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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02572-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02572-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02572-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02572-00
Accionante: Consorcio CC-MP-HV-Cusiana1
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad. Sentido del fallo de tutela: Se
declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela2 presentada por el consorcio CC-MP-HV-Cusiana
en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 2 de mayo de 20253 el consorcio tutelante interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con la
providencia proferida el 21 de marzo de 2025 por la autoridad convocada, mediante
la cual se revocó la dictada el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Casanare que había declarado la caducidad del medio de control con radicado No.
85001233300020190014100/01.

2.- Hechos

2.1.- El 3 de julio de 2009 se suscribió entre Invías y el accionante el contrato de
obra No. 807 para la ejecución del proyecto transversal del Cusiana, por 42 meses
y un valor inicial de $95.161.205.446 de pesos. La aseguradora Confianza S.A.

1 Conformado por Conconcreto S.A., Constructora M.P. S.A. y Horacio Vega Cárdenas.
2 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
3B1CC5B2B01D8C6C 7B07E668173250DF E6DD1CA4EA8013C8 3EB15299460F85B9.
3 Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

658D37CA732FB6F3 395A02D5C905C7BB 366AF9CA1DA4A371 E7C55EA5637E3A92.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02572-00
Accionante: Consorcio CC-MP-HV-Cusiana
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

expidió una póliza que amparó el riesgo de estabilidad y calidad de la obra. Desde
la licitación era conocida la inestabilidad del sector La Orquídea, y los estudios y
diseños a cargo del contratista debían incluir soluciones para asegurar la estabilidad
de ese terreno4.

2.2.- El consorcio documentó las condiciones geológicas y los problemas de drenaje
del área referida, pero no instaló instrumentos para detectar inestabilidades ni
adoptar medidas preventivas. Un informe técnico de 2016 evidenció fisuras en el
puente La Orquídea y concluyó que el consorcio ocultó daños para lograr la
recepción de la obra que fue entregada en mayo de 2015 por un valor superior a 5
mil millones de pesos5.

2.3.- Por los hechos descritos el Invías, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, radicó demanda en contra del consorcio CC-MP-HV-
Cusiana. Este asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare bajo
el radicado No. 85001233300020190014100. La demanda fue reformada por la
entidad en el curso del proceso, pues el puente referido en el numeral anterior
colapsó.

2.4.- Mediante sentencia anticipada del 23 de julio de 2021 el a quo declaró probada
la caducidad del trámite, pues, tratándose de presuntos vicios ocultos que afectan
la estabilidad de la obra, el término para demandar debía contarse desde el
momento en que se tuvo conocimiento cierto de estos. Indicó que ya en 2016 se
había revelado el daño, por lo que no era válido tomar como punto de partida el
colapso total del puente. También identificó cuatro momentos clave desde los cuales
podría contarse la caducidad y concluyó que en todos los casos la demanda
resultaba extemporánea6.

2.5.- Inconformes, el Ministerio Público y el Invías interpusieron recursos de
apelación. El 21 de marzo de 20257 la autoridad accionada revocó la decisión
criticada bajo el argumento de que la demanda reformada se sustentó en la caída

4 A folios 3-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 609E3E45E8B2CDB8

BB51B6AD97E977EC D9957976BC2765CE 19A524C681C9D06C.
5 Ibidem.
6 Ibidem, a folios 10-12.
7 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

609E3E45E8B2CDB8 BB51B6AD97E977EC D9957976BC2765CE 19A524C681C9D06C.

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total de la estructura ocurrida el 29 de octubre de 2019. Precisó que el informe
técnico de 2016 no puede ser el punto de partida del término para acudir a la justicia,
ya que este no era concluyente y fue razonable que el Invías solicitara estudios
adicionales. Destacó que entre 2016 y 2019 hubo múltiples conceptos de expertos
y medidas conjuntas entre las partes contractuales para solucionar los problemas.

2.5.1.- La autoridad señaló que, al momento de presentarse la demanda, aún era
viable intentar salvar la estructura, situación que cambió drásticamente con el
colapso total ocurrido el 29 de octubre de 2019. Este hecho transformó el panorama
fáctico y jurídico del caso. Por tanto, afirmó que el motivo fundante de la demanda
reformada fue la afectación al puente y, por ello, consideró que el proceso se
presentó oportunamente.

2.5.2.- En cuanto a las consecuencias de su determinación, la colegiatura expresó
que, al revocar la sentencia anticipada, es necesario que el caso sea resuelto de
fondo, lo cual exige reanudar el trámite procesal en primera instancia desde la etapa
en que se encontraba antes de dictarse dicha decisión. Esto implica practicar las
pruebas y abrir espacio a los alegatos. Adujo que, aunque la ley permite la sentencia
anticipada, no regula qué hacer si esta pierde sus efectos. Por ello estimó adecuado
devolver el expediente al tribunal para que continúe el asunto.

2.6.- El consorcio demandante solicitó aclarar y complementar el fallo8. Pidió que se
adicionara la decisión sobre un aspecto normativo y que precisara si todo lo actuado
después del admisorio es nulo.

