Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02495-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02495-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02495-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
14 de agosto de 2025
Demandantes: María Patricia Tobón Yagari y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02495-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02495-01
Demandantes: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo del 26 de mayo de 2025, por medio del cual el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la acción
constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 30 de abril de 2025, las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, en nombre propio, presentaron
solicitud de tutela contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio.
Lo anterior, por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión confirmó el auto del 20 de noviembre de 2023, por medio del
cual el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín sancionó a las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra
Viviana Alfaro Yari con multa de un (1) s.m.l.m.v., en sus condiciones de
directora general y directora técnica de Reparaciones de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Victimas
(en adelante UARIV). Esto, en el marco de un incidente de desacato
promovido por la señora Lucía Galeano Arango por el incumplimiento del
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Demandantes: María Patricia Tobón Yagari y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
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fallo de tutela del 3 de octubre de 2023, emitido dentro del radicado 05001-
33-33-035-2023-00376-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de los suscritos.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar la sanción
calendada el 20 de noviembre de 2023 impuesta a las suscritas MARÍA
PATRICIA TOBÓN YAGARÍ y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA consistente
en multa de uno (1) SMMLV., para cada una. Confirmada mediante auto del
24 de noviembre de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión
que estudie de fondo las solicitudes de modulación de fallo e inaplicación de
las sanciones que fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad
para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por
las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas
contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a las autoridades
encargadas de la ejecución de las sanciones pecuniarias y arresto, que las
mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de
tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato».
1.3. Hechos
La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La señora Lucía Galeano Arango promovió una acción de tutela en contra de
la UARIV con el fin de que se resolviera la petición que formuló el 23 de
mayo de 2023 tendiente a que se le informara la fecha cierta en la que se le
pagaría la indemnización administrativa que le fue reconocida, mediante
Resoluciones 04102019-336333 del 11 de marzo, 04102019-336333R del 22
de julio y 20207448 del 13 de agosto de 2020, por los hechos victimizantes
de delitos contra la libertad y la integridad sexual.
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Mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín declaró la carecía actual de
objeto por hecho superado al considerar que la UARIV dio respuesta a la
señora Lucía Galeano Arango, pues emitió una comunicación que le da a
conocer que el pago pretendido dependerá del resultado de la aplicación del
Método Técnico de Priorización que se efectuará en el mes de septiembre de
2023.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a través
del fallo del 3 de octubre de 2023, revocó la anterior decisión, porque al
indicar que la orden de pago estará sujeta a la aplicación de un Método
Técnico de Priorización no es una respuesta de fondo, pues mantiene a la
señora Galeano Arango en una indeterminación sobre la resolución de su
derecho, máxime cuando la indemnización administrativa le fue reconocida
en el mes de marzo de 2020. En consecuencia, dispuso:
«SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV- que,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de este fallo, le brinde una respuesta clara, de fondo y congruente
[a la] accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá
acceder a la medida, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual será
entregada la misma […]».
La señora Lucía Galeano Arango formuló un incidente de desacato por el
incumplimiento de la referida sentencia del 3 de octubre de 2023, el cual fue
decidido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, por medio del proveído del 20 de noviembre de 2023. En ese auto,
se sancionó a las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yari con multa de un (1) s.m.l.m.v. a cada una.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante
providencia del 24 de noviembre de 2023, confirmó la sanción, en grado
jurisdiccional de consulta.
La UARIV solicitó la inaplicación de la sanción, el 6, 11 y 16 de diciembre de
2023, 20 de septiembre, 3 y 11 de octubre de 2024, 9 de abril y 8 de mayo
de 2025. Peticiones que, en su mayoría, fueron decididas de forma negativa
por providencias del 11, 14 y 19 de diciembre de 2023, 27 de septiembre, 9 y
16 de octubre de 2024 por parte del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
de Medellín; empero, las radicadas el 9 de abril y 8 de mayo de 2025 no
recibieron respuesta alguna.
