Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02390-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02390-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02390-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02390-01
Accionante: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN C
Temas: Límites de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fáctico.
Revoca decisión que declaró la improcedencia de la acción y
negó pretensiones. Concede amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 28 de abril de 20252, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 21 de agosto del mismo año concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El departamento del Atlántico, actuando por medio de apoderado judicial3,
presentó acción de tutela en contra de la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico. Con la solicitud de amparo pretende que se le
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionada a la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico,
y se dispuso la vinculación de: (i) el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla; y (ii) las siguientes personas que conformaron la parte demandante del proceso
ordinario: Javier Torres Velásquez, Janeth Esther Olivares Amaris, Fernando Torres Olivares,
Javier Torres Olivares y Pedro Torres Olivares.
3 Poder otorgado al abogado Mariano Ezequiel Barros Rivadeneira (director de la Dirección de
Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).
1
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protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la
providencia del 24 de enero de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda. Ello, al interior del proceso de reparación directa
identificado con el radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del departamento del Atlántico, así
como cualquier otro derecho fundamental que pudo verse afectado con la
actuación de la autoridad judicial accionada.
SEGUNDO. Dejar sin efecto la sentencia del 24 de enero de 2025,
proferida por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico
en el proceso contencioso administrativo de reparación directa identificado
con el radicado 08001333300520160012101.
TERCERO. Dictar una sentencia en su remplazo o en su defecto ordenar
a la autoridad judicial accionada expida una nueva sentencia que atienda
los hechos probados y los fundamentos jurídicos aplicables.
CUARTO. En caso de acceder a las pretensiones de esta acción, comunicar
la decisión adoptada a todos los juzgados administrativos de Barranquilla,
con el fin de que conozcan la decisión judicial y sigan el precedente en los
casos similares que tienen bajo su conocimiento4.
1.2. Hechos
4. El señor Javier Torres Velásquez adelantó en favor de varios trabajadores
del sector educativo del departamento del Atlántico la reclamación para que la
entidad territorial realizara una homologación de cargos y la nivelación salarial
correspondiente. En particular, alrededor de 500 empleados le otorgaron poder a
efectos de que los representara judicialmente al interior del procedimiento
administrativo. Se destaca que en los contratos de mandato se pactó que sí en
algún momento se llegaba a revocar el poder, se autorizaba al departamento del
Atlántico descontar el 30% de las sumas que se reconociesen a sus poderdantes
para pagar los honorarios profesionales al abogado Torres Velásquez, a saber:
[…] El Doctor TORRES VELASQUEZ se encuentra ampliamente facultado
para recibir, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar,
presentar peticiones de todo tipo; y en general para interponer todas las
ACCIONES Y RECURSOS en defensa de mis legítimos intereses y
derechos, INCLUSIVE PARA IMPETRAR ACCION DE TUTELA Y EJERCER
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; además
lo autorizo para recibir directamente las cuantías a que tengo derecho,
inclusive para ejerza proceso ejecutivo dirigido a obtener la totalidad de esas
cuantías y se descuente directamente de estas cantidades la concerniente a
4 Transcrito literal del escrito de tutela.
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sus honorarios profesionales acordados del 30%; en caso que el suscrito
le revoque el presente poder otorgado libre y espontáneamente,
autorizo a las autoridades arriba mencionadas que se le cancele al
Doctor Torres Velásquez, los honorarios profesionales pactados del
30% y declaro que la información y documentación que le presento son
auténticos y no tienen tacha alguna de falsedad. Cualquier poder otorgado
anteriormente queda automáticamente revocado. Este documento presta
mérito ejecutivo a partir de su firma. (Énfasis de la Sala)
5. Uno de los clientes, específicamente el señor Carlos Alejandro Cuentas
Mendoza, el 3 de septiembre de 2013, revocó el poder referido durante el
desarrollo del trámite administrativo5 y, en consecuencia, el departamento del
Atlántico por medio de la Resolución 00410 del 22 de enero del 20146 le
reconoció el pago del retroactivo salarial, producto de la homologación de cargos
y la nivelación correspondiente, exclusivamente al empleado. Contra dicho acto
administrativo, el señor Torres Velásquez interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, con el propósito que se le reconociese el 30% de las sumas
reconocidas al titular del derecho. No obstante, fueron despachados
desfavorablemente a través de la Resolución 01124 del 12 de marzo de 2014.
6. En virtud de lo anterior, el 11 de abril de 2016, el señor Javier Torres
Velásquez y su núcleo familiar interpusieron demanda de reparación directa en
contra del departamento del Atlántico, con el fin de que se declarara responsable
por los perjuicios causados por la omisión de descontar del retroactivo salarial
reconocido al señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza el 30% correspondiente
a sus honorarios profesionales, en los términos del poder aludido.
7. Al proceso se le designó el radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00 y le
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, quien, mediante el fallo del 26 de septiembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda.
8. La autoridad judicial estimó que no existe ninguna disposición normativa
que obligase al departamento del Atlántico a realizar el descuento alegado por el
señor Torres Velásquez, pues el poder que autorizaba el pago a favor del
abogado ya había sido revocado. Además, destacó que el señor Cuentas
Mendoza manifestó que le pagaran la totalidad de los valores a él, sin perjuicio
de las implicaciones legales que tuviese por haber revocado el mandato.
Igualmente, puso de presente que la parte actora pudo promover una demanda
ordinaria laboral para exigir el pago de sus honorarios.
9. Inconforme con la decisión, el señor Torres Velásquez presentó recurso
de apelación7, y, en consecuencia, la Sala de Decisión C del Tribunal
5 Según el escrito de tutela, aproximadamente 300 servidores decidieron revocarle el poder.
6 El señor Torres Velásquez interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicho
acto administrativo, con el fin de que se le reconociese el 30% de las sumas reconocidas a los
titulares del derecho. No obstante, dichos recursos fueron despachados desfavorablemente a
través de la Resolución 01124 del 12 de marzo de 2014, dictada por el departamento del Atlántico.
