Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02494-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02494-00
Accionante: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Amenazas
y desplazamiento forzado. Flexibilización probatoria. NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Gildardo Albeiro
Ceballos Ríos, Sandra Patricia Ríos López, Esneider Edilson Ceballos Ríos,
Yeiferson Estiven Ceballos Ríos y Robinson Alveiro Ceballos Ríos, mediante
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, con ocasión de la sentencia del 14 de noviembre de 2024
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-36-035-2015-00404-00/01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional, para que se les declarara
administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por los perjuicios
causados por las amenazas de muerte y el desplazamiento forzado al que fueron
sometidos por grupos armados al margen de la ley en el marco del conflicto armado
interno.
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Que el 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda porque no encontró
demostrada la omisión de algún deber legal o reglamentario a cargo del Ejército
Nacional, por lo cual interpusieron recurso de apelación.
Que el 5 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia recurrida, para lo cual argumentó que
no se acreditó que la fuerza pública tuviera conocimiento de la situación de
inseguridad y no hubiese desplegado las actuaciones tendientes a evitar la
materialización del riesgo.
Que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes causales
específicas de procedencia de la tutela:
Defecto fáctico porque i) no otorgó el valor probatorio suficiente a su condición de
desplazados por la violencia, conforme a la inscripción en el Registro Único de
Víctimas, y exigió documentos adicionales; ii) desconociendo su situación fáctica,
les impuso una carga probatoria excesiva consistente en demostrar que habían
solicitado protección a la fuerza pública, quienes eran los responsables del
desplazamiento, las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la omisión de las
demandadas para evitar el daño, pese al deber de flexibilización del estándar
probatorio y a que con los elementos probatorios y las contestaciones de la
demanda se acreditó el accionar constante de los grupos armados y del Ejército y
la Policía Nacional en la zona para los años 2000 al 2003, por lo que eran notorias
las actividades ilegales de los primeros, que dieron lugar a varios consejos de
seguridad, como el llevado a cabo el 10 de febrero de 2000, aportado al proceso
por la Personería Municipal de Granada.
Desconocimiento del precedente judicial, puntualmente de las sentencias i) SU-279
de 2024 y SU-254 de 2013 proferidas por la Corte Constitucional, según las cuales
el juez no debe incurrir en un excesivo rigorismo procesal cuando se trata de
asegurar el goce efectivo del derecho a la reparación de las víctimas, y el Estado
debe atender integralmente a los desplazados, respectivamente; ii) del 26 de enero
de 2006 (rad. 25000-23-26-000-2001-00213-01), 15 de agosto de 2007 (rad. 19001-
23-31-000-2003-00385-01), 18 de febrero de 2020 (rad. 20001-23-100-019998-
03713-01) y del 28 de agosto de 2014 (rad. 32.988) del Consejo de Estado, en las
que se sostuvo que la autoridad judicial debe acudir a criterios flexibles en la
valoración probatoria; iii) del 22 de mayo de 2001 (rad. 05001-23-31-000-2000-
04279-01), del 20 de marzo de 2003 (rad. 73001-23-31-000-2003-0032-01), del 3
de mayo de 2013 del Consejo de Estado, atinentes a la situación de debilidad
manifiesta de la población desplazada, su condición de sujeto de especial
protección constitucional, la carga dinámica de la prueba y la responsabilidad estatal
cuando se omite la adopción de medidas para prevenir la ocurrencia de los hechos;
y iv) del 9 de octubre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (rad. 11001-33-36-033-2015-0057-
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01), en la que se indicó que para la Sala no era necesaria una denuncia formal o
solicitud de protección de las víctimas de desplazamiento forzado, sino que bastaba
que estuviera demostrado por las circunstancias que rodearon los hechos y el
contexto del lugar que era imperioso que las autoridades supieran de la amenaza,
y que debía aligerarse la carga de la prueba, lo que a su vez se sostuvo en la
sentencia del 15 de julio de 2022 (rad. 11001-33-36-033-2015-00542-01).
Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, debido a que la omisión en
la flexibilización de la valoración probatoria implicó limitar la aplicación de normas
constitucionales (artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13 -inc. 3-, 22, 25, 90, 217 ibid, 218 y 230)
y legales.
PRETENSIONES
Que se deje sin efectos la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y se le
ordene dictar una decisión de reemplazo, en la que revoque la providencia de
primera instancia siguiendo los parámetros establecidos por la jurisprudencia.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 6 de mayo de 2025 el magistrado sustanciador admitió la tutela de la referencia
y vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía Nacional,
como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
indicó que en la sentencia discutida se determinó que las pruebas daban cuenta del
desplazamiento de los demandantes, pero no eran suficientes para establecer que
las entidades demandadas no hubiesen actuado con el fin de preservar la integridad
física del grupo familiar o hubieren omitido sus deberes de vigilancia.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Policía Nacional, a través de la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General,
señaló que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora con la decisión judicial controvertida y, por el contrario, se garantizaron
durante el proceso, pero su protección no implica una resolución favorable a los
intereses del extremo activo.
Que la valoración del material probatorio llevó a la Subsección accionada a
evidenciar la inexistencia de responsabilidad, pues la condición de víctimas del
desplazamiento no era suficiente para encontrar acreditado el nexo de causalidad
entre ese hecho y su acción u omisión, pues su actividad no inobservó sus funciones
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ni actuó de forma tardía o deficientes, lo que impide la configuración de una falla en
el servicio.
Que la tutela es improcedente porque no se probó un perjuicio irremediable causado
a los solicitantes del amparo, máxime cuando ya se agotaron todos los mecanismos
judiciales para lograr el resarcimiento pecuniario pretendido por los daños causados
con el desplazamiento forzado.
En consecuencia, solicitó denegar las súplicas.
El Ejército Nacional guardó silencio.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia
controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a
examinar los disensos esgrimidos.
Se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto a resolver es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer
si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección por la incursión en los defectos mencionados; ii) la acción
se presentó con inmediatez, pues la sentencia discutida fue notificada el 18 de
noviembre de 2024 y esta acción fue instaurada el 28 de abril de este año; iii) no se
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de este
requisito; iv) se agotaron los medios judiciales con los que se contaba; v) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y vi) no se trata de una sentencia de tutela. En
consecuencia, se procederá al análisis de los defectos invocados.
Los accionantes alegaron que la Subsección accionada en esta sede restó valor
probatorio a la inscripción en el Registro Único de Víctimas, les exigió documentos
adicionales y les impuso una carga probatoria excesiva, que desconoció la
flexibilización probatoria y la notoriedad de las actividades de los grupos armados
al margen de la ley.
Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, analizó la totalidad de las pruebas, a partir de las cuales
concluyó que efectivamente estaba demostrada tanto la situación de orden público
que se presentaba en el municipio de Granada (Antioquia) como el desplazamiento
forzado que sufrieron los demandantes, pero no encontró acreditado el
incumplimiento del deber de protección por parte de las entidades demandadas, en
tanto no existían elementos que permitieran definir cómo ocurrió dicho
desplazamiento, esto es, si la presencia estatal generó un riesgo para la población
o si la fuerza pública permitió las acciones de los grupos armados o la notoriedad
del riesgo en relación con el grupo familiar demandante que hubiera podido generar
la certeza de que se pudo evitar la materialización del riesgo.
En ese entendido no es cierto que la autoridad judicial haya desconocido la calidad
de víctimas de desplazamiento forzado de los demandantes o no le haya otorgado
el valor debido, pues de hecho fue uno de los aspectos que sí halló probado, distinto
es que haya considerado que esa sola condición no era suficiente para declarar la
responsabilidad estatal, pues debían acreditarse la totalidad de los elementos de
esta, esto es, el daño antijurídico, la acción u omisión imputable a la entidad y el
nexo causal entre ambos.
