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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02567-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02567-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02567-01 Actor: RODOLFO PINTO TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02567-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02567-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: RODOLFO PINTO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 30 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCION

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Sección Tercera

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02567-01
Actor: RODOLFO PINTO

I.1.- La Solicitud

El señor RODOLFO PINTO, actuando en nombre propio, en ejercicio

de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso, a la defensa y a los principios de legalidad,

transparencia, favorabilidad y progresividad, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido, respectivamente, las

providencias de 9 de noviembre de 2006 y 25 de octubre de 2007,

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con número de radicación 2001-03259-00.

I.2.- Hechos

Señaló que laboró en la Universidad de Santander4 entre el 1o. de

abril de 1965 y el 30 de junio 1989; y que desde el 1o. de julio de

1989,s se produjo su retiro del servicio por reconocimiento de la

2
En adelante Tribunal
3
En adelante la Sección Segunda.
4
En adelante UIS.

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Actor: RODOLFO PINTO

pensión, mediante la Resolución núm. 0414 del 10 de Julio de 1989

expedida por la CAJA DE PREVISION SOCIAL de la UIS.

Manifestó que el reconocimiento pensional se fundamentó en las

leyes 6 de 1945 y 171 de 1961 y el parágrafo del artículo 221 del

reglamento de personal administrativo de la UIS, que establecía el

cálculo del 100% del promedio de salarios y primas del último año.

Aseveró que la UIS interpuso interpuso demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

Resolución núm. 0414 de 10 de julio de 1989, que le reconoció su

pensión de jubilación, la cual fue identificada con número de

radicación 2001-03259-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 9 de noviembre

de 2006, declaró la nulidad parcial del acto administrativo que le

reconoció la pensión al inaplicar el parágrafo del artículo 221 del

reglamento de personal administrativo de la UIS y, en consecuencia,

ordenó la reliquidación de la pensión al 75% conforme al artículo 1o

de la Ley 33 de 1985.

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Actor: RODOLFO PINTO

Advirtió que inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación

ante la SECCION SEGUNDA que, mediante sentencia de 25 de

octubre de 2007, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto

fáctico, al omitir que la pensión mensual vitalicia de jubilación le fue

reconocida conforme al parágrafo del artículo 221 del reglamento de

personal administrativo de la UIS, aprobado mediante el Acuerdo

núm. 074 de 1980, que establece el derecho a una pensión

equivalente al 100% del promedio salarial del último año.

Indicó que al 29 de enero de 1985, fecha de expedición de la Ley 33

de 1985, ya contaba con 19 años, 9 meses y 28 días de servicio, por

lo que se encontraba cobijado por el régimen de transición previsto

en el parágrafo 2 del artículo 1º de dicha ley, que permitía acceder a

la pensión al cumplir los 50 años.

Señaló que, a su juicio, las decisiones objeto de controversia se

encuentran afectadas de nulidad absoluta, toda vez que el

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Actor: RODOLFO PINTO

reconocimiento de su pensión de jubilación se hizo de conformidad

con lo previsto en el parágrafo del artículo 221 del reglamento de

personal administrativo de la UIS, a través del cual se estableció que

el monto de su pensión era el equivalente al 100% de su promedio

de salarios y primas devengados en el último año de prestación de

servicios, disposición ésta que se mantuvo con el régimen de

transición estipulado en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 33 de

1985.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Su Honorable Señoría, ruego a usted se sirva ordenar la
suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho,
declarando la nulidad o revocando la sentencia del 25 de octubre de
2007 del Honorable Consejo de Estado, consejero Ponente, Doctor
JAIME MORENO GARCÍA, y a su vez, se ordene revocar sentencia del
9 de noviembre de 2006 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, para que mantenga la legalidad de la Resolución Nro.
0414 del 10 de Julio de 1989 y además, se ordene el restablecimiento
de mi derecho afectado según la Resolución Nro. 1066 del 20 de Julio
de 2008, que disminuyo la mesada pensional en un 25%, en
cumplimiento de las normas jurídicas, atendiendo que persiste y es
vigente la violación del ordenamiento jurídico, legal y constitucional,
por presentarse una nulidad absoluta […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA aseguró que entre la notificación de

la providencia cuestionada y la presentación de la acción de tutela de

la referencia no existe un período razonable, es decir, que atendiendo

a los plazos para la instauración del mecanismo constitucional, en el

presente asunto no se cumple el requisito de la inmediatez.

Igualmente, indicó que lo que pretende el actor es reabrir un debate

que ya fue zanjado por la autoridad competente en el marco de sus

competencias.

I.5.2.- La UIS manifestó que no se encuentra probado el principio

de inmediatez, toda vez que la providencia controvertida fue

proferida en el año 2007 y, aproximadamente dieciocho (18) años

después, fue que se interpuso la solicitud de amparo, por lo que

atendiendo a los plazos razonables para la instauración del

mecanismo constitucional, en el presente asunto no se cumple el

requisito de la inmediatez.

