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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00347-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00347-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00347-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00347-01
Demandante PEDRO TORRES OLIVARES Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra sentencia de tutela. Requisitos de
procedencia excepcional. Situación de fraude.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo
de tutela del 26 de febrero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en lo relacionado con la sentencia de
tutela del 30 de octubre de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de enero de 20261, el señor Pedro Torres Olivares, actuando en nombre propio
y en calidad de apoderado de los señores Javier Torres Velásquez, Fernando Torres
Olivares, Javier Torres Olivares y Janeth Esther Olivares Amaris, presentó acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado alegando la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la sentencia del 30
de octubre de 2025, proferida por esa autoridad judicial en la acción de tutela con
radicación 11001-03-15-000-2025-02390-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«3.1. – Principales.

3.1.1. Primera. – Amparar el derecho fundamental al debido proceso del suscrito y de los
señores JAVIER TORRES VELÁSQUEZ, FERNANDO TORRES OLIVARES, JAVIER
TORRES OLIVARES y JANETH ESTHER OLIVARES AMARIS.

3.1.2. Segunda. – Como consecuencia de lo anterior, ordénese a la autoridad accionada
dictar una sentencia de reemplazo, que atienda a los hechos probados durante este
trámite sumario y a los fundamentos jurídicos aplicables al caso objeto de la solicitud
de amparo.

3.2. – Subsidiaria.

3.2.1. Única. – Con el fin de que evitar un perjuicio irremediable, solicito se ordene suspender
los efectos del fallo de tutela fechado 30 de octubre de 2025, por medio del cual dicha
Corporación resolvió de forma favorable la impugnación presentada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra el fallo de tutela del 28 de mayo de
2025, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado hasta tanto la Corte
Constitucional no se pronuncie respecto de su eventual revisión.» 2.

1
Samai, índice 2.
2
Página 3 del escrito de tutela. Samai de primera instancia, índice No.2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00347-01
Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Javier Torres Velásquez adelantó reclamaciones encaminadas a
obtener la homologación de cargos y nivelación salarial en favor de
aproximadamente quinientos empleados del sector educativo del
departamento del Atlántico. Estos trabajadores le otorgaron poder para
representarlos en el trámite administrativo en el que se pactó que, en caso de
revocatoria del poder, se autorizaba al ente territorial para descontar el 30%
de las sumas reconocidas a los poderdantes para pagar los honorarios del
apoderado.

2.2. Los accionantes indicaron que el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza,
uno de los poderdantes, revocó el contrato de mandato el 3 de septiembre de
2013, cuando estaba en curso el trámite administrativo. Posteriormente, el
Departamento del Atlántico le reconoció directamente el retroactivo salarial
derivado de la homologación y nivelación en la Resolución 00410 de 2014,
pero no efectuó el descuento correspondiente a los honorarios del abogado.

El señor Torres Velásquez presentó los recursos administrativos procedentes
derivados de la alegada omisión, pero fueron despachados desfavorablemente
en la Resolución 01124 de 2014.

2.3. Informaron que el señor Javier Torres Velásquez, actuando en nombre propio
y como apoderado de su núcleo familiar, promovió demanda de reparación
directa contra el Departamento del Atlántico para que se declarara su
responsabilidad por los perjuicios derivados de la omisión de descontar del
retroactivo salarial el porcentaje correspondiente a los honorarios
profesionales pactados.

Al proceso ordinario le correspondió la radicación 08001-3333-005-2016-00121-
00.

2.4. La demanda correspondió al conocimiento del Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Barranquilla que, en sentencia del 26 de septiembre de 2024,
negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su determinación,
indicó que no existe disposición legal que respalde la alegada obligación del
ente territorial de descontar del pago producto de la homologación y nivelación,
el valor correspondiente a los honorarios del abogado. A ese respecto, agregó
que al abogado le asistía la posibilidad de buscar el resarcimiento pretendido
a través de los medios judiciales establecidos para tal fin.

2.5. La decisión fue apelada. En segunda instancia, la Sala de Decisión C del
Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la sentencia del a quo y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, en fallo del 24 de enero de
2025.

Como fundamento de su decisión, el tribunal explicó que se acreditó el daño
por la afectación al patrimonio del demandante dado que no se le reconocieron
los honorarios pactados. Al respecto, relacionó la Resolución 00410 de 2014
que ordenó el pago de las sumas reconocidas en el trámite administrativo
directa y exclusivamente al titular del retroactivo salarial.

En cuanto a la imputación, consideró que el actor no recibió sus honorarios
por las omisiones atribuibles al ente territorial. Explicó que la administración
debió estarse a lo pactado por las partes en el contrato de mandato.

2

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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

2.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en
representación del Departamento del Atlántico3, promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico por la emisión de la sentencia
del 24 de enero de 2025, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Al proceso constitucional le correspondió la radicación 11001-03-15-000-2025-
02390-01.

