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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-33-31-005-2012-00016-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-33-31-005-2012-00016-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes, en contra de la sentencia del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-33-31-005-2012-00016-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

17 de octubre de 2024

Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999).
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez, y otros.
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación.

Tema: Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación. Subtema 1. Criterios
metodológicos para identificar una sentencia de unificación– ratio decidendi. Subtema 2.
encuadramiento entre la formulación de las reglas de unificación y su vinculatoriedad al caso
particular.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado
por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el trece (13) de julio de
dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual
se desestimaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1

Isabel Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez, Orleyda Avilés Rodríguez, Adriana
Jazmín Avilés Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez2, Mauricio Avilés Rodríguez,
Daniel Avilés Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez y Yamile
Rodríguez interpusieron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, con el fin de que
se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios derivados de la
muerte de Abundio Avilés.

1.2. Sentencia de primera instancia3

Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Administrativo de
Descongestión de Bogotá4, en sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación–Ministerio de
Defensa Nacional–Ejército Nacional por la muerte del señor Abundio Avilés, y la
condenó al pago de perjuicios morales. Lo anterior, en aplicación del título de
imputación de daño especial, al tener en cuenta que, indiciariamente, podía
establecerse que aquel deceso se produjo por el fuego cruzado entre el Ejército

1 Fls. 20 a 30 cdno. 2.
2 Se deja constancia de que no hay uniformidad en la forma como se escribe el apellido “Aviles” de los
demandantes. Por ejemplo, respecto de este demandante aparece con “z”, respecto de otros con “s”, en unas
ocasiones aparece sin tilde y en otras tildado. La Sala utilizará la forma tildada, sin perjuicio de que se entienda
que la forma adecuada es la que figure en cada uno de los registros civiles de nacimiento.
3 Fls. 252 a 263 cdno 2.
4 Que se creó por el Acuerdo número PSAA16-10535 del 27 de junio de 2016 para procesos escriturales.

Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

Nacional y un grupo al margen de la ley, en momentos en que uniformados de la
institución castrense repelían un hostigamiento, sin que pudiera determinarse de
dónde provino el disparo que acabó con la vida del señor Avilés, perteneciente a la
población civil, a la que debía mantenerse fuera del contexto bélico y sobre la cual
el Estado tenía una posición de garante, que impedía atribuirle el hecho a un tercero.
Negó las demás pretensiones de la demanda, en particular, el daño relativo a la
alteración grave de las condiciones de existencia.

1.3. Recurso de apelación5

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional interpuso recurso de apelación
contra la anterior sentencia, con el fin de que se desestimaran las súplicas de la
demanda. Como sustento de la alzada, manifestó que, al no poderse construir de
forma fehaciente prueba indiciaria que pusiera en evidencia su participación en los
hechos que llevaron al fallecimiento del señor Abundio Avilés, no era posible dar por
configurado el título de daño especial sino, por el contrario, el eximente de
responsabilidad del hecho de un tercero, como lo es el grupo insurgente llamado
Héroes de Marquetalia de las FARC6. Adicionalmente, argumentó que tampoco se
superó el estudio de la falla en el servicio.

1.4. Sentencia de segunda instancia7

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del trece (13) de julio de dos mil
diecisiete (2017), revocó la providencia impugnada y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considera que:

1.4.1. La inspección técnica al cadáver del señor Abundio Avilés, arrojó como
resultado una muerte violenta. No obstante, “el cuerpo fue bañado, la vestimenta
cambiada y las heridas vendadas por lo que estas no se pudieron observar ni
fotografiar”. Además, no obra en la foliatura ninguna otra prueba sobre las lesiones,
la posición en que fue encontrado el cuerpo, la trayectoria de las balas, las huellas
o el tipo de arma que fue utilizada.

1.4.2. En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los
hechos, a pesar de que los testimonios de Edinson Osma Rincón, Édgar
Buenaventura Salazar y Jairo Oyola Gaviria “fueron coincidentes en manifestar que
fue el Ejército Nacional quien ultimó al señor Aviles”, ninguno de los deponentes
estuvo presente en el sitio del suceso y, por tanto, sus declaraciones únicamente
podían ser tenidas en cuenta como apreciaciones subjetivas, producto de rumores
carentes de sustento. En concreto, precisó que el señor Oyola Gaviria estaba a
cuarenta minutos del lugar en que fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Adicionalmente, en las declaraciones que rindieron los soldados profesionales
dentro de la investigación preliminar que adelantó la Brigada Móvil número 8 del
Batallón de Contraguerrillas número 68, no se constató la muerte de un civil el 17
de abril de 2010, día en que se registró un combate entre el frente Héroes de
Marquetalia de las FARC y el Ejército Nacional, pese a que se realizó una
inspección en el lugar de los hechos. De manera que, no se acreditó baja alguna.

