Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06679-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06679-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06679-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06679-01
Demandante RODOLFO PINTO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de tutela.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia
constitucional. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Cuantía pensión de jubilación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Rodolfo Pinto contra el fallo
de tutela de 5 de diciembre de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones ut supra».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de octubre de 2025, el señor Rodolfo Pinto interpuso acción de tutela, en
nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social con
ocasión de la sentencia de 10 de julio de 2025 proferida en el curso de la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Su Honorable Señoría, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción
perturbadora de mi derecho, declarando la nulidad o revocando del FALLO DE TUTELA DE
SEGUNDA INSTANCIA proferido el diez (10) de julio de dos mil veinticinco(2025) por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
PRIMERA, CONSEJERA PONENTE: Doctora NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, y a su
vez, se ordene revocar sentencia del 9 de Noviembre de 2006 el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, para que mantenga la legalidad de la Resolución Nro.
0414 del 10 de Julio de 1989 y además se ordene el restablecimiento de mi derecho afectado
según la Resolución Nro. 1066 del 20 de Julio de 2008, que disminuyo la mesada pensional
en un 25%, en cumplimiento de las normas jurídicas, atendiendo que persiste y es vigente la
violación del ordenamiento jurídico, legal y constitucional, por presentarse una nulidad
absoluta» (transcripción literal).
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en el año 2001
2.1. Mediante Resolución 0414 del 10 de julio de 1989, la Caja de Previsión Social
de la Universidad Industrial de Santander le reconoció pensión de jubilación al
señor Rodolfo Pinto, en cuantía equivalente al 100% del promedio de salarios
y primas devengadas en el último año de servicio.
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Demandante: Rodolfo Pinto
2.2. En el 2001, la Universidad Industrial de Santander presentó acción de nulidad
y restablecimiento del derecho (lesividad), con el fin de anular parcialmente su
propio acto administrativo en el cual le reconoció la pensión de jubilación al
señor Rodolfo Pinto, únicamente en lo que respecta a la cuantía reconocida.
La Universidad argumentó que en el caso no eran aplicables las Leyes 6º de
1945 y 171 de 1961, así como tampoco el Reglamento del Personal
Administrativo de la Universidad, con base en los cuales se fundamentó el
reconocimiento pensional.
Según la Universidad, dada la calidad de empleado público del señor Rodolfo
Pinto, le era aplicable el régimen establecido en la Ley 33 de 1985. Conforme
a este último, el empleado oficial que hubiere servido 20 años continuos o
discontinuos y que llegara a la edad de 55 años tenía derecho a una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes del último año de servicios.
2.3. En sentencia de 9 de noviembre de 2006, el Tribunal Administrativo de
Santander (radicado 68001-23-15-000-2001-03259-00) declaró la nulidad parcial
del acto administrativo demandado de reconocimiento pensional «sólo en lo que
corresponde a la cuantía de la pensión mensual vitalicia de jubilación en ella reconocida». En
consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión «al 75% conforme al artículo
1º de la Ley 33 de 1985».
Tal decisión se fundamentó en que la cuantía de la pensión se reconoció en
una suma superior a la que legalmente le correspondía al actor.
2.4. La Universidad Industrial de Santander apeló la sentencia de primera instancia
por considerar que debía ordenársele al señor Rodolfo Pinto reintegrar las
sumas de dinero que percibió de más por concepto de pensión de jubilación.
2.5. En sentencia de segunda instancia del 25 de octubre de 2007, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó la providencia apelada.
Acción de tutela interpuesta en el año 2025
2.6. El señor Rodolfo Pinto interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por considerar que tales autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de las sentencias de 9 de noviembre de
2006 y 25 de octubre de 2007.
2.7. Mediante fallo de 30 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A (radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00) declaró
improcedente la solicitud de amparo, a falta de cumplimiento de los requisitos
de inmediatez y relevancia constitucional.
2.8. La anterior decisión fue impugnada por el señor Rodolfo Pinto.
2.9. En sentencia de 10 de julio de 2025 (providencia controvertida), el Consejo de
Estado, Sección Primera confirmó la sentencia de tutela de primera instancia.
Explicó que el fallo atacado de 25 de octubre de 2007 fue notificado a las
partes por edicto el 18 de enero de 2008. Seguido, indicó que la tutela se
interpuso el 2 de mayo de 2025, lo cual significa que transcurrieron 17 años, 3
meses y 13 días desde la notificación de la sentencia atacada.
