Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2013-01405-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2013-01405-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2013-01405-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2013-01405-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
10 de octubre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: MAGDALENA VARGAS NAVARRETE Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL Y MUNICIPIO DE YOPAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CESIÓN DE
BIENES DE CARÁCTER PRIVADO ENTRE
ENTIDADES PÚBLICAS – FALTA DE PRUEBA
DEL DAÑO
Síntesis del caso: la parte actora aduce que el municipio de Yopal le cedió a título gratuito unos
bienes inmuebles que eran suyos al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por considerar,
erróneamente, que se trataba de bienes fiscales, motivo por el cual dichas entidades son
patrimonialmente responsables de los perjuicios sufridos por esa falla en el servicio.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A que denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2013 (fl. 31 respaldo cdno. 1),
los señores Nelson, Magdalena y Roberto Vargas Navarrete, en condición de
herederos de Víctor Octavio Vargas Montaña, promovieron una demanda de
2
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y el municipio de Yopal (Casanare) con las siguientes súplicas:
“1. DECLÁRESE que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional y el municipio de Yopal – Casanare, son
RESPONSABLES PATRIMONIALMENTE y están obligados de
manera solidaria a la REPARACIÓN DIRECTA que corresponda a
los actores como herederos y para la sucesión de Octavio Vargas
Montaño, en virtud del daño antijurídico ocasionado por la cesión que
el municipio de Yopal – Casanare hizo a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, de los inmuebles descritos y
alinderados en la escritura pública no. 1434 de 8 de julio de 2011,
otorgada en la Notaría Única del Círculo de Aguazul – Casanare, y
que la Nación aceptó como si fueran bienes fiscales de propiedad del
cedente, pese a que nunca han tenido dicha calidad y son de
propiedad de la sucesión de Víctor Octavio Vargas Montaña,
progenitor de los demandantes.
2. En virtud de la declaración de responsabilidad patrimonial a que
se refiere la pretensión anterior, CONDÉNESE a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al municipio de
Yopal – Casanare, a PAGAR SOLIDARIAMENTE a los demandantes
Nelson, Magdalena y Roberto Vargas Navarrete, actuando como
herederos de Víctor Octavio Vargas Montaña, y para la sucesión de
este, la suma de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUNMIL NOVECIENTOS PESOS
M/CTE ($15.996’621.900).” (fls. 10 y 11 cdno. ppal. – mayúsculas
sostenidas del texto original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante la escritura pública no. 6 del 21 de abril de 1924 de la notaría del
municipio de Labranzagrande (Boyacá) se transfirió a título de venta al señor
Octavio Vargas Montaña, el derecho de dominio sobre un fundo denominado
“Los Yopitos” situado en la jurisdicción del municipio de Marroquín (Casanare),
que comprendía una casa de habitación, corrales, plataneras, cultivos y
ganado, escritura que fue registrada en la Oficina de Registro Públicos de
Nunchía (Casanare) el 25 de abril siguiente.
2) Desde ese momento el señor Octavio Vargas Montaña se estableció en el
lugar junto con su familia y se dedicó a su explotación en la actividad ganadera
hasta cuando fue expulsado por parte de miembros del Ejército Nacional en el
3
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
año 1952 por supuestas razones de orden público, lugar donde se construyeron
distintas instalaciones militares, tales como oficinas de comando, dormitorios
de guardia, depósitos, centrales de radio, casas, casinos, comedores de
militares, entro otros.
3) El señor Octavio Vargas Montaña falleció el 2 de mayo de 1990, de manera
que dicho inmueble forma parte de los bienes relictos de su sucesión, de quien
son sus herederos los demandantes por ser sus hijos.
4) Mediante escritura pública no. 1434 del 8 de julio de 2011 otorgada en la
Notaría Única del Círculo de Aguazul (Casanare), la alcaldesa del municipio de
Yopal (Casanare) transfirió, a título de cesión gratuita a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, varios lotes de terreno que hacían parte del
predio denominado “Los Yopitos”, por considerar que se trataba de bienes
fiscales por ser terrenos baldíos que se encontraban en suelo urbano y no
constituían reserva ambiental, lo cual no era cierto porque pertenecía a la
sucesión del señor Octavio Vargas Montaña.
Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) Por no ser terreno baldío sino realmente tratarse de una propiedad privada,
la cesión a título gratuito efectuada por el municipio de Yopal al Ejército
Nacional “adolece de un vicio insubsanable” (fl. 25 cdno. 1) por haberse violado
las normas contenidas en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, el artículo 7 de
la Ley 137 de 1959 y el artículo 675 del Código Civil; tampoco se trataba de
bienes de La Unión, según lo previsto en el artículo 674 del Código Civil, todo
lo cual provoca la responsabilidad de las entidades demandadas contenida en
el artículo 90 de la Constitución Política.
2) Debido a que es inconveniente destruir las instalaciones militares construidas
en el predio, aún desde antes de la cesión, se solicita la indemnización dineraria
por equivalencia a su valor actual.
4
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
2. Posición de las demandadas
1) El municipio de Yopal (fls. 58 a 83 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de
la demanda para lo cual expuso que los bienes eran baldíos, pues, no aparece
registrado en el folio de matrícula inmobiliaria un particular propietario y,
además, la escritura pública aportada con la demanda no es válida por no tener
linderos y propuso las siguientes excepciones previas: i) “falta de legitimación
en la causa por activa”, por el hecho de que los demandantes no son los
propietarios del predio; ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque
los terrenos cedidos no hacen parte del predio denominado “Los Yopitos” o
hubo una falla registral por no inscribirse la escritura pública de compraventa
del año 1924 pues, en el folio de matrícula inmobiliaria solo aparece inscrita la
del año 2011 correspondiente la cesión y, iii) “ineptitud sustantiva de la
demanda”, por cuanto no se identifican los linderos, lo cual impide ejercer de
manera eficiente el derecho de defensa y hay violación del debido proceso
porque no se ha podido identificar cuál es el predio objeto de la litis.
De otro lado, propuso las siguientes excepciones de mérito: i) “inexistencia de
daño antijurídico”, porque en la escritura pública aportada se observa que no
se transfirió la propiedad de un bien inmueble sino de unas mejoras, unos
derechos de habitación, uso, goce y explotación de unas sabanas
indeterminadas y algunos semovientes, de manera que se trata de una falsa
tradición por transferir un título incompleto; además, tampoco hubo posesión
del bien porque, causa extrañeza que 61 años después de haber adquirido el
bien supuestamente, los demandantes le reclaman al Estado una
indemnización, pero, nunca formularon ninguna acción administrativa y hace
30 años perdieron su posesión, pues, con las declaraciones extrajudiciales de
los militares aportadas al proceso se prueba que ellos ejercían su posesión; la
escritura pública de la cesión es legal porque las tierras cedidas eran baldías;
ii) “hecho de un tercero”, porque, de haber habido una falla registral esta sería
imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro por no haber
registrado en el respetivo folio de matrícula inmobiliaria la escritura pública del
año 1924; iii) “culpa exclusiva de la víctima”, debido a que han pasado 89 años
desde la inscripción de la escritura pública sin que sus propietarios hubieran
hecho nada para obtener el folio de matrícula inmobiliaria que lo demuestre y
5
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
más de 60 años desde la instalación del Ejército Nacional; iv) “cobro de lo no
debido”, de no ser propietarios ni poseedores; v) “temeridad y mala fe”, porque
los demandantes guardaron silencio durante décadas y tan solo ahora
instauran una acción que no tiene ninguna vocación de prosperidad y, vi)
“ausencia de nexo causal”, toda vez que la conducta del municipio no fue la
causa eficiente del daño alegado.
Finalmente, llamó en garantía a la Superintendencia de Notariado y Registro –
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare) por falla en
el servicio público registral (fls. 1 a 6 cdno. 3), sin embargo, el magistrado
ponente de la primera instancia denegó el llamamiento en auto proferido el 27
de marzo de 2014 por considerar que la función de registro de instrumentos
públicos es únicamente instrumental y de carácter administrativo al punto de
que su reglamentación no está prevista en el Código Civil y, porque el presente
asunto no tiene que ver con alguna solicitud que se hubiera presentado ante
esa oficina, de manera que no hay ningún tipo de vínculo entre esa entidad y el
municipio (fls. 111 a 112 cdno. 3).
