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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02524-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02524-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal Administrativo de Nariño y por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mary Yolanda Rosero Ortiz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02524-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandante: Mary Yolanda Rosero Ortiz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02524-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02524-00
Demandante: MARY YOLANDA ROSERO ORTIZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Mary Yolanda Rosero Ortiz, en nombre propio, presentó acción de tutela
el 30 de abril de 2025, con el fin de solicitar que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia
y a «los derechos adquiridos con justo título, la seguridad social integral en conexión
con el régimen especial de la pensión gracia».

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A al proferir el fallo de 23 de octubre de
2024, mediante el cual decidió revocar la providencia de 4 de mayo de 2022, emitida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el número de radicado 52001-23-33-
000-2020-01019-00/01.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, Expediente No. 52001-23-33-000-2020-01019-01 (N.I.: 6451-2022) LA
SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, Consejero Ponente Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves al revocar la sentencia
del 04 de mayo de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y en su lugar
negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión
gracia, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la

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jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión gracia, el
acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y
demás que considere la Honorable Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 23 de octubre de 2024,
notificada el 27 de noviembre de 2024, con radicación No. 52001-23-33-000-2020-
01019-01 (N.I.: 6451 2022) carece de efectos legales.

TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere
prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva
sentencia evaluando de manera integral las pruebas documentales que obran en el
expediente, especialmente lo relacionado a mi primera etapa laboral, la cual fue antes
del 31 de diciembre de 1980 comprendida: (i) entre el 01 de septiembre de 1975 al
15 de junio de 1976 (Resolución No. 3442 de diciembre 20 de 2019), misma que es
válida para acreditar el tiempo de servicio para pensión gracia toda vez que
corresponde a una vinculación de tipo TERRITORIAL - MUNICIPAL.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el
fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional.1 (Mayúsculas
sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

La señora Mary Yolanda Rosero Ortiz interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-, con el fin de desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que le
negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Del referido proceso conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Nariño, autoridad judicial que, en sentencia de 4 de mayo de 2022, accedió
parcialmente a las pretensiones deprecadas. Para fundamentar su decisión, señaló
que, de conformidad con lo probado en el expediente, la demandante había
acreditado su vinculación con nombramiento territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, en calidad de docente del municipio de Ricaurte, entre el 1 de
septiembre de 1975 y el 15 de junio de 1976.

En ese orden, indicó que frente a la Resolución 3442 de 20 de diciembre de 2019,
expedida por el municipio de Ricaurte, mediante la cual se había reconstruido el
decreto de nombramiento y el acta de posesión de la actora, debía presumirse su
legalidad y validez, pues el trámite de reconstrucción contenía las constancias de la
pérdida de la documentación que daban cuenta de la vinculación de la señora
Rosero Ortiz, debido al incendio y ataque guerrillero sufrido en el año 2002, en las
instalaciones de la alcaldía municipal.

Conforme a lo anterior, concluyó que estaban satisfechos los requisitos para el
reconocimiento de la prestación reclamada, esto era, los 20 años de servicio, 50

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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años de edad, cumplidos el 15 de abril de 2008 y, el desempeño de las funciones
con honradez y decoro.

Contra la anterior decisión, el extremo pasivo del litigio interpuso recurso de
apelación del cual conoció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, corporación que, en fallo de 23 de octubre de 2024, revocó la providencia
impugnada, para en su lugar negar las súplicas rogadas en el contencioso.

En ese orden, advirtió que, el municipio de Ricaurte no había seguido el
procedimiento adecuado para la expedición de la Resolución 3442 de 20 de
diciembre de 2019, establecido en el Acuerdo 007 de 15 de octubre de 2014, del
Archivo General de la Nación.

Sobre el particular, indicó que, si bien se acudió a un informe policial que daba
cuenta del incendio ocurrido en las instalaciones del ente territorial donde se
encontraba la información de la demandante, lo cierto era que, no se advertía
ninguna gestión de búsqueda en bases de datos o copias del original de los
documentos, como lo sería en la institución educativa donde fue designada como
docente. Además, no se hizo referencia a la suerte de la investigación penal
adelantada por ese hecho o si la administración había identificado si la pérdida fue
total o que actuación había realizado para su recuperación.

Asimismo, advirtió que el acto administrativo de reconstrucción no contenía
información sobre cómo fue nombrada la señora Rosero Ortiz, esto es, quién la
designó, si la autoridad territorial o el Ministerio de Educación Nacional, la
procedencia de los recursos para sufragar sus salarios, la naturaleza de la plaza
ocupada, entre otros aspectos, luego, no se acreditó una vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, válida para el reconocimiento de la pensión
gracia reclamada.

La providencia de segunda instancia fue notificada el 27 de noviembre de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de cada uno de
ellos en su caso, alegó que en la sentencia censurada se incurrió en los defectos
fáctico, procedimental, por desconocimiento de precedente y de violación directa de
la Constitución.

En relación con el primero de los yerros, la tutelante manifestó que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado valoró de forma inadecuada su
primera vinculación al servicio docente, acaecida antes del 31 de diciembre de 1980,
para el municipio de Ricaurte, situación que estaba reconstruida en la Resolución
3442 de 20 de diciembre de 2019, la cual, además de indicar que ésta se produjo
entre el 1° de septiembre de 1975 y el 15 de junio de 1976, también contenía el acta
de la audiencia de reconstrucción del expediente administrativo.