Agregó que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se
encontrara en un estado de debilidad manifiesta que justificara la tardanza en
la presentación de la acción de tutela contra la providencia que presuntamente
vulneró sus derechos fundamentales invocados.
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Demandante: Rodolfo Pinto
3. Fundamentos de la acción
La parte actora censuró que en el curso de la acción de tutela 11001-03-15-000-
2025-02567-00 no se haya flexibilizado el requisito de inmediatez, pues existen
sentencias sobre asuntos pensionales en las que este requerimiento de
procedibilidad no se aplica de forma estricta, siempre que se advierta que la
afectación es actual y continua.
Reprochó que se haya concluido que no hay justificación para la tardanza sin haber
tenido en cuenta la naturaleza de la pensión y la afectación mensual por la
disminución de la mesada. A su juicio, tales circunstancias son suficientes para
exceptuar la regla de los seis meses. Sostuvo que incluso el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 que «es una norma procesal de la jurisdicción contenciosa» reconoce que es
posible demandar los actos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas en
cualquier tiempo. Consideró, entonces, que su caso fue resuelto sin realizar un
«análisis profundo de la posible armonización entre la norma procesal y la doctrina constitucional
sobre inmediatez en casos de derechos pensionales».
Afirmó que en el marco de la tutela 11001-03-15-000-2025-02567-00 alegó la
existencia de una omisión probatoria relevante y el desconocimiento del parágrafo
del artículo 221 del reglamento de la Universidad y del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985. Sin embargo, en el curso de esa acción no se verificó si
efectivamente existió ese defecto fáctico, pues se descartó el estudio de fondo, por
el presunto incumplimiento del requisito de inmediatez.
Consideró que se desconoció el precedente constitucional sobre sujetos de especial
protección, así como las sentencias SU-354 de 2017 y T-1028 de 2010 en las que
se dispusieron, según el actor, que «aun con dudas sobre inmediatez, debe evaluarse si
existe un perjuicio irremediable o un grave defecto judicial».
Agregó que en las sentencias T-418 de 2010 y T-080 de 2012 de la Corte
Constitucional y en la sentencia de 26 de abril de 2018 del Consejo de Estado se
estableció que las reducciones sustanciales de las mesadas implican un perjuicio
irremediable que habilita la tutela dada la afectación al mínimo vital.
En suma, concluyó que la autoridad judicial accionada aplicó de forma restrictiva el
requisito de inmediatez, no armonizó la norma procesal favorable con la
jurisprudencia constitucional, limitó el análisis a una sola providencia, omitió estudiar
de fondo el defecto fáctico y el perjuicio irremediable e impuso requisitos adicionales
no previstos en el precedente más garantista.
Por último, mencionó que las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentran afectadas de
nulidad absoluta, porque el reconocimiento pensional se fundamentó debidamente
en el parágrafo del artículo 221 del Reglamento de Personal Administrativo de la
Universidad. Tal norma permitía que la cuantía de la mesada fuera el 100% del
promedio de los salarios y primas devengados en el último año de servicios.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 28 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Rodolfo Pinto en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado. Asimismo, se vinculó a la Universidad Industrial de
Santander, al Tribunal Administrativo de Santander, al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A y Sección Tercera, Subsección A de la misma
Corporación; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que fungió como
juez de segunda instancia en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, manifestó que la tutela interpuesta no cumplió con el presupuesto de
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Demandante: Rodolfo Pinto
inmediatez, ya que no existió un plazo razonable entre la notificación de la
providencia enjuiciada y la presentación de la acción de tutela. Es así debido
a que transcurrieron más de 6 meses entre una y otra. Además, no se dieron
razones que justificaran la inactividad de la parte actora.
Consideró que tampoco se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate ya
zanjado por la autoridad competente en el marco de sus competencias. En
otras palabras, someter su pleito a una instancia adicional.