2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó la
contestación de la demanda de manera extemporánea (fls. 93 a 105 cdno. 1),
como se declaró en la audiencia inicial (fl. 126 respaldo cdno. ppal.).
3. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia declaró extemporánea la
contestación de la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y tuvo por saneado el proceso; de otra parte, declaró no
probadas las excepciones de falta de jurisdicción, caducidad, falta de
legitimación de la causa por activa y por pasiva e ineptitud sustantiva de la
demanda; contra esta última decisión de excepciones previas las entidades
demandadas interpusieron recurso de apelación (fls. 126 a 129 cdno. ppal.).
En auto proferido el 29 de agosto de 2016, esta Subsección revocó la decisión
de declarar no probada la excepción previa de caducidad del medio de control
y, en su lugar, la declaró demostrada, por lo cual no analizó las demás
6
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
excepciones previas (fls. 150 a 161 cdno. ppal.); no obstante, la parte actora
interpuso acción de tutela en contra de ese auto y, aunque la Sección Cuarta
del Consejo de Estado denegó el amparo en sentencia proferida el 15 de junio
de 2017, decisión que fue confirmada por la Sección Quinta el 23 de agosto de
2017, en sede de revisión la Corte Constitucional en sentencia SU-282 de 2019
revocó esas providencias, dejó sin efectos el auto del 29 de agosto de 2016 y,
en su lugar, declaró no probada la excepción de caducidad1 (fls. 175 a 196
ibidem).
En consecuencia, esta Subsección se pronunció respecto de los recursos de
apelación interpuestos en contra de la decisión de declarar no probadas las
demás excepciones previas, en auto proferido el 4 de mayo de 2020 a través
del cual la confirmó (fls. 216 a 226 ibidem).
En la continuación de la audiencia inicial se fijó el litigio2, se decretaron las
pruebas solicitadas por las partes y se fijó fecha de audiencia para su práctica
(índice 64 SAMAI), la cual trascurrió en condiciones normales y se ordenó
correr traslado a las partes para que presentaran alegaciones de conclusión
(índice 68 SAMAI).
4. Los alegatos de conclusión
1) La parte actora (índice 72 SAMAI) adujo que se probó que los predios objeto
de cesión no son baldíos sino de propiedad privada porque en el plenario obra
la escritura pública de compra y su respectivo registro, también se acreditó la
ocupación por parte de los militares con las declaraciones extrajudiciales y la
cesión de los predios al Ejército Nacional con la escritura pública del año 2011;
ninguno de esos hechos los desvirtuó la entidad demandada, motivo por el cual
1 Para el efecto, argumentó que, contrario a lo determinado por esta Subsección, el término de
caducidad no se debía contar desde la ocupación del predio por parte de los militares (año
1952), sino desde la cesión de los predios (año 2011), pues, esta última fue la causa del daño
alegada en la demanda y no la primera, como lo entendió la Subsección en ese entonces.
2 Lo hizo en los siguientes términos: “[L]a controversia jurídica en el presente asunto, guarda
relación con los hechos 1, 2, 3, 9, 10 y 11 de la demanda, (…) relacionados con la cesión
realizada por el Municipio de Yopal - Casanare mediante escritura pública No. 1434 del 8 de
julio del 2011 a favor del Ejercito Nacional, de unas franjas de terreno que presuntamente
comprendían el fundo denominado ‘Los Yopitos’, adquirido en 1924 por el señor Octavio Vargas
Montaño - Padre de los demandantes, y los consecuenciales perjuicios ocasionados en razón
de dicha cesión.” (índice 64 SAMAI.).
7
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
el daño antijurídico se encuentra demostrado.
2) El municipio de Yopal (índice 73 SAMAI) insistió en que no se identificaron
los linderos del predio reseñado en la escritura pública del año 1924, de manera
que se desconoce el predio objeto de debate; los predios cedidos por el
municipio al Ejército Nacional no tienen dueño porque en los respectivos folios
de matrícula inmobiliaria no aparece propietario alguno, tampoco había ningún
poseedor, de acuerdo con las inspecciones, levantamientos topográficos
información catastral y de registro; los predios cedidos no tienen identidad con
la finca “Los Yopitos”; por último, insistió en las excepciones de culpa exclusiva
de la víctima, inexistencia del daño antijurídico, cobro de lo no debido,
temeridad y mala fe y, ausencia del nexo causal.