3.- Fundamentos de la acción de tutela9

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos constitucionales, porque la
autoridad convocada incurrió en:

8 Obra memorial en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 46, con certificado
98C4C3DBFC6D756F 2D6CF02126BF9790 EDF59929D07C4F93 49FCB3D39B865498 del
expediente No. 85001233300020190014101.
9 Al analizar el extenso escrito introductorio, se observa que en algunos apartes la accionante no

precisa con claridad ni certeza en contra de cuál de las dos providencias impugnadas dirige sus
censuras. Por lo anterior, respecto de tales argumentos, se entenderá que la tutelante orienta sus
reproches en contra de ambas decisiones judiciales proferidas en el trámite ordinario, motivo por el
cual serán incluidos en este acápite.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02572-00
Accionante: Consorcio CC-MP-HV-Cusiana
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

(i) Un defecto orgánico, en tanto, según el peticionario, la magistrada ponente perdió
competencia el 12 de mayo de 2022, al cumplirse el plazo legal para resolver la
segunda instancia conforme con lo señalado en el artículo 121 del CGP. A pesar de
que no cuestiona la competencia de la colegiatura, sí reprocha la participación de
dicha consejera en la proyección y votación del fallo. Alega que ha insistido en esto
desde noviembre de 2024. Sostiene que el vicio procesal no fue subsanado ni
examinado por la Sala.

(ii) Un defecto procedimental, porque la sentencia fue proferida sin realizar el control
de legalidad obligatorio, pese a las observaciones hechas sobre la pérdida
automática de competencia de la consejera ponente. Afirma que la Sala omitió
pronunciarse sobre dicha irregularidad, lo que desconoció el deber de revisar la
validez de las actuaciones procesales. Indica que este silencio procesal dejó sin
resolver el impacto de la pérdida de competencia de la magistrada ponente y sus
efectos sobre las actuaciones de la segunda instancia. A su juicio correspondía
remitir el expediente a un nuevo consejero.

(iii) Un defecto sustantivo, en la medida en que se presentó una contradicción en la
sentencia del Consejo de Estado, al haber prescindido del análisis normativo
adecuado, con base en una interpretación que contradice el artículo 164 del
CPACA. En efecto, aduce que la decisión fundamentó formalmente su sentido en la
citada norma, sin embargo, en la parte resolutiva ignoró los hechos que dieron
origen a la acción judicial y consideró como punto de partida para el cómputo de la
caducidad un evento posterior, circunstancia que no fue la que inicialmente motivó
la presentación del medio de control. Considera que esa lógica desnaturaliza la
regla de caducidad establecida en la ley, pues transforma una situación posterior en
el hecho generador de la reclamación.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se alega;
(ii) dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso No.
85001233300020190014100/01; y (iii) ordenar a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado proferir una nueva decisión con ponencia del
consejero que siga en turno.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02572-00
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5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 6 de mayo del 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Tribunal Administrativo de Casanare, al Instituto Nacional de
Vías y a la aseguradora Confianza S.A. También dispuso la notificación a las partes
y a los vinculados.

5.2.- La magistrada María Adriana Marín, ponente del fallo criticado, negó la
existencia de los defectos denunciados. Afirmó que ni el auto de admisión del 26 de
mayo de 2022 ni la sentencia de marzo de 2025 vulneraron derechos
fundamentales. Indicó que el artículo 121 del CGP no es aplicable en lo contencioso
administrativo y que, además, la acción carece de relevancia constitucional y no
cumple con los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad, ya que la parte no
interpuso los recursos legales ni reclamó falta de competencia oportunamente.
Manifestó haber actuado conforme al procedimiento legal, y atribuyó la mora en la
emisión del fallo a la congestión judicial.

5.3.- El Invías aseveró que la tutela es improcedente porque pretende reabrir el
debate sobre la legalidad de la sentencia censurada por ser desfavorable a los
intereses del consorcio. Enfatizó que la decisión del Consejo de Estado permitió
reabrir el proceso de controversias contractuales y examinar el fondo del asunto y
por tanto no puede considerarse violatoria de derechos. Señaló que no se cumplen
los requisitos para configurar una mora judicial injustificada.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el
consorcio CC-MP-HV-Cusiana en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

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2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.

Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un
mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito,
en principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches
en contra de actos administrativos o solicitudes que busquen generar erogaciones

10 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta

al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que
el fallo censurado no sea de tutela.
11 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto

procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por
falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de
la Constitución.

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económicas, toda vez que ese tipo de pretensiones tienen la posibilidad de ser
discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede el depreco cuando el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz12 el derecho fundamental, o este no es idóneo, por
no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión13; así
también cuando el accionante se encuentra ante la presencia de un perjuicio
irremediable14, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.2.- En el sub examine la parte actora cuestiona que la sentencia de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue proferida sin que la magistrada
ponente tuviera competencia para ello. Asimismo, reprocha que se haya pasado por
alto el control de legalidad frente a la pérdida automática de competencia, en
desconocimiento de las advertencias hechas por el demandante, y que se haya
incurrido en una incongruencia al fundamentar formalmente la sentencia en el
artículo 164 del CPACA, pero computar la caducidad desde un hecho posterior al
que originó la demanda.