1.4. Sustento de la petición
Las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yari
señalaron que los autos de 20 y 24 de noviembre de 2023 vulneran sus
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derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio.
Expresaron que, con las providencias aludidas, se incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las
reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia,
modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el
pago de una indemnización administrativa, máxime cuando la UARIV realizó
solicitudes de inaplicación y/o modulación y las mismas no fueron
analizadas, ni resueltas de fondo.
Así mismo, alegaron la configuración de un defecto fáctico por cuanto las
autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación con el debido proceso
administrativo contemplado en la Resolución 01049 de 2019 y la herramienta
técnica que utiliza la UARIV para determinar el orden de entrega de las
indemnizaciones reconocidas. Mecanismo que, para el caso de la señora
Lucía Galeano Arango, no permitió ubicarla dentro del universo de víctimas
que accederán a la indemnización administrativa, conforme a la
disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2024. De ahí
que la Unidad procederá a aplicarle el Método en la vigencia del año 2025,
con el fin de determinar la priorización para el desembolso perseguido.
Respecto de lo último, mostraron que, en todo caso, la UARIV le informó a la
señora Galeano Arango que si llega a afrontar una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad contenida en los artículos 4. ° de la
Resolución 1049 de 2019 o 1. º de la Resolución 582 de 2021, podría
adjuntar, en cualquier tiempo, la certificación y los soportes necesarios para
priorizar la entrega de la indemnización administrativa.
Insistieron en que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento
dado tanto al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín como al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, en el que se puso de manifestó el resultado de la aplicación del
Método Técnico de Priorización y la imposibilidad de indicar el plazo
razonable en el cual la señora Galeano Arango tendría acceso efectivo a la
medida de indemnización administrativa que le fue reconocida, vislumbrando
un hecho superado respecto del objeto de la litis propuesta en la acción
constitucional.
Señalaron que, además, se presentó una violación directa de la Constitución
por cuanto con las decisiones de las autoridades accionadas se evidenció
abiertamente la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema
judicial y a la buena fe, por desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y
el procedimiento de reconocimiento de indemnización administrativa previsto
en la Resolución 01049 de 2019.
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Precisaron que existía una imposibilidad material para el cumplimiento del
fallo por parte de la UARIV, pues no era factible indicar un plazo razonable
en el cual la señora Lucía Galeano Arango tendría acceso efectivo a la
medida de indemnización administrativa que le fue reconocida. Lo anterior,
comoquiera que la entrega de las medidas de reparación, atención y
asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídica ni materialmente
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo, como en efecto lo reconoce
la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013.
Adujeron que el Método Técnico de Priorización es la herramienta que
determina el orden de pago de las personas que no se enmarcan en las
situaciones del artículo 4. ° de la Resolución 01049 de 2019, pero que según
la evaluación de otros factores sí era necesario apremiar el pago de la
indemnización administrativa.
Explicaron que la entidad depende de un presupuesto anual que se deberá
distribuir en las personas que sean priorizadas por el artículo 4. ° de la
Resolución 01049 y las que resulten favorables luego de la aplicación del
Método Técnico de Priorización.
Puntualizaron que a la UARIV no le es posible presupuestalmente
indemnizar a más de 9.237.05 víctimas al tiempo, máxime cuando se
encuentra en una crisis presupuestal reconocida por la Corte Constitucional
en el Auto 206 del 28 de abril de 2017.
Concluyeron que, si bien la señora Lucía Galeano Arango ostenta la calidad
de víctima de hechos que atentan contra la libertad y la integridad sexual, no
presenta ninguna otra situación que la ponga en un evidente entorno de
vulnerabilidad o urgencia manifiesta, por lo que resulta absolutamente lógico
dar prelación a otras personas que sí presenten circunstancias de
priorización.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 2 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.
Además, vinculó a la UARIV y a la señora Lucia Galeano Arango en calidad
de terceros con interés en las resultas del presente asunto.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
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1.5.1. La UARIV indicó «estarse a los expuesto por parte de las accionantes
en su escrito».