2.7. En fallo de tutela del 28 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
Departamento del Atlántico. Esta decisión fue objeto de impugnación

En el trámite de la acción de tutela se informó al juez constitucional que la
sentencia ordinaria fue pagada por el ente territorial el 5 de junio de 2025.

2.8. El 30 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado, como
juez de la impugnación, revocó la sentencia de tutela de primera instancia y,
en su lugar, amparó los derechos invocados por el Departamento del Atlántico
y ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico proferir una sentencia de
reemplazo dentro de los 30 días hábiles siguientes.

Como fundamento de su decisión, indicó que la sentencia acusada incurrió en
defecto sustantivo y en defecto fáctico dado que ignoró que la controversia
real en el caso se dirigió a la omisión en el pago de unos honorarios
profesionales respecto de una relación contractual surgida entre particulares,
por lo tanto, extraña al Departamento del Atlántico.

Agregó que si el abogado Torres Velásquez pretendía la protección de sus
derechos debía reclamar el aludido pago en la jurisdicción ordinaria laboral,
pero en lugar de demandar a la persona que se obligó, promovió proceso
contra un tercero ajeno al negocio jurídico que generó el alegado daño.

2.9. La sentencia registró salvamento de voto del magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra, quien consideró que la acción de tutela no debió prosperar. Argumentó
que la decisión, aunque discutible, no era irrazonable ni arbitraria, por lo que
estaba amparada en la autonomía e independencia judicial.

Agregó que la sentencia de tutela terminó imponiendo conclusiones propias
frente al proceso de reparación directa respecto del alcance del contrato de
mandato y sobre la existencia de una falla en el servicio, cuestiones que,
consideró, se circunscriben a la competencia del juez natural de la causa.
Además, destacó que el ente territorial no desplegó una estrategia de defensa
en el proceso ordinario, sino que guardó silencio, con lo que se incumpliría el
presupuesto de subsidiariedad.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró su
derecho fundamental al debido proceso y configuró un supuesto de cosa juzgada
fraudulenta, al respaldar una actuación procesal desleal con el fallo de amparo a

3
En la página 1 de la acción de tutela se lee: «MARIANO EZEQUIEL BARROS RIVADENEIRA (…), actuando en condición
de director de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)
y en calidad de apoderado del departamento del Atlántico, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto ley 2591 de 1991, respetuosamente acudo ante ustedes con el fin de interponer acción de tutela contra la
Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico».
Además, se aportó poder concedido por Rachid Nader Orfale a favor de Mariano Esequiel Barrios, en condición de director
de la Dirección Jurídica de la ANDJE, para que interpusiera la acción de tutela en representación del Departamento del
Atlántico. Samai, proceso 11001031500020250239000, índice 6.
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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

pesar de que la obligación derivada de la sentencia de condena ya había sido
satisfecha a través del pago que realizó el Departamento del Atlántico.

De otra parte, explicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración del material probatorio dado que omitió que la entidad
demandada del proceso de reparación directa ya había cumplido con la obligación
dineraria que derivaba de la condena judicial. Asimismo, advirtió que el juez de
tutela no consideró que ni el Departamento del Atlántico ni la ANDJE comparecieron
al proceso ordinario para controvertir las pruebas.

Finalmente, reprochó que la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció el
precedente constitucional que establece la improcedencia de la acción de tutela
para reabrir el debate probatorio o para sustituir al juez natural de la causa. En su
consideración, el fallo de tutela se centró en aspectos que corresponde decidir a los
jueces especializados en cada una de las instancias del proceso ordinario, no al
juez de tutela.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 27 de enero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia: (i) admitió la acción de tutela interpuesta por Pedro Torres Olivares,
Javier Torres Velásquez, Fernando Torres Olivares, Javier Torres Olivares y
Janeth Esther Olivares Amaris, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado; (ii) vinculó a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Departamento del Atlántico, como terceros con interés
en el resultado del proceso; y (iii) negó la medida provisional y el decreto de
pruebas4 solicitados por la parte actora.

Adicionalmente, se ofició al Tribunal Administrativo del Atlántico y a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que
remitieran en copia digitalizada el expediente del proceso de reparación directa
08001-33-33-005-2016-00121-00/01 y el expediente de la acción de tutela 11001-
03-15-000-2025-02390-00/01.

4.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por conducto del
director de Defensa Jurídica Nacional, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela por dirigirse contra un fallo de tutela. Recordó que solo
hay lugar a analizar el fondo de estas solicitudes cuando se configura la cosa
juzgada fraudulenta, supuesto que no se concreta en el caso particular.