4.3.- En punto de lo anterior, se advierte que, en ejercicio de las figuras de la
aclaración y complementación, el Consorcio CC-MP-HV-Cusiana requirió a la
autoridad judicial criticada para que clarificara y planteara más argumentos sobre el
fundamento normativo de la decisión, como se ve:

“Respecto de la anterior cita y ante la ausencia de claridad expresa en los
considerandos y en la parte resolutiva de la providencia del fundamento legal
en que se basa dicha hipótesis solicito al Despacho aclarar y complementar
lo dicho en el sentido de precisar cuál es el soporte normativo vigente que
la valida”15.

12 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.
13 Sentencia T-471 de 2017.
14 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia

e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
15 A folio 1 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 46, con certificado 98C4C3DBFC6D756F

2D6CF02126BF9790 EDF59929D07C4F93 49FCB3D39B865498 del expediente No.
85001233300020190014101.

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4.4.- Adicionalmente, el consorcio accionante también pidió que precisaran y
complementaran unos aspectos relativos al alcance y a las consecuencias de la
decisión en los siguientes términos:

“Pido respetuosamente al Despacho aclarar y si es el caso complementar
su parte resolutiva para precisar si con su decisión de revocatoria de la
sentencia de primera instancia está declarando la nulidad de lo actuado
dejando sin efecto ni validez todas las actuaciones surtidas en primera
instancia y el proceso se retrotrae hasta el auto admisorio”16.

4.5.- En ese orden de ideas, se resalta que, si —como lo alega el consorcio
accionante— subsisten aspectos sustanciales que no fueron objeto de
pronunciamiento en la sentencia controvertida, el ordenamiento jurídico contempla
mecanismos procesales idóneos para solicitar su aclaración o complementación. En
efecto, el artículo 287 del Código General del Proceso faculta al juez para emitir una
sentencia complementaria cuando, habiéndose dictado un fallo, se omite resolver
alguno de los puntos de la litis que debían ser estudiados.

En este contexto resulta claro que, si el Consejo de Estado nota que ciertos
extremos del debate no fueron adecuadamente valorados o decididos, cuenta con
herramientas legales para subsanar dicha omisión mediante una providencia
adicional. En consecuencia, la existencia de mecanismos de corrección como el
citado demuestra que, en esta oportunidad, no es viable revisar el fondo de las
críticas elevadas, por cuanto es jurídicamente posible que se emita una nueva
decisión que modifique, complemente o aclare las circunstancias del caso, lo que
implica el incumplimiento del presupuesto sub examine.

4.6.- Por otra parte, huelga mencionar que, si el convocante considera que la
sentencia de segunda instancia fue incongruente, se dictó por quien carecía de
competencia y, además, se abstuvo de resolver aspectos sobre los que debía
pronunciarse, tales reproches debieron plantearse mediante el recurso
extraordinario de revisión, como se explicará.

16 A folio 2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 46, con certificado 98C4C3DBFC6D756F

2D6CF02126BF9790 EDF59929D07C4F93 49FCB3D39B865498 del expediente No.
85001233300020190014101.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02572-00
Accionante: Consorcio CC-MP-HV-Cusiana
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El artículo 250 del CPACA consagra las causales que habilitan el recurso de revisión
aludido y, en su numeral 5º, se refiere específicamente a la nulidad derivada de la
sentencia en los siguientes términos:

“Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.

A su vez, el Consejo de Estado17 ha señalado que, en las sentencias en las cuales
existe una indebida motivación o se conculca el principio de congruencia, así como
en aquellas en que, de forma genérica, se trasgrede el derecho al debido proceso,
se configura una nulidad. En consecuencia, el demandante del ordinario pudo acudir
al recurso extraordinario de revisión, el que, al verificar el acervo probatorio allegado
a esta tutela, no se observa que hubiese sido propuesto, seguramente porque la
sentencia censurada aún no está ejecutoriada.

Por ello, es relevante reiterar que no le corresponde a este juez constitucional
solventar los cargos atinentes a la indebida motivación, a la incongruencia o a la
omisión genérica del debido proceso, pues era el juez de la jurisdicción contencioso
administrativa el responsable, en primer momento, de evaluar tales argumentos.

4.7.- En conclusión, el escenario de tutela de derechos fundamentales no es el
ámbito adecuado para debatir las quejas objeto de análisis, por lo que estas resultan
improcedentes debido a la ausencia del requisito de subsidiariedad. Además, no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que obligue a esta Sala
Constitucional a intervenir, en detrimento de la competencia que corresponde a los
jueces naturales.

Con estas precisiones, se reitera que el trámite de la adición y aclaración y el recurso
de revisión resultan ser mecanismos eficaces que están al alcance de la parte
actora.

5.- En consecuencia, se declararán improcedentes todos los cargos del amparo.

17 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 3 de marzo de 2020, rad. No.
11001031500020190397000.

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Aclara voto

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

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