Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2019-00141-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2019-00141-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-33-000-2019-00141-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Demandado: CONSORCIO CC-MP-HV- CUSIANA Y OTRO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: CADUCIDAD – Presupuesto procesal de demanda oportuna - Regla
general en controversias atinentes a obligaciones postcontractuales – Operabilidad
frente a los plazos legales para el cumplimiento de obligaciones relacionadas con
el saneamiento y estabilidad de obras de construcción/ REGLA GENERAL DE
CADUCIDAD – Contabilización en materia de obligaciones de saneamiento y
garantía de estabilidad de obra / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
ANTICIPADA – Debe retomarse el proceso en primera instancia para cumplir todas
las etapas procesales.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos en forma separada
por el Ministerio Público y la entidad demandante, contra la sentencia de fecha 23
de julio de 2021, dictada de manera anticipada por el Tribunal Administrativo de
Casanare y en la cual se declaró probada la excepción de caducidad, interpuesta
por la parte pasiva, y adicionalmente, se dispuso:
2° Sin costas en instancia.
3° Ordenar la inmediata remisión de copias a los órganos de control, sin esperar
ejecutoria, según se indicó en la consideración sexta (6ª – conclusiones), con
EXHORTO a esas autoridades para que se ocupen seria, diligente y oportunamente
del estudio del caso, conocida la gravedad de los hechos.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Demandó el INVIAS en la presente causa a su contratista de obra, el consorcio CC-
MP-HV-CUSIANA1, y a su garante, la sociedad aseguradora Confianza S.A., por los
daños estructurales que dieron lugar al cierre definitivo y posterior colapso del
puente Orquídea 1, construido por el consorcio mencionado en el marco del contrato
N° 807 del 3 de julio de 2009. Si bien la obra fue recibida a satisfacción el 30 de
1
Conformado por las sociedades Conconcreto S.A. y Constructora M.P. S.A., y el señor Horacio
Vega Cárdenas.
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
mayo de 2015, con posterioridad a esa fecha presentó fallas que, finalmente,
derivaron en el derribe de la estructura, en octubre de 2019.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 16 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Vías (en adelante, el Instituto, el
INVIAS o “la entidad”) instauró demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el consorcio CC-MP-HV-CUSIANA (y, en la
reforma, contra la compañía de seguros Confianza S.A.). En las pretensiones
primera y segunda, solicitó que se reconociera la existencia y validez del contrato
de obra N° 807 de 2009, así como de su Apéndice A, anexo. En lo restante, las
pretensiones iniciales fueron las siguientes:
TERCERO. Que se declare y reconozca que el Contratista, esto es EL
CONSORCIO, en la Etapa de Preconstrucción del Contrato No. 807 de 2009,
identificó el tipo de geología, formaciones y materiales presentes, las
condiciones de pluviometría y drenaje y la inestabilidad del sitio objeto del
alcance del contrato; así mismo conoció el marco sismo tectónico del área de
interés y la magnitud y régimen de lluvias del sector.
CUARTO. Que se declare y reconozca que EL CONSORCIO tuvo conocimiento
desde los estudios previos realizados en el corredor, de la evidencia de
inestabilidades de taludes en el sitio ORQUÍDEA.
QUINTO. Que se declare y reconozca que EL CONSORCIO identificó desde los
estudios previos y con los estudios por él realizados en la Etapa de
Preconstrucción las condiciones geológicas y geotécnicas, sismo tectónicas e
hidrológicas que pudiesen afectar o llegar a afectar la estabilidad de las obras
a construir en desarrollo del contrato No. 807 de 2009.
SEXTO. Que se declare y reconozca que en el sitio la Orquídea, EL
CONSORCIO identificó las DEFICIENCIAS DE DRENAJE y FENÓMENOS
EROSIVOS desde la etapa precontractual.
SÉPTIMO. Que se declare y reconozca que EL CONSORCIO contó con los
elementos de análisis, debiendo contemplar la ocurrencia de los factores
detonantes (…), con el fin de determinar las medidas de mitigación y
estabilización que garantizaran la estabilidad de la solución adoptada.
OCTAVO. Que se declare y reconozca que EL CONSORCIO no ejecutó las
labores necesarias de estabilización, protección y mitigación respecto de los
daños que presentaba el Puente denominado Orquídea 1, ubicado en el PR
86+500 de la carretera Sogamoso – Aguazul, cuyas actividades se encontraban
en los pliegos de condiciones y que fueron reiteradas por la Subdirección Red
Nacional de Carreteras del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, a través del
Oficio SRN 50328 del 02 de octubre de 2012.
NOVENO. Que se declare y reconozca que los daños que se presentan en el
Puente denominado Orquídea 1, ubicado en el PR 86+500 de la carretera
Sogamoso - Aguazul son imputables al CONSORCIO (…).
DÉCIMO. Que se declare y reconozca que el Puente denominado Orquídea 1,
ubicado en el PR 86+500 de la carretera Sogamoso - Aguazul NO es
recuperable.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
UNDÉCIMO. Que se declare y reconozca la existencia de VICIOS OCULTOS
en el Acta de Entrega del 30 de mayo de 2015 por la existencia de los daños
que presentaba el puente Orquídea 1 y que NO eran reconocibles en dicho
momento para el Instituto Nacional de Vías.
DUODÉCIMO. Que se INVALIDE el recibo a satisfacción del PUENTE
ORQUÍDEA 1 realizado en el acta de entrega del 30 de mayo de 2015 por la
existencia de VICIOS OCULTOS.
DECIMOTERCERO. Como consecuencia de las anteriores pretensiones, que
se CONDENE al CONSORCIO CC - MP - HV CUSIANA, NIT 900.293.048-4 y
a sus integrantes (Integrado por CONCONCRETO S.A. NIT. 890.901.110-8,
CONSTRUCTORA M.P. S.A. NIT. 830.011.625-1 y HORACIO VEGA
CARDENAS C.C. 91.209.970 de Bucaramanga-Santander) a pagar a título de
indemnización al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, la suma de CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 32/100 ($5.242.512.315.32), valor que,
según el acta de entrega y recibo de la Interventoría, corresponde a la
construcción del referido puente.
DECIMOCUARTO. Que la suma anteriormente indicada, sea debidamente
actualizada (…).
DECIMOQUINTO. Que se condene de manera solidaria a la COMPAÑÍA
ASEGURADORA SEGUROS CONFIANZA S.A. (…), por cuenta de la póliza N°
31 GU070992 de estabilidad y calidad de la obra por las actividades realizadas
en el marco del Contrato N° 807 de 2009 (...)”.
En la fundamentación fáctica del libelo, la parte actora señaló, en síntesis, que el 3
de julio de 2009, se suscribió entre el INVIAS y el consorcio el contrato de obra No.
807, con el objeto de adelantar los “estudios y diseños, gestión social, predial y
ambiental y mejoramiento del proyecto transversal del Cusiana”, por un término de
42 meses y un valor inicial de $95.161’205.446, “incluido IVA, ajustes, obras
complementarias, estudios y diseños y la gestión social, predial y ambiental”. La
orden de inicio respectiva fue impartida el 22 de septiembre del mismo año.
Afirmó que, ante la compañía de seguros Confianza S.A., el contratista constituyó a
favor del INVIAS la garantía contenida en la póliza N° 31 GU070992, que amparó el
riesgo de estabilidad y calidad de la obra objeto del Contrato No. 807 de 2009, con
vigencia hasta el 30 de mayo de 2020.
Según la demanda, desde el período de licitación, el consorcio conoció las
condiciones de inestabilidad del sitio La Orquídea, tramo que hacía parte de la obra
y fue identificado como crítico. De acuerdo con el pliego de condiciones, los estudios
y diseños a cargo del contratista debían incluir los sitios críticos, y tanto la fase de
estudios como la de construcción incluían ítems relativos a la fijación, revegetación
y mantenimiento de muros, con toda la infraestructura necesaria para garantizar la
estabilidad de la vía, para lo cual debía aplicarse el Código Colombiano de Diseño
Sísmico de Puentes y, en particular, la norma sismorresistente NSR-98.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
El consorcio identificó, con los estudios previos y los realizados en la Etapa de
Preconstrucción, las condiciones geológicas, geotécnicas, sismo tectónicas e
hidrológicas de la zona intervenida. Para el sitio La Orquídea, se identificaron
“deficiencias de drenaje y fenómenos erosivos”, en el informe de geología elaborado
por el contratista.
La parte actora mencionó otras múltiples características y fallas del terreno de La
Orquídea, que, según sus palabras, fueron conocidas por el consorcio desde los
estudios que elaboró en cumplimiento del contrato, y que se relacionaron incluso
con frecuentes “movimientos superficiales” históricamente registrados en el área,
en dirección a las quebradas aledañas, así como otros fenómenos de alta
inestabilidad. A lo largo de la demanda, insistió en que el consorcio tuvo presentes
todas las anormalidades existentes en el sitio mencionado, no sólo durante la etapa
de estudios sino también en la de construcción. A la par con ello, le imputó al
contratista varias omisiones, entre éstas, la no instalación -o en algunos casos, la
instalación tardía- de los instrumentos indicados por el INVIAS para detectar las
causas de los daños que posteriormente se presentaron, la falta de seguimiento a
los procesos de inestabilidad del lugar y la no implementación de medidas de
mitigación.
Señaló que, en 2012, se presentaron inestabilidades del terreno en otros tramos del
proyecto, denominados El Berbeno y puente Los Grillos, y que las medidas que en
ese momento adoptó el consorcio para conjurar los efectos de las fallas debieron
ser replicadas en La Orquídea oportunamente, por esa misma época, dado que las
condiciones del suelo eran similares a la del sitio de ubicación del puente Los Grillos.