Respecto del segundo cargo, advirtió que éste se presentó en atención a que la
autoridad judicial accionada se apartó de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley
1437 de 2011, en atención a que la Resolución 3442 de 20 de diciembre de 2019,

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goza de presunción de legalidad y, en ese orden, debía tenerse en cuenta la
información allí contenida sobre su vinculación inicial. Asimismo, alegó que el ad
quem optó por dar prioridad a las formalidades y no a la realidad de su situación,
esto era, lo relativo a su labor como docente para el ente territorial, con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, lo cual estaba acreditado con el acto administrativo en
comento.

Por otra parte, aseveró que se desconoció la sentencia de unificación SUJ-SII-2018
del Consejo de Estado, pues, si bien la corporación accionada la había nombrado,
no la aplicó, comoquiera que, de conformidad con esta providencia, el operador
judicial debe ceñirse a lo consagrado en los actos administrativos de nombramiento
y posesión para efectos de definir el tipo de vinculación del docente, que en su caso,
dicha información estaba contenida en la Resolución 3442 de 20 de diciembre de
2019.

Finalmente, manifestó que el defecto por violación directa de la Constitución se
presentó con ocasión del desconocimiento de su primera etapa laboral como
docente, acaecida antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual le daba derecho a la
pensión gracia; por consiguiente, en su sentir, se trasgredieron sus derechos
fundamentales.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 5 de mayo de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de
accionada, y le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de Nariño [autoridad
judicial de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho],
y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- [parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la
parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

El magistrado ponente de la decisión censurada solicitó que se declare
improcedente el mecanismo de amparo deprecado, en atención a que la intensión
de la tutelante era convertirlo en una instancia adicional, al pretender reabrir el
debate probatorio, por el simple hecho de no estar de acuerdo con la conclusión a
la que llegó la corporación respecto del trámite realizado para la reconstrucción del
expediente administrativo de la demandante, así como del análisis efectuado sobre
el contenido del acto administrativo que dispuso dicha actuación.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño

El referido tribunal solicitó su retiro del presente trámite, en atención a que los
reparos de la tutela estaban dirigidos contra la decisión de segunda instancia. De
otra parte, remitió los enlaces de acceso al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 52001-23-33-000-2020-01019-00/01.

1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

La entidad en mención alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y, como
consecuencia, pidió que sea separada de la tutela en estudio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Mary Yolanda Rosero Ortiz, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Tribunal Administrativo de Nariño y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en sus
intervenciones deprecaron su desvinculación del presente proceso, lo cual será
negado, en atención a que su participación en este trámite se dispuso en atención
al interés que le asiste, dada la calidad de juez de primera instancia y de parte
demandada, respectivamente, en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho donde se dictó la decisión cuestionada, luego, se les debe garantizar
sus derechos de defensa y contradicción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 23 de octubre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó el fallo de 4 de mayo
de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que

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promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social -UGPP-.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso
concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o

2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 7.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del
porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no
tienen la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.

En efecto, si bien la actora planteó la configuración de los defectos fáctico,
procedimental, por desconocimiento de precedente y de violación directa de la
Constitución, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación SU-215
de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar las
consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se
materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.

Se reitera que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a la decisión de segunda instancia a partir de la configuración de
determinados defectos, pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que
permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso
concreto.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial atentaría contra el principio de
autonomía judicial y, así se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia.

En segundo lugar, la parte demandante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
valoración de las pruebas arrimadas al proceso, en la forma que a ella le parece
«correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo
constitucional crear una instancia adicional, en la que se analice nuevamente el

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acervo probatorio recaudado en el contencioso y además, obtener una decisión
favorable.

Ello es así, por cuanto los reparos que planteó la tutelante, tienen como finalidad la
imposición de su criterio hermenéutico sobre el que primó para el juez de segunda
instancia, especialmente sobre la Resolución 3442 de 20 de diciembre de 2019,
expedida por el municipio de Ricaurte, mediante la cual se reconstruyó el decreto
de nombramiento y el acta de posesión de la señora Mary Yolanda Rosero Ortiz
como docente.

Sobre este punto, es preciso mencionar que esta actividad es un ejercicio intelectivo
en el que el juez, aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas de la
experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo cual, se
encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las autoridades
judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos8, no es viable su reproche en
esta instancia judicial.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la autoridad judicial accionada en
el presente asunto, es el órgano de cierre judicial, lo cual, conforme lo expuso la
Corte Constitucional, impone acreditar una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales, lo cual no se avizora.

En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la señora Rosero Ortiz busca mutar el amparo constitucional
en una tercera instancia.

Aunado a lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

8 El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero, respecto de

aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario judicial incurre en tal defecto
cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta las reglas de la lógica deóntica al establecer
la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia acudiendo a su propio capricho, (iii) no valora íntegramente el
acervo, o (iv) funda su convencimiento en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas. Segundo, si el
legislador establece que del elemento probatorio p debe seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye
algo distinto sin ofrecer una justificación para ello (v. gr. la probada falsedad del documento). En cualquiera de
los dos eventos antedichos, el juez desconoce el derecho al debido proceso de las partes y, en consecuencia,
vía tutela, la decisión podrá dejarse sin efectos.

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Demandante: Mary Yolanda Rosero Ortiz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02524-00

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal
Administrativo de Nariño y por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Mary Yolanda Rosero Ortiz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.

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