3) La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y el Ministerio Público
guardaron silencio.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
A, en sentencia del 3 de marzo de 2022 (índice 75 SAMAI) denegó las
pretensiones de la demanda porque, en primer lugar, estimó que ni el Acuerdo
no. 02 del 2 de febrero de 2011 a través del cual el Concejo Municipal de Yopal
(Casanare) autorizó a la alcaldesa suscribir la escritura de cesión a título
gratuito al Ejército Nacional de tres lotes baldíos destinados a infraestructura
militar, como tampoco la escritura pública de cesión no. 1434 de 2011 fueron
cuestionadas judicialmente o declarados nulos dentro de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho por tratarse de una supuesta enajenación de
bienes privados; aunque en el proceso los actores no cuestionan su legalidad,
sino el presunto actuar irregular de las demandadas, la escritura pública sigue
surtiendo efectos jurídicos y no hay lugar a declarar la responsabilidad
patrimonial en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
En segundo lugar, tampoco hay certeza de la falla del servicio alegada, toda
vez que, si bien se probó que el señor Octavio Vargas adquirió la titularidad del
derecho de dominio de un predio, no hay certeza de su ubicación, solo se sabe
8
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
que fue en la jurisdicción del municipio de Marroquín, lo cual no es suficiente
para acreditar que corresponde a lo que hoy en día es el cantón militar de Yopal
(Casanare), pues, no hay datos de área, ubicación precisa ni linderos para
identificarlos como aquellos que fueron cedidos por la administración municipal;
las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso dan cuenta que el aludido
municipio no queda cerca de Yopal y que los militares ejercieron posesión
desde que llegaron de manera pacífica a los predios; no se demostró que los
bienes cedidos tuvieran una naturaleza distinta a la de fiscales, sino que, por el
contrario, se probó la ausencia de titulares de naturaleza particular o privada.
6. El recurso de apelación
La parte actora (índice 78 SAMAI) sostiene que en la sentencia impugnada se
incurrió en una contradicción porque, luego de dar por probada la propiedad
privada del derecho de dominio del predio denominado “Los Yopitos” consideró
que no se encuentra demostrado que tiene una naturaleza diferente a la de bien
fiscal; también se dijo en la sentencia que en relación con los bienes objeto de
cesión no aparece ninguna tradición diferente a las efectuadas por las
demandadas de manera que se trata de bienes baldíos, según lo informado por
la oficina de catastro, de manera que le asigna a dicha oficina una función
diferente, esto es, dejar sin efecto las inscripciones realizadas sobre esa
propiedad.
Por el contrario, se probó que el predio “Los Yopitos” fue dividido en tres lotes
nuevos a los cuales se les asignó un número de registro inmobiliario diferente;
el inmueble quedó descrito y alinderado en las escrituras públicas nos. 6 del 23
de enero de 1923 y 30 del 21 de abril de 1924 de la Notaría de Labranzagrande,
registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Nunchía
(Casanare), libro no. 1, partida 14; las declaraciones extrajuicio refirieron que
las instalaciones militares se ubicaron en el predio “Los Yopitos” y las
declaraciones de las testigos rendidas en este proceso no tienen eficacia para
acreditar la calidad de baldíos de unos inmuebles.
Por otra parte, adujo que como el contrato de cesión tiene efectos inter partes,
los demandantes no podían demandar su ilegalidad, pero, como este ocasionó
9
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
un daño a terceros que no están en el deber jurídico de soportar, se podía
demandar en reparación directa, motivo por el cual, solicitó que se revoque la
sentencia apelada y, en su lugar, se declare la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna3 corresponde a la Sala determinar
si en este asunto las entidades demandadas son patrimonialmente
responsables de los perjuicios causados a los demandantes por la supuesta
cesión de sus bienes que realizó el municipio de Yopal (Casanare) al Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional a título gratuito.