Adujo que, en informe del 10 de noviembre de 2016, la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica - AIS le señaló al INVIAS la aparición de fisuras en el costado
derecho de una viga del puente La Orquídea, ocasionadas por una probable
combinación "de flexión horizontal-torsión-cortante” y el movimiento del estribo de
salida “y/o la falta de capacidad de carga”. El informe agregó que, si bien se
evidenciaban algunas reparaciones y sellamientos previos, las fisuras persistían.
Tras describir otros hallazgos registrados en informes especializados adicionales,
la entidad demandante manifestó:
El Puente Orquídea 1, diseñado y construido en desarrollo del Contrato 807 de 2009,
presenta vicios ocultos, es decir defectos internos que al momento de la Entrega y
Recibo Definitivo de la Obra, mayo 30 de 2015, no eran evidentes, no podían
distinguirse a primera vista; en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, ni el
Contratista ni el Interventor dejaron observación alguna sobre fisuramientos y
tratamiento de fisuras en el viaducto de la Orquídea 1.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
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Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
Las evidencias mencionadas dan cuenta de que las fisuras en el puente habían sido
tratadas por el Contratista, el fisuramiento fue progresando, se presentaron
manifestaciones adicionales de daño del puente, y en junio de 2017 se produjo la
rotura de la dovela de cierre, dejando el puente inservible, de manera que fue
imperativo decretar el cierre total del tránsito vehicular en el puente mediante
Resolución No. 06429 del 24 de agosto de 2017 por la seguridad de los usuarios.
Concluyó los hechos señalando que el INVIAS había pagado $5.242’512.315,32 por
la construcción del puente Orquídea 1, recibido a satisfacción el 30 de mayo de
2015, pero que, a raíz del deterioro progresivo que presentó la estructura,
evidenciado -según su aserto- después de la “fecha de entrega y liquidación”, se
advirtió que “los daños comprobados en la etapa de ejecución contractual sólo
fueron disimulados para que el Estado recibiera las obras”.
2. Reforma de la demanda y trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue reformada el 12 de noviembre de 2019, como se detallará más
adelante.
2.2. En providencia del 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Casanare inadmitió la demanda y puntualizó, entre otras cosas, que no era clara la
fecha en que el INVIAS había tenido conocimiento del hecho que daba lugar a la
indemnización reclamada, cuestión que el a quo estimaba indispensable para
determinar la ocurrencia o no de la caducidad.
Agregó:
En virtud de ello, [la parte demandante] debe precisar: i) cuándo se revelaron
las primeras fallas del puente La Orquídea 1, ii) cuándo y cómo se constató que
el puente debía dejar de ser utilizado para prevenir mayores daños, y iii) cuándo
y en qué momento se dispuso el cierre del mismo para el tránsito vehicular.
Deberá allegarse el soporte probatorio de la respuesta a lo indagado o revelar
su ubicación en los anexos de la demanda (…).
Por otro lado, le ordenó a la parte demandante precisar la calidad en la que estaba
llamando al proceso a la sociedad aseguradora Confianza S.A., por cuanto la
demanda no fue inicialmente dirigida contra esa compañía, pero sí se formuló una
pretensión concreta en su contra.
2.2. El 18 de diciembre de 2019, el INVIAS subsanó la demanda y su reforma, de
suerte que el libelo quedó constituido con las siguientes modificaciones:
i) Precisó que la compañía Confianza S.A. sería parte demandada en el proceso.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
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Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
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ii) Eliminó las pretensiones primera y segunda, y mantuvo las restantes de la
demanda inicial.
iii) Adicionalmente, solicitó:
● Que se declarara que “el colapso total presentado el 29 de octubre de 2019 a
las 17:00 horas en el puente denominado Orquídea 1 (…) es imputable al
Consorcio, quien lo diseñó y construyó en el marco del Contrato de Obra N° 807
de 2009” (pretensión novena).
● Que se condenara al demandado a restituir al INVIAS, a título de “daño
emergente futuro”, los costos en que incurriera la entidad para remover los
escombros resultantes del colapso total del puente Orquídea 1 (pretensión
duodécima).
iv) Reiteró los hechos de la demanda inicial y agregó que, según informe rendido el
30 de octubre de 2019 por Vías Alfa Tecnologías EU, el puente Orquídea 1 colapsó
el 29 del mismo mes y año, por haberse incrementado el flujo vehicular sobre la
zona, como resultado del cierre de la vía Bogotá - Villavicencio, evento que obligó
a los usuarios de esa vía a tomar la ruta alterna Sogamoso - Aguazul (en donde se
localizaba el puente).
2.3. La demanda reformada fue admitida en providencia del 12 de marzo de 2020,
en la cual se consideró, respecto de la caducidad, que su término no podía
computarse desde la fecha de liquidación del contrato, es decir, el 27 de octubre de
2017, por no estar en debate ninguna obligación derivada del mismo, sino sólo la
estabilidad de la obra, que se afectó únicamente con posterioridad a su entrega. En
ese sentido, para el Tribunal, dado que las fallas del puente comenzaron a
evidenciarse en junio de 2017 y el colapso de la estructura tuvo lugar el 29 de
octubre de 2019, debía considerarse oportuna, en principio, la demanda presentada
el 16 de octubre de esa última anualidad, sin perjuicio de que ese presupuesto
procesal se revisara nuevamente en audiencia inicial o en sentencia.
En el auto admisorio, el Tribunal vinculó de oficio a los integrantes del consorcio
demandado -el señor Horacio Vega Cárdenas y las sociedades Conconcreto S.A. y
Constructora MP S.A.-, individualmente considerados como “terceros con interés
directo”.
2.4. El consorcio y cada uno de sus miembros ejercieron su defensa en un mismo
escrito y propusieron como excepción previa la configuración de la caducidad,
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argumentando que la demanda del INVIAS fue motivada esencialmente por las
fisuras detectadas en el puente Orquídea 1, puestas en conocimiento de la entidad
el 10 de noviembre de 2016, por lo cual el plazo para instaurar la demanda vencía
el 11 de noviembre de 2018, mientras que el libelo se radicó el 16 de octubre de
2019. En este punto, subrayaron que fue el informe rendido al INVIAS el 10 de
noviembre de 2016 el elemento determinante para iniciar el proceso administrativo
de declaratoria del siniestro de estabilidad de la obra, así como para disponer el
cierre del tramo y la adopción de otras medidas restrictivas, en las Resoluciones
4384 y 6319 de 2017.
Sostuvieron que mediante Resolución 4113 del 8 de agosto de 2019, el INVIAS
declaró terminado y archivado el procedimiento relativo a la garantía de estabilidad,
al evidenciar que había expirado el término legal para declarar el siniestro, dado que
éste fue conocido el 10 de noviembre de 2016. Por ello reiteraron que los motivos
de hecho y de derecho de la demanda fueron las fallas reportadas en esa fecha, tal
como lo reconoció la propia Administración, de suerte que era ese momento el punto
de partida para contabilizar la caducidad, la cual, por tanto, operó el 11 de noviembre
de 2018, bajo la regla general prevista en el artículo 164, numeral 2, literal j) del
CPACA.
Con respecto al debate de fondo señalaron que no aceptaban las imputaciones de
la entidad, y que ésta debía demostrar la existencia de condiciones de inestabilidad
en el punto o abscisa en que se construyó el puente, y que las mismas debieron ser
previstas desde la etapa de estudios y diseños. Asimismo afirmó que, de
conformidad con el contrato suscrito con el INVIAS, esa actividad de estudios y
diseños encomendada al consorcio sólo comprendió su realización en fase III “o de
detalle”, lo cual implicaba que el diseño previamente entregado por la
Administración ya traía definida la localización del proyecto y del sector intervenido
con las obras, sin que el contratista tuviera la potestad de cambiar el tramo, todo lo
cual debía examinarse únicamente si en el juicio se llegaba a determinar el supuesto
riesgo geológico de la zona en que se desarrolló la obra, siendo ese el único riesgo
asumido por el consorcio y por el que “debía responder”.
Tras replicar cada uno de los hechos de la demanda con la exposición de su propia
versión sobre lo acontecido con el puente Orquídea 1, propusieron las siguientes
excepciones: i) “el hecho externo (...) denominado ‘movimiento en masa regional de
magnitudes profundas’ constituye eximente de responsabilidad respecto de (...) la
afectación de estabilidad al puente Orquídea 1” y ii) “inexistencia de vicio oculto en
el puente Orquídea 1 como requisito esencial para endilgar responsabilidad
contractual al consorcio”.
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2.5. La compañía de seguros Confianza S.A. también propuso la excepción
(clasificándola como de mérito) de “caducidad de la acción”, sobre la base de que
la regla aplicable era la establecida de manera general en el artículo 164, numeral
2, literal j) del CPACA.
Señaló que el INVIAS tuvo conocimiento de los daños en el tramo de La Orquídea
el 10 de noviembre de 2016, razón por la cual, siendo dichos deterioros la base de
su demanda, el término para interponerla expiraba el 11 de noviembre de 2018; y
aun tomando como punto de partida el cierre del puente, lo cual, según sus palabras,
fue dispuesto “en agosto de 2017”, se evidenciaba la extemporaneidad de la
demanda, por haber sido presentada más de dos años después de esa época.