Del mismo modo, el informe de inteligencia de la Quinta División de la Brigada Móvil
número 8 del 18 de abril de 2010, indicó que el cuerpo de la víctima se encontró en

5 Fls. 266 a 277 cdno. 2.
6 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
7 Fls. 314 a 320 cdno 2.

2

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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

la Vereda el Paujil en unas coordenadas8 que eran distintas a aquellas en las que
se ubicó el Ejército Nacional9. Detalló que estos documentos fueron aportados por
la demandada y la parte actora no los reprochó. Aunado a ello, refirió que obraba la
denuncia número 7341/ MDN- CGFM- CE- DIV05- FTSUT-BRIM8- B5 que presentó
la Quinta División de la Brigada Móvil el 27 de abril de 2010, en la que aludió que
Abundio Avilés recibió tres impactos de arma de fuego percutidas por miembros del
grupo Héroes de Marquetalia.

1.4.3. Si bien se probó que hubo un enfrentamiento el 17 de abril de 2010 entre el
Ejército Nacional y las FARC, en desarrollo de la operación que se denominó
Armagedón, al efectuar un análisis de responsabilidad bajo un título de imputación
subjetivo, no se acreditó que la causa eficiente de la muerte del señor Abundio
Avilés haya sido el actuar del cuerpo militar. Así, la parte demandante omitió la carga
probatoria que le asiste, por cuanto no logró dilucidar que la víctima estuviera
presente en el lugar donde se produjo el combate, ni cuáles fueron las heridas que
presentó, ni la identificación del arma que las propició; de ahí que no se probó la
existencia del nexo causal entre el daño y actuaciones de la demandada. En tal
sentido, el análisis del a quo en torno a la construcción de la prueba indiciaria
soslayó por completo la realidad, pues no era dable inferir de la existencia del
cadáver (hecho conocido), que este ocurrió por causa de un enfrentamiento (hecho
desconocido), al existir múltiples premisas inconclusas que no hacen posible que el
enfrentamiento se perfile “como la causa más probable el hecho indicado”.

1.4.4. Al margen de ello, analizó la responsabilidad según el régimen objetivo de
imputación de daño especial; análisis a partir del cual determinó que, si bien nadie
está obligado a soportar la existencia de un conflicto armado interno, el daño
antijurídico no sería imputable a la administración, toda vez que no se acreditó, entre
otras, que el deceso hubiera sido consecuencia del conflicto, y por el contrario, se
aportó la denuncia de la Quinta División de la Brigada Móvil número 8 que refirió un
ajuste de cuentas como situación exógena determinante del daño.

1.5. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

El primero (1) de agosto de dos mil diecisiete (2017), Yon Edinson Rodríguez,
Orleyda Avilés Rodríguez, Adriana Jazmín Avilés Rodríguez, Aicardo Avilez
Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez, Daniel Avilés Rodríguez, Yojan Estiben
Rodríguez, Omar Rodríguez y Yamile Rodríguez interpusieron recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, con el fin de que se anule la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima y se confirme la del
Juzgado Administrativo de Descongestión de Bogotá, pues, a su juicio, aquella
inaplicó la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, con radicado n°
050012325000199901063-01 (32.988) dictada por el Consejo de Estado. Los
argumentos del recurso extraordinario, en síntesis, son los siguientes10:

1.5.1. El Ejército Nacional desconoció el principio de distinción propio del Derecho
Internacional Humanitario (DIH), al llevar a cabo la operación en un poblado de la
vereda el Paujil de Ataco (Tolima). La parte demandada debió demostrar que aplicó
el aludido principio, sin embargo, no allegó ninguna prueba al respecto; omisión a
partir de la cual es posible inferir que se disparó sin precaución al confundir a la
víctima con un integrante de la guerrilla.

8 “[A]proximadas N 03° 21´ 41´´- W 75° 40´ -28´´”.
9 Coordenadas “N 03° 19´44´´ - W75° 39´35´´”.
10 Extraídos tanto del contenido del recurso como del escrito de sustentación. Fls 357 a 363, cdno 2.