De otro lado, indicó que el mismo asunto ya fue objeto de estudio por el juez
de tutela bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-02567-00/01, en el cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela. En ese orden de ideas, afirmó
que las providencias de tutela de 30 de mayo y 10 de julio de 2025 fueron
proferidas en el marco de una acción de tutela, respecto de las cuales no logra
advertirse la configuración de los presupuestos previstos en la sentencia SU-
627 de 2015 de la Corte Constitucional, entre ellos el de fraude.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que fungió como
juez de tutela de primera instancia en la acción 11001-03-15-000-2025-02567-
00, sostuvo que no es procedente efectuar un estudio de fondo de la nueva
tutela, en tanto esa se dirige a cuestionar una decisión judicial proferida en otro
proceso de igual naturaleza.
La jurisprudencia constitucional ha considerado excepcional este tipo de
tutelas con miras a evitar una prolongación indefinida de las controversias, en
detrimento de principios esenciales como la seguridad jurídica y la protección
real, estable y oportuna de los derechos fundamentales. Además, aseguró que
en el caso no se configuran los presupuestos excepcionales que habilitan la
interposición de una demanda de amparo de derechos fundamentales contra
un fallo de tutela.
Además, aseguró que la argumentación del actor está orientada a cuestionar
la sentencia del 25 de octubre de 2007, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se examinó la legalidad de los actos de
reconocimiento pensional. Esto también resulta improcedente por la falta de
razonabilidad en el lapso que el demandante tardó en acudir a la justicia
constitucional.
Por las razones expuestas, consideró que la acción de tutela es improcedente
por no cumplir con los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia
para la procedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza.
4.4. La Universidad Industrial de Santander informó que en el año 2009 el señor
Rodolfo Pinto interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander.
Esta correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que en
sentencia del 26 de marzo de 2009 la declaró improcedente.
Informó que en el año 2016 el señor Rodolfo Pinto presentó otra acción
constitucional contra la Universidad, tramitada bajo el radicado 2016-00078
que pretendía el reajuste «de la mesada pensional al 100% como lo venía percibiendo
desde el momento que adquirí mi estatus pensional». Esta acción correspondió en
primera instancia al Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bucaramanga que en fallo de fecha 12 de octubre de 2016
la declaró improcedente. Decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia de 29 de
noviembre de 2016.
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Demandante: Rodolfo Pinto
Sostuvo que en el curso de esa tutela las dos autoridades judiciales resaltaron
que el señor Rodolfo Pinto no hizo uso del recurso de apelación en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que la sentencia de primera
instancia de 9 de noviembre de 2006 fue desfavorable a sus pretensiones. De
manera que lo pretendido es revivir términos procesales ampliamente
agotados.
Asimismo, el 2 de mayo de 2025 el accionante instauró una nueva acción de
tutela, pese a que había transcurrido más de 17 años desde la fecha en que
fue proferida la providencia judicial que pretende sea revocada.
Así las cosas, aseguró que el señor Rodolfo Pinto ha interpuesto acciones
constitucionales sobre el mismo asunto en los años 2009, 2016 y ahora 2025
con el mismo objeto. De ahí que el actor pretende nuevamente revivir términos
procesales que han fenecido y utilizar la presente acción para controvertir, por
segunda vez en sede de tutela, aspectos que fueron resueltos vía judicial
desde el año 2007.
Aseguró que la presente tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
debido a que la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado fue proferida en el año 2007.
Tal circunstancia demuestra que los derechos fundamentales invocados por el
tutelante no se encuentran en inminente vulneración o amenaza. A su vez,
indicó que la tutela se está empleando como una tercera instancia, para
manifestar el desacuerdo del actor con las decisiones de primera y segunda
instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la Universidad Industrial de Santander.
Por ende, afirmó que no se encuentran satisfechos los requisitos genéricos
para la procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, así como
tampoco los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-627 de 2015 para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencia de tutela. En especial no se cumple con la condición referente a que
la acción de tutela no comparta identidad procesal con la sentencia
controvertida, ya que en de las 3 acciones constitucionales instauradas por el
señor Rodolfo Pinto existe identidad procesal.
Con base en lo expuesto, concluyó que no existe vulneración de derechos
fundamentales del actor. Insistió que el señor Rodolfo Pinto no presentó
recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia ordinario y ahora
pretende que casi 18 años después este sea revocado. Además, resaltó que
actualmente el tutelante goza y disfruta de su pensión mensual vitalicia de
jubilación la cual se le ha venido cancelando y efectuando los reajustes de ley.
Por lo expuesto, solicitó desestimar las pretensiones del tutelante.