Las otras excepciones de fondo propuestas por Confianza S.A. refirieron la “falta de
acreditación [de] un incumplimiento imputable al contratista (...) [e] inexigibilidad de
la póliza (...)”, el “cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de
consorcio (...)”, la “falta de la prueba de la ocurrencia del siniestro y [su] cuantía” y
el “límite de valor asegurado para el amparo de estabilidad de obra contenido en la
póliza de cumplimiento”; además de alegar la aseguradora, los eventuales
fenómenos de subrogación y compensación.
2.6. En providencia del 20 de mayo de 2021, el Tribunal de primer grado recalcó
que la excepción de “caducidad” ameritaba pronunciamiento previo a la audiencia
inicial, bajo lo establecido en el artículo 12 del Decreto-ley 806 de 2020, por lo cual
resolvió en forma preliminar -y negativamente- las solicitudes probatorias del
consorcio encaminadas a demostrar la falta de oportunidad de la demanda.
Posteriormente, en auto del 10 de junio del mismo año, dio aplicación prevalente al
artículo 38 de la Ley 2080 de 20212, y en tal virtud, ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto, todo ello con miras a resolver la excepción de caducidad mediante
2
Que modificó el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.A.C.A., quedando esa norma con el siguiente
contenido: “De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo
201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre
las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con
las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.
Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102
del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso
segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que
cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones
previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.
Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se
declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de
procedibilidad.
Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de
legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia
anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A"..
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sentencia anticipada, institución que para entonces estaba recién introducida por la
indicada norma.
2.7. El Ministerio Público3 estimó que la demanda había sido oportuna y que, en ese
sentido, debía declararse no probada la excepción de caducidad, pues si bien hubo
un “principio de daño” con las fallas iniciales de la obra, que fueron advertidas al
contratista e incluso intervenidas por éste en procura de su reparación, lo cierto es
que el verdadero motivo de hecho o de derecho que servía de fundamento a la
demanda sub judice era el colapso total y definitivo del puente, informado el 29 de
octubre de 2019, cuando fue palmario que las labores del consorcio fueron
insuficientes para garantizar la estabilidad de la obra.
Sostuvo que, al haber culminado el 8 de agosto de 2019, sin resultados, el
procedimiento administrativo iniciado para hacer efectivo el amparo
correspondiente, era esa la fecha que debía tenerse en cuenta para estudiar la
oportunidad de la demanda, siendo claro además, en su criterio, que la
jurisprudencia había precisado la diferencia entre la caducidad para imponer la
sanción administrativa y la caducidad para acudir a la vía jurisdiccional.
Señaló que el daño era permanente y actual, además de haberse provocado por
culpa del contratista y no del INVIAS, razón por la que no podía entenderse
configurada la caducidad.
Finalmente, subrayó que la regla aplicable no era la de carácter general establecida
en el artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, sino la especial contenida en el
sub-numeral iii), prevista para todo contrato que requiriera liquidación, como era el
caso del negocio sometido al presente juicio.
2.8. La entidad estatal demandante señaló que el término de caducidad debía
computarse teniendo en cuenta el hecho de que el contrato materia de juicio era de
aquellos que requerían liquidación, y que en todo caso, tal como lo consideró el
Tribunal en el auto admisorio de la demanda, “el colapso del puente La Orquídea 1
ocurrido el 29 de octubre de 2019 constituía un hecho sobreviniente que en igual
medida permitía estimar como oportuna la presentación de la demanda, es decir, el
colapso del puente sustituyó a sus fallas como hecho generador del daño”.
Agregó que, en todo caso, si bien la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
dio aviso al INVIAS sobre las fallas de la obra el 10 de noviembre de 2016, lo cierto
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Procuraduría 53 Judicial II Delegada ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
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es que a partir de ese evento el contratista asumió unos compromisos encaminados
a corregir los deterioros encontrados y a poner la estructura en condiciones de
operabilidad, por lo cual, a su juicio, la fecha mencionada no podía servir como punto
de partida para contabilizar el plazo para demandar, sino sólo el momento en el que
se estableció que el consorcio no atendió las obligaciones que había aceptado, lo
que fue cristalizado en forma definitiva con la caída del puente, ocurrida en el año
2019.
En tal virtud, se opuso a que en el juicio se dictara sentencia anticipada.
2.9. A su turno, el consorcio demandado señaló que el término de caducidad
comenzaba a correr el 11 de noviembre de 2016, y que en esa medida la demanda
había sido manifiestamente extemporánea, lo cual ameritaba la expedición de la
sentencia anticipada, a efectos de declarar probada la ocurrencia del fenómeno
preclusivo del derecho de acción. Por lo demás, reiteró los argumentos de defensa
planteados en la contestación del libelo.
3. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Casanare estructuró el análisis y las conclusiones del
caso, sobre las siguientes bases:
-. La caducidad de la acción, en el caso concreto, no debe contabilizarse bajo las
reglas establecidas en el artículo 164, numeral 2, literal j), subapartados ii) al v), por
cuanto la controversia no recae sobre la situación de cumplimiento o incumplimiento
del contrato estatal, sino sobre obligaciones posteriores a su terminación,
relacionadas con la estabilidad del puente Orquídea 1, cuyas fallas, que a la postre
derivaron en colapso de toda la estructura, se tradujeron en “un presunto daño
descubierto después de recibirse productos contractuales”.
Dijo:
En un contrato de obra pública liquidado4, con productos recibidos a satisfacción
del ente contratante, si la causa para pedir se ubica en presunta aparición ex
post de defectos estructurales del producto contractual (vicios ocultos), se
edifica un típico litigio relativo a estabilidad de obra, que pudiera descubrirse
con significativa posterioridad al recibo final de trabajos y a la liquidación.
Para escenarios como ese, de presuntos vicios ocultos que afectan la
estabilidad de las obras, la técnica de control de oportunidad del medio de
control más plausible la constituye la opción pretoriana conocida como daño al
descubierto. No es la fecha de un acta de liquidación; ni la del acta de recibo de
4
Cabe anotar que el contrato se liquidó después de que el INVIAS fue informado sobre las fallas del
puente, como lo expondrá la Sala en el análisis de la caducidad.
10
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los trabajos; ni la del informe final de una interventoría. Tiene que escudriñarse
en concreto.
-. Por consiguiente, la caducidad solo debe contarse desde cuando se tuvo noticia
cierta y técnica de las fallas del puente (daño al descubierto), pues con los anuncios
de la AIS en virtud del convenio celebrado con el INVIAS, lo que se determinó fue
la necesidad de profundizar los estudios preliminares, identificar las causas, verificar
la gravedad de las fallas y establecer pronóstico de riesgos; en esa situación,
sobrevino el cierre inicial del puente y todos los hechos reveladores de la
problemática acaecidos e informados a la administración del INVIAS, antes de las
resoluciones que en ese sentido expidió, pues desde entonces debía saberse que
apareció una falla estructural, aunque no se pudieran todavía clarificar exactamente
sus causas.
El colapso total, ocurrido después de la demanda, fue la agravación de un daño que
ya estaba al descubierto, tanto así que el puente salió definitivamente del servicio
por mandato del INVIAS, meses antes de esa consumación. Por ello, el derrumbe
del puente no puede ser tenido como el punto de partida para el cómputo de la
caducidad.
-. El informe recibido por el INVIAS en noviembre de 2016, los requerimientos
hechos al contratista para que arreglara las fallas de la estructura, los conceptos
técnicos que se emitieron por parte de las dependencias técnicas del INVIAS y de
consultores externos, las actuaciones administrativas iniciadas por la entidad para
la efectividad de la garantía y el cierre definitivo del puente, consolidaron una “línea
del tiempo” con cuatro posibles escenarios para ubicar el inicio del término legal
para demandar, de acuerdo con “el grado de conocimiento de la magnitud de la falla
del puente La Orquídea 1”. Sin embargo, en todos ellos opera la caducidad.
-. Así, esos cuatro escenarios fueron los siguientes: i) la información obtenida por la
Dirección Técnica de Carreteras del INVIAS (DTC), el 10 de noviembre de 2016,
siendo esta la hipótesis más restrictiva, al vencer el plazo para demandar el 11 de
noviembre de 2018; ii) la solicitud presentada por la interventoría el 23 de marzo de
2017, de declarar el siniestro de estabilidad de obra. Con esta actuación se
evidenció que, al menos en esa fecha, el INVIAS tuvo conocimiento de la magnitud
de la falla estructural en el puente mencionado, por lo que tenía hasta el 24 de marzo
de 2019 para presentar la demanda; iii) la adopción de una primera medida de
contingencia sobre la estructura, consistente en su cierre preventivo, el 14 de junio
de 2017, por lo que el término para demandar culminaba el 15 de junio de 2019, y
iv) “en el espectro más favorable a INVIAS, cuando tuvo que cerrar definitivamente
el paso del puente [el 24 de agosto de 2017], dada la agravación de la falla y el
11
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riesgo inminente para los usuarios, lo que extiende el plazo para demandar hasta el
25/08/2019 (sic)”.
-. Cualquiera de esas posibilidades torna extemporáneo el libelo interpuesto por el
INVIAS, pues es palmario que la entidad tuvo plena claridad sobre las fallas y sus
consecuencias, al menos desde el 8 de agosto de 2019, fecha en la cual cerró la
actuación administrativa, sin declaratoria del siniestro de estabilidad de obra.
Para el Tribunal, todo lo acontecido con posterioridad, incluyendo el desplome del
puente, sólo constituyó agravación del siniestro ya descubierto y plenamente
conocido, quedando como únicos aspectos dudosos sobre ese hecho, el origen de
las fallas y los sujetos a los que debían imputarse.
