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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02653-00

Fecha
26 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02653-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Deniégase la acción de tutela presentada por la señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02653-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de mayo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Demandante: LUZ ÁNGELA PADILLA DE MANJARRÉS
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – DEFECTO ORGÁNICO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – SE NIEGA
EL AMPARO

Síntesis del caso: la demandante cuestionó la providencia que confirmó el fallo de primera
instancia que accedió a las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el cual la UGPP demandó la nulidad del acto administrativo que reconoció la
pensión gracia a la actora. La Sala negará el amparo porque no encuentra configurados los
defectos alegados.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Luz Ángela Padilla de
Manjarrés en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso y buena fe, supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 27 de
febrero de 2025 proferida por la autoridad judicial mencionada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 73001-23-33-000-2019-00101-
01(5510-2023).

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito del 6 de mayo de 2025 (índice 2 del expediente digital en Samai).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
1) La actora nació el 16 de febrero de 1944 y prestó sus servicios como docente en el
departamento del Tolima, en los siguientes periodos: inicialmente desde el 14 de
enero de 1964 hasta el 28 de febrero de 1966; posteriormente, del 15 de enero de
1968 al 28 de febrero de 1973; y finalmente en el Instituto Técnico Nacional de
Comercio desde el 14 de mayo de 1973 hasta el 14 de febrero de 2009. El último
cargo que desempeñó fue como docente en el Instituto Técnico Nacional de
Comercio, en el municipio de Purificación.

2) La Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció a la demandante una
pensión gracia mediante la Resolución no. 008032 del 31 de julio de 1995, con
efectos retroactivos desde el 16 de febrero de 1994.

3) En dicho acto se sumaron los tiempos laborados en el departamento del Tolima
con los prestados en el municipio de Purificación el Instituto Técnico Nacional de
Comercio y se liquidó la prestación con el 75% del salario promedio devengado en el
año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.

4) Mediante sentencia de tutela proferida el 4 de noviembre de 2003 el Juzgado
Primero Penal del Circuito Judicial de Bogotá ordenó la reliquidación de dicha pensión
con la inclusión de todos los factores salariales y las doceavas de la bonificación por
servicios, la prima de servicios y la prima de navidad.

5) En cumplimiento de ese fallo, CAJANAL expidió la Resolución no. 34387 del 27 de
octubre de 2005, aclarada mediante la Resolución no. 13614 del 24 de marzo de
2006.

6) El 7 de marzo de 2019 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho -lesividad- contra los actos administrativos que
reconocieron y reliquidaron la pensión gracia de la actora.

5) El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 22 de junio de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad de las resoluciones
demandadas2; no obstante negó la solicitud de la UGPP de ordenar la devolución de
las sumas pagadas en exceso por cuanto la actora las percibió de buena fe.

2
“La pensión gracia se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicios en
colegios de orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, por tanto, se excluyen los
tiempos laborados en el orden nacional. En el presente caso, la docente solamente acreditó 7 años, 4

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
6) Inconformes con la decisión, ambas partes apelaron la decisión3 y en sentencia del
27 de febrero de 2025 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
inaplicó por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]»,
contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que establece un término de
cinco años para ejercer las acciones administrativas y contenciosas administrativas
respecto de las pensiones reconocidas.

Dicha norma establece que a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan
iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de
cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

En este caso, la autoridad judicial accionada inaplicó dicha norma y determinó que la
regulación aplicable es el literal c del artículo 164 de CPACA que no establece para
este tipo de mecanismo judicial un término de caducidad.

7) En cuanto al fondo del litigio, la autoridad judicial concluyó que la señora Luz
Ángela Padilla de Manjarrés no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
por cuanto los tiempos de servicio que prestó como docente nacional no podían ser
computados para efectos del reconocimiento de dicha prestación ya que, de
conformidad con el régimen legal aplicable (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989), la pensión gracia exige el cumplimiento de al menos veinte años
de servicios prestados como maestro nacionalizado, territorial o municipal.