1.5.2. El Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de Medellín1 adujo
que «no existe a [su] juicio, vulneración alguna por parte de es[e] Despacho,
máxime[,] cuando las decisiones que causan el malestar de las [actoras], dan
cuenta del a[ú]n incumplimiento de la orden proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia».
1.5.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión2
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia, en razón a que, «[s]i bien […] son demasiadas las víctimas que
deben ser indemnizadas y que los recursos asignados son insuficientes para
el pago de todas las indemnizaciones, ello no justifica el hecho de que no se
informe un plazo probable a las víctimas no priorizadas, pues desde el mismo
momento en que se reconoce la indemnización y se realiza la primera
aplicación del método técnico de priorización, es posible asignar un turno,
cosa que no ha hecho la Uariv y que, más que una imposibilidad física, es
falta de organización de la Entidad, que ha dado una interpretación
equivocada al hecho de que se le considere como autora de la vulneración o
amenaza del derecho de petición por no cumplir un deber que le impone […]
el artículo 14 de la citada resolución 1049».
1.5.4. La señora Lucía Galeano Arango guardó silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en providencia del
26 de mayo de 2025, declaró improcedente la tutela por no cumplir el
requisito de subsidiaridad, al considerar que lo pretendido por las señoras
María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yari, esto es, la
inaplicación de la sanción impuesta, puede conseguirse en el trámite del
incidente de desacato y no por conducto de esta acción constitucional.
Añadió que la tutela de la referencia no puede convertirse en un mecanismo
alternativo o una instancia adicional para atender cuestiones que deben ser
dirimidas al interior de otras diligencias judiciales o administrativas.
1.7. Impugnación
Con escrito recibido el 14 de julio de 2025, las señoras María Patricia Tobón
Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yari impugnaron el fallo de primera instancia,
al considerar que se supera el presupuesto de la subsidiaridad en tanto
solicitaron el levantamiento de la sanción como su modulación. Aseveraron
que no existe un recurso adicional que se pueda interponer ante el superior
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Índice 00009 de Samai.
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Índice 00011 de Samai.
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del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
máxime cuando la decisión del 20 de noviembre de 2023, fue confirmada en
grado jurisdiccional de consulta.
Destacaron que la Corte Constitucional, en sentencia SU-034 de 2028,
establece la procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones
emitidas en el marco del incidente de desacato y, por lo mismo, este asunto
debe estudiarse de fondo.
Evidenciaron que el Consejo de Estado, Sección Cuarta dentro del radicado
11001-03-15-000-2024-02302-00, determinó, en un asunto de contornos
similares al de la referencia, que se cumple con el requisito de la
subsidiaridad, «debido a que las accionantes presentaron solicitudes de
modulación y estas fueron negadas en el curso de los varios incidentes
tramitados. Por consiguiente, a diferencia de otros casos resueltos por esta
Sala recientemente, las tutelantes no tienen más mecanismos de defensa a
los cuales acudir, pues incluso las solicitudes de modulación ya fueron
negadas».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de
2019, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de
procedencia, entre ellos el de la subsidiaridad, se analizará si el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio de las accionantes con ocasión de los autos
proferidos dentro del incidente de desacato con radicado 05001-33-33-035-
2023-00376-02.
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
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Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) procedencia de la acción de tutela contra autos que resuelven
incidente de desacato; iii) cumplimiento de las órdenes de tutela y el
incidente de desacato; iv) requisitos adjetivos de procedibilidad; v)
generalidades de los defectos alegados y, vi) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
«[…] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.» (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
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relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra autos que resuelven
incidente de desacato
Al respecto, la Corte Constitucional a manifestado lo siguiente:
La acción de tutela procede excepcionalmente, siempre que logre verificarse
la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones
que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe
tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán
ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en
ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para
promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela
interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a
la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería
revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.
Por lo tanto, la acción de tutela sí es procedente en contra de decisiones que
se profieran dentro del trámite de un incidente de desacato, lo que no está
permitido es que el juez se pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió
para promover el incidente.
