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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02494-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02494-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de la acción de tutela presentada por Gildardo Albeiro, Esneider Edilson, Yeiferson Estiven, Sandra Patricia Ceballos Ríos y Sandra Patricia Ríos López, conforme a la motivación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02494-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

24 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: GILDARDO ALBEIRO CEBALLOS RÍOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Acción de tutela contra providencia que decidió en segunda
instancia demanda de reparación directa. Confirma la que denegó
amparo. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por los demandantes contra la sentencia del 29
de mayo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, resolvió:

Primero. NEGAR el amparo solicitado por los accionantes, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 30 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Gildardo Albeiro, Esneider Edilson, Yeiferson Estiven y Robinson Albeiro Ceballos Ríos y
Sandra Patricia Ríos López pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de los demandantes, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 14 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, decidió en segunda
instancia la demanda de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01.

2. Pretensiones

Los tutelantes formularon de manera textual las siguientes pretensiones:

Por los argumentos fácticos, probatorios, jurídicos y jurisprudenciales expuestos, respetuosamente solicito al Juez
Constitucional acceda a la protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso efectivo a la administración de justicia y, consecuencialmente, se deje sin efectos la providencia proferida
el 14 de noviembre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y le sea ordenado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, emita
decisión siguiendo los lineamientos del juez constitucional, tendiente a revocar la providencia del A quo y, en su
lugar se profiera sentencia siguiendo los parámetros establecido por la jurisprudencia.

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-02494-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

El 22 de mayo de 2015 los tutelantes promovieron demanda de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional (a la que se
le asignó en número de radicación 11001-33-36-035-2015-00404-00/01), con el fin de que
se declarara responsable del desplazamiento del que fueron víctimas, pues en el 2003 se
vieron obligados a dejar el área rural del municipio de Granada (Antioquia) por amenazas
de grupos armados ilegales.

Los demandantes indicaron que no informaron a las autoridades locales sobre las
intimidaciones por temor a represalias y que se refugiaron en Bogotá, donde recibieron
ayuda humanitaria de la Cruz Roja Colombiana y comunicaron el hecho victimizante el 30
de abril de 2003 a la hoy Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
motivo por el cual el 3 de junio siguiente fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas.
Además, señalaron que el 23 de noviembre de 2014 se les reconoció la indemnización
administrativa por ser víctimas del conflicto armado interno.

Que su desplazamiento forzado se causó por la omisión de la fuerza pública de adoptar
medidas orientadas a protegerlos, pese a que para esa época se conocía que en el
municipio de Granada concurrían varios actores armados ilegales, con lo que el Estado
incumplió su posición de garante frente a la comunidad y comprometió su responsabilidad
extracontractual.

El asunto contencioso-administrativo lo conoció el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá,
que lo admitió el 8 de octubre de 2025 y realizó la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA el 26 de julio de 2018, en la que se ordenó oficiar a la Unidad Nacional de
Protección, a la Personería y a la Secretaría de Gobierno de Granada, a la Policía Nacional
y a la Gobernación de Antioquia con el fin de que indicaran si recibieron información de
amenazas a los demandantes2.

Con sentencia del 30 de septiembre de 2020, el Juzgado de conocimiento denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa en razón a que si bien los demandantes
estaban incluidos en el Registro Único de Víctimas y recibieron auxilios económicos por parte
del Estado, lo que denotaba la existencia del hecho dañoso, no era dable imputárselo a la
parte demandada, comoquiera que la fuerza pública reforzó la seguridad en Granada para la
época del desplazamiento de los demandantes y no se probó que conocieran de
intimidaciones contra ellos, por tanto, no se acreditó una falla del servicio.

Contra la anterior decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación, al estimar
que las pruebas daban cuenta de la arremetida de los grupos armados ilegales en Granada
durante el 2000 y el 20043, sin que las autoridades adoptaran medidas efectivas para
garantizar su seguridad, de ahí que el Estado comprometiera su responsabilidad
extracontractual por cuanto su desplazamiento fue provocado por la omisión del Ejército
Nacional y de la Policía Nacional de cumplir sus deberes.

