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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02628-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02628-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. www.consejodeestado.gov.co 7 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02628-00 Accionante: Roberto Vargas Navarrete y otros Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02628-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02628-00
Accionante: Roberto Vargas Navarrete y otros1
Accionado: Sección Tercera, Subsección B, Consejo de Estado.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara improcedente por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por Roberto Vargas Navarrete, Nelson Vargas
Navarrete y Magdalena Vargas Navarrete, quienes actúan en nombre propio en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la propiedad privada, la reparación integral
y al principio de confianza legítima, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 10 de octubre de 2024 al interior del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 25000-23-26-000-2013-01405-02.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Octavio Vargas
Montaña (q.e.p.d.), padre de los accionantes, adquirió el predio "Los Yopitos" el
21 de abril de 1924 y lo registró el 25 de abril del mismo año. Su familia explotó
el terreno hasta 1952, cuando el Ejército Nacional los desalojó por razones de
orden público. En 1982, el Grupo de Caballería Montado No. 7 protocolizó la
ocupación militar mediante la Escritura Pública No. 322 en la Notaría Única de
Yopal.

3. El 8 de julio de 2011, la alcaldesa de Yopal para esa anualidad cedió
gratuitamente el predio "Los Yopitos" al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional,
argumentando que era un bien fiscal baldío y formalizó la cesión mediante la
Escritura Pública No. 14343. Previo agotamiento de la conciliación4, el 2 de
agosto de 20135, los accionantes, demandaron a través del medio de control de
reparación directa al Ejército Nacional y al municipio, alegando la irregularidad de
la cesión y solicitaron una indemnización por $15.996.621.900.

1
Nelson Vargas Navarrete y Magdalena Vargas Navarrete.
2
Presentado el 5 de mayo de 2025.
3
Índice 2 aplicativo SAMAI, 5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_5_5_20253_34__4_20250506112909417, pág. 364-372.
4
El 3 de julio de 2013, se celebró audiencia de conciliación ante la Procuradora Judicial 137, pero no se alcanzó un
acuerdo y fue declarada fallida el 30 de julio de 2013.
5
Exp. 25000-23-36-000-2013-01405-00 proceso seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A.

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4. La defensa del municipio de Yopal sostuvo que los terrenos no estaban
registrados como propiedad privada, por lo que eran baldíos, y entre sus
excepciones presentó la de caducidad del medio de control de reparación directa,
pero fue rechazada por el Tribunal el 27 de marzo de 2014.

5. El 29 de agosto de 20166, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado revocó la decisión que rechazaba la excepción de caducidad y la
declaró probada. Inconforme con la providencia, el actor interpuso una acción de
tutela contra la autoridad judicial precitada, cuyas pretensiones fueron negadas
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decisión que fue confirmada por la
Sección Quinta de esta corporación.

6. No obstante, en sede de revisión del fallo de segunda instancia, la Corte
Constitucional, mediante la sentencia SU-282 de 2019, revocó la decisión,
declaró no probada la caducidad y dejó sin efectos el auto del 29 de agosto de
2016, haciendo unas precisiones7 respecto a su decisión.

7. El proceso continuó y el 4 de mayo de 2020, el ad quem confirmó la
improcedencia de las excepciones presentadas por el municipio, fijó el litigio y
decretó pruebas. Se realizó la audiencia de pruebas y se ordenó el traslado para
alegatos de conclusión. La parte actora sostuvo que los predios cedidos eran
propiedad privada, no baldíos, y que el daño debía contabilizarse desde la cesión
en 2011.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en sentencia del 3 de marzo de 20228, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que ni el acuerdo núm. 02 del 2 de febrero de 20119 ni la escritura
pública núm. 1434 de 2011 fueron declarados nulos en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que seguían surtiendo efectos jurídicos y no
podía establecerse responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 90 de
la Constitución.

9. El a quo10 también concluyó que no se probó una falla en el servicio, ya que,
aunque el señor Octavio Vargas adquirió un derecho de dominio sobre un predio,
no se acreditó su ubicación exacta ni su correspondencia con el cantón militar de
Yopal. Además, indicó que las declaraciones extrajuicio confirmaban que el
Ejército Nacional ocupó pacíficamente el área y que los predios cedidos no tenían
titulares privados, por lo que se presumía su naturaleza fiscal.

10. El actor apeló11 la decisión argumentando contradicciones en la decisión.
Sostuvo que, aunque se reconoció la propiedad privada del predio "Los Yopitos",
también se afirmó que no se probó su naturaleza distinta a la de bien fiscal.

