Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02511-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02511-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02511-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE CONJUECES
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-00
Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
Accionados: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela presentada por Daniel Avilés Rodríguez,
Isabel Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez, Yojan
Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez, Yamile Rodríguez, Adriana Jazmín Avilés
Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez y Orleyda Avilés Rodríguez en contra de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 30 de abril de 20251 la parte interesada interpuso esta acción constitucional con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que
considera vulnerado por la Sección Tercera del Consejo de Estado y por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Lo anterior, debido a que en providencia del 17 de octubre
de 2024 se desestimó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
radicado bajo el número 73001-33-31-005-2012-00016-01, interpuesto por la parte
demandante contra el fallo del 13 de julio de 2017, emitido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa 73001-33-31-
005-2012-00016-01.
2. Hechos
2.1. Isabel Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez, Orleyda Avilés Rodríguez, Adriana
Jazmín Avilés Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez,
Daniel Avilés Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez y Yamile
1 Obra en el certificado A377479009408550 4AC98BC2F1C46E0A B062229F25EDCC47
E292AE69A6FA08FE, índice 2.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-00
Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
Accionados: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Rodríguez presentaron demanda de reparación directa2 en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara su
responsabilidad por los perjuicios ocasionados a causa de la muerte de Abundio
Avilés, quien fue confundido con un integrante de un grupo armado ilegal.
2.2. El 9 de agosto de 20163 el Juzgado Administrativo de Descongestión de Bogotá
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue revocada
por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la sentencia del 13 de julio de
20174, que, en su lugar, negó5 las pretensiones de la demanda.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia6, porque consideró que el Tribunal
no realizó una valoración adecuada de las pruebas que integraban el plenario, ni
aplicó los criterios establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente
a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes del
Estado. En ese sentido, sostuvo que se contrarió la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, identificada con el radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01,
cuyo ponente fue el magistrado Ramiro Pazos Guerrero.
2.4. El anterior medio de controversia fue resuelto por la Sección Tercera de esta
Corporación, mediante pronunciamiento del 17 de octubre de 20247, en el que se
desestimó el recurso extraordinario.
Como fundamento, se expuso que, aunque en la sentencia del 28 de agosto de
2014 se abordaron aspectos relacionados con las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y con la flexibilización en la apreciación probatoria, estos
no constituyeron el tema objeto de unificación. Es decir, las reglas que la parte
recurrente pretendió hacer valer no fueron el fundamento de dicha unificación, por
lo que no resultan extensibles a casos análogos al analizado en esa oportunidad.
2 Folios 24 – 34 del archivo 1.-CUADERNO PRINCIPAL TOMO I del enlace aportado en el certificado
83B8909476B5107A 4E53448DB9275605 4608BDE485CAF02D 0BA7EC30BF3F3E53, índice 23.
3 Folios 49 – 60 del archivo 2.- CUADERNO PRINCIPAL TOMO II del enlace aportado en el certificado
83B8909476B5107A 4E53448DB9275605 4608BDE485CAF02D 0BA7EC30BF3F3E53, índice 23.
4 Folios 109 – 115, ibid.
5 Según el folio 147, ibid.
6 Folios 135 – 138, ibid.
7 Obra en el certificado 965D422F537C8103 581BB5722D0A3E45 1C99A202E1F3A7B1 743BD21C3678C7FE,
índice 54 del expediente 73001333100520120001601 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Adicionalmente, se estimó que, en realidad, se pretendía reabrir un debate propio
del proceso de reparación directa, como si se tratara de una tercera instancia, con
el propósito de controvertir la valoración de los testimonios y documentos realizada
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que sus prerrogativas fundamentales fueron vulneradas por
las siguientes razones:
3.1. El Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, al actuar en contravía del precedente judicial del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional sobre los criterios flexibles de apreciación de los
medios de prueba en casos de graves violaciones a los derechos humanos y de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Así, se afirmó que quedó acreditada la negligencia de las autoridades competentes
para inspeccionar el cadáver de Abundio Avilés. Además, no se analizaron
correctamente los testimonios rendidos en el marco del medio de control, el
radiograma de resultados operacionales del 17 de abril de 2010, emitido por la
Brigada Móvil N.º 8 del Ejército Nacional, ni las declaraciones de los soldados,
rendidas en la indagación preliminar 002 de 2010, adelantada por el Batallón de
Contraguerrillas N.º 68 del Ejército Nacional.