2 Esas autoridades coincidieron en que en sus registros no obraba anotación alguna sobre intimidaciones a los
accionantes por parte de grupos armados ilegales, aunque resaltaron que entre el 2000 y el 2003 se presentó alta
presencial de guerrilleros y paramilitares en el área rural de Granada, lo que produjo desplazamiento forzado y el
incremento allí de miembros de la fuerza pública.
3 Como quedó consignado en «el documento del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH»

y lo registraron varios medios de comunicación de la época.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

Mediante fallo del 14 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia y explicó que
aunque el municipio de Granada fue golpeado por diferentes actores ilegales, ello no
comportaba responsabilidad extracontractual del Estado, ya que no se acreditó el nexo
causal, esto es, no se probó que la fuerza pública conociera de alguna amenaza contra los
demandantes y hubiera omitido adoptar medidas para protegerlos.

Que si bien el Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5 habían precisado que debía
flexibilizarse la carga de la prueba cuando los demandantes eran desplazados por la
violencia, ello no los relevaba del deber de demostrar los elementos de la responsabilidad
extracontractual, lo que no aconteció, y aunque se les haya reconocido una indemnización
administrativa por ser víctimas del conflicto armado interno, esa situación no generaba per
se una falla del servicio.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, los tutelantes expusieron las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, los accionantes afirmaron que la sentencia cuestionada
incurría en defecto fáctico por cuanto (i) no advirtió que las pruebas obrantes en el
expediente 11001-33-36-035-2015-00404-00/01 daban cuenta de que las entidades allí
demandadas no adoptaron medidas para evitar su desplazamiento forzado de Granada,
pese a que era un hecho notorio la violencia que allí se vivía, con lo que incumplieron su
posesión de garante frente a la comunidad, y (ii) se desatendió su condición de sujetos de
especial protección constitucional, la cual imponía flexibilizar la carga probatoria en aras de
salvaguardar sus derechos como víctimas del conflicto armado interno6.

Que la providencia censurada también adolecía de desconocimiento del precedente, por
cuanto desatendió la postura jurisprudencia del Consejo de Estado 7, según la cual debe
flexibilizarse la carga probatoria en un proceso de reparación directa cuando es promovida
por víctimas del conflicto armado interno.

5. Intervenciones

La Policía Nacional, por conducto de la jefe del Grupo de Asuntos Legales de su Secretaría
General, afirmó que la sentencia cuestionada no vulneraba los derechos fundamentales de
los accionantes, porque en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-
00/01 no acreditaron el elemento de la responsabilidad extracontractual denominado nexo
de causalidad, es decir, no demostraron que su desplazamiento forzado lo causó la
negligencia de las entidades allí demandadas, en consecuencia, debieron denegarse las
pretensiones, tal como aconteció.

Que los actores empleaban la tutela de la referencia con la finalidad de obtener un nuevo
pronunciamiento sobre aspectos desestimados por la autoridad accionada, esto es, como
una tercera instancia, lo que la hacía improcedente.
4 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de noviembre de 2016, expediente 73001-23-31-000-2005-02813-

01(34529), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
5 Sentencia SU-254 de 2013.
6 Argumento sobre el cual los demandantes también fundamentaron las causales específicas de defecto sustantivo y

violación directa de la Constitución Política.
7 Sección tercera, sentencias (i) del 26 de enero de 2006, expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01; (ii) del 5 de agosto

de 2007, expediente 19001-23-31-000-2003-00385-01; (iii) del 18 de febrero de 2010, expediente 20001-23-10-000-1998-
03713-01; y (iv) del 8 de agosto de 2014, expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01.

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Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
conducto del magistrado encargado del despacho que emitió el fallo atacado, enunció las
actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-
00404-00/01, pero no se pronunció sobre los argumentos expuestos por los tutelantes.

El Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional guardaron silencio, pese a que
se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio de sentencia del 29 de
mayo de 2025, negó el amparo pretendido por los demandantes8, al considerar que la autoridad
accionada analizó en debida forma las pruebas obrantes en el expediente 11001-33-36-035-
2015-00404-00/01, las cuales no demostraban que su desplazamiento hubiere acaecido
por una omisión de la fuerza pública, en consecuencia, no se configuró el nexo causal, lo
que impedía declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, y si bien los
accionantes eran sujetos de especial protección constitucional, ello no los relevaba de la
obligación de probar dicho presupuesto.

Que la autoridad judicial demandada «tampoco desconoció los pronunciamientos judiciales respecto
a la condición de sujetos de especial protección constitucional de los desplazados por la violencia, pero
como se indicó esa circunstancia por sí sola no permitía acceder a las pretensiones».