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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

1.5.2. El Tribunal no tuvo en cuenta que el lugar en el que ocurrieron los hechos
estaba alejado del casco urbano del municipio de Ataco, específicamente en el
caserío o poblado de la vereda el Paujil, zona de concentración de viviendas
habitadas por la población civil, sin que el Ejército Nacional hubiera adoptado, en
atención a ese contexto, precaución alguna. De este modo, el juzgador de segunda
instancia omitió tener en cuenta las circunstancias del lugar en que ocurrieron los
hechos11.

1.5.3. El Tribunal aplicó con rigor el principio de carga probatoria a la parte
demandante, pese a que, a la luz de la sentencia de unificación referida, debió
flexibilizarlo en privilegio de medios de prueba indirectos e inferenciales, por tratarse
de un asunto que compromete graves violaciones al DIH. En cambio, decidió con
base en conjeturas, ya que la denuncia penal del Mayor Oscar Emilio Reyes Oviedo
no acreditaba que el asesinato hubiera sido producto del actuar de las FARC, ni que
esta hubiera hostigado a los militares, ni el punto concreto en donde se ubicaban
los miembros del Ejército Nacional y el grupo al margen de la ley (ni que estos y
aquellos estuvieran ubicados en el mismo sitio). De manera que, la decisión del
Tribunal no se fundó en prueba que legitimara la revocación de la condena.

1.5.4. Con los testimonios quedó acreditado que el fallecimiento del señor Abundio
Avilés fue consecuencia de los disparos de arma de fuego con ocasión del conflicto
armado, hecho éste indicativo sólido de responsabilidad. En particular, al proceso
se incorporaron los testimonios de Edinson Osma Rincón, Édgar Buenaventura
Salazar y Jairo Oyola Gaviria que depusieron sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que falleció el señor Abundio Avilés, que, valorados de forma
flexible, hubieran permitido acreditar que: (i) los disparos provinieron del
campamento del Ejército Nacional, que se ubicaba lejos del camino que recorrió el
señor Abundio Avilés; (ii) se identificó al occiso como un integrante del grupo
subversivo; (iii) los proyectiles disparados tenían suma potencia, porque
destrozaron árboles y causaron hendiduras en la barranca por la que transitó la
víctima; y (iv) la zona en que se presentaron los hechos es conocida por ser de
confrontación, circunstancia que llevó a que el señor Abundio Avilés falleciera en el
marco de una operación militar en la que los integrantes del Ejército dispararon sus
armas de dotación oficial, entre estas, la ametralladora M-60 que provocó el
desenlace fatal de la víctima.

Adicionalmente, con la prueba documental allegada por la Fiscalía 28 Seccional de
Chaparral quedaron demostradas las irregularidades que se presentaron en la
investigación penal por la muerte del señor Abundio Avilés, siendo notorio que la
policía judicial no se hizo presente para la práctica de inspección técnica del
cadáver; circunstancia que dio lugar a que fuera la misma comunidad la que se
encargara del traslado del cuerpo, de modo que la aludida inspección se realizó el
18 y 19 de abril de 2010. Todo esto derivó en la pérdida de material probatorio, que,
de acuerdo con la sentencia de unificación, constituye una denegación de justicia.

Al pasar por alto lo anterior, el Tribunal omitió que la unificación previó que la
valoración probatoria debía ajustarse a los estándares internacionales, y que
consideró que es pertinente la aplicación del artículo 175 del Código de

11 Específicamente, de acuerdo con el radiograma de resultados, consideró que solo quedó reportada una

coordenada, lo que hacía imposible que los dos grupos combatientes estuvieran ubicados en la misma zona.

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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

Procedimiento Civil (CPC)12, relativo a la posibilidad de hacer uso de cualquier otro
medio de prueba que le permita al juzgador alcanzar el convencimiento.

1.5.5. El Tribunal inobservó que la muerte ocurrió en el marco del conflicto armado
interno, como dio cuenta: (i) el radiograma de resultados operacionales del 17 de
abril de 2010, en el que el Ejército Nacional constató el desarrollo de la operación
Faraón; y (ii) las declaraciones que múltiples soldados rindieron en la indagación
preliminar número 002 de 2010, quienes de manera coherente afirmaron que las
armas de dotación oficial fueron utilizadas.

1.6. Trámite del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Tolima concedió el referido recurso13, que
admitió esta Corporación el 14 de enero de 202014, en proveído que fue notificado
por estado el 31 de enero siguiente15. En esta misma providencia se corrió traslado
del escrito de recurso a la demandada y al Ministerio Público para que se
pronunciaran. El 12 de noviembre de 202116 se dictó auto que prescindió de la
audiencia y concedió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas
alegaran de conclusión y este emitiera concepto.