Descartado el anterior escenario, considera que la intención de la parte actora
es tomar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio y jurídico que ya fue decidido por el juez constitucional en la primera
acción de amparo.

4.3. El señor Torres Olivares presentó oposición al informe de la ANDJE por
considerar que omite hechos relevantes y que fundamenta su postura en un
entendimiento fragmentado del expediente. Recordó que la Agencia decidió
impugnar el fallo de tutela a pesar de que ya había sido pagada la condena
por el Departamento del Atlántico, es decir, cuando no existía una controversia
jurídica vigente ni objeto constitucional por decidir.

En ese contexto, consideró que la impugnante del proceso constitucional inicial
indujo en error al juez de tutela y configuró una actuación contraria a la lealtad

4
El señor Pedro Torres Olivares solicitó que se oficiara al Departamento del Atlántico para que remitiera certificación del
pago efectuado en virtud de la condena impuesta en fallo del 24 de enero de 2025.
4

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procesal. Por lo anterior, advirtió que la acción de tutela no busca reabrir el
debate de fondo, sino cuestionar la validez de una sentencia de tutela que se
fundamentó en un supuesto fáctico inexistente.

4.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla y el
Departamento del Atlántico guardaron silencio.

4.5. En memorial del 25 de febrero de 2026, la parte actora solicitó que se
programe audiencia presencial en la que su apoderado pueda exponer los
fundamentos de hecho y de derecho que demuestran la configuración de la
cosa juzgada fraudulenta.

Adicional a lo anterior, solicitó requerir al magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra, quien salvó su voto en la sentencia de tutela del 28 de mayo de 2025,
para que rindiera concepto respecto de su voto disidente.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de amparo, al considerar que los reproches
contra la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025 no cumplen el estándar
excepcional exigido por la jurisprudencia constitucional para controvertir
providencias de esa naturaleza.

Como fundamento de lo anterior, indicó que no se acreditó la configuración de la
cosa juzgada fraudulenta ni de fraude procesal, sino que la intención del actor es la
de reabrir un debate ya decidido por el juez constitucional. Explicó que, aunque en
la tutela se sostiene que al momento de interponerse la impugnación la condena
impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico ya había sido pagada por el
ente territorial demandado, tal circunstancia no demuestra una maniobra
fraudulenta o actuación dolosa atribuible al juez de tutela que permita desvirtuar la
cosa juzgada constitucional.

Finalmente, respecto de la petición de realizar audiencia presencial para explicar la
configuración de la cosa juzgada fraudulenta, advirtió que el escenario para exponer
tales argumentos es el escrito de tutela y no etapas posteriores, pues podría implicar
una vulneración al derecho al debido proceso de la parte accionada.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia por considerar
que en el caso particular sí se configuró la cosa juzgada fraudulenta. Argumentó
que la impugnación se utilizó como medio procesal para «engañar a los magistrados
del Consejo de Estado», pues, estima, que no era viable la impugnación en atención
al principio de cosa juzgada y al artículo 1625 del Código Civil que establece que el
pago extingue las obligaciones.

En esa línea, agregó que la Sección Quinta resolvió la impugnación contra una
sentencia ejecutoriada que contenía una obligación que fue efectivamente cumplida
por el Departamento del Atlántico, por lo que no había un litigio pendiente. Por ello,
estima que impugnar un fallo que pasó de contener una controversia a una
obligación ejecutada constituye un fraude procesal, dado que «se reabrió un debate
inexistente y se indujo al juez constitucional a decidir sobre un asunto ya terminado, y hasta
pagado por la propia entidad condenada, esto condujo un fallo contrario a la ley (…). Al
promover una impugnación sobre una obligación ya extinguida, se produjo un fraude
procesal que indujo al juez constitucional a error».

5

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De otro lado, sostuvo que la sentencia de tutela acusada incurrió en una
interpretación normativa contraria a la Constitución, al aplicar criterios propios de la
responsabilidad contractual a un asunto que, en su criterio, debía analizarse desde
la responsabilidad extracontractual del Estado. Afirmó que, con ello, el juez
constitucional retomó el debate de fondo ya resuelto en segunda instancia y
sustituyó indebidamente al juez ordinario, en desconocimiento del principio de
legalidad y de la naturaleza del medio de control de reparación directa. Bajo esa
perspectiva, consideró que dicho yerro se enmarca en la figura de la cosa juzgada
fraudulenta.

Asimismo, advirtió que el pago de la condena extinguió el objeto del litigio
constitucional y configuró un hecho superado, razón por la cual, la Sección Quinta
debió declarar la improcedencia de la acción de tutela.

También reprochó que la ANDJE hubiera promovido acción de tutela contra la
sentencia proferida en el proceso de reparación directa, pese a que, durante el
trámite ordinario, no se opuso a las pruebas del proceso. A su juicio, con esa
actuación trasladó indebidamente al escenario constitucional un debate que debió
surtirse ante el juez natural del proceso.