7. Impugnación

Los tutelantes impugnaron el fallo de primera instancia, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, que la providencia cuestionada no
se advirtió que las pruebas practicadas en el expediente 11001-33-36-035-2015-00404-
00/01 daban cuenta de que en Granada concurrían varios actores ilegales y la fuerza
pública no adoptó medidas para garantizar su seguridad, lo que los obligó a abandonar ese
municipio, omisión que comprometía la responsabilidad extracontractual del Estado por
incumplir su posición de garante.

Que la autoridad accionada desconoció la postura jurisprudencial del Consejo de Estado,
según la cual debe flexibilizarse la carga probatoria cuando los demandantes eran sujetos
de especial protección constitucional, premisa en virtud de la cual se debió dar por probado
el nexo causal en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01 y
acceder a las pretensiones allí formuladas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de
primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
denegó las pretensiones formuladas por los demandantes en la acción de la referencia.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, toda vez que la sentencia cuestionada
no adolece de defecto fáctico ni de desconocimiento del precedente, toda vez que dentro

8 El a quo consideró que el asunto colmaba la exigencia general de procedibilidad de relevancia constitucional, por cuanto

se invocaron derechos fundamentales.

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del proceso de reparación directa no se acreditó que el hecho dañoso le fuera atribuible al
Estado.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos
generales9 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera
previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos 10 o vicios
de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los
requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Gildardo Albeiro,
Esneider Edilson, Yeiferson Estiven y Robinson Albeiro Ceballos Ríos y Sandra Patricia
Ríos López cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que la
discusión planteada por los demandantes involucra la posible configuración de las causales
específicas de procedibilidad denominadas defecto fáctico y desconocimiento del
precedente, las cuales, de acontecer, involucrarían trasgresión de los preceptos superiores
de igualdad y debido proceso, pues las controversias jurídicas deben decidirse bajo una
interpretación razonable de las pruebas y en atención a los criterios jurisprudenciales
vigentes.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los accionantes es constitucional y
no netamente legal o económica, toda vez (i) que concierne a la garantía superior de la
reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause por
su acción u omisión, y (ii) que los demandantes tienen la condición de desplazados por la
violencia, por tanto, son sujetos de especial protección conforme a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11, de ahí que el asunto inmiscuya preceptos jurídicos superiores.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01, el
correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 18 de
noviembre de 2024, por los que se entiende notificada el 20 del mismo mes y año, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 205 12 del CPACA, y la tutela fue presentada el
30 de abril de 2025 (5 meses y 10 días después), es decir, cuando no habían transcurrido
los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la
acción de tutela contra providencias judiciales.
9 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y

extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
10 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
11 Sentencia SU-599 de 2019, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
12«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovieron la acción de reparación directa y contra la
sentencia cuestionada no procedía recurso ordinario alguno por ser proferida en segunda
instancia, de acuerdo con el artículo 243A13 del CPACA.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de
manera clara que la presunta trasgresión de los derechos fundamentales invocados
proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defecto fáctico y de
desconocimiento del precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los tutelantes atacan una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo los accionantes aseveraron que la providencia cuestionada
incurría (i) en defecto fáctico, ya que no advirtió que las pruebas que reposaban en el
proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01 demostraban que la
parte allí demandada no adoptó medidas para protegerlos, pese a que se conocía que en
Granada actuaban varios grupos armados ilegales, y (ii) en desconocimiento del
precedente, comoquiera que desatendieron el criterio jurisprudencial según el cual la carga
de la prueba debe flexibilizarse cuando los demandantes son víctimas del conflicto armado
interno.

Para resolver resulta oportuno advertir que el 3 de junio de 2003 los demandantes fueron
incluidos en el Registro Único de Víctimas «por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado» y les fue reconocida indemnización administrativa el 23 de noviembre de 2014 por
ser víctimas del conflicto armado interno, en virtud de los efectos inter comunis de la
sentencia SU-254 de 2013, emitida por la Corte Constitucional.

Que promovieron demanda de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional,
con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que les
produjo el desplazamiento del que fueron víctimas y se les ordenara indemnizarlos, pues,
a su juicio, ese hecho dañoso aconteció por la presunta omisión de la fuerza pública de
adoptar medidas para protegerlos.

Con la demanda se allegaron actas (i) del 10 de febrero de 2000 del Consejo de Seguridad
de Granada, en el que consta que en ese ente territorial hacían presencia grupos armados
al margen de la ley, y (ii) del 7 de noviembre de 2000 de la Asamblea de Antioquia, en la
que quedó consignado el asesinato de 19 personas en dicho municipio a manos de
paramilitares.