Agregó:
Consecuencialmente, para el cómputo del término de caducidad ha de hacerse
conforme a lo dispuesto en el art. 164 (numeral 2º, literal “j”) del CPACA, esto
es, dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, no desde la liquidación del
contrato, ni desde cuando se consumó el siniestro, como lo postula la parte
actora
-. Debe dejarse en claro la diferencia existente entre el término de diez (10) años
que en el Código Civil se le otorga al contratista para cumplir y mantener su
obligación de preservar la estabilidad de la obra y efectuar su saneamiento por los
deterioros que surjan, y el término legal de caducidad del medio de control de
controversias contractuales, que es sólo de dos años contados desde “la revelación
o descubrimiento del daño”. Tal distinción implica que, si el hallazgo del daño
acontece “en el décimo año” de vigencia de la obligación relativa a la estabilidad, la
entidad pública cuenta con dos años a partir de esa revelación del deterioro, para
acudir vía contractual o de reparación directa, según el caso. Pero si el
descubrimiento ocurre en los primeros años de la obligación, “se habrá agotado el
plazo de caducidad primero que el de estabilidad, para ese evento específico”.
-. Por otro lado, dispuso no condenar en costas a la entidad demandante, por
considerar que, a la luz del artículo 188 del CPACA, las mismas no operaban
automáticamente por el solo hecho de “perder el proceso”, sino que debía el juez
de la causa hacer una ponderación concreta, valorando además la conducta
procesal de la parte vencida, que en el caso sub examine no había revelado
irregularidad, temeridad ni deslealtad alguna.
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4. Los recursos de apelación
4.1. El Ministerio Público impugnó la sentencia para que fuera revocada, y aunque
compartió con el Tribunal la postura de que no eran aplicables en el sub judice las
reglas especiales de caducidad previstas para los contratos que requieren
liquidación, por operar únicamente la regla general, subrayó que el motivo de hecho
o de derecho que fundamentaba la demanda del INVIAS era el colapso total y
definitivo del puente, ocurrido el 29 de octubre de 2019.
Señaló que el contratista había tenido tal conocimiento de los daños estructurales
del puente, que acometió la instalación de inclinómetros para detectar movimientos
del subsuelo y ejecutó otras acciones, aunque procedió a todo ello de manera tardía,
habiendo recomendado él mismo en sus estudios, un plan de monitoreo y
mantenimiento.
Consideró que las fallas encontradas en el puente obedecieron a deficiencias en su
construcción, por lo que no constituyeron un hecho ajeno ni imprevisible para el
consorcio, el cual, por el contrario, incurrió en culpa al no atender en debida forma
las normas técnicas de sismorresistencia ni los demás protocolos de construcción
de esa clase de estructuras. En esa medida, para el Ministerio Público, “no es cierto
que se haya producido la caducidad del medio de control, ya que, se repite, el daño
es actual, permanente e inminente”.
4.2. Por su parte, el INVIAS subrayó en la apelación que el contrato había finalizado
el 30 de abril de 2015, la obra fue recibida a satisfacción el 30 de mayo de ese
mismo año y la liquidación del negocio jurídico se realizó el 27 de octubre de 2017.
Partiendo de ello, reprochó que en la sentencia no se hubieran aplicado los plazos
de caducidad establecidos en el CPACA para los contratos que requirieran
liquidación, teniendo en cuenta la fecha en que ésta se efectuara o debiera efectuar,
como tampoco el auto de unificación proferido el 1 de agosto de 2019 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Dijo:
[N]o es acertada la decisión del Honorable Tribunal Administrativo del
Casanare, al estimar que no se podía acoger nuestra postura por cuanto no se
trata de un conflicto suscitado a partir del acta de liquidación bilateral del
contrato de obra, toda vez que la estipulación a partir de la cual se contabiliza
el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales
aquí estudiado y que ha sido previsto para los contratos que requieren
liquidación y esta se realice, es una situación objetiva, no se pregunta si el
conflicto suscitó en el acta, nada de eso, el supuesto normativo solo plantea un
escenario de cálculo del período de caducidad a partir de que se suscriba el
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acta de liquidación, como efectivamente ocurrió en el Contrato de Obra n.º 807
de 2009.
Cuestionó que el Tribunal se abstuviera de practicar pruebas encaminadas a
establecer la ocurrencia de la caducidad, especialmente porque, en su criterio, era
necesario determinar si bastaba con el informe técnico presentado por la
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) ante el INVIAS para que
surgiera la procedencia de la acción judicial, o si el hecho generador de la demanda
fue la falta de medidas por parte del contratista después de esa primera noticia, el
colapso del puente u otro evento, siendo en todo caso el punto de partida para el
cómputo del plazo, la liquidación del contrato.
Recalcó que el informe de la AIS no revelaba el tipo ni la gravedad de los daños,
menos la inminencia del derribamiento que se presentó en 2019, ya que conceptos
posteriores -como el del 15 de junio de 2017, suscrito por la firma Ingenieros Civiles
Constructores ICC- ponían de manifiesto que los desperfectos se podían corregir.
Manifestó que, en ese sentido, las fallas que venía presentando el puente La
Orquídea 1 eran progresivas, de forma tal que para establecer sus causas y su real
magnitud se requería el dictamen patológico solicitado en la contestación a las
excepciones. Por ello, concluyó que no era posible aducir una fecha cierta de
conocimiento del daño y menos con un informe de inspección visual sobre unas
grietas que no eran concluyentes para estimar un riesgo estructural.
Finalmente, expuso que aun en gracia de discusión, si se aplicara la tesis del
Tribunal de primer grado sobre la aplicación literal de la regla de caducidad que
empleó en la sentencia, en todo caso no estaría caducada la pretensión novena de
la demanda, encaminada a que se declare que el colapso total el puente, ocurrido
el 29 de octubre de 2019, es imputable al consorcio demandado.
4.3. Los recursos de apelación fueron concedidos el 12 de octubre de 2021 y
admitidos por esta Corporación el 26 de mayo de 2022.
II.- CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso puesto que
el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció
que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos,
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contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en
los que estén involucradas entidades públicas, naturaleza que ostenta el INVIAS,
como establecimiento público del orden nacional, creado mediante Decreto 2171 de
1992 y hoy regulado, entre otras normas, por el Decreto 1292 de 2021.
En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia, en el
sub judice se cumplen los presupuestos de ley puesto que la cuantía fijada en la
demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($414’058.0005), establecidos en el
artículo 152, numeral 5 del C.P.A.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este
proceso6. En efecto, la pretensión económica de mayor valor fue formulada por la
suma de $ 5.242’512.315, que se alega como valor pagado por el INVIAS para la
construcción del puente, según el acta de entrega y recibo definitivo de la obra,
suscrita el 30 de mayo de 2015.
2. De la oportunidad para demandar
a) La regla de caducidad aplicable
Debaten las partes, en primer término, lo concerniente a la caducidad que el
Tribunal de primera instancia declaró probada en sentencia anticipada. Mientras el
fallador determinó que el INVIAS conoció el hecho que motivó la demanda el 10 de
noviembre de 2016, la entidad consideró que el punto de partida para el cómputo
de caducidad no debe ser la fecha mencionada, dado que el informe rendido en esa
ocasión no fue definitivo sobre la magnitud de la falla del puente ni sobre su carácter
estructural, siendo cierto además que el contratista asumió unos compromisos a
raíz de la aparición de esos primeros agrietamientos, por lo que la posición inicial
en que quedó el INVIAS fue la de esperar de buena fe el cumplimiento de su
contratista y la solución del problema en sede administrativa. En ese sentido, para
el Instituto, la caducidad debe contarse desde más adelante y teniendo en cuenta,
concretamente, la fecha de liquidación del contrato por mutuo acuerdo.
5
El salario mínimo legal mensual que rigió en 2019 era de $828.116 (Decreto 2451 de 2018).
6
Norma posteriormente modificada por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, cuyas disposiciones
relativas a la competencia entraron a regir un año después, es decir, el 25 de enero de 2022. El texto
del artículo 152 del CPACA, vigente en el momento de presentación de la demanda, establecía: “Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…).5. De los
relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en
sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos
celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se
incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”. En virtud de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, hoy
este texto corresponde al numeral 4 del artículo 152 del CPACA, aunque el límite de la cuantía se
mantuvo en el equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
15
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Por su parte, el Ministerio Público señaló que el daño ocurrido en el puente Orquídea
1 es actual e inminente, y que sólo vino a concretarse con el colapso de la
estructura, de suerte que la caducidad no ha operado en el presente juicio.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé
varias reglas de caducidad para los conflictos que se originan en los contratos del
Estado. La primera de ellas, de carácter general, es la establecida en el artículo 164,
numeral 2, literal j), a la luz del cual, “en las [controversias] relativas a contratos, el
término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento”. A continuación, la norma establece que la pretensión de nulidad
absoluta o relativa del contrato cuenta con un término de caducidad de dos años
contados a partir del día siguiente al de perfeccionamiento del negocio cuestionado.
Seguidamente, el legislador hace esta categorización:
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecución instantánea, desde el día siguiente a cuando se cumplió
o debió cumplirse el objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la
terminación del contrato por cualquier causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común
acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;
iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por
la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto
administrativo que la apruebe.
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo
o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el
término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido
para hacerlo bilateralmente, o en su defecto, del término de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo
ordene o del acuerdo que la disponga (...). (Destaca la Sala).
Así, estas reglas especiales señaladas en el CPACA para los contratos de ejecución
instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de
que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda
demandar, pues refieren supuestos propios de la fase de liquidación y precaven la
finalización de los distintos plazos para realizarla, con o sin la eventualidad de que
ello se haya logrado de manera bilateral o unilateral.