2.5. Cumplimiento de las órdenes de tutela y el incidente de desacato
Con el objetivo de evitar que las órdenes de tutela resulten inocuas, el
Decreto 2591 de 1991 dotó al juez constitucional de una serie de
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mecanismos y facultades que le permiten compeler su cumplimiento de parte
de la autoridad o particular obligados a acatar las medidas de protección. De
allí se derivan poderes de coacción y sanción para lograr el efectivo
acatamiento de las decisiones de amparo.
Las potestades sancionatorias se encuentran previstas en el artículo 52 ibid.
y las ejerce el juez por medio del incidente de desacato, que tiene como
finalidad sancionar al funcionario o particular renuente a acatar las
determinadas órdenes de tutela. El referido artículo, a la letra, establece:
«ARTICULO 52.-Desacato. La persona que incumpliere una orden de una juez
proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales,
salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción
será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada
al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse».
El desacato apunta a una responsabilidad de tipo subjetivo, esto es, impone
analizar el grado de culpabilidad en que haya incurrido el funcionario o
particular renuente, y las circunstancias que hayan rodeado su conducta, de
modo que el incidente es una herramienta de carácter disciplinario con la que
cuenta el juez de tutela para imponer sanción de arresto o multa a quien de
manera negligente e injustificada incumpla la orden judicial.
Dado que el carácter de una de las sanciones que procede por desacato es
de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la persona natural
(funcionario o particular) encargada de acatar la decisión, y no la persona
jurídica.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que la
sanción por desacato no se puede imponer a la entidad sino al servidor
público que, vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta
responsable del incumplimiento de la orden de tutela. En concreto, se ha
dicho:
«Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien
ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí
que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría
tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme
el auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como
autoridad, cumplir la orden»4
De esta manera, es evidente que durante el trámite incidental debe
garantizarse en su mayor expresión el derecho al debido proceso y a la
defensa de la persona natural contra quien se dirige el incidente.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Álvaro
González Murcia. Expediente 2000-90021-01(AC-9514). Actor: Departamento de
Cundinamarca, Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.
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Para tal resultado, el juez de primera instancia que conozca debe actuar de
la siguiente manera: 1) identificar el funcionario o particular en quien recayó
la orden u órdenes judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al que se
le impuso la obligación de cumplirlas; 2) darle traslado al incidentado para
que presente sus argumentos de defensa; 3) si es necesario, practicar las
pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para emitir decisión;
4) resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si la orden judicial
fue desacatada y, segundo, si la persona obligada a cumplirla actuó con
negligencia u omisión injustificada, para en caso afirmativo, imponer la
respectiva sanción y 5) siempre que haya sancionado, enviar el incidente al
superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
2.6. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
Esta Sala de decisión encuentra que no existe cuestionamiento en relación
con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales
controvertidas se profirieron en el marco del incidente de desacato dentro de
la acción de tutela radicado 05001-33-33-035-2023-00376-00/01, el cual fue
promovido por la señora Lucía Galeano Arango contra la UARIV.
2.6.2. Relevancia Constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que «la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico» y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
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relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que «le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario7», so pena de involucrarse en
cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
En tales condiciones, se advierte que este requisito se encuentra superado,
en razón a que las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yara explicaron de manera diáfana por qué le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio, por haber incurrido las autoridades judiciales
accionadas en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución.
Lo anterior, al imponerles sanciones por el incumplimiento de una orden de
tutela, a pesar de que durante el trámite incidental y en las diversas
solicitudes de inaplicación de dichas sanciones se les explicó la imposibilidad
jurídica para informarle a la señora Lucía Galeano Arango, una vez aplicado
el método técnico de priorización, el plazo razonable en el cual tendría
acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa que le fue
reconocida.
Por lo tanto, se puede establecer que se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, por cuanto el asunto a tratar no se trata de
cuestiones económicas ni de interpretación de tipo legal, sino que la
discrepancia versa sobre la posible vulneración de principios constitucionales
como son el debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio.