8) En tal sentido, constató que desde el año 1973 hasta el 14 de febrero de 2009, la
actora estuvo vinculada a una plaza docente nacional, como así se acreditó con la
resolución de nombramiento expedida por el Ministerio de Educación Nacional y con
la certificación emitida por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima,

meses y 5 días de servicios válidos para el reconocimiento pensional, puesto que los 35 años de
servicios restantes, del 14 de mayo de 1973 al 14 de febrero de 2009, fueron con vinculación nacional.
Por lo tanto, esos tiempos no podían tenerse en cuenta para la mencionada pensión.
En lo que respecta al reintegro de las mesadas pensionales pagadas a la docente, el Tribunal indicó
que en el proceso no se acreditó la mala fe de la pensionada, toda vez que no existe prueba que
demuestre fraude. En consecuencia, negó la pretensión relativa a que se ordene la devolución de las
sumas pagadas.”
3
La actora apeló la decisión con fundamento en que se vinculó al magisterio desde el año 1964 y
cumplió 20 años de servicios docentes antes de la expedición de la Ley 91 de 1989, por lo cual, según
afirmó, es improcedente la aplicación retroactiva de esta ley. Agregó que las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 no establecieron que para tener derecho a la pensión gracia, el maestro deba
ser nacionalizado o territorial, además señaló que accedió a dicha prestación de buena fe.

La UGPP insistió en la devolución de las sumas pagadas en exceso porque la demandada las recibió
sin tener derecho a la pensión gracia, lo cual afecta el sistema pensional y la estabilidad del fondo
pensional.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
en la cual se indicó expresamente que el tiempo laborado correspondía a una
vinculación de carácter nacional, por tanto, no cumplía con el requisito esencial de
tiempo de servicio territorial y en consecuencia no tenía derecho a la pensión gracia.

9) Finalmente, la autoridad judicial demandada señaló que no había lugar a ordenar la
devolución de los valores pagados, en tanto no se acreditó que la actora hubiese
actuado de mala fe o inducido en error a la administración para el momento de
obtener el reconocimiento de la prestación.

2. Los fundamentos de la vulneración

La demandante cuestionó la validez de la inaplicación por inconstitucionalidad de la
expresión «[…] y que estén en curso […]» del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
efectuada por el juez de segunda instancia en atención a que, en su criterio, la
competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas legales corresponde
exclusivamente a la Corte Constitucional con fundamento en el artículo 241 de la
Constitución Política, por lo que el juez contencioso administrativo excedió su ámbito
funcional al inaplicar la mencionada norma, por lo que, a su juicio, incurrió en una
violación al debido proceso.

Finalmente, alegó que en una decisión reciente —proferida el 7 de noviembre de
2024 por la Subsección A de la misma Sección Segunda del Consejo de Estado— se
aplicó de manera íntegra el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y se declaró la
caducidad de la acción en un caso que considera sustancialmente similar al suyo.

A partir de lo anterior, sostuvo que la autoridad judicial demandada “se apartó de la
jurisprudencia y la ley para fallar en su contra considerando inconstitucional la
expresión “y que están en curso”, del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, lo que a
todas luces viola mis derechos fundamentales, además de extralimitarse en sus
funciones.”

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“Por todo lo anterior expuesto solicito que se me protejan los derechos
fundamentales y se ordene revocar la sentencia atacada.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI)

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
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4. Actuación procesal.

Mediante auto de 9 de mayo de 20254 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y se vinculó al presidente y magistrados integrantes de la Sala
Oral del Tribunal Administrativo del Tolima y al director o quien haga sus veces de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) como terceros con interés, entregándoles copia de la
demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

La magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado5 presentó un breve recuento de los antecedentes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela
por considerar que no vulneró ningún derecho fundamental de la demandante y
precisó que la decisión se expidió conforme a la jurisprudencia vigente y en aplicación
de las reglas establecidas en la ley.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima6 afirmó que la acción de
tutela es improcedente porque la demandante pretendió convertir la solicitud de
amparo en una tercera instancia dentro del proceso ordinario, además, no se observa
que se configuren los requisitos sentados por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial.

De la lectura de los argumentos de la acción de tutela no se advierte que la actora
hubiese alegado algún defecto, su inconformidad la sustenta en la vulneración del
debido proceso por la aplicación de la figura de la declaratoria de inconstitucionalidad
y que el Consejo de Estado no tiene competencia para declararla, sin proponer
ningún argumento serio al respecto, quedando en evidencia que lo que pretende la
actora es reabrir el debate judicial.

4
Índice 4 del expediente digital en Samai.
5
Índice 10 del expediente digital en Samai.
6
Índice 11 del expediente digital en Samai.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP 7 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque la actora pretende someter el asunto a
una instancia adicional.

