razón a que su oficina se ubicaba en su residencia, lo
cual les permitía tener conocimiento directo de lo sucedido.

38. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
fáctico pues, su decisión fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia
reguladoras de la función judicial, la cual se apoyó en el material probatorio obrante
en el proceso, para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso
concreto.

39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del amparo pretendido.

40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

41. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala declarará
improcedente la solicitud de tutela presentada por el departamento del Atlántico
respecto de defecto sustantivo, y negará el amparo de sus derechos fundamentales
en cuanto al defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente, respecto del defecto sustantivo, la solicitud de
tutela presentada por el departamento del Atlántico contra el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión C, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

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Demandante: Departamento del Atlántico

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de departamento del
Atlántico, en lo que al defecto fáctico se refiere, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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