6
Índice 13 aplicativo SAMAI, expediente 25000-23-26-000-2013-01405-01
7
47. "(…)", la actividad de la Sala en esta sede se limitará a establecer si el auto emitido el 29 de agosto de 2016, que
acogió en fase preliminar de admisión la excepción previa de caducidad formulada por los demandados, incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo porque contabilizó el término de presentación de la demanda a partir de hechos que
aparentemente no sustentan las pretensiones resarcitorias elevadas. Por lo tanto, el examen se circunscribe a la
evaluación de las razones presentadas para declarar la caducidad en la fase inicial del proceso y no se emitirá
ningún pronunciamiento sobre la responsabilidad del Estado, la prueba o la existencia del daño. Negrillas y
subrayas de la Sala
8
Índice 75 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-36-000-2013-01405-00
9
Mediante el cual el Concejo Municipal de Yopal autorizó “a la alcaldesa “para suscribir la correspondiente escritura de
cesión a título gratuito al Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional”
10
En su análisis el Tribunal advirtió que: “al momento de perfeccionarse la cesión de los lotes, el Municipio de Yopal, si
bien realizó todo el trámite jurídico pertinente, aun así tenía la certeza de la naturaleza jurídica de los bienes –baldíos-,
ello mediante la adjudicación de los lotes que ocupaban las instalaciones militares por parte del Departamento de Boyacá,
el estudio que realizó con posterioridad el Ejército Nacional y la participación de los colindantes, y, el hecho que, desde
el inicio de la ocupación de los predios, y por más de 60 años, nunca se ha cuestionado que los predios tengan
una naturaleza diferente a la de ser bienes públicos de la Nación”. Negrillas de la Sala.
11
Índice 78 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-36-000-2013-01405-00

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11. Alegó que la oficina de catastro no tenía competencia para desconocer
inscripciones previas y que el inmueble fue registrado en la Oficina de Registro
de Nunchía en 1924. Además, afirmó que la cesión generó daño a terceros, lo
que permitía la acción de reparación directa pues consideró que no era viable
interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del
contrato de cesión, invocando como sustento el artículo 1602 del Código Civil.

12. El 10 de octubre de 202412, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negando las pretensiones de los
demandantes.

2.2. Fundamento jurídico:

13. Los accionantes alegaron defecto fáctico en la providencia, señalando que
se ignoraron pruebas fundamentales, como las escrituras de 1923 y 1924,
certificados de tradición y testimonios que acreditaban la propiedad privada del
predio "Los Yopitos". Sostuvieron que, a pesar de evidenciar su titularidad, se les
exigió una delimitación exacta, desconociendo el principio de confianza legítima
y la ocupación militar desde 1952.

14. Afirmaron que el fallo validó sin cuestionamiento estudios municipales que
calificaban el predio como baldío, sin contrastarlo con el POT13 de Yopal de 2003,
donde el propio municipio reconocía propiedad privada sobre la zona ocupada.
Adujeron que ese enfoque invirtió la carga probatoria, afectando el acceso a la
justicia y la reparación del daño alegado.

15. Reprocharon que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
vinculante de la Sentencia SU-282 de 2019, afectando los derechos
fundamentales de los accionantes, como el debido proceso, el acceso a la justicia
y la igualdad al trasladarles la carga probatoria, pese a la ocupación militar
prolongada y la falta de actualización catastral, con lo que también se vulneró el
principio de in dubio pro-víctima. Adicionalmente, indicaron que se omitió que el
daño patrimonial se consolidó con la cesión de 2011 y no con la ocupación de
1952, impidiendo la reparación integral.

16. Sostuvieron que el ad quem también desconoció la Sentencia C-634 de
2011, al apartarse del precedente sin motivación suficiente, comprometiendo la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de los derechos
adquiridos, con lo que a su juicio generó incertidumbre, desigualdad procesal y
desprotección patrimonial.

17. Finalmente, los accionantes alegaron un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, pues reiteraron que se les exigió una delimitación exacta del
predio "Los Yopitos", a pesar de la ocupación militar prolongada que impidió la
actualización catastral. Consideraron que este es un formalismo excesivo pues
desconoce las barreras impuestas por el propio Estado, que entorpece el acceso
efectivo a la justicia y la reparación integral del daño patrimonial.

18. Además, indicaron que la decisión ignoró el principio de prevalencia del
derecho sustancial, al descartar escrituras públicas y certificados de tradición que
acreditaban la propiedad privada, por lo que al basarse en la falta de registros
actualizados la providencia favoreció al Estado y perpetuó la afectación

12
Índice 16 del aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-26-000-2013-01405-02
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Plan de Ordenamiento Territorial

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patrimonial de los accionantes, justificando la acción de tutela como mecanismo
de corrección.

2.3. Pretensiones

19. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Declarar procedente esta acción de tutela.

2. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 10 de
octubre de 2024.

3. Ordenar al Consejo de Estado emitir una nueva decisión que respete los
derechos fundamentales de los accionantes, aplicando el precedente
vinculante de la Sentencia SU-282 de 2019 de la Honorable Corte
Constitucional.