Se destaca el siguiente aparte de escrito de impugnación:
«En este orden, la situación de fraude alegada se configura, por una parte, a través de la
omisión de los deberes que apareja la función de administrar justicia, entre ellos los contenidos
en los numerales 3º, 4º y 6º del artículo 42 del Código General del Proceso; el contenido en el
artículo 5º4 de la Ley 270 de 1996, al haber llevado a cabo aseveraciones respecto del fondo
del expediente ordinario, que solo le eran dables al juez natural; y por último, al haber
legitimado una conducta abiertamente desleal, consistente en cancelar la condena impuesta
por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
Respecto de este último punto, vale la pena destacar que el Departamento del Atlántico
promovió el medio de control de repetición radicado No. 08001233300020240033100 contra
el ex secretario de educación departamental Carlos Prasca Muñoz, por las condenas
impuestas en los expedientes radicados 08001333301120160011401,
0800133330082015004201, 08001333101120150002400, 08001333301120150001501, por
hechos similares a los aludidos en el medio de control ventilado en el trámite constitucional
cuestionado, lo que resultaría totalmente desleal a lo expuesto por la ANDJE en nombre del
ente territorial dentro de la acción de tutela radicado No. 11001031500020250239001. »

De otro lado, retomó los argumentos del salvamento de voto del magistrado Álvarez
Parra para enfatizar en que la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025 no
afecta los demás procesos similares en curso, toda vez que no fijó una regla de
derecho obligatoria, por lo que no determina la actividad decisoria de los jueces
naturales en los procesos ordinarios.

Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado al declarar improcedente la
acción de tutela no valoró el siguiente hecho sustancial: «la impugnación de la ANDJE
en calidad de apoderado del Departamento del Atlántico fue un fraude porque se basó en
un hecho que ya no existía (la supuesta obligación pendiente) y la Sección Primera, al no
valorar ese punto, legitimó ese fraude y con ello vulneró nuestros derechos fundamentales.»

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela, por estimar
que no se configuró ninguna causal excepcional que habilitara su procedencia
contra providencias dictadas en un proceso de la misma naturaleza.

De superar el anterior estudio, y de cumplirse a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela y las reglas establecidas en la
sentencia SU-627 de 2015, se analizará si la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en los errores alegados por la parte actora al emitir el fallo de tutela del 30
de octubre de 2025 en el proceso 11001-03-15-000-2025-02390-01.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela

3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia. En caso de que se interponga contra una sentencia proferida por
el juez de tutela la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por
la Corte Constitucional tal regla no admite excepción.

Sin embargo, si fue proferida por otro juez de la República la acción de amparo
puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales de
procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos
o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz
para conjurar la situación.

Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T–218 de 2012
explicó que: «el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».

Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia
corrumpit hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la recta
impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre
otros principios.

7

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En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.

3.2. Ahora bien, en la sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional indicó que:
«(…) la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando
se configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando
una acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional
y finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica del
último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces ejecutoria
formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el asunto
concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional» (Negrillas propias).
Asimismo, destacó que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha
producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible
hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal
estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte
Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).

4. Análisis del caso

4.1. La Sala encuentra que en el asunto la Corte Constitucional aún no ha surtido
el trámite de revisión eventual de la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-
02390-01, interpuesta por el Departamento del Atlántico contra la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico; marco en el cual se profirió
la sentencia de tutela controvertida por la parte actora. Así se desprende de la
siguiente imagen, tomada de la página web de la Corte Constitucional6:

Sobre el trámite de revisión eventual, el artículo 52 del Acuerdo 01 de 2025,
contentivo del Reglamento de la Corte Constitucional, dispone lo siguiente:
«Artículo 52. Ruta existente para la selección de un caso. La Sala de Selección tiene
competencia para conocer y decidir sobre la totalidad del rango sometido a su consideración,
para lo cual aplicará las siguientes vías: a. Preselección con base en las reseñas
esquemáticas preparadas por los despachos, para lo cual podrán utilizarse los datos hallados
en las herramientas tecnológicas dispuestas por la Corporación. b. Presentación de una
solicitud ciudadana a la Sala de Selección. c. Insistencia.
La Sala de Selección podrá decidir la selección y escogencia de fallos de tutela a partir de
problemáticas estructurales o vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales.
La fecha de las Salas de Selección y el rango de expedientes en estudio se fijarán en la
Secretaría General y se publicarán en la página web de la Corporación.»

6
Cfr.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T11976708&lista=datosExpedient
es_1778599279332
8

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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

Así las cosas, se corrobora que, respecto de la tutela sub examine, aún no ha
concluido el trámite de selección. En efecto, se observa que el proceso
constitucional fue remitido a Sala de Selección hasta el 4 de mayo de 2026.

