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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02607-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02607-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Clemencia Alarcón Ayala, quien actúa mediante apoderado judicial. En consecuencia, Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia de 2 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Clemencia Alarcón Ayala contra la Nación, Ministerio de Educación 30 Corte Constitucional SU-260 de 2021, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-02607-00 Demandante: Clemencia Alarcón Ayala Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (exp. No. 11001-33-42-050-2024-00026-01). Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado No. 11001-33-42-050-2024-00026-01, de conformidad con las consideraciones expuestas. Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02607-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02607-00
Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02607-00
Demandante: CLEMENCIA ALARCÓN AYALA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento pensional a docente
con la Ley 812 de 2003. Interrupción de vinculación. Defecto por
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Clemencia Alarcón Ayala, mediante apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de mayo de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios a la seguridad jurídica,
favorabilidad y tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en la sentencia
proferida el día 2 de abril de 2025, en el expediente radicado bajo número 11001-33-42-
050-2024-00026-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL
y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la señora CLEMENCIA ALARCÓN AYALA, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por la
jurisdicción contenciosa administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al
caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985 y, atendiendo al precedente jurisprudencial
del Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo”.
2. Hechos
La accionante relató que tiene más 55 años y que laboró como docente oficial entre
el 3 de septiembre de 2001 y el 25 de mayo de 2023 y, como consecuencia, el 30
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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

de agosto de 2023, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – en adelante Fomag-, por reunir
los requisitos previsto en la Ley 33 de 1985 y ser beneficiaria de la transición de la
Ley 812 de 2003, petición que no fue contestada por lo que se configuró el acto
administración ficto presunto negativo.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá, con el fin de que se anulara el acto administrativo
ficto negativo y se le reconociera y pagara la pensión de vejez de conformidad con
la Ley 33 de 1985.

Indicó que el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia
de 18 de septiembre de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo presunto
negativo y condenó al Fomag a efectuar el reconocimiento de la pensión de vejez
a la señora Clemencia Alarcón Ayala, efectiva a partir del 10 de mayo de 2023.

Señaló que la anterior decisión se sustentó en que los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985. Por
consiguiente, como evidenció que la demandante se vinculó como docente oficial
desde el 3 de septiembre de 2001 “hasta el 30 de noviembre del 2002.
Posteriormente fue nombrada en provisionalidad mediante Resolución 03560 del 9
de febrero de 2004 y finalmente con la expedición de la Resolución No. 0350 del
20 de junio del 2008, con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2005, fue
nombrada en propiedad”, es decir, que la vinculación laboral de la demandante se
produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio
de 2003), razón por la cual la actora “se encuentra cobijada por el régimen del
magisterio y, por lo tanto, le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley
91 de 1989”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la parte demanda interpuso
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, en sentencia de 2 de abril de 2025, la revocó y negó las
pretensiones de la demanda, con sustento en que la demandante prestó sus
servicios solo antes “de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto, hasta
el 30 de noviembre de 2002. Posterior a dicha fecha, no mantuvo vinculación alguna
en calidad de docente hasta el 12 de febrero de 2004, momento para el cual se le
vinculó en provisionalidad”. Por consiguiente, resaltó que no se cumplió con el
requisito establecido en la Ley 812 de 2003 que era estar vinculada como docente
oficial para el 27 de junio de 2003, es decir, cuando inició la vigente de la
mencionada ley.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora mencionó que no estaba de acuerdo con la sentencia de 2 de abril
de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, toda vez que negó el reconocimiento de la pensión
ordinaria de vejez como docente oficial.

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

Resaltó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia, pues el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, al proferir una decisión con
desconocimiento del precedente judicial. Igualmente, señaló que se agotaron los
medios ordinarios de defensa judicial, que la acción de tutela se presentó en un
término razonable y que no se reprocha una decisión proferida en el curso de otra
acción de tutela.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que en sentencias de 20 de
septiembre de 20201 y de 8 de noviembre de 20242, ambas de la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, y de 2 de junio de 20223 dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, concluyeron que las
interrupciones en la vinculación del servicio educativo oficial al momento de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no impide la determinación del régimen
pensional bajo la mencionada normativa.

Agregó que del precedente vertical aplicable resulta posible concluir que el
reconocimiento pensional en favor del personal docente no está condicionado a que
su vinculación al servicio educativo oficial concurra con la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, pues tal exigencia resulta arbitraria e inmotivada, en tanto la única
condición legal para ser beneficiario de la transición prevista en el artículo 81 de
dicha ley es acreditar que el docente laboraba en el sector público antes de que
comenzara a producir efectos jurídicos dicha disposición.