1.6.2. En dicha oportunidad procesal, la parte demandante insistió en los
fundamentos del recurso17, relativos a la falta de aplicación de los criterios flexibles
de valoración probatoria referidos en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2014; criterios que, si hubieran sido tenidos en cuenta,
habrían dado lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial. Trajo a colación
las consideraciones de la sentencia de unificación sobre el estándar probatorio y
puntualizó que existía una relación entre la ratio decidendi de la unificación y el sub
lite, pues la sentencia de unificación fijó reglas en torno a los topes indemnizatorios
por perjuicios morales en casos de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al DIH y la clasificación de perjuicios inmateriales denominada
afectaciones a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados,
ratio compatible con el presente caso, que se enmarca en una afectación a los
derechos humanos y al DIH, lo que hace obligatoria la aplicación de la unificación
al caso en concreto.

1.6.3. El Ministerio Público, por conducto de la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa, rindió el concepto número 141 del 1 de diciembre de
202118, en el que precisó que los hechos del litigo de reparación directa no podían
enmarcarse en las reglas fijadas por la sentencia de unificación, precisamente
debido a la ausencia de material probatorio, razón por la cual la sentencia de
unificación invocada no fue desconocida. En consecuencia, solicitó la
desestimación de la solicitud de anulación19.

12 Si bien la parte expresamente refirió el artículo 75 del CPC, el contenido que invocó se ajusta al del artículo

175 de la misma codificación.
13 Fl. 356 cdno.2
14 Fls. 390 a 393, cdno. ppal. Si bien inicialmente el recurso fue inadmitido, tal providencia fue objeto del recurso

de súplica, que finalmente dispuso su revocación.
15 Fl. 394, cdno. ppal
16 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado 3A201A8ABDA29E5A

72C09FD8B356EA09 865D2A8F2E88D87F B9B40ACC31158D56, ubicado en el índice 040.
17 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado C8D349F7D0D02027

6CB8AA8CF87D398B 6D04F9FAF209ABC9 BF65EC0A1AC221E1, índice 044.
18 Documento contenido en el expediente electrónico en SAMAÍ, con certificado 82811DE899850E9F

13CC9E2BF94A6AB1 2F4A1A6749C4CC9D 515DE308ADCB6918, índice 046.
19 Este concepto se rindió extemporáneamente, toda vez que se radicó el 1 de diciembre de 2021, a las 5:22pm,

según obra en el índice 046 de SAMAÍ.

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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

1.6.4. La demandada se pronunció de manera extemporánea sobre el recurso20.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de rigor, sin que exista causal alguna que invalide lo
actuado, procede la Sección Tercera del Consejo de Estado a decidir el asunto
sometido a su consideración. La decisión, metodológicamente discurrirá, así: (i)
presupuestos procesales, (ii) problema jurídico, (iii) naturaleza, objeto y alcance
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; (iv) análisis del recurso,
y (v) condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales

2.1.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 104 y 259 del CPACA y artículo 14.1 del Acuerdo 80 de
2019, proferido por la Sala Plena de esta Corporación. Así mismo, de conformidad
con el artículo 257 CPACA, el recurso extraordinario de unificación procede contra
las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en única o en segunda
instancia21. En el presente caso, atendiendo a que el recurso examinado se
interpuso contra una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en segunda
instancia y que se supera la cuantía exigida22, se declara su procedencia.

2.1.2. Este recurso fue interpuesto oportunamente, de acuerdo con el artículo 261
del CPACA, el cual prevé que el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial
deberá presentarse, a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la providencia atacada23 y sustentarse dentro de los veinte (20) días
siguientes al momento en el que el recurso sea concedido. En el caso en concreto,
como la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 13 de julio de 2017
cobró ejecutoria el 27 de julio de 201724, el término para interponer el recurso
extraordinario inició al día siguiente, de manera que vencía el 3 de agosto de 2017,
y como la parte interesada lo radicó el 1 de agosto de dicha anualidad25, se concluye
que se ejerció en término. Adicionalmente, la providencia del 30 de noviembre de
2017 que lo concedió, se notificó por estado el 4 de diciembre siguiente, de manera
que el término para sustentarlo vencía el 24 de enero de 2018 y como la parte