En el auto de esa fecha, la Sala Cinco de Selección de Tutelas del 2026 indicó
que estudiaría las solicitudes de revisión de tutelas correspondientes a los
expedientes comprendidos en el rango T 11.964.123 a T-12.059.882, dentro
del que se encuentra la tutela objeto de análisis. Asimismo, informó que la
audiencia de selección se llevaría a cabo el 28 de mayo de 20267.

Con fundamento en lo dispuesto en la Sentencia T-023 de 2023 tal información
sería suficiente para declarar la improcedencia de la acción interpuesta, en
tanto que allí se estableció que «en principio son improcedentes las acciones de tutela
en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de selección y eventual revisión se
haya surtido». No obstante, la Sala procederá a estudiar los demás requisitos de
procedencia de la tutela contra actuaciones surtidas en un proceso de tutela
expuestos en la Sentencia SU-627 de 2015, dada su naturaleza unificadora
sobre la materia.

4.2. Tratándose de acciones de tutela que controvierten fallos de tutela, como es
el caso presente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015,
dispuso la siguiente regla:
«4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación». (Negrillas propias)

4.3. De lo anterior se desprende que, por regla general, la acción de tutela no
procede contra sentencias de tutela. No obstante, como quedó expuesto, dicha
regla no es absoluta, pues admite una procedencia excepcional sometida al
cumplimiento estricto de requisitos procesales y sustanciales. Estos
presupuestos buscan restringir la posibilidad de reabrir una controversia
constitucional ya definida por un juez de tutela anterior y evitar que se revise
una y otra vez las sentencias de tutela. Con ello se preservan los principios de
seguridad jurídica y la coherencia del sistema judicial8.

4.4. Ahora bien, frente al caso concreto, se recuerda que el juez de tutela de
primera instancia declaró la improcedencia de la acción, al considerar que
estaba dirigida en contra de una sentencia de tutela y que no se acreditó la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta.

En desacuerdo con esa conclusión, la parte actora sostuvo en la impugnación
que sí se configuró la situación excepcional con fundamento en tres
argumentos principales:

(i) La Sección Quinta del Consejo de Estado falló la impugnación a pesar
de que el Departamento del Atlántico acreditó el pago de la sentencia de
condena acusada, es decir, cuando ya no había un litigio pendiente.
Consideró además que la ANDJE engañó a los magistrados del Consejo
de Estado al interponer la impugnación a pesar del pago.

7
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/seleccion?id=243&anio=2026
8
Corte Constitucional. Sentencia T-023 de 2023. Párrafos 77 y siguientes. M.P. Paola Andrea Meneses.
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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

(ii) La sentencia de tutela accionada incurrió en una interpretación normativa
contraria a la Constitución al aplicar criterios propios de la
responsabilidad contractual a un asunto que discutía la responsabilidad
extracontractual del Estado.
(iii) La tutela promovida por la ANDJE era improcedente, pues la estrategia
de defensa solo se desplegó en la acción de tutela, mientras que en el
curso del proceso ordinario esta entidad y el Departamento del Atlántico
guardaron silencio.

4.5. Frente a los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, debe decirse que se encuentra acreditado el
presupuesto de inmediatez, pues la solicitud de amparo se presentó dentro de
un plazo razonable, si se tiene en cuenta que el fallo cuestionado fue notificado
a través de mensaje de datos remitido a los sujetos procesales el 11 de
noviembre de 20259.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, si bien no existen recursos ordinarios
o extraordinarios que la parte actora pueda ejercer para procurar la protección
de los derechos que estima vulnerados; lo cierto es que también debe
considerarse que aún se encuentra en curso el trámite de eventual revisión
ante la Corte Constitucional. En ese escenario, dicha corporación podría
seleccionar el asunto y eventualmente pronunciarse sobre la sentencia de
tutela cuestionada, circunstancia que refuerza la improcedencia de esta nueva
acción conforme a los expuesto en el numeral 4.1. de esta providencia.

De otra parte, respecto de la relevancia constitucional, la Sala considera que
el tercer argumento formulado en la impugnación no satisface este
presupuesto. Ello es así porque resulta claro que la parte actora pretende
utilizar esta nueva acción de tutela como una instancia adicional para reabrir la
discusión sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en la acción de
tutela promovida por el Departamento del Atlántico (rad. 2025-02390-01).

Sobre el particular, la Sala advierte que dicho presupuesto fue expresamente
analizado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de
tutela del 30 de octubre de 2025.En esa providencia, la mayoría de la Sección
concluyó que la subsidiariedad se encontraba satisfecha, en tanto los defectos
alegados se configuraron en la sentencia de segunda instancia proferida en el
proceso de reparación directa, mediante la cual se revocó la decisión
absolutoria de primera instancia y, en su lugar se impuso condena.