Por su parte, la Policía Nacional allegó con la contestación de la demanda oficio del 14 de
febrero de 2019, suscrito por el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Departamento
de Policía de Antioquia, en el que se indicó que durante el año 2003 se realizaron varias
pesquisas en Granada que arrojaron como resultado la incautación de material de guerra y
judicialización de varios subversivos.

13 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia».

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El Ejército Nacional también remitió oficio (sin fecha) elaborado por el Batallón de Caballería
4, en el que se consigna que entre enero y marzo de 2003 había 15 pelotones en Granada
y allí se realizaron 9 operaciones militares.

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020, el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá
denegó las pretensiones de la demanda en razón a que, si bien quedó acreditado el
desplazamiento de los demandantes de Granada, no se allegaron pruebas que
demostraran que ese hecho dañoso se produjo por una acción u omisión de la fuerza
pública, por el contrario, los informes presentados por la parte demandada daban cuenta
de operaciones contra grupos armados ilegales con influencia en ese municipio.

Contra la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso apelación, al estimar
que las pruebas practicadas demostraban que en el municipio de Granada operaban varios
grupos armados ilegales y que la fuerza pública no adoptó medidas para salvaguardarlos.
Además, señalaron que debía flexibilizarse la carga de la prueba en razón de la condición
de sujetos de especial protección que tenían por su desplazamiento.

A través de fallo del 14 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar
que no se demostró que la fuerza pública conociera de alguna amenaza o intimidación a
los demandantes por parte de los grupos armados ilegales, en consecuencia, no se
constataba la existencia de una falla del servicio por omisión de brindarles seguridad,
máxime cuando se adelantaron operaciones con el fin de contrarrestar el accionar de
aquellos en el aludido municipio.

Que si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado había indicado que se debía flexibilizar
la carga de la prueba cuando en una demanda de reparación directa se discutía la
responsabilidad patrimonial de la administración por algún daño antijurídico sufrido por
víctimas del conflicto armado interno, ello no relevaba a los demandantes de demostrar que
el hecho le era atribuible al Estado, pues debían «cumplir estándares mínimos probatorios», lo
cual no aconteció en el asunto debatido.

4.1 Defecto fáctico

Los tutelantes sostienen que la providencia cuestionada incurre en defecto fáctico, toda vez
que no advirtió que las pruebas que obraban en el proceso de reparación directa 11001-33-
36-035-2015-00404-00/01 acreditaban que, pese a que en el municipio de Granada
concurrían varios grupos armados ilegales, la fuerza pública no adoptó medidas para
protegerlos, lo que derivó en su desplazamiento forzado.

Para determinar la prosperidad del anterior argumento, es de advertir que el Consejo de
Estado ha señalado que los procesos de reparación directa en los que los demandantes le
atribuyen responsabilidad patrimonial a la administración por desplazamiento forzado,
deben estudiarse a la luz de la falla del servicio «bien sea por el incumplimiento o el
cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales […]»14, criterio reiterado
en los siguientes términos: «Al respecto recuerda la Sala que, en casos como el formulado
[desplazamiento forzado], la jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterada hasta la actualidad,
siendo una postura consolidada aquella según la cual la Administración responderá
patrimonialmente, a título de falla en el servicio[,] por omisión en el cumplimiento del deber de
brindar seguridad y protección a las personas […]»15.

14 Sección tercera, subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa,

expediente 54001-23-31-000-2001-01167-01.
15 Consejo de Estado, subsección A, sentencia de 4 de diciembre de 2020, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente

20001-23-39-001-2015-00375-01.

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Ahora bien, para que haya lugar a atribuirle una falla del servicio a la administración por
omisión, es necesario acreditar que hubo inactividad de las autoridades y que esta fue
determinante en el hecho dañoso, esto es, se debe probar que los agentes se abstuvieron
«de ejercer oportuna y eficientemente un estándar funcional de diligencia debida»16 y que ello
derivó en la ocurrencia del daño antijurídico, pues de lo contrario, no es dable atribuirle el
siniestro al Estado por incumplimiento de la carga de la prueba17.