Tal clasificación se incorporó en la ley actual y fue heredada del estatuto anterior
(Decreto 01 de 1984) porque, a la par con la aplicación de la regla general, que
entraña ciertamente un límite claro de tiempo para el ejercicio del derecho de acción,
debía encontrarse una solución adicional que equilibrara la configuración irrestricta
de la caducidad frente a la realidad del contrato y la unicidad de la relación
obligacional entre las partes, que no podía verse avocada a tantas demandas
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judiciales como discrepancias fueran surgiendo durante su vigencia. El origen de la
consagración normativa de esas hipótesis del contrato pendiente de liquidación, de
cara a la caducidad, es jurisprudencial, porque fue en el ejercicio jurisdiccional del
Consejo de Estado como se advirtieron esas realidades de la contratación estatal,
luego refrendadas en la codificación procesal de lo contencioso administrativo.
Así lo recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado en el auto de unificación
de fecha 1 de agosto de 20197, al señalar frente a la regla general de caducidad, en
sus comienzos la única existente en el ordenamiento:
[C]on el tiempo, advirtió la jurisdicción que la relación contractual, en especial
la de tracto sucesivo, podía dar lugar a múltiples y sucesivas controversias, que
vistas desde la perspectiva literal del artículo 136 del C.C.A., suponían para el
contratista inconforme la carga irrazonable del conteo sucesivo del término de
caducidad, una a una, en la medida en que los conflictos se suscitaran, sin
consideración a la unidad de la relación contractual. Por esa razón, y en
consideración a la drasticidad de los efectos de la caducidad de la acción, la
jurisdicción estimó necesaria la fijación de un hito inicial para el conteo del
término de caducidad que respondiera en mejor forma a una concepción
integral de la relación contractual. De este modo tomó como referente, para
esos efectos, el momento de la terminación del contrato, si este no requería de
liquidación, y el de acaecimiento de esta última en caso contrario (...).
En 1998 se expidió la Ley 446 cuyo objeto se extendió a la modificación y
expedición de algunas normas del Código Contencioso Administrativo, entre
ellas, de su artículo 136, y el legislador, en esa ocasión, acogió el criterio
establecido uniformemente por la jurisprudencia, en relación con el conteo de
la caducidad de la acción contractual (...). (Énfasis fuera de texto).
Por ello, y armonizando estas previsiones normativas y jurisprudenciales con los
presupuestos del medio de control de controversias contractuales, emerge palmario
que los términos de caducidad en los contratos que requieren liquidación son, en
principio, los establecidos en los apartados iii), iv) y v) del artículo 164, numeral 2,
literal j) del CPACA, lo que implica que la controversia llevada a juicio haya surgido
en el marco de la relación contractual cuando la misma estaba vigente y no haya
podido solventarse en sede administrativa, ni aun cuando se efectuó o debió
efectuarse la liquidación del negocio jurídico, en procura de su pacífico finiquito.
Distinta es la operabilidad de la caducidad cuando, incluso tratándose de un contrato
pasible de liquidación, el conflicto es relativo a obligaciones o situaciones
posteriores a su ejecución, terminación y a la misma liquidación, como en el
presente caso lo es la carga que le corresponde al contratista, de mantener la
estabilidad de la obra ya entregada8 y garantizar el respectivo riesgo9, y todo aquello
que le es exigible al asegurador respecto de la cobertura de ese amparo. Así, de
7
Expediente N° 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
8
Entregar la obra con las especificaciones de calidad y con vocación de durabilidad, y acudir a
reparar las anormalidades o desperfectos que surjan durante la vigencia de la obligación de
saneamiento y de la garantía de estabilidad.
9
Constituir la garantía de amparo del siniestro de estabilidad.
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conformidad con el artículo 2060, numeral 3) del Código Civil, el constructor debe
responder por la afectación de la estabilidad de la obra, o por su ruina (bajo las
hipótesis allí previstas), dentro de los diez años subsiguientes a la entrega
respectiva10; y a su turno, el Decreto 4828 de 200811, vigente para la fecha de
celebración del contrato, disponía que la garantía de estabilidad de la obra debe
tener una vigencia de por lo menos 5 años contados a partir del recibo a satisfacción,
por parte del Estado, de la estructura, vía o elemento entregado. Tales términos no
pueden desconocerse contabilizando la caducidad, en cada caso, con fundamento
en los plazos para liquidar el negocio jurídico, pues en esos eventos las
controversias serían preponderantemente proclives a caducar, ya que los tiempos
dados por la ley a las obligaciones concernientes a la estabilidad de la obra pública
finalizada pueden no pocas veces llegar a ser superiores a los indicados plazos de
liquidación y de caducidad. Por lo demás, debe subrayarse que las controversias
contractuales originadas en eventos relacionados con la estabilidad de la obra
terminada y entregada a satisfacción aluden a obligaciones posteriores al contrato
y no a aspectos de su desarrollo, que son los que se finiquitan en la liquidación, por
lo que no es conducente en casos post contractuales, calcular el término de
caducidad a partir del acto liquidatorio, bilateral o unilateral.
Por tanto, dado que en el presente caso las pretensiones de la demanda se
encaminan a que se declare, por una parte, la responsabilidad del consorcio CC-
MP-HV- Cusiana por los alegados vicios ocultos que derivaron en daños
estructurales del puente Orquídea 1 ocurridos con posterioridad a su entrega, y por
otro lado, la procedencia de hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra con
cargo a la póliza constituida por el mismo contratista ante la compañía Confianza
S.A., es claro que el término de caducidad es el previsto en el primer inciso del
artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, esto es, los dos (2) años contados a
partir de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento a la
demanda respectiva.
En este punto cabe precisar que, si bien conforme a la ley, la obligación de
saneamiento que le asiste al constructor se extiende por 10 años desde la entrega
de la obra, y por su parte, la garantía de estabilidad de la obra pública debe ser
expedida por el asegurador por 5 años como mínimo, ello no implica que el término
de caducidad sólo comience a correr cuando expiren los mencionados plazos, pues
10
“Los contratos para construcción de edificios, celebrados con un empresario que se encarga de
toda la obra por un precio único (...) se sujetan, además, a las reglas siguientes (...):
3) Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o en parte, en los diez años subsiguientes a su
entrega, por vicio de la construcción o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas
por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el
empresario (...)”.
11
Artículo 7.6. Hoy el Decreto 1082 de 2015 señala lo mismo en su artículo 2.2.1.2.3.1.14.
18
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éstos no son tiempos de espera, vale decir, no se establecieron para que el acreedor
pueda postergar o prolongar dentro de ellos la reparación de la obra o la
indemnización del siniestro aunque éste ocurra al comienzo de tales períodos, sino
que se previeron como vigencias máximas para delimitar las responsabilidades del
constructor y el asegurador, de forma que éstos sólo deban indemnizar o cubrir los
daños ocurridos durante ellas, pero el término de caducidad, por su parte, comienza
a correr desde el día siguiente a la ocurrencia del evento que se alega como origen
de la responsabilidad.
En ese sentido, acontecido el motivo de hecho y de derecho que fundamenta la
demanda (y definida su magnitud), comienza a transcurrir al día siguiente el plazo
de caducidad. Ya la determinación de la responsabilidad dependerá, ciertamente,
de que el daño se haya producido dentro del período en que corrían a cargo de los
demandados las obligaciones relativas a la estabilidad o a la calidad de la obra (10
años para el constructor y mínimo 5 para el asegurador), pero ello es distinto al del
estudio de la caducidad, cuyo cómputo, se reitera, inicia desde la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que originan la controversia, como lo establece la
norma del CPACA ya referida.
Ahora, sin perjuicio de lo anterior también debe subrayarse que, no conociendo el
demandante esos motivos en la misma fecha de su acaecimiento, procede computar
la caducidad desde el momento en que tiene noticia de los eventos fundantes del
juicio que promueve, pues se opondría a la garantía de acceso a la administración
de justicia y a los principios pro actione y pro damnato exigir que el interesado acuda
a la vía judicial sin conocer las circunstancias de hecho y de derecho que originan
la controversia contractual.
b) Hecho fundante de la controversia en el caso concreto
A efectos de establecer en el sub lite la fecha en que acaecieron y/o fueron
conocidos los motivos de hecho o de derecho que fundamentaron la demanda del
INVIAS, pasa la Sala a referir lo que aparece demostrado en el proceso, relevante
para el indicado análisis.
Al respecto, obra prueba de lo siguiente12:
-. El 3 de julio de 2009, el INVIAS celebró con el consorcio hoy demandado el
contrato de obra N° 807, con el objeto de ejecutar todas las “actividades necesarias”
12
Los elementos probatorios del proceso reposan en el aplicativo de SAMAI, índice N° 33 de la
primera instancia (Gestión en otros despachos), enlace incorporado en el documento allí registrado.
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en cuanto a “estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento
del proyecto ‘Transversal del Cusiana”. De acuerdo con el pliego respectivo, ese
objeto contractual comprendía el estudio, diseño y construcción de obras de
estabilización y mantenimiento de muros, taludes y demás elementos de la
infraestructura propia de la vía, lo que incluyó el puente vehicular de la zona
conocida como La Orquídea, en el tramo que comunica a los departamentos de
Boyacá y Casanare.
-. El contrato, con sus adiciones, culminó el 30 de abril de 2015. El 30 de mayo del
mismo año, fue suscrita el acta de entrega definitiva de la obra.