A ese respecto, la providencia señaló:
«58. A diferencia del a quo, la Sala considera que la parte actora cumplió con este
presupuesto.
59. Si bien en otras ocasiones esta Sección ha indicado que la solicitud de amparo no es un
mecanismo para subsanar omisiones en las que hayan incurrido los sujetos procesales
durante el trámite ordinario, en este caso no puede dejarse de un lado que el defecto sustantivo
alegado se materializó únicamente con la sentencia de segunda instancia. Así las cosas, se
cumplió con la subsidiariedad, ya que el accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales
ordinarios ni extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.»

Dicho presupuesto fue objeto de análisis expreso y razonado por parte de la
Sección Quinta, que explicó los motivos por los cuales lo encontró acreditado.
Al margen de que la parte accionante comparta o no esa conclusión, lo cierto
es que se trató de una determinación motivada en la providencia cuestionada,
por lo que no hay lugar a retomar la discusión en este escenario, dado que no
constituye una instancia adicional al trámite de tutela original.

9 Samai, proceso 11001031500020250239001, índice 12.
10

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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

Frente a los otros argumentos de la impugnación, la Sala a analizará si
configuran el escenario de fraude exigido por la jurisprudencia constitucional
para continuar con el análisis de fondo o si, por el contrario, debe confirmarse
la decisión de improcedencia del a quo.
4.6. Para determinar si estos cargos permiten tener por superada la procedencia
de la acción de tutela contra la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025,
conviene precisar el alcance de la cosa juzgada fraudulenta y los eventos en
los que se puede materializar según la jurisprudencia constitucional.
En la sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional sintetizó la regla de
procedencia de la acción de tutela en estos eventos y los requisitos que se
deben satisfacer, así:
«La procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela por cosa juzgada fraudulenta es
excepcional y está supeditada al cumplimiento de tres requisitos procesales y sustanciales:
(i) La acción de tutela no debe compartir identidad procesal con la solicitud de amparo en
la que se dictaron los fallos de tutela cuestionados, lo que implica constatar que no
existe identidad de partes, hechos y pretensiones.
(ii) El juez de tutela debe constatar que no exista otro mecanismo legal para revertir o
subsanar la situación ilícita alegada.
(iii) Deben existir pruebas que demuestran que la decisión de tutela fue producto de una
situación de fraude. El fraude en las actuaciones procesales se presenta en aquellos
eventos en los que las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y
con ello afectan los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la
administración de justicia.»
Respecto del estándar de prueba para acreditar la cosa juzgada fraudulenta,
la misma sentencia indicó:
«El estándar de prueba requerido para dar por demostrada una situación de fraude es
particularmente exigente. El interesado en revertir fallos de tutela tiene el deber de aportar
medios de pruebas que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”,
“cierta”, “suficiente” y “coherente”10 que las decisiones cuestionadas son fraudulentas. El
fraude puede probarse por medio de prueba directa o prueba indiciaria. Los indicios de la
situación de fraude deben ser graves, conducentes y trascendente» (Subraya la Sala)

Ahora, en lo que tiene que ver con el fraude en las actuaciones procesales, el
alto tribunal indicó que se presenta en los eventos en que las partes o el juez
utilizan el proceso con fines ilegales o dolosos, de manera que afectan los
derechos de terceros y el servicio público de justicia.

En particular, consideró que existe fraude en los fallos de tutela cuando11 (i) se
profieren con fines ilegales o dolosos; (ii) son resultado de una maniobra
fraudulenta mediante el uso indebido del proceso en perjuicio de terceros; y
(iii) se fundan en una interpretación normativa abiertamente contraria a la
Constitución y a la buena fe judicial.

La Corte ha indicado que en estos eventos debe revertirse el fallo de tutela
bajo el derrotero de que la Constitución no permite la consolidación de
situaciones espurias o dolosas, bajo el argumento aislado de la cosa juzgada.

4.7. Frente al primer argumento de inconformidad expuesto por la parte actora, la
Sala debe indicar que la interposición del escrito de impugnación por parte del
Departamento del Atlántico, representado judicialmente por la ADNJE, y la
decisión del recurso por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
proceso de tutela 11001-03-15-000-2025-02390-01, no evidencia una situación
de fraude en las actuaciones del proceso ni una intención dolosa de causar
perjuicio a terceros.