20 Índice 47 del SAMAI. El término para presentar alegatos corrió desde el 18 de noviembre de 2021 al 1 de

diciembre de 2021 y el demandado presentó sus alegaciones hasta el 3 de diciembre de 2021.
21 Lo que debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación de la Sección Segunda

del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2019, que dispuso que “el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es
procedente respecto de sentencias dictadas en procesos judiciales que se iniciaron, tramitaron y terminaron
bajo el impero de leyes anteriores a la vigencia de aquel, como lo es el Código Contencioso Administrativo. Ello
en virtud de su naturaleza extraordinaria y de lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA”. Consejo de Estado,
Sección Segunda, auto de unificación jurisprudencial del 28 de marzo de 2019, rad. 0288-15. Esta norma fue
modificada por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021, que acogió expresamente esta interpretación.
22 Tal como lo prevé el artículo 257 del CPACA, “Si el recurso recae sobre sentencias de contenido patrimonial

o económico, procederá cuando la cuantía de la condena o de las pretensiones de la demanda iguale o exceda
450 SMLMV para procesos de reparación directa”. En el presente caso, el proceso se tramitó en vigencia del
CCA. Así mismo, la sumatoria de las pretensiones de la demanda ascendió a la suma de DOS MIL
OCHOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
($2.861.835.100 ), valor que supera con creces los 450 SMLMV exigidos para cuando se interpuso el recurso
(el salario mínimo en Colombia en 2017 ascendió a la suma de $737.717).
23 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo

261. “Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito
ante el Tribunal Administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de esta”.
24 Esto, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal se notificó a las partes por edicto que se fijó el 19 de

julio de 2017 y se desfijó al término de tres (3) días finalizado el 24 del mismo mes y año.
25 Según sello de correspondencia por el Tribunal. Folio 344, C.2.

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descorrió la sustentación el 11 de enero de dicha anualidad26, su actuación se
efectuó en la oportunidad pertinente.

2.1.3. En cuanto a la legitimación, el artículo 260 del CPACA prevé que cualquiera
de las partes o los terceros que hayan resultado agraviados por la providencia se
encuentran legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Sin embargo, no está legitimado para interponerlo quien no hubiere
apelado la sentencia de primera instancia o adherido a la apelación de la parte
contraria, cuando el fallo de segunda instancia sea exclusivamente confirmatorio.

En el asunto sub judice Yon Edinson Rodríguez, Orleyda Avilés Rodríguez, Adriana
Jazmín Avilés Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez,
Daniel Avilés Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez y Yamile
Rodríguez están legitimados para interponer el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, porque conforman el extremo demandante del proceso de
reparación directa y el fallo recurrido revocó la decisión de primera instancia, de
manera que esta solo fue apelada por la demandada.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el escrito contentivo del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico:

¿La sentencia proferida el 13 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Tolima contravino la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado el
28 de agosto de 2014, dentro del proceso con radicación interna 32.988, toda vez
que el Tribunal realizó una valoración probatoria inflexible y aplicó con rigor el
principio de carga probatoria?

2.3. Naturaleza, objeto y alcance del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial

El fin del recurso extraordinario de unificación consiste en asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y la garantía de los derechos de
las partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida (artículo 256,
CPACA). El recurrente, a su vez, tiene la carga de indicar, con precisión, la
sentencia de unificación que estima contrariada y las razones que le sirven de
fundamento (art. 262.4 CPACA). Este recurso tendrá vocación de prosperidad
cuando la sentencia recurrida contraríe o se oponga a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado (artículo 258, CPACA) y, más concretamente, a la regla de
unificación en ella fijada.

Ahora, en la identificación de las providencias de unificación, debe tomarse en
consideración, que: (i) según el artículo 270 del CPACA, lo son aquellas que haya
dictado el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica o
social, por la necesidad de unificar jurisprudencia o precisar el alcance de las
divergencias interpretativas27; (ii) también lo son las proferidas para desatar el

26 Sustentación del recurso extraordinario de unificación. Fls 357 a 363, cdno 2.
27 A título ilustrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo identificó los siguientes eventos generales

en los cuales está llamada a operar la labor unificadora de la jurisprudencia: “- Cuando uno o varios de los
temas contenidos en la providencia respectiva hubieren merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición unificadora; || - Cuando uno o varios
de los temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las
disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión
o involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación; || -
Cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la

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mecanismo de revisión eventual en acciones populares o de grupo, que hayan sido
seleccionadas con el fin expreso de unificar jurisprudencia, de acuerdo con el
artículo 36 A de la Ley 270 de 199628; (iii) son así mismo, sentencias de unificación
las proferidas para desatar el recurso de súplica, previsto en el artículo 21 del
Decreto 2304 de 1989, contra providencias en las que se haya acogido un doctrina
contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado29-30; y (iv) por último, lo son las
dictadas en los asuntos remitidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por su importancia jurídica o trascendencia social, según el artículo 38 de la Ley
446 de 199831.