3.2. En esa misma línea, acusó a la sentencia de segunda instancia, proferida
dentro del proceso de reparación directa, de desconocer el precedente contenido
en la Sentencia SU-484 de 2024, en la cual la Corte Constitucional precisó que, en
los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, debe aplicarse un criterio de
flexibilización en la valoración de las pruebas, con el fin de garantizar la protección
de las víctimas.
3.3. Con respecto a la providencia del 17 de octubre de 2024, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el extremo accionante afirmó que se
incurrió en un desconocimiento del precedente judicial fijado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, relativo a los criterios de flexibilidad en la
valoración de las pruebas en asuntos de graves violaciones a los derechos humanos
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y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes de la
fuerza pública. Lo anterior, toda vez que dichos temas sí hicieron parte de la ratio
decidendi del mencionado fallo, por lo que resultan vinculantes al momento de
decidir sobre asuntos similares, como el caso concreto.
3.4. En ese sentido, consideró que se desconoció la sentencia T 210 de 2022 en la
que se determinaron los elementos que componen las decisiones judiciales y afirmó
que es claro que la ratio decidendi no se limita a la parte resolutiva del fallo, sino a
las razones jurídicas en las que se fundamentan las decisiones.
3.5. Sumado a lo anterior, se estimó que las dos providencias reprochadas
desconocieron el precedente contenido en las sentencias SU-060 de 2021, SU-035
de 2018, T-327 de 2017, SU-439 de 2024, T-540 de 2024 y SU-484 de 2024. Lo
anterior, a juicio del extremo accionante, también configuró una violación directa de
la Constitución.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Con base en los anteriores argumentos fácticos y jurídicos solicitamos a su
señoría:
1. Tutelar el derecho fundamental constitucional al debido proceso de los
accionantes y, en consecuencia:
a) Dejar sin valor y efecto las sentencias judiciales accionadas.
b) Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima para que dicte
una sentencia de reemplazo que confirme la providencia del Juzgado
Administrativo de Descongestión de Bogotá, fechada nueve (9) de agosto de
2016, en el proceso de reparación directa promovido por los accionantes contra
LA NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA–EJÉRCITO NACIONAL, con
radicado 73001333100520120001600, en aplicación a los estándares de
flexibilización en la valoración de las pruebas como precedente judicial fijado
por la Corte Constitucional especialmente en las sentencias citadas en el
numeral 5.2.3. de esta tutela.
2. Solicito al señor Juez, en caso de ser necesario, acudir a los criterios legales
de Extra y Ultra Petita, procedentes en sede de tutela de acuerdo con la
sentencia T-104 de 2018.”8.
8 Folio 25 del certificado B80EE09798115459 E7782CA834FB007F 1B439A92F850B7D7
E1831F77FACFE1F5, índice 2.
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 16 de septiembre de 20259 el despacho ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a la Sección Tercera
del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Tolima, y, en calidad de
terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al
Juzgado Administrativo de Descongestión de Bogotá o a la oficina judicial que
hiciera sus veces10.
5.2. El Ejército Nacional11 consideró que existió una “indebida legitimación”12, toda
vez que cumplió con todas las cargas procesales exigidas en el proceso ordinario y
el Tribunal demandado emitió un fallo acertado y conforme a derecho. Además,
aseguró que las afirmaciones realizadas por la parte actora se limitaron a ser
apreciaciones subjetivas, sin fundamento jurídico, jurisprudencial o normativo, cuya
finalidad era revivir términos ya expirados y abrir una discusión en tercera instancia.
En consecuencia, concluyó que la solicitud de amparo no cumplía con los requisitos
necesarios para que procediera la protección constitucional.
5.3. El Despacho de la Magistrada Adriana Polidura Castillo13, luego de rendir
informe sobre los hechos que fundamentaron la demanda tuitiva, solicitó que se
declarara la improcedencia del amparo, en razón a que no se satisfacían los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de
relevancia constitucional. Adicionalmente, señaló que no fue posible establecer una
vulneración de derechos fundamentales, puesto que no basta con invocar la
afectación de prerrogativas superiores para acreditar dicho requisito. La
controversia se limitó a una discusión derivada de la inconformidad de los
demandantes con los criterios unificados en la sentencia del 28 de agosto de 2014,
sin que se justificara razonablemente una afectación desproporcionada a las
garantías superiores de los actores.