En el sub lite la Sala evidencia que si bien algunas de las pruebas obrantes en el expediente
11001-33-36-035-2015-00404-00/01 daban cuenta de que en Granada actuaban grupos
armados ilegales (como las actas del 10 de febrero de 2000 y del 7 de noviembre de ese
año del Consejo de Seguridad de ese municipio y de la Asamblea de Antioquia), como lo
señaló el tribunal demandado, no se allegaron elementos de convicción que demostraran
que la fuerza pública conoció de alguna amenaza contra los demandantes y aun así se
abstuvo de adoptar medidas de protección a su favor, de manera que los demandantes
incumplieron la carga probatoria que exige el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, como no se probó que una omisión de militares o policías en el cumplimiento
de sus deberes fue la causa directa del desplazamiento de los tutelantes del municipio de
Granada, no le era dable a la autoridad judicial demandada, concluir que el Estado
comprometió su responsabilidad extracontractual en el hecho dañoso, pues para que esta
se configure, se reitera, en indispensable demostrar que el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la administración fue la causa adecuada del siniestro, tal como lo
ha dicho esta Corporación18, presupuesto que, se insiste, no se cumplió en el sub examine.

Ahora bien, en este punto, debe advertirse que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que la carga de la prueba debe flexibilizarse cuando los demandantes tienen la
condición de víctimas del conflicto armado interno, sin embargo, esa prerrogativa no los
releva de la obligación de acreditar que la omisión de las autoridades accionadas fue
determinante en la ocurrencia del hecho dañoso, pues ello es indispensable para que se
configure la responsabilidad patrimonial del Estado. Así lo dijo el alto tribunal de lo
contencioso-administrativo19:

[…] si bien se ha hablado de flexibilización en materia probatoria cuando los hechos investigados implican
violaciones de derechos humanos, tal flexibilización no significa que los demandantes deban abandonar
la técnica en la actividad probatoria; en casos como el presente, en el que se alega el desplazamiento,
debe desplegarse una actividad probatoria que apunte a demostrar tal hecho, y tal actividad debe
responder a los estándares mínimos de prueba, lo que significa que si se acude a testimonios, los mismos
deben cumplir con lo dispuesto con las normas procesales que regulan la forma en que se debe practicar
dicho medio probatorio.

En ese orden de ideas, como los demandantes no allegaron pruebas al proceso de
reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01 de alguna omisión de la fuerza
pública en el ejercicio de sus funciones con incidencia en el hecho dañoso, la Sala constata
que no resulta arbitraria ni caprichosa la deducción probatoria de la autoridad accionada
de que no era dable acceder a las pretensiones de esa demanda porque no se probó que
el desplazamiento de los demandantes le fuera atribuible al Estado.

16 Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero,

expediente 18001-23-31-000-2000-00074-01.
17 Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente 76001-23-

31-000-2011-00388-01.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente 68001-23-31-000-

2011-00391-01.
19 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 0 de noviembre de 2016, M. P. Jaime Orlando Santofimio Botero,

expediente 73001-23-31-000-2005-02813-00.

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Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

Es de anotar que el hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, no haya valorado las pruebas en el sentido en que pretendían los
tutelantes, no se traduce en la configuración del defecto fáctico, dado que el juez natural
tiene la autonomía de brindarles el grado de certeza que considere adecuado, siempre que
atienda los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones probatorias del juez natural acerca de la imposibilidad de
atribuirle el desplazamiento de los demandantes a la fuerza pública se fundamentaron en
una valoración integral de las pruebas allegadas al proceso de reparación directa 11001-
33-36-035-2015-00404-00/01, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional20, que sobre el particular indica:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse
ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al
caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que no resulta arbitraria ni caprichosa la
aseveración de las autoridades accionadas de que en el proceso de reparación directa
11001-33-36-035-2015-00404-00/01 no se acreditó alguna omisión de la fuerza pública con
incidencia en el desplazamiento de los demandantes de Granada, situación por la que se
concluye que la sentencia cuestionada no incurre en defecto fáctico.

4.2 Desconocimiento del precedente

Los demandantes afirman que la providencia cuestionada también incurre en
desconocimiento del precedente, por cuanto inobservaron el criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado21 según el cual la carga probatoria debe flexibilizarse en demandas de
reparación directa cuando los actores son víctimas del conflicto armado interno, premisa
en virtud de la cual se accedieron a las pretensiones de demandas de reparación directa
relacionadas con el desplazamiento forzado.