Resaltó que “la interpretación del tribunal dista de la posición mayoritaria del
Consejo de Estado que se acompasa con una interpretación armónica del
ordenamiento jurídico y la sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 a la luz de los principios de favorabilidad, pro homine, equidad y
justicia social, entendiendo, de esta manera, que la verificación del requisito a la
vinculación al servicio público docente oficial puede acaecer primero en el tiempo a
la entrada en vigor de la pluricitada norma, no resultando exigible que concurran
estos dos sucesos para la definición del régimen pensional aplicable al caso
concreto”.

Por último, manifestó que se desempeñó como docente oficial durante más de
veinte años, con tiempos de servicio anteriores a la vigencia de la Ley 812 de 2003,
y cumplió con la edad pensional al momento de la presentación del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que, reunía los requisitos
exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de vejez bajo el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985.

1
Radicado No. 66001-23-33-000-2017-00470-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
2
Radicado No. 25000-23-42-000-2019-00655-01, C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo.
3
Radicado No. 25000-23-42-000-2019-00143-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
3

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

4. Trámite procesal

Por auto de 14 de mayo de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al
Juzgado Cincuenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, al Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a
la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, como terceros interesados en el
resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 64811 a 64817 de
19 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”

El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, pues no se incurrió en “vía de hecho” ni se
vulneraron los derechos fundamentales a la accionante.

Afirmó que la decisión reprochada fue proferida con prevalencia de los principios
de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con
garantía de igualdad e imparcialidad de las partes y, en ella, se encuentran
consignados ampliamente los motivos para revocar la sentencia de primera
instancia.

Resaltó que del material probatorio recaudado se evidencia que la docente no
mantuvo vinculación como docente oficial al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 de 2003.

Sostuvo que del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, se infiere que los docentes
mantendrán los derechos pensionales si conservan vinculación vigente a esa fecha
y que, en caso de estar cesantes, no continúan con las prerrogativas de la
legislación anterior y, en consecuencia, no le asiste el derecho a la demandante del
proceso ordinario al reconocimiento de su pensión de jubilación según la Ley 33 de
1985.

Finalmente, mencionó que en el presente caso no se configuran los requisitos
dispuestos por la Corte Constitucional para que la acción de tutela proceda contra
providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende la accionante es
que se surta una tercera instancia.

5.2. Respuesta del Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho se limitó a relacionar cada una de las actuaciones que se
surtieron dentro del proceso ordinario y, adicionalmente, anexó el link de acceso al
expediente digital No. 11001-33-42-050-2024-00026-00 (demandante: Clemencia
Alarcón Ayala).

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

5.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera ministerial pidió que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela y que se desvinculara a la entidad por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia
del accionante, ni el acceso a la administración de justicia.

Señaló que se presenta una controversia de naturaleza estrictamente económica,
un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del
juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la
cual debería declararse improcedente la presente acción de tutela.

Para terminar, mencionó que no es el Ministerio de Educación Nacional el llamado
a responder por las pretensiones de la accionante, por lo que carece de legitimación
en la causa por pasiva en la presente acción de tutela.

5.4. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

La jefe de la Oficina de Gerencia Jurídica de Negocios Especiales pidió que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplen con los
requisitos generales y especiales de procedencia, y que se desvinculara a la
entidad por no estar legitimada en la causa por pasiva.

5.5. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, a pesar de que se le notificó
en debida forma del auto admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. solicitaron que se
desvincularan de la acción de tutela, al considerar que carecen de legitimación en
la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la

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transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará las solicitudes de
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desvinculación del Ministerio de Educación Nacional y de Fiduprevisora S.A., en
tanto ostentan interés directo en el asunto porque fueron parte demandada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la accionante.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios a
la seguridad jurídica, favorabilidad y tutela judicial efectiva de la demandante.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 20148, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado

4
Sentencia T-005 de 2022.
5
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6

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a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii) Defecto
fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi) Decisión sin
motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la
17
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte Constitucional19.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
18
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7

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5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional porque debe definirse si con la sentencia de 2 de abril de
2025 proferida por el Tribunal accionado se limitó el alcance y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios a la seguridad jurídica, favorabilidad y tutela judicial
efectiva a la accionante.