La Sala confirmará la sentencia apelada, dado que no se acreditó el daño
alegado en la demanda, esto es, que los bienes de propiedad de los actores
fueron cedidos equivocadamente como bienes baldíos entre las entidades
accionadas.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) Los demandantes argumentan que la cesión de unos bienes efectuada por
el municipio de Yopal al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional les generó
un daño antijurídico por tratarse de bienes de propiedad de su progenitor, de
quien son sus herederos y, por lo tanto, que no eran bienes baldíos susceptibles
de ese negocio jurídico.
3 Así lo determinó la Corte Constitucional en sentencia SU-282 de 2019.
10
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
2) En primer lugar, debe advertirse que, contrario a lo alegado en el recurso de
apelación, aunque los actores no eran parte del contrato de cesión, ellos podían
demandar la nulidad absoluta del mismo como terceros con interés directo,
según lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011; asimismo, la Sala
no desconoce que los demandantes podían demandar la nulidad del acto de
registro de la escritura pública que contenía la cesión, pues, aunque la escritura
no es un acto administrativo4, su registro en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria sí lo es, de manera que dicho acto era susceptible del medio de
control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho si
demostraba un interés directo5, sin embargo, los actores no demandaron la
nulidad del contrato ni la de los actos administrativos.
3) Como la oportunidad del medio de control de reparación directa fue revisado
por la Corte Constitucional, quien no tuvo reparo alguno frente a la escogencia
de ese medio, sino que, analizó exclusivamente el tiempo de su interposición,
esta Sala analizará el fondo del asunto.
4) En ese contexto, las pruebas válidamente recaudadas demuestran los
siguientes hechos relevantes para la decisión del asunto de la referencia:
a) A través de la escritura pública no. 6 del 23 de enero de 1923 de la Notaría
de Labranzagrande (Boyacá), el señor Facundino Vargas le transfirió al señor
Antonio Vargas, a título de venta, el derecho de dominio que tenía sobre “una
fundación denominada Los Yopitos situada en jurisdicción del municipio de
Marroquín, consistente en una casa con sus correspondientes corrales,
plataneras encerradas por un zigzag del río Charte, plantaciones de café en el
mismo punto, y los derechos de dominio y cultivador en la mencionada casa y
plantaciones en la sabana, y un rebaño de ganado vacuno de distintas edades
4 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que “la escritura pública no es en sí
misma un acto administrativo, luego no es susceptible de ser impugnada ante la jurisdicción
contencioso administrativa” Consejo de Estado – Sección Primera, sentencias proferidas el 26
de noviembre de 2008, proceso no. 13001-23-31-000-2000-99073-01 MP Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta y el 30 de agosto de 2012, proceso no. 25000-23-24-000-2005-00965-01, MP
María Elizabeth García González.
5 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia
proferida el 7 de octubre de 2010, proceso no. 11001-03-24-000-2004-00300-01, MP Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta; Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia proferida el 31 de
mayo de 2018, proceso no. 20001-23-31-000-2011-00420-01, MP Alberto Yepes Barreiro.
11
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
y pesos”; en la escritura no aparecen especificados los respectivos linderos del
bien ni ninguna otra referencia sobre su ubicación (fls. 1 a 2 cdno. 2).
b) Luego, por escritura pública no. 30 del 21 de abril de 1924 de la misma
notaría, el señor Antonio Vargas le transfirió, a título de venta, el predio aludido
en precedencia al señor Octavio Vargas, con las mismas características
descritas y sin especificar linderos (fls. 6 a 7 cdno. 1), escritura que fue registrada
en la partida no. 14 de la oficia de registro de Nunchía (Casanare) el 28 de abril
de 1924 (fls. 4 a 5 cdno. 2).
c) Según el acta no. 2851 del 31 de marzo de 1982 del comandante del grupo
de caballería “Guías de Casanare” del Ejército Nacional, por motivos de orden
público dicho grupo ha ocupado desde el año 1952, aproximadamente, los
predios “que actualmente utiliza”, con una medida aproximada del globo de más
de 130 hectáreas, en donde se han construido bases militares, oficinas de
comando, intendencia, guardia, dormitorios de guardia, depósito, casas fiscales
de suboficiales y oficiales, casino y comedor de suboficiales, oficiales y
soldados, aulas, dormitorios de tropa, piscinas, zonas de deportes, capilla,
aeropuerto, casa del comandante, tanques de almacenamiento, veterinaria,
garajes, transportes y polígonos; el grupo fue construyendo esas instalaciones
desde que ocupó los predios con recursos del Ejército Nacional (fls. 12 a 13
cdno. 2).