-. La garantía de estabilidad, constituida por el contratista como parte de sus
obligaciones, estuvo contenida en la póliza N° 31 GU070992, que fue objeto de
varias modificaciones, por lo que el amparo señalado tuvo como última vigencia el
término transcurrido entre el 30 de mayo de 2015 y el 30 de mayo de 2020.
-. El 10 de noviembre de 2016, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
(AIS) presentó un informe ante el INVIAS 13 sobre el estado de varios puentes del
país. Respecto del viaducto Orquídea 1, comprendido en la obra del contrato N° 807
de 2009, expuso:
En costado derecho de la viga cajón curva se observan fisuras de una probable
combinación de flexión horizontal – torsión – cortante que pueden estar
relacionadas con el movimiento del estribo de salida y/o falta de capacidad de
carga. Se evidencian reparaciones previas consistentes en el sellado de fisuras,
pero aparentemente estas persisten.
Es necesaria la evaluación de su capacidad de carga acompañada con el
monitoreo y la instrumentación del puente y la correspondiente rehabilitación,
teniendo en cuenta que los daños puente (sic) tener relación con los
movimientos de uno de sus apoyos (estribo).
-. El 12 de diciembre de 2016, el consorcio Gestión Vial Nacional, como interventor
del contrato N° 807 de 2009, requirió al constructor para que informara sobre los
resultados de la revisión que efectuaran los especialistas en ingeniería estructural y
en geotecnia, y para que conceptuara sobre las medidas procedentes frente a los
daños descritos por la AIS.
-. En memorando del 21 de diciembre de 2016, la Dirección Territorial Casanare del
INVIAS solicitó a la Subdirección Red Nacional de Carreteras que requiriera al
contratista y a su interventor para adelantar una inspección del puente, determinar
13
Según la referencia hecha en el encabezado del informe, éste se rindió en el marco del “Convenio
de asociación para aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para determinar la capacidad
de carga de los puentes de la Red Vial Nacional - Fase I”, suscrito en el año 2016.
20
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su estado actual y establecer eventuales medidas de restricción de uso. El 23 de
diciembre siguiente, la entidad remitió tal requerimiento al representante de la
sociedad Conconcreto S.A., integrante del consorcio constructor.
-. El 30 de diciembre de 2016, la firma Ingeniería y Geotecnia S.A.S. rindió un
informe sobre el estado del puente Orquídea 1, en el que refirió la ocurrencia de un
levantamiento ligero del pavimento en el acceso norte, diferencias entre las juntas
de dilatación de ambos lados y la aparición de fisuras en el andén, hacia la parte
central del viaducto. Afirmó que si bien se evidenciaba un empuje de terreno en el
estribo izquierdo, no se encontraron procesos geotécnicos que pudieran estar
provocando tal fenómeno, por lo que recomendaba “adelantar un programa de
monitoreo topográfico de alta precisión que permita establecer la ocurrencia de
desplazamiento de terrenos sobre el puente”.
-. En oficio recibido por el INVIAS el 18 de enero de 2017, el consorcio Saitec- Joyco
(obrando como interventor de obras de mantenimiento que en esa época adelantaba
la firma La Equidad, en el marco de otro contrato) refirió que, efectuados los
monitoreos topográficos en los puentes Orquídea 1 y 2, se evidenciaban diferencias
de lectura con visitas anteriores, por lo que se recomendaba instrumentación
geotécnica y “complementar con otras obras que deben ser diseñadas en función
de los resultados de las superficies de falla que se detecten de los monitoreos y
estudios más profundos de este sector”.
Agregó que tales recomendaciones tenían por objeto mitigar los movimientos de
masa, de “índole regional”.
-. Dicho oficio de Saitec - Joyco fue puesto en conocimiento del consorcio hoy
demandado el 6 de febrero de 2017. El 8 de febrero siguiente, el INVIAS requirió al
contratista para que inspeccionara la estructura, evaluara su estado y revisara la
eventual procedencia de medidas restrictivas, al tiempo que envió al mismo
contratista, por correo electrónico, varias fotografías que evidenciaban
agrietamientos en la dovela central de cierre del puente.
-. El mismo 8 de febrero de 2017, el representante de Conconcreto S.A. rindió
concepto sobre las visitas al puente Orquídea 1, realizadas en diciembre de 2016
por las especialidades en geotecnia y estructura, las que evidenciaron
levantamientos del pavimento en el acceso por el costado Sogamoso (norte), cierre
de la junta de dilatación en el mismo lado, apertura de fisuras en el andén (punto
central cóncavo, al oriente) y apertura de la baranda del costado de aguas arriba
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(occidente), aunque no se observaron, según su versión, vestigios de movimientos
en la estructura del puente.
Reiteró Conconcreto S.A.:
Aunque pareciera que se está dando un empuje del terreno en el estribo
izquierdo, sin embargo, no se encontraron evidencias de un proceso geotécnico
que pudiera estar ejerciendo ese empuje. Por tal razón recomienda (sic) un
monitoreo topográfico de alta precisión que permita establecer la ocurrencia de
desplazamientos del terreno sobre el puente. El Consorcio realizará un
monitoreo independiente a partir de la próxima semana, con lecturas
inicialmente cada 15 días.
Adicionalmente, subrayó que el diseñador estructural contratado por el consorcio se
encontraba revisando el diseño del viaducto y haría visita de campo para identificar
los factores que habían afectado la obra.
Tal identificación fue adelantada por la firma Ingenieros Civiles Constructores – ICC,
la cual conceptuó14 sobre el estudio de diseño estructural realizado al puente,
evidenciando su desplazamiento 15 centímetros hacia el estribo Sogamoso (norte),
y como causa de tal movimiento, un “empuje horizontal del terreno” que incrementó
los esfuerzos de la estructura, por lo que recomendó el monitoreo permanente del
viaducto, un estudio geotécnico detallado para determinar la causa de los
movimientos de terreno y el adelantamiento de algunas obras.
-. En la reunión sostenida el 23 de febrero de 2017 entre la Subdirección Nacional
de Carreteras, la Dirección Territorial Casanare, el consorcio constructor y su
interventor (consorcio Gestión Vial Nacional), se advirtió que en ese momento no
era posible establecer qué obras debían realizarse para proteger la estructura de
manera definitiva, por lo que se acordaba la adopción de medidas en el corto plazo,
tanto a cargo del INVIAS como del contratista, quien rindió informe sobre el avance
de compromisos el 7 de marzo de 2017.
-. En oficio del 11 de junio de 2017, el contratista informó que se había presentado
una ruptura de consideración en la dovela central del puente, por lo que subrayó la
urgencia de construir drenes horizontales y de presas aguas abajo (medidas
concertadas en la reunión del 23 de abril de 2017), a fin de mitigar el movimiento de
masa que empujaba al costado norte del puente induciéndole sobreesfuerzos.
Igualmente sostuvo que, una vez realizadas dichas obras, se revisaría la necesidad
de actividades adicionales para detener o desviar el empuje sobre el apoyo norte
14
Informe sin fecha.
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del puente, o de no presentarse ya tales movimientos, examinar reparaciones al
viaducto para dejarlo en óptimas condiciones de operación.
-. En Resolución N° 04384 del 14 de junio de 2017, el INVIAS dispuso el cierre
temporal del puente Orquídea 1, debido a que la fisura presentada el 11 de junio
ameritaba la suspensión preventiva de su operación para poder “valorar los daños
y las soluciones para rehabilitar el tránsito”. En Resolución N° 04431 del 15 de junio
de 2017, la entidad modificó su decisión y dispuso únicamente restringir el paso de
vehículos de carga extrapesada y autorizar el tránsito de un solo automotor por
turno.
-. En oficio OAJ91335 del 15 de junio de 2017, el INVIAS puso en conocimiento del
contratista los hechos constitutivos de siniestro de estabilidad de obra, a fin de que
rindiera descargos y quedara así garantizado su derecho de defensa, en el marco
del procedimiento administrativo “de afectación de la póliza de cumplimiento
GU070992, expedida por la Compañía Aseguradora seguros Confianza S.A.”. En
punto de ello, manifestó que citaba tanto al contratista como a su garante, a
audiencia programada para el 10 de julio del mismo año.
La entidad puso de presente el contenido de los informes y memorandos antes
mencionados, dos solicitudes elevadas por el interventor y la Subdirección Nacional
de Carreteras para el inicio de ese procedimiento administrativo y un concepto del
mismo interventor sobre la necesidad de hacer efectivo el 100% del amparo, dado
que el valor del siniestro se estimaba como equivalente al valor total del puente.
Mencionó, asimismo, el evento acaecido el 11 de marzo de 2017, esto es, la rotura
de la dovela central de cierre del viaducto y los desplazamientos detectados durante
los monitoreos hechos al puente.
-. El 9 de agosto de 2017, la firma Diseño y Consultoría Estructural S.A.S. conceptuó
ante el INVIAS sobre el estado de la fisura encontrada en la sección central del
puente Orquídea 1.
-. En memorando técnico del 15 de agosto de 2017, dirigido al director de
interventoría del consorcio Saitec-Joyco, su asesor geotécnico dio a conocer los
resultados de la visita efectuada el día 6 del mismo mes y año, para determinar si
había evidencias de inestabilidad que causaran al puente problemas estructurales.
Señaló que, 24 horas después de la visita efectuada el 6 de agosto de 2017, se
produjo una fuerte precipitación que incrementó en 10 cm el escalonamiento de la
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junta del puente en el estribo norte, por lo que recomendó el cierre del tramo “para
garantizar la seguridad vial de todos los usuarios del puente”.