Adicionalmente, en el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone
una discusión económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los
argumentos que sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto
desconocimiento del precedente judicial por la autoridad accionada. Aunado a lo
anterior, se evidencia que la parte actora no tuvo la oportunidad de exponer dichos
reparos al interior del trámite ordinario, más aún cuando la decisión de primera
instancia resultó favorable a sus pretensiones.

Por otra parte, ii) en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación, por lo
que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto
se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del de unificación de
jurisprudencia, descritas en el artículo 257 de la misma disposición, iii) la solicitud
de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses20 establecidos como plazo
razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional21; (iv) los hechos
y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra
un fallo de la misma naturaleza.

5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial alegado

La demandante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C” vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los
principios a la seguridad jurídica, favorabilidad y tutela judicial efectiva, con la
sentencia de 2 de abril de 2025, por medio de la cual se revocó la decisión favorable
de primera instancia y se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en la que se pretendía el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez como docente oficial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
33 de 1985.

La Sala anticipa que accederá las pretensiones de la solicitud de amparo, pues
observa que el Tribunal accionado desconoció el precedente judicial desarrollado
por el órgano de cierre. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un
breve recuento de la sentencia dictada en segunda instancia, así:

20
La providencia objetada se notificó el 4 de abril de 2025 y la acción de tutela se instauró el 4 de mayo de
2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02607-00
Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” en
sentencia de 2 de abril de 2025, negó las pretensiones de la accionante tendientes
al reconocimiento y pago de una pensión de vejez, al considerar que no le resultaba
aplicable la Ley 33 de 1985.

En primer término, al referirse sobre el marco normativo y jurisprudencial de la
pensión de los docentes oficiales, aseguró que de conformidad con lo establecido
en el artículo 8122 de la Ley 812 de 2003, “para aquellos educadores que para el 27
de junio de 2003, se encontraban vinculados al servicio público oficial, el régimen
pensional aplicable es el previsto en las disposiciones anteriores a dicha Ley, esto
es, el régimen prestacional al que hace referencia la Ley 91 de 1989; mientras que
quienes ingresen con posterioridad al 27 de junio de junio de 2003, se rigen para
efectos pensionales, por el régimen de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos allí consagrados, salvo el de la edad de
pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres. Vale la pena
señalar que la anterior disposición, fue reiterada en el parágrafo transitorio 1º del
Acto Legislativo 01 de 2005”.

Luego, al abordar el caso concreto a partir de las pruebas allegadas en debida
forma al proceso, el Tribunal constató que la accionante estuvo vinculada como
docente oficial (en interinidad, provisionalidad y propiedad), durante los siguientes
periodos:

• 3 de septiembre de 2001 hasta el 29 de noviembre de 2001.
• 30 de enero de 2002 hasta el 22 de marzo de 2002.
• 1° de abril de 2002 hasta el 21 de junio de 2002.
• 15 de julio de 2002 hasta el 11 de octubre de 2002.
• 15 de octubre de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2002.
• 12 de febrero de 2004 hasta el 14 de julio de 2005.
• 15 de julio de 2005 hasta el 25 de mayo de 2023.

Por lo anterior, la autoridad judicial accionada reconoció que la demandante prestó
servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, hasta el 30 de
noviembre de 2002 y que no volvió a tener vinculación como docente oficial hasta
el 12 de febrero de 2004. Por consiguiente, “la señora Alarcón Ayala al momento
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no estaba dentro del servicio
educativo oficial, debido a que finalizó vinculación el 30 de noviembre de 2002 e
ingresó nuevamente a la docencia el día 12 de febrero de 2004, situación que
impide mantener las prerrogativas de la Ley y verificar si satisface los requisitos
exigidos en la Ley 33 de 1985, para tener derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación”.

22
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente Ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres (…)”.
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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

Por último, mencionó que “esta Corporación ha analizado integralmente la situación
pensional de los docentes que en virtud de la fecha de su vinculación, previo a la
entrada de vigencia de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003— solicitan el
reconocimiento pensional bajo las Leyes que regulan la contingencia, anteriores al
Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, lo que ha permitido llegar a
la conclusión, que, la regla de transición que reza el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, corresponde a mantener los privilegios del régimen pensional del sector
docente, es decir, el de la Ley 33 de 1985 o 3135 de 1968 si fuere el caso, sin
embargo, no se puede desconocer las pautas de vinculación que predican la norma
para mantener el beneficio”.

Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan al proceso, la Sala procede a abordar el defecto de
acuerdo con lo establecido en el planteamiento del problema jurídico, así:

En torno al desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que la
Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que23 «un caso pendiente de
decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si
los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas24:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.

2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.