7 Centró sus argumentos en que el ente territorial estaba obligado a hacer el respectivo descuento
para pagar los honorarios del señor Torres Velásquez, porque el trabajador así lo autorizó en el
3
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Administrativo del Atlántico a través de la sentencia del 24 de enero de 2025 8
revocó la providencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.
10. Después de acreditar que el abogado Javier Torres Velásquez hizo la
gestión administrativa requerida para que se reconociera lo pretendido por el
señor Cuentas Mendoza, concluyó que era deber del departamento del Atlántico
descontar de las sumas reconocidas al beneficiario el 30% correspondiente a los
honorarios profesionales del demandante, en los términos del poder suscrito y
como retribución de la labor que le fue encomendada. En concreto, sostuvo lo
siguiente:
A juicio de esta Sala, el hecho de que el Departamento del Atlántico –
Secretaria de Educación Departamental pagara el dinero producto de la
homologación directamente al señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza,
pasando por alto la autorización de descuento contenida en el poder como
consecuencia de su revocatoria, impidió que el profesional del derecho Javier
Torres Velásquez recibiera sus honorarios por la labor encomendada y esa
situación se traduce en una falla en el servicio, pues la administración debió
sujetarse a lo pactado por las partes luego de la revocatoria de poder que
hiciere el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza.
En efecto, cuando en la celebración de un contrato se pacta que en caso de
revocatoria de poder se debe cancelar determinado porcentaje al abogado
por la gestión encomendada, dicha cláusula especial se hace vinculante, por
lo que en este caso el Departamento del Atlántico – Secretaria de Educación
Departamental debió pagar al profesional del derecho Javier Torres
Velásquez, del dinero que recibiría el señor Carlos Alejandro Cuentas
Mendoza, las cantidades que allí se establecieron, es decir, el 30% de la
suma recibida, como consecuencia del rompimiento del acuerdo suscrito con
su abogado y dada la expresa voluntad de esta de otorgar dicho porcentaje
por la labor realizada.
[…]
No pierde de vista esta Colegiatura que, una vez revocado el poder, en
principio, habría carencia de título legal para poder ejercitar cualquier
retención en favor del poderdante; sin embargo, en este asunto no se predica
tal situación, pues es evidente que la autorización del descuento cobraba
vigencia precisamente con la revocatoria que se hiciere del poder, razón por
la cual, a partir de ese momento surgía para la Administración el deber de
descontar y/o retener la suma autorizada y pactada por las partes.
[…]
El acuerdo de las partes de que se ha dado cuenta tiene plena vigencia, pues
es con la revocatoria del mandato que la cláusula o autorización de pago
cobró vigencia, vinculando de esa forma a la Administración, quien debió
ceñirse a lo estipulado, máxime cuando el Departamento del Atlántico –
Secretaria de Educación Departamental no efectuó reproche alguno contra
el mandato poder suscrito por las partes, como tampoco solicitó el testimonio
del poderdante para desestimar o no dicho acuerdo de voluntades.
11. Como sustento de lo anterior, el tribunal indicó que, en virtud de los
poder. Además, indicó que a pesar de que el departamento del Atlántico no haya firmado el
contrato de mandato, la autoridad es garante del cumplimiento de las estipulaciones contenidas
en aquel.
8 Con salvamento de voto del magistrado Jorge Hernán Sánchez Felizzola.
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artículos 21439 y 218410 del Código Civil, el señor Carlos Alejandro Cuentas
Mendoza podía autorizar el descuento aludido, puesto que las partes tienen la
potestad de estipular la forma en la que se efectuará la retribución de la labor
encomendada. Asimismo, expuso que, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo11, era deber del ente territorial
efectuar el descuento autorizado por el empleado. No obstante, adujo que el
departamento del Atlántico comprometió su responsabilidad por ese actuar
omisivo, ya que impidió que el profesional Torres Velásquez obtuviera la
retribución por su labor.
12. De otro lado, el tribunal accionado difirió de la posición a la que llegó el
juzgado cuando consideró que la parte actora pudo promover una demanda
ordinaria laboral para exigir el pago de sus honorarios, dado que la discusión en
dicha instancia no era laboral y, por tanto, debía limitarse al estudio de la omisión
del departamento del Atlántico.
13. Por último, la autoridad judicial accionada estimó que el ente territorial
transgredió el principio de confianza legítima, «por cuanto los contratos, además
de ser ley para las partes tal como lo dispone el artículo 1602 del Código Civil,
deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, al tenor del artículo
1603 ibídem».
14. En consecuencia, ordenó el pago a favor del señor Javier Torres
Velásquez del 30% de los honorarios profesionales a título de lucro cesante, así
como el pago por concepto de perjuicios morales por 10 SMLMV para el abogado
y 5 SMLMV para cada uno de los integrantes de su familia. Respecto de los
perjuicios inmateriales afirmó que «las pruebas testimoniales dan cuenta que el
no pago de los honorarios pactados en el mandato, provocó un estado de
angustia y preocupación en la persona de Javier Torres Velásquez y su núcleo
familiar, quienes a su vez afrontaron dificultades en lo que a la convivencia se
refiere, dada la alteración en los estados de ánimo de los miembros del grupo».
9 ARTÍCULO 2143. El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es
determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez.
10 ARTÍCULO 2184. El mandante es obligado:
1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato.
2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato.
3. A pagarle la remuneración estipulada o usual.
4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes.
5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa, o por causa del mandato.
No podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio
encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo;
salvo que le pruebe culpa.
11 ARTICULO 149. DESCUENTOS PROHIBIDOS.
[…]
3. Los empleadores quedarán obligados a efectuar oportunamente los descuentos autorizados
por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El empleador que incumpla lo anterior, será
responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al beneficiario
del descuento.
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1.3. Sustento de la vulneración
15. La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada, al proferir la
providencia aquí controvertida, incurrió en múltiples defectos sustantivos y
fácticos.