Los anteriores criterios materiales de identificación de las sentencias de unificación
pueden ser complementados con un criterio funcional, de carácter auxiliar, en el
cual se observa el órgano que profirió la providencia, que lo es el Consejo de Estado
en el pleno de su contencioso; y, dentro de este, las Salas Plenas de cada una de
las cinco (5) secciones que, por su especialidad, integran el pleno de la Sala
Contenciosa32 y, las Salas Especiales de Decisión33.

Por otra parte, la sentencia recurrida debe oponerse a la regla de unificación
invocada, de acuerdo con la ratio decidendi que motivó su adopción. Como lo ha
precisado la Sala34, las providencias de unificación tienen una fuerza vinculante
reforzada, que las hace objeto del recurso en comento, debido a que cumplen la
“función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable”35-36.
Pero, las sentencias de unificación tienen asimismo unas consecuencias jurídicas
subjetivas, circunscritas al caso concreto; y unos efectos generales, con
trascendencia erga omnes, en cuanto definen el alcance y sentido en el que deben
entenderse y aplicarse las normas cuya interpretación dio lugar a la elección del
asunto como objeto de unificación. Este último es el propósito primordial de este
tipo de providencias y, por ende, el que tiene una fuerza vinculante reforzada 37-38,
que es el que protege el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Ahora bien, el precedente judicial vinculante está conformado por la “conjunción
inescindible” de tres (3) elementos, como son: “(i) los hechos relevantes del caso a
decidir, (ii) la subregla o criterio jurisprudencial en el cual se soporta la decisión
adoptada por el juez o tribunal ─la ya comúnmente llamada ratio decidendi─ y (iii)
la parte resolutiva del correspondiente fallo ─decisum─”39. La identidad de patrones
fácticos supone que, en principio, se aplique una subregla jurisprudencial a casos

jurisprudencia de esta Corporación. || - Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido
objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado. […] Se reitera que los eventos antes
expuestos lo fueron únicamente a título enunciativo, por ello, su sola mención no excluye la posibilidad de que
con posterioridad y en atención a la finalidad de unificación de jurisprudencia puedan llegar a considerarse otras
hipótesis que harían posible la selección de la providencia para fines de revisión”. CONSEJO DE ESTADO,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de julio de 2009, radicación número 20001-23-31-000-
2007-00244-01(IJ) AG. Reiterado en: Auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 11 de
septiembre de 2012, radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
28 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008.
29 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena. Sentencia de 31 de agosto de 1988, expediente S-032
30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-104 de 1993.
31 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de C-180 de 2006.
32 Con fundamento en lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ─Reglamento Interno del Consejo

de Estado─.
33 En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019.
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2018, exp. 55972.
35 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-588 de 2012.
36 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 25 de septiembre de 2017, exp.

50892.
37 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012,

radicación número 17001-33-31-003-2010-00205-01(AP).
38 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-335 de 2008 y C- 252 de 2001.
39 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. 19957. CONSEJO DE

ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 11 de septiembre de 2012, radicación número
17001-33-31-003-2010-00205-01(AP). CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 31190

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Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

futuros; y la ratio decidendi conecta tales hechos con la parte resolutiva, definiendo
argumentativamente la subregla. En este orden de ideas, “solo serán subsumibles
en el campo de la sentencia de unificación, procesos que discutan hechos similares
que permitan hacer extensivo el precedente” 40; y en relación con “la ratio decidendi
del caso concreto” que “es la que resulta útil para tal efecto”41.

De esta forma, de acuerdo con lo expuesto en precedencia, se evita, de un lado,
que se pretenda aprovechar reglas que, pese a estar en la sentencia de unificación
no fueron materia de unificación42 y, de otro, que se aproveche el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, cual si fuera una etapa adicional para
reabrir el debate del proceso originario como si se tratara de una tercera instancia
para discutir, verbigracia, la valoración probatoria que efectuó el juez de la causa,
pues “el recurso extraordinario no se concibe como una nueva vía de discusión de
una causa jurídica, sino como una herramienta puntual para decantar criterios y
plasmar líneas de interpretación que perduren en el tiempo”43.