-. El consorcio Saitec - Joyco efectuó otras visitas en septiembre y octubre de 2017,
informando en sus propias dependencias los hallazgos realizados y la oposición de
una parte de la comunidad a la implementación de medidas de contingencia.
-. A raíz de los indicados informes del consorcio Saitec - Joyco, mediante Resolución
N° 06319 del 18 de agosto de 2017, el INVIAS restringió el tránsito de vehículos de
carga superior a 20 toneladas, por el puente Orquídea 1.
Posteriormente, la entidad volvió a variar la medida, al emitir la Resolución N° 6429
del 24 de agosto de 2017, por la cual dispuso el cierre total del puente, “hasta que
sea superada la emergencia”. Ello como una acción preventiva que garantizara la
seguridad de los usuarios, ya que el consorcio Saitec – Joyco informó que para el
22 de agosto de 2017 se detectaron incrementos de movimientos en el estribo norte
y en la dovela central de cierre, así como levantamientos del contrapeso con
respecto a la placa de aproximación del puente.
-. El 27 de octubre de 2017, las partes liquidaron por mutuo acuerdo el contrato de
obra N° 807 de 2009, sin hacer mención de lo acontecido con el puente Orquídea
1.
-. El 23 de abril de 2019, las sociedades IDEAS S.A.S. y Edifica Colombia Ltda.
presentaron al INVIAS un informe sobre el estado estructural del puente, tras visitas
realizadas en marzo de ese año15.
Según el documento, el daño encontrado en la obra podía estar asociado a
desplazamientos relativos de los apoyos del puente (norte y sur); y la falla principal
se encontraba en el segmento central del viaducto, originándose “alrededor” del 11
de junio de 2017.
-. En Resolución N° 004113 del 8 de agosto de 2019, el INVIAS declaró la
terminación y el archivo del procedimiento administrativo iniciado para declarar el
siniestro de estabilidad de la obra, “derivado del Contrato de Obra Pública N° 807
de 2009”.
15
Se infiere que el informe fue presentado en el marco del procedimiento administrativo que en ese
momento adelantaba la entidad contra el consorcio y la compañía de seguros, para el amparo de
estabilidad de la póliza respectiva. En la Resolución de archivo del procedimiento, que la Sala referirá
en esta sentencia, el INVIAS indicó que el 24 de abril de 2019 fue sustentado el “informe de perito
de parte”, aportado por el contratista.
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Al relatar los antecedentes de la actuación, refirió que en febrero de 2017, la
Dirección Territorial Casanare informó que a través de inspecciones visuales y
monitoreo topográfico había sido confirmada la presencia de fisuras en el puente
Orquídea 1, que “amenazaban su estabilidad”. Posteriormente, relató el contenido
de otros informes sobre el estado del puente y las solicitudes para el inicio del
procedimiento administrativo, además de referir algunos pormenores de la
actuación adelantada en el marco del mismo.
La entidad señaló que, de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio,
las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben ordinariamente a los dos
años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que daba base a la acción, término dentro del cual la
Administración debía expedir, de acuerdo con la jurisprudencia, el acto
administrativo de declaratoria del respectivo siniestro.
Con base en tal premisa, refirió:
[U]na vez revisado el expediente del presente procedimiento administrativo, se
observa que el hecho que materializa el riesgo asegurado fue puesto en
conocimiento del Instituto Nacional de Vías desde el 10 de noviembre de 2016,
fecha en la que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, mediante el
documento ‘Inventario e Inspección Principal de Puentes’, informó a la Dirección
Territorial Casanare del INVIAS sobre la verificación de la presencia de fisuras
en el puente Orquídea 1 (...).
En ese orden de ideas, como quiera que la fecha que debe tenerse en cuenta
para el cómputo del término que tiene la entidad para declarar el siniestro
corresponde al 10 de noviembre de 2016, los dos años para expedir el acto
administrativo expiraron el 10 de noviembre de 2018, por lo que no se cumpliría
con uno de los requisitos que en criterio del Consejo de Estado, deben existir
para declarar la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra.
-. El 30 de octubre de 2019, la firma Vías Alfa Tecnología E.U. informó a la Dirección
Territorial Casanare del INVIAS sobre el colapso del puente Orquídea 1, acaecido
el 29 del mismo mes y año.
c) Análisis de la caducidad
La Sala revocará la sentencia impugnada, en cuanto declaró la ocurrencia de la
caducidad de la acción ejercida, pues la pretensión formulada en la reforma de la
demanda del 12 de noviembre de 2019, que señala como hecho sobreviniente el
derrumbe del puente materia de controversia, se cimenta sobre un motivo de hecho
y de derecho independiente del que fundó la demanda inicial, a pesar de seguir, en
principio, una misma cadena de eventos.
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De entrada es pertinente anotar que, mientras el escrito inaugural del proceso,
presentado el 16 de octubre de 2019, se encaminó a las declaratorias de
responsabilidad del consorcio y de ocurrencia del siniestro de estabilidad,
únicamente con fundamento en las fallas y agrietamientos que derivaron en
medidas sucesivas de cierres provisionales; en la demanda reformada el 12 de
noviembre de ese mismo año fue modificado el petitum, en el cual, si bien se
reprocharon nuevamente los vicios ocultos de la obra entregada, éstos ya no se
invocaron comunicando la existencia de fisuras y su carácter progresivo, sino el
colapso total de la estructura, ocurrido a pesar de las medidas antes indicadas.
Se resalta en segundo lugar que, en ningún caso, es decir, ni en la demanda del 16
de octubre de 2019, ni en la reforma presentada el 12 de noviembre siguiente, el
punto de partida para contabilizar la caducidad de la acción podía ser la noticia
recibida por el INVIAS el 10 de noviembre de 2016 acerca de los agrietamientos
encontrados en el puente para ese momento. A este respecto, no se desconoce que
en el informe rendido en ese entonces por la AIS ya se avizoraba que la avería del
puente podía estar surgiendo por una flexión horizontal -que en los años siguientes
fue agravando el estado de la estructura-, ocasionada a su vez por movimientos en
uno de sus estribos. Sin embargo, era igualmente cierto que ese informe inicial de
la AIS no era definitivo y menos registró las fallas que después fueron siendo
referidas en varios conceptos presentados ante la entidad, por lo que resultaba
razonable que el INVIAS procediera en primer lugar a indagar sobre la magnitud del
daño físico, sus causas y las medidas de contingencia procedentes, para lo cual
formuló requerimientos al consorcio hoy demandado y solicitó el concepto de otros
contratistas e interventores.
Es del caso subrayar que, ante eventos que afecten la estabilidad de la obra, no es
procedente exigir a la entidad estatal demandar judicialmente al contratista y a su
garante por razón de cada informe de advertencia, sea éste determinante o no en
la calificación de la falla que da origen a la demanda. Puesto en conocimiento de la
jurisdicción un evento determinado, es a partir de éste que se computa la caducidad,
no desde que el demandante pudo sospechar que dicho evento ocurriría, por lo cual,
si en el presente caso la demanda inicial fue promovida debido a la alegada
agravación del estado estructural del puente por la aparición e incremento de
fisuras, mal podría señalarse que el motivo de hecho y de derecho fue el informe
atinente a las primeras grietas, pues la gravedad que dio lugar a la demanda sólo
se registró con posterioridad a ese primer informe. En suma, el motivo de la
demanda inicial no fue el agrietamiento informado el 10 de noviembre de 2016, sino
las anomalías que después surgieron, las que naturalmente no habrían ocurrido en
la fecha mencionada, ni podían ser conocidas por el INVIAS en ese momento.
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Ahora bien, frente al evento señalado por la entidad demandante en la reforma
presentada el 12 de noviembre de 2019, se tiene que entre 2016 y 2019 fueron
varias las experticias técnicas que se rindieron sobre el estado del puente, pero
también relativas a las obras de contención y reparación que podían realizarse, aún
en el corto plazo, mientras se procuraba encontrar, por una parte, el origen de los
movimientos que estaban sobre-esforzando la estructura, y por el otro, las medidas
de arreglo definitivo para volver a poner el puente en normal operación.
En esa búsqueda, personal del consorcio contratista y del propio INVIAS
concertaron la realización de obras conjuntas y adelantaron monitoreos, a la par con
los que también realizó el consorcio Saitec - Joyco, en el marco de otra contratación
de obra con su respectiva interventoría.
Cabe recordar que el 15 de junio de 2017, el INVIAS dio inicio al procedimiento
administrativo para hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra, motivado en
ese momento por los agrietamientos progresivos que, según se adujo, estaba
presentando el puente, lo que hacía necesario, en esa específica coyuntura y según
lo dicho por la entidad, el recaudo de recursos para adelantar las obras que fueran
pertinentes. A la par con ello, las medidas de cierre adoptadas por el Instituto fueron
siempre provisionales, y en algunos casos parciales (pues permitió el tránsito de
algunos vehículos), por ser el propósito de la Administración, soportado en los
conceptos técnicos de varias firmas especializadas, adoptar medidas de seguridad
mientras se continuaba indagando sobre las posibles obras tanto de contingencia
como de reparación definitiva.
Tal era el panorama de los hechos que rodearon la demanda interpuesta el 16 de
octubre de 2019, época en la cual todavía era esperable una solución, buscada por
el Instituto, el contratista hoy demandado, el interventor y otros contratistas e
interventores de la entidad que rindieron dictámenes y conceptos técnicos sobre el
avance de los pretendidos daños y sus alternativas de solución.