4. Garantizar la reparación integral del daño causado, conforme a los
principios de justicia material y acceso a la justicia.» Sic en toda la cita.

2.3. Intervenciones

20. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 714 de mayo de 2025, a
través del cual se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, el Municipio de Yopal, Casanare, a la Subsección A de la
Sección Tercera Tribunal Administrativo de Cundinamarca como terceros
interesados en el resultado del proceso y a todos los demás vinculados al proceso
referido previamente como terceros interesados.

21. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso, para lo de su competencia.

2.3.1. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado15, solicitó
declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

22. Indicó que la solicitud de amparo es infundada y los accionantes pretendían
convertirla en una tercera instancia, toda vez que la sentencia estaba debida y
puntualmente soportada en los elementos fácticos y jurídicos aplicables al caso
sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de
la autonomía funcional de la sala de decisión que la profirió.

2.3.2. La Alcaldía Municipal de Yopal16, a través de apoderado, solicitó ser
desvinculada de la acción por no estar legitimada en la causa por pasiva.

23. Adicionalmente, se opuso a la pretensión de emitir una nueva decisión con
base en la Sentencia SU-282 de 2019, alegando que la controversia sobre la
caducidad ya fue saneada. Afirmó que la tutela no puede ser usada para
perpetuar litigios ni revertir decisiones adversas o intentar remediar falencias,
frente a las oportunidades procesales con las que la parte actora contaba para
controvertir las decisiones en los términos procesales que establece la ley.

14 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
15
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
16
Índice 11 del aplicativo SAMAI.

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2.3.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

25. Con respecto a la solicitud de desvinculación de la presente acción por parte
de la Alcaldía Municipal de Yopal, la misma se negará teniendo en cuenta que se
le vinculó al proceso como un tercero interesado en este, toda vez que fue una
de las entidades demandadas en el proceso ordinario y resulta necesario
garantizar su derecho de defensa.

3.3. Problema jurídico

26. El problema jurídico se centra en establecer si con ocasión de la providencia
del 10 de octubre de 202417, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, que confirmó la providencia del 3 de marzo de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
se incurrió en los defectos: fáctico, desconocimiento del precedente y
procedimental por exceso ritual manifiesto, y con ellos, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, la propiedad privada, la reparación integral y al principio de confianza
legítima.

27. Previo a resolver lo anterior, es necesario examinar si la acción cumple con
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial, en especial
el de relevancia constitucional.

3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

28. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito18. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.

29. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

17
Notificada el 13 de noviembre de 2024. Índice 20 aplicativo SAMAI, exp. 25000-23-26-000-2013-01405-02
18
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.

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30. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general19.

31. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso
a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual
supone justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»20.

32. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si
se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»21.

33. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.22

34. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la carga
de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende revivir un
debate procesal ya concluido y decidido en dos ocasiones por los jueces
naturales de la causa, tratando de adecuar la acción constitucional a una tercera
instancia.

35. Así las cosas, los accionantes pretenden que se acoja la manera como, a su
juicio, se debió haber zanjado el litigio, en el sentido de que se concedan las
pretensiones ordinarias, para cuyo efecto se limitan a presentar inconformidad
con la decisión judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria efectuada y
la supuesta aplicación indebida de la Sentencia SU-282 de 2019. En ese
entendido, el simple desacuerdo con una decisión judicial no habilita para que se
estudie su validez en sede de tutela

36. Asimismo, esta Sala advierte que lo pretendido por los tutelantes bajo la
causal de defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material

19
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
20
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
21
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
22
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.

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probatorio recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo la autoridad judicial
accionada, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo
para fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en
el proceso ordinario, pues tal actuación escapa de la órbita de competencia para
la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez natural
de la controversia.

37. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya valorado
las pruebas como lo pretendían los tutelantes, no los habilita para que acudan a
este mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria. En ese sentido, la
simple inconformidad de criterios frente a la valoración probatoria, en especial, el
grado de convicción otorgado a las pruebas para tener por acreditados los
supuestos fácticos que soportan las pretensiones ordinarias, no comporta por sí
sola afectación constitucional alguna, máxime cuando no se evidencia que el
estudio probatorio efectuado por la autoridad judicial atente contra las reglas de
la sana crítica

38. En ese entendido, la parte actora no logró demostrar cómo fueron afectados
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la
propiedad privada, la reparación integral y al principio de confianza legítima ni
alguna otra garantía que se desprenda del núcleo esencial del derecho al debido
proceso.

39. Por el contrario, se pudo evidenciar que el proceso en general se ha llevado
de manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en los
plazos establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de
contradicción, sin vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental de los
accionantes, por lo que resultan claramente débiles los argumentos de la parte
actora.

40. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que
la misma no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional pues los
tutelantes no fundamentaron ni demostraron con suficiencia la presunta
vulneración de los derechos fundamentales deprecados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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