d) Respecto de esa ocupación, un coronel y un teniente coronel del Ejército
Nacional rindieron declaraciones extrajuicio ante el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Yopal el 3 de marzo de 19826, en las cuales manifestaron que los
predios estaban ubicados entre los caños el Ucibar y el río Cravo Sur y que la
ocupación había sido quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 25 años;
hicieron referencia a unos linderos pero no coinciden siquiera con el río descrito
en la escritura pública de venta del predio de los actores (fls. 17 a 22 cdno. 2).
e) La oficina asesora de planeación del municipio de Yopal certificó que dichos
inmuebles son bienes fiscales del municipio en virtud del artículo 123 de la Ley
6 Para cuyo efecto se comprometieron a decir la verdad.
12
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
388 de 1997 y que se encontraban en posesión del Ministerio de Defensa
Nacional, certificado expedido sin fecha (fls. 28 a 30 cdno. 2).
f) Por medio de la escritura pública no. 1434 del 8 de julio de 2011 otorgada en
la Notaría Única del Círculo de Aguazul (Casanare), el municipio de Yopal cedió
a título gratuito tres lotes de terreno al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
tal como lo determinó el Acuerdo no. 2 del 19 de febrero de 2011 del concejo
municipal de Yopal: el lote no. 1 identificado con cédula catastral 01-01-0073-
0001-000 en la carrera 15 no. 6-96, el lote no. 2 identificado con cédula catastral
01-01-0073-0007-000 en la carrera 15 no. 6-96 int 2 y, el lote no. 3 identificado
con cédula catastral 01-01-0737-0002-000 en la calle 5 no. 15-08; se
describieron como bienes fiscales, ubicados en el perímetro urbano del
municipio de Yopal cuya destinación debía ser para la ubicación de la
infraestructura militar y servicios relacionados con la misión institucional del
cesionario (fls. 23 a 257 cdno. 2).
g) Los folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a dichas cédulas
catastrales fueron allegados al proceso y en estos se observa que la única
anotación que tienen es la cesión a título gratuito por parte del municipio de
Yopal al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el registro de la escritura
pública previamente mencionada (índices 67 y 71 SAMAI expediente primera
intancia).
h) En este proceso se practicaron los testimonios de las señoras Érika Romina
Jaime Rengifo y Claudia Raquel Lora, quienes trabajaron para el municipio de
Yopal en el proceso administrativo previo a la cesión consignada en la escritura
pública no. 1434 del 8 de julio de 2011 y dieron cuenta de que se identificaron
los predios con estudio de coordenadas y levantamientos topográficos, se
establecieron sus linderos y se analizaron los antecedentes catastrales y
registrales y verificaron que los bienes cedidos no pertenecían a ningún
particular ni tenían reserva ambiental7 (índice 87 SAMAI expediente primera
instancia).
7
Érika Romina Jaime Rengifo, de profesión abogada, en el año 2011 trabajaba en la oficina
asesora jurídica de la alcaldía de Yopal y para el momento de su declaración en la oficina de
control interno de gestión de dicho ente territorial; aseguró que no conoció nada sobre un predio
denominado “Los Yopitos” ni sobre las escrituras públicas relacionadas con ese predio; ella
13
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
5) De conformidad con los anteriores elementos de prueba, la Sala no encuentra
probado el daño, pues, con ellos es imposible establecer que los predios cedidos
por el municipio de Yopal al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional son parte
del predio adquirido por el padre de los demandantes.
6) En efecto, respecto de la compra efectuada por el señor Octavio Vargas,
padre fallecido de los demandantes8, solo se puede establecer que se trató de
un inmueble denominado “Los Yopitos” ubicado en jurisdicción del municipio de
Marroquín, con una casa, corrales, plataneras, plantaciones de café y ganado,
y que el predio estaba atravesado por el río Charte, sin embargo, ninguna de
esas características coincide con los predios que fueron cedidos por la entidad
territorial demandada, pues, se trata de unos predios situados en el municipio
de Yopal y en ninguno de sus linderos hay referencia al aludido río.