Para el 12 de noviembre de 2019, las circunstancias habían variado, pues ya no era
posible la adopción de medida alguna ni persistía la factibilidad de obras para
reparar las mencionadas averías del puente, dada su supuesta pérdida material,
total e irreversible, ocurrida por su colapso verificado el 29 de octubre de ese año,
hecho éste que sobrevino mientras, se reitera, tanto la entidad como el contratista
y los consultores mencionados esperaban buscar salida al problema previo.
Ciertamente, bien puede considerarse que la progresión de los señalados
agrietamientos del puente, estudiados especialmente durante 2017 -y que en efecto
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derivaron en la apertura del procedimiento administrativo ya señalado- daba lugar
por sí misma a una demanda judicial, lo que en efecto aconteció al interponerse el
libelo primigenio del 16 de octubre de 2019. Sin embargo, ello no es óbice para
destacar que la caída definitiva del puente Orquídea 1, que se reclama y se afirma
como registrada el 29 de octubre de 2019, constituyó un hecho sobreviniente,
independiente para efectos de este juicio, pues modificó el curso de los
acontecimientos que precedieron a la demanda inicial y las proyecciones que a
futuro se venían planteando en sede administrativa para salvar la obra, lo cual
implicó que la orientación del juicio también variara indefectiblemente.
En esa medida, los motivos de hecho y de derecho que fundaron íntegramente la
demanda reformada del 12 de noviembre de 2019 se concretaron en el colapso del
viaducto, punto éste que no fue el que motivó la demanda inicial, pese a la
semejanza de las pretensiones de una y otra.
Así las cosas, toda vez que el motivo fundante de la demanda reformada fue el
evento ocurrido el 29 de octubre de 2019, consistente en la caída o derrumbe del
puente Orquídea 1, que implicó su pérdida material total, el término de caducidad
estaba llamado a expirar el 30 de octubre de 2021. Sin embargo, como es sabido,
la demanda respectiva -atinente a ese hecho ya descrito- fue presentada en escrito
de reforma el 12 de noviembre de 2019, por lo cual se tiene que el petitum allí
contenido, al fundarse en ese motivo de hecho y de derecho, se formuló en tiempo.
3. Consecuencias de la revocatoria de la sentencia anticipada
Las anteriores conclusiones conllevan a revocar lo decidido por el a quo en cuanto
a la declaratoria de caducidad de la acción, lo que a su vez implica que el asunto
sometido a juicio en el presente caso deba resolverse de fondo. Tal circunstancia
impone adelantar todas las etapas procesales correspondientes, especialmente la
de decreto, práctica y contradicción de las pruebas, así como la de alegatos de
conclusión sobre la controversia, ya que ésta última no fue examinada por haberse
dictado sentencia anticipada, la cual se anunció únicamente para resolver lo relativo
a la caducidad. Tales etapas y actos deben garantizarse y adelantarse
íntegramente, so pena de desconocer el debido proceso y el derecho de defensa
de las partes.
Ciertamente, el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 introdujo en el procedimiento de
lo contencioso administrativo la figura de la sentencia anticipada16, estableciendo
16
Así, la norma adicionó el artículo 182A al CPACA disponiendo: “Se podrá dictar sentencia
anticipada:
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entre otras causales la de la prueba de la caducidad. Sin embargo, la ley procesal
guarda silencio respecto de la forma como debe resolverse la cuestión sometida a
pleito cuando la sentencia anticipada, dictada sin que se hayan practicado las
pruebas, es revocada en segunda instancia, razón por la cual corresponde a la Sala,
como juez de la causa en segundo grado, procurar que se agoten íntegramente las
etapas previas a la sentencia de mérito y se garantice el principio de contradicción,
junto con los demás derechos de todos los sujetos procesales.
Como recientemente lo indicó la Sala17:
Por razones de celeridad y economía procesal, el artículo 182A de la Ley 1437
de 2011 –adicionado a través del artículo 42º de la Ley 2080 de 2021 18– habilita
al juez para proferir sentencia anticipada en cualquier estado del proceso
cuando se encuentre probada, entre otras, la excepción de caducidad, en tanto
comprobada su configuración no existe justificación para que el proceso surta
todas sus etapas, a sabiendas de que la decisión a la que finalmente se arribará
no variará. Surge como evidente que la causa que justifica omitir el trámite
ordinario del proceso se sustenta única y exclusivamente en el hecho de que se
encuentre configurada esa excepción –o cualquiera de aquellas a las que refiere
mencionado numeral del artículo 182A–, puesto que, si ello no es así, no existirá
razón válida al amparo del ordenamiento jurídico para que se pretermita el
trámite dispuesto por el legislador para que las partes ejerzan su derecho al
debido proceso.
En ese sentido, el parágrafo de ese mismo artículo 182A establece que,
después de escuchar los alegatos de las partes respecto de las razones en las
que el juez sustente la decisión de dictar sentencia anticipada, éste podrá
reconsiderar esa decisión y continuar con el trámite del proceso. Aunque la
norma no lo mencione expresamente, esta misma lógica es la que debe
seguirse en caso de que, en sede de apelación, el ad quem concluya que la
excepción que dio lugar a emitir el fallo sin que se surtieran todas las etapas del
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya
lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el
litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del
artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito (...).
2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo
soliciten (...).
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la
caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la
prescripción extintiva.
4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual
dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre
cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante,
escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este
caso continuará el trámite del proceso.
17
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 7 de marzo de 2025, exp. N° 52-001-23-33-000-2022-00044-02 y 52-001-23-33-000-
2022-00147-00 (70.943) (Acum.). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
18
La jurisdicción ordinaria contempló con anterioridad – en el artículo 278 de Ley 1564 de 2012- a
la jurisdicción contencioso administrativa –que consagró el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021- la
institución procesal de la sentencia anticipada.
29
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proceso no se configuró, en la medida que, llegada a esa conclusión, no habrá
motivo válido que justifique que aquéllas se pretermitan, lo que impone que
cuando esto ocurra, se deba devolver el proceso al a quo para que el trámite se
surta en los términos ordinarios dispuestos por la ley.
Rememora la Sala, que la interpretación antes indicada comparte las mismas
bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la legislación
enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en cualquier
momento procesal. Por regla general, en esas hipótesis, al producirse una
decisión de tal alcance, la adopción de una providencia contraria a aquella que
declaraba la caducidad implicaba que el proceso debía continuar, pues solo así
se garantiza la justicia material efectiva, los fines de la jurisdicción e,
intrínsecamente, los derechos de las partes al acceso a la administración de
justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Con esta invocación al
pasado no se pretende generar un símil entre un auto que decide una caducidad
y una sentencia con igual alcance, sino de apuntalar que si ésta se profiere de
manera anticipada, no solo el juez que conoce del proceso puede adoptar una
decisión distinta a la que preliminarmente motivó su determinación de dictarla,
sino que, también, al adoptarse una sentencia contraria por parte del superior
-como acontece en este caso- los estándares que reclaman los fines de la
jurisdicción y del Estado, imponen que el proceso que está llamado a surtirse
en dos instancias, efectivamente lo haga.
Cabe anotar, sin perjuicio de lo que la Sala dilucida en el sub judice, que los casos
en los que debe reanudarse la actuación de primera instancia hasta que culmine
íntegramente son aquellos en los que la sentencia anticipada que se revoca fue
proferida sin haberse decretado ni practicado pruebas. Esto se precisa porque, en
efecto, la normativa procesal prevé otros eventos en los que no hay lugar a ordenar
ese trámite adicional, como cuando el asunto es de puro derecho o no hay pruebas
por practicar.
Tal y como ocurrió en el asunto dilucidado con la jurisprudencia transcrita, en el
caso sub judice se resolvió lo relativo a la excepción de caducidad mediante
sentencia anticipada, sin haberse celebrado la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 del CPACA, por considerar el Tribunal que el indicado fenómeno
procesal se había configurado, y que por ello no era necesario surtir todas las etapas
de la primera instancia. En esa medida, dado que la Sala define en la presente
causa que no operó la caducidad de la acción, y que por tanto, no había a lugar a
dictar el fallo anticipado, deben agotarse todas las etapas de la primera instancia,
so pena de la configuración de nulidad procesal por emitirse fallo definitivo sin
decreto ni práctica de pruebas, pretermitiéndose, precisamente, el debido e íntegro
agotamiento de ese primer grado jurisdiccional. En razón de ello, se dispondrá que
el proceso sea devuelto al Tribunal de origen para que continúe con el trámite, desde
la fase en la que se encontraba antes de disponerse y anunciarse mediante auto, la
adopción de la sentencia anticipada19.
19
En este mismo sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 23 de noviembre de 2022, Exp.
67.523 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de junio de 2022,
SC1297 – 2022. Rad No. 76001-31-03-004-2013-00011-01.
30
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
4. Costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 201120, en la sentencia debe
disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso21
establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto.
No obstante, en el presente caso el recurso de apelación de la sentencia anticipada
se decidió de manera favorable, por lo cual la Sala debe abstenerse de imponer
condena en costas, máxime cuando, al no haberse agotado integralmente la primera
instancia, no existe propiamente una parte vencida en la segunda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare el 23 de julio de 2021.
SEGUNDO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de caducidad, propuesta
por la parte demandada, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para que continúe con el trámite procesal de la primera instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
20
Por la fecha de interposición de la demanda – 30 de agosto de 2013- y del recurso de apelación –
22 de mayo de 2017-, no es aplicable al caso concreto la reforma incluida en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021.
21
“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
31
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00141-01 (67743)
Demandante: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Demandado: Consorcio CC-MP-HV- Cusiana y otro
Medio de control: controversias contractuales
autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
32
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