9 Obra en el certificado 5B9828A959363010 701D858AD1F8CAE0 C3B8B726C744236A
D21E923C9DAF27FA, índice 18.
10 Los soportes de notificación obran en el índice 21.
11 Obra en el certificado CA2BD9A0105D4AC9 CAB1EA4C9D539168 12625399954F11E3
B483277494C92C87, índice 24.
12 Folio 3, ibid.
13 Obra en el certificado 5382385A685DE287 080588A18AF1A990 4D68CDEA930B597E
44E9E17C112C33A2, índice 25.
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5.4. El Tribunal Administrativo del Tolima14 rindió informe sobre la providencia
emitida en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa y consideró
que se trató de una actuación judicial legítima que no vulneró derecho alguno. En
consecuencia, concluyó que no se logró acreditar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad ni de los específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
5.5. El Juzgado Doce Administrativo de Ibagué15 allegó el expediente ordinario
requerido.
5.6. Inicialmente, el 14 de octubre de 2025 se registró el proyecto para fallo, para
su correspondiente discusión en Sala de Decisión16, sin embargo, dada la
manifestación de impedimento realizada por la Consejera Adriana Polidura
Castillo17, la cual fue declarada fundada, mediante el auto del 27 de enero de 2026 18,
se hizo necesario ordenar la designación del Magistrado Diego Franco Victoria
como conjuez.
5.7. Una vez realizada la correspondiente designación19, el asunto volvió a pasar al
Despacho del ponente el 9 de febrero de 202620.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Daniel
Avilés Rodríguez, Isabel Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez, Mauricio Avilés
Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez, Yamile Rodríguez, Adriana
Jazmín Avilés Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez y Orleyda Avilés Rodríguez en
contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
14 Obra en el certificado 10FB0D728C0CF587 FCB1D2381F59FA5D 9062967E7FBC1899
19F4D3972F266AFA, índice 27.
15 Obra en el certificado 83B8909476B5107A 4E53448DB9275605 4608BDE485CAF02D
0BA7EC30BF3F3E53, índice 23.
16 Según el índice 29 de Samai.
17 Obra en el certificado 40CA549DC9FF2667 2A504081B2464A8C 5D7E76E5C03DA18A
A212D3E7C2521C09, índice 30.
18 Obra en el certificado 6C34A373CFEB414D 4E7F911B219BD4BC A9D31DA4C7E92BC1
B34DE29B9D261C79, índice 33.
19 Los soportes obran en el índice 37.
20 Según el índice 38 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-00
Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
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del Tolima, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Si bien en las pretensiones de la demanda tuitiva se solicitó únicamente proferir una
orden judicial respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Tolima, la Sala pasará a examinar la procedibilidad de la solicitud de amparo en lo
relativo tanto al fallo del 13 de julio de 2017, proferido por dicha autoridad judicial,
como frente a la providencia del 17 de octubre de 2024, emitida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, toda vez que, de los argumentos que
fundamentaron el escrito introductorio, resulta claro que la parte demandante estimó
que ambas decisiones judiciales vulneraron sus derechos fundamentales.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad21 y de procedencia22 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
21 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
22 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Accionados: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4. El requisito de inmediatez respecto de la sentencia del 13 de julio de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
4.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201423, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”24.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia
constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
La Sala evidencia que la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 13 de julio de 2017, fue notificada por edicto fijado desde
el 19 hasta el 24 de julio de 201725. En ese sentido, al advertirse que la acción de
tutela fue radicada el 30 de abril de 202526, fuerza concluir que tuvo lugar fuera del
plazo jurisprudencialmente dispuesto como razonable para ejercer el mecanismo
constitucional.
4.2. Esta Subsección encuentra que no se acreditó el requisito de inmediatez frente
a la providencia analizada y tampoco se demostró la existencia de un motivo que
justifique la inactividad de la parte interesada u otros elementos que permitan
establecer una suerte de oportunidad o razonabilidad en el tiempo transcurrido entre
la firmeza de la providencia reprochada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo.