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Señaló que lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya resuelto

dentro del proceso ordinario, convirtiendo la acción de tutela en una

tercera instancia.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 30 de mayo de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que el

presente asunto no cumple con los requisitos generales de

inmediatez y relevancia constitucional.

Aseguró que la presente acción de tutela fue presentada por fuera

del plazo que la jurisprudencia ha considerado como razonable, el

cual, tratándose de providencias judiciales gira en torno a 6 meses

desde el conocimiento de las partes de la sentencia que a su juicio

vulneró sus derechos fundamentales.

Advirtió que el actor pretende utilizar la acción de tutela como si se

tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, por lo que

tampoco se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

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Manifestó que la presente solicitud de amparo es utilizada como una

instancia adicional para reiterar las mismas inconformidades que ya

fueron ampliamente analizadas y resueltas en el proceso contencioso

administrativo; y que la tutela no constituye una instancia adicional

ni un recurso alternativo frente a providencias desfavorables,

especialmente cuando las cuestiones planteadas fueron objeto de un

análisis en el proceso ordinario, en la que valoraron los medios

probatorios y se adoptó una decisión conforme al ordenamiento

jurídico.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Manifestó que no se tuvo en cuenta el numeral 1, literal c), del

artículo 164 del CPACA que dispone que la demanda deberá ser

presentada en cualquier tiempo, cuando se dirija contra actos que

reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.

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Señaló que la solicitud de amparo no pretende reabrir una tercera

instancia y, por el contrario, la finalidad de la acción de tutela es que

se protejan sus derechos pues, a su juicio, las autoridades judiciales

accionadas le han cercenado sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la defensa, así́ como los principios de legalidad,

transparencia, favorabilidad y progresividad.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 9 de noviembre de 2006 y 25 de

octubre de 2007, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

SEGUNDA, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

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radicación 2001-03259-00.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, así como a

los principios de legalidad, transparencia, favorabilidad y

progresividad, habida cuenta que, a su juicio, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico.

Los disensos del actor radican en que las autoridades judiciales

accionadas incurrieron en el defecto fáctico, al no tener en cuenta

que la pensión mensual vitalicia de jubilación le fue reconocida

conforme al parágrafo del artículo 221 del reglamento de personal

administrativo de la UIS, aprobado mediante Acuerdo núm. 074 de

1980, que establece el derecho a una pensión equivalente al 100%

del promedio salarial del último año.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 30 de mayo de

2025 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que

el presente asunto no cumple con los requisitos generales de

inmediatez y relevancia constitucional.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, argumentando que no se tuvo en

cuenta el numeral 1 literal c) del artículo 164 del CPACA, que dispone

que la demanda deberá ser presentada en cualquier tiempo, cuando

se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente

prestaciones periódicas.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 9 de noviembre de 2006

proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 25 de octubre de

2007 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el

análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que

fue esta la que dio por terminado el proceso para el actor.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

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deprecados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”5.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios

de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de

terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,

la Corte Constitucional ha señalado que6:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una
tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se rompe la
congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca:
la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las
personas’. En segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en
factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de
este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto

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requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la
seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación
que vulnera o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea
un elemento consustancial para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las
acciones de tutela es más estricto cuando se interpone contra
providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el
hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar un término
razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce
como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para
la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la
acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito
que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica
y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión
judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable. […]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente […]”. (Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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Actor: RODOLFO PINTO

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión10;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta12.

8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: RODOLFO PINTO

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 13, la

providencia de 25 de octubre de 2007, aquí cuestionada, fue

notificada a las partes por edicto, el 18 de enero de 2008.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 2 de mayo de 202514, esto es,

transcurrido 17 años, 3 meses, y 13 días, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la

providencia de 25 de octubre de 2007, decisión judicial aquí

cuestionada.

En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el

término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante

circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se

13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012315000200103
259011100103
14
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500
020250256700/3F2243BA808A9DB5AB212E23C21D224E8C5C9858A48A5A9FD1AEE514598CAA34/2

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Actor: RODOLFO PINTO

trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los

derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de

sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo

sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en

sentencia T-374 de 18 de mayo de 201215, al referirse a la

inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de

prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

15
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias

judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones

periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]

siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia

judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el

análisis del cumplimiento de los requisitos generales de

procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse

desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los

derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a

que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la

presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición

de debilidad manifiesta16 […]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses. […]

Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).

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Actor: RODOLFO PINTO

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 25 de octubre de 2007 y, en consecuencia, se

ordene el reajuste de la pensión de jubilación.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

Sección en sentencia de 28 de mayo de 201517, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

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Actor: RODOLFO PINTO

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la

acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus

derechos fundamentales invocados, por lo que tampoco es de recibo

la presunta desatención del literal c) del artículo 164 del CPACA,

traído a colación en la impugnación de la acción de tutela.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201718, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

18
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Actor: RODOLFO PINTO

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, pero

por las razones expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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