RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02444-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02444-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02444-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Por secretaría desglósese el memorial que obra en índice 14 de este expediente para que sea registrado en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-02494-00.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02444-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

12 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2025-02444-00
Demandante: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Improcedencia de la acción de tutela. Inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Minas y Energía contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, el Ministerio de Minas y
Energía, a través de apoderado, solicitó la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.

A juicio de la accionante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 23
de septiembre de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2015-01127-00/01/02.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR o AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA, así como cualquier otro derecho fundamental que pudo verse afectado con la
actuación de la autoridad judicial accionada.

2. DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 proferida por la
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, en el proceso de MEDIO DE CONTROL DE
REPARACION DIRECTA identificado con el radicado 25000-23-36-000-2015-01127-02 (62656),y
en su lugar ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR UNA NUEVA DECISIÓN JUDICIAL
que atienda las pruebas obrantes en el proceso, la debida interpretación normativa y el fallo
establecido en la sentencia del 22 de marzo de 2023 dentro del proceso con radicado No.
25000233600020150112700 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera Subsección A.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 10 de febrero de 2012, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las
diferencias surgidas en un contrato de concesión especial suscrito entre el Ministerio de
Minas y Energía y la sociedad Gases de Occidente S.A. E.S.P. profirió laudo arbitral en

1 Índice 2 Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

el que, entre otras disposiciones, resolvió: (i) condenar al ministerio a pagar a la sociedad
“la suma de cinco mil seiscientos sesenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos
sesenta y cinco pesos ($5.662.427.765), a título de indemnización plena de los perjuicios
demostrados en el proceso sufridos por el concesionario como consecuencia del incumplimiento
de su obligación de estudiar y decidir sobre los estudios presentados por el concesionario que
demuestran la afectación sufrida por él entre los años 1998 – 2006, como consecuencia de [unas]
modificaciones tributarias introducidas […]”; (ii) ordenar al ministerio “dar cumplimiento al
presenta laudo arbitral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del CCA”.

Mediante Resolución 90666 del 22 de agosto de 2013, el Ministerio de Minas y Energía
en cumplimiento del laudo arbitral ordenó pagar a favor de la sociedad: (i) la suma de
$5.662.427.765, por concepto de capital causado y reconocido en el laudo arbitral; y (ii)
los intereses moratorios causados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el
momento del pago, los cuales serían liquidados en acto administrativo posterior.

Luego, mediante la Resolución 9782 del 20 de septiembre de 2013, el ministerio ordenó
pagar a favor de la sociedad, la suma de $2.156.256.305,10, por concepto de intereses
de mora, los cuales fueron liquidados durante el periodo comprendido entre el 10 de
febrero de 2012 hasta el 28 de agosto de 2013 (fecha de pago de la obligación).

La Contraloría General de la República en informe de auditoría del año 2013, determinó
que el Ministerio de Minas y Energía, liquidó un valor mayor al determinado por el laudo
arbitral que ascendía a $1.360.571.990,70 por concepto de intereses moratorios,
efectuados entre el 14 de agosto de 2012 y el 21 de agosto de 2013, en atención a que
en la liquidación no se tuvo en cuenta lo previsto en el numeral 6 del artículo 177 del
CCA, sobre la suspensión del pago de intereses luego de trascurridos los 6 meses de
ejecutoria del fallo, cuando el beneficiario no remita los documentos necesarios para el
pago.

El Ministerio de Minas y Energía promovió demanda de reparación directa contra Gases
de Occidente S.A. E.S.P., ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se
declarara que esa sociedad se enriqueció sin justa causa y causó un detrimento
económico al Ministerio. Solicitó que se condenara a la sociedad a reembolsar lo pagado
en exceso por concepto de intereses moratorios originados en una condena arbitral
impuesta en su contra.

El proceso se adelantó bajo el radicado No. 25000-23-36-000-2015-01127-00 y fue
asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, que, por sentencia del 22 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones.

Explicó que Gases de Occidente S.A. E.S.P. se enriqueció sin justa causa al no devolver
al Ministerio de Minas y Energía el valor que le pagó en exceso por concepto de intereses
moratorios derivados de una condena impuesta a la entidad mediante laudo arbitral del
10 de febrero de 2012.