2.4. Análisis del recurso

Para efectos de resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
que fue sometido ante esta Corporación, la Sala verificará si se cumplen los
presupuestos que hacen procedente acoger la solicitud, lo que realizará
metodológicamente, en el siguiente orden: (i) la connotación de sentencia de
unificación de la cual se pretende hacer valer el criterio unificado; (ii) la identificación
de las reglas y subreglas unificadas; y (iii) la subsunción de las reglas unificadas al
caso concreto, para determinar si la sentencia impugnada contraría o se opone a la
providencia de unificación invocada.

2.4.1. La connotación de sentencia de unificación invocada

La Sala considera que, efectivamente, la sentencia expedida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014 (exp. 32.988), corresponde a una
sentencia de unificación porque: (i) fue expedida por el pleno de la Sección Tercera;
(ii) en la introducción se define como sentencia de unificación; (iii) fueron
enunciados los tópicos específicos que serían materia de unificación44; y (iv) tanto
en su parte motiva como resolutiva se encargó de unificar criterios frente a los
temas anunciados y sentó las subreglas de unificación.

2.4.2. Identificación de las reglas y subreglas unificadas en la sentencia
invocada

2.4.2.1. La Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia del 28 de agosto
de 2014 (exp. 32.988), unificó jurisprudencia en relación con (i) la reparación de los
perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados; y (ii) el tope indemnizatorio de los
perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene
su origen en graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
41 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 63.357. En el mismo

sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 58.317.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2023, Rad. 64.849.
43 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-179 de 2016.
44 En la parte introductoria de la referida sentencia se indicó: “Procede la Sala, previa unificación jurisprudencial

en relación con i) la excepción a los topes indemnizatorios de los perjuicios morales en casos en los que el daño
antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario y ii) en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales por
vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”.

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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

Para el primer nodo de unificación, concerniente a los perjuicios inmateriales
derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, estableció la siguiente regla: Se reconoce, dentro
del derecho de daños, una tercera categoría de daños inmateriales autónomos —
que no depende para su configuración de otros— denominada “afectaciones a
bienes o derechos constitucional o convencionalmente amparados”. Se trata de
vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso,
negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Tal
vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva. Debe ser
expresamente declarado por el juez y, se incardina en el principio de reparación
integral.

En desarrollo de la regla de unificación, se establecieron de forma unificada las
siguientes subreglas para la indemnización del mencionado perjuicio: (i) propende
por reparar plenamente a la víctima, esto es, restaurar sus derechos o bienes
constitucionales o convencionales afectados, enervar las causas de la lesión, poner
a la víctima en condiciones de disfrute del derecho lesionado, evitar afectaciones
futuras y garantizar el derecho a la igualdad sustancial; (ii) la reparación procede
de oficio, siempre que esté demostrada su existencia; (iii) se reconoce en favor de
la víctima directa y su núcleo familiar hasta el primer grado de consanguinidad,
incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas
denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que
se presumen entre ellos; (iv) se repara principalmente con medidas no pecuniarias,
no indemnizatorias; (v) excepcionalmente, si las medidas no pecuniarias son
insuficientes, podrá reconocerse únicamente en favor de la víctima directa una
indemnización pecuniaria de hasta 100 SMLMV, siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud,
dicho quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del
daño o a la naturaleza del bien o derecho afectado.

Para el segundo nodo de unificación, consistente en el tope indemnizatorio de los
perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene
su origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, se
estableció que, en asuntos excepcionales, la indemnización que se otorgue por
perjuicio moral podrá ser mayor al tope de 100 SMLMV para los casos de muerte
—quantum que deberá motivar el juez— cuando esté probado que el daño revistió
una considerable intensidad y gravedad, siempre y cuando el reconocimiento no
exceda el triple de los montos indemnizatorios inicialmente dispuestos.

Las anteriores fueron, por disposición expresa, las subreglas definidas en ejercicio
de la función de unificación y, por consiguiente, las que constituyen un precedente
jurisprudencial reforzado.

2.4.2.2. Como consideraciones adicionales, pero que no fueron enmarcadas
expresamente en el ámbito de las reglas de unificación, en la referida sentencia se
abordó la adopción de criterios flexibilizados para la apreciación y valoración de los
medios probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al DIH.

Dentro del acápite “[s]obre la validez de los medios de prueba” se dio un trato
privilegiado a los medios de prueba indirectos y a las inferencias lógicas, como una
forma de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en razón a
la innegable desigualdad de armas de las partes concurrentes al proceso.