En cuanto a la flexibilización probatoria en casos como el estudiado, la Subsección
precisó que la condición especial de los accionantes no significaba que pudiera
declararse la responsabilidad, pese a la ausencia de pruebas. Además, resaltó que
no se estaba imponiendo una carga desproporcionada a la parte demandante, dado
que podía acudir a estándares mínimos probatorios, pero el esfuerzo demostrativo
se dirigió únicamente a acreditar la situación del municipio y el desplazamiento.
La conclusión previa no se observa irrazonable ni alejada de la tesis de la
flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones de los
derechos humanos, pues, aunque asiste razón a los accionantes al señalar que
dicha flexibilización debe aplicarse en casos como el presente, lo cierto es que ello
no implica que la parte demandante pueda relevarse totalmente de intentar
demostrar el nexo causal y la imputación del daño a la demandada, así sea de forma
indiciaria, como se puso de presente en la sentencia discutida.
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En palabras de la Corte Constitucional la flexibilización probatoria permite «(i) el
decreto y práctica de pruebas de oficio; (ii) la inversión de la carga
probatoria; (iii) privilegiar medios de prueba indirectos o indiciarios e inferencias
lógicas guiadas por la máxima de la experiencia, y (iv) una valoración conjunta y
flexible de los medios probatorios que obran en el proceso»7, lo cual no se advierte
desconocido en el presente asunto, pues la Subsección examinó el caso conforme
al acervo probatorio, pero este no se dirigió a acreditar ni siquiera indirectamente
los elementos de la responsabilidad estatal.
Respecto a la inversión de la carga de la prueba invocada por los accionantes, se
advierte que las demandadas lograron demostrar que realizaron varios operativos
tendientes a contrarrestar el accionar de los grupos subversivos, y quedó
evidenciado que no existía una notoriedad frente al riesgo en el que estaban los
demandantes, como lo señaló la autoridad judicial, lo que demuestra que las
demandadas desvirtuaron la imputación.
En este punto debe resaltarse que, si bien se probó la situación general del
municipio y su conocimiento por parte de las demandadas, lo cual fue reconocido
en la sentencia controvertida, con base, entre otros, en los consejos de seguridad,
ello no ocurrió puntualmente frente al grupo familiar reclamante.
En relación con el desconocimiento del precedente judicial se tiene que varios de
los aspectos planteados quedaron subsumidos en el análisis previo, a saber, el
rigorismo alegado y la flexibilización probatoria, por lo cual no se examinarán
nuevamente.
La Subsección accionada tampoco desconoció los pronunciamientos judiciales
respecto a la condición de sujetos de especial protección constitucional de los
desplazados por la violencia, pero como se indicó esa circunstancia por sí sola no
permitía acceder a las pretensiones. Así como tampoco inaplicó las decisiones
relacionadas con la responsabilidad estatal por la omisión en la adopción de
medidas de prevención, sino que encontró acreditado que ello no ocurrió en el caso.
Por último, frente al cargo de la inobservancia del precedente horizontal se advierte
que la Subsección que profirió las sentencias alegadas como desconocidas no fue
la misma que adoptó la decisión cuestionada y, en todo caso, la autoridad judicial
accionada también consideró, como lo pretendían los accionantes, que «no es
necesario el previo, expreso y formal requerimiento por parte del amenazado o
afectado para endilgar responsabilidad a las entidades demandadas por la alegada
omisión de sus deberes de protección y vigilancia», pero observó que «en este caso,
no hay otros elementos que permitan esclarecer las circunstancias en que se
produjeron los hechos expuestos en la demanda».
7 Sentencia T-014 de 2025. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Consecuencia de lo expuesto es que tampoco se configura la violación directa de la
Constitución, dado que esta se fundamentó en los supuestos yerros previamente
analizados y desvirtuados, ni el defecto sustantivo, pues frente a este no se señaló
la norma indebidamente aplicada o transgredida. Por lo tanto, se negará el amparo
solicitado por los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado por los accionantes, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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