Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Relevancia constitucional: incumplimiento/ excede el tiempo establecido
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: RODOLFO PINTO
Accionado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia/ REQUISITO DE INMEDIATEZ Y
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL– Incumplimiento/ excede el tiempo establecido
como razonable para su interposición y utiliza la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la acción de tutela promovida por Rodolfo Pinto contra la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación, con ocasión de la expedición de las
sentencias del 9 de noviembre de 2006 y el 25 de octubre de 2007, dictadas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
68001-23-15-000-2001-03259-00/01. A juicio del tutelante, dichas providencias
trasgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, así
como los principios de legalidad, transparencia, favorabilidad y progresividad.
ANTECEDENTES
2. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, motivo por el cual, para mayor claridad se expondrán: (i) los hechos que
dieron origen al proceso ordinario; y (ii) los argumentos que fundamentaron la
interposición de la acción de amparo constitucional, así como las pretensiones
formuladas por el demandante.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Antecedentes del proceso ordinario
3. Rodolfo Pinto laboró en la Universidad Industrial de Santander1 entre el 1 de
abril de 1965 y el 30 de junio de 1989, por un total de 24 años y 3 meses.
4. Se retiró a partir del 1 de julio de 1989, tras el reconocimiento de la pensión
mensual vitalicia de jubilación mediante la Resolución No. 0414 de 10 de julio de
1989, expedida por la Caja de Previsión Social de la UIS- CAPRUIS.
5. El reconocimiento pensional se fundamentó en la Ley 6 de 1945, Ley 171 de
1961 y el parágrafo del artículo 221 del Reglamento de Personal Administrativo de
la UIS, que establecía el cálculo del 100% del promedio de salarios y primas del
último año.
6. En 2001, la UIS interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Resolución No. 0414 de 10 de julio de 1989, radicada bajo el número 001
03259-00.
7. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 9 de
noviembre de 2006, declaró la nulidad parcial del acto administrativo que le
reconoció la pensión, al inaplicar el parágrafo del artículo 221 del Reglamento de
Personal Administrativo de la UIS y en consecuencia ordenó la reliquidación de la
pensión al 75% conforme al artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
8. La decisión fue apelada y, mediante sentencia del 25 de octubre de 2007, la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación confirmó la decisión
adoptada en primera instancia.
Fundamentos de la demanda de tutela
9. El tutelante alegó que la sentencia atacada incurrió en un defecto fáctico, por
cuanto no tuvo en cuenta que la pensión mensual vitalicia de jubilación le fue
reconocida conforme al parágrafo del artículo 221 del Reglamento de Personal
Administrativo de la UIS, aprobado mediante Acuerdo 074 de 1980, que establece
el derecho a una pensión equivalente al 100% del promedio salarial del último año.
Adicionalmente, el accionante señaló que al 29 de enero de 1985, fecha de
expedición de la Ley 33 de 1985, ya contaba con 19 años, 9 meses y 28 días de
servicio, por lo que era cobijado por el régimen de transición previsto en el parágrafo
1 En adelante “IUS”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2 del artículo 1 de dicha ley, que permitía acceder a la pensión al cumplir los 50
años.
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Su Honorable Señoría, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión
inmediata de la acción perturbadora de mi derecho, declarando la nulidad
o revocando la sentencia del 25 de octubre de 2007 del Honorable
Consejo de Estado, consejero Ponente, Doctor JAIME MORENO
GARCÍA, y a su vez, se ordene revocar sentencia del 9 de noviembre de
2006 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, para que
mantenga la legalidad de la Resolución Nro. 0414 del 10 de Julio de 1989
y además, se ordene el restablecimiento de mi derecho afectado según
la Resolución Nro. 1066 del 20 de Julio de 2008, que disminuyo la
mesada pensional en un 25%, en cumplimiento de las normas jurídicas,
atendiendo que persiste y es vigente la violación del ordenamiento
jurídico, legal y constitucional, por presentarse una nulidad absoluta”
Trámite en primera instancia
11. Mediante auto del 6 de mayo de 20252, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó notificar a la
parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como
vincular la Universidad UIS y su respectiva Caja de Previsión Social- CAPRUIS.