23 Expediente 2012-02201.
24 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, Exp. 2012-02201.
25 Según el índice 19 del expediente 73001333100520120001601 del Tribunal Administrativo del Tolima y el
folio 116 del archivo 2.- CUADERNO PRINCIPAL TOMO II del enlace aportado en el certificado
83B8909476B5107A 4E53448DB9275605 4608BDE485CAF02D 0BA7EC30BF3F3E53, índice 23.
26 Obra en el certificado A377479009408550 4AC98BC2F1C46E0A B062229F25EDCC47
E292AE69A6FA08FE, índice 2.
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Al respecto, vale la pena precisar que el hecho de haber ejercido el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia no afecta, en modo alguno, el
cómputo de inmediatez realizado, toda vez que, de conformidad con el artículo 26127
de la Ley 1437 de 2011, la concesión de dicho recurso no impide la ejecución de la
sentencia de segunda instancia.
5. El requisito de relevancia constitucional respecto de la sentencia del 17 de
octubre de 2024 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”28.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber29: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202230, al
pronunciarse sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era
necesario verificar:
27 “ARTÍCULO 261. INTERPOSICIÓN. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá
interponerse y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro de los diez (10)
días siguientes a su ejecutoria.
Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes
y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto;
según el caso.
La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente
por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda
todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de
este código”.
28 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
29 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
30 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
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“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2. La parte tutelante alega, en esencia, que la vulneración de sus derechos
fundamentales se originó en el desconocimiento del precedente y en una violación
directa de la Constitución por parte de la autoridad judicial, al no tener en cuenta las
consideraciones expuestas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
sobre la flexibilización en la valoración probatoria en casos de graves violaciones a
los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pese a que, en su
criterio, dichos temas sí fueron objeto de unificación.
5.3. Esta Subsección observa que dicha argumentación ya fue propuesta
sistemáticamente por la parte actora en sede ordinaria, pues fue el fundamento del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia31 y de sus alegatos de
conclusión32. Frente a ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció
de la siguiente manera:
“2.4.2.1. La Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia del 28 de
agosto de 2014 (exp. 32.988), unificó jurisprudencia en relación con (i) la
reparación de los perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes
a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; y (ii) el
tope indemnizatorio de los perjuicios morales en casos en los que el daño
antijurídico imputable al Estado tiene su origen en graves violaciones a los
DDHH e infracciones al DIH.
Para el primer nodo de unificación, concerniente a los perjuicios inmateriales
derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, estableció la siguiente regla: Se reconoce,
dentro del derecho de daños, una tercera categoría de daños inmateriales
autónomos — que no depende para su configuración de otros— denominada
“afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente
amparados”. Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales
producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos
constitucionales y convencionales. Tal vulneración o afectación relevante
puede ser temporal o definitiva. Debe ser expresamente declarado por el juez
y, se incardina en el principio de reparación integral.
(…)
31 Folios 135 – 138 y folios 148 – 154 del archivo 2.- CUADERNO PRINCIPAL TOMO II del enlace aportado en
el certificado 83B8909476B5107A 4E53448DB9275605 4608BDE485CAF02D 0BA7EC30BF3F3E53, índice
23.
32 Obra en el certificado BCB2B26A3C82260E B56516FF9CC89540 10AE6FDE1D353C6B
0597B355BE46DC37, índice 44 del expediente 73001333100520120001601 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-00
Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
Accionados: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Para el segundo nodo de unificación, consistente en el tope indemnizatorio de
los perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al
Estado tiene su origen en graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al DIH, se estableció que, en asuntos excepcionales, la
indemnización que se otorgue por perjuicio moral podrá ser mayor al tope de
100 SMLMV para los casos de muerte —quantum que deberá motivar el juez—
cuando esté probado que el daño revistió una considerable intensidad y
gravedad, siempre y cuando el reconocimiento no exceda el triple de los
montos indemnizatorios inicialmente dispuestos.
Las anteriores fueron, por disposición expresa, las subreglas definidas en
ejercicio de la función de unificación y, por consiguiente, las que constituyen un
precedente jurisprudencial reforzado.