Por ello, se puede establecer que se acreditan los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ante la posible transgresión de las
garantías constitucionales de las accionantes.
2.6.3. Inmediatez
Frente a este requisito, se advierte que la última providencia cuestionada
corresponde al auto del 24 de noviembre de 2023 y la acción de tutela fue
radicada el 30 de abril de 2025.
En este caso, aunque la solicitud de amparo se presentó fuera del plazo
prudencial de 6 meses, la Sala considera necesario flexibilizar la aplicación
5
No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso
a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
6 Sentencia T-606 de 2000
7
Ibidem
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de este requisito en el caso concreto, como ya se ha hecho en otras
oportunidades, en la medida en que las accionantes han presentado varias
solicitudes de inaplicación de la sanción y/o modulación del fallo, entre ellas,
los días 9 de abril y 8 de mayo de 2025, sin que a la fecha hayan sido
resueltas.
Así pues, bajo la precisión anterior, también se entiende cumplido el requisito
de inmediatez.
2.6.4. Subsidiariedad
Para la Sala está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción,
debido a que las accionantes están cuestionando la providencia que puso fin
al trámite incidental con radicado 05001-33-33-035-2023-00376-02, es decir
la que resolvió el grado jurisdiccional de consulta. Además, presentaron
solicitudes de inaplicación de la sanción y/o modulación del fallo de tutela
que fueron negadas, lo que las dejó sin mecanismos de defensa.
Por otra parte, en Sentencia T-055 de 2021, la Corte Constitucional dispuso
que el análisis de las solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas
en el trámite de un incidente de desacato, «parte del reconocimiento de que
el legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir
lo decidido por el juez de conocimiento, en relación con la conducta
desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las
órdenes allí impartidas».
Así las cosas, resulta claro que la parte accionante no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial diferente a la acción de tutela que le permita
controvertir la sanción impuesta.
Superados los requisitos de procedibilidad se analizarán los defectos
alegados y el fondo del asunto.
2.7. Generalidades de los defectos invocados
2.7.1 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para
solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada
como tal. Esta decisión es vinculante para los demás operadores del sistema
jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás asuntos
que se basen en los mismos supuestos de hecho.
Para la Corte Constitucional, dicho precedente puede llegar a desconocerse
cuando: «(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se contraría
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la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es
la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte
resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela. El desconocimiento del precedente
constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al
debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía
constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la
acción de tutela contra la providencia atacada».8
Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al
definir directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de
la Constitución.
2.7.2. Defecto fáctico
El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción tutela contra
providencias judiciales se presenta cuando el juez no tiene el apoyo
probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la
decisión porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los
cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
Este se da cuando la autoridad judicial omite el decreto de pruebas, efectúa
una valoración caprichosa y arbitraria de las mismas, se separa de los
hechos probados dentro del proceso o no las valora en su integridad.
Por consiguiente, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo
que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial y la exigencia de una carga
argumentativa razonable.
2.7.3. Violación directa de la Constitución
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto puede
originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la
8 Sentencia T-309/15
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autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de
inconstitucionalidad.
Esto porque:
«La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la
ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las
decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez
realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la
Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión
quebrantaría preceptos constitucionales…´.
(…)
El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su
cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la
Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico
colombiano.
Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría
principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las
autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En
estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun
cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el
caso particular. […]»9
2.8. Caso concreto
Las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
consideraron vulneradas sus garantías fundamentales con ocasión de los
autos de 20 y 24 de noviembre de 2023 proferidos, en su orden, por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que les
impuso una multa equivalente a un (1) s.m.l.m.v., a cada una, por el
incumplimiento del fallo proferido dentro del radicado 05001-33-33-035-2023-
00376-00/01, correspondiente al proceso de tutela promovido por la señora
Lucía Galeano Arango en contra de la UARIV.