4.5. El Tribunal Administrativo de Santander, como juez de primera instancia en
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, debido a que no se configura ninguno de
los defectos alegados por el accionante. Agregó que la tutela es improcedente
por inmediatez, teniendo en cuenta que la decisión controvertida data de 2007.
4.6. El Consejo de Estado, Sección Primera, que fungió como juez de tutela de
segunda instancia en la acción 11001-03-15-000-2025-02567-01, sostuvo que
en el caso no se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos para este
tipo de asuntos por la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015. Allí
se dispuso que la acción de tutela contra sentencias dictadas dentro de
procesos de la misma naturaleza es improcedente por regla general, excepto
cuando exista fraude. Sin embargo, tal elemento no está probado en el caso
bajo estudio. Por lo tanto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela.
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5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C declaró la improcedencia de la acción, puesto que en el
asunto no se configura la cosa juzgada fraudulenta. Por el contrario, dicha autoridad
judicial consideró que la tutela interpuesta busca manifestar una inconformidad
frente al análisis jurídico realizado por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la tutela de radicado 11001-03-15-000-2025-02567-01.
La Sección Tercera, Subsección C aseguró que el actor no hizo alusión a hechos
que permitan colegir la existencia de una decisión fraudulenta, ni aportó elementos
probatorios que acrediten tal circunstancia. En su criterio, los cargos formulados por
la parte tutelante se limitan a expresar su desacuerdo con lo decidido en el trámite
constitucional de radicado 11001-03-15-000-2025-02567-01 y a manifestar
inconformidades frente al criterio de la autoridad judicial accionada. Teniendo en
cuenta esas circunstancias, la autoridad judicial aseguró que no es posible
pronunciarse nuevamente sobre una cuestión que ya fue planteada y resuelta en el
marco de otra acción de igual naturaleza.
6. Impugnación
El tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia insistiendo en los
cargos expuestos en el escrito de tutela.
Aseguró que el juez de tutela incurrió en una interpretación excesivamente
restrictiva y errónea del concepto de fraude constitucional. A su vez, afirmó que en
la providencia impugnada se omitió analizar, para efectos del estudio de inmediatez,
el hecho de que el asunto versa sobre una prestación periódica de carácter vitalicio.
Como la afectación se renueva mes a mes y, por ende, la vulneración es actual y
permanente, el requisito de inmediatez debe flexibilizarse.
Igualmente, indicó que el juez de tutela de primera instancia no analizó su condición
de sujeto de especial protección constitucional, ni valoró la existencia de un perjuicio
irremediable, consistente en la reducción sustancial y permanente de su ingreso
pensional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala observa que en la tutela objeto
de esta sentencia el actor expresó su inconformidad frente a lo decidido en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho por considerar que no debía disminuirse
la cuantía de la mesada pensional. Sin embargo, se resalta que acorde con las
pretensiones formuladas en la presente tutela lo perseguido por el actor es «ordenar
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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la suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho, declarando la nulidad o revocando
del FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA proferido el diez (10) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA» y, como consecuencia de tal pretensión, que se revoquen las
sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
De ahí que, si bien se evidencia la inconformidad del tutelante respecto de lo
decidido en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en el año
2001, lo cierto es que la presente tutela se interpuso con la finalidad de dejar sin
efectos una sentencia de tutela que no fue favorable a los intereses del accionante.
Por lo tanto, el análisis se circunscribirá al precedente constitucional sobre tutela
contra decisiones de la misma naturaleza.
En consideración a la precisión efectuada, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de
la acción de tutela. De superar el anterior estudio, y de cumplirse a cabalidad con
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y las reglas
establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, se analizará si en el marco de la
acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02567-00/01 las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los errores alegados por la parte actora.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela
3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.
En caso de que se interponga contra una sentencia proferida por el juez de
tutela la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción. Sin embargo, si fue proferida por
otro juez de la República la acción de amparo puede proceder
excepcionalmente, si además de los requisitos generales de procedibilidad, se
acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una
situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o, incluso, con
anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar
la situación.
Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T-218 de 2012
explicó que: «el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». La
Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia corrumpit hace
referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la recta impartición de
justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios.
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Demandante: Rodolfo Pinto
En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.