Intervenciones
12. La Universidad Industrial de Santander3 y la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación4 solicitaron declarar improcedente la presente
acción, al considerar que no se satisface el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia cuestionada fue proferida en el año 2007, es decir, 17 años después de
la interposición de esta acción constitucional. Además, indicaron que lo pretendido
por el actor es reabrir un debate ya resuelto dentro del proceso ordinario,
convirtiendo la acción de tutela en una tercera instancia.
2 Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_3ADMITE20250256700RO(.pdf) NroActua 4.
3 Índice electrónico 09 de SAMAI. 10_MemorialWeb_Respuesta-ContestacionTutela_(.pdf)
NroActua 9.
4 Índice electrónico 010 de SAMAI. 13CONTESTACIONDE_Informedetutela20250(.pdf) NroActua
10.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 20195.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
14. Le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
satisface los requisitos formales de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia
para controvertir decisiones judiciales a través del recurso de amparo,
particularmente los presupuestos de inmediatez y relevancia constitucional.
15. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el análisis del caso concreto,
conforme a los documentos que obran en el expediente.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
16. En la sentencia C-590 de 20056, la Corte Constitucional sistematizó los requisitos
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En dicha
decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter general, y
requisitos de carácter específico.
17. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su totalidad,
para que el juez pueda asumir el conocimiento del caso, y una vez superados
proceder al análisis de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión
a los defectos presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa
directa de la vulneración de los derechos fundamentales.
5 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
6 M.P: Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
18. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de
tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales
de procedencia:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
(subrayas por fuera del texto original)
19. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos de procedibilidad formal exigidos para su admisión.
El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales
20. De lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional7 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en cualquier
momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad.
21. Aunque el Tribunal Constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse
dentro de un plazo razonable, contando a partir del hecho que origina la presunta
7 Sentencia T-246 de 15. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
vulneración del derecho fundamental. En los casos en que la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho término se computa desde el momento en que la
decisión es notificada y, por ende, conocida por las partes.
22. En este contexto, aunque la Corte no haya fijado un término de caducidad, si
estableció que un lapso de 6 meses8 puede ser considerable para establecer la
razonabilidad del plazo. Así, cuando se supere dicho límite sin una justificación
válida, podría configurarse la falta del requisito de inmediatez, lo que conduciría a
la improcedencia de la acción de tutela.
23. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 20189, estableció que le
corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, con el fin de determinar si la acción de tutela fue interpuesta
dentro del plazo razonable, o si, por el contrario, existe una justificación válida que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Sobre este punto la Corte precisó que:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como
podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la
tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente
nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es
decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de
sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda
que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término
de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que
se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que
requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato
preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que
‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan’.” (Subrayas fuera del texto original)
24. En ese sentido, el juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
8 Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2019. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
9Corte Constitucional. M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.
El requisito de relevancia constitucional.
25. La Corte Constitucional indicó10 que, la tutela contra providencias judiciales
no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar providencias, ni
remplazar los recursos ordinarios. Para que una acción tenga relevancia
constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos
fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.
26. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional11:
“(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten
directamente los derechos fundamentales y (iii) evitar que la tutela se
convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces”.
27. En suma, la relevancia constitucional busca preservar la competencia de los
jueces ordinarios, restringir la tutela a casos excepcionales y proteger efectivamente
los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados de manera grave
por decisiones judiciales.
Análisis del caso concreto
28. Rodolfo Pinto promovió acción de tutela contra la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección A de la Sección Segunda de
esta corporación, al emitir las sentencias del 9 de noviembre de 2006 y el 25 de
octubre de 2007, respectivamente. A juicio del accionante, dichas providencias
trasgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, así
como el principio de legalidad, transparencia, derechos adquiridos, favorabilidad y
progresividad.
29. La Sala considera que no se cumple el requisito general de inmediatez, dado
que la presente acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
10 Corte Constitucional, sentencia SU-033 de 2018. M.P: Alberto Rojas Ríos.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
jurisprudencia ha considerado como razonable, el cual tratándose de providencias
judiciales gira en torno a 6 meses desde el conocimiento de las partes de la
sentencia que a su juicio vulneró sus derechos fundamentales.