16. En concreto, manifestó que se cometieron los siguientes defectos
sustantivos:
(i) A pesar de que el presunto daño reclamado proviene de un acto
administrativo, no se adecuó la demanda al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho ni se declaró la caducidad del mismo.
(ii) Se consideró erróneamente que el artículo 149 del Código Sustantivo
del Trabajo era aplicable al caso concreto12, cuando lo correcto era
aplicar lo dispuesto en los decretos 2127 de 1945 y 1848 de 1969, por
ser las normas especiales que regulan la relación laboral entre el
Estado y sus servidores.
(iii) De conformidad con las funciones de los departamentos y sus
gobernadores, establecidas en la Constitución Política, los artículos
153013, 154214 y 160215 del Código Civil, y la Ley 3 de 198616, el contrato
celebrado entre los señores Torres Velásquez y Cuentas Mendoza no
resultaba oponible al ente territorial ni tampoco, a este, le correspondía
verificar el cumplimiento de la obligación condicional que contenía el
poder.
En ese orden, el accionante recordó que los contratos, así hayan sido
pactados legítimamente, constituyen ley para las partes
exclusivamente. Por ende, no se puede obligar a terceros que no
hicieron parte del negocio jurídico a cumplir lo pactado.
Por otro lado, expuso que el departamento no tiene la facultad de validar
el cumplimiento de una condición respecto de un contrato celebrado por
particulares para después atribuir obligaciones a sus trabajadores,
como si de un juez se tratara. Por ello, indicó que el ente territorial no
debía hacer la deducción del 30% de las sumas reconocidas a favor del
12 Se destaca que la parte actora cuestiona la aplicación de dicho artículo, porque fue utilizado
por el tribunal para sustentar que, verificada la condición de revocatoria del poder, el empleador
autorizaba al departamento del Atlántico a descontar las sumas correspondientes a los honorarios
del abogado Torres Velásquez.
13 ARTÍCULO 1530. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un
acontecimiento futuro, que puede suceder o no.
14 ARTÍCULO 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino
verificada la condición totalmente.
15 ARTÍCULO 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
16 «Por la cual se expiden normas sobre la administración departamental y se dictan otras
disposiciones».
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señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza, teniendo en cuenta que el
mismo titular del derecho solicitó que se le pagara todo el retroactivo
directamente a él.
(iv) El daño reclamado por el abogado demandante no ostenta el carácter
de definitivo, puesto que él tenía la oportunidad de reclamar sus
honorarios ante el señor Cuentas Mendoza directamente. En ese orden,
debieron de despacharse desfavorablemente las pretensiones.
(v) Se consideró inválidamente que no había lugar a estudiar la conducta
omisiva del abogado Javier Torres Velásquez por no promover los
mecanismos judiciales pertinentes. Sin embargo, tal omisión constituyó
un hecho o culpa exclusiva de la víctima.
17. En cuanto a los defectos fácticos, expresó que en la sentencia de segunda
instancia: (i) no se valoraron las pruebas que demostraron que el señor Cuentas
Mendoza revocó el pluricitado poder y pidió que se le pagaran la totalidad de las
sumas directamente a él, y (ii) se reconocieron perjuicios morales a cada uno de
los demandantes, a pesar de que no obrara en el expediente ninguna prueba que
acreditara el daño aludido.
18. Se destaca que el departamento del Atlántico, para exponer por qué el
caso concreto tiene relevancia constitucional, adujo que hay 38 procesos de
reparación directa17 que tienen similitud fáctica con el caso objeto de estudio, en
los cuales, de valerse la tesis que ha adoptado el tribunal accionado, se estaría
condenando injustamente al ente territorial a reconocer, además de los
honorarios que los empleados le dejaron de pagar, los perjuicios morales a los
demandantes en cada uno de los litigios aludidos.
19. Así las cosas, sostuvo que el precedente horizontal que está forjando el
Tribunal Administrativo del Atlántico lesiona gravemente el patrimonio público del
departamento, por apartarse de «todo juicio racional de las normas jurídicas
imperantes y de la jurisprudencia contenciosa administrativa sobre los elementos
de la responsabilidad extracontractual del Estado, para justificar una condena
absurda en contra del departamento del Atlántico, por los honorarios que un
abogado pactó privadamente con un empleado del Departamento, sin ninguna
incidencia o participación de la referida entidad».
20. En ese orden, estimó que el asunto es relevante, puesto que tiene relación
con la interpretación que debe dársele al artículo 90 de la Constitución Política18.
17 Se resalta que son demandas interpuestas por el señor Javier Torres Velásquez y su grupo
familiar en contra del departamento del Atlántico, pero por la revocatoria del poder de otros
empleados del ente territorial. Los medios de control están bajo el conocimiento del Tribunal
Administrativo del Atlántico y de varios Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de
Barranquilla.
18 ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]
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1.4. Intervenciones
21. El Tribunal Administrativo del Atlántico se limitó a realizar un recuento
de las actuaciones surtidas al interior del proceso de reparación directa, y a enviar
el expediente solicitado.
22. El señor Javier Torres Velásquez y su grupo familiar solicitaron que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, puesto que no se cumple con los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
23. Expusieron que se pretende convertir este trámite en una tercera instancia
respecto de un asunto que ya fue decidido por los jueces naturales. Asimismo,
frente al presupuesto de subsidiariedad, agregaron que departamento pudo
controvertir los testimonios que sirvieron para justificar el daño moral durante la
audiencia inicial o promover un incidente de nulidad dentro del proceso si
consideraba que se dejó de practicar alguna prueba en el fallo del tribunal.
24. Además, indicaron que el ente territorial incurrió en un actuar temerario,
toda vez que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya
conoció una acción de tutela con base a los mismos hechos aquí expuestos y fue
declarada improcedente19.
25. Finalmente, en escrito radicado posteriormente, sostuvieron que había
operado la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que el departamento
del Atlántico ya había pagado la condena impuesta en la providencia reprochada.