Precisan que las aludidas providencias incurren en los defectos sustantivo
por desconocimiento del precedente, fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio allegado al proceso, y violación directa de la Constitución.
En lo que respecta al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
alegaron que no se tuvo en cuenta lo establecido en la Sentencia SU- 034 de
2018 de la Corte Constitucional, que fija expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia, modulen
el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnizaciones administrativas, máxime cuando la UARIV realizó
9 SentenciaT-689/2013
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solicitudes de inaplicación y/o modulación y las mismas fueron negadas, sin
analizar que la falta de pago inmediato de la indemnización, no obedecía a
una actitud negligente de los funcionarios públicos sino al contexto de un
estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto armado.
Frente al defecto fáctico, consideraron que las autoridades accionadas, al
momento de estudiar los escritos emitidos por la UARIV, la resolución que
resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el oficio de no
favorabilidad de la actora de la acción de amparo, dan por probado el
incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación con el debido proceso
administrativo contemplado en la Resolución 01049 de 2019 y la herramienta
técnica que utiliza la Unidad para determinar el orden de entrega de las
indemnizaciones reconocidas, en un marco de igualdad entre las víctimas.
En lo que atañe a la violación directa de la Constitución, manifestaron que se
evidenció la afectación de principios de constitucionales al debido proceso, a
la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema
judicial y a la buena fe, por desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y
el procedimiento de reconocimiento de indemnización administrativa previsto
en la Resolución 01049 de 2019.
La Sala observa que las autoridades judiciales accionadas, en las
providencias del 20 y 24 de noviembre de 2023, acreditaron el elemento
objetivo del incumplimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2023, pero no
realizaron el estudio correspondiente al elemento subjetivo, toda vez que el
fundamento de la decisión fue que: «la accionada UARIV ha incumplido con
su obligación de acatar la decisión contenida en el fallo de tutela, lo que
implica que la situación de vulneración que se pretendía cesar continúa
vigente y la constante referencia a la aplicación indefinida del método técnico
de priorización como fundamento para no pronunciarse de fondo en los
términos de la orden constitucional».
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013
concluyó que las disposiciones normativas que establecen plazos y límites
en términos del presupuesto nacional no suponían una extralimitación del
principio de responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas
a la indemnización, por cuanto dicho principio «es un criterio orientador de
las ramas del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la
virtualidad de socavar derechos fundamentales».
Por lo tanto, son viables los criterios de priorización, así como el agotamiento
del procedimiento previsto por la Ley para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras
a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas, conforme a los
principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben
tomar en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo con la
finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad
financiera de hacerlo al mismo tiempo.
Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, en la
cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y
creó el método técnico de priorización para su desembolso.
El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método que se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago: «tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional
a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de
conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector».
Cabe indicar que el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 establece:
«artículo 4°. situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. edad. tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. el
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la unidad de
víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a
este grupo poblacional.
b. enfermedad. tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o
de alto costo definidas como tales por el ministerio de salud y protección social.
c. discapacidad. tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
ministerio de salud y protección social o la superintendencia de salud.»
A partir de lo anterior, la UARIV en reiteradas oportunidades expuso en sus
informes que adoptó las diligencias pertinentes para dar cumplimiento a la
sentencia de tutela y aplicar el método técnico de priorización que dispuso la
Resolución 1049 de 2019, brindando respuesta de fondo a la accionante,
como la ocurrida con comunicación LEX 7762240 del 20 de septiembre de
2024, en los siguientes términos:
«Así las cosas, conforme el resultado de la aplicación del Método se concluye
que NO es procedente materializar la entrega de la medida de indemnización
para la vigencia 2024, ya reconocida respecto de (de los) integrante(s)
relacionado(s) en su solicitud con radicado NF000475901, por el hecho
victimizante de DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL,
puesto que el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización
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administrativa fue de 46.8579 y el puntaje obtenido por usted fue de 44.4527.