7) Adicionalmente, en los certificados de libertad y tradición de esos inmuebles
no obra registrado ningún propietario ni tampoco hay prueba de que son
parcelaciones nuevas derivadas de un globo de terreno que hubiera sido del
padre de los actores; además, según las declaraciones de los militares, la
posesión de los predios ocupados por ellos siempre fue pacífica e ininterrumpida
participó en el proceso de cesión que quedó consignado en la escritura pública no. 1434 del 8
de julio de 2011, para la identificación de los predios respecto de los cuales tenía posesión el
Ejército Nacional; en la oficina jurídica se conformó un grupo con distintitas entidades para
identificar los predios que conformaban el predio, cuáles estaban titulados y cuáles no, proceso
en el cual se identificaron predios con falsa tradición, es decir, con posesión inscrita, fueron tres
(3) inmuebles, se conformó una comisión topográfica para corroborar linderos y áreas, se
hicieron estudios de títulos, antecedentes catastrales y prediales, con el fin de verificar que los
actos jurídicos eran los correctos, se verificó en el POT que los predios no fueran reserva
ambiental, el proceso comenzó en el año 2010; ese proceso tenía como finalidad la ejecución
de los nuevos proyectos según el plan de desarrollo; el predio de los actores se encuentra en
Marroquín pero los predios cedidos están en Yopal. Al respecto explicó que mediante la
Ordenanza no. 38 del 8 de julio de 1942 se trasladó la cabecera del municipio de Marroquín a
Yopal, Yopal en ese tiempo era un corregimiento, ahora es la capital de Casanare, actualmente
Marroquín es una vereda del corregimiento de El Morro; por medio del Decreto 1092 del 8 de
noviembre de 1972 el departamento de Boyacá le transfirió al municipio de Yopal unos predios
baldíos, ahí expresamente se transfirieron donde estaban las instalaciones militares.
Claudia Raquel Lora, de profesión arquitecta, quien fue contratista de la alcaldía de Yopal en el
año 2011 y participó en el proceso de la cesión desde el punto de vista técnico con la oficina de
planeación, específicamente con los levantamientos topográficos, coordenadas, etc.; aseguró
que participó en reuniones con el IGAC, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el
Ministerio de Defensa, ella coordinaba la comisión de topografía, se hizo el trabajo de campo,
verificación de polígonos que se presentaron, revisión de linderos y de planos; el proceso duró
aproximadamente seis (6) meses.
8 Según consta en los respectivos registros civiles de nacimiento y de defunción (fls. 31 a 34
cdno. 1).
14
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
y, según las declaraciones de las testigos en este proceso, el municipio efectuó
un estudio minucioso de los antecedentes catastrales y registrales de los predios
cedidos sin encontrar ningún titular particular de los mismos, lo cual en modo
alguno fue desvirtuado en este proceso.
8) No es cierto que el tribunal de primera instancia se hubiera equivocado en
considerar probada la titularidad del predio denominado “Los Yopitos” pero no
que los bienes cedidos no eran baldíos, pues, su análisis fue correcto en la
medida en que al no poderse identificar el primero no hay ninguna relación con
los segundos.
9) En esa perspectiva, se tiene que la parte demandante no allegó prueba
alguna a este proceso respecto de la identidad plena del predio para corroborar
que fue ese mismo el que el municipio de Yopal cedió al Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional.
3. Conclusión
La Sala confirmará la decisión apelada que denegó las súplicas de la demanda,
debido a que no se probó el daño alegado.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP, porque la parte demandante fue vencida en el proceso, para lo
cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de manera
concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, con inclusión
de las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
15
Expediente 25000-23-26-000-2013-01405-02 (68.472)
Actor: Magdalena Vargas Navarrete y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A.
2°) Condénase a la parte demandante a pagar a las entidades demandadas
las costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán
liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en
derecho en segunda instancia en favor de las entidades demandadas, tásense
de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.