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Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

Particularmente la Sala: (i) refirió que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha realizado exigencia probatorias mayores para los Estados en casos
de desaparición forzada y de ejecuciones sumarias, (ii) incorporó el contenido del
artículo 175 del CPC; y (iii) anunció que adecuaría la valoración probatoria a los
estándares que ya han sido reconocidos por los instrumentos internacionales. Sin
soslayar la importancia de estas consideraciones, al fallar un asunto de esta
naturaleza, lo cierto es que no fue objeto de unificación.

2.4.3. La subsunción de las reglas unificadas al caso concreto

2.4.3.1. En el siguiente cuadro se muestra la identidad o disparidad entre las
subreglas de unificación y las invocadas en el presente asunto, pues la sincronía
entre lo unificado y lo que se solicita aplicar determina la prosperidad del recurso
extraordinario de unificación.

Reglas de Unificación de la Reglas que se pretenden extender al
sentencia del 28 de agosto de 2014 caso
(i) Procedencia y forma de reparar los perjuicios (i) Criterios de valoración probatoria flexible por
inmateriales derivados de afectaciones tratarse de un asunto de graves violaciones a
relevantes a bienes o derechos convencional y Derechos Humanos y al DIH.
constitucionalmente amparados. (ii) Inversión del principio de la carga probatoria,
(ii) Tope indemnizatorio de los perjuicios por tratarse de un asunto de graves violaciones
morales en casos en los que el daño antijurídico a Derechos Humanos y al DIH.
resulta imputable al Estado por graves (iii) La valoración probatoria ajustada a los
violaciones a los DDHH y al DIH. estándares internacionales.

Así las cosas, aun cuando la sentencia de unificación abordó un asunto de
infracción al DIH y trató el tema de la flexibilización en la apreciación probatoria,
este no fue el objeto de la unificación. De ahí, que las reglas que pretende hacer
valer la parte actora quedaron expuestas dentro del fundamento general no
unificado y, por ende, no tienen la condición de ratio decidendi que sería extensible
a todos los casos análogos que compartan identidad. En otras palabras, en punto
a la eficacia probatoria, la providencia si bien trajo a colación los pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y refirió que, incluso, esta
Corporación en decisión anterior45, ya había tratado el tema de la flexibilización de
los estándares probatorios en materia de prueba documental, lo cierto es que la
Sala no le dio a este fundamento un carácter de unificación.

2.4.3.2. La Sala advierte, por demás, que el aludido desconocimiento del principio
de distinción y del lugar en que se presentaron los hechos, así como una eventual
inobservancia de que la muerte ocurrió en el marco del conflicto armado interno, y
una posible valoración soportada en conjeturas, que son las razones adicionales
por las que el recurrente aduce que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia es procedente, tampoco se fundan en las reglas unificadas con la
sentencia invocada, sino que corresponde a argumentos propios del debate surtido
en el trámite de reparación directa.

Con estos argumentos, se hace patente el interés que tiene la recurrente en reabrir
el debate propio del proceso originario, como si se tratara de una tercera instancia
judicial, al discutir, primordialmente, la valoración que de los testimonios y de las
documentales efectuó el Tribunal Administrativo del Tolima y, al poner de presente
los hechos que, a su juicio, quedaron probados, así como a descalificar el análisis
que llevó a cabo el Tribunal al catalogarlo de inadecuado y conjetural en contravía

45 Subsección B de la Sección Tercera. Sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939.

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Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

de lo previsto en el artículo 175 del CPC, todo lo cual permitiría solidificar la postura
en torno a la responsabilidad del ente estatal.

2.4.3.3. Así las cosas, al no estar satisfechos los supuestos para la prosperidad del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, será desestimado.

2.5. Costas

El artículo 267 del CPACA, establece que “si el recurso es desestimado, se
condenará en costas al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA46) prevé
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas y, en la medida de su comprobación.

Conforme a las reglas antes citadas, no se condenará en costas ni se fijarán
agencias en derecho por cuanto no se probó que se hubieran causado, pues si bien
es cierto que el extremo demandado descorrió el traslado de los alegatos, lo fue de
manera extemporánea47, y, además, actuó por conducto de apoderada judicial, sin
aportar el poder respectivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la
República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DESESTÍMASE el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por los demandantes, en contra de la sentencia del trece
(13) de julio de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

46 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).
47 Índice 47 del SAMAI. El término para presentar alegatos corrió desde el 18 de noviembre de 2021 al 1 de

diciembre de 2021 y el demandado presentó sus alegaciones hasta el 3 de diciembre de 2021.

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Radicado: 73001-33-31-005-2012-00016-01 (60999)
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros

MARÍA ADRIANA MARÍN FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrada Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

VF

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