3.2. Ahora bien, en la sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional se refirió
al mecanismo de selección eventual a su cargo. Explicó que de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución todas las sentencias de tutela deben ser
remitidas a la Corte Constitucional, autoridad que tiene la facultad de
seleccionar algunas providencias para su revisión, con miras a unificar la
interpretación de los derechos fundamentales. Su finalidad es la unificación de
jurisprudencia y la protección de la justicia material.
Teniendo en cuenta la existencia de este mecanismo, la procedencia de la
acción de tutela contra una sentencia de tutela está sujeta antes que nada a
que tal providencia haya sido excluida de la selección eventual, pues solo en
ese momento es definitiva. Previo a que esto ocurra aún existe la posibilidad
de que la Corte seleccione el asunto para revisión y emita una sentencia al
respecto. Veamos lo expuesto sobre este punto en la sentencia SU-245 de
2021:
«la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se
configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando una
acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y
finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación,
el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica
del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces
ejecutoria formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el
asunto concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional» (Negrillas propias).
De ahí que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce únicamente cuando
ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión
de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa juzgada
fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se ha alcanzado
y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se pronuncie,
revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).
Así las cosas, en la sentencia T-023 de 2023 se estableció que «en principio
son improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de
que el trámite de selección y eventual revisión se haya surtido». Esto tiene sentido si
se considera que el carácter definitivo de una sentencia de tutela, en los
términos señalados por la Corte, se adquiere únicamente cuando esta es
excluida de revisión o cuando tras seleccionar el asunto el tribunal
constitucional profiere una sentencia de revisión.
Por lo tanto, la tutela es improcedente cuando el fallo de tutela que se
controvierte mediante una nueva acción de tutela aún no ha sido excluido del
mecanismo de revisión eventual. Y la razón es, como se indicó, que para ese
momento el fallo controvertido a través de una acción de tutela todavía no ha
adquirido su carácter definitivo.
4. Análisis del caso
4.1. De entrada, la Sala encuentra que la Corte Constitucional dispuso excluir del
trámite de revisión eventual la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-02567-
00/01 interpuesta por el señor Rodolfo Pinto contra el Tribunal Administrativo
de Santander y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; marco
en el que se profirió la sentencia de tutela de segunda instancia controvertida.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06679-01
Demandante: Rodolfo Pinto
Así se desprende de la siguiente imagen, tomada de la página web de la Corte
Constitucional:
La anterior información es relevante en la medida en que, como se explicó
previamente, en la sentencia T-023 de 2023 se estableció que «en principio son
improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el
trámite de selección y eventual revisión se haya surtido».
Por consiguiente, al corroborar que la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-
02567-00/01 no fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión
eventual, se procederá a estudiar los demás requisitos de procedencia de la
tutela contra actuaciones surtidas en un proceso de tutela expuestos en la
sentencia SU-627 de 2015, dada su naturaleza unificadora sobre la materia.
4.2. Previamente se expuso que en la sentencia SU-627 de 2015 la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia señalando cuándo es procedente la
tutela contra providencias proferidas en el marco de otra acción de tutela. Allí
se explicó que debía diferenciarse entre dos supuestos: si la acción se
interponía contra una sentencia de tutela o contra una actuación previa o
posterior a aquella providencia.
Tratándose de acciones de tutela que controvierten fallos de tutela, como es
el caso presente, la Corte Constitucional dispuso la siguiente regla:
«4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Negrillas
propias).
Atendiendo al criterio transcrito, se advierte que en los eventos en que se
controvierte una sentencia de tutela a través del mismo mecanismo
constitucional se debe determinar si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Uno de estos es el de
relevancia constitucional.
4.3. Frente a este último, la jurisprudencia ha reiterado que a fin de proteger la
autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen
competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la
controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos
fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su
restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.
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Demandante: Rodolfo Pinto
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión ha fijado algunos criterios orientadores2, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia
T-248 de 2018.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En ese sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una tercera
instancia para reabrir el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se
cumpla con una carga argumentativa suficiente, entre otras condiciones.
Para determinar si la tutela se está utilizando como si fuera una instancia
adicional, el juez debe estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que
se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
Justamente, la Sala encuentra que la acción constitucional se está empleando
como una instancia adicional, en tanto que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela ya fueron objeto de debate en la acción de tutela 11001-03-15-
000-2025-02567-00/01.