La decisión judicial cuestionada se profirió con base en la normativa y jurisprudencia
vigente y ella determinó que la actora no tenía derecho al reconocimiento pensional
porque no cumplió con los requisitos de ley que le permitieran ser beneficiaria de la
pensión gracia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

7
Índice 12 del expediente digital en Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se
protejan los derechos fundamentales de debido proceso y buena fe, supuestamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por esa
autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 73001-23-33-000-2019-00101-01(5510-2023).

Para la actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales
al proferir la providencia objeto de tutela pues, a su juicio, no podía inaplicar una
norma por inconstitucional, pues dicha competencia está en cabeza de la Corte
Constitucional.

Por otra parte, afirma que en una decisión reciente —proferida el 7 de noviembre de
2024 por la Subsección A de la misma Sección Segunda del Consejo de Estado— se
aplicó de manera íntegra el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y se declaró la
caducidad de la acción en un caso que considera sustancialmente similar al suyo.

Si bien la demandante no expuso de manera precisa en qué defectos incurrió la
autoridad judicial demandada, lo cierto es que, de la lectura integral del escrito de
tutela y de acuerdo con los principios constitucionales que irradian la acción de tutela,
se tiene que lo alegado encuadra en un defecto orgánico8 por cuanto que, se afirma
una falta de competencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para inaplicar la mencionada norma y, un desconocimiento del precedente,
dado que en un caso similar la misma Sección Segunda profirió una decisión, en la
cual no inaplicó la referida norma y declaró la caducidad de acción.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
por las razones que pasarán a exponerse:

Lo primero es señalar que el presente caso cumplió los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles para la persona afectada

8
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 señaló: “Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.”

8
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Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de
la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia atacada9; (iii) el presente caso no
se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; (iv) la demandante identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; (v) no se
ataca una sentencia de tutela y, finalmente; (vi) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional porque en la acción de tutela se expusieron las razones por
las cuales se consideró que el amparo deprecado debe ser valorado por el juez
constitucional por la presunta configuración de un defecto orgánico y desconocimiento
del precedente judicial, planteamientos que no pudieron ser discutidos en el trámite
del proceso ordinario y que tienen relación directa con garantía fundamental del
debido proceso.

2.1 Análisis del defecto orgánico en el caso concreto

1) En el presente asunto la demandante indicó, sin ningún sustento, que la autoridad
judicial demandada no tenía competencia para inaplicar por inconstitucional el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, pues dicha competencia está en cabeza de la Corte
Constitucional.

2) Para la Sala la figura de la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento
establecido en el artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación es posible
cuando se presente contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango
constitucional, para que se aplique esta última, y dicha declaratoria sólo procede por
parte de quien debe resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, y sus
efectos, son interpartes.

3) El artículo 4 de la Constitución Politica, establece lo siguiente:

“ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales.

9
La providencia cuestionada se notificó el 22 de abril de 2025 y la acción de tutela se presentó ante
esta Corporación el 6 de mayo de 2025.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
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Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”

4) Al respecto la Corte Constitucional ha señalado:

"El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el
derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de
las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar
en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando
quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y
la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía
general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio
de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el
proceso iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de
una norma legal o de otro orden a un caso singular.

Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del
ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la
conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el
principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde
luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas
competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo
dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, haciendo prevalecer los
preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores
que con ellos resultan incompatibles.

(…)

En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos
normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al
mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia
que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la
disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y
éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo
entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a
la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que
busque establecer o demostrar que existe.
(…)

Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma -para cuyo
anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso

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Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
correspondiente- y otra bien distinta su aplicación a un caso concreto,
la cual puede dejar de producirse -apenas en ese asunto- si existe la
aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y los mandatos
constitucionales (artículo 4º C.N.)" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de
Revisión. Sentencia T-614 del 15 de diciembre de 1992. M.P.: Dr. José
Gregorio Hernandez Galindo). (Subrayado fuera de texto).

5) De lo antes expuesto, la Sala advierte que la demandante confunde la excepción
de inconstitucionalidad con la constitucionalidad en control abstracto o difuso que
realiza la Corte Constitucional, siendo esta última claramente una competencia propia
del alto tribunal, así lo establece el artículo 241 de la Constituciónla Política.

6) Así la revisión a las normas sometidas a su examen, se define con la fuerza de la
cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), su exequibilidad o inexequibilidad, total o
parcial, con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas
las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna.

7) la hipótesis del artículo 4 de la Constitución la puede aplicar cualquier autoridad
judicial y la definición acerca de si existe o no la incompatibilidad entre la norma
inferior y las fundamentales se produce en el caso específico, singular, concreto, y en
relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese
marco jurídico preciso. Se habla entonces de un efecto inter partes, o circunscrito a
quienes tienen interés en el caso. Y la norma inaplicada no se afecta en su vigencia
general como si ocurre cuando quien la revisa es la Corte Constitucional.

8) La excepción de inconstitucionalidad no ocasiona consecuencias en abstracto, ni
puede significar la pérdida de vigencia o efectividad de la disposición sobre la cual
recae, ni tampoco se constituye, dentro de nuestro sistema jurídico, en precedente
forzoso para decidir otros casos que, bajo distintas circunstancias, también estén
gobernados por aquélla.

9) En ese orden, la Sala advierte que con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política la autoridad judicial demandada sí tiene compentencia para
inaplicar una norma en la resolución del caso concreto, por lo que no se configura el
defecto orgánico.

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2.2 Caracterización del desconocimiento del precedente

1) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”10.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.

2) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 11 , es necesario
precisar que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de
precedente”, pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”, en efecto, para
mayor claridad sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias
judiciales es posible identificar tres partes (i) la parte resolutiva o “decisum”, en la que
se profieren las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la
solución al problema jurídico examinado; (ii) la “ratio decidendi”, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y
(iii) los “obiter dicta” o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para
la resolución del asunto.

3) Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la “ratio decidendi” posee
fuerza de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso
posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior
sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente”12.

10
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021
12
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Acción de tutela

4) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

5) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que
se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

6) En la sentencia T-830 del 22 de octubre de 2012, esa Corporación se pronunció al
respecto en los términos siguientes:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las
que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego, entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado. (ii) la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente. (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”13.

No obstante lo anterior, pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas
las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del
mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii)
están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían

13
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
de mejor manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales
objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para
apartarse del precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de
argumentación”.

2.2 El análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) La demandante señala que la autoridad judicial desconoció la sentencia proferida
el 7 de noviembre de 2024 por la Subsección A de la misma Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual aplicó de manera íntegra el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 y declaró la caducidad de la acción14 en un caso que considera sustancialmente
similar al suyo.

2) De la revisión de la sentencia mencionada, la Sala advierte que en efecto, el
asunto decidido en la sentencia del 7 de noviembre de 2024 guarda similitud fáctica
con el caso que se resolvió en la providencia cuestionada, no obstante, en cuanto a
los fallos del Consejo de Estado, la Sala considera que el defecto alegado no tiene
vocación de prosperidad, por cuanto dicho pronunciamiento citado como desconocido
no tiene el alcance de sentencia de unificación a la luz de lo previsto en los artículos
270 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de ahí que no resulta posible predicar su
carácter vinculante y con ello su presunto desconocimiento.

3) El hecho de que otra autoridad judicial hubiera proferido una decisión distinta frente
a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no invalida la decisión
cuestionada, en la medida en que la primera no constituye sentencia de unificación.

4) Así pues, es posible que, como ocurrió en este caso, distintas Salas de Decisión
tengan un criterio jurídico distinto frente a la resolución de las controversias puestas a
su consideración, sin que ello implique, en el presente asunto, la transgresión de los
derechos invocados por la demandante, en el entendido que tal situación se enmarca
en el ejercicio autónomo e independiente de su rol de juez.

14
“En el escrito de demanda, la UGPP solicitó la nulidad de la Resolución 4038 del 20 de marzo de
1997, por medio de la cual Cajanal reconoció una pensión de jubilación gracia al señor Benito Núñez
Cáceres; la demanda fue radicada el 9 de junio de 2017, es decir, 20 años después de concedida la
pensión. En ese orden, en el sub lite operó el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que la
demanda se presentó por fuera del término de cinco (5) años contados a partir del reconocimiento de
la pensión, establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.” (Radicado no. 73001 23 33 000 2017
00296 01 (1269-2019)

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02653-00
Actor: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Acción de tutela
5) En todo caso, la Sala observa que la interpretación de la autoridad judicial
demandada es razonable y conforme a derecho, pues aquella llegó a la conclusión
que la expresión, «y que estén en curso», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 era incompatible con los artículos 29 y 229 de la CP y los principios
constitucionales de confianza legítima y seguridad jurídica. Adicionalmente, la parte
actora no ofreció ningún argumento tendiente a cuestionar los argumentos de la
decisión, por lo que frente a este defecto, también se negará el amparo.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Deniégase la acción de tutela presentada por la señora Luz Ángela Padilla de
Manjarrés por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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