30. En el caso concreto, el fallo judicial cuestionado fue notificado por edicto el
22 de enero de 200812, mientras que el mecanismo de amparo constitucional fue
radicado el 2 de mayo de 202513, es decir, 17 años después. Dicho lapso excede el
margen temporal de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como razonable
para cumplir con el requisito de inmediatez, salvo la existencia de una circunstancia
excepcional que permita justificar una demora superior.
31. Ahora bien, del análisis del escrito de tutela no se observa la exposición de
ninguna causa extraordinaria que explique de forma razonable la tardanza en la
interposición de la acción, lo cual resulta indispensable para flexibilizar el plazo
referido. La ausencia de justificación impide considerar cumplido este presupuesto
de procedencia.
32. En consecuencia, se concluye que la acción de amparo constitucional fue
promovida por fuera del plazo razonable fijado por la jurisprudencia para afectos de
acreditar el requisito de inmediatez, razón por la cual se declarara improcedente.
33. Por otra parte, respecto del examen del requisito de relevancia constitucional,
esta corporación verifica que, la argumentación invocada por el actor no supera
dicho requisito, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar razones que ya
fueron resueltas en las dos instancias del proceso ordinario14.
34. A juicio de esta Sala, el requisito de relevancia constitucional exige que el
actor no solo invoque un derecho fundamental, sino que además demuestre de
manera clara y concreta cómo la decisión judicial impugnada vulnera dicha garantía.
El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión
la forma en que estos han sido afectados, evitando que la tutela se convierta en un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
12 Índice electrónico 013 de SAMAI de la la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación.
13 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 2 de mayo de 2025.”
14 Identificado con número: 68001-23-15-000-2001-03259-00/01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
35. Resulta notorio que la presente acción de tutela es utilizada como una
instancia adicional para reiterar las mismas inconformidades que ya fueron
ampliamente analizadas y resueltas en el proceso contencioso administrativo. Es
preciso recordar que la tutela no constituye una instancia adicional ni un recurso
alternativo frente a providencias desfavorables, especialmente cuando las
cuestiones planteadas fueron objeto de un análisis en el proceso ordinario, donde
se valoraron los medios probatorios y se adoptó una decisión conforme al
ordenamiento jurídico.
36. Por último, es pertinente advertir que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales emitidas por una alta Corte debe ser analizada con
un criterio de excepcionalidad y estricta rigurosidad, dado que se trata de decisiones
adoptadas por el máximo órgano de la jurisdicción competente. En consecuencia,
su procedencia no puede fundamentarse en una mera discrepancia con el fallo
judicial, sino que exige la demostración clara y suficiente de que la providencia
impugnada ha generado una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, derivada de una actuación arbitraria, irrazonable o contraria a los
principios constitucionales.
37. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de
restringir la procedencia de la tutela contra providencias judiciales proferidas por
altas cortes, resaltando su importancia en el sistema jurídico. En este sentido, ha
señalado lo siguiente15:
“Así, por ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y
SU-149 de 2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva
de la tutela contra providencias de las altas cortes, en tanto sus
decisiones, como órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del
principio de igualdad”.
38. En el presente caso, el instrumento de defensa constitucional fue formulado
contra una providencia proferida por una Alta Corte, lo que exige un análisis de
procedencia más estricto y una carga “argumentativa cualificada” por parte del
peticionario. Dado su carácter excepcional, la solicitud de amparo en este contexto
solo resulta procedente cuando se demuestra de manera clara y contundente la
existencia de una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación contraria al ordenamiento constitucional.
15 Corte Constitucional, sentencia SU 215 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
39. Del escrito de tutela no se desprende que la decisión censurada haya sido el
resultado de un ejercicio judicial caprichoso o infundado, ni que haya generado una
vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez
constitucional. Por el contrario, lo que realmente busca el solicitante es reabrir un
debate que ya fue analizado y resuelto dentro del proceso ordinario.
40. En ese orden de ideas, se declarará improcedente la presente acción de
amparo constitucional, en la medida que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia. En primer lugar, no se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la solicitud de amparo fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia
ha considerado como razonable. En segundo lugar, tampoco se satisface el
requisito de relevancia constitucional, de manera que el accionante pretende utilizar
la tutela como una instancia adicional para reiterar argumentos que ya fueron
examinados en el proceso ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Rodolfo Pinto,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02567-00
Accionante: Rodolfo Pinto
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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