En la impugnación presentada contra la sentencia de tutela de primera
instancia también se alegó que debía tenerse en cuenta (i) que su caso
versaba sobre prestaciones periódicas y (ii) que el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 establece que los actos que reconozcan o nieguen prestaciones
periódicas pueden ser demandados en cualquier tiempo.
Asimismo, en esa oportunidad el señor Rodolfo Pinto indicó, así como también
lo señaló en la tutela objeto de esta providencia, que «tanto la sentencia de Primera
y Segunda Instancia se encuentran afectadas de nulidad absoluta, porque el reconocimiento
de mi pensión de jubilación se hizo de acuerdo al Parágrafo del Artículo 221 del Reglamento
de Personal Administrativo de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS donde
se consagró que el cálculo de mi monto pensional era del 100% del Promedio de salarios y
primas devengados en el último año de servicios».
2
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Demandante: Rodolfo Pinto
Se observa, entonces, que los reparos expuestos en la acción de tutela 11001-
03-15-000-2025-02567-00/01 son una reproducción de los argumentos
desarrollados en el escrito de tutela objeto de esta sentencia. De manera que
la parte actora, además de ya haber acudido ante el juez de tutela a fin de
exponer sus inconformidades frente a las sentencias ordinarias proferidas en
los años 2006 y 2007, ahora emplea la presente tutela como si fuera una
instancia adicional de la tutela presentada en el 2025. Esta, valga recordar, no
solo fue declarada improcedente en ambas instancias, sino que también fue
excluida de revisión eventual por la Corte Constitucional.
En este aspecto, la Sala resalta que, en la acción constitucional en la que la
Sección Primera de esta Corporación profirió el fallo del 10 de julio de 2025,
que es la decisión cuestionada en la presente tutela, lo resuelto hizo tránsito a
operó la cosa juzgada formal y material, comoquiera que tal sentencia de tutela
fue excluida de revisión.
A lo anterior, se suma que, acorde con el precedente constitucional 3, quien
pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una
exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela
incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una
actuación dolosa o extremadamente negligente y (ii) que el fallo de tutela
objetado no pueda ser admitido debido a que resulta evidentemente incorrecto,
implicando, además, una afectación grave del patrimonio público.
Circunstancias que no fueron acreditadas en el caso concreto.
En las sentencias proferidas en la tutela 11001-03-15-000-2025-02567-00/01, se
desestimaron los cargos que también fueron expuestos en la actual acción
constitucional. En efecto, en la sentencia de tutela controvertida de 10 de julio
de 2025, la Sección Primera de esta Corporación le explicó al actor que no se
configura ninguno de los supuestos para flexibilizar el requisito de inmediatez
y que tampoco se acreditó un estado de debilidad manifiesta que justificara la
tardanza en la presentación de la acción de tutela.
Por consiguiente, se considera que la tutela se está utilizando para insistir en
los reproches expuestos en la tutela 11001-03-15-000-2025-02567-00/01 y para
reabrir nuevamente el debate surtido en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesta en el año 2001. De ahí que la acción interpuesta se
esté empleando a modo de instancia adicional, por lo que no supera el
requisito de la relevancia constitucional.
Al no cumplir con dicho requisito de procedibilidad, se considera que no se
satisfacen las condiciones señaladas en la sentencia SU-627 de 2015 sobre
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de esa
misma naturaleza.
4.4. Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
3
Sentencia T-322 de 2019. «La parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos, serios y
coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho
fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En
este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante
por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional»
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Demandante: Rodolfo Pinto
Si los generales no se cumplen a cabalidad, no hay lugar a estudiar el asunto
de fondo.
En suma, se advierte que la presente tutela es un ejemplo de los casos en que
la parte vencida acude a la tutela con la esperanza de revertir la decisión inicial
del juez constitucional, a fin de lograr un fallo favorable a sus intereses.
Situación que, justamente, pretende evitar la limitación de la acción de tutela
contra decisiones de tutela. De no existir tal regla, un asunto nunca se
terminaría definitivamente, pues existiría la posibilidad de reabrir el debate
mediante una nueva acción de tutela una y otra vez, de forma indefinida en el
tiempo.
5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela
propuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en esta
providencia.
2. PREVENIR al señor Rodolfo Pinto a fin de que haga un uso razonable de la
acción de tutela.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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