23
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
24
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 25.

6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la parte actora en el escrito
de tutela, al sustentar el defecto por desconocimiento del precedente judicial invoca
los fallos de 20 de septiembre de 2020 y de 8 de noviembre de 2024, ambos de la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y de 2 de junio de 2022
dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en los que
se estableció que las interrupciones en la vinculación del servicio educativo oficial
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no impide la
determinación del régimen pensional bajo la Ley 33 de 1985.

Al respecto, al verificar el precedente que invoca la demandante, la Sala constató
que estos guardan similitud respecto al presente asunto, tal como se expone a
continuación:

• Sentencia de 20 de septiembre de 2020.

Caso en el que a un docente oficial se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez, pues si bien contaba con tiempo laborados antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cierto es que cuando dicha norma inició
su vigencia no estaba vinculado como docente oficial, sino que fue con
posterioridad.

En la decisión invocada se accedió a las pretensiones con sustento en que “si
bien es cierto que el demandante tuvo una vinculación laboral con posterioridad
a la Ley 812 de 2003, también lo es que no es dable desconocer los tiempos de
servicios prestados, como docente nacionalizado, antes de que empezara a regir
tal normativa, máxime cuando para el 27 de junio de 2003 había acumulado 18
años, 5 meses y 16 días de labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de enero
de 1997).

Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero
de 2009, haber acumulado más de 20 años de servicios en condición de maestro
estatal y adquirido la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta
contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los
tratados internacionales atañederos a estos, desconocer que el accionante
había laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere que su aplicación
es para los nuevos docentes vinculados durante su vigencia, mas no para los
que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición. Así las cosas, dado
25
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
11

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

que el demandante fue nombrado como docente nacionalizado con anterioridad
a la Ley 812 de 2003, le resultan aplicables a su situación pensional las Leyes
33 de 1985 y 91 de 1989 y, en tal sentido, al tener más de 55 años de edad
(cumplidos el 17 de mayo de 2013, luego de su retiro definitivo del servicio
oficial), tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, con inclusión
de los factores sobre los cuales efectuó aportes durante el último año de
servicios, en aplicación de lo estipulado en el artículo 3º ibidem, modificado por
el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, tal como se precisó en el acápite
anterior”.

• Sentencia de 2 de junio de 2022

Decisión en la que no se compartió el argumento relacionado con que la parte
actora no podía ser beneficiaria de la pensión de vejez establecida en la Ley 71
de 1988, porque al momento de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 la
docente no se encontraba vinculada. Resaltó que “para efectos de comprobar
cuál régimen prestacional le es aplicable, no pueden desconocerse las
vinculaciones que este hubiere ostentado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, pues ello sería tanto como afirmar que dichos
períodos de servicios en el sector oficial y en los cuales estuvo vinculado al
magisterio, no producen efectos jurídicos, máxime cuando en el presente caso
no se trata de una nueva educadora que ingresó por primera vez al sistema
especial de la docencia estatal, sino que su labor se vio interrumpida justamente
al momento de la promulgación de la normativa en mención”.

Con respecto a la sentencia de 8 de noviembre de 2024, se advierte que en este
caso se negaron las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de
una pensión de vejez a una docente oficial. Sin embargo, las razones en las que se
apoyó la decisión fue porque la parte interesada no cumplió con el tiempo de servicio
requerido para la prestación, pero al referirse a la continuidad del servicio como
docente oficial a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se precisó que “la
interrupción o suspensión del servicio oficial docente no puede ser óbice para
determinar el régimen pensional que cobija la situación jurídica, pues como quedó
visto en el marco normativo y jurisprudencial de la presente providencia, esta
Corporación en casos con supuestos similares al presente, ha avalado el
reconocimiento de la pensión de jubilación del personal docente, considerado la
totalidad de los periodos laborados, aun cuando hubiese discontinuidad entre estos.
Así, pese a que el tribunal de primera instancia consideró que la accionante no podía
ser beneficiaria del régimen pensional establecido en la Ley 91 de 1989, porque
existió una interrupción en la prestación del servicio y al momento de entrar en
vigencia la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003, no se encontraba
vinculada como docente, lo cierto es que tal argumento no es de recibo, por cuanto
para efectos de comprobar cuál es el régimen pensional aplicable, no puede
desconocerse la vinculación que ostentó del 21 de febrero de 2003 al 21 de marzo
de 2003, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
en tanto ello sería como afirmar que la prestación de servicios al sector oficial no
produce efectos jurídicos”.