Al analizar los pronunciamientos invocados por los demandantes, la Sala observa que en
el fallo del 26 de enero de 200622 se accedió a las pretensiones de una acción de grupo
concerniente con la masacre ocurrida en el corregimiento de La Gabarra del municipio de
Tibú (Norte de Santander), porque resultó acreditado que miembros de la fuerza pública
colaboraron con la incursión de grupos paramilitares, situación fáctica diferente a la
debatida en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01, pues
aquí no se probó participación alguna de militares o policías en el desplazamiento de
Granada de los demandantes, de manera que no era dable atribuirle ese hecho dañoso al
20 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Sección tercera, sentencias (i) del 26 de enero de 2006, expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01; (ii) del 5 de

agosto de 2007, expediente 19001-23-31-000-2003-00385-01; (iii) del 18 de febrero de 2010, expediente 20001-23-10-
000-1998-03713-01; y (iv) del 8 de agosto de 2014, expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01.
22 Expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

Estado.

En cuanto al fallo del 18 de febrero de 201023, se evidencia que decidió otra acción de grupo
en la que se condenó al Estado por el desplazamiento de personas de la región del Alto
Naya (Cauca), ya que resultó demostrado que se recibieron informaciones concretas de
una inminente incursión paramilitar de más de 500 hombres en esa zona y no se adoptaron
medidas para evitarla, omisión que no se acreditó en el expediente 11001-33-36-035-2015-
00404-00/01, pues las pruebas que allí reposaban no permitían inferir que la fuerza pública
se abstuviera de enfrentar a grupos ilegales en Granada, por el contrario, los oficios de la
Oficina de Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía de Antioquia y del Batallón de
Caballería 4 del Ejército Nacional dan cuenta de operaciones en contra de aquellos.

Frente a la sentencia del 18 de febrero de 201024, se constata que en ella el Consejo de
Estado dirimió una demanda de reparación directa en la que se condenó al Estado porque
se demostró que varias personas del municipio de La Gloria (Cesar) denunciaron ante
organismos estatales amenazas de grupos paramilitares y no se adoptaron medidas de
protección, situación diferente a la debatida en el proceso 11001-33-36-035-2015-00404-
00/01, pues los actores no demostraron que hayan informado a las autoridades sobre
intimidaciones en su contra, lo que impedía inferir que estas fueron negligentes en el
cumplimiento de sus funciones.

Por último, en la sentencia del 9 de agosto de 201425 el Consejo de Estado decidió una
demanda de reparación directa concerniente a ejecuciones extrajudiciales realizadas por
militares en el área rural de Apartadó, hechos disímiles a los debatidos en el expediente
11001-33-36-035-2015-00404-00/01, pues allí no se demostró la participación de la fuerza
pública en el desplazamiento del que fueron víctimas los demandantes.

En virtud de lo anterior, se constata que mediante los pronunciamientos en los que los
accionantes fundamentaron el cargo de desconocimiento del precedente decidieron
asuntos con contornos fácticos diferentes a los discutidos en el proceso de reparación
directa 11001-33-36-035-2015-00404-00/01, de manera que la providencia cuestionada no
incurrió en dicha causal específica al denegar las pretensiones de la demanda, ya que allí
no se probó la omisión o participación de la fuerza pública en el hecho dañoso.

Además, en los fallos invocados por los demandantes como presuntamente inobservados
por el demandado, tampoco se indicó que las víctimas del conflicto armado interno se
relevaran del deber de demostrar que el hecho dañoso aconteció por una acción u omisión
del Estado, por el contrario, el alto tribunal contencioso-administrativo ha indicado que la
«flexibilización no significa que los demandantes deban abandonar la técnica en la actividad
probatoria»26, tal como se indicó anteriormente.

Así las cosas, se evidencia que los pronunciamientos en los que los accionantes fundaron
el cargo de desconocimiento del precedente decidieron asuntos diferentes al debatido en
el expediente 11001-33-36-035-2015-00404-00/01, en consecuencia, se impone concluir
que la providencia cuestionada no incurrió en esa causal específica de procedibilidad al no
decidir en el mismo sentido ese trámite contencioso-administrativo.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que se debe confirmar la sentencia impugnada,
que denegó el amparo pretendido, toda vez que la sentencia cuestionada no incurre en
23 Expediente 19001-23-31-000-2003-00385-01
24 Expediente 20001-23-10-000-1998-03713-01.
25 Expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01.
26 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 0 de noviembre de 2016, M. P. Jaime Orlando Santofimio Botero,

expediente 73001-23-31-000-2005-02813-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02494-01
Demandantes: Gildardo Albeiro Ceballos Ríos y otros

defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de la acción de tutela
presentada por Gildardo Albeiro, Esneider Edilson, Yeiferson Estiven, Sandra Patricia
Ceballos Ríos y Sandra Patricia Ríos López, conforme a la motivación.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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