(…)
2.4.3.1. En el siguiente cuadro se muestra la identidad o disparidad entre las
subreglas de unificación y las invocadas en el presente asunto, pues la
sincronía entre lo unificado y lo que se solicita aplicar determina la prosperidad
del recurso extraordinario de unificación.
Reglas de Unificación de la Reglas que se pretenden
sentencia del 28 de agosto extender al caso
de 2014
i) Procedencia y forma de reparar los i) Criterios de valoración probatoria
perjuicios inmateriales derivados de flexible por tratarse de un asunto de
afectaciones relevantes a bienes o graves violaciones a Derechos
derechos convencional y Humanos y al DIH.
constitucionalmente amparados. (ii) Inversión del principio de la carga
(ii) Tope indemnizatorio de los probatoria, por tratarse de un asunto
perjuicios morales en casos en los de graves violaciones a Derechos
que el daño antijurídico resulta Humanos y al DIH.
imputable al Estado por graves (iii) La valoración probatoria ajustada
violaciones a los DDHH y al DIH. a los estándares internacionales.
Así las cosas, aun cuando la sentencia de unificación abordó un asunto de
infracción al DIH y trató el tema de la flexibilización en la apreciación probatoria,
este no fue el objeto de la unificación. De ahí, que las reglas que pretende hacer
valer la parte actora quedaron expuestas dentro del fundamento general no
unificado y, por ende, no tienen la condición de ratio decidendi que sería
extensible a todos los casos análogos que compartan identidad. En otras
palabras, en punto a la eficacia probatoria, la providencia si bien trajo a colación
los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
refirió que, incluso, esta Corporación en decisión anterior, ya había tratado el
tema de la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba
documental, lo cierto es que la Sala no le dio a este fundamento un carácter de
unificación.
2.4.3.2. La Sala advierte, por demás, que el aludido desconocimiento del
principio de distinción y del lugar en que se presentaron los hechos, así como
una eventual inobservancia de que la muerte ocurrió en el marco del conflicto
armado interno, y una posible valoración soportada en conjeturas, que son las
razones adicionales por las que el recurrente aduce que el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia es procedente, tampoco se
fundan en las reglas unificadas con la sentencia invocada, sino que
corresponde a argumentos propios del debate surtido en el trámite de
reparación directa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-00
Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
Accionados: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Con estos argumentos, se hace patente el interés que tiene la recurrente en
reabrir el debate propio del proceso originario, como si se tratara de una tercera
instancia judicial, al discutir, primordialmente, la valoración que de los
testimonios y de las documentales efectuó el Tribunal Administrativo del Tolima
y, al poner de presente los hechos que, a su juicio, quedaron probados, así
como a descalificar el análisis que llevó a cabo el Tribunal al catalogarlo de
inadecuado y conjetural en contravía de lo previsto en el artículo 175 del CPC,
todo lo cual permitiría solidificar la postura en torno a la responsabilidad del
ente estatal.”33.
5.4. Una vez relatado lo anterior, se observa que, en sede de tutela, la parte
accionante pretende que se emita un nuevo pronunciamiento respecto del estándar
de valoración probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos y
al Derecho Internacional Humanitario, el cual, en su criterio, debió aplicarse durante
el proceso de reparación directa. Ello, a pesar de que la Sección Tercera del
Consejo de Estado explicó de manera diáfana las razones por las cuales dicho
aspecto no fue objeto de unificación en la sentencia que se alegó como
desconocida, lo que impide que el recurso extraordinario interpuesto resulte
favorable a los intereses de la parte accionante.
5.5. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se ha expuesto, las críticas
formuladas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el
trámite ordinario, con el propósito de que prevalezca la interpretación de la parte
tutelante sobre la de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de las
consideraciones que constituyeron la ratio decidendi y las reglas de unificación
contenidas en la sentencia del 28 de agosto de 2014.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
5.6. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
33 Folios 9 – 11 del certificado 965D422F537C8103 581BB5722D0A3E45 1C99A202E1F3A7B1
743BD21C3678C7FE, índice 54 del expediente 73001333100520120001601 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
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Accionante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada34, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario35.
6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
DIEGO FRANCO VICTORIA NICOLÁS YEPES CORRALES
Conjuez Ponente
34 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
35 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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