Adjuntamos a la presente, oficio del 17 de septiembre de 2024, en el cual se
desarrolló el puntaje obtenido del método técnico, para el caso en concreto. Por
lo anterior, le informamos que la Unidad para las Víctimas aplicará el Método
Técnico de Priorización en el transcurso del año 2025 y, una vez efectuado,
informará el resultado de este proceso, de tal manera que, si el resultado es
favorable, la entrega de la indemnización administrativa será de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no
favorable, a usted se le aplicará nuevamente el «Método Técnico de
Priorización», en el año siguiente.
Por lo anterior, no es procedente indicarle fecha cierta de pago de
indemnización administrativa ni entrega de carta cheque, lo anterior teniendo en
cuenta que se debe ser respetuoso del debido proceso y el procedimiento
establecido en la Resolución 1049 de 2019 y, para su caso no se encuentra
criterio de priorización acreditado.»
Si bien es cierto la UARIV le reconoció a la señora Lucía Galeano Arango el
derecho a la entrega de la indemnización por medio de las Resoluciones
04102019-336333 del 11 de marzo, 04102019-336333R del 22 de julio y
20207448 del 13 de agosto de 2020, también lo es que le explicó que se
aplicaría el método técnico de priorización con el fin de determinar el
momento de entrega reconocida de conformidad con los recursos apropiados
en la respectiva vigencia fiscal.
Por otra parte, en la comunicación enviada el 16 de noviembre de 2023, la
UARIV le manifestó a la señora Galeano Arango que no se evidenciaba una
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, para su eventual
priorización y que su resultado había sido inferior al puntaje mínimo para
acceder a dicha medida indemnizatoria en esta vigencia.
En este orden de ideas, para la Sala, es evidente que se configuraron los
defectos alegados por las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra
Viviana Alfaro Yara, toda vez que, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión no podían pasar por alto y dejar de analizar los
informes, soportes y las solicitudes de inaplicación y/o modulación que
fueron aportados durante el trámite del incidente de desacato por parte de la
UARIV.
Dichos informes estaban encaminados a demostrar que, si bien, no se podía
señalar una fecha exacta para el desembolso de la indemnización
reconocida a la señora Lucía Galeano Arango, ello no se debió a un
desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al
derecho que le asiste, sino a la (i) la imposibilidad jurídica en aplicación de la
Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, (ii) la capacidad financiera con la
que cuenta la UARIV, así como (iii) la complejidad del trámite que se
mencionó en líneas precedentes y (iv) el resultado no favorable para la
entrega de la indemnización por aplicación del Método Técnico de
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Priorización.
Por consiguiente, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión desconocieron lo expresado en la sentencia SU-034 de 2018 de
la Corte Constitucional, por medio de la cual se establecieron los elementos
que debe considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela,
pues como se evidenció, omitieron valorar desde la óptica de la
responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento y las solicitudes de
inaplicación y/o modulación presentadas, que demostraban que el juez no
podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de dicha
reparación.
Ello, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago están
sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados
por la UARIV, a la disponibilidad presupuestal y a los principios de
progresividad y sostenibilidad.
Por consiguiente, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre
y al patrimonio de las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yara, quienes fueron sancionadas en el trámite incidental de desacato
dentro de la acción de tutela bajo radicado 05001-33-33-035-2023-00376-
00/01, en calidad de directora general y directora técnica de Reparaciones de
la UARIV.
En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos del 20 y 24 de noviembre
de 2023 proferidos, en su orden, por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en los que se les impuso sanción por
desacato a accionantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
Sin perjuicio de esto, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método
técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el
respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida a la
señora Lucía Galeano Arango, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela proferida el 3 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
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República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Revócase la sentencia del 26 de mayo de 2025, por la cual la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela para, en su lugar, conceder el amparo
solicitado por la parte actora.
SEGUNDO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio de las señoras María
Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara.
En consecuencia, déjanse sin efectos los autos del 20 y 24 de noviembre de
2023 proferidos, en su orden, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión.
TERCERO: Ordenar al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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