10
«Corte Constitucional, sentencias SU-627 de 2015, T-072 de 2018, T-073 de 2019 y T-322 de 2019.»
11
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2019
11

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Demandante: Pedro Torres Olivares y otros

Al respecto, se advierte que el cumplimiento de la sentencia ordinaria no
necesariamente excluye la interposición de la acción de tutela ni el trámite de
esta hasta su culminación. Recuérdese que la acción de tutela contra
providencias judiciales no tiene un efecto suspensivo automático sobre la
ejecutoria o el cumplimiento de la providencia judicial cuestionada. Así,
mientras el juez constitucional no decrete una medida provisional en ese
sentido, la sentencia conserva su obligatoriedad y debe ser acatada.

En esa medida, el pago efectuado por el Departamento del Atlántico puede
entenderse como el cumplimiento de una orden judicial vigente, sin que
implique necesariamente la desaparición del interés en el trámite de la acción
de tutela y en la emisión de un fallo favorable a sus pretensiones de amparo.

Conviene recordar que la acción de tutela del proceso 2025-02390 no se
centró en evitar la condena dineraria ordenada, sino que se dirigió a cuestionar
la validez de los fundamentos sustantivos12 y fácticos13 de la sentencia de
reparación directa del 24 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico. De esa manera, es posible manifestar que el pago
de la condena no elimina el interés constitucional de la entidad accionante.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala carece de fundamento la afirmación
de la parte actora según la cual la ANDJE utilizó la impugnación con el
propósito de inducir en error a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Por el contrario, resulta pertinente precisar que el ejercicio
de los mecanismos judiciales previstos para controvertir providencias
judiciales constituye una manifestación legítima del derecho fundamental al
debido proceso.

4.8. De otro lado, la parte accionante no acreditó que la Sección Quinta del Consejo
de Estado al emitir el fallo de tutela acusado incurriera en una interpretación
normativa contraria a la Constitución Política. Más bien, los argumentos que
expuso para fundamentar esta afirmación corresponden a desacuerdos con la
interpretación y aplicación de la Ley al caso particular, pero no dan cuenta de
un real escenario de vulneración de derechos fundamentales.

En el fallo de tutela del 30 de octubre de 2025, la autoridad judicial accionada
dejó sin efectos la sentencia del 24 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico por considerar que incurrió en defecto sustantivo y
en defecto fáctico.

Frente al primer defecto, argumentó que el tribunal se equivocó al establecer
que lo pactado en el contrato de mandato entre dos particulares era vinculante
para el Departamento del Atlántico con fundamento en las siguientes
consideraciones:

12
En la sentencia de tutela acusada, se consignaron los siguiente argumentos de sustentaron el defecto sustantivo invocado
por el Departamento del Atlántico: «(i) A pesar de que el presunto daño reclamado proviene de un acto administrativo, no
se adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ni se declaró la caducidad del mismo.
(ii) Se consideró erróneamente que el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo era aplicable al caso concreto,
cuando lo correcto era aplicar lo dispuesto en los decretos 2127 de 1945 y 1848 de 1969, por ser las normas especiales
que regulan la relación laboral entre el Estado y sus servidores. (iii) De conformidad con las funciones de los
departamentos y sus gobernadores, establecidas en la Constitución Política, los artículos 153013, 154214 y 160215 del
Código Civil, y la Ley 3 de 198616, el contrato celebrado entre los señores Torres Velásquez y Cuentas Mendoza no
resultaba oponible al ente territorial ni tampoco, a este, le correspondía verificar el cumplimiento de la obligación
condicional que contenía el poder (…). (iv) El daño reclamado por el abogado demandante no ostenta el carácter de
definitivo, puesto que él tenía la oportunidad de reclamar sus honorarios ante el señor Cuentas Mendoza directamente.
(v) Se consideró inválidamente que no había lugar a estudiar la conducta omisiva del abogado Javier Torres Velásquez
por no promover los mecanismos judiciales pertinentes (…)»
13
En la sentencia de tutela se hizo el siguiente recuento sobre la fundamentación del defecto fáctico: «(i) no se valoraron
las pruebas que demostraron que el señor Cuentas Mendoza revocó el pluricitado poder y pidió que se le pagaran la
totalidad de las sumas directamente a él, y (ii) se reconocieron perjuicios morales a cada uno de los demandantes, a
pesar de que no obrara en el expediente ninguna prueba que acreditara el daño aludido.»
12

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«75. Si bien en el referido poder se estableció que, en caso de que este se revocara, el
empleado autorizaba a la entidad territorial a descontar el 30% de las sumas que se le
reconociesen para pagar los honorarios profesionales al abogado Torres Velásquez, ello fue
producto de la convención entre dos particulares ajenos a la autoridad administrativa. Es decir,
los efectos jurídicos pactados en dicho acuerdo, en principio, recaían exclusivamente entre
las partes de la relación contractual, esto es, el abogado y su cliente.
76. En este punto, resulta importante recordar que, en virtud del principio de relatividad de los
contratos, que se desprende en la legislación colombiana del artículo 1602 del Código Civil,
«la convención solo produce efectos entre los sujetos que lo han celebrado, de manera que
sólo a ellos vincula con fuerza de ley, y, por ende, únicamente a éstos perjudican y aprovechan
sus efectos; esto significa que el contrato no obliga a quienes no han figurado en él como
parte […]».
(…) 81. Por otra parte, no sobra señalar que los contratos solo obligan a las partes y, por lo
tanto, no afectan ni benefician a los extraños a la relación negocial. En esa medida, revocado
el poder, el departamento, en principio, no podía efectuar el descuento estipulado en el poder,
ya que de hacerlo desconocería los derechos del titular de las sumas reconocidas.
82. No obstante, aunque el tribunal accionado siempre tuvo claro que el departamento del
Atlántico no hizo parte del contrato de mandato y, prima facie, no estaría obligado a nada de
lo ahí acordado, desconoció el principio de relatividad de los contratos al extender los efectos
jurídicos que contenía una de las cláusulas del referido poder. En particular, se pactó que de
cumplirse una condición (la revocatoria del poder), el cliente autorizaba al ente territorial a que
realizara el descuento de su retroactivo salarial a efectos de pagar los honorarios a favor de
su abogado.
83. Cabe destacar que, como se ha expuesto, esa simple autorización no se podía traducir en
una obligación que debía cumplir el departamento accionante. Pues, como se ha reiterado, el
referido negocio jurídico corresponde a una relación contractual ajena al ente territorial; por
ende, lo que se hubiese pactado en ella produjo efectos exclusivamente en el abogado y su
cliente.
84. Así las cosas, se advierte que el tribunal demandado ignoró que la controversia real en el
caso recae sobre la omisión en el pago de unos honorarios profesionales, respecto de una
relación contractual surgida entre particulares y, por tanto, extraña al ente departamental (…)
85. En ese orden, si el abogado Torres Velásquez pretendía la protección de sus derechos,
podía reclamar el pago aludido directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral. Sin
embargo, en vez de demandar a la persona con la que se obligó, promovió el proceso de
reparación directa en contra de un tercero ajeno al negocio jurídico que generó el pretendido
daño.»

En relación con el defecto fáctico, la Sección Quinta manifestó que el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió valorar la existencia de la comunicación
suscrita por el señor Cuentas Mendoza en la que solicitó a la administración
territorial que le pagase el retroactivo salarial exclusivamente a él y en el que
manifestó asumir las implicaciones legales y económicas que se
desprendieran de la revocatoria del poder, así como el pago de los honorarios
a favor del que fue su apoderado. Con fundamento en lo anterior, concluyó:
«93. No obstante, el tribunal demandado no valoró en su conjunto dichos elementos
probatorios al momento de sustentar la falla en el servicio del ente territorial y, por esa razón,
condenó al departamento del Atlántico con base en lo indicado en un poder revocado, sin
atender las obligaciones del departamento como empleador, ni considerar la voluntad del
titular del derecho acerca de la forma en que debía realizarse el pago del retroactivo salarial,
así como de la responsabilidad por el pago de los honorarios del profesional del derecho. »

4.9. La Sala advierte que los planteamientos de la parte actora corresponden a
apreciaciones subjetivas y a un desacuerdo con el análisis efectuado por el
juez de tutela accionado frente a los defectos fáctico y sustantivo que
consideró se concretaron en la sentencia de reparación directa.

En efecto, la providencia cuestionada explicó que el tribunal omitió analizar el
elemento de imputación del ente territorial a partir del contrato de mandato,
del principio de relatividad contractual y de las funciones propias de la
administración, dentro de las cuales no está la de asumir obligaciones

13

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derivadas de contratos entre particulares. Asimismo, justificó la configuración
del defecto fáctico en la omisión de valoración de pruebas relevantes.

Así las cosas, este cargo no supera el estricto estándar de procedencia
excepcional de la tutela contra providencias de tutela en los términos
establecidos por la jurisprudencia constitucional. El desacuerdo con los
argumentos de una sentencia de tutela no equivale a fraude.

Finalmente, tampoco se advierte una sustitución indebida de la competencia
del juez natural de la causa. Lo que se observa es una intervención
excepcional del juez de tutela sustentada en la configuración de defectos
específicos en la sentencia ordinaria del 24 de enero de 2025, los cuales
fueron justificados en el fallo de tutela cuestionado.

5. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de tutela del 26
de febrero de 2026, en la que se declaró la improcedencia de la acción de
amparo incoada por el señor Pedro Torres Olivares y otros contra la sentencia
de tutela del 30 de octubre de 2025, en el proceso con radicación 11001-03-15-
000-2025-02390-01.

Esto debido a que no se acreditó la configuración de una situación de fraude
en los términos exigidos en la Sentencia SU-627 de 2015.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14

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