De lo anterior, se observa que en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe
12

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

un precedente pacífico y uniforme, en el que se establece que la interrupción en la
vinculación como docente oficial al momento de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 no es justificación para desconocer los tiempos anteriores a dicha
norma, el cual resulta vinculante para la autoridad judicial accionada.

En efecto, en pronunciamiento reciente la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en fallo de 20 de febrero de 202526, resaltó que, de manera
reiterada27, ha considerado que la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de
201928 fue enfática en señalar que el factor determinante para la aplicación de uno
u otro régimen es la fecha de vinculación inicial al servicio docente, es decir, antes
o después del 27 de junio de 2003. Agregó que “estas reglas tienen importantes
implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la jurisprudencia de esta
Sección, tales como: (i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el
régimen anterior a la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido
anterior a su vigencia. (ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003
mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios. (iii) La aplicación del régimen está determinada
por la fecha de la primera vinculación, independientemente de la modalidad de
vinculación (carrera docente, provisional o por contrato de prestación de servicios)”.

Asimismo, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo
de tutela de 22 de mayo de 202529, amparo el derecho fundamental al debido
proceso a una docente a quien se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez, pues a pesar de que contaba con tiempos anteriores a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, para el 27 de junio de 2003 no era docente oficial, por lo que le
aplicaba lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, en esa decisión
consideró que “la conclusión de la autoridad judicial aquí accionada desconoce que
en el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no se estableció el requisito por ella exigido, esto
es, que la docente estuviera vinculada al servicio educativo oficial para el 26 de junio
de 2003, sino únicamente que la primera vinculación como docente estatal fuera
anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, sin que
fuera relevante si existió solución de continuidad”.

En esos términos, la Sala considera que la regla desarrollada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado establece que, para el reconocimiento de la
pensión ordinaria de vejez a un docente oficial, la vinculación no está supeditada a
la continuidad, sino a que esta iniciara con anterioridad a la vigencia de la Ley 812
de 2003.

26
Radicado No. 05001-23-33-000-2019-02250-01, C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 30 de enero de 2025, radicado No.
66001-23-33-000-2020-00492-01, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar; sentencia de 8 de noviembre de 2024,
C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, radicado No.25000-23-42-000-2019-00655-01, sentencia de 18 de septiembre
de 2020, radicado No.: 66001-23-33-000-2017-00470-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 6 de febrero de 2020, radicado No.: 54001-23-33-000-2014-
00363-01 C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
28
Radicado No.: 68001-23-33-000-2015-00569-01.
29
Radicado No. 11001-03-15-000-2025-01156-01, C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13

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Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

Por consiguiente, se observa que el Tribunal accionado constató que la vinculación
de la demandante como docente oficial inició el 3 de septiembre de 2001, pero que
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 -27 de junio de 2003-, no existía el
vínculo y que la actora ingresó nuevamente el 12 de febrero de 2004, razón por la
cual consideró que se debía aplicar el régimen pensional de prima media regulado
en la Ley 100 de 1993, lo que resulta contrario al precedente judicial del órgano de
cierre en materia laboral y de seguridad social, pues la señora Alarcón Ayala
contaba con tiempos de servicio en la educación oficial desde antes de la Ley 812
de 2003 y, en consecuencia, era beneficiaria del régimen pensional previsto en la
Ley 33 de 1985.

Adicionalmente, esta Sala considera necesario resaltar que en la sentencia objetada
no se observa que, por parte de la autoridad judicial accionada, se cumpliera con la
carga argumentativa de transparencia y suficiencia30, en dado caso que lo
pretendido fuese apartarse del precedente judicial del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativa.

Así las cosas, se evidencia que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta la postura
pacífica desarrollada por la Sección Segunda del Consejo de Estado y que resultaba
aplicable y vinculante al presente asunto.

En conclusión, esta Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia de 2 de abril de
2025, emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, a quien se le ordenará que dentro de los veinte (20) días siguientes
a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo en la que
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y Fiduprevisora S.A.

Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
de la señora Clemencia Alarcón Ayala, quien actúa mediante apoderado judicial.
En consecuencia,

Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia de 2 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por la señora Clemencia Alarcón Ayala contra la Nación, Ministerio de Educación

30
Corte Constitucional SU-260 de 2021, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
14

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02607-00
Demandante: Clemencia Alarcón Ayala

Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá (exp. No. 11001-33-42-050-2024-00026-01).

Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado No. 11001-33-42-050-2024-00026-01,
de conformidad con las consideraciones expuestas.

Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

15

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