1.5. Sentencia de primera instancia
26. Mediante el fallo del 28 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela20
y negó el amparo solicitado21.
27. Por un lado, concluyó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad
respecto de los defectos sustantivos alegados, puesto que pudieron ser
presentados en el curso del proceso ordinario. Esto, teniendo en cuenta que el
ente territorial no ejerció su derecho de defensa y contradicción, pues ni contestó
la demanda ni alegó de conclusión.
28. Por otro lado, superó la subsidiaridad frente a los defectos fácticos porque
pese al silencio del ente territorial en el trámite lo que se cuestiona es el análisis
probatorio que efectuó el tribunal, el cual se materializó con la providencia
reprochada. No obstante, negó el amparo solicitado, debido que la autoridad
judicial accionada: (i) sí valoró las pruebas documentales que daban cuenta que
el señor Cuentas Mendoza revocó el poder aludido, y (ii) se basó en los
19 Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-04317-00.
20 Respecto de los defectos sustantivos.
21 Respecto de los defectos fácticos.
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testimonios para tasar los perjuicios morales, al referir el impacto que generó en
el señor Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar, el hecho de que no le
pagaran honorarios.
1.6. Impugnación
29. El departamento del Atlántico, para desestimar lo concluido por el a quo
constitucional presentó los argumentos que pasan a exponerse.
30. Primero, en relación con el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
sostuvo que: (i) los defectos sustantivos alegados surgieron como consecuencia
del fallo de segunda instancia dictado en el proceso ordinario; (ii) en la sentencia
impugnada no se estudió la posible existencia de un perjuicio irremediable por el
daño que puede causarse al erario. Lo último, pues de quedar sentado el
precedente del tribunal demandado, el cual, a juicio del impugnante, contiene una
errada aplicación de las normas sustantivas, podría representar un perjuicio al
patrimonio público de más de dos mil millones de pesos22.
31. Segundo, frente a los defectos fácticos estimó que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado no realizó realmente un estudio de
fondo, pues se limitó a «afirmar que el Tribunal sí se había referido al poder y que
la prueba testimonial resultaba suficiente para establecer los daños morales
presuntamente sufridos por el abogado y los miembros de su familia».
32. Por otro lado, Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar, previo a
que se concediera la impugnación radicada por la parte actora, solicitaron que se
rechazará el recurso por no haberse sustentado con argumentos válidos.
Igualmente, después de haberse proferido el auto mediante el cual se concedió
la alzada radicaron un escrito desestimando la impugnación, defendiendo la
postura del a quo constitucional, y reiterando la configuración de la temeridad del
accionante.
33. Además, con la radicación del último memorial enunciado, pidieron que se
compulsaran copias contra el apoderado del departamento del Atlántico (director
de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado), con el fin de que se investiguen las faltas disciplinarias o
penales correspondientes. Ello, habida cuenta que no atacó el fallo de tutela con
fundamentos jurídicos, sino que simplemente manifestó «su inconformidad de
manera grotesca, olvidando que la impugnación debe ser clara, específica y
dirigida a refutar los argumentos del fallo, que debe controvertir punto por punto
los fundamentos de la decisión judicial que se impugna, y que no basta con repetir
lo dicho en la demanda».
34. En consecuencia, concluyeron que la impugnación presentada por la parte
22 Esto, teniendo en cuenta que en cada uno de los procesos la indemnización asciende a unos
sesenta millones y son 38 causas de reparación directa por resolver, las cuales contienen
identidad fáctica con el medio de control aquí controvertido.
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actora constituyó una actuación temeraria y abusiva del derecho.
II. CONSIDERACIONES
35. La Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para, en su lugar,
amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora. Para ello,
se estudiará lo siguiente: (i) la superación de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) el
cumplimiento de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la
configuración del defecto sustantivo.
2.1. Cuestiones previas
36. En primer lugar, el señor Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar
expusieron que esta solicitud de amparo guarda similitud con el trámite
constitucional identificado con el radicado 11001-03-15-000-2024-04317-0023;
por ende, estimaron que es procedente declarar la temeridad del actor.
37. La Corte Constitucional24, ante la posible configuración de un actuar
temerario, ha establecido que el juez deberá analizar si existe una triple identidad
entre las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, con
base en los siguientes criterios:
• Identidad de parte: esto es, que las solicitudes de amparo se hayan
interpuesto por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.
38. Sin embargo, de la revisión del expediente referido, esta corporación
advierte que no se cumple con dicho presupuesto, teniendo en cuenta que no se
comparte el objeto de las solicitudes de amparo. Esto, habida cuenta que en la
presente acción constitucional se cuestiona la sentencia del 24 de enero de
202525 mientras que en la traída por los terceros con interés se reprocha el fallo
23 La acción de tutela fue declarada improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional a través del fallo proferido el 11 de octubre de 2024, proferido por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
25 Dictada por la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico al interior del proceso
identificado con el número 08001-33-33-005-2016-00121-00/01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02390-01
del 16 de febrero de 202426, dictados en procesos de reparación directa distintos.
En consecuencia, no hay lugar a declarar la temeridad en el caso sub examine.
39. Por otro lado, por considerar que el apoderado judicial del ente territorial
incurrió en un actuar abusivo del derecho, los intervinientes, pidieron que se
compulsaran copias en su contra. Al respecto, indicaron que la impugnación
contra el fallo de primera instancia carece de argumentos jurídicos válidos y se
limitó a manifestar de manera «grotesca» las inconformidades que tuvo en
relación con la sentencia.
40. La Sala negará dicha solicitud, puesto que se no evidencia que exista una
conducta que amerite realizar la compulsa de copias frente a una posible
comisión de un delito o falta disciplinaria. Pero, de considerarlo necesario, los
intervinientes podrán elevar la queja respectiva ante las autoridades
correspondientes, para que se estudie la viabilidad de investigar la conducta que
reprochan.
2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
41. El Consejo de Estado27 y la Corte Constitucional28, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales29 y a la configuración de algún
defecto especial30 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
42. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
26 Proferido por la Subsección B del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del medio de
control con el radicado 08001-33-33-012-2016-00176-00/01.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
28 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
29 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
30 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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43. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa
a exponerse.
44. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
45. La Sala advierte que el departamento del Atlántico está legitimado en la
causa por activa, porque integró la parte demandada dentro del medio de control
en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro
lado, se evidencia que la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del
Atlántico está legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión
cuestionada a través del presente trámite.
46. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional31, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
47. La Sala considera que la solicitud de amparo, a excepción del tercer
defecto sustantivo y del primer defecto fáctico formulado (ver numerales 16 y 17
de la presente providencia), no supera el requisito de relevancia constitucional.
Esto, debido a que los reproches traídos en esta sede, más allá de estar
encaminados a demostrar una presunta transgresión de sus garantías
fundamentales, se limitan a exponer meras inconformidades respecto del criterio
que el tribunal acogió para condenar al departamento accionante y (ii) del análisis
probatorio que se efectuó en segunda instancia.
48. Ahora bien, frente al tercer defecto sustantivo planteado la Sección
considera que sí se cumple con el presupuesto bajo estudio.
49. En particular, la parte demandante aludió al presunto desconocimiento,
por parte del tribunal accionado, de las normas sustantivas que rigen la materia
contractual al concluir que el mandato celebrado entre los señores Torres
31 Sentencia SU-215 de 2022.
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Velásquez y Cuentas Mendoza, a pesar de estar revocado, resultaba oponible al
ente territorial y, además, que a este le correspondía verificar el cumplimiento de
la obligación condicional que contenía el referido poder.
50. Al respecto, se trae a colación el argumento que expuso la parte actora
para sustentar el defecto fáctico, consistente en que, aunque se tuviera como
válida la autorización pactada como consecuencia de la revocatoria del mandato,
el tribunal accionado ignoró una solicitud presentada por el señor Cuentas
Mendoza en la que pidió que se le pagara la totalidad del retroactivo salarial a él
exclusivamente. De ahí que los defectos sustantivo y fáctico estén íntimamente
relacionados y ambos gocen de relevancia constitucional.
51. Es importante resaltar que se cuestiona una providencia que declaró la
responsabilidad del Estado ignorándose, a juicio del actor, los principios que
regulan las relaciones contractuales, lo cual, de pasarse por alto, podría generar
una afectación al patrimonio público del departamento del Atlántico. Lo anterior,
a sabiendas de que el tribunal demandado está construyendo un precedente
horizontal que ignora el concepto del daño antijuridico atribuible al Estado
(artículo 90 de la Constitución Política), y aún hay 38 procesos con una situación
fáctica similar a la expuesta que se encuentran bajo estudio del mismo distrito
judicial.
52. En relación con los casos similares se recuerda que, como se expuso en
el acápite de hechos, el abogado Javier Torres Velásquez fungió como
apoderado judicial de más de 500 trabajadores del sector educativo del
departamento del Atlántico, de los cuales aproximadamente 300 le revocaron el
poder que contenía la obligación condicional con la que la Sala de Decisión C del
Tribunal Administrativo del Atlántico fundamentó la responsabilidad del Estado.
53. Además, de la revisión del escrito de tutela y de los 38 expedientes ahí
traídos, la Sala evidencia que por cada contrato de mandato que le revocaron, el
abogado Torres Velásquez promovió un proceso de reparación directa distinto.
De hecho, se tiene conocimiento de providencias de otras salas de decisión del
mismo tribunal, en las que también se accedió a las pretensiones planteadas por
el profesional del derecho referido. En concreto, fueron dictadas en los siguientes
medios de control32:
• Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico: radicado
08001-33-33-011-2015-00015-00/0133.
• Sala de Decisión B del Tribunal Administrativo del Atlántico: radicados (i)
08001-33-31-011-2015-00024-00/0134, y (ii) 08001-33-33-012-2016-
00176-00/0135.
32 Fue posible conocer dichas providencias, gracias a que el señor Javier Torres Velásquez las
allegó al expediente ordinario aquí controvertido.
33 Providencia del 26 de marzo de 2021.
34 Decisión del 16 de octubre de 2020.
35 Fallo del 16 de febrero de 2024.
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• Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico: radicados (i)
(ii) 08001-33-33-008-2015-00042-00/0136, (ii) 08001-33-33-011-2016-
00091-00/0137, (iii) 08001-33-33-011-2016-00091-00/0138, y (iv) 08001-
33-33-005-2016-00121-00/0139.
54. Por ende, para esta corporación adquiere mayor importancia realizar un
estudio de fondo, teniendo en cuenta que, además, de la hipótesis planteada en
el escrito inicial de una posible afectación al patrimonio público (como
consecuencia de un defecto sustantivo en el que podría seguir incurriendo la
autoridad judicial demandada), la Sala evidencia que las diferentes salas de
decisión del tribunal han accedido a las pretensiones del abogado Torres
Velásquez en casos con similitud fáctica al de la referencia.
55. En este punto, debe recordarse que los operadores judiciales deben velar
por la protección integral del erario, puesto que el patrimonio público es
indispensable para la realización efectiva de los fines del Estado Social de
Derecho, a la luz del artículo 2 de la Constitución Política40.
56. Así las cosas, en vista de la posible transgresión del derecho fundamental
al debido proceso del actor porque el tribunal presuntamente incurrió en un
defecto sustantivo al desconocer el principio de relatividad de los contratos, el
cual conllevó imputar la responsabilidad del Estado por circunstancias ajenas al
ente territorial, aunado a la probable afectación del erario y a que no se planteó
un mero debate legal, el cargo aludido supera el requisito de la relevancia
constitucional.
57. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales41: (i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo42 y eficaz43; y (ii) como mecanismo de protección
transitorio.
58. A diferencia del a quo, la Sala considera que la parte actora cumplió con
este presupuesto.
36 Sentencia del 26 de marzo de 2021.
37 Decisión del 26 de marzo de 2021.
38 Providencia del 26 de abril de 2021.
39 Medio de control aquí controvertido.
40 Corte Constitucional, sentencias C-071 de 2024 y C-479 de 1995.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
42 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
43 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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59. Si bien en otras ocasiones esta Sección ha indicado que la solicitud de
amparo no es un mecanismo para subsanar omisiones en las que hayan incurrido
los sujetos procesales durante el trámite ordinario, en este caso no puede dejarse
de un lado que el defecto sustantivo alegado se materializó únicamente con la
sentencia de segunda instancia. Así las cosas, se cumplió con la subsidiariedad,
ya que el accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
60. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario
constatar la fecha de ejecutoria, pues la sentencia que se reprocha fue notificada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 30 de enero de 2025 y la parte
actora interpuso la solicitud de amparo el 24 de abril del mismo año44. Es decir,
se promovió la acción de tutela dentro de los seis meses que estableció la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer
la acción constitucional.
61. Tutela contra decisión de la misma naturaleza. Se supera este
presupuesto ya que no se controvierte una providencia de tutela, pues el fallo
reprochado fue proferido al interior del medio de control de reparación directa con
radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01.
62. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima de dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de sus garantías constitucionales.
2.2.2. La providencia controvertida incurrió en los defectos sustantivo y
fáctico
63. En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha indicado
que este se presenta cuando un operador judicial al momento de tomar una
decisión desborda el marco de acción que la Constitución Política o la ley le
reconocen45. Puntualmente, el yerro referido se configura cuando el juez46:
‘(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no
está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se considera
contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser]
constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto
de revisión’47; ‘(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es
manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera
44 Índice 2 del expediente de primera instancia en Samai.
45 Corte Constitucional, sentencia SU-487 de 2024.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-
522 de 2001, SU-159 de 2002, T-800 de 2006 y SU-770 de 2014.
47 Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2015.
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contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación
desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance
y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta
otras disposiciones normativas aplicables48; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta
o aplica la norma de manera errónea’49.
64. En todo caso, se resalta que no cualquier interpretación o aplicación de la
norma puede encasillarse en el defecto bajo estudio, debido a que el juez
constitucional no puede definir la forma en la que el operador judicial del proceso
ordinario tiene que decidir. En ese sentido, el error que se presente en la
providencia objeto de análisis «debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes»50.
65. Por otro lado, esta Sala ha precisado que, para la configuración del
defecto fáctico, se deben advertir alguno de los siguientes supuestos: i) omisión
de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso51.
66. En el caso sub examine, el departamento del Atlántico le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia del 24 de
enero de 2025 proferida por la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, por incurrir en los defectos aludidos.
67. Lo anterior, por concluir que: (i) el mandato celebrado entre los señores
Javier Torres Velásquez y Carlos Alejandro Cuentas Mendoza a pesar de estar
revocado resultaba oponible al ente territorial y, además, que a este le
correspondía verificar el cumplimiento de la obligación condicional que contenía
el pluricitado poder; y (ii) por haber ignorado que el señor Cuentas Mendoza «le
pidió al departamento del Atlántico que se le pagaran todos los dineros
directamente a él y no a través de su apoderado, asumiendo las implicaciones
legales y económicas que surgieran del negocio pactado con este».
68. En particular, estimó que la conclusión a la que llegó el tribunal era errada
de conformidad con los artículos 153052, 154253 y 160254 del Código Civil, y con
48 Corte Constitucional, sentencias T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
49 Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 2014.
50 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
51 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de noviembre de 2015, rad. 11001-03-
15-000-2015-01471-01.
52 ARTÍCULO 1530. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un
acontecimiento futuro, que puede suceder o no.
53 ARTÍCULO 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino
verificada la condición totalmente.
54 ARTÍCULO 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
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las funciones de los departamentos y sus gobernadores, establecidas en la
Constitución Política y la Ley 3 de 198655.
69. Ahora bien, en este punto, resulta pertinente recordar que, a través de la
sentencia del 24 de enero de 2025, la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico fundó la declaratoria de responsabilidad del
departamento accionante en los siguientes argumentos:
70. Primero, tuvo por acreditado el requisito del daño por la afectación del
patrimonio del abogado Javier Torres Velásquez, puesto que no se le
reconocieron los honorarios pactados. Esto lo sustentó con la Resolución 00410
del 22 de enero del 2014, por medio de la cual se ordenó el pago de la totalidad
de las sumas reconocidas en el trámite administrativo directamente al titular del
retroactivo salarial.
71. Segundo, en cuanto el análisis de la imputación encontró que, en efecto,
el señor Torres Velásquez no pudo recibir sus honorarios como consecuencia del
proceder del ente territorial. En ese orden, estimó que el departamento del
Atlántico incurrió en una falla del servicio, dado que «la administración debió
sujetarse a lo pactado por las partes luego de la revocatoria de poder que hiciere
el señor Carlos Alejandro Cuentas Mendoza».
72. Para sustentar por qué era vinculante la cláusula, indicó que los contratos,
además de ser ley para las partes, en virtud del artículo 1602 del Código Civil,
«deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella, al tenor del artículo
1603 ibídem. Además, debió igualmente privilegiarse el principio de confianza
legítima, el cual se vio transgredido por el actuar del Departamento del Atlántico
– Secretaría de Educación Departamental en omitir el descuento al cual se
obligaron las partes, al margen de sus juicios sobre la labor desarrollada o el
monto de lo pactado».
73. En mérito de la expuesto, la Sala considera que la autoridad judicial
accionada incurrió en al menos dos yerros, a la luz de los defectos sustantivo y
fáctico invocados, los cuales incidieron directamente en la declaratoria de
responsabilidad extracontractual en la sentencia cuestionada.
74. En primer lugar, se encuentra acreditada la configuración del defecto
sustantivo alegado. En efecto, la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo
del Atlántico se equivocó al establecer que lo pactado en el contrato de mandato
celebrado entre el abogado Javier Torres Velásquez y el señor Carlos Alejandro
Cuentas Mendoza era vinculante y de obligatorio cumplimiento para el
departamento del Atlántico, como pasa a exponerse.
55 «Por la cual se expiden normas sobre la administración departamental y se dictan otras
disposiciones».
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75. Si bien en el referido poder se estableció que, en caso de que este se
revocara, el empleado autorizaba a la entidad territorial a descontar el 30% de
las sumas que se le reconociesen para pagar los honorarios profesionales al
abogado Torres Velásquez, ello fue producto de la convención entre dos
particulares ajenos a la autoridad administrativa. Es decir, los efectos jurídicos
pactados en dicho acuerdo, en principio, recaían exclusivamente entre las partes
de la relación contractual, esto es, el abogado y su cliente.
76. En este punto, resulta importante recordar que, en virtud del principio de
relatividad de los contratos, que se desprende en la legislación colombiana del
artículo 1602 del Código Civil56, «la convención solo produce efectos entre los
sujetos que lo han celebrado, de manera que sólo a ellos vincula con fuerza de
ley, y, por ende, únicamente a éstos perjudican y aprovechan sus efectos; esto
significa que el contrato no obliga a quienes no han figurado en él como parte
[…]»57.
77. Ahora bien, el poder no es más que un mandato, el cual es un contrato
bilateral, ya sea oneroso o gratuito, que genera obligaciones y derechos
recíprocos entre el mandante y el mandatario. Igualmente, se destaca que una
de las causales de terminación de ese negocio jurídico, de conformidad con el
artículo 2189.3 del Código Civil58, es la revocatoria del mismo por parte del
mandante.
78. Así las cosas, en este caso, el vínculo que tuvo el abogado Javier Torres
Velásquez con el señor Cuentas Mendoza, y en virtud del cual adelantó algunas
gestiones ante la administración departamental, terminó cuando le fue revocado
el poder. De ahí que podría inferirse que la cláusula cuestionada no le era
vinculante a la entidad territorial, máxime cuando el departamento empleador
tiene deberes de protección del salario del trabajador, que están desarrollados
legal y jurisprudencialmente.
79. Respecto de los descuentos autorizados por parte de los empleados, la
Corte Constitucional ha dispuesto lo siguiente:
[…] no se desconoce precepto alguno de la Constitución, cuando se le
permite al trabajador concertar con su empleador, sobre los montos que éste
puede retener de su salario. Consentimiento que debe estar precedido de
una serie de requisitos, que se erigen para proteger al empleado de abusos
contra sus derechos.
Nuestra legislación laboral, como principio general (artículo 59), prohibe al
patrono deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios
56 ARTÍCULO 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2023, M.P.
José Roberto Sáchica Méndez, rad. 05001-23-31-000-2012-00810-01 (61174).
58 ARTÍCULO 2189. El mandato termina:
[…]
3. Por la revocación del mandante. […]
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y prestaciones en dinero que correspondan al trabajador, sin autorización
judicial o del mismo trabajador, esta última previa y escrita. Es decir, mientras
no medie el consentimiento por escrito del trabajador o autorización judicial,
el patrono no puede realizar descuento alguno sobre el salario de éste.
Prohibición que se reitera en el artículo 149 de la misma normatividad, que
prohibe, expresamente, retener aun con autorización del trabajador, un
monto tal que afecte el salario mínimo legal o convencional, la porción de
éste considerada inembargable, o cuando el total de la deuda supere el
monto del salario del trabajador en tres meses. En estos casos, la retención
sólo opera si media autorización judicial59.
80. En esa medida, se podría inferir que el departamento, en su condición de
empleador, no podía realizar descuento alguno porque no mediaba
consentimiento directo del trabajador60, por el contrario, conocía su voluntad
inequívoca de que las sumas reconocidas se pagaran directamente a él. En otras
palabras, al revocarse el mandato otorgado, la entidad demandada tenía el deber
de reconocer los emolumentos derivados de la homologación de cargos y
nivelación salarial exclusivamente al trabajador, dado que ya no existía un título
vigente a favor de un tercero y el empleado no había autorizado descuento
alguno.
81. Por otra parte, no sobra señalar que los contratos solo obligan a las partes
y, por lo tanto, no afectan ni benefician a los extraños a la relación negocial. En
esa medida, revocado el poder, el departamento, en principio, no podía efectuar
el descuento estipulado en el poder, ya que de hacerlo desconocería los
derechos del titular de las sumas reconocidas.
82. No obstante, aunque el tribunal accionado siempre tuvo claro que el
departamento del Atlántico no hizo parte del contrato de mandato y, prima facie,
no estaría obligado a nada de lo ahí acordado, desconoció el principio de
relatividad de los contratos al extender los efectos jurídicos que contenía una de
las cláusulas del referido poder. En particular, se pactó que de cumplirse una
condición (la revocatoria del poder), el cliente autorizaba al ente territorial a que
realizara el descuento de su retroactivo salarial a efectos de pagar los honorarios
a favor de su abogado.
83. Cabe destacar que, como se ha expuesto, esa simple autorización no se
podía traducir en una obligación que debía cumplir el departamento accionante.
Pues, como se ha reiterado, el referido negocio jurídico corresponde a una
relación contractual ajena al ente territorial; por ende, lo que se hubiese pactado
en ella produjo efectos exclusivamente en el abogado y su cliente.
84. Así las cosas, se advierte que el tribunal demandado ignoró que la
controversia real en el caso recae sobre la omisión en el pago de unos honorarios
profesionales, respecto de una relación contractual surgida entre particulares y,
por tanto, extraña al ente departamental.
59 Corte Constitucional, sentencia C-710 de 1996.
60 Ver: artículo 12 del Decreto Ley 3135 de 1968, artículo 2.2.31.5 del Decreto 1083 de 2015, y
artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
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85. En ese orden, si el abogado Torres Velásquez pretendía la protección de
sus derechos, podía reclamar el pago aludido directamente ante la jurisdicción
ordinaria laboral. Sin embargo, en vez de demandar a la persona con la que se
obligó, promovió el proceso de reparación directa en contra de un tercero ajeno
al negocio jurídico que generó el pretendido daño. Lo anterior, pese a que la
entidad territorial nunca pactó el reconocimiento de honorarios profesionales en
favor del abogado referido y conoció la voluntad inequívoca del trabajador de que
las sumas reconocidas fueran pagadas a él, tal como se observará más adelante.
86. En tales términos, se tiene que la autoridad judicial accionada desconoció
los limites dispuestos por la Constitución Política para efectos de declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado. Esto, por haber desnaturalizado una
relación contractual celebrada exclusivamente entre particulares, y por ignorar
que no existía ningún deber jurídico a cargo del departamento del Atlántico.
87. De hecho, como se ha expuesto, en virtud de las normas del Código Civil,
el presunto daño alegado por el señor Torres Velásquez podría tener sustento en
la revocatoria del poder por parte del mandante, exclusivamente. No obstante, el
hecho de tener como válida la tesis establecida por el tribunal accionado,
supondría aceptar que el Estado tiene el deber jurídico de resarcir daños
derivados de relaciones privadas en las que no tiene injerencia alguna, como
ocurrió en este asunto.
88. En este punto, debe recordarse que la responsabilidad extracontractual de
la administración no es ilimitada, sino que debe estudiarse a la luz del artículo 90
de la Constitución Política61, en virtud del cual el deber de reparar del Estado
requiere que se compruebe que, ante la existencia de un daño, este sea atribuible
al Estado, ya sea por acción u omisión de un deber normativo en cabeza de una
autoridad pública.
89. En segundo lugar, también se encuentra acreditada la configuración
defecto fáctico. Aún si en gracia a discusión se aceptara que el departamento
del Atlántico estaba obligado a descontar los honorarios del señor Torres
Velásquez, como consecuencia de la revocatoria del poder, el Tribunal
Administrativo del Atlántico no valoró la existencia de la comunicación suscrita
por el señor Cuentas Mendoza, en la que le solicitó a la entidad territorial que le
pagase el retroactivo salarial exclusivamente a él.
90. En efecto, la revisión de las pruebas aportadas al medio de control de
reparación directa da cuenta de que el 19 de diciembre de 2013, el señor Carlos
Alejandro Cuentas Mendoza solicitó al departamento del Atlántico lo siguiente:
61 ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél
deberá repetir contra éste
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91. Dicha solicitud, fue presentada con posterioridad a la revocatoria del poder
conferido al abogado Torres Velásquez, la cual se efectuó el 3 de septiembre de
2013.
92. En este orden, se tiene que, para la fecha en la que se reconoció el pago
del retroactivo salarial en favor del empleador, esto es, el 22 de enero del 2014,
el departamento accionante contaba con los siguientes elementos de convicción
que le permitían pagar el retroactivo exclusivamente al titular del derecho, a
saber: (i) escrito del 3 de septiembre de 2013 allegado por el señor Cuentas
Mendoza, con el fin de revocar el poder otorgado al profesional del derecho Javier
Torres Velásquez; y (ii) solicitud del 19 de diciembre del mismo año, radicada
también por el señor Cuentas Mendoza, en la que pidió que se pagaran las sumas
correspondientes directamente a él y, en el que además, manifestó asumir todas
las implicaciones «legales y económicas que se desprendan de [la revocatoria
del poder], así como el respectivo pago de los honorarios profesionales»
causados a favor de su apoderado.
93. No obstante, el tribunal demandado no valoró en su conjunto dichos
elementos probatorios al momento de sustentar la falla en el servicio del ente
territorial y, por esa razón, condenó al departamento del Atlántico con base en lo
indicado en un poder revocado, sin atender las obligaciones del departamento
como empleador, ni considerar la voluntad del titular del derecho acerca de la
forma en que debía realizarse el pago del retroactivo salarial, así como de la
responsabilidad por el pago de los honorarios del profesional del derecho.
94. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no podía eludir el análisis de
dichas pruebas. Esto es así porque, de haberlo hecho, el tribunal se habría
percatado de que la condena impuesta ubicaba al departamento en una situación
imposible de superar a efectos de excusar su eventual responsabilidad frente la
forma en que se realizaría el pago del retroactivo: bien, otorgarle plenos efectos
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a una mera autorización contenida en un poder revocado en el marco de una
relación contractual en la que el ente territorial no era parte o, bien, darle validez
a tal revocatoria y privilegiar la voluntad del titular del derecho y con quien el
departamento sí mantenía una relación legal y reglamentaria.
2.3. Conclusión
95. La Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en
los defectos sustantivo y fáctico, de conformidad con las consideraciones
expuestas con antelación. En ese orden, se amparará el derecho fundamental al
debido proceso del departamento del Atlántico.
96. Así las cosas, se dejará sin efectos la sentencia del 24 de enero de 2025
dictada por la autoridad judicial accionada y se ordenará proferir una decisión de
reemplazo, aplicando adecuadamente las normas sustantivas que regulan las
relaciones contractuales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución Política. Para ello, se le concederá al tribunal demandado el término
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para, en su lugar:
(i) AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del
departamento del Atlántico, por haberse acreditado la configuración de
los defectos sustantivo y fáctico invocados.
(ii) DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de los demás cargos propuestos
en la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS el fallo del 24 de enero de 2025
dictado al interior del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 08001-33-33-005-2016-00121-00/01, y ORDENAR a la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una
providencia de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala
en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta (30) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de compulsa de copias presentada por los
señores Javier Torres Velásquez, Fernando Torres Olivares, Javier Torres
Olivares, Pedro Torres Olivares y Janeth Esther Olivares Amaris.
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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