Lo anterior, por cuanto la sociedad solo completó su solicitud de pago el 21 de agosto
de 2013 cuando entregó la primera copia de la providencia, lo que implicaba un
cumplimiento tardío de sus deberes legales y generó que la causación de intereses
moratorios se suspendiera desde del 11 de agosto de 2012 (fecha en que se cumplieron
los seis (6) meses fijados legalmente) hasta el 20 de agosto de 2013 cuando la
demandada entregó todos los documentos. Que el término de causación de intereses se
reanudó el 21 de agosto de 2013 y finalizó el 29 de agosto de la misma anualidad, pues
en esta última fecha la entidad pagó el capital. En consecuencia, ordenó el reintegro de
los intereses pagados en exceso calculados en $1.591.170.049, monto que, actualizado,
ascendía a $1.965.875.297.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

Inconforme, la parte demandada apeló y el 23 de septiembre de 20242, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda y condenó en costas al Ministerio
de Minas y Energía.

Señaló el pago excesivo que realizó la entidad por concepto de intereses moratorios,
mediante la Resolución 9782 del 20 de septiembre de 2013, alteró lo dispuesto en el
laudo arbitral, creando una nueva situación jurídica, por lo que no podía considerarse un
enriquecimiento sin causa, ya que si tuvo una causa jurídica, representada en la propia
manifestación de voluntad de la administración, que aun cuando, aducía haberlo
realizado por un error involuntario, generó efectos jurídicos particulares. Que, al ser así,
el acto era susceptible de ser demandado por el propio Ministerio a través de la acción
de lesividad.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de tutela incurrió
en:

Defecto fáctico en razón a que la autoridad judicial demandada omitió valorar el informe
de auditoría expedido por la Contraloría General de la República que acreditó que la
sociedad Gases del Occidente S.A. E.S.P. recibió pagos en exceso por concepto de
intereses moratorios, circunstancia que constituyó enriquecimiento sin justa causa en
perjuicio del Ministerio de Minas y Energía.

Defecto sustantivo dado que interpretó de manera irrazonable el inciso 6° del artículo
177 del CCA. A su juicio, esa norma establece la suspensión automática de los intereses
moratorios si el beneficiario de la condena no presenta la documentación completa dentro
de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia e incluyó requisitos que
no están previstos en el texto legal.

Que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, se apartó sin justificación
del precedente jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 177 del CCA, tanto del
Consejo de Estado y de las sentencias SU-215 de 2022 y SU-298 de 2015 de la Corte
Constitucional.

5. Trámite procesal

Por auto del 2 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y ordenó vincular
como terceros con interés a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y al representante legal de la empresa Gases de Occidente
S.A. E.S.P.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría del Consejo de Estado practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 8 y 14 de mayo
de 20253.

6. Intervenciones

La magistrada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, manifestó que
se posesionó el 4 de febrero de 2025, por lo que no fue la ponente de la sentencia del
23 de septiembre de 2024 que se cuestiona. En consecuencia, se abstuvo de

2 La providencia fue comunicada a las partes por correo electrónico del 23 de octubre de 2024 y notificada, también

por estado electrónico del 25 del mismo mes y año.
3 índice 9 y 16 de Samai

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y la
sociedad Gases de Occidente S.A. E.S.P., no se pronunciaron pese a que, como se vio,
fueron debidamente notificadas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
Ministerio de Minas y Energía para dejar sin efectos la providencia del 23 de septiembre
de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, que denegó
las pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-
36-000-2015-01127-00/01/02.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple el
requisito general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada 6
meses y 3 días después de haber sido notificada la sentencia cuestionada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de pasar
al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de
determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda6,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6Sentencia T- 123 de 2007

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»7

4. Análisis del caso concreto

Para la Sala, la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente 25000-23-36-000-2015-01127-02 en el aplicativo Sistema para
la gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 23 de septiembre de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, (que revocó en
segunda instancia la providencia del 22 de marzo de 2017), fue comunicada a las partes
por correo electrónico del 23 de octubre de 2024, por lo que se entiende notificada el 25
de octubre de 2024, en atención al numeral 2 del artículo 2058 del CPACA.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 28 de abril de 20259, esto es, luego
de 6 meses y 3 días de haberse notificado la providencia objeto de tutela, término que
supera el plazo razonable previsto para la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y el demandante tampoco la
expone.

Si la parte demandante estimaba que la providencia 23 de septiembre de 2024 vulneró
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la acción de tutela, porque
no cumple el requisito de inmediatez.

Finalmente, la Sala encuentra que en el índice 14 de Samai, se encuentra registrada
contestación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, que corresponde a la acción de tutela con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-

7 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. Modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021: La
notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán
utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por
cualquier interesado.
9 Índice 2 Samai

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02444-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

02494-00, por lo que se ordenará a la secretaría el desglose de dicho memorial para que
sea cargado al proceso que corresponde.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

5. Por secretaría desglósese el memorial que obra en índice 14 de este expediente para
que